El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibió este martes a representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) para analizar la situación de los caminos rurales y buscar alternativas que permitan mejorar su mantenimiento y transitabilidad.

La reunión se desarrolló en Casa de Gobierno y contó con la participación del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho; y el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda. Por las entidades rurales participaron el vicepresidente de CRA, José Colombatto, y el titular de Farer, Sergio Dalcol.

Tras el encuentro, Bernaudo explicó que se analizaron propuestas para abordar la problemática de los caminos rurales y destacó la intención del gobernador de conocer en detalle el estado de cada sector de la provincia.

En este contexto, también se abordó el proyecto de consorcios camineros, cuyo tratamiento avanza en el Senado provincial. El funcionario remarcó que, más allá de la herramienta que finalmente se implemente, el objetivo es lograr resultados concretos en materia de mantenimiento vial.

Por su parte, Colombatto valoró positivamente la reunión y destacó que el gobernador conoce las dificultades que atraviesan los productores. Señaló además que existen departamentos donde Vialidad brinda respuestas, aunque también hay zonas que requieren mayor atención.

Desde las entidades rurales plantearon la importancia de que quienes utilizan diariamente los caminos puedan aportar información para determinar cuáles son los sectores que necesitan intervenciones con mayor frecuencia.

Finalmente, Colombatto destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las entidades rurales, el Estado y la Dirección Provincial de Vialidad para establecer prioridades y mejorar la transitabilidad de los caminos que utilizan productores y vecinos de distintos puntos de Entre Ríos.

La actividad en los caminos rurales del departamento Gualeguaychú volvió a quedar bajo la lupa durante la última semana, con un amplio despliegue de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

Los procedimientos estuvieron orientados al control del traslado de hacienda, la prevención de delitos rurales y la fiscalización de la actividad de caza. Como resultado, se detectaron distintas infracciones y se secuestraron armas de fuego en procedimientos realizados en diferentes puntos del departamento.

Uno de los controles permitió detectar un camión Mercedes Benz 1215 que transportaba 12 animales vacunos sin la habilitación correspondiente para el traslado. Ante esta situación se labró el acta de infracción prevista por la normativa del SENASA.

En otro procedimiento, personal de la Brigada Arroyo del Cura interceptó una camioneta Chevrolet D-20 Deluxe con un acoplado tipo jaula, en la que eran trasladados 10 bovinos. Nuevamente se constató la falta de la habilitación correspondiente, por lo que se iniciaron las actuaciones administrativas.

La misma brigada realizó un tercer control sobre una Toyota Hilux con acoplado tipo jaula que trasladaba cuatro bovinos. En este caso, se detectó que el vehículo no contaba con la leyenda y numeración del SENASA exigidas.

Un arma sin documentación

Uno de los procedimientos más relevantes tuvo lugar en la Reserva El Potrero, luego de un llamado realizado por el encargado de seguridad.

Al llegar al puesto denominado El Aserradero, los efectivos identificaron a dos hombres mayores de edad y constataron que tenían en su poder una escopeta calibre 16 y municiones, sin la documentación correspondiente.

La situación fue comunicada a la Fiscalía de turno de Gualeguaychú, que dispuso el secuestro del arma y la correcta identificación de ambos hombres. Los dos quedaron supeditados a una causa iniciada por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego, contemplado en el artículo 189 bis del Código Penal.

Controles a cazadores

La actividad cinegética también formó parte de los controles desplegados por las brigadas rurales.

Sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 52,5, personal de la Brigada Perdices identificó a tres personas que regresaban de cazar con siete perros galgos.

Ante las irregularidades constatadas, se labró un acta de infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4.841.

Pero los procedimientos vinculados con la caza continuaron en distintos sectores del departamento.Sobre el Camino Costa Uruguay Sur, efectivos de la Brigada Arroyo del Cura interceptaron una Toyota Hilux ocupada por tres hombres que regresaban de una jornada de caza.

En el vehículo transportaban dos carabinas calibre .308, una equipada con mira telescópica y otra con un sistema de visión térmica, además de otros elementos utilizados para la actividad. También llevaban tres ejemplares de jabalí eviscerados.

Durante el control se estableció que los ocupantes no contaban con autorización del propietario del establecimiento rural y que habían realizado la actividad durante horario nocturno. Por estas infracciones se labró el acta correspondiente y se procedió al secuestro preventivo de las armas.

En el mismo sector, la brigada interceptó posteriormente un Fiat Regata en el que viajaban dos hombres que regresaban de una jornada cinegética. En el automóvil llevaban una carabina calibre 308 con mira telescópica, linterna y cuchillo, además de un ciervo axis eviscerado.

Los efectivos constataron que ninguno contaba con licencia anual de caza ni con autorización del propietario del campo. También se estableció que la actividad se había desarrollado durante la noche. Como consecuencia, se labró otra acta de infracción y se secuestró preventivamente el arma.

Durante la última semana, las Brigadas Arroyo El Cura, Perdices y El Potrero, dependientes de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, reforzaron la prevención y control en distintos puntos del departamento Gualeguaychú.

Los procedimientos se concentraron principalmente en rutas, caminos y zonas rurales, con controles relacionados con la actividad cinegética, el traslado de animales y el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Uno de los operativos tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 14, donde personal de la Brigada Arroyo El Cura intervino a partir de denuncias sobre la presencia de cazadores con perros en establecimientos rurales. En uno de los controles fueron identificadas dos personas que trasladaban una liebre abatida y cuatro perros.

En otro procedimiento realizado sobre la misma ruta, los brigadistas interceptaron un vehículo en el que viajaban dos personas. Durante la inspección encontraron una carabina de repetición calibre .308, equipada con mira telescópica, además de municiones y preparada para ser utilizada. El arma fue secuestrada de manera preventiva y se labró el acta de infracción correspondiente.

Por otra parte, personal de la Brigada Perdices llevó adelante un control sobre el acceso al Camino Los Padrinos, donde detuvo la marcha de una camioneta Ford Ranger que trasladaba 38 animales en un tráiler. Se constató que el conductor no contaba con el correspondiente Documento Único de Tránsito (DUT), documentación necesaria para el traslado de animales.

Al no detectarse un posible delito penal, se confeccionó el acta de infracción correspondiente por incumplimiento de las disposiciones establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Otro de los procedimientos estuvo a cargo de la Brigada El Potrero. Fue interceptado un automóvil en el que viajaban cinco personas que regresaban de cazar. En el baúl encontraron dos ciervos axis eviscerados. Los ocupantes no contaban con la correspondiente licencia de caza, por lo que se labró un acta de infracción en el marco de la Ley Provincial de Caza.

Finalmente, efectivos de la Brigada Perdices realizaron otro control sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 17. En ese lugar fue detenida una camioneta Ford F-100 en la que viajaban dos personas. En la caja del vehículo fueron observados siete perros y un ejemplar de jabalí abatido. No se encontraron armas de fuego y, al igual que en los demás procedimientos vinculados con la actividad de caza, se labró el acta de infracción correspondiente.

Los operativos forman parte de las tareas permanentes de prevención, control y fiscalización que realizan las Brigadas de Delitos Rurales en el departamento Gualeguaychú, con especial atención a las actividades de caza, el traslado de animales y el cumplimiento de las normas que regulan estas prácticas.

En el marco de las acciones permanentes orientadas a la preservación de la fauna silvestre y el combate contra los delitos rurales en la provincia, la Policía de Entre Ríos concretó un importante procedimiento en el departamento Islas del Ibicuy. Las tareas permitieron desarticular un grupo dedicado a la caza no autorizada tras interceptar una caravana de cuatro camionetas que circulaba por la zona rural.

El operativo fue desplegado mediante un cerrojo estratégico a cargo de efectivos de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, en articulación con especialistas de la Dirección General de Delitos Rurales. Tras frenar la marcha de los cuatro vehículos sospechosos, el personal policial procedió a realizar la requisa correspondiente sobre las unidades y sus ocupantes.

Durante las inspecciones, las fuerzas de seguridad secuestraron 11 armas de fuego de diversos calibres, 204 cartuchos, equipos de comunicación y diversos insumos logísticos empleados para la práctica ilegal. Asimismo, se decomisaron más de 300 kilogramos de cortes cárnicos correspondientes a cinco ejemplares de ciervo axis, junto con una cabeza de la misma especie que conservaba sus cornamentas.

Además de las contravenciones vinculadas a la legislación de protección de la fauna, las autoridades iniciaron actuaciones judiciales por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, debido a que uno de los armamentos incautados carecía de la documentación legal exigida para su portación y tenencia. Desde la fuerza policial resaltaron la efectividad del despliegue coordinado para intensificar los controles en los caminos rurales y combatir el furtivismo en el territorio provincial.

Efectivos de la Sección Gualeguay de Gendarmería Nacional secuestraron dos armas de fuego y un ejemplar de ciervo axis durante un operativo de prevención realizado en caminos rurales del departamento Gualeguay.

El procedimiento tuvo lugar durante la noche del miércoles en el Segundo Distrito "Camino de la Costa", donde personal del Escuadrón 56 "Gualeguaychú" desarrollaba controles vehiculares destinados a prevenir la caza furtiva y proteger la fauna silvestre.

Al inspeccionar un automóvil, los uniformados constataron que el conductor transportaba dos armas de fuego y un ejemplar de ciervo axis ya eviscerado. Según informaron, el ocupante no contaba con la documentación ni con los permisos requeridos por la Ley Provincial de Caza Nº 4.841.

Ante esta situación, Gendarmería dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, organismo que dispuso el secuestro preventivo del armamento y del animal, además del inicio de las actuaciones correspondientes. El ejemplar de fauna silvestre fue desnaturalizado de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente.

Desde la fuerza señalaron que este tipo de operativos continuará desarrollándose en rutas y caminos secundarios de la provincia con el objetivo de combatir la caza ilegal y contribuir a la preservación de la biodiversidad y de los recursos naturales.

Un rápido operativo policial permitió recuperar una motocicleta que había sido robada en la zona rural de Pastor Britos y detener a uno de los presuntos autores del hecho.

El episodio se registró durante la tarde de este jueves, cuando alrededor de las 16 la Policía fue alertada sobre la sustracción de un motovehículo. A partir de la denuncia, se desplegó un operativo cerrojo en distintos caminos vecinales con el objetivo de impedir la fuga de los sospechosos.

Mientras tanto, el propio damnificado realizó un seguimiento de quienes habrían cometido el robo y aportó información que resultó clave para orientar el procedimiento.

La búsqueda culminó en inmediaciones de la planta asfáltica, sobre el Camino Palavecino, donde los efectivos interceptaron a dos personas que se desplazaban en motocicletas. Se trataba de un adolescente de 16 años y de un hombre de 24, quienes fueron señalados por la víctima como los presuntos responsables del hecho.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron la motocicleta sustraída y secuestraron un segundo rodado que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado para concretar el ilícito.

La Fiscalía de turno dispuso la detención del hombre de 24 años, quien quedó a disposición de la Justicia, mientras que el adolescente fue puesto a disposición de los organismos competentes y posteriormente entregado a sus padres, conforme al protocolo previsto para menores de edad.

Las dos motocicletas quedaron secuestradas en el marco de la causa judicial, mientras que el vehículo recuperado fue restituido a su propietario. Del operativo participaron efectivos de la Comisaría de Urdinarrain y de la Comisaría Novena de Gualeguaychú.

El Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales lleva adelante un trabajo de monitoreo sobre las poblaciones de Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus), una especie catalogada en peligro de extinción a nivel mundial y cuya presencia ha sido registrada en distintos sectores rurales del departamento Gualeguaychú.

Las tareas se desarrollan en conjunto con la organización Aves Argentinas y la denominada Mesa del Tordo Amarillo, un espacio integrado por instituciones y especialistas dedicados a la conservación de esta ave característica de los pastizales sudamericanos.

Durante las últimas semanas se intensificaron las recorridas en la zona de Costa Uruguay Sur, donde los ejemplares suelen concentrarse durante el invierno en áreas agrícolas y rastrojos. El objetivo es localizar los grupos presentes en la región y recopilar información sobre sus desplazamientos y comportamiento.

Las actividades de campo están a cargo del personal técnico del Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales, que trabaja en la identificación y seguimiento de las aves mediante distintas herramientas de monitoreo.

Gracias a esta tecnología, los especialistas pueden obtener datos precisos sobre los desplazamientos de las aves, identificar áreas de permanencia y conocer mejor los ambientes que utilizan durante distintas etapas del año.

Además, el monitoreo incluye la observación de individuos marcados con anillos de colores, una técnica que facilita el reconocimiento visual de ejemplares previamente registrados.

En los próximos días se sumará a las tareas un equipo de especialistas de Aves Argentinas, que participará de nuevas recorridas terrestres para ampliar la información obtenida durante la campaña invernal.

Los datos recolectados permitirán fortalecer las estrategias de conservación de una especie considerada vulnerable a nivel global debido a la pérdida y transformación de los ambientes naturales que utiliza para alimentarse y reproducirse.

El Tordo Amarillo habita principalmente pastizales y humedales del centro-este de Sudamérica y es una de las aves más amenazadas de la región. Por ese motivo, los relevamientos que se realizan en Entre Ríos son considerados fundamentales para contribuir a su preservación y al conocimiento de sus poblaciones.

Este domingo se conocieron siete ofertas en el marco de dos licitaciones impulsadas por la Dirección Provincial de Vialidad. Los trabajos apuntan a la conservación y mantenimiento de caminos rurales en seis departamentos: Villaguay, Tala, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

Las obras incluyen la provisión y transporte de más de 27.000 metros cúbicos de brosa y 15.000 metros cúbicos de ripio, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y garantizar la conectividad de comunidades rurales y sectores productivos.

Para una de las licitaciones se presentaron las firmas Vecchio S.R.L., Hornus y Cía. S.A., Soluciones PDG S.A. y La Chola II S.A.. En la otra, ofertaron La Chola II S.A., José Eleuterio Pitón y Daniel Barón S.A..

Tala: Ruta Provincial Nº 15, tramo Tala – Sauce Norte “Las Guachas”.

Colón: Ruta Provincial s/n, tramo Berduc (RN Nº 14) – RP Nº 23.

Uruguay: Ruta Provincial Nº 42, tramo RP Nº 39 – Colonia Elía.

Gualeguaychú: Ruta Provincial Nº 17, tramo RP Nº 17 – Costa Uruguay Sur.

Islas del Ibicuy: Acceso a Villa Paranacito, tramo Polo Industrial – Villa Paranacito.

La planificación forma parte de una estrategia provincial que busca priorizar la conservación de caminos como herramienta clave para el desarrollo económico y social. Con estas obras se apunta a mejorar la conectividad y acompañar a los sectores productivos en distintos puntos del territorio entrerriano.

Fuente: APFDigital

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles un anuncio clave para la infraestructura vial de Entre Ríos. Junto al ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, y al director de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, presentó el estado de situación de las rutas y confirmó la llegada de financiamiento internacional por más de 320 millones de dólares.

Frigerio sostuvo que al asumir encontró una red vial en condiciones críticas y un organismo provincial debilitado. “Las rutas estaban en estado deplorable y Vialidad prácticamente sin capacidad operativa”, señaló. Según explicó, uno de los objetivos centrales de su gestión fue recuperar la capacidad de intervención y avanzar en un plan integral de reconstrucción.

El financiamiento proviene de organismos multilaterales: el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó 280 millones de dólares, el Banco Centroamericano de Integración Económica aportará casi 30 millones y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola sumará otros 15 millones. “Somos la primera provincia en conseguir este tipo de aval soberano para obras de rutas”, destacó el mandatario.

Entre los proyectos figuran intervenciones en la Ruta Provincial 1 (entre la nacional 12 y Feliciano), la Ruta 2 (entre la 14 y Feliciano), la Ruta 6 (entre la 18 y la 39), la Ruta 20 (entre la 39 y la 130), la Ruta 08 en Paranacito, el tramo Maciá-Guardamonte, la circunvalación de Nogoyá, el puente sobre el arroyo El Desmochado y accesos en la Ruta 15 a Tala, además del puente sobre el arroyo Sauce en Gualeguaychú.

Frigerio indicó que ya se ejecutaron trabajos en más de 1.000 kilómetros de rutas, incluyendo la 11, 20, 26, 45, 51 y accesos como Tres Bocas. También se iniciaron tareas en la Ruta 4 y se prevén obras en las rutas 22, 23 y 38, además del ingreso a Puerto Yeruá.

En paralelo, anunció una compra histórica de alrededor de 70 máquinas para Vialidad Provincial. “Cuando llegamos prácticamente no había una sola máquina funcionando. Recuperamos 50 con esfuerzo y ahora avanzamos con la adquisición más importante de las últimas décadas”, dijo.

El mandatario también destacó reformas administrativas para mejorar la transparencia en la obra pública: eliminación de Ingresos Brutos y Sellos, implementación de un pliego único de condiciones y creación de un nuevo registro de contratistas. Según explicó, estas medidas permitieron ampliar la competencia en las licitaciones: “Pasamos de tener dos o tres oferentes a más de diez, lo que redujo costos y permitió más obras con menos recursos”.

Finalmente, Frigerio consideró que la recuperación de la infraestructura vial es una de las principales demandas de los entrerrianos. “Definimos una estrategia para intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales y esa historia empezó a cambiar”, concluyó.

El Gobierno de Entre Ríos mantuvo este jueves una reunión con representantes de la Mesa de Enlace provincial y definió la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural. La medida se acordó tras un proceso de diálogo y análisis técnico de las distintas realidades agroeconómicas, con el objetivo de brindar previsibilidad al sector productivo.

El incremento tendrá un tope del 30 por ciento para la mayoría de las partidas emitidas, lo que representa un ajuste por debajo de la inflación anual del 31,5 por ciento registrada en 2025. De esta manera, se busca acompañar a los productores en un contexto complejo, atravesado por variables internacionales como el impacto de la guerra en Medio Oriente.

La decisión implica que el Estado dejará de percibir más de 34 mil millones de pesos, equivalente al 43 por ciento de la emisión total del tributo en 2026. Sin embargo, se ratificó la política de destinar el 100 por ciento de lo recaudado —unas 85.000 partidas— al mantenimiento y mejora de los caminos rurales, considerados estratégicos para el desarrollo productivo de la provincia.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell; y el coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa. Por parte de las entidades participaron Matías Martiarena (Federación Agraria), Juan Diego Etchevehere (Sociedad Rural), Ronald Garnier (Federación Entrerriana de Cooperativas) y Sergio Dalcol (Federación de Sociedades Rurales de Entre Ríos).

Desde ATER se destacó que durante 2025 la recaudación por este concepto alcanzó los 51.851 millones de pesos, lo que permitió a Vialidad Provincial ejecutar tareas de mantenimiento, señalización y obras complementarias en distintos puntos del territorio. Además, se aclaró que el Fondo de Desarrollo y Conservación Vial no constituye un nuevo impuesto, sino una reasignación de fondos ya existentes, sin generar un costo adicional para los contribuyentes.

El esquema de pago contempla beneficios de hasta el 25 por ciento: un 10 por ciento por pago anual y un 15 por ciento por buen cumplimiento en término durante 2025. Esto representa más de 6.000 millones de pesos en descuentos por Buen Pagador y más de 3.100 millones destinados a sostener exenciones vigentes.

El tributo podrá abonarse en un pago anual o en cuatro cuotas. El vencimiento del pago único anual será el 14 de mayo para terminaciones de partida 0 a 4 y el 15 de mayo para 5 a 9. En el caso del pago en cuotas, los vencimientos serán: primera cuota el 14 y 15 de mayo; segunda el 15 y 16 de julio; tercera el 15 y 16 de octubre; y cuarta el 15 y 16 de diciembre, según corresponda al último dígito verificador.

Las boletas están disponibles en formato digital y pueden consultarse, descargarse, imprimirse o abonarse a través del sitio web de ATER, la aplicación Mi Entre Ríos, el correo electrónico para quienes estén adheridos a la boleta digital o el Domicilio Fiscal Electrónico. También se habilitó el pago mediante Plus Pagos Servicios, con DNI o número de partida.

Se formalizó la creación del Consorcio Caminero de Perdices y aledaños. Esta iniciativa surge ante la necesidad de intervención directa de vecinos y productores sobre la red terciaria de la provincia, compuesta por caminos de tierra: “que presentan deficiencias de mantenimiento por parte de Vialidad Provincial durante décadas”. El actual gobierno provincial ha incentivado la creación de los consorcios y el mismo Gobernador anunció en el año 2024 que se buscaría crear la ley que los ampare.

En esta línea hay un proyecto de ley que el año pasado logró media sanción en Diputados, pero aún no tuvo tratamiento en la Cámara Alta provincial. El senador Jaime Benedetti declaró a EL ARGENTINO: “Debería aprobarse el proyecto en senadores porque sino volvería para atrás, tiene algunas cuestiones reglamentarias en la que deben estar todos de acuerdo, pero otorga una forma de participación público-privada. Ahora está en el Senado trabada porque el peronismo no ha dado quórum, pero buscaremos la forma de tratarla”.

La decisión de conformar este consorcio se fundamenta en lo que los integrantes describen como una falta de respuesta operativa estatal. Según Rafael Puente, integrante de la comisión, la conformación tomó casi un año de gestiones administrativas para constituir una sociedad civil sin fines de lucro. Puente afirma: “Ya Vialidad demostró que no tiene capacidad operativa ni la tuvo para estar a la altura de las circunstancias”.

A diferencia de gestiones anteriores, el actual gobierno provincial promueve este modelo de participación público-privada, donde el Estado aporta aproximadamente el 80% del presupuesto y los privados ejecutan las tareas con maquinaria y personal propio o contratado.

El consorcio asume la responsabilidad de 140 kilómetros de caminos rurales acordando trabajar en conjunto con los Jefes de la Juntas de Costa Uruguay Sur (Oscar Martinelli) y de Perdices (Ignacio Recaré) para que aporten materiales y herramientas para la tarea de reparación de los caminos. Puente señala que no reciben los trazados en condiciones óptimas para el simple mantenimiento: “No estamos recibiendo los caminos en condición de mantenerlos. Hay algunos tramos que están mejor, otros que están peor y otros intransitables”.

Entre los obstáculos identificados se encuentra el desmonte de las banquinas, donde la maleza y los árboles impiden el asoleamiento necesario para que el camino se seque tras las lluvias y generan interferencias en el tendido eléctrico. A diferencia de consorcios históricos como el de Gilbert, este nuevo grupo no ha recibido maquinaria en comodato por parte de Vialidad.

El sistema de trabajo se basará en la certificación mensual de montos según el estado de los caminos. Vialidad establece un valor teórico por kilómetro, pero el pago efectivo depende de la inspección: “De un valor teórico que nos pagará Vialidad por kilómetro, ahí nos empieza a castigar en porcentajes de acuerdo al estado”.

Para iniciar las operaciones, el consorcio planea:

Contratación de terceros: Se recurrirá a productores locales con maquinaria o empresas privadas. Aportes voluntarios: Se contempla la contribución de vecinos y contratistas que utilizan los caminos. Priorización de tramos: Las tareas comenzarán en las dos salidas principales a la ruta: el camino de la comisaría en Perdices y el de los transformadores en el kilómetro 32.

Existen sectores, como trabajadores viales y algunas entidades rurales como la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), que han manifestado reparos ante este modelo, argumentando que la tarea corresponde estrictamente al Estado.

Ante esta posición, Puente sostiene: “Llevamos 30, 40 años en picada. Yo en eso disiento con la entidad rural... hay que adaptarse a los cambios, a los nuevos tiempos. No estamos a la altura de las circunstancias, no la estamos viendo”. Puente aclara que, si bien es una tarea que debería realizar el Estado, la falta de servicios y el deterioro de los caminos provocan graves problemas para el trabajo diario de los productores y la migración de los habitantes rurales hacia las ciudades. Por otro lado, aseguró que si bien el gobierno provincial afirma que el 50% de la recaudación de los impuestos inmobiliarios rurales se destina a reparar los caminos rurales: “según nuestros cálculos; por la cantidad de caminos que tenemos; el presupuesto debería ser mayor. Pero esta es una discusión que vamos a hacer desde adentro, ahora que nos hacernos cargo de nuestra zona”.

La conformación del consorcio marca el inicio de una etapa de organización para el mantenimiento de los caminos rurales en la zona de Perdices, con un esquema de trabajo que combina gestión institucional, recursos limitados y participación de actores locales.

La mañana del lunes comenzó con dos siniestros viales en la provincia que movilizaron a personal policial y de emergencias. El primero ocurrió alrededor de las 7 en la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 217, en jurisdicción del departamento San Salvador. Allí, un hombre de 45 años que circulaba de oeste a este a bordo de un Honda Civic no advirtió la presencia de un montículo de tierra colocado como señalización preventiva y terminó impactando de lleno contra el mismo.

El choque provocó daños materiales en el vehículo y obligó a trasladar al conductor al Hospital General Campos, donde fue sometido a controles médicos para descartar lesiones de mayor gravedad. Según informaron desde la Jefatura Departamental San Salvador, el sector de la autovía se encuentra inhabilitado al tránsito, aunque las causas por las que el automovilista no percibió la señalización aún se tratan de establecer.

Minutos más tarde, otro accidente se registró en el departamento Concordia. Una mujer de 39 años, domiciliada en Estación Yeruá, circulaba en su motocicleta Corven 110 cc por el camino hacia General Campos cuando perdió el control del rodado. La conductora explicó que derrapó en una huella del camino y cayó al suelo, lo que le provocó un fuerte dolor en la pierna derecha.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:40 y demandó la intervención de efectivos policiales y una ambulancia que trasladó a la mujer al Hospital General Campos. Tras ser examinada, se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

Ambos episodios reflejan la necesidad de extremar precauciones en rutas y caminos vecinales, donde las condiciones de señalización y el estado de las calzadas pueden convertirse en factores de riesgo. Aunque ninguno de los dos accidentes dejó consecuencias graves, sí reavivan la preocupación por la seguridad vial en la región.

El Senado provincial reactivará este martes el análisis de los proyectos que impulsan la creación del Régimen de Consorcios Camineros, una herramienta que apunta a mejorar el mantenimiento de caminos rurales mediante entidades sin fines de lucro con participación de productores y control estatal. La reunión, prevista para las 10, reunirá a las comisiones de Legislación General y de Obras Públicas, que convocaron a referentes del sector para escuchar aportes y objeciones.

Tito Nicasio, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), y Fabio Koch, titular del Consorcio Caminero Vecinal de Crucecita Octava, fueron invitados a exponer su mirada sobre el esquema de trabajo propuesto, que busca dar mayor previsibilidad al mantenimiento de la red vial terciaria.

En el centro de la discusión estará el proyecto unificado que ya cuenta con media sanción en Diputados. La iniciativa fusiona propuestas de los ex legisladores Esteban Vitor (Juntos por Entre Ríos) y Néstor Loggio (PJ), junto a un aporte de la diputada libertaria Julia Calleros. El texto establece un régimen de 36 artículos y define a los consorcios como entidades de bien público destinadas a conservar, reparar y mejorar caminos comunales, vecinales y tramos secundarios, con acuerdo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

La DPV será, según el proyecto, la autoridad de aplicación y tendrá bajo su responsabilidad la promoción, organización y control de los consorcios. También deberá supervisar los trabajos, auditar cuentas, definir zonas de actuación y aprobar contratos para la ejecución de obras viales. El esquema contempla además la participación de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en los procesos de constitución y control institucional.

En paralelo, los senadores analizarán un segundo proyecto, presentado el año pasado por Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos). Su propuesta retoma lineamientos de la Ley Nº 2936 y crea un régimen más sintético, con 18 artículos, que también coloca a la DPV como autoridad de aplicación con facultades para el reconocimiento de los consorcios, la definición territorial y el seguimiento técnico y administrativo de todas las obras adjudicadas.

Ambas iniciativas buscan formalizar una estructura que ya funciona de manera dispar en distintas zonas rurales. Los productores reclaman hace años un mecanismo claro que permita sostener la transitabilidad de los caminos, clave para la salida de la producción y el acceso a servicios esenciales. La discusión legislativa se da, además, en un contexto de deterioro de la red vial y de crecientes tensiones entre sectores rurales y el Estado por los tiempos de intervención y el financiamiento de las obras.

Con la presencia de los referentes convocados, el Senado intentará avanzar hacia un dictamen que ordene la actividad y establezca responsabilidades precisas para productores, consorcios y organismos provinciales. El objetivo es unificar criterios antes de llevar el debate al recinto en las próximas semanas.

Los investigadores creen que el trayecto que realizó Pablo Laurta desde Entre Ríos no fue improvisado. Cada desvío, cada curva por caminos secundarios y rurales habría sido planificado para eludir los controles policiales y garantizar su paso sin ser detectado. El acusado del asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio y del doble femicidio de Córdoba —de su expareja Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio— habría estudiado incluso la ubicación de los puestos camineros antes de su escape.

De Uruguay a Entre Ríos, sin dejar rastros

Según los registros judiciales, Laurta comenzó su fuga en Uruguay y cruzó hacia Entre Ríos en canoa, evitando así que su ingreso quedara asentado en Migraciones. El 7 de octubre, a las 19:53, se subió al Toyota Corolla conducido por Palacio, a quien había contratado bajo el pretexto de viajar a Rafaela, en Santa Fe. Sin embargo, su destino era otro.

El recorrido comenzó en Concordia y, de acuerdo con cámaras y antenas de telefonía, tomó la Ruta Provincial 22 hacia el oeste, pero luego giró en “U” para acceder a la Ruta Nacional 14. Con esa maniobra, logró esquivar el control de la Policía de Entre Ríos instalado en el empalme de ambas rutas.

El camino del crimen

El auto avanzó hacia el sur por la autovía, pero a la altura de Estancia Grande abandonó la ruta y siguió por senderos de tierra que atraviesan Yeruá y General Campos. En un descampado entre ambas localidades, el 13 de octubre apareció el cuerpo del remisero, mutilado y sin cabeza ni brazos.

Laurta continuó por la Ruta Nacional 18 y evitó el puesto de Gendarmería ubicado en la intersección con la 14. Luego fue captado por una cámara en una estación de servicio de San Salvador, donde cargó combustible.

Más adelante, tomó la Ruta Provincial 15, con tramos de ripio y tierra. En un camino rural cercano a General Echagüe, el 29 de octubre se hallaron los restos faltantes del remisero.

Un itinerario para esquivar controles

Todo indica que el acusado abandonó la Ruta 18 a la altura de Villa Clara o Villaguay, esquivando el control caminero de Paso de la Laguna, en el cruce con la Ruta 6. El recorrido alternativo le permitió también eludir el control de la Policía de Entre Ríos ubicado sobre la Ruta 12, en el acceso a Nogoyá.

Los investigadores suponen que Laurta finalmente salió de la provincia por el puente Rosario–Victoria, donde también existen controles de la Gendarmería y la Policía entrerriana.

Laurta está imputado por el homicidio de Palacio en Entre Ríos, causa que instruye el fiscal Daniel Montangie. La jueza de Garantías Gabriela Seró le dictó prisión preventiva por cuatro meses. Tras negarse a declarar, fue trasladado a Córdoba, donde enfrenta otra causa por homicidio calificado por alevosía, violencia de género y violación de domicilio.

El acusado permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, mientras las fiscalías de ambas provincias coordinan el avance de las investigaciones. (Infobae)

La macroeconomía sigue sin arrancar, la caída del consumo es sostenida, mientras que la inflación continúa la tendencia ascendente: el 1,9% que había informado el Indec en julio y agosto se disparó al 2,1% en septiembre. Pero esta es solo una parte del problema: en Entre Ríos, el alineamiento del Gobierno provincial con La libertad Avanza (LLA) y la consecuente retirada del Estado repercute fuertemente en la enorme mayoría de las familias trabajadoras.

EL ARGETNINO dialogó con tres intendentes de localidades chicas de la provincia, en las que más fuertemente impacta la caída en la coparticipación nacional y la paralización de la obra pública por parte del gobierno entrerriano, para conocer de primera mano cómo sobrellevan esta realidad y qué consecuencias tiene esto en la salud financiera de cada comuna. Además, la palabra del ministro de Economía, Fabián Boleas, y los impactantes números de las economías familiares, que evidencian un endeudamiento insostenible.

“La situación de los municipios, especialmente de los chicos, los llamados coparticipación dependiente, es crítica”, aseguró Damián Arévalo, intendente de San José de Feliciano (PJ), en el norte entrerriano. “Lo que sucede es que las políticas públicas actuales hacen que tanto el Estado Nacional como el provincial y el municipal recauden menos. En agosto del 2024 Feliciano recibió $267 millones de coparticipación y en agosto del 2025 recibió $267 millones, la misma cantidad, con una inflación para las familias de casi 40% interanual”, puntualizó.

“Es decir, estamos manejando el mismo dinero, pero con el 40% menos de ingresos en términos reales. Además, debemos tener en cuenta que los municipios tenemos otros gastos que no aparecen en el Indec, como la energía eléctrica del embalado público, que ha aumentado casi el 500%, el combustible y los repuestos, que tienen una inflación superior. Los municipios estamos con una inflación real del 58%. Es decir, tenemos el mismo dinero de coparticipación, pero con un 58% más de gastos por la inflación”, cuestionó.

Respecto a las consecuencias que esta situación genera, Arévalo indicó: “Hemos tenido que restringir un montón de cosas, de obras medianas que teníamos hemos pasado a obras muy pequeñas; reducimos horas extras, gastos de movilización y cualquier tipo de trabajo durante los fines de semana”.

¿Qué respuesta han tenido del gobierno provincial ante esta situación?, consultó EL ARGENTINO. “Ninguna. Es más, ha disminuido la ayuda en alimentos. Feliciano tiene más de 15 comedores comunitarios y brinda 2.000 raciones de comida diaria, lo cual demanda una inversión de entre 14 y 16 millones de pesos mensuales, de los cuales la provincia envía 1 millón. Módulos alimentarios recibíamos 400 y ahora recibimos 200 mensualmente”, cuestionó.

Por otro lado, el intendente aseguró que el Municipio tuvo que incrementar casi un 500% la compra de medicamentos y empezar a hacerse cargo, no sólo de las familias más vulnerables, sino también de quienes cuentan con la Obra Social de Entre Ríos (OSER), ya que “son empleados que ganan 900 mil pesos y un estudio simple de amígdalas les cuenta 250 mil”.

“Si antes le dábamos 200 litros de combustible a la Policía, ahora le damos más del doble; si antes ayudábamos a la gente con 30 pasajes por cuestiones médicas, ahora tenemos que dar 130. Tenemos un montón de cuestiones de las cuales nos hacemos cargo y la Provincia está desaparecida”, aseguró.

La situación es muy similar a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. De hecho, dos jefes comunales alineados con el oficialismo accedieron a dialogar con EL ARGENTINO y compartieron el panorama de sus pares, pero prefirieron no hablar abiertamente, para “no herir susceptibilidades a dos semanas de una elección”, explicó uno de ellos.

Quien sí accedió fue el radical Luis Schonfeld, quien cumple su segundo mandato al frente de la Municipalidad de María Luisa, en el departamento Paraná, y cuenta con una larga experiencia al frente de la ex junta de gobierno. Schonfeld acompañó la candidatura de Rogelio Frigerio a la gobernación (el triunfo en esa localidad fue contundente), pero, en los últimos meses, ha dejado trascender su malestar con la gestión.

“En septiembre vinieron 20 millones de pesos menos de la coparticipación nacional, y eso es por la falta de la actividad económica. En números gruesos, de 200 millones que recibíamos, recibimos 180, que es mucha plata menos de un mes a otro”, expresó el referente comunal de una localidad que, a diferencia de Feliciano, cuenta con un entramado productivo muy potente, lo que le ha permitido desarrollar obras importantes con recursos propios, como la planta de cloacas (más de 1 millón de dólares de inversión) y la red primaria de gas. Además, en la actualidad se está construyendo un polideportivo.

“Todo lo hemos hecho con recursos propios, como Municipio no hemos recibido ningún aporte de la Provincia para obras. El único aporte que recibimos este año fue de $1.400.000 de la Vicegobernación para pagar el sonido de un evento que hacemos el primero de mayo, la Fiesta del Trabajador”, informó el Intendente.

En este sentido, contó que a principio del año pasado hicieron gestiones en Paraná para continuar la obra de gas natural, pero “quedaron en la nada”. Lo mismo que el pedido a Vialidad Provincial, por lo que decidieron encarar ese trabajo con recursos propios. El problema es que “ahora, con el tema del aumento del combustible y la brosa, se nos hace imposibles mantener los caminos. Diez camiones de brosa salen 3 millones de pesos, ya no se puede hacer lo que hacíamos antes, porque no tenemos los recursos. Es imposible para el Municipio”.

Por otro lado, EL ARGENTINO consultó al ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas, quien se limitó a explicar cómo funciona el reparto de la coparticipación: “La coparticipación a los municipios se realiza conforme a los criterios establecidos por la Constitución Provincial y las normas vigentes. Los montos transferidos dependen directamente de la evolución de la recaudación provincial, que actualmente se encuentra en niveles similares a los registrados durante el período de pandemia. En ese contexto, no existe ningún tipo de congelamiento, sino una variación asociada al comportamiento real de los ingresos”.

Desde el oficialismo, Boleas explica lo mismo que, desde la oposición, Arévalo: la abrupta caída en la recaudación por la inactividad económica y la falta de consumo desfinancia tanto a las provincias como a los municipios, quienes tienen que lidiar, cara a cara, con cada vez más familias empobrecidas que necesitan la asistencia estatal.

El intendente de Feliciano hizo particular hincapié en el creciente endeudamiento de las familias y dio el ejemplo de la Tarjeta Sidecreer. Los empleados públicos que tienen esta tarjeta la utilizan como cualquier tarjeta de crédito y luego el Municipio les descuenta esos gastos. “Esa deuda siempre fue de 1,5 millones de pesos aproximadamente (en total), pero en la actualidad supera los 8 millones. Sabemos que en la actualidad una compra de $80.000 se hace en seis cuotas”, contó el funcionario, sobre una realidad cada vez más extendida y preocupante.

“La deuda está dividida en cuatro partes: una duda con las tarjetas de crédito, una deuda bancaria y una deuda con las mutuales. Además, existe una cuarta deuda, que dicen que es la más importante, que es la deuda social. La deuda que tengo con mi hermano, mi tío, mi sobrino, mi hijo. La gente está muy endeudada”, apuntó el jefe comunal.

Al respecto, la semana pasada, desde el Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómica (Cedma) dieron a conocer los resultados de un informe realizado en Entre Ríos que arroja números alarmantes. Según el mismo, nueve de cada diez hogares en la provincia poseen algún tipo de endeudamiento, lo que evidencia que gran parte de la población necesita recurrir al crédito para poder subsistir.

“La situación se vuelve aún más crítica si se considera que el 65% de los hogares mantiene más de dos créditos activos, reflejando un nivel de sobreendeudamiento que compromete la estabilidad económica familiar. En cuanto al destino de los fondos, el 58% de las deudas se originan para la compra de alimentos, el 15% para vestimenta y el 11% para combustible, lo que indica que el endeudamiento ya no responde al consumo durable, sino a la cobertura de necesidades básicas”, refleja el documento del Cedma.

Por otro lado, el trabajo pone la lupa en la alta proporción de ingresos destinada al pago de deudas: “el 50% de los hogares destina alrededor del 31% de sus ingresos mensuales únicamente al servicio de deuda” y “en cuanto a las formas de financiamiento, el 67% de las deudas por consumo se canaliza a través de tarjetas de crédito, billeteras virtuales y créditos digita les, modalidades caracterizadas por altas tasas de interés, que agravan la fragilidad financiera de los hogares”.

Mauro Díaz Chávez (PJ) transita su segundo mandato como intendente en Aldea San Antonio, departamento Gualeguaychú. Y, en sintonía con lo expuesto por su par de Feliciano, contó que en mayo de este año recibió casi la misma coparticipación que en mayo del 2025. “Eso desde lo estrictamente objetivo de la cuestión administrativa, después, desde lo político tenemos un gobernador que no te defiende”, cuestionó.

En este sentido, EL ARGENTINO accedió a los datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), dependiente de la Contaduría General del Gobierno de Entre Ríos. Según los números oficiales, el Municipio de Aldea San Antonio en mayo de 2024 recibió $166.207.297,75 de coparticipación, mientras que en mayo de 2025 recibió $178.325.757,67. La diferencia es de poco más de 12 millones de pesos, un número casi insignificante de un año a otro, y con los índices inflacionarios actuales.

“La Provincia nos asistía con 40 bolsones de comida cada dos meses, eso ya no lo recibimos. Nosotros nos hacemos cargo del combustible de la Policía, del arreglo de los patrulleros, del arreglo de los caminos rurales, del centro de salud. Si nosotros hoy nos retiramos de la asistencia que le damos al centro de salud, en Aldea San Antonio tendríamos atención de 8 a 12 y después cerraría. No habría enfermería las 24 horas, ni médica residente, mucho menos la ambulancia que cada vez que se rompe estamos nosotros ahí para arreglarla”, aseguró Díaz Chávez.

“Estamos cortando el pasto en la vera de la ruta 20, -continuó- por una cuestión de seguridad, estamos extralimitando nuestra jurisdicción. Estamos colaborando con la escuela y el colegio con el combustible, para que los docentes vengan a dar clase. En un contexto en el que los docentes están ganando entre 600 y 800 mil pesos, docentes que viven en Gualeguaychú y tienen que viajar todos los días. Es imposible que así puedan ir a dar clases”.

Por otro lado, el intendente del sur entrerriano fue muy crítico del gobierno de Javier Milei y de la alianza con Rogelio Frigerio: “Es ridículo pensar, cuando tenemos un gobierno nacional que se jacta de tener superávit, que nosotros tengamos deficiencias en la gestión por falta de recursos. Si tenés superávit, ¿por qué no lo compartís con las provincias y con los municipios para que podamos resolver los problemas de la gente?”.

“Toda la plata que recauda el gobierno nacional, por ejemplo, con el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles, que por ley debería estar volcado al mantenimiento vial de todo el país, no está. Y el gobierno provincial tampoco reclama esos fondos que le pertenecen a Entre Ríos. Eso, desde el plano político, no existe”, cuestionó.

“En este esquema de recortes, los municipios nos vemos totalmente desprotegidos, porque no va a fracasar Frigerio en la gestión, vamos a fracasar todos los municipios en conjunto con Frigerio, va a fracasar la política porque no pudimos resolverle los problemas de la gente”, aseguró Díaz Chávez.

La caída en la producción y en el consumo del modelo libertario impacta fuertemente en los recursos de los municipios. Son las propias Municipalidades entrerrianas las que cuentan con cada vez menos recursos y son las primeras en recibir la creciente demanda de familias que cada día están más endeudadas. Absorbiendo en forma creciente asistencias que antes eran garantizadas por el gobierno provincial, en salud, educación y en seguridad.

Días pasados, en la 95º Exposición Agrícola Ganadera de La Paz, el gobernador Rogelio Frigerio dijo que las rutas provinciales 1 y 2 "le quitan el sueño" y aseguró que realiza gestiones ante el Gobierno nacional para obtener financiamiento a largo plazo y a tasas muy bajas de "organismos multilaterales" para repavimentarlas antes del final de su mandato.

Las obras de estas rutas significan la unión del norte entrerriano, desde la costa del río Paraná hasta la del Uruguay. Ambas habían sido anunciadas, en diciembre de 2022, por el exgobernador Gustavo Bordet y licitadas en abril de 2023, pero luego, por la paralización de la obra pública, no se concretaron.

Las consecuencias del recorte

El drama de las rutas abandonadas comienza a contarse en cantidad de muertos. La política de recorte estatal, materializadas en la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad –organismo encargado del mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas–, se traduce en la desocupación de 5.000 empleados y en rutas intransitables, accidentes y, en el peor de los casos, víctimas fatales.

Además, es un problema económico. De acuerdo a estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el costo de mantenimiento anual del sistema de rutas de la Argentina (nacionales y provinciales) es de 4.213 millones de dólares. Sin embargo, el costo de recuperación de la infraestructura actual en caso de no ser cuidada y mantenida, llega a los 40.773 millones de dólares. Dicho de otra manera: cada peso que el mantenimiento planificado y habitual que el Estado invierte en rutas debe multiplicarse por diez cuando no se realiza.

Por otro lado, según datos de la ONG Luchemos por la Vida, a nivel nacional, en 2024 fallecieron en promedio 16 personas por día en accidentes viales, más de la mitad en rutas nacionales o provinciales. Pero, ¿qué pasa en Entre Ríos?

65 muertes en rutas entrerrianas y más incertidumbre

En Entre Ríos, el 26,3% de las rutas está buen estado, el 29,7% en estado regular y el 43,9% en mal estado. Los datos fueron publicados en mayo por la Dirección Nacional de Observatorio Vial, desde donde se relevaron 2018 kilómetros, es decir, el 31,3% del total.

Por otro lado, según un informe de la Policía de Entre Ríos, las víctimas fatales, del 1° de enero al 7 de septiembre del 2025, en la provincia han sido 96. De las cuales, 65 se dieron en rutas (71%) -46 en rutas nacionales y 19 en rutas provinciales-; 9 personas murieron en siniestros producidos en avenidas (11%); 16, en calles (13%) y seis en caminos (5%).

“Los principales siniestros fatales sucedieron en rutas, principalmente en las rutas nacionales 12 y las 14. Y, entre las rutas provinciales, la Ruta 11 es donde más hechos fatales han ocurrido”, informó Ana Elle, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial de la provincia. Y, en este sentido, indicó: “Si bien conocemos y sabemos cómo están nuestras rutas en la provincia, no hay una relación directa entre los hechos que han pasado y el estado de las rutas. Sí, el exceso de velocidad y el sobrepaso indebido son las causas más comunes de estos hechos fatales”.

En este sentido, la pregunta que se impone es: ¿puede un conductor realizan una maniobra de emergencia ante el mal estado de las rutas? “A la hora de hablar de un siniestro, hablamos de una confluencia de factores, el factor humano, el vehicular y el estado de la vía, obviamente. Pero el factor predominante es el humano, por la imprudencia al conducir”, reiteró la titular del observatorio a EL ARGENTINO.

Entre las rutas provinciales, la Ruta N°11, una arteria crucial para la producción que va a los puertos de Rosario, es la que más muertes en accidentes suma. Desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, el comisario Diego Passarello informó: “La Ruta N°11, en el departamento Diamante y la localidad de Las Cuevas, también tenemos un marcado índice de siniestralidad. Por eso siempre llevamos un mensaje de prevención a los lugareños. Hemos tenido muchas pérdidas de vida de vecinos de la zona”.

Por otro lado, respecto a la disolución, tanto de la Dirección Nacional de Vialidad como de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ana Elle marcó la “incertidumbre” que tienen en este momento. “Estamos esperando nuevas directivas, porque ahora hay que restablecer las autoridades que dependen de la Secretaría de Transporte de la Nación. Estamos esperando saber quiénes son las autoridades que van a asumir, para continuar con nuestra función de intermediarios entre las localidades y la nación”, indicó.

En números

Siniestros viales del 1 de enero al 7 de septiembre de 2025

• 555 siniestros viales en toda la provincia

• 82 siniestros con víctimas fatales

• 96 víctimas fatales

Con el verano, se va a poner peor

Según los números oficiales del Concejo Nacional de Bomberos de la República Argentina, del 1 de enero al 3 de septiembre de este año, los Bomberos Voluntarios de Ceibas han intervenido en 285 siniestros: 87 fueron accidentes, 68 incendios y los rescates fueron 7.

Marcelo Paredes, es el jefe de los Bomberos Voluntarios de Ceibas y dialogó con EL ARGENTINO sobre la dramática situación que atraviesan, por la falta de mantenimiento de las rutas (Caminos del Río Uruguay dejó la concesión en abril de este año) y por la falta de presupuesto.

Condiciones que generan más preocupación si se considera que el tramo Ceibas-Zárate es uno de los que mayor cantidad de accidentes se producen.

“Hay zonas que están muy deterioradas, Vialidad tapa con asfalto frío (fresado) y por el gran caudal de tránsito que tiene la ruta, que es internacional, al poco tiempo se vuelven a abrir los baches”, indicó Paredes, aunque también marcó a la imprudencia como un factor clave para la seguridad vial.

“En la ruta 12, el tramo más roto es que va desde el kilómetro 160 al 113, la mano del transporte pesado. Es la que más baches y hundimientos tiene. Por lo que los camioneros ahora están utilizando la mano rápida, lo que es un problema ya que se va a romper a corto plazo”, indicó. Y agregó: “En el tramo entre Ceibas y Gualeguay se están abriendo baches por falta de mantenimiento”.

Fueron los Bomberos de Ceibas los que se abocaron a tapar los enormes pozos de la Ruta 12, a la altura del kilómetro 144, antes del receso de invierno. Es que en esa zona habían sucedido cuatro accidentes de envergadura. Luego de eso, Vialidad Provincial hizo el bacheo con asfalto caliente y no se volvieron a repetir accidentes allí.

La alerta ya fue planteada: si no hay respuestas inmediatas, las malas condiciones de los caminos se agudizarán por el efecto que el calor de verano tiene sobre el asfalto. Esta situación se complejiza aún más con la suspensión de las licitaciones de las rutas en Entre Ríos, postergada hasta octubre por falta de oferentes.

Complejidades para el sector productivo

En este marco, la mirada empresaria agrega una perspectiva sobre la pérdida de productividad. “Un claro ejemplo es la imposibilidad de implementar masivamente los bitrenes”, comentó, días pasados, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

Los bitrenes son camiones con dos remolques que pueden transportar un 75% más de carga que los camiones estándares, a un costo menor y “aumentan un 57% la vida útil de la calzada”, tal cual sostiene un informe técnico de la entidad. “En gran parte del país la infraestructura actual no está preparada para este tipo de vehículos”, consideró el titular de la UIA.

A propósito de la falta de infraestructura vial, un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA) sobre caminos rurales sostiene que “en la región pampeana se registra una intransitabilidad de aproximadamente 100 días al año”. En un estudio de caso enfocado en Entre Ríos, calculó que la provincia pierde 1200 millones de dólares por año.

“Más deterioro y más siniestros viales”

Por otra parte, Miguel Gandolfo, presidente de la Asociación civil por la Verdad y la Justicia (Aciverjus), de Gualeguaychú, dijo que “la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el organismo que rige la seguridad vial Argentina, es un paso atrás, un retroceso del gobierno nacional. El estado de las rutas es malo y ahora nos enteramos que han postergado las concesiones hasta octubre, lo que va a significar más deterioro y más siniestros viales”.

En este sentido, Gandolfo se refirió a las obras de bacheo dispuestas por el gobierno entrerriano: “si bien está lejos de ser la solución, permite por lo menos, no tener posos. Pero la demarcación horizontal y vertical no está contemplada en esos trabajos”.

“A nivel provincial tenemos varios carteles atrasados que no nos han hecho, carteles que nos han pedido a los familiares de las víctimas”, indicó el presidente de Aciverjus, respecto a la cartelería con la estrella amarilla y el nombre de la víctima.

“A nivel nacional no hay autoridades competentes todavía, consecuencia de las desregulaciones, lo que significa un problema”, cuestionó Gandolfo. Y cerró: “Deberían existir más políticas públicas relacionadas a la temática, como campaña en los medios y en lugares de concurrencia de ciudadanos, pero no existen”.

Más allá de los anuncios y las promesas del gobierno provincial, lo cierto es que la desaparición de la obra pública y la falta de mantenimiento de los más de 2.400 kilómetros de rutas provinciales y nacionales que hay en Entre Ríos genera múltiples consecuencias, que van desde las pérdidas económicas a las pérdidas humanas. La Provincia ejecuta el Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial, básicamente con obras de bacheo en las rutas de su jurisdicción, pero queda a las claras que no es suficiente para contrarrestar el deterioro diario que sufren las mismas. La asfixia del gobierno nacional -del cual el gobernador Frigerio es uno de sus principales aliados- complejiza una realidad cada día más dramática.

Con un fuerte respaldo institucional, este domingo quedó inaugurada la 132° Expo Rural de Gualeguaychú, un espacio que reúne a productores, industriales y comerciantes en una de las vidrieras más importantes de la provincia y la región.

El intendente Mauricio Davico acompañó al gobernador Rogelio Frigerio y a las principales autoridades nacionales y provinciales en el acto central, reafirmando el compromiso de su gestión con el sector agropecuario y las políticas que impulsan su expansión.

Durante el acto inaugural, que se desarrolló a las 11 horas en el predio ferial, se destacó la presencia del subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel José Chiappe Berisso, y de legisladores nacionales y provinciales, intendentes de la región y autoridades de las principales entidades rurales del país.

En sus palabras de bienvenida, Eduardo Calot, presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, agradeció a las autoridades y remarcó la importancia de la Expo como “una celebración de la identidad comunitaria y productiva de nuestra región”. A su vez, el presidente de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, resaltó el valor del diálogo maduro entre el sector y el gobierno provincial, planteando a la vez los desafíos que aún enfrenta la producción entrerriana.

Tras el acto oficial, Frigerio y Davico brindaron una conferencia de prensa en la que pusieron en valor el trabajo conjunto con Nación. El gobernador destacó: “Nosotros queremos que al Gobierno Nacional le vaya bien y estamos para colaborar en lo que sea necesario para que eso ocurra”. Mientras que el intendente Davico señaló: “Desde el primer día de gestión venimos trabajando codo a codo con la Rural y las instituciones del campo. Esta Expo es una de las más fuertes de la Mesopotamia y nuestro compromiso es seguir acompañando al sector privado que genera riqueza, y garantizar las condiciones para que el campo siga creciendo”.

Demanda de infraestructura

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, José Ignacio Colombatto, también tomó la palabra para subrayar la necesidad de infraestructura, conectividad y acceso al crédito, al tiempo que instó a la dirigencia política a “trabajar por la gente, dejando de lado las mezquindades”.

En esta línea, Frigerio reafirmó que “los caminos rurales son una prioridad de esta gestión”, detallando las obras que se vienen ejecutando en el departamento de Gualeguaychú, con más de 1.000 km intervenidos y nuevas inversiones en puentes, rutas y alcantarillas.

“Nunca más el populismo podrá arrebatarnos el fruto del trabajo honesto. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar el futuro de nuestros hijos”, afirmó, con marcado tono electoralista.

El sábado, el norte entrerriano volvió a latir con fuerza en una nueva edición de la Expo Rural de Feliciano, organizada por la Sociedad Rural local. Dirigentes ruralistas de toda la provincia, productores y cabañeros se dieron cita para mostrar lo mejor de la producción y la genética entrerriana.

La pista se llenó de calidad y excelencia con ejemplares de las principales razas bovinas y ovinas, reflejo del esfuerzo y la pasión que distinguen a nuestros criadores.

Al mediodía, el Acto Inaugural reunió a autoridades y dirigentes: el presidente de la Sociedad Rural de Feliciano, Joaquín Mancioni; Nicasio Tito, titular de Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer); José Colombatto, vicepresidente 1º de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quienes destacaron el rol de las rurales, la importancia de la sanidad animal y el compromiso del sector productivo.

A su turno, Tito expresó: "Desde FARER valoramos y mucho este tipo de encuentros porque son ocasiones especiales donde el campo y la ciudad se unen en un apretón de manos sincero y sin intermediarios, donde podemos dar cuenta real del trabajo anual del campo entrerriano".

Además, el titular de Farer señaló que "seguiremos pidiendo por las rutas y caminos, por la pesada carga impositiva, por la conectividad de las poblaciones de tierra adentro, por servicios que permitan que los pobladores del interior profundo tengan una mejor calidad de vida y por tantas cosas más".

Por su parte, Colombatto en su momento expresó: "Desde Confederaciones Rurales Argentinas seguimos reclamando lo que es justo: Libertad para producir, menos cargas fiscales, más infraestructura, acceso al crédito y políticas que reconozcan la importancia estratégica del campo para toda la Nación".

En este marco, Frigerio anunció la creación de una línea de asistencia para fortalecer la cadena ovina y caprina. La propuesta está integrada al Plan Ganadero Entrerriano y alcanza, además, a productores que estén planificando sumarse a la actividad en la provincia.

La producción lechera argentina se estima en 11.190 millones de litros para 2025, según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA). En ese mapa productivo, Entre Ríos aporta entre el 3,5% y el 4%, una participación modesta pero clave para la economía regional y la generación de empleo en zonas rurales.

El panorama provincial mostró una señal de alerta cuando, de acuerdo al último relevamiento de tambos vacunados, Entre Ríos pasó de 751 a 738 establecimientos activos.

El dato más alarmante lo aporta la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), que en julio de 2024 publicó un informe donde Gualeguaychú aparece como el departamento más afectado, con 12 tambos menos en el último período.

En este escenario, el presidente de Caproler dialogó con EL ARGENTINO y describió el presente del sector lechero en la provincia, además de referirse a las políticas públicas necesarias para sostener la producción, incentivar la inversión y fortalecer la cadena láctea.

Menos tambos, pero con vocación de desarrollo

En diálogo con EL ARGENTINO, el presidente de Caproler confirmó que la provincia cuenta actualmente con 738 tambos activos. “Nosotros siempre estamos manejando esa cantidad de tambos, entre 740. Hoy, según las nuevas publicaciones, hay 738 tambos activos en la provincia”.

El cierre de establecimientos no es exclusivo de Entre Ríos. Según el dirigente, se trata de una dinámica que atraviesa al país y al mundo: “Es una tendencia mundial, se cierran tambos chicos, medianos o grandes. Pero los que seguimos, lo hacemos en sentido inverso: apostamos al desarrollo”.

Según el relevamiento de Farer, Gualeguaychú lideró el ranking provincial de pérdida de tambos, con 12 establecimientos menos. Este dato surge del análisis realizado tras la última campaña de vacunación contra la aftosa, que también reveló una caída del 18% en la cantidad de vacas en producción en toda la provincia.

“Luz amarilla” por el estancamiento del precio del litro de leche

Consultado por EL ARGENTINO sobre el estado actual del sector, el presidente de Caproler trazó un diagnóstico positivo, aunque con matices. La recomposición de precios y las buenas condiciones climáticas permitieron una recuperación respecto a años anteriores marcados por la sequía y la inestabilidad económica.

“La situación económica del tambero es buena. Te hubiera dicho muy buena unos meses atrás. Veníamos complicados por la sequía y la economía, pero se fue acomodando”.

El dirigente destacó la calidad de las pasturas y verdeos implantados, así como el nivel de reservas acumuladas. Sin embargo, advirtió que la primavera podría encender una “luz amarilla” por el estancamiento del precio del litro de leche en relación con el dólar.

“Tenemos muy buena implantación de pasturas y verdeos. Pero en primavera puede encenderse una luz amarilla por el estancamiento del precio en relación con el dólar. Tenemos un buen precio, pero se está estancando”.

Además, alertó sobre el encarecimiento del crédito y la reducción de plazos de pago en el sistema financiero: “En los últimos 15 o 20 días subieron mucho las tasas. Hay corte de créditos y pagos con intereses que antes no teníamos.”

El tambo como motor de inversión y empleo

Según el presidente de Caproler, el productor tambero ha sido protagonista en las exposiciones rurales y en el movimiento económico local. “En las exposiciones que he estado, charlando con diferentes empresas del sector, todos coinciden: el empresario tambero es el que ha movido la aguja últimamente para positivo”.

Las inversiones abarcan desde infraestructura hasta tecnología de punta: “Me refiero a compra de tecnología, tractores, animales, campo, mejoras en infraestructura. Todo aquel tambo que tiene una mirada a largo plazo apunta al desarrollo”.

Además del perfil inversor, Borré subrayó el impacto del tambo en la generación de empleo y en la economía regional: “El tambo da mucha mano de obra alrededor. Mueve mucho la economía regional, zonal y nacional”.

El referente insistió: “Si uno empieza a desmenuzar todo lo que el tambo necesita para producir, hay muchísimas empresas y trabajadores que dependen de él.” Por eso, remarcó la necesidad de políticas que acompañen el crecimiento del sector: “No hay que descuidar al sector lácteo. Hay que incentivarlo para que se desarrolle y crezca”.

Caminos rurales y mano de obra: desafíos persistentes

A su vez, el presidente de Caproler no dudó en calificar como “prehistórico” el reclamo por el estado de los caminos rurales. A pesar de algunas mejoras puntuales, considera que sigue siendo uno de los principales obstáculos para la producción.

“Los caminos, en términos generales, son desastrosos. En cada campaña política se acuerdan y después se olvidan”, enfatizó Borré. Pero, más allá de lo vial, el dirigente señaló otros desafíos estructurales: la falta de mano de obra calificada, la rotación laboral y la necesidad de capacitación para operar nuevas tecnologías.

“Hoy tenemos tambos con robots, software de manejo, siembra de precisión. Pero necesitamos personal capacitado y comunicación dentro de los equipos”.

La cámara trabaja activamente en capacitaciones para acompañar el proceso de modernización: “Es uno de los grandes desafíos: entendernos como dueños de los establecimientos y que el personal también nos entienda. La comunicación es fundamental”.

Políticas públicas y diálogo institucional

Durante la entrevista con EL ARGENTINO, Sergio Borré subrayó el impacto económico del tambo en las comunidades rurales. No solo por la producción de leche, sino por la cantidad de empleos y servicios que moviliza. “El tambo da mucha mano de obra alrededor. Mueve la economía regional, zonal y nacional”.

Finalmente, el presidente de Caproler valoró el trabajo conjunto entre la cámara, la provincia y la nación. En diálogo con EL ARGENTINO, destacó medidas concretas como los créditos a tasa cero y la eliminación de retenciones a productos lácteos exportables.

Un dato fundamental, señalado por Borré, es la integración de Argentina en la Federación Internacional de Lechería (FIL): “Es importante porque es ahí donde se definen los lineamientos a nivel mundial de la lechería en todos los aspectos”.

Aunque reconoció que los tiempos de implementación no siempre coinciden con las expectativas del sector, celebró la existencia de canales de diálogo fluidos: “No hay estancamiento en las políticas públicas. Siempre se está trabajando, tal vez no a nuestro gusto, pero se está trabajando y eso es fundamental”, finalizó el referente del sector lechero, Sergio Borré.

En la 12ª sesión ordinaria del 146º período legislativo, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el proyecto que crea el Régimen de Consorcios Camineros Rurales. La iniciativa, fruto de un trabajo conjunto en comisiones y de la unificación de varias propuestas, apunta a dar respuesta a una problemática recurrente: la intransitabilidad de numerosos caminos de la red rural.

La diputada Noelia Taborda, presidenta de una de las comisiones que analizó la propuesta, subrayó que, si bien no es la solución definitiva, se trata de “una herramienta para optimizar el mantenimiento vial” mediante el trabajo mancomunado entre Estado, productores y comunidades locales, con mecanismos de control y supervisión para garantizar la transparencia en el uso de recursos.

Por su parte, la autora de uno de los proyectos, la diputada Julia Calleros, destacó que la norma se inscribe en “una política integral” impulsada por el gobernador y que traerá beneficios para la producción, la educación, la salud y la seguridad en las zonas rurales.

El texto aprobado será remitido al Senado para su tratamiento definitivo. Entre sus puntos centrales, prevé que los consorcios administren recursos, contraten obras y organicen tareas de mantenimiento, con participación activa de los actores locales.

Durante la sesión también se aprobaron y giraron a la Cámara Alta otros proyectos, como la donación de un inmueble a la Universidad Nacional de Entre Ríos para la Facultad de Ciencias Económicas y la modificación de la Ley 10.853 de Mancomunidades entrerrianas, que amplía su conformación para optimizar recursos y atraer inversiones. Además, se ratificó el decreto que declara área natural protegida al establecimiento “Les Amis” en Gualeguaychú, bajo la modalidad de Reserva de Usos Múltiples, iniciativa destacada por su enfoque en producción sustentable y conservación ambiental.

La jornada legislativa estuvo atravesada por un emotivo homenaje al cardenal Estanislao Esteban Karlic, fallecido el 8 de agosto, con la presencia del arzobispo de Paraná, Raúl Martín. Se recordaron su lema pastoral de “servir” y su rol en momentos clave de la historia reciente, como la crisis de 2001. También hubo reconocimientos a personalidades y entidades de la provincia, desde científicos del Conicet hasta clubes deportivos y figuras históricas.

El proyecto de consorcios camineros ahora espera su turno en el Senado, mientras el sector rural ve en esta ley una posibilidad concreta de mejorar la conectividad y la calidad de vida en el interior provincial.