El US Open volvió a quedar envuelto en polémica por el olor a marihuana en las canchas. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, interrumpió su partido ante Kamilla Rakhimova en el Louis Armstrong Stadium para pedir la intervención de la jueza de silla Eva Asderaki-Moore. “Alguien está fumando marihuana. ¿Te importaría, porque el olor es muy fuerte?”, reclamó la bielorrusa, que señaló hacia la tribuna antes de sacar.

Sabalenka, doble campeona defensora del torneo, venció a la uzbeka por 6-3 y 6-4 en una hora y 28 minutos, pero reconoció que el episodio la desconcentró. “Ahora solo puedo pensar en lo de la hierba. Si van a seguir fumando, puede que me coloque”, ironizó tras el partido. Luego pidió: “Chicos, pueden fumar lo que quieran, pero no cerca de las canchas. Es complicado lidiar con ese olor cuando intentás competir al máximo nivel”.

El consumo de cannabis es legal en Nueva York para mayores de 21 años, aunque fumar está prohibido dentro del complejo de Flushing Meadows. Sin embargo, el humo puede llegar desde las gradas o sectores exteriores. La situación reavivó un debate que ya había aparecido en ediciones anteriores. En 2022, Maria Sakkari se quejó por el mismo motivo; en 2021, Nick Kyrgios denunció que el humo afectaba su respiración por ser asmático.

El reclamo de Sabalenka no fue el único de la jornada. El francés Adrian Mannarino, tras caer ante Alexander Bublik, criticó duramente la organización: “Huele a marihuana en la cancha, se está convirtiendo en un zoológico. La gente entra, se mueve, habla… El torneo lo tolera, no sé si es lo mejor para los jugadores”.

La líder del ranking mundial llegó a Nueva York como vigente campeona y busca retener el título por tercer año consecutivo. Su próxima rival saldrá del cruce entre Diana Shnaider y Taylor Townsend, mientras su continuidad en la cima dependerá también de la actuación de Elena Rybakina.

El episodio volvió a instalar la discusión sobre las condiciones externas que rodean al US Open y la capacidad de la organización para garantizar un ambiente competitivo adecuado. Para Sabalenka, el desafío no estuvo solo en la cancha, sino también en el aire.

En horas de la mañana de este domingo, personal policial que realizaba recorridas jurisdiccionales fue alertado por un ciudadano sobre la presunta venta de estupefacientes en la vía pública, en inmediaciones de calles Bolivia y Clavarino de la ciudad de Gualeguaychú.

Ante la denuncia, efectivos de la fuerza junto a personal motorizado se hicieron presentes en el lugar, donde localizaron a dos masculinos. Al advertir la presencia policial, los individuos intentaron arrojar distintos elementos hacia el interior de una vivienda, sin lograr su cometido.

Al proceder a su identificación y posterior palpado preventivo, se constató que llevaban entre sus prendas varios elementos vinculados a la comercialización de sustancias estupefacientes. Entre ellos se hallaron envoltorios con sustancia pulverulenta, frascos plásticos con dosis fraccionadas, dinero en efectivo, envoltorios con sustancia vegetal y un teléfono celular.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión de ambos involucrados. El menor de edad fue trasladado a la dependencia de la Comisaría del Menor y la Mujer, mientras que el mayor quedó alojado a disposición de la Justicia. Asimismo, tomó intervención personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las diligencias de rigor y el secuestro de los elementos hallados.

Como resultado del procedimiento se secuestraron 79 envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína y otros con cannabis sativa, además de dinero en efectivo y un teléfono celular. Estos elementos refuerzan la hipótesis de la presunta comercialización de estupefacientes en la zona.

Un importante operativo antidroga se llevó a cabo en Gualeguaychú, donde personal de la Prefectura Naval Argentina realizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad. La acción se originó tras una denuncia anónima que alertaba sobre el comercio de estupefacientes en una vivienda, lo que dio inicio a tareas de investigación y derivó en la solicitud de registros domiciliarios en los barrios 62 Viviendas y Zuppichini.

Durante los procedimientos, los efectivos incautaron envoltorios con cocaína y marihuana, cigarrillos de armado artesanal y plantas de cannabis. Además, se secuestraron tres teléfonos celulares y dinero en efectivo en distintas monedas: pesos argentinos, dólares estadounidenses y pesos uruguayos, con un valor que supera los dos millones de pesos.

El operativo culminó con la detención de cinco personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Interviene en la causa el Juzgado de Transición y Garantías N° 1 de Gualeguaychú, a cargo de la Dra. Natalia Lorena Céspedes.

Fuentes oficiales destacaron que "la investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana a través de una denuncia anónima, lo que permitió desplegar un trabajo coordinado y eficaz para desarticular un circuito de venta de drogas en la ciudad".

La Prefectura Naval Argentina subrayó que este "tipo de procedimientos forman parte de las acciones de prevención y control que se desarrollan en la región, con el objetivo de combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad de los vecinos".

La magnitud del secuestro y la cantidad de detenidos reflejan la importancia del operativo, que se suma a otros realizados en la provincia en el marco de la lucha contra el comercio ilegal de estupefacientes. Fuente: Prefectura Naval Argentina / Juzgado de Transición y Garantías N° 1 de Gualeguaychú

El operativo fue el resultado de un trabajo coordinado entre la fiscal Martina Cedrés y la Policía, en donde intervino personal perteneciente a las Divisiones Drogas Peligrosas de Gualeguaychú y Gualeguay, junto a los Grupos Especiales de Gualeguaychú y Rosario del Tala.

La medida fue ordenada desde el Juzgado de Garantías a cargo de Natalia Céspedes y como resultado, se procedió al secuestro de plantas de cannabis sativa y cebollines de cocaína, además de dinero en efectivo, una balanza digital y teléfonos celulares, elementos que guardan directa relación con la comercialización al menudeo.

En el lugar fueron identificadas tres mujeres y un hombre, que sería el principal sospechoso, pero se destacó que no se produjeron detenciones.

Personal de la Comisaría Tercera intervino este martes al mediodía en un procedimiento que comenzó con un conflicto en la vía pública y culminó con la aprehensión de un individuo por tenencia de estupefacientes.

El hecho se inició alrededor de las 12:00 horas, cuando efectivos de la Sección Motorizada fueron alertados por transeúntes sobre un hombre que perseguía a otro con un cuchillo por calle Clavarino. Minutos después, nuevas advertencias señalaron que en calle Bolivia se estaba produciendo una pelea con elementos contundentes.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a un individuo portando un hierro, quien intentó huir al advertir la presencia policial. Fue reducido de inmediato y, en ese momento, se le cayeron de sus prendas una bolsa de nylon con sustancia vegetal verdosa y tres envoltorios con una sustancia blanca.

La Fiscalía en turno dispuso la intervención de la División Drogas Peligrosas, cuyos efectivos realizaron test de orientación sobre las sustancias incautadas. Los resultados confirmaron la presencia de Cannabis Sativa, con un peso de 12 gramos, y clorhidrato de cocaína, sin pesaje determinado.

Finalmente, el ciudadano de 28 años fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por el delito de Tenencia de Estupefacientes. La intervención policial permitió neutralizar un conflicto en la vía pública y derivó en el hallazgo de drogas, reforzando la tarea preventiva y de control en la ciudad.

La mañana del martes estuvo marcada por un allanamiento en Gualeguaychú que arrojó resultados positivos. Personal policial cumplió con una orden judicial en una vivienda vinculada a una causa por amenazas en contexto de violencia de género y halló, además, un importante número de plantas de cannabis.

El operativo se llevó a cabo a las 8:50 horas por efectivos de Comisaría Tercera, quienes dieron cumplimiento a una orden de allanamiento y registro domiciliario en un inmueble ubicado en inmediaciones de calles Bolivia y J. J. Franco. La medida judicial estaba relacionada con un legajo iniciado el 18 de enero, caratulado por amenazas en contexto de violencia de género, y también incluía el interés en localizar un arma de fuego tipo revólver calibre 38.

Durante el procedimiento se notificó de la medida a una mujer de 47 años y se identificó como imputado a un joven de 24. Al avanzar con la inspección, los policías encontraron 12 plantas vivas de Cannabis Sativa, que tras su medición presentaban alturas de entre 2,70 y 4,10 metros. Además, se secuestraron 15 plantines de la misma especie que se encontraban en el interior de la vivienda.

El hallazgo sorprendió a los investigadores, ya que el allanamiento se originaba en una causa por amenazas, pero derivó en la detección de un cultivo de marihuana de dimensiones considerables. Todo lo secuestrado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, que deberá evaluar las responsabilidades penales del joven imputado y determinar si se amplían las actuaciones en el marco de la investigación.

El procedimiento fue considerado exitoso por las fuerzas de seguridad, ya que permitió avanzar en una causa sensible vinculada a violencia de género y, al mismo tiempo, desarticular una actividad ilícita relacionada con la producción de estupefacientes.

Un amplio operativo contra el narcotráfico se desplegó en Rosario, donde la Policía Federal Argentina, bajo coordinación del Ministerio de Seguridad Nacional, desarticuló múltiples puntos de venta de droga al menudeo. La acción se enmarcó en el Plan Bandera y estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones Federales (DFI).

En total se concretaron 29 allanamientos simultáneos en el barrio Las Flores Sur, territorio históricamente vinculado a la organización criminal Los Monos. Como resultado, nueve personas fueron detenidas y se incautaron estupefacientes valuados en más de 66 millones de pesos, además de armas de fuego, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.

La investigación se originó a partir de un requerimiento de la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, en el marco de la causa que indaga el triple crimen del 23 de diciembre pasado, cuando dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en Rosario. Según la hipótesis judicial, el hecho estaría vinculado a disputas territoriales por el control de la venta de droga.

Las tareas de inteligencia criminal y seguimientos permitieron identificar distintos puntos de comercialización de estupefacientes administrados por organizaciones que se disputaban el narcomenudeo. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó las órdenes de allanamiento.

Durante los procedimientos se secuestraron plantas de cannabis, miles de dosis de marihuana y cocaína, además de aproximadamente tres millones de pesos en efectivo. También se hallaron teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos electrónicos, una balanza de precisión y elementos para el fraccionamiento de droga. En algunos domicilios se incautaron armas de fuego, cargadores, municiones y una motocicleta sin dominio.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados y el alcance de las organizaciones criminales que operaban en la zona.

La Policía de Entre Ríos llevó adelante un amplio operativo en Concordia que culminó con el secuestro de motocicletas, armas de fuego y estupefacientes, además de la detención de cuatro personas. Los procedimientos se realizaron en distintos barrios de la ciudad tras una investigación iniciada por reiteradas denuncias vecinales sobre picadas de motos y maniobras temerarias en la vía pública.

La causa se abrió luego de constatarse que grupos de motociclistas circulaban en rodados modificados, evadiendo controles policiales y desplazándose a gran velocidad por sectores no habilitados. Estas conductas, encuadradas como delictivas, generaron alarma entre vecinos que en varias oportunidades alertaron a la Policía. En cada intervención, los patrulleros se encontraron con fugas a alta velocidad, lo que reforzó la sospecha de que los involucrados podían portar armas o drogas.

Ante la reiteración de los hechos, se inició una investigación formal que incluyó entrevistas a vecinos de las zonas afectadas y el análisis de cámaras de seguridad. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del fiscal Mario Figueroa, quien solicitó órdenes de allanamiento al considerar que los hechos se encuadraban en el artículo 193 bis del Código Penal, referido a pruebas de velocidad o destreza no autorizadas que ponen en riesgo a terceros.

Con las órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías a cargo del juez Guerrero, se desplegó un operativo simultáneo en sectores de Benito Legerén y barrio La Bianca. Como resultado, se secuestraron tres motocicletas —una Motomel C110, una Motomel 150 cc y una Corven Energy 110 cc— junto con un arsenal compuesto por una escopeta doble caño calibre 12 mm con 12 municiones, y un revólver calibre .22 con 29 proyectiles.

En materia de estupefacientes, se incautaron 42 envoltorios de nylon con un peso total de 50 gramos de cocaína, dos envoltorios con marihuana y tres plantas de cannabis sativa de entre 40 y 80 centímetros de altura.

Finalmente, cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia por los supuestos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación continúa para determinar la vinculación de los detenidos con las carreras clandestinas y posibles redes de distribución de drogas en la ciudad.

El Juzgado Federal Nº 2 de Paraná volvió a condenar al Estado nacional por demoras injustificadas en el otorgamiento de una credencial del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). El juez Daniel Alonso hizo lugar a una acción de amparo por mora administrativa y ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que resuelva el trámite en un plazo máximo de diez días.

La causa se originó a partir de la presentación realizada por un paciente que había iniciado el trámite de inscripción al Reprocann el 19 de enero de 2024. Según se acreditó en el expediente, toda la documentación requerida fue presentada en tiempo y forma, incluyendo consentimiento informado, declaración jurada e indicación médica correspondiente.

El magistrado destacó que la profesional de la salud interviniente había consignado en la historia clínica los padecimientos del solicitante y fundamentado debidamente el pedido de inscripción en el programa de cannabis medicinal. Sin embargo, pese al cumplimiento de los requisitos formales, el expediente permaneció sin resolución durante 424 días hábiles administrativos.

En su fallo, Alonso subrayó que el Ministerio de Salud, aun estando debidamente notificado, no respondió al pedido de pronto despacho ni brindó explicación alguna por el prolongado silencio administrativo. En ese contexto, consideró “sobradamente acreditada” la morosidad en la que incurrió la administración pública.

El juez aclaró que el objeto del amparo no fue analizar si correspondía o no otorgar la credencial solicitada, sino ordenar el dictado del acto administrativo que debía haberse emitido dentro de los plazos legales. Señaló que el trámite llevaba más de un año sin definición, excediendo ampliamente cualquier plazo razonable.

Además de ordenar que el Ministerio resuelva el pedido en el término de diez días, el fallo impuso las costas del proceso al Estado nacional, al no encontrar motivos para apartarse del principio general de la derrota.

La sentencia se suma a otros pronunciamientos judiciales en el mismo sentido, que vienen advirtiendo sobre demoras prolongadas y falta de respuesta por parte de la autoridad de aplicación del Reprocann. Estos fallos refuerzan la obligación del Estado de garantizar procedimientos administrativos ágiles, especialmente cuando se encuentran en juego derechos vinculados a la salud.

La causa se declaró abstracta luego de que el Ministerio informara la aprobación del trámite, pero el magistrado determinó que la cartera sanitaria debía asumir los gastos judiciales “por la demora injustificada que forzó al amparista a recurrir ante los estrados judiciales”. Los honorarios de los abogados del demandante fueron fijados en 3.089.160 pesos.

El fallo precisó que “existía obligación de resolver y, a la fecha, tal obligación se ha satisfecho”. No obstante, Alonso advirtió que el caso “ha quedado vaciado de contenido por sustracción de su objeto”, aunque subrayó que las costas corresponden a la parte demandada por haber motivado el proceso.

El amparista había denunciado la falta de respuesta del Reprocann a su solicitud de inscripción, presentada con el aval de un profesional de la salud y toda la documentación exigida. Argumentó que su trámite permanecía “pendiente de evaluación” más allá de los plazos establecidos en la normativa, configurando así “silencio administrativo”, que la ley de procedimientos considera una negativa.

Frente al amparo, el Ministerio presentó su informe y comunicó la aprobación del trámite, solicitando que las costas se impusieran por su orden, es decir, que cada parte asumiera sus gastos. Sin embargo, el juez hizo lugar al reclamo del actor, destacando que “la Administración generó la necesidad del reclamo judicial al no responder en tiempo y forma”.

El fallo se inscribe en un contexto de creciente judicialización de los reclamos por demoras en el Reprocann, el registro que autoriza el autocultivo o cultivo delegado de cannabis medicinal para pacientes con prescripción médica. La sentencia marca un antecedente sobre la responsabilidad del Estado frente a la mora administrativa en estos procedimientos.

La noche del miércoles avanzaba tranquila en los alrededores de Plaza Urquiza cuando, minutos antes de la medianoche, una patrulla motorizada del Comando Radioeléctrico irrumpió en la escena con la rutina de los operativos “Plazas Seguras”. El bullicio habitual de los jóvenes en una noche que se presentaba con una temperatura ideal se vio interrumpido cuando funcionarios policiales identificaron a un grupo de cinco muchachos, de entre 21 y 28 años, que se encontraban en el lugar.

Mientras los uniformados realizaban las preguntas de rigor, uno de los jóvenes intentó apartarse discretamente con una mochila al hombro. El movimiento no pasó desapercibido: fue rápidamente demorado por el personal policial. Al revisar el contenido del bolso, los agentes hallaron una sustancia vegetal que, por su olor y aspecto, despertó sospechas inmediatas. El test rápido confirmó lo previsible: se trataba de cannabis sativa, con un pesaje total de 5,9 gramos.

Junto con la droga, también se incautaron elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de la sustancia, lo que reforzó la intervención de la División Drogas Peligrosas.

Tras las actuaciones correspondientes, todos los involucrados fueron identificados y luego liberados, quedando supeditados a la causa por disposición de la Fiscalía interviniente. El procedimiento, aunque de rutina, volvió a poner bajo la lupa el movimiento nocturno en las plazas céntricas y la efectividad de los controles preventivos implementados por la Policía.

Tres procedimientos policiales realizados en Entre Ríos en las últimas horas derivaron en la detención de cinco personas y el secuestro de estupefacientes, según informaron desde la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.

El primer hecho ocurrió el miércoles a las 17:15, cuando personal del Puesto de Control Vial Gualeguay detuvo un automóvil Fiat Uno. El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad oriundo de Gualeguay, acompañado por otro que se mostró nervioso.

Al descender para una inspección más segura, el acompañante escapó corriendo hacia un campo, arrojando en el trayecto una bolsa de nylon con varios envoltorios. Tras una persecución de 150 metros, fue reducido.

Intervino la División Drogas Peligrosas, que halló 13 envoltorios con clorhidrato de cocaína (67 gramos), $106.000 en efectivo, dos celulares y otros elementos. La Fiscalía de Gualeguaychú dispuso la detención de ambos y su alojamiento en la Jefatura Departamental.

Viajaban dos hombres de 24 y 21 años, oriundos de Martínez y Boulogne (San Isidro). Durante la inspección, la perra antinarcóticos Luna reaccionó ante una mochila negra, en la que hallaron dos potes con cogollos de marihuana y dos bolsas con gomitas masticables presuntamente a base de cannabis.

La División Drogas Peligrosas de La Paz confirmó que se trataba de Cannabis Sativa. La Fiscalía ordenó el secuestro de la sustancia y la identificación de los ocupantes, continuando la causa en trámite.

Durante la verificación, se detectó un fuerte olor a marihuana proveniente del interior del rodado. Con intervención de la División Drogas Peligrosas, se secuestraron 257,8 gramos de marihuana, dos celulares, una balanza digital, una tijera, una picadora y papel para armar cigarrillos.

La Fiscalía dispuso la aprehensión de los dos ocupantes y su alojamiento en la Jefatura Departamental Gualeguay.

Desde la Policía de Entre Ríos señalaron que estos operativos forman parte del trabajo permanente para “prevenir delitos y mejorar las condiciones de seguridad de todos los entrerrianos”.

Un proyecto de UNER encuestó a profesionales de la salud, productores y personas que usan la planta con fines terapéuticos. El estudio obtuvo más de 600 respuestas de todos los departamentos de la provincia. Los cogollos son el formato más consumido por usuarios, el segundo más indicado por médicos y lo que más hacen los productores.

El informe con los resultados del relevamiento ya está disponible y desmonta algunos mitos que persisten sobre la planta de cannabis y sus usos.

“Pero el cambio cultural no siempre va acompañado de un cambio legislativo y en Argentina, aún con la ley de cannabis medicinal 27.350, la sombra de la ley de drogas 23.737 se proyecta todavía sobre la planta de las risas y los alivios para la salud. Por eso, con el cambio de gobierno la ola legitimadora se paró y la ley que castiga se sobrepuso”, se indicó en el informe, al que tuvo acceso APF.

En 2024 se achicó la entrada a Reprocann, se levantaron barreras en el Instituto Nacional de la Semilla y se restringió la industria al uso del cáñamo, la variante no psicoactiva de la planta. Frente a un panorama de retroceso y recrudecimiento punitivo, el activismo cannábico se volcó a las legislaturas provinciales y los concejos municipales. Se aprobaron nuevos “reprocannes provinciales” y florecieron avances departamentales.

Ahora, una investigación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) junto al Frente de Organizaciones Cannábicas de Entre Ríos (Focer) aporta evidencia estratégica sobre las problemáticas que enfrentan tres actores sociales: personas productoras de cannabis para la salud, profesionales de la salud que lo prescriben y personas usuarias con fines terapéuticos.

Se trata del “Relevamiento Intersectorial y Participativo del Cannabis para la Salud”, que obtuvo un total de 630 respuestas de todos los departamentos de la provincia.

Los datos del relevamiento fueron procesados con integrantes del equipo del Observatorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER.

Productores de cannabis para la salud

Entre los 88 productores de Entre Ríos encuestados la mayoría aplica criterios de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). En promedio, más del 57% de las prácticas relevadas son cumplidas por los productores y ese porcentaje asciende al 59% en aquellos que elaboran fitopreparados. Una muestra de la responsabilidad en la producción artesanal de cannabis, aún sin estar obligados a cumplir estos estándares en las resoluciones de Reprocann.

El control de calidad presenta mayores desafíos para los productores. Solo un 50% de aquellos que elaboran fitopreparados realiza análisis cromatográficos. Esto muestra la falta de información sobre la composición y concentración de cannabinoides en los fitopreparados que elabora 1 de cada 2 encuestados.

Cuando los productores responden por qué no realizan cromatografías, la causa principal es el desconocimiento de cómo o dónde hacerlo (56%), seguido de la inaccesibilidad geográfica (39%) y altos costos del servicio (26%).

La totalidad de los productores encuestados cultiva la planta, ubicándose en el eslabón primario de la cadena productiva, y de ese total, el 54% elabora fitopreparados. Pero lo que resalta del estudio es la respuesta a la pregunta sobre los formatos de cannabis que producen: El 91% hace flores secas (cogollos), seguido de aceites u oleatos (59%), ungüentos (34%), resinas o extractos (30%), comestibles (23%) y otros (8%).

No obstante, cultivar cannabis en Entre Ríos sigue siendo una práctica de alto riesgo: todos los productores encuestados cultivan, una actividad que por imperio de la ley de drogas 23.737, aún puede ser penalizada con hasta 15 años de prisión.