La Unidad Penal 9 de Gualeguaychú volvió a ser noticia ayer por la evasión de un interno que pocos minutos antes había llegado hasta la cárcel ubicada en la Ruta 136 proveniente de la UP 4 para un acercamiento familiar. La rápida acción permitió recapturarlo a los pocos metros por el mismo personal que advirtió la maniobra del preso.

Sucedió a las 14.20, cuando el interno llegó a la UP9 y quedó alojado en el sector de la guardia para lo que iba a ser la llegada de familiares a la prisión, pero en un momento en que los guardias no le prestaron la atención suficiente, el hombre aprovechó la salida de civiles de la institución para mezclarse entre ellos y alcanzar la vía pública.

Esta acción fue advertida rápidamente por los propios guardias. El personal salió atrás a la carrera y lograron alcanzarlo a los pocos metros, sobre la Ruta 136, sin la necesidad de utilizar un vehículo para la persecución.

Este descuido por parte del personal de traslado y la guardia de prevención, está siendo analizado por el Servicio Penitenciario y se iniciaron actuaciones administrativas, con sumario para los funcionarios.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren pidieron 12 años de cárcel para el neurocirujano Leopoldo Luque durante los alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona. También solicitaron 10 años para la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini, y 8 años para la psiquiatra Agustina Cosachov.

Por su parte, pidieron cinco años de prisión para Carlos Díaz y la inhabilitación para ejercer por 10 años su actividad profesional. Para Ricardo Almirón y Mariano Perroni, solicitaron cuarto años de prisión, con inhabilitación de 8 años para ejercer su profesión.

Además, adelantaron que no presentarán cargos contra Pedro Di Spagna, el médico clínico que atendió al exfutbolista. “Es el único que hizo lo que tenía que hacer. Di Spagna no tiene responsabilidad penal en el caso. En primer lugar, es interconsultor. En segundo lugar, porque no tuvo ni potestad ni decisión para encaminar la salud del paciente”, señaló Ferrari en los alegatos de cierre.

“En el doble comando médico que trató a Maradona, existen dos grandes responsables: el primero es Leopoldo Luque como indiscutible médico de cabecera”, explicó el fiscal Ferrari.

Y precisó: “Con acciones y omisiones no profundizó estudios médicos recomendados por un cardiólogo. Se le advirtió hacer un estudio de cámara gama. No confeccionó una historia clínica actualizada. No gestionó una internación en un centro médico especializado, siendo tal la complejidad del paciente, y dispuso una internación domiciliaria donde tenían atado a Maradona”.

“Hizo todo lo posible para que las cosas salgan mal. Ignoró los signos de insuficiencia cardíaca. Todos le decían que estaba hinchado y que tenía retención de líquidos. La actitud de Luque fue siempre la misma: no hacer nada”, agregó.

“La otra persona que aparece como gran responsable es Nancy Forlini. Lideraba la otra organización caótica que tuvo en vilo al paciente en sus últimos días”, apuntó Ferrari.

Respecto de la psiquiatra Agustina Cosachov, marcaron: “Avaló el retiro de los acompañantes terapeúticos y omitió las señales de la insuficiencia cardíaca”.

Luego, se refirió al accionar del enfermero: “No hay nada más falso que las actas que hizo Almirón. Con un simple diurético, cambiaba todo este final”.

El fiscal planteó que “al 11 de noviembre de 2020, Maradona era una bomba de tiempo, se lo sacaron de encima y lo introdujeron en esa casa que, 14 días después, terminó muriendo”.

Con respecto a la casa en la que se hospedó Maradona, sostuvo: “Usaron un playroom que tenía una cama común y nada más. No tenía guantes, gasas, una vía, un botiquín de primeros auxilios, un desfibrilador, una ambulancia ni nada de lo que prometieron. Era un vacío puro, esa casa no tenía nada”.

Luego habló sobre el día de la muerte de Maradona: “Las conclusiones de los peritos arrojan que algo en el cuerpo de Maradona no estaba bien ese 25 de noviembre del 2020. Esto no sucedió de forma súbita y de un momento al otro, es una situación que se fue generando con el paso de los días”.

“La evidencia es lapidaria, como fue la internación. A los imputados poco les importó la vida del paciente. El servicio médico fue tan ineficiente que no lo consideró ni siquiera humano”, remarcó Ferrari.

“La Junta Médica interdisciplinaria llegó a la conclusión de que Maradona no era un paciente sano que murió sorpresivamente, sino que eran un paciente con una gravísima complejidad médica. Una de las conclusiones fue que la muerte era evitable y la atención médica fue inadecuada”, agregó.

En ese sentido, sentenció: “La Junta Médica también concluyó que Diego Armando Maradona murió luego de un periodo de agonía prolongado de 12 horas”.

“Existen hoy conclusiones categóricas y, en ese marco, estamos en condiciones de afirmar que existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo. Ese grupo de improvisados ha incrementado el riesgo más allá de lo permitido, algunos de ellos con indiferencia””, sentenció Ferrari.

En esa misma línea, Ferrari señaló: “Nos encontramos con las versiones de todos los imputados, Luque ha declarado 12 veces, y ninguno pudo revertir el cuadro probatorio”.

“Con el acta de externación quisieron deslindar su responsabilidad”, dijo Ferrari antes de romper el acta frente a todos los presentes. Luego, se refirió al estado de salud de Maradona antes de morir: “Nadie puede refutar las señales de alarma que exhibía el cuerpo de la víctima: la hinchazón, los edemas, la voz robótica... Todo este combo no llamó la atención de los médicos para que hagan algo. Hicieron todo para no hacer nada”.

El fiscal sostuvo su alegato en cuatro etapas denominadas de la siguiente manera: “veinte años de historia, ”la internación que no fue", “lo que el cuerpo reveló” y “la huella del después”.

Cosme Iribarren comenzó hablando de la primera etapa. “La historia médica de Maradona viene antes del año 2000 hasta el día de su fallecimiento. La evidencia reunida permitió contar con elementos de cargos directos que sustentan a la teoría del caso de este Ministerio Público Fiscal ha traído al debate”, sostuvo.

“Para entender qué ocurrió con Maradona mientras estaba cursando esa internación que no fue, tenemos que hacernos dos preguntas esenciales: la primera es qué paciente era Diego Armando Maradona y la segunda es qué afecciones de salud había tenido en su vida”, agregó.

En ese sentido, señaló: “Diego Maradona no era un paciente sano que solamente atravesaba un pos-operatorio quirúrgico por el hematoma subdural. No era precisamente un toro, como uno de los imputados manifestaba a sus allegados; era un paciente complejo y tenía antecedentes médicos de todo tipo, un historial médico que necesitaba una mirada integral y en conjunto”.

cualquier posibilidad de analizar la cuestión médica como un paciente sin factores de riesgo, todo lo contrario”, remarcó Iribarren.

El fiscal sostuvo: “La imagen de Diego (muerto) va a ser imborrable. Lo impactante de esa imagen tiene una sola explicación y está reflejado en todas las afecciones que tenía al mes de noviembre del 2020 y que no fueron atendidas”.

Por último, Ferrari habló sobre los allanamientos en las casas de los acusados: “Cuando allanamos las casas de Luque y Cosachov, encontramos la historia clínica de su paciente tirada arriba de la chimenea”.

“Forlini le daba órdenes a los enfermeros de asentar controles que no se hicieron. No es menor el dato”, agregó.

Fuente: TN

Culminó ayer la primera parte de un juicio que comenzó la semana pasada, que tiene como imputado a un joven policía de 21 años que fue llevado ante la Justicia de Gualeguaychú por los graves hechos que fueron denunciados por una mujer de 20 años que fue su pareja durante unos meses.

Según la acusación, los hechos se produjeron durante la relación de pareja y se extendieron desde mediados de 2025 hasta febrero de 2026. La Fiscalía y la querella describieron durante el juicio una relación signada por situaciones de violencia sexual, física y psicológica, además de amenazas y otros episodios que fueron incorporados a la imputación.

Abusos sexuales durante la relación

El primero de los hechos atribuidos al policía corresponde a reiterados episodios de abuso sexual que, según la acusación, tuvieron lugar mientras mantenían la relación de pareja, lo cual es un agravante dentro de la acusación. De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, el imputado la habría obligado en distintas oportunidades a mantener relaciones sexuales y a practicarle sexo oral contra su voluntad.

Los episodios habrían ocurrido principalmente en los domicilios donde convivieron en Gualeguaychú. La acusación sostuvo que el imputado le quitaba la ropa, la tocaba, la penetraba vaginalmente, además de obligarla a practicarle sexo oral pese a sus negativas.

La Fiscalía también describió un contexto previo de sometimiento psicológico. Según la imputación, al comienzo de la relación el joven le habría prohibido mantener amistades, la habría alejado de su familia y durante la convivencia la habría descalificado reiteradamente. También le habría manifestado que se encontraba abrumado por deudas económicas y que la única solución era quitarse la vida, expresiones que, de acuerdo con la acusación, generaban temor en la joven.

Uno de los episodios puntuales señalados ocurrió el 2 de diciembre de 2025, cuando ambos se encontraban en el departamento donde vivían en calle Guido Spano. Según la acusación, él intentó mantener relaciones sexuales con ella, pero ante su negativa la tomó fuertemente de los brazos, provocándole marcas. La joven habría logrado escapar y encerrarse en el baño, desde donde le manifestó que iba a denunciarlo.

Siempre de acuerdo con la imputación, en ese momento el joven funcionario le habría dicho que no le serviría de nada recurrir a la Jefatura de Policía porque, según sus palabras, “era la casa de los policías” y que a él no le ocurriría nada. Para la acusación, esa situación incrementó el temor de la denunciante.

El embarazo y la interrupción

El segundo hecho incorporado al expediente se relaciona con un embarazo de aproximadamente seis semanas y media que cursaba la joven a fines de enero de 2026.

Según la acusación, el agresor tomó conocimiento del embarazo y la habría obligado a interrumpirlo, pese a que ella le manifestó en reiteradas oportunidades que no quería hacerlo. De acuerdo con lo expuesto en el juicio, el imputado la habría llevado en distintas oportunidades al Hospital Centenario y finalmente el 30 de enero la acompañó hasta el establecimiento, donde ella debía realizar los trámites y retirar la medicación indicada para la interrupción del embarazo.

La acusación sostiene que ese mismo día, una vez que regresaron al domicilio de Guido Spano, el joven le habría indicado que realizara el procedimiento. Ella habría comenzado a atravesar el proceso en el baño de la vivienda, presentando, según el relato incorporado al expediente, vómitos con sangre, contracciones y abundante sangrado.

Siempre según la imputación, ante los planteos de la joven respecto de que no quería interrumpir el embarazo, el acusado le habría respondido que debía hacerlo y que, de continuar con el embarazo, le arruinaría la vida. También habría utilizado expresiones amenazantes vinculadas con ella y con la criatura, según fue expuesto durante el debate.

El episodio del cuchillo y el arma reglamentaria

El tercer hecho ocurrió, según la acusación, el 12 de febrero de 2026 alrededor de las 22.30, en el departamento de Guido Spano. La imputación señala que, luego de que ella le pidiera ingresar al baño, él habría entrado detrás y la habría tomado del cabello para sacarla del lugar, mientras le exigía que se bañara y comiera. La joven, entre llantos, habría arrojado un recipiente de shampoo contra el imputado, quien le habría manifestado que estaba cansado de verla llorar.

Más tarde, durante la cena, según la acusación, el sujeto le habría dicho que se matara y, utilizando un cuchillo tipo Tramontina con el que estaba comiendo, le habría provocado varios cortes en la cara anterior del antebrazo izquierdo.

La imputación agrega que, después del episodio, el joven se habría acostado y le habría pedido perdón, manifestando que no sabía lo que había hecho. Sin embargo, ante el estado de angustia y temor de la víctima, habría dejado su arma reglamentaria a disposición de la joven y le habría dicho que, si se sentía tan mal, se matara. Luego se habría retirado del domicilio para cumplir un servicio adicional.

La privación de la libertad y otro episodio de violencia

Al día siguiente, el 13 de febrero, se produjo otro de los hechos incluidos en la acusación. Según el expediente, el acusado regresó durante la tarde o noche al departamento que compartía con ella, quien había preparado sus pertenencias debido a que el joven se retiraría de la vivienda.

En ese contexto, la joven le habría recriminado por relaciones que mantenía con otras mujeres mientras convivían. De acuerdo con la acusación, el muchacho reaccionó diciéndole que estaba loca, la empujó sobre la cama y la tomó del cuello. Ella habría logrado liberarse y correr hacia la puerta, pero la acusación sostiene que el imputado había arrojado las llaves al exterior del departamento, impidiendo que pudiera salir. Luego, siempre según el relato llevado a juicio, volvió a tomarla del cuello y la colocó sobre un ropero.

En medio de esa situación, el acusado habría llamado a su madre para que fuera a buscarlo. Después de esa comunicación, según la acusación, tomó un cuchillo, se lo arrojó a su joven novia sobre la cama y le dijo que se matara. Posteriormente habría tomado el mismo cuchillo y se lo habría colocado sobre el abdomen.

La situación terminó cuando ella tomó el teléfono celular del policía y logró comunicarse con la propietaria del departamento. La mujer concurrió al lugar junto con su esposo, abrió la puerta y permitió que víctima pudiera salir de la vivienda.

Al día siguiente, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el acusado le envió un mensaje por Instagram a ella con amenazas de muerte y que no la dejaría en paz, que si la veía con otro hombre le iba a disparar y que debía quitarse la vida.

Por estos hechos, la fiscal Cedrés mantuvo la calificación de abuso sexual con acceso carnal reiterado, lesiones leves agravadas reiteradas, privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y aborto doloso. Esta acusación fue sostenida por el querellante y ambos coincidieron en el pedido de pena de 17 años de prisión. El abogado defensor, Alfredo Vitale, sostuvo en los alegatos que los hechos no pudieron ser acreditados durante el juicio contra su defendido y que sea absuelto por el beneficio de la duda.

Todo esto quedó en manos del juez Mauricio Derudi, que dará a conocer su adelanto de veredicto el próximo jueves 8 de septiembre y ante los pedidos de que se le mantenga el arresto domiciliario al acusado, el magistrado resolvió que quedara en libertad con medidas restrictivas porque no han surgido fundamentos para considerar que existiera riesgo de fuga.

Esta semana se realizó el requerimiento de la elevación a juicio de un hecho que sucedió en la mañana del 18 de mayo, en el que un delincuente atacó a una joven menor de edad que caminaba en dirección al Colegio Pío XII, con la finalidad de robarle el celular.

Era un lunes, cerca de las 7.30 de la mañana, en inmediaciones al museo Azotea Lapalma, sobre el pasaje San Luis. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad y esas imágenes fueron claves en la investigación y en la detención del sujeto, que se produjo ese mismo día por la noche.

En esa filmación se observó que la chica de 17 años caminaba por una vereda y su atacante lo hacía por la vereda de enfrente, en dirección contraria. En un momento, al aproximarse, el asaltante cruzó la calle y la abordó. El robo se produjo en segundos. La abrazó e intimidó con un arma blanca y consiguió quitarle el teléfono celular. Luego salió corriendo en la dirección que caminaba, mientras que la joven se fue completamente compungida en sentido hacia la escuela.

Con la información que la víctima brindó y con la filmación de los hechos, que se pudo secuestrar de la cámara de seguridad, la Policía inició la averiguación de la identidad del delincuente. El fiscal Jorge Gutiérrez y la División Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú trabajaron durante todo ese lunes para tratar de identificarlo y hacia el final del día se realizó un allanamiento.

Se obtuvo la dirección a partir del seguimiento satelital del GPS del aparato sustraído. Se logró identificar al supuesto autor y se libró la orden de allanamiento en un domicilio de calle Hernández entre Bolívar y Andrade. Durante ese procedimiento, el sospechoso de 37 años intentó darse a la fuga por el fondo de la vivienda, pero un operativo cerrojo que se implementó rodeando la manzana, le hizo imposible escapar y finalmente fue aprehendido.

En esa requisa se le secuestró prendas de vestir relacionadas con la causa, algunas de ellas que serían las que utilizaba al momento del asalto que se ven en las imágenes, una mochila y diversos elementos cortantes, entre ellos un cuchillo tipo Tramontina, un destornillador y una tijera sin mango, los cuales guardarían directa vinculación con el hecho. Fue llevado a la Jefatura Departamental y quedó alojado con medidas preventivas durante un tiempo.

Los antecedentes

Este hombre ya contaba con antecedentes. En 2017 fue condenado a 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En 2020, en juicio abreviado, fue condenado a dos años y tres meses de prisión efectiva por tentativa de robo y encubrimiento por receptación sospechosa.

El caso último y más resonante sucedió de 2024. El lunes 15 de abril de ese año, este sujeto ingresó a una farmacia ubicada frente al Hospital Centenario, en calles San Martín y Hernández, y amenazó a la empleada con un arma blanca, sustrajo el dinero que había en la caja y huyó con la recaudación.

Entró vistiendo un piloto de lluvia y tapándose la boca con un trapo. La empleada lo reconoció porque durante esa misma mañana ya había ingresado tres veces a vender distintos elementos y le manifestaba que el dueño de la farmacia le debía dinero. Luego saltó el mostrador y amenazándola con el arma blanca se llevó 155 mil pesos de la recaudación. Incluso intentó llevarse el monitor de la PC, pero no tuvo éxito.

En la investigación, y como también se dejó asentado en la denuncia que realizó la víctima de 40 años, este delincuente gritaba que el dueño del comercio “le debía plata” por diferentes changas que realizaba, como ser el corte de pasto o la poda de árboles, y en la cuarta vez que ingresó produjo el robo y fue identificado.

En esa ocasión se lo detuvo en San José al norte. Fue trasladado a Jefatura Departamental, y tras 24 horas de estar detenido, se ordenó una medida de prisión preventiva por 20 días. En julio de ese 2024 fue declarado primer reincidente y recibió un año de prisión efectiva que cumplió en la Unidad Penal 9.

Actualmente se encuentra con medidas inhibitorias y acusado de robo agravado por uso de arma, una imputación que tiene una escala penal que va desde los 5 hasta los 15 años de prisión. El fiscal cerró la etapa investigativa y ya requirió la elevación para que en los próximos meses se realice el juicio que lo podría enviar nuevamente a la cárcel.

Mucho se ha hablado en el último tiempo sobre diferentes situaciones en torno a la salud de los internos en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú y según pudo saber EL ARGENTINO, la situación no es tan grave como se ha presentado desde algunos medios de comunicación.

Con respecto a los casos de tuberculosis que se han detectado, fuentes institucionales confiaron que hasta el momento sólo hay dos casos que fueron confirmados, que se encuentran aislados del resto de la población carcelaria, a la espera de realizarse los nuevos estudios para ver la evolución.

En tanto, y según trascendió en su momento, también se detectaron otros dos casos, pero estos en realidad nunca fueron confirmados, sino que se los aisló por contacto estrecho de los dos positivos, pero sus estudios arrojaron resultados negativos. Los que si fueron confirmados se encuentran medicados y realizan actividades dentro de su lugar de alojamiento, pero siempre bajo la coordinación y control con los profesionales del Hospital Centenario y el personal de Sanidad de la Unidad Penal.

Por otro lado, en las últimas horas trascendió que cuatro internos debieron ser asistidos en el Hospital Centenario por un cuadro de intoxicación. Lo cierto es que el primero de ellos fue trasladado el sábado, pero debido a un fuerte cuadro febril por un forúnculo en el glúteo izquierdo con infección y para su curación quedó internado.

Los otros tres que fueron llevados al Hospital sucedió el domingo. Es cierto que tuvieron un tipo de intoxicación, pero las autoridades carcelarias aducen que se debió a algo que ellos mismos se cocinaron en el pabellón, porque de los 629 internos que reciben la ración diaria de cocina que se cocina en la institución, ninguno de ellos tuvo síntomas.

La titular de la Secretaría de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal de Paraná, la jueza Noemí Marta Berros, resolvió no hacer lugar a la solicitud de expulsión del país (extrañamiento) presentada por la defensa de Jorge Darío Fernández Orué, un ciudadano paraguayo condenado por uno de los transportes de marihuana más grandes detectados en la provincia.

Fernández Orué, quien actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, cumple una pena de 7 años y 6 meses de prisión, además del pago de una multa de 1.050.000 pesos, tras ser hallado coautor del delito de transporte de drogas mediante una sentencia dictada el 9 de abril de 2025. Según el cómputo de pena oficial, el vencimiento total de su condena está previsto para el 3 de enero de 2032.

Junto a Orué fueron condenados Juan Antonio Lugo, a la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva y Diego Espíndola. Estos dos acusados son de Chajarí al igual que el primer condenado por este hecho, el camionero Gastón Siandra. Entre todos los imputados trataron de transportar casi 2.000 kilos de marihuana de Misiones a Buenos Aires.

La controversia se originó cuando la Defensora Pública Oficial, Noelia Quiroga, solicitó iniciar el trámite administrativo de expulsión previsto en la Ley de Migraciones (Ley 25.871).

La defensa argumentó que, al ser Fernández Orué un residente permanente desde el año 2012 y haber sido condenado por un delito doloso, correspondía aplicar el artículo 62 inciso b) de dicha ley, el cual faculta la cancelación de la residencia y posterior expulsión sin exigir el cumplimiento de una parte mínima de la condena.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, representado por José Ignacio Candioti, se opuso terminantemente al pedido. El fiscal sostuvo que, para que un condenado extranjero que cumple una pena privativa de libertad pueda ser expulsado, es requisito indispensable haber cumplido al menos la mitad de la condena, tal como lo establecen el artículo 64 de la Ley de Migraciones y el artículo 17 de la Ley de Ejecución Penal (Ley 24.660).

Los fundamentos del fallo

En su resolución, la jueza Berros coincidió con la postura de la fiscalía y aclaró que no existe la distinción que pretendía la defensa entre extranjeros residentes y aquellos en situación irregular a la hora de ejecutar una expulsión penal.

La magistrada explicó que, si bien la Dirección Nacional de Migraciones debe cancelar la residencia de quien es condenado por un delito doloso, para que dicha expulsión se haga efectiva mientras el sujeto está en prisión, deben cumplirse dos premisas: la cancelación formal de la residencia y el cumplimiento de la mitad de la condena (seis meses después del ingreso al período de prueba).

Bajo este análisis, la jueza determinó que Fernández Orué recién alcanzará el plazo legal para ser expulsado el 3 de octubre de 2028, siempre y cuando no existan otras causas abiertas que requieran su detención.

Tras el rechazo del pedido de extrañamiento, el interno continuará cumpliendo su condena en Gualeguaychú. Como nota adicional en el proceso, la defensa solicitó una autorización para que el condenado sea trasladado el 18 de junio a un turno odontológico en la ciudad de Gualeguaychú, pedido que ha sido derivado a la vista fiscal para su evaluación.

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega, intentó quitarse la vida en la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba, complejo penitenciario donde permanece bajo custodia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el atentado contra sí mismo fue fallido y debió ser asistido, rápidamente, por el servicio médico del lugar. El hombre de 32 años se encuentra estabilizado y bajo efectos de sedación para evitar que intente otro episodio similar.

Este hecho ocurrió en el marco de la investigación por el femicidio de Vega, donde es el único detenido y principal sospechoso por la desaparición de Vega, luego de que su cuerpo fuera hallado desmembrado.

Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse este hecho.

Asimismo, cuenta con dos antecedentes penales previos a esta situación: delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Por ambas acusaciones, el hombre se encuentra imputado.

Respecto a las evidencias que lo vinculan con el caso de Vega, se encontraron cámaras de seguridad de la zona de su domicilio, ubicado en el barrio Cofico, donde registraron el momento en el que la adolescente descendía de un remís e ingresaba junto a él a la propiedad el sábado 23 por la noche. Además, su celular también impactó en antenas cercanas.

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, con integración unipersonal a cargo del juez Sebastián Gallino, dictó sentencia contra una pareja de Chajarí por el delito de transporte de estupefacientes. La resolución, emitida el 22 de mayo, recayó sobre Gerónimo Gabriel Fleitas, de 23 años, y Milagros Belén Correa, de 25, quienes fueron hallados coautores penalmente responsables de trasladar una encomienda con 6,295 kilogramos de marihuana.

La investigación determinó que la sustancia había sido enviada desde Puerto Piray, Misiones, hacia Chajarí, utilizando el sistema de envíos de la empresa “Vía Cargo”. El paquete estaba identificado con una guía de envío a nombre de Fleitas, mientras que el número de contacto correspondía a Correa. El 5 de mayo de 2025, ambos se presentaron en la sucursal de la empresa en Chajarí para retirar la encomienda, momento en el que fueron detenidos por personal policial.

Durante el juicio abreviado realizado el 14 de mayo, el Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Juan Sebastián Podhainy, sostuvo la acusación con base en pruebas como el informe de titularidad de líneas telefónicas de Telecom, que vinculaba a Correa con el número consignado en la guía, y las actas de procedimiento de los agentes intervinientes. Un elemento clave fue el análisis del dispositivo telefónico secuestrado, realizado por la Sección de Investigaciones Antidroga de Gendarmería Nacional en Concordia, que demostró el uso compartido del aparato y comunicaciones previas al retiro del paquete, incluyendo un audio que informaba sobre la llegada de la encomienda.

En su declaración, Correa alegó desconocer el contenido del envío y sostuvo que solo acompañaba a su pareja. Sin embargo, la Fiscalía probó la coordinación entre ambos y el conocimiento previo del contenido ilícito. Para el tribunal, la maniobra no fue fortuita, sino planificada, con logística interprovincial y coordinación previa.

El juez Gallino destacó la concordancia entre los distintos elementos probatorios: documentación del envío, registros telefónicos, pericias sobre el dispositivo móvil y testimonios de los efectivos. En conjunto, se alcanzó el grado de certeza necesario para dictar condena.

Finalmente, el tribunal resolvió imponer a Fleitas y Correa la pena de cuatro años de prisión, además de una multa de cuarenta y cinco unidades fijas, equivalente a $5.400.000, junto con las accesorias legales y costas del proceso. La sentencia reafirma la responsabilidad penal de ambos en el transporte de estupefacientes y marca un nuevo antecedente en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Comienza este martes en Chajarí el juicio por jurados de la causa que tiene por carátula “Q. J. E. s/abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real”. El acusado, José Querencio, exjefe de Policía de Concordia, llega a esta instancia con prisión domiciliaria y una tobillera electrónica.

Los convocados recibieron esta mañana las instrucciones preliminares y el video explicativo en el marco de la Ley Micaela y desde este martes comenzará el juicio propiamente dicho, que se extenderá hasta el viernes próximo en la sala de audiencias de los tribunales de Chajarí.

La jueza técnica será la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragon Pafundi, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Mauro Jaume Blanco y la fiscal Evelina Espinosa., delibera en Chajarí un jurado popular para determinar la responsabilidad de un ex jefe de la Policía Departamental de Concordia acusado de abuso sexual.

El ex jefe de la Policía de Concordia, José Enrique Querencio fue condenado en 2023 a 12 años de cárcel por abuso sexual de una menor. La decisión fue anulada por STJ en abril de 2024, por entender que al cambiar la calificación legal, el hecho debía ser juzgado nuevamente, pero esta vez por un jurado popular.

Por entonces, el Tribunal aceptó el planteo formulado por la defensa de cambiar de jurisdicción para realizar un nuevo juicio, remitiendo las actuaciones a la Oficina de Gestión de Audiencias, definiéndose que el mismo se desarrolle en Chajarí, según publicó Chajarí al Día.

Jonathan tenía 12 años cuando su padre recibió la máxima pena por haber asesinado a golpes a quien era por entonces su pareja, durante una visita conyugal en la antigua cárcel que funcionó en el centro de Gualeguaychú. Trece años después, ese adolescente corrió el mismo destino que su padre: recibió una condena de un año y dos meses de prisión efectiva en un juicio abreviado, donde se lo declaró primer reincidente por sus antecedentes penales.

Este joven de 25 años había quedado filmado en la madrugada del 29 de mayo de 2025, saltando el tapial e ingresado al patio de una vivienda en calle República Oriental 215, de donde sustrajo nueve juegos de camisetas del Club Sporting, un par de zapatillas y varias herramientas. Lo atraparon 24 horas después durante un procedimiento realizado por la Policía en calle Misiones y Guido Spano.

Luego de ello, tras recuperar la libertad, volvió a ser aprehendido en la madrugada del 20 de junio, junto a una mujer en la zona de Pueblo Nuevo. Habían violentado un Ford Falcon estacionado en un terreno ubicado en calle Rubén Darío al 800, de donde sustrajeron una billetera y otros elementos. Un vecino denunció y los atraparon en inmediaciones de calles Montevideo y José Ingenieros.

Por último, Schiaffino intentó robar una riñonera que se encontraba dentro de un Renault 12 estacionado en calles Luis N. Palma casi Brasil, pero lograron sorprenderlo en flagrancia y quedó detenido.

Por todo ello, fue imputado de los delitos de hurto agravado por ser perpetrado con escalamiento (primer hecho), robo simple (segundo hecho) y hurto simple en grado de tentativa (tercer hecho). Se lo declaró primer reincidente y tras el acuerdo de un año y dos meses de prisión efectiva, fue trasladado a la Unidad Penal 9.

Una pelea en el Unidad Penal Nº1 de Paraná terminó con la muerte de un interno que había sido trasladado de urgencia al Hospital San Martín tras sufrir graves heridas cortantes. El violento episodio se registró dentro del establecimiento carcelario y generó un amplio despliegue de personal del Servicio Penitenciario.

La riña se produjo entre varios internos dentro de uno de los sectores de la cárcel y, en medio del enfrentamiento, uno de los reclusos recibió heridas de consideración, presuntamente provocadas con un arma corto-punzante.

El interno fue asistido inicialmente por personal sanitario dentro del propio establecimiento penitenciario. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se dispuso su traslado inmediato al Hospital San Martín de Paraná, donde terminó falleciendo.

Ahora, las autoridades judiciales buscan determinar cómo se originó la pelea y quiénes participaron del violento episodio. También se intenta establecer quién o quiénes fueron los responsables del ataque que provocó las heridas mortales al interno.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná resolvió este viernes el futuro inmediato de Leonardo Roberto Airaldi, el exdirigente de la Sociedad Rural de Diamante acusado de liderar una extensa red narcocriminal. Se determinó su traslado y condiciones de detención, luego del escándalo desatado por el presunto plan para contratar sicarios internacionales.

La medida judicial, firmada a horas del inicio del debate oral previsto para el próximo martes 3 de marzo, dirime las fuertes tensiones entre la fiscalía y la defensa. Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal había exigido que Airaldi sea calificado como “preso de alto riesgo” y solicitó su derivación urgente al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

En respuesta, su abogada defensora había presentado un hábeas corpus preventivo para frenar dicha reubicación, argumentando que implicaba un “agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención” y afectaba su derecho a defensa.

El productor agropecuario, bautizado mediáticamente como el “Gaucho narco”, se encontraba aislado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Su figura cobró un peso de extrema gravedad institucional esta semana, luego de que se revelara el testimonio de un informante sobre un presunto complot mafioso que involucraba el pago de 40 mil dólares a sicarios uruguayos. El objetivo del ataque apuntaba directamente contra las máximas autoridades que lo investigan: el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; el juez federal Leandro Ríos, y el fiscal José Ignacio Candioti.

Con la sentencia emitida este 27 de febrero, el TOF de Paraná busca garantizar la integridad física de los testigos y asegurar el normal desarrollo del juicio. Durante el proceso judicial que se avecina, se unificarán las causas por organización y financiamiento del narcotráfico en la región, sumado al expediente originado tras el hallazgo de casi 30 kilos de cocaína ocultos en una estancia en Puerto Gaboto (Santa Fe), propiedad atribuida al imputado.

Desde el Ministerio de Seguridad adelantaron que el traslado de Airaldi y sus 13 presuntos cómplices hacia los tribunales contará con un operativo de custodia sin precedentes en la capital entrerriana, blindando los alrededores de la sala de audiencias ante posibles amenazas de la banda criminal.

El cuerpo de Dante Oroño había sido trasladado días atrás hacia la Morgue Judicial de Oro Verde para que, tras la realización de la autopsia, los restos fueran entregados a sus familiares en Paraná y de esta forma evitar que debieran costear un traslado desde Gualeguaychú.

En la mañana de este jueves se realizó el examen autópsico y no se encontraron anormalidades o algún factor que pudiera determinar que fue víctima de una muerte violenta. Igualmente, se extrajeron tejidos y órganos que serán analizados en estudios anatomopatológicos.

También, según pudo saber El Argentino, la patóloga interviniente analizará la sangre para determinar la presencia de algún líquido. Pero hasta el momento nada hace sospechar que pudo tratarse de un crimen y por ello el cuerpo será entregado en las próximas horas a su familia.

Dante Oroño era uno de los procesados que se encontraba alojado en la Unidad Penal 9 a la espera de una resolución judicial. Había llegado desde Paraná por un robo agravado ocurrido el pasado 24 de diciembre, en donde había atacado a un hombre que vendía choripanes.

En ese momento, Oroño se encontraba bajo una medida de prisión domiciliaria, que violó para buscar comida. El defensor público, Sebastián Ludi, acordó la medida solicitada por la fiscal de Paraná, Paola Farinó, de dictarle 50 días en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú por robo agravado. Oroño ya tenía problemas de salud mental y antecedentes penales por los cuales había cumplido condena en la Unidad Penal 1 de Paraná.

Lo que debía ser el inicio de unas vacaciones terminó en una amarga experiencia para una familia de Santa Fe. Tras reservar una vivienda en la localidad de Santa Elena, cerca de Mar del Plata, descubrieron que habían sido víctimas de una estafa y, al reclamar, recibieron burlas de los propios delincuentes, quienes operarían desde una cárcel argentina.

Los damnificados relataron que abonaron 210.000 pesos como adelanto a un supuesto propietario contactado a través de redes sociales. Al llegar al domicilio pactado, una vecina les informó que la vivienda pertenecía a un familiar suyo y que nunca había estado en alquiler. Ante la sorpresa, la familia intentó comunicarse con la persona que había recibido el dinero, pero cada vez que llamaban o enviaban mensajes desde distintos teléfonos eran bloqueados de inmediato, lo que confirmó la maniobra fraudulenta.

La situación se tornó aún más insólita cuando, tras insistir con nuevos contactos, los estafadores respondieron enviando una fotografía en la que aparecían sonriendo dentro de una celda, presuntamente en un penal o comisaría, en actitud burlona hacia la familia perjudicada.

Los turistas intentaron radicar la denuncia en la comisaría de Santa Clara del Mar, pero aseguraron que no lograron que se iniciara ninguna actuación. “Nos dijeron que no podían rastrear el número, que no se podía hacer nada y que esto no era Estados Unidos”, relató uno de los afectados, quien además denunció que los policías “se nos rieron en la cara y no nos tomaron la denuncia”.

La familia sostiene que contaba con comprobantes de pago, el nombre del receptor del dinero y perfiles en redes sociales que coincidían con la persona que envió la foto desde la celda. Sin embargo, afirman que no recibieron respuestas ni medidas concretas por parte de las autoridades.

El caso expone una modalidad de estafa que se repite en distintos puntos turísticos del país y que, en este episodio, dejó al descubierto la impunidad con la que operan algunos delincuentes, incluso desde lugares de detención.

Nicolás Maduro ha sido trasladado al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal conocida coloquialmente como un "infierno en la Tierra" debido a su pésima reputación y duras condiciones de vida. El mandatario venezolano comparte ahora el destino de reclusos de alto perfil que pasaron por sus celdas, como el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El penal alberga actualmente a unos 1.200 internos que esperan juicio, entre ellos el rapero Sean 'Diddy' Combs y el presunto líder del cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada.

El MDC de Brooklyn ha sido el lugar de reclusión temporal para figuras centrales del crimen organizado y la política internacional:

Narcotráfico y Política: Además de "El Chapo" y "El Mayo", allí estuvo detenido el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el exsecretario de seguridad mexicano Genaro García Luna, quien denunció haber presenciado homicidios y apuñalamientos dentro del penal.

Caso Epstein: La británica Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, calificó las condiciones como "inhumanas, crueles y degradantes", llegando a comparar su celda con la de Hannibal Lecter.

Casos Recientes: En 2024 se sumó Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare.

El exasesor de Donald Trump, Michael Cohen, quien estuvo recluido allí en 2020, describió el lugar como "repugnante". Según su testimonio, los reclusos duermen en camas de acero con colchones de una pulgada y media, sin almohada y en celdas reducidas de ocho por diez pies.

La infraestructura del lugar ha sido objeto de demandas colectivas. En 2019, una falla dejó a los presos sin electricidad ni calefacción durante siete días en pleno invierno, con temperaturas de quince grados bajo cero, lo que derivó en una indemnización millonaria por parte del Estado.

El MDC de Brooklyn es una prisión federal de seguridad administrativa que alberga a detenidos en espera de juicio. Es conocida por sus condiciones severas, descritas por exreclusos como "inhumanas". Las celdas son pequeñas (aprox. 2.5 x 3 metros), con mobiliario de acero y colchones delgados. La instalación ha enfrentado denuncias por falta de personal, violencia interna, acceso limitado a servicios médicos y fallas en la infraestructura básica como la calefacción. (NA)

Ojeda se encontraba en una cárcel patagónica, cumpliendo una condena firme por homicidio y lesiones a raíz de prácticas estéticas clandestinas. Tenía dos sentencias: una dictada por la Justicia de Entre Ríos, a raíz de la muerte en 2019 de la ciudadana uruguaya Iris Amaro (45) tras una liposucción realizada en Concordia; y otra de Capital Federal, por el fallecimiento en 2022 de Débhora Campos Gonzáles, intervenida en un departamento utilizado como clínica ilegal en Villa General Mitre.

Ambas condenas fueron finalmente unificadas por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº1 de Buenos Aires, que fijó una pena única de 11 años de cárcel y extendió a 16 años la prohibición para ejercer la medicina.

En el juicio desarrollado durante el año 2024 en CABA, Ojeda admitió su responsabilidad ante los magistrados Fernando Ramírez, Luis Salas y Adrián Pérez Lance. Los jueces lo consideraron culpable de homicidio simple en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial, asignándole 8 años de prisión.

No obstante, al momento del fallecimiento de Campos Gonzáles, el cirujano ya tenía una condena previa de 8 años dictada en Concordia y una inhabilitación de 16 años. Por esa razón, el tribunal porteño dispuso la unificación de penas en 11 años, que cumplía en el penal de Ezeiza. Los fundamentos del fallo se conocerán oficialmente el 1º de octubre.

La Fiscalía, representada por Horacio Azzolin y la auxiliar Jazmín Auat, había solicitado en su alegato la pena que finalmente otorgó el tribunal, poniendo especial énfasis en que Ojeda operó violando una prohibición profesional vigente desde enero de 2021. Diario Río Uruguay

La causa se inició en agosto del 2023, cuando de manera anónima se denunció que en una casa ubicada en Bolivia y Clavarino, más precisamente en un ranchito pegado a esa vivienda, Brian Andrés Guerrero, un sujeto de 32 años, vendía estupefacientes al menudeo. Se trata de una persona muy conocida en la zona, que pese a su actividad no tenía antecedentes.

En esa oportunidad, la fiscal Natalia Bartolo le requirió al juez de Garantías, Ignacio Telenta, una serie de allanamientos que llevó adelante la Policía de Gualeguaychú en algunos domicilios de la zona este y en esa vivienda en particular que había sido señalada en la denuncia anónima, se secuestraron 100 gramos de cocaína fraccionada y una suma cercana a los 400 mil pesos, producto de la comercialización de la droga.

Guerrero fue detenido en ese procedimiento y 48 horas después se dispuso una prisión preventiva que cumplió durante un tiempo hasta que se transformó en un arresto domiciliario. Tiempo después la causa fue elevada a juicio y en este 2025, a poco de iniciarse el debate público, Guerrero decidió adecuarse a un procedimiento abreviado.

Uno de los atenuantes fue la falta de antecedentes, pero debido a la contundencia de las pruebas en su contra, la pena debía ser de cumplimiento efectivo. Fue así que con acuerdo de partes, se dispuso una prisión de 4 años que ya cumple en la Colonia Penal El Potrero.

Una investigación por grooming y ciberacoso sexual infantil culminó en un operativo simultáneo en Entre Ríos, Capital Federal y Buenos Aires, tras la denuncia de una familia de La Paz, en la provincia de Entre Ríos. La madre de una niña alertó que su hija estaba siendo víctima de extorsiones a través de redes sociales, donde un desconocido le exigía contenidos sexuales bajo amenaza de difundir imágenes previas.

El seguimiento de la causa, encabezada por la Fiscalía de La Paz, permitió descubrir que el autor de los mensajes era un preso de 45 años alojado en la Unidad Nº 35 de Magdalena, un penal de máxima seguridad bonaerense. A pesar de su reclusión, el hombre tenía acceso a dispositivos electrónicos desde los cuales contactaba a menores y las coaccionaba para obtener material íntimo.

“La investigación se inició en marzo, cuando una madre advirtió que su hija estaba siendo acosada y extorsionada a través de Instagram con perfiles falsos”, explicó a Elonce el jefe de la División Cibercrimen de Entre Ríos, Ariel Escobar. “La joven estaba en una situación de estrés, no salía de su habitación ni quería ir al colegio, por lo que su madre decidió denunciar”, agregó.

Seguimiento y pruebas claves

Con la intervención judicial, los investigadores realizaron un exhaustivo seguimiento digital de las cuentas involucradas y lograron rastrear la IP hasta el penal bonaerense. Escobar detalló que el sujeto le pedía videos íntimos a la niña y la amenazaba con difundirlos entre sus compañeros de escuela si no cumplía sus exigencias.

El acusado posee frondosos antecedentes policiales y cumple una condena de 15 años por delitos similares. Desde su celda, mantenía contacto con posibles cómplices y se sospecha que formaba parte de una red dedicada al intercambio de material de abuso sexual infantil.

“Se realizaron allanamientos en Hurlingham y otros puntos de la provincia de Buenos Aires, donde se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y material audiovisual con contenido de abuso infantil”, informó el funcionario.

Un perfil reiterado y antecedentes alarmantes

El caso no es aislado. Según registros judiciales, el hombre ya había sido procesado por delitos contra la integridad sexual en causas anteriores. En un antecedente de características similares, una investigación de la Fiscalía Nº5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, reveló que el mismo sujeto había seguido extorsionando a víctimas desde la cárcel, pese a estar condenado, detalló el medio Primerplanoonline.

En aquel expediente se expuso el caso de una adolescente de Ituzaingó, sometida a vejaciones virtuales mediante engaños por redes sociales. El hecho dio origen a la operación “Niñas empoderadas”, que permitió detectar una trama de abusadores digitales que actuaban desde establecimientos penitenciarios.

Un relevamiento realizado de los registros judiciales indica que un total de 40 personas se encuentran actualmente prófugos de la justicia entrerriana, enfrentando acusaciones por una variedad de delitos que incluyen homicidio, robo calificado, abuso sexual y narcotráfico.

La situación pone de manifiesto la complejidad de las tareas de búsqueda y captura, con una distribución desigual de estos evadidos entre distintas jurisdicciones.

La única mujer que aparece en el registro es Patricia Fabiana Cabral condenada a 10 años y medio de cárcel en 2014 por el asesinato de Carolina Britez, ocurrido en diciembre de 2013 en la ciudad de Federación.

La mujer es requerida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Gualeguaychú por los delitos de homicidio y lesiones leve desde el 6 de febrero de 2021.

La condenada se esfumó tras una salida de la cárcel y hasta el día de hoy, según los datos oficiales, no ha sido localizada y sigue figurando en el listado de evadidos.

Entre las personas que se encuentran prófugas de la justicia en la provincia hay chilenos, uruguayos, brasileños y paraguayos. Todos vinculados a causa por narcotráfico.

Los desafíos en la búsqueda

La tarea de ubicar y capturar a estos prófugos se ve dificultada por varios factores. Primero porque no hay equipos de búsqueda. Y segundo es importante señalar que los registros consultados no brindan información sobre la existencia de un sistema unificado de búsqueda a nivel nacional ni comparativas con un «Registro Nacional» en términos de cantidad de personas.

Tampoco se detalla si los sistemas de búsqueda cuentan con fotografías de todos los evadidos y si esa información esta viralizada entre las dependencias de Policía de todo el país.

Mucho destacan las bondades del sistema que se utiliza actualmente, pero fuentes policiales consultadas sostienen que es “lento” y muy “burocrático”.

La información proporcionada en los registros no aborda directamente la cuestión de la unificación de sistemas de búsqueda o la disponibilidad de fotografías de los prófugos en todos los sistemas. Por lo tanto, no es posible confirmar estas afirmaciones con los datos de las fuentes.

Sin embargo, la dispersión de los prófugos en distintas jurisdicciones y la complejidad de los casos subraya la importancia de herramientas de búsqueda robustas y completas para la eficacia de las fuerzas de seguridad en la persecución de estos individuos que, en muchos casos, llevan años evadiendo la acción de la justicia.

“Buscados”

Los datos oficiales indican que la ciudad de Paraná encabeza la lista de jurisdicciones con la mayor cantidad de prófugos asociados. Un total de 20 evadidos son requeridos por juzgados y tribunales de la capital entrerriana, incluyendo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal y el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná. Entre ellos se encuentran acusados por delitos como infracción a la Ley 23.737 (estupefacientes), robo calificado y homicidio en grado de tentativa.

Le sigue Gualeguaychú, con al menos 11 prófugos requeridos por su Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Los delitos en esta jurisdicción son igualmente variados, abarcando desde robo calificado hasta homicidio.

Otros distritos como Concepción del Uruguay también reportan una cantidad significativa de prófugos, principalmente por delitos relacionados con estupefacientes.

En la actualidad no hay comisiones de búsqueda de prófugos, tampoco hay listado público provincial. A nivel nacional este el Registro Nacional de Reincidencia que tiene en su listado cuatro entrerrianos con fotos. Todos con requerimientos de juzgados de la ciudad de Gualeguaychú.

Evadidos en el tiempo

Entre la lista de evadidos, hay tres casos destacan por el largo tiempo que llevan en situación de fuga, algunos de ellos superando la década. Estos son los prófugos con la mayor antigüedad en los registros:

-Fabián Ariel Martínez: en fuga desde el 17/03/2013. El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú lo requiere por robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y portación ilegítima de arma de guerra.

-Cesar Antonio Silva: prófugo desde el 14/07/2013. Es buscado por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná por robo agravado por uso de arma y portación de arma de fuego de uso civil.

-Norberto Salvador Sosa: Su fuga se registró el 06/08/2013. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal PNA (Paraná) lo requiere por transporte de estupefacientes.

El Ángel que cayó y volvió a volar

Fabián Martínez sabía que su cabeza en prisión tenía precio. Por eso decidió esfumarse. Era un preso de alto perfil. Sin embargo, en Entre Ríos lo autorizaron para visitar a su abuela que estaba enferma. Llegó y enseguida se fue. Se esfumó.

Entre el 21 y el 22 de julio de 2006, el conurbano bonaerense fue escenario de un doble crimen brutal que sacudió a la justicia y expuso los vínculos oscuros entre el robo de medicamentos, el crimen organizado y el Estado.

Adrián Ferrara, de 34 años, líder de una banda dedicada al robo por encargo de fármacos oncológicos y para el VIH, fue asesinado en Virreyes. Su esposa, Marcela Valdéz de 19, apareció muerta al día siguiente en su casa de Luis Guillón, tras doce horas de tortura.

El bebé de ambos, de apenas diez meses, fue dejado con vida: un gesto que más tarde revelaría complicidades internas.

La investigación, marcada por silencios y pistas cruzadas, tardó tres años en dar con el presunto autor: Fabián Ariel Martínez, alias “El Ángel”, uno de los subalternos de Ferrara. Según el expediente, Martínez lo habría matado por venganza: lo trataba con desprecio y no repartía los botines como se había pactado.

El crimen fue meticuloso, mafioso, y dejó huellas que conectaban a la banda con el triple crimen de General Rodríguez. Martínez fue detenido en 2009 en la ciudad de Colón, tras haber usado una identidad falsa para despistar a los investigadores. En su poder se halló una PlayStation robada de la casa de Ferrara, que había sido usada en otro secuestro. La Justicia lo procesó por homicidio agravado y lo condenó por causas adicionales: robo agravado, privación ilegítima de la libertad y portación de arma de guerra.

Pero la historia no terminó ahí.

En marzo de 2013, mientras cumplía condena en la cárcel de Gualeguaychú, Martínez recibió un permiso judicial para visitar a su abuela enferma en Buenos Aires. Lo que parecía un gesto humanitario terminó en una fuga cinematográfica.

Aprovechando la cercanía de una villa de emergencia, Martínez —esposado— logró escapar minutos antes del mediodía. Paradójicamente, fue la propia abuela quien alertó a las autoridades. Desde entonces, permanece prófugo.

La fuga dejó al descubierto fallas en el sistema penitenciario y judicial, y reactivó las alertas sobre los vínculos entre bandas criminales, proveedores de medicamentos y estructuras estatales. Martínez, el Ángel caído, volvió a volar. Y hasta hoy, nadie sabe dónde aterrizó. Análisis

Un insólito intento de ingreso de estupefacientes a una unidad penitenciaria fue frustrado por personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. El hecho se registró en la Unidad Penal N° 8 de Federal, donde agentes detectaron sustancias ilícitas ocultas dentro de milanesas que una mujer intentaba hacer llegar a un interno.

Según fuentes oficiales, el procedimiento tuvo lugar durante un control de rutina en el área de ingreso. Al inspeccionar los alimentos, que presentaban relleno inusual, se detectaron envoltorios sospechosos. Tras su análisis, se comprobó que contenían aproximadamente 0,4 gramos de sustancias prohibidas.

El accionar rápido y profesional de los agentes permitió abortar el intento. La sustancia fue secuestrada de inmediato y se dio aviso a las autoridades judiciales competentes. El personal penitenciario destacó el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad, reforzados tras episodios similares en distintas unidades del país.

Desde la institución señalaron que el episodio reafirma “el compromiso del equipo para evitar el ingreso de elementos ilegales y preservar el orden dentro del penal”. La sospechosa quedó identificada y se iniciaron las actuaciones pertinentes.

Luego del hallazgo, se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a la Justicia Federal, que deberá determinar la calificación legal del hecho. La investigación buscará esclarecer el nivel de participación de la implicada y si existen antecedentes similares vinculados al interno.

“Este tipo de maniobras exige mantener la vigilancia constante”, expresaron desde el Servicio Penitenciario, remarcando que se trabaja en coordinación con fuerzas de seguridad para prevenir situaciones de este tipo en toda la provincia. (Con información de APFDigital y El Once)