La Legislatura de Entre Ríos sancionó la Ley Nº 11.232, que adhiere al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor establecido a nivel nacional y fija nuevas obligaciones para comercios, prestadores de servicios y el propio Estado. La norma, ya promulgada por el gobernador Rogelio Frigerio y publicada en el Boletín Oficial, apunta a transparentar la carga impositiva que incide en los precios y a visibilizar el origen de los recursos con los que se financian las prestaciones públicas.

Uno de los ejes centrales de la ley es la obligación de informar de manera clara y diferenciada el precio final de bienes y servicios y el valor neto sin impuestos. Según establece el artículo 2°, los contribuyentes que vendan productos o presten servicios a consumidores finales deberán exhibir ambos valores, aclarando expresamente el monto sin IVA, sin impuestos nacionales indirectos y sin tributos provinciales, bajo la leyenda obligatoria “precios sin impuestos”.

El incumplimiento de estas disposiciones será considerado una infracción a los Deberes Formales previstos en el Código Fiscal provincial, lo que habilita a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a aplicar sanciones.

El otro punto que generó mayor repercusión es la eliminación del término “gratuito” en la publicidad estatal. El artículo 4° de la ley prohíbe que los servicios o prestaciones públicas de libre acceso, tanto provinciales como municipales, sean difundidos como gratuitos. En su lugar, deberá indicarse que están “solventados con los tributos de los contribuyentes”. El objetivo, según se explicó durante el debate legislativo, es reforzar la idea de que los servicios del Estado tienen un costo que se cubre de manera colectiva a través de los impuestos.

La norma también invita a los municipios a adherir al régimen y a dictar ordenanzas propias que permitan identificar la incidencia de tasas y tributos locales en los precios finales, ampliando el esquema de transparencia a nivel municipal.

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para reglamentar la ley y definir los mecanismos concretos de implementación. La iniciativa fue aprobada el 13 de noviembre y cuenta con las firmas de legisladores de distintos bloques, lo que reflejó un amplio consenso político.

David Miazzo, economista argentino especializado en el sector agroindustrial fue el encargo de analizar la nueva situación del semáforo de las economías regionales. Con una trayectoria que incluye su paso como Economista Jefe de la Fundación FADA y su actual rol al frente de la consultora DATA Miazzo, se ha convertido en una voz de referencia en el análisis de las economías regionales. En diálogo con EL ARGENTINO, Miazzo explicó que “de las 19 actividades relevadas, seis actividades están en rojo, ocho en amarillo y cinco en verde”.

El semáforo de economías regionales es una herramienta técnica de Coninagro y cuenta con la colaboración de Miazzo. La misma monitorea actividades productivas del agro y las clasifica en tres colores: verde, amarillo y rojo: “El indicador se construye a partir de tres componentes: el de negocios (precios y costos), el productivo y el de mercado (exportaciones, importaciones y consumo interno)” afirmo el profesional.

En el último relevamiento, seis actividades quedaron en rojo: yerba mate, arroz, papa, vino mosto, hortalizas y algodón. Este último se incorporó recientemente debido a la caída de precios nominales durante el último año y a una baja del 15% en la producción respecto de la campaña previa. “Las actividades en rojo muestran un componente de negocios muy complicado, donde los precios evolucionan por debajo de los costos y de la inflación”, dijo Miazzo a EL ARGENTINO.

Según la Cámara Algodonera Argentina, la actividad atraviesa “el peor año en décadas”, con precios que crecieron apenas un 10% interanual frente a una inflación del 31,8%, lo que implica una pérdida real de más del 20% en el poder adquisitivo. Además, la campaña 2024/25 cerró con una merma del 15% en la producción.

Desde la Cámara Algodonera Argentina, su presidente, Carlos Almiroty, hizo referencia a este contexto: “ La actividad está atravesando un contexto de fuertes pérdidas productivas, precios atrasados y un mercado interno desbordado por la importación de fibra. La sequía, el estrés térmico y la suba de los costos llevaron a que los rindes promedio se desplomaran hasta 400 kilos de fibra por hectárea, cuando en un año normal rondan los 700”.

El caso de la papa y la yerba mate es paradigmático: una buena producción durante gran parte del último año se encontró con una demanda que no reaccionó en la misma proporción, lo que terminó deprimiendo los precios. Es la doble cara del agro argentino: mientras algunos sectores exportadores logran sostenerse, gran parte de las economías regionales se hunden en pérdidas constantes.

Alfredo Pereyra, presidente de la Federación Argentina de Productores de Papa, explicó la difícil situación que atraviesa el sector, con precios bajos y costos elevados. Según Pereyra, aunque este año la cosecha fue abundante, los precios han caído a niveles tan bajos que los productores se encuentran trabajando a pérdida. “El productor está pasando un momento malo de precios, hemos tenido una muy buena cosecha de papa, pero los precios son muy bajos, lo cual hace que estemos trabajando a pérdida.”

En amarillo se ubican ocho actividades, entre ellas forestal, miel, maní, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas. Estas últimas habían estado en verde el mes pasado, pero volvieron al amarillo por malos datos de precios al productor. “La volatilidad es otro rasgo de estas economías: un mes pueden mostrar señales de recuperación y al siguiente retroceder por factores de mercado o por la falta de políticas de apoyo”, comentó Miazzo.

José Carbonell, presidente de Federcitrus explicó que el sector atraviesa un escenario complejo pero esperanzador: “Las economías productivas sufrieron bajo una gran carga impositiva, elevados costos y falta de rentabilidad, lo que llevó a un achicamiento del sector y la caída de las exportaciones”. Desde la entidad citrícola mencionaron que: “El total de cítricos frescos exportados en esta campaña se ubicará por encima de las 310.000 ton, lo que muestra una recuperación con respecto al 2024 y 2023, cuando los volúmenes fueron inferiores a las 300.000 ton. Pero aún hay un largo camino por andar, para alcanzar las 350.000-400.000 ton, habituales hace algunos años”.

Finalmente, cinco actividades se encuentran en verde: bovinos, porcinos, ovinos, aves y granos. En gran medida, las carnes han mostrado un mejor comportamiento en términos de precios respecto de la inflación, impulsadas por una restricción de oferta que ayuda a sostener la demanda y por buenos precios internacionales. En el caso de los granos, la mejora se explica por el repunte de precios internacionales, la baja de retenciones desde julio y la eliminación temporal en septiembre, además de un tipo de cambio más favorable para las exportaciones.

La producción aviar muestra un panorama de luces y sombras pero con un saldo positivo. Los productores recibieron en septiembre valores que, aunque reflejaron una baja en el pollo, se compensaron con una fuerte suba en los huevos. La estabilidad en la producción —más de dos millones de toneladas de carne y más de mil millones de huevos en el último año— garantiza abastecimiento, mientras que el consumo interno sigue creciendo: cada argentino come hoy un kilo más de pollo que el año pasado. A pesar de que las exportaciones retrocedieron y las importaciones avanzaron, el mercado interno sostiene la actividad y permite que el sector se mantenga en verde.

La carne vacuna también se ubica en la zona positiva del semáforo. Los precios del novillo y del ternero aumentaron un 45% en un año, superando a la inflación y dando aire a los productores. Aunque el stock de animales se redujo levemente, la producción creció y el consumo interno mostró una suba, consolidando la presencia de la carne en la mesa de los argentinos. El mercado externo, además, traccionó con fuerza: las exportaciones crecieron más del 40% y se convirtieron en un motor clave para sostener la rentabilidad. Por eso, pese a las tensiones de costos y a la caída del stock, el sector bovino se mantiene en verde, respaldado por precios firmes y demanda sostenida.

El semáforo, más allá de su carácter técnico, expone una realidad política y social. La necesidad de políticas diferenciadas que contemplen la diversidad productiva del país es evidente. No es lo mismo producir granos para exportación que sostener una economía regional que depende del mercado interno y del empleo local.

Sin un abordaje integral, las producciones en rojo corren el riesgo de profundizar su crisis, afectando empleo, arraigo y desarrollo territorial. El semáforo de Coninagro se convierte así en una radiografía mensual de las desigualdades sectoriales del agro argentino.

La persistencia del rojo en productos como el vino, la papa o la yerba mate refleja que detrás de cada cifra hay productores, trabajadores y comunidades enteras que dependen de estas actividades. La falta de rentabilidad no es un dato técnico, es una amenaza concreta para el tejido social y económico de vastas regiones del país.

La posible eliminación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes encendió nuevas alarmas entre quienes advierten por el impacto económico y social de la medida. M.A.R.A. (Monotributistas Asociados de la República Argentina) expresó su “profunda preocupación” ante la intención del Gobierno Nacional de avanzar hacia una reforma tributaria que trasladaría a los monotributistas al Régimen General de Autónomos, una estructura fiscal más compleja y costosa.

Según la entidad, más de cuatro millones de personas en todo el país se verían directamente afectadas. El planteo se intensificó luego de trascendidos que atribuyen la iniciativa a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la reestructuración impositiva que estudia el Ministerio de Economía.

Desde M.A.R.A. sostienen que la propuesta oficial implicaría un retroceso en términos de inclusión fiscal. Advierten que miles de trabajadores independientes, profesionales, cuentapropistas y pequeños emprendimientos quedarían fuera de la formalidad al no poder afrontar la carga administrativa y tributaria del régimen de Autónomos, que exige mayor nivel de facturación, liquidación de impuestos más compleja y costos previsionales sensiblemente más elevados.

La contadora Noelia Villafañe, titular de la asociación, consideró que el cambio “conduciría inevitablemente a la clandestinidad a millones de personas”, una situación que —señaló— tendría consecuencias directas sobre la recaudación, la actividad económica y la estabilidad de pequeños negocios que funcionan en todas las provincias.

La entidad recordó que ya había advertido este escenario en octubre de 2024, cuando tomó conocimiento de los primeros borradores de la reforma fiscal. Desde entonces, mantuvo reuniones con diputados del oficialismo y de la oposición, buscando alternativas que preserven la formalidad de los pequeños contribuyentes sin afectar los objetivos del Ejecutivo.

Entre los planteos acercados al Congreso se destaca una contrapropuesta técnica diseñada por el equipo de profesionales de M.A.R.A., que incluye ajustes en la tabla de categorías, un esquema de actualización más previsible y mecanismos para sostener la incorporación de trabajadores independientes al sistema, sin generar saltos abruptos en la carga impositiva.

La organización reiteró que sus objeciones no apuntan a frenar la modernización del sistema tributario, sino a evitar un daño directo sobre un sector que sostiene una parte significativa del empleo independiente y del movimiento económico local, especialmente en ciudades medianas y pequeñas.

Mientras el Gobierno define el contenido final de la reforma, M.A.R.A. pidió que el debate se abra de manera formal y que se escuchen las voces de quienes serían los principales afectados. La entidad insiste en que cualquier modificación debe contemplar la realidad fiscal del país, pero también la capacidad contributiva de millones de trabajadores que dependen del régimen para sostener su actividad diaria.

“Como he dicho en otras oportunidades, las fechas comerciales siempre son positivas. Se espera que, en una fecha tan vinculada a lo sentimental, como lo es el Día de la Madre, el comercio repunte y tenga algo de movimiento”, explicó a EL ARGENTINO Federico Laderach, Secretario del Centro de Defensa Comercial de Gualeguaychú.

La recorrida previa a el Día de la Madre, muestra un panorama de poco movimiento: en las principales arterias comerciales, como 25 de Mayo y Urquiza, la actividad continúa siendo baja. Ante la consulta de EL ARGENTINO, muchos comerciantes no dudan en definir que las consultas vienen sumamente bajas, y que “el movimiento es muy similar al de los últimos meses, donde el ritmo entró en una meseta. Los rubros vinculados a los regalos para mujeres o madres esperan con ansias esta fecha, pero los días previos muestran una previa fría, con poca consulta y pocas ventas”, sostienen.

Por su parte, Laderach dejó en claro el panorama. “En los días de semana previos uno va midiendo y viendo el termómetro de cómo está la calle y la realidad es que hoy se ve una previa al Día de la Madre muy fría, en donde hay poca consulta y pocas ventas. Eso se puede revertir el día sábado a la tarde, pero lo veo muy complicado, lo vemos muy complicado los comerciantes”.

Caída en la actividad comercial y locales cerrados

Laderach señaló que la actividad económica “ha mermado y hoy oscila entre un 15 y un 20 por ciento menos en ventas que el año anterior”. Recordó además que “ya el año pasado se partía desde un piso bajo” y que “desde mitad de este año hubo un freno que desaceleró la economía en casi todos los sectores”.

Solo algunos rubros esenciales, como alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, lograron sostener su nivel de ventas. “Todo lo que está por fuera de lo esencial muestra una caída sin lugar a dudas”, sostuvo.

Sobre la presencia de locales con carteles de “liquidación por cierre definitivo”, el secretario indicó que “la cantidad de bajas se equiparó con la de altas, por lo que no hubo una reducción significativa en el número total de comercios”.

De todos modos, reconoció que “hay un movimiento importante: muchas arterias tienen locales vacíos o con alquileres muy elevados, y los comerciantes buscan alternativas más accesibles o migran a las ventas digitales”.

Competencia con las plataformas digitales

El Secretario del Centro de Defensa Comercial, también advirtió sobre la incidencia de las plataformas que venden productos importados directamente a los consumidores. “Estas plataformas ya marcan tendencia y generan una competencia desleal para el comercio local. El comerciante tiene que adaptarse y tratar de competir, porque las plataformas están para todos”, afirmó.

No obstante, subrayó las dificultades estructurales del comercio local. “Cuando quiero competir con un producto que entra de afuera, me encuentro con que mi precio está desfasado. Nuestra estructura de costos tiene una elevada carga fiscal y altos costos energéticos, logísticos y de servicios. Argentina hoy es cara en impuestos, energía, conectividad y transporte”, dijo y agregó: “Esta carga impositiva no es de este gobierno; viene arrastrándose desde hace 30 o 40 años”.

Esperanza de una baja impositiva

De cara al futuro, Laderach manifestó que el sector “tiene buenas expectativas respecto de que finalmente se reduzca la carga impositiva”. “Ya se logró equilibrar los números de la macroeconomía, ahora hay que trabajar sobre la micro y sobre los impuestos. Hay esperanza de que eso se logre en esta segunda etapa”, expresó.

El dirigente también remarcó que el problema no es solo nacional. “El costo más dañino está en las provincias, con el impuesto a los Ingresos Brutos, que es el más distorsivo y regresivo. Afecta a todas las empresas porque se aplica sobre el volumen bruto de ventas, sin considerar los costos que tuvo la empresa para brindar el servicio”, explicó.

“Hay una buena expectativa respecto de que finalmente se bajen los impuestos y la carga tributaria, dado que lo primero que había que hacer que era reducir el gasto público y equilibrar los números de la macro, eso se hizo. Entonces, el Gobierno hoy no puedo venir a decir, ‘primero tengo que bajar y equilibrar los números de la macro’, porque entendemos que eso ya sucedió”.

“La economía no puede proyectarse sobre especulaciones”

Consultado sobre las previsiones económicas en un contexto de alta incertidumbre, Laderach advirtió que “trabajar sobre especulaciones genera incertidumbre y convierte la economía en una timba financiera”. Sobre todo, en un momento previo a las elecciones legislativas, donde se vaticinan al menos dos o tres cambios de valores con respecto al dólar. “Cuando se proyecta la economía en base a especulaciones, muchos recursos terminan yendo a sectores financieros en lugar de a los productivos. Lo único que da garantías es la producción”, enfatizó.

Finalmente, señaló que la clave es generar previsibilidad. “Lo importante es que se respete una banda cambiaria clara y estable, porque eso genera credibilidad y confianza. No importa si el dólar está alto o bajo, lo que importa es la previsibilidad. Cuando no se cumple la palabra, lo que se rompe es la confianza”, concluyó.

El sábado, el norte entrerriano volvió a latir con fuerza en una nueva edición de la Expo Rural de Feliciano, organizada por la Sociedad Rural local. Dirigentes ruralistas de toda la provincia, productores y cabañeros se dieron cita para mostrar lo mejor de la producción y la genética entrerriana.

La pista se llenó de calidad y excelencia con ejemplares de las principales razas bovinas y ovinas, reflejo del esfuerzo y la pasión que distinguen a nuestros criadores.

Al mediodía, el Acto Inaugural reunió a autoridades y dirigentes: el presidente de la Sociedad Rural de Feliciano, Joaquín Mancioni; Nicasio Tito, titular de Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer); José Colombatto, vicepresidente 1º de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quienes destacaron el rol de las rurales, la importancia de la sanidad animal y el compromiso del sector productivo.

A su turno, Tito expresó: "Desde FARER valoramos y mucho este tipo de encuentros porque son ocasiones especiales donde el campo y la ciudad se unen en un apretón de manos sincero y sin intermediarios, donde podemos dar cuenta real del trabajo anual del campo entrerriano".

Además, el titular de Farer señaló que "seguiremos pidiendo por las rutas y caminos, por la pesada carga impositiva, por la conectividad de las poblaciones de tierra adentro, por servicios que permitan que los pobladores del interior profundo tengan una mejor calidad de vida y por tantas cosas más".

Por su parte, Colombatto en su momento expresó: "Desde Confederaciones Rurales Argentinas seguimos reclamando lo que es justo: Libertad para producir, menos cargas fiscales, más infraestructura, acceso al crédito y políticas que reconozcan la importancia estratégica del campo para toda la Nación".

En este marco, Frigerio anunció la creación de una línea de asistencia para fortalecer la cadena ovina y caprina. La propuesta está integrada al Plan Ganadero Entrerriano y alcanza, además, a productores que estén planificando sumarse a la actividad en la provincia.

El costo de llenar el changuito del supermercado se disparó en julio en varias regiones del país. Según un relevamiento privado, la compra mensual de alimentos y bebidas para una familia tipo de clase media (dos adultos y dos menores) puede superar los $769.000, cifra que representa más de la mitad de la Canasta Básica Total (CBT) medida por el INDEC, indicador que marca la línea de pobreza.

Aunque existen diferencias entre jurisdicciones, la brecha no resulta tan marcada. La canasta más cara se detectó en Santa Cruz, con un gasto de $769.319, seguida por Chubut ($759.467), Tierra del Fuego ($751.937) y Río Negro ($742.188). Los costos logísticos y de distribución en la Patagonia explican gran parte de estas subas, según el relevamiento de la consultora Analytica.

En el extremo opuesto, el nordeste argentino registra los valores más bajos: Formosa ($693.746), Chaco ($693.219) y Misiones ($691.579). La diferencia entre el ticket más alto y el más bajo supera los $77.000 en un mes.

Llama la atención el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que, lejos de liderar el ranking, se ubica entre las más económicas con un gasto de $705.323, gracias a la proximidad a centros de distribución y a la fuerte competencia comercial. No obstante, fue una de las jurisdicciones con mayor suba mensual (+1,8%).

En términos de variación mensual, las mayores subas se registraron en Jujuy (+3,9%), Catamarca (+2,5%) y Corrientes (+2,5%). En valores absolutos, Catamarca encabeza con un alza de $34.000, seguida por Corrientes (+$29.927), Jujuy (+$28.213) y La Rioja (+$23.139).

Las provincias patagónicas, en cambio, mostraron las menores alzas: Tierra del Fuego (+$8.631), Neuquén (+$6.422), Río Negro (+$5.404) y Santa Cruz (+$4.997).

Además de la logística, la carga impositiva también impacta en los precios. Un estudio del IERAL destaca que Misiones presenta la mayor presión tributaria efectiva (12,9% de su Producto Bruto Geográfico), seguida por Tucumán (8,0%) y Buenos Aires (7,2%).

Entre los alimentos, el pan lactal encabezó los aumentos en casi todas las provincias con alzas superiores al 5%. El azúcar también mostró subas generalizadas de entre 3% y 5%, con picos del 7,6% en San Juan y Misiones.

El café instantáneo aumentó entre 2% y 3% en la mayoría de los distritos, mientras que las supremas de pollo envasadas subieron hasta 5%. En contraste, algunos productos registraron bajas: la lata de choclo se abarató hasta 5,5% en Chaco, y el dulce de leche retrocedió más de 4% en CABA, Chaco y La Pampa.

Por su parte, el INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 1,9% en julio. Una familia tipo necesitó $515.405 para no caer en la indigencia. En tanto, la Canasta Básica Total (CBT), que incluye además bienes y servicios esenciales (excepto alquiler de vivienda), también avanzó 1,9%. De esta manera, la misma familia necesitó $1.149.353 para no ser considerada pobre.

El próximo domingo se celebrará el Día de la Niñez y, aunque no se esperan cifras récord, los comercios de Gualeguaychú confían en que la fecha pueda aportar un leve impulso a las ventas. Así lo señaló a EL ARGENTINO el secretario del Centro de Defensa Comercial, Federico Laderach, quien describió un panorama económico como “delicado” para el sector.

“Estas fechas siempre generan una expectativa por encima de lo habitual. Si bien el Día de la Niñez no moviliza todos los rubros como el Día de la Madre o el Día del Padre, es una jornada importante que suele suponer un incremento de ventas respecto a los días normales”, explicó.

Sin embargo, Laderach advirtió que el contexto actual limita las proyecciones. “Hoy no hay circulante. El movimiento económico en la calle es mínimo, necesario e indispensable. No veíamos un freno así desde hace dos o tres años”, sostuvo. Entre las causas, apuntó a “precios todavía altos, una carga impositiva que no baja y una competencia feroz de productos importados y ventas online que no tributan lo mismo que el comercio local”.

En ese sentido, remarcó que el peso de los impuestos municipales, provinciales y nacionales “se vuelve insoportable sin rotación de mercadería” y que el ingreso de productos del exterior “sin las mismas cargas impositivas” genera una competencia desigual.

Por esta falta de compra en efectivo, se observan incontables carteles en comercios de calle 25 de Mayo o Urquiza, con promociones y descuentos.

Si bien coincide con el fin de temporada de invierno, el faltante circulante de efectivo es sumamente notorio. “La realidad es que sabemos que en la calle hoy no hay dinero, no hay circulante, y eso ha freezado la actividad económica. Realmente el comercio local ha tocado piso en el sentido de que no hay movimiento económico. Literalmente, no hay movimiento. Hay un montón de razones, pero la principal razón es que hay falta de circulante, falta de efectivo, a eso sumarle que los precios de los bienes y servicios que se comercializan tienen un promedio alto aún, los precios están altos, el promedio de los precios de los bienes y servicios que se comercializan en el mercado local y en el mercado argentino aún están altos, deberían seguir bajando”.

No hay una competencia equitativa

Otro de los aspectos que mencionó Laderach en diálogo con EL ARGENTINO, es la competencia desigual que se ve con productos importados que se pueden adquirir en muchas plataformas digitales. “Cuando un particular vende un producto casi a precio de costo, lo hace porque no tiene estructura comercial que sostener: no paga empleados, no abona un alquiler ni afronta una carga tributaria. En muchos casos, incurre en evasión fiscal, lo cual es un delito, aunque el consumidor no lo sepa”.

A eso se suma una competencia que no es desleal, pero sí desigual, con las plataformas internacionales de compras como Amazon, entre otras. Un ejemplo: con 50 dólares se pueden comprar diez remeras en China que llegan en quince días. El problema es que esa caja de remeras no pagó Ingresos Brutos, ni tasas municipales, ni IVA. En cambio, el comerciante local que vende ese mismo producto debe afrontar esas tres cargas impositivas, lo que lo coloca en una clara desventaja.”

Ventas en un 30% menos que en 2024

Entre otras características del presente comercial, este 2025 presenta índices que ya empiezan a ser “más que preocupantes” según Laderach, sobre todo si no hay un cambio fuerte en vistas al movimiento comercial.

“En comparación con el mismo período de 2024, las ventas cayeron en promedio un 30%. De mantenerse las condiciones actuales, la proyección hacia el verano no es alentadora. Si no hay reformas tributarias profundas, veremos más desempleo, cierre de persianas y una recesión agravada”, alertó.

Laderach señaló que en lo macroeconómico las medidas del Gobierno “no son incorrectas”, pero insistió en que “sin alivio impositivo por ley” el comercio local no podrá sostenerse el movimiento comercial.

Desde la medianoche de este lunes, los combustibles de YPF registran una nueva suba del 2,5% a nivel nacional. Según comunicó la empresa, la actualización responde a un “seguimiento permanente sobre los precios variables que impactan en los costos de producción”, con especial foco en el valor del crudo.

Con este nuevo ajuste, los precios en surtidores quedaron establecidos de la siguiente manera: la Nafta Súper pasó a costar $1259, la Nafta Premium $1490, el Diésel común $1264, y la Infinia Diésel $1459. La compañía destacó que este incremento forma parte de su política de precios dinámicos y anunció que continuará evaluando la evolución del mercado para definir posibles microajustes futuros, contemplando franjas horarias y regiones.

Además, el aumento se enmarca en un proceso de monitoreo más preciso impulsado por el nuevo Centro de Monitoreo en Tiempo Real (RTIC), que permite a la firma estatal optimizar sus decisiones comerciales en función de la demanda y los costos logísticos.

Se trata del segundo incremento en lo que va de julio —el anterior, del 3,5%, se aplicó el día 1— y el cuarto en lo que va del año. El primero ocurrió en febrero con una suba promedio del 2%, mientras que en mayo se aplicó un alza menor, de entre 0,2% y 0,4%, vinculada al precio de los biocombustibles.

En un intento por mitigar el impacto del nuevo valor en el bolsillo de los consumidores, YPF mantiene vigentes descuentos especiales para usuarios que paguen a través de la app oficial. Entre las 0 y las 6 de la mañana, el beneficio es del 3%; mientras que las estaciones con modalidad de autodespacho ofrecen un descuento adicional del 3% durante todo el día. Al combinar ambas opciones, el ahorro puede llegar al 6%.

Con este nuevo ajuste, el mercado sigue reflejando la tensión entre los costos de producción y la necesidad de sostener precios competitivos. Desde la conducción de la empresa aseguran que continuarán monitoreando el escenario económico para tomar decisiones con “mayor precisión y agilidad”, según destacaron en el comunicado oficial.

La actualización confirma la tendencia alcista de los combustibles en el año, en un contexto de inflación persistente, alta volatilidad cambiaria y presión sobre los precios regulados. En los próximos meses, el comportamiento de las variables macroeconómicas será clave para definir si habrá nuevas correcciones.

Netflix ajustó sus tarifas en Argentina con un incremento cercano al 20%, que impactará en las suscripciones de julio y comenzará a cobrarse en las facturas de agosto. Este aumento afecta a los tres planes principales de la plataforma y también a las cuentas extra, una función que permite agregar usuarios fuera del hogar principal.

Con estos nuevos precios, el servicio de streaming elevó sus valores base sin contemplar impuestos, los cuales aumentan considerablemente el monto final que pagan los usuarios argentinos. Este cambio de tarifas representa el segundo ajuste en lo que va del año.

A continuación, el detalle de los nuevos valores nominales sin impuestos, y luego, el cálculo estimado del costo final con los tributos aplicables en Argentina.

Netflix mantiene tres planes principales que varían según la calidad de reproducción y la cantidad de pantallas simultáneas habilitadas. Además, sigue vigente la posibilidad de agregar cuentas extra, con un valor adicional.

Los valores actualizados sin impuestos son:

Plan Básico: $4.299

Plan Estándar: $7.199

Plan Premium: $9.699

Cuenta extra: $1.699

El plan Básico permite el uso del servicio en una sola pantalla a la vez y en calidad estándar. El plan Estándar ofrece reproducción en dos pantallas simultáneas con calidad HD. Por último, el plan Premium permite cuatro pantallas al mismo tiempo y calidad Ultra HD.

Los precios indicados son los oficiales sin carga impositiva y se verán reflejados en la sección de cuenta de cada usuario al momento del cobro correspondiente.

Costos finales con impuestos incluidos

En Argentina, los servicios digitales como Netflix están alcanzados por dos tributos: 21% de IVA y una percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, conforme a la Resolución General 5450/2023 de AFIP.

Esto genera una carga total del 51%, que se suma directamente al precio base informado por la plataforma. A continuación, se muestra el costo final estimado de cada plan, incluyendo estos tributos:

Plan Básico con impuestos: $4.299 + 51% = $6.492,49

Plan Estándar con impuestos: $7.199 + 51% = $10.870,49

Plan Premium con impuestos: $9.699 + 51% = $14.664,49

Cuenta extra con impuestos: $1.699 + 51% = $2.566,49

Los valores finales varían según el tipo de cambio aplicado en caso de pago en moneda extranjera o si el servicio se factura directamente en pesos argentinos. Además, pueden existir pequeñas diferencias según el banco o medio de pago utilizado, ya que algunos aplican redondeos o percepciones adicionales.

Comparación con precios anteriores

El aumento anunciado representa una suba del 20% respecto de los valores anteriores, lo que se traduce en un incremento significativo en el gasto mensual de los usuarios. Antes del ajuste, los precios eran los siguientes:

Plan Básico: $3.599

Plan Estándar: $5.999

Plan Premium: $7.999

Cuenta extra: $1.499

La diferencia representa $700 más en el plan Básico, $1.200 más en el Estándar, $1.700 más en el Premium y $200 más en la cuenta extra. Estas cifras no incluyen la carga impositiva, que también se incrementa proporcionalmente.

Sindicatos de Tierra del Fuego encabezan una huelga general por 24 horas. La medida de fuerza surge luego de que el gobierno de Javier Milei confirmará - con su publicación en el Boletín Oficial del pasado martes - la baja de aranceles e impuestos internos a celulares y otros productos electrónicos importados.

Además de la medida de fuerza de este miércoles, desde hace una semana numerosas fábricas frenaron su actividad por tiempo indeterminado. Según la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), desde el están afectadas las fábricas de Río Grande y Ushuaia de Newsan, Mirgor, Solnik, Radio Victoria, BGH y de Midea Carrier.

La medida, según detallaron desde el sector gremial, es en "defensa de la soberanía, los puestos de trabajo y la industria nacional". Durante este miércoles, se esperan cortes y concentraciones frente a supermercados y plantas fabriles en la provincia.

El paro fue convocado por numerosos sectores trabajadores de la provincia en reclamo a la reciente medida sobre los aranceles a las importaciones. La medida fue confirmada a través de un documento - firmado por diferentes actores gremiales - en el que se remarca que la medida surge "en rechazo absoluto" a las decisiones de Milei.

"Exigimos la marcha atrás de todas las medidas implementadas que atentan contra la industria, los puestos laborales y la dignidad de miles de familias de nuestra provincia", asegura el texto.

"Este conjunto de medidas que significarán la pérdida de más de la mitad de los puestos de trabajo en la industria fueguina responde a una nueva concesión del Gobierno de Javier Milei a las imposiciones del FMI, a cambio de un préstamo que le permite mantener en pie un plan económico insostenible".

Desde la UOM, plantearon que a raíz de las medidas tomadas por el gobierno nacional, se encuentran en peligro cerca de 6000 puestos de trabajo. A excepción de Petroleros - que se encuentra bajo conciliación obligatoria -, confirmaron la adhesión al paro ATE, ATSA, Asimra, La Bancaria, Judiciales, Remises, Colectivos, entre otros numerosos sindicatos.

Uno de los puntos que más se reclama es que las medidas benefician a equipos importados, ya que la reducción impositiva será mayor para la mercadería extranjera. Esto, según sostienen, dejará a las compañías locales en desventaja para competir en el mercado.

En detalle, el pasado martes el Gobierno confirmó una reducción significativa en los impuestos que afectan a productos tecnológicos importados. A través del Decreto 333/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la baja de aranceles a la importación de celulares y consolas de videojuegos, así como una reducción en los impuestos internos para teléfonos móviles, televisores, aires acondicionados y monitores.

La medida había sido anticipada la semana pasada por el vocero presidencial Manuel Adorni, en medio del cierre de campaña electoral porteña, y - según detalló el Gobierno - se enmarca en una política orientada a incentivar la competencia y facilitar el acceso a la tecnología.

Celulares importados: la alícuota bajo del 16% al 8%, y se eliminará por completo el 15 de enero de 2026.

Consolas de videojuegos: la tasa cae del 35% al 20%.

Impuestos internos: para celulares, televisores, monitores y aires acondicionados, la carga impositiva baja del 19% al 9,5%.

Productos de Tierra del Fuego: si se acredita su origen en el Área Aduanera Especial, la alícuota de impuestos internos se reduce del 9,5% al 0%.

Además, el Ejecutivo anunció que se habilitará el sistema de courier entre el área aduanera fueguina y el continente, con el objetivo de agilizar la logística y mejorar los precios para el consumidor final.

El sector arrocero argentino, particularmente en Entre Ríos, enfrenta una crisis de competitividad que amenaza con provocar una contracción del 15% en la superficie sembrada para la próxima campaña y una salida del 17% de los productores. Así lo advirtió el productor e industrial Jorge Paoloni, ex presidente de la Federación de Entidades Arroceras.

La coyuntura combina factores estructurales y coyunturales: caída del precio internacional, alta presión impositiva, encarecimiento de la energía eléctrica y serias deficiencias logísticas que impactan directamente en la rentabilidad del cultivo.

Según Paoloni, “el arroz rindió bien este año. Fue una de las mejores campañas en una década. Pero con el precio actual, de entre u$s200 y u$s210 por tonelada, los números no cierran para el productor argentino. Mientras países como Uruguay, Brasil o Paraguay logran exportar con rentabilidad a ese precio, en Argentina los sobrecostos lo hacen inviable”.

Uno de los elementos que más incide en la ecuación económica del arroz es el riego, y con él, el costo de la energía eléctrica, que en Entre Ríos puede representar hasta el 33% del costo total por hectárea. El productor e industrial arrocero advirtió que “los cargos fijos que impone ENERSA, la empresa distribuidora provincial, encarecen enormemente el servicio. Aunque el productor utilice electricidad solo tres meses, debe pagar facturas los nueve restantes. No se trata solo del kilowatt, sino de un sistema tarifario distorsionado, lleno de impuestos y tasas”.

En ese contexto, muchos productores optaron por dar de baja sus pozos eléctricos, pese a haber invertido en redes e infraestructura. El problema no es nuevo, pero se agravó con la última actualización de tarifas y la falta de medidas provinciales para amortiguar el impacto.

A los sobrecostos energéticos se suma una estructura impositiva compleja. En particular, Paoloni cuestionó la decisión del gobierno provincial de elevar recientemente al 5% la alícuota de ingresos brutos sobre el sector, una medida que afecta tanto a productores como a industrias arroceras.

“La provincia va a contramano de lo que necesita la producción. Mientras en otros distritos se habla de reducir tributos, acá suben los impuestos al sector más intensivo en mano de obra y logística”, señaló. Según estimaciones del sector, la presión tributaria total supera el 50% si se consideran IVA, cargas sociales e impuestos provinciales.

Además, los insumos agropecuarios locales son más caros que en países vecinos: maquinaria, neumáticos y repuestos pueden costar entre 50% y 100% más que en Brasil o Paraguay, incluso tratándose de productos nacionales.

La falta de infraestructura portuaria adecuada también limita el acceso a los mercados. Si bien Entre Ríos cuenta con puertos como Concepción del Uruguay o Ibicuy, estos no operan a pleno o están virtualmente inactivos para el granel agrícola. Según Paoloni, "el productor tiene que ir a Rosario o Buenos Aires. Los costos logísticos en esas terminales se comen cualquier posibilidad de ganancia”.

Este escenario favorece la concentración de la actividad en grandes grupos industriales, que cuentan con acceso propio a mercados, logística integrada y economías de escala. En contraste, los pequeños y medianos productores enfrentan dificultades crecientes para sostenerse, incluso tras haber retornado a la actividad durante la suba de precios en 2023.

En la provincia hay unanimidad en un concepto que es muy claro. Si bien el arroz no tiene retenciones, si no se baja el costo de producir, de exportar y de financiarse, la superficie va a seguir cayendo y los productores van a desaparecer.

Paoloni fue claro al señalar que la salida no pasa solo por el tipo de cambio. Si bien una devaluación mejora los ingresos por exportación, la clave está en reducir los sobrecostos internos y generar condiciones para la competitividad estructural. Esto implica, entre otras cosas, adecuar las tarifas eléctricas para el riego, revisar la carga fiscal sobre la producción primaria y reactivar la infraestructura portuaria regional.

“El productor argentino tiene capacidad, tecnología y experiencia. Lo que le falta es un entorno económico y logístico que no lo castigue por querer trabajar”, afirmó. En su caso, gestiona una pyme familiar junto a sus hijos, con producción y procesamiento propio en el departamento San Salvador. Su planta emplea a 50 personas, en una localidad que cuenta con 16 molinos arroceros, lo que da dimensión del impacto social de este sector.

A pocas semanas de que comiencen las decisiones de siembra para la próxima campaña, la cadena arrocera entrerriana se encuentra en una encrucijada. Si no se adoptan medidas urgentes, el recorte de superficie será inevitable y con él se profundizará la pérdida de productores, empleos y capacidad exportadora.

El arroz es una economía regional estratégica, con alto valor agregado y fuerte demanda laboral. Pero sin competitividad interna ni condiciones externas favorables, el riesgo de retroceso es real y creciente. (Con información de Ámbito).

“Aunque los rindes sean buenos, el productor está cada vez más en rojo” advierten desde FAA de Entre Ríos. El Director del Distrito III de la Federación Agraria Argentina, Matías Martiarena fue enfático al sostener que: “Por más que los rindes sean buenos, los números están cada vez más en rojo”. En este contexto explicó que, “de no prorrogarse y aplicarse un mayor porcentaje a la baja de retenciones, los productores podrían atravesar una de las peores campañas. La soja sigue arrojando pérdidas y, en el mejor de los casos, apenas empata”, señaló.

A esta situación se suma la saturación de la logística, la escasa demanda y la consecuente caída de precios. Además, generaron malestar las recientes declaraciones del Presidente, Javier Milei y legisladores liberatorios, quienes con liviandad minimizan la carga impositiva que soporta el sector agropecuario. “Al parecer nada ha cambiado con respecto a gobiernos anteriores, nos vinieron a convencer con libertad, pero siempre y cuando seamos nosotros los que paguemos la fianza”, cuestionó Martiarena.

Desde el Distrito III de FAA creemos que es necesario que todo el entramado político, desde los poderes Ejecutivo y Legislativo comprendan la asfixiante situación que atraviesa el productor agropecuario. Asimismo, las entidades gremiales del agro, sin distinción de escala o tamaño, debemos estar en sintonía para defender los reclamos del sector.

“Hoy los números hablan por sí solos. Quien no quiera entenderlo, tal vez sea la historia la que lo juzgue”, concluyó el dirigente.

La presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, advirtió que el atraso del tipo de cambio está afectando gravemente la competitividad de los productores agropecuarios del país. A pesar de la reducción de retenciones impulsada por el Gobierno nacional, sostuvo que el dólar sigue atrasado, lo que impide que el sector sea competitivo frente a los productores de países vecinos.

“En las operaciones que hacemos, notamos al dólar atrasado. No somos competitivos, aún con la baja de retenciones. Hay una brecha que todavía no se terminó de ajustar”, afirmó Sarnari en una entrevista con radio Futurock, publicada por Página 12.

Preocupación por la competencia desleal con Brasil y Paraguay

Uno de los puntos que más preocupan a la entidad es el impacto que tiene la importación de productos agrícolas de Brasil y Paraguay en los mercados locales. “En Misiones, la yerba importada es más barata que la nacional, lo cual destruye a los productores locales. Lo mismo ocurre con la banana en Formosa”, alertó Sarnari.

Además, comparó la carga impositiva que enfrentan los productores argentinos con la de sus competidores regionales. “Nosotros estamos con un 26% de retenciones en la soja, mientras que en los países vecinos es cero. Esto nos pone en una posición muy desfavorable”, sostuvo.

El reclamo por la eliminación de retenciones

Desde la Federación Agraria reiteraron su reclamo para la eliminación de las retenciones a las exportaciones, un tema que ha generado tensiones con el Gobierno. “Hubo un pedido de retenciones cero, pero nos dijeron que no tienen plata para hacerlo. Entendemos la situación, pero la reducción temporal no nos sirve. Queremos un esquema de retiro paulatino, pero con un horizonte claro”, explicó la dirigente.

Este planteo se hizo durante una reciente reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que participaron representantes de la Mesa de Enlace. Según trascendió, el pedido generó malestar en el Gobierno, ya que la reducción de retenciones fue una estrategia para generar ingresos de divisas rápidamente, ante la demora del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sarnari sostuvo que el Gobierno espera que los productores vendan sus reservas de soja para que ingresen dólares al país, pero advirtió que la mayoría de los pequeños y medianos productores ya liquidó su cosecha en 2024. “El desembolso que espera el Gobierno no lo tienen los productores, sino los exportadores”, aclaró.

Caída del consumo y pérdida de rentabilidad

Otro factor que preocupa a los productores es la caída del consumo interno de alimentos básicos como carne, yerba y leche. Un informe de la Fundación Encuentro reveló que las ventas de estos productos han bajado entre 10 y 20% en los últimos meses.

Sarnari confirmó esta tendencia y lo vinculó con la pérdida del poder adquisitivo de la población. “El consumo interno se ha retraído, lo vemos como productores. No hay dinero para comprar y eso afecta toda la cadena productiva”, concluyó.

La FAA sigue insistiendo en la necesidad de un tipo de cambio más competitivo, una reducción definitiva de las retenciones y medidas que protejan a los productores frente a la competencia extranjera. Mientras tanto, la incertidumbre económica sigue marcando el rumbo del sector agropecuario.

La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Juan José Bahillo (Partido Justicialista), en respuesta a las dificultades económicas actuales, contempla la suspensión de apremios fiscales, el diferimiento del pago de Ingresos Brutos y exenciones impositivas, con especial atención a los pequeños y medianos productores.

"El sector agropecuario es un pilar fundamental de nuestra economía provincial, y hoy enfrenta una combinación de factores adversos que ponen en riesgo su sostenibilidad", declaró Bahillo. "Los precios internacionales fluctuantes, la fijación del tipo de cambio, las retenciones a las exportaciones y la reciente sequía han generado una situación crítica, especialmente para los productores de menor escala". Bahillo destacó que el objetivo del proyecto es brindar un alivio fiscal que permita a los productores sostener y potenciar sus actividades, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agropecuario a largo plazo. "Es un esfuerzo necesario para proteger a quienes trabajan la tierra y generan riqueza en nuestra provincia", afirmó el legislador.

El proyecto de ley, fundamentado en el principio de capacidad contributiva, propone las siguientes medidas: