La acción se enmarca en las políticas de control y protección de las especies ictícolas que impulsa el gobierno provincial. El operativo se realizó el martes por la noche, alrededor de las 22, en la intersección de Ruta Provincial 20 y la Nacional 18, mediante un trabajo articulado entre la Policía de Entre Ríos y la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia.

La intervención se originó tras información obtenida por la Brigada de Concordia que advertía sobre un posible cargamento trasladado sin la documentación correspondiente. Los agentes detuvieron la marcha de un furgón Peugeot Partner que era ocupada por dos hombres mayores de edad.

Durante la inspección, se constató el transporte de 29 dorados y 4 surubíes congelados, que totalizaban aproximadamente 400 kilogramos. Los infractores no contaban con la documentación que acreditara la procedencia de la mercadería ni con licencia de pesca, además de tratarse de especies vedadas.

Como resultado, se labraron las actas de infracción correspondientes en cumplimiento de la Ley Provincial de Pesca N° 4.892 y la Ley N° 1.174 de Protección del Dorado, y se procedió al decomiso total del cargamento.

Desde el Gobierno de Entre Ríos se destacó la importancia de estas acciones de control y fiscalización que buscan proteger los recursos ictícolas provinciales y preservar las especies autóctonas, en cumplimiento de las normativas vigentes. (APFDigital)

La noche del jueves no fue una más para el personal policial que patrullaba la zona del Acceso N.º 8. Un aviso emitido por un funcionario encendió las alarmas y derivó en un rápido operativo conjunto entre la División Guardia y Prevención y efectivos de Drogas Peligrosas.

Minutos después, una camioneta Volkswagen Amarok fue detenida. En su interior, dos hombres de 44 y 38 años se mostraron nerviosos ante el control. Los agentes, atentos a cada detalle, realizaron una inspección minuciosa del vehículo y no tardaron en encontrar lo que buscaban: varias bolsas con cortes cárnicos y una conservadora repleta de pescado.

Ante la sospecha de un delito rural, se solicitó la intervención de la Brigada de Delitos Rurales – Islas y del Veterinario Policial. El dictamen fue claro: los cortes pertenecían a ciervo axis, una especie exótica invasora, catalogada como plaga ambiental. Ninguno de los ocupantes tenía licencia de caza ni documentación que justificara el origen de la carne. La infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4.841 fue inmediata. La carne fue desnaturalizada en el lugar, siguiendo el protocolo.

Pero el procedimiento no terminó ahí.

Mientras se realizaban las actuaciones, otro vehículo —una Fiat Fiorino— fue interceptado. Su conductor, un hombre de 52 años, llevaba en la parte trasera un cargamento aún más llamativo: 724 kilos de pescado, sin ningún tipo de habilitación sanitaria ni documentación del SENASA. Las condiciones del transporte evidenciaban una clara infracción a la Ley Provincial de Pesca N.º 4.892 y a la normativa sanitaria vigente.

El operativo dejó como saldo tres personas demoradas, dos vehículos inspeccionados y más de media tonelada de productos incautados. Una vez más, la combinación de alerta temprana y acción coordinada permitió desbaratar maniobras que ponen en riesgo tanto a la fauna como a la salud pública.

En el marco de tareas de prevención y control en la zona de frontera, Prefectura Naval Argentina –Delegación Concordia–, bajo la conducción del prefecto Jorge Ribinski, llevó adelante un operativo que permitió desarticular un cargamento millonario de contrabando.

La acción se desarrolló en el kilómetro 328,6 del río Uruguay, en el paraje “El Boyero”, donde las unidades de Prefectura interceptaron dos embarcaciones que transportaban mercadería con destino a la República Oriental del Uruguay.

Como resultado del procedimiento, se detuvo a dos hombres de nacionalidad argentina y se secuestraron las dos embarcaciones junto a 43 bultos. Entre la mercadería se contabilizaron prendas de vestir, calzados, bebidas alcohólicas, productos de limpieza y medicamentos. El aforo total fue estimado en 45 millones de pesos, según publicó elonce.

El Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, dispuso el traslado de los detenidos y de la mercadería a la sede de Prefectura para continuar con las actuaciones de rigor. Posteriormente, se libraron allanamientos en dos domicilios con el objetivo de secuestrar armas, teléfonos y otros elementos vinculados a la causa.

Desde Prefectura Naval Argentina, en tanto, destacaron que este procedimiento reafirma el compromiso de la fuerza con la protección de las fronteras y la lucha permanente contra el contrabando, en defensa de la seguridad pública y la legalidad.

La Justicia Federal de Gualeguaychú logró dar un golpe certero contra el narcotráfico al desbaratar una organización criminal que operaba entre Buenos Aires y Entre Ríos. La pesquisa se inició en enero de 2025, tras el aterrizaje forzoso de una avioneta en un campo de Ibicuy con 359 kilos de cocaína a bordo. El procedimiento derivó en la detención de un piloto brasileño y de una acompañante boliviana, y fue el punto de partida de un trabajo de inteligencia que, meses después, permitió desmantelar la estructura completa.

El caso tomó relevancia nacional al confirmarse que la organización, compuesta mayormente por ciudadanos peruanos, utilizaba aeronaves ligeras para trasladar cargamentos desde Bolivia hacia Argentina. El transporte era apenas la primera etapa de una logística más compleja: en la localidad bonaerense de General Rodríguez, los narcos habían construido una fosa especialmente acondicionada para ocultar la droga bajo tierra. Allí se hallaron 26.650 kilos de cocaína, enterrados y cubiertos con tierra para evitar la detección.

Las pesquisas, a cargo de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y el juez federal Hernán Viri, continuaron con seis allanamientos simultáneos realizados el 16 de septiembre: cinco en CABA y uno en General Rodríguez. En un departamento de alquiler porteño fueron secuestrados otros 23.020 kilos de cocaína listos para la distribución nocturna. En el vehículo utilizado por la banda se hallaron además 250 gramos fraccionados, balanzas de precisión y dinero en efectivo.

El resultado fue contundente: el secuestro total alcanzó 49.670 kilos de cocaína, dos automóviles, joyas, lingotes de oro, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y documentación clave para el avance de la causa. Cinco personas quedaron detenidas: cuatro de nacionalidad peruana y una argentina. Entre los principales sospechosos figuran integrantes de la familia Villanueva, señalados como proveedores de la avioneta Cessna empleada en el transporte. Uno de los hermanos fue detenido en Madrid y enfrenta un pedido de extradición.

La operación, ejecutada por el Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería con apoyo de fuerzas especiales “Alacrán” y equipos de criminalística, permitió desarticular las tres etapas de la organización: transporte aéreo, logística de ocultamiento y comercialización urbana. Desde la justicia se valoró el carácter integral de la pesquisa, que unió tareas de inteligencia, cooperación internacional y procedimientos judiciales.

El hallazgo de la fosa subterránea y la magnitud del cargamento decomisado representan uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en la región en los últimos años. La causa sigue en trámite, con pedidos de captura internacional y el seguimiento patrimonial de los acusados para avanzar sobre el financiamiento de la red.

Mientras tanto, la investigación refuerza el papel estratégico de Entre Ríos como territorio clave en las rutas del narcotráfico, y abre el debate sobre la necesidad de mayores controles en corredores aéreos y rurales poco vigilados. La justicia federal ratifica así que el caso Ibicuy no fue un episodio aislado, sino la punta de un entramado criminal de alcance regional.

Este miércoles 10 de septiembre, en un control de rutina en la cabina de control técnico sanitario, ubicada en el Acceso Sur de la ciudad, se detectó que un cargamento de yogures presentaba condiciones inadecuadas para su conservación, incumpliendo los estándares establecidos por el Código Alimentario Argentino.

La mercadería, compuesta por 289 cajas que totalizaban 5.980 potes de yogur, fue inspeccionada minuciosamente.

Los controles revelaron que los productos se encontraban a una temperatura de entre 12°C y 14°C, superando ampliamente el rango permitido de 2°C a 8°C para su correcta conservación. Esta irregularidad representaba un riesgo para la salud pública, ya que la alteración en la cadena de frío puede favorecer la proliferación de microorganismos perjudiciales.

Como medida preventiva, y en cumplimiento de las normativas vigentes, se procedió a la destrucción y desnaturalización de la totalidad de los yogures con fluido, en presencia del chofer responsable de la carga. Este procedimiento asegura que los productos no aptos para el consumo no lleguen a los comercios ni a la mesa de los vecinos, priorizando la seguridad alimentaria de la población.

Estos controles bromatológicos, en los accesos a Gualeguaychú, permiten detectar a tiempo irregularidades en los alimentos que ingresan a la ciudad. Este tipo de operativos refuerza el compromiso del municipio con la salud pública, garantizando que los productos destinados al consumo cumplan con las condiciones sanitarias necesarias.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al secuestro de millonario cargamento ilegal de armas y material bélico tras operativo en Entre Ríos. Se recordará que, la semana pasada, la Prefectura Naval Argentina y el Ejército desarticularon un cargamento ilegal de armas y municiones en un corralón deshabitado de Pueblo Liebig, con un valor estimado superior a 29 millones de pesos.

“Un cañón -sí, leíste bien-, armas de todo tipo y alcance, municiones, granadas… ¡Un auténtico arsenal de guerra en un galpón deshabitado en Entre Ríos!”, publicó la ministra en sus redes sociales. “PNA dejó todo fuera de circulación. La investigación recién empieza, los culpables van a pagar”, anticipó.

Cabe aclarar que en el procedimiento se secuestraron 70 armas de fuego, entre ellas fusiles, escopetas, revólveres y pistolas. Además, se incautó un cañón Krupp de 75 mm, treinta y tres municiones de artillería, una granada de mano neutralizada y equipamiento militar, incluidos tres cascos M1 y un telémetro. Durante el registro también se hallaron más de 1.700 municiones de distintos calibres, con un valor total que supera los 29 millones de pesos.

La operación, que se denominó "Operativo KRUPP" estuvo, coordinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Prefectura Naval Argentina (PNA), con apoyo del Ejército Argentino; y contó con la participación de la Delegación de Inteligencia Criminal de Prefectura Colón y del Grupo de Artillería Blindado 2 “Mariscal Francisco Solano López” del Ejército, especializado en identificación de armamento y material bélico.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Hernán Viri, con la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Lucas Claret.

Cargamento millonario. Desarticularon un arsenal ilegal tras un operativo desarrollado en un corralón deshabitado de Pueblo Liebig, en el departamento Colón. En el procedimiento se secuestraron 70 armas de fuego, entre ellas fusiles, escopetas, revólveres y pistolas. Además, se incautó un cañón Krupp de 75 mm, treinta y tres municiones de artillería, una granada de mano neutralizada y equipamiento militar, incluidos tres cascos M1 y un telémetro.

Durante el registro también se hallaron más de 1.700 municiones de distintos calibres, con un valor total que supera los 29 millones de pesos.

La operación, que se denominó "Operativo KRUPP" estuvo, coordinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Prefectura Naval Argentina (PNA), con apoyo del Ejército Argentino; y contó con la participación de la Delegación de Inteligencia Criminal de Prefectura Colón y del Grupo de Artillería Blindado 2 “Mariscal Francisco Solano López” del Ejército, especializado en identificación de armamento y material bélico.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, que momentáneamente se encuentra subrogando el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, con la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Lucas Claret. (Con información de El Once)