Personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional fue el encargado de cumplir el martes con el traslado de la imputada en la causa conocida como “Potenciar Trabajo” que lleva adelante el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

La última resolución respecto a este caso se conoció el 8 de abril, cuando los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, analizaron el expediente caratulado “incidente de prisión de domiciliaria de Izaguirre, Carina Rocío Ester”, y dieron curso al requerimiento que había realizado la defensa.

Para el Juez Federal que llevó adelante el procesamiento, Izaguirre formaba parte de una organización social que presuntamente que cobraba por alimentos que debían ser entregados gratuitamente, y es señalada de obligar a las personas a formar parte de actos proselitistas.

Según confirmó EL ARGENTINO, la Justicia le atribuye a Izaguirre “que en el periodo comprendido entre al menos el año 2020 y hasta el día de su detención el 18 de diciembre de 2024, haber pertenecido a una organización criminal que llevaba a cabo intimidaciones a los beneficiarios del programa social Potenciar Trabajo, obligándolos a que abonen un porcentaje dinerario de dichos planes, a que entreguen sumas de dinero a cambio de la prohibición de la mercadería remitida por el Estado Nacional y a que vendan rifas, en tanto que si no lograban mandar los números asignados tenían que pagar los mismos a su costo”.

“Además, a los beneficiarios de dichos planes se los amenazaba de forma coactiva en tanto que debían realizar actos proselitistas políticos y de acompañamiento a marchas entre otros. En caso de incumplimiento de dichas intimidaciones y amenazas, a los beneficiarios se les daba de baja el plan social”, expresa uno de los párrafos del dictamen al que accedió EL ARGENTINO.

Entre los argumentos presentados por la defensa, que sirvieron para dar lugar a la prisión domiciliaria, la imputada está a cargo de dos adolescentes menores de edad, y que “su presencia es fundamental para la educación y el bienestar emocional de los chicos”. Además, señalan su arraigo y su trabajo en la ciudad.

El procesamiento de Izaguirre se confirmó en febrero de 2025. La decisión judicial implicaba la prisión preventiva “por considerarla autora del delito de amenazas coactivas, extorsión y usura, los cuales concurren en forma real”.

Finalmente, luego de extensos meses en prisión, la Justicia dictaminó “revocar la resolución de fecha febrero de 2025 y conceder la prisión domiciliaria a la encausada Carina Rocío Ester Izaguirre en domicilio denunciada bajo la implementación de un dispositivo de contralor electrónico junto a la prohibición expresa de comunicarse y o acercarse a personas beneficiarias del Plan Social y o vinculadas a la investigación en curso, todo ello sujeto a la verificación periódica de su acatamiento, lo que deberá ser tramitado por el juez instructor ante el organismo pertinente en conjunto con las demás condiciones de cumplimiento que éste considere corresponder para ese ejecutado del modo más restricto posible”.

El Juzgado federal de Gualeguaychú procesó y dictó la prisión preventiva de Carina Izaguirre, imputada de “haber pertenecido a una organización criminal que llevaba a cabo intimidaciones a los beneficiarios del programa social Potenciar Trabajo, obligándolos a que abonen un porcentaje dinerario de dichos planes, a que entreguen sumas de dinero a cambio de la prohibición de la mercadería remitida por el Estado Nacional y a que vendan rifas, en tanto que si no lograban mandar los números asignados tenían que pagar los mismos a su costo.”

Según la Justicia, estas irregularidades se en el manejo de los fondos nacionales se registraron entre el año 2020, hasta el día de su detención el 18 de diciembre de 2024”. Desde entonces, Izaguirre estuvo alojada en la Unidad Penal 9 con prisión preventiva, hasta que ayer la Cámara de Apelaciones de Paraná ordenó su excarcelación y dictó una prisión domiciliaria, con la colocación de una tobillera electrónica y otra serie de medidas para resguardar el riesgo procesal.

No hubo oposición a la excarcelación

Matías Farías, uno de los defensores, dialogó con EL ARGENTINO y explicó que este cambio en la modalidad de prisión sucedió luego que el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, negó la excarcelación de Izaguirre a pedido del fiscal Federal, pedro rebollo, que consideró que en la investigación estaban probados los “aprietes” de Izaguirre a los beneficiarios y que en su libertad podría incurrir en este delito y condicionar a los testigos en el juicio.

“La Cámara de Paraná revocó lo que había resuelto Viri e hizo lugar al pedido nuestro. Luego, la investigación en general, sigue en la etapa de instrucción, o sea, se sigue en la etapa de investigación y próximamente se elevará a juicio. Mientras todo eso ocurre, ella debía estar en su casa”, confió Farías.

“Como defensores, este dictamen nos da tranquilidad para seguir trabajando y llegar al juicio el día mañana con el arresto domiciliario y esperar ese juicio en el que vamos a demostrar que ella es inocente de todas estas cuestiones que le están imputando”, agregó el letrado.

“Es muy importante que ella vuelva a su casa porque tiene un hijo menor de edad, que necesita a su madre presente en el día a día, pero además porque ella tiene un emprendimiento de venta de tortas, porque se dedica a la repostería, entonces esto también va a ayudar en la economía de la familia. Es algo muy importante que le hayan dado el arresto domiciliario como lo pedimos”, manifestó el entrevistado a EL ARGENTINO.

El Fiscal de Cámara de Paraná no tuvo en cuenta las consideraciones que había realizado su par en Gualeguaychú para sostener la prisión preventiva y no fundamentó en la necesidad de mantener a la detenida encerrada porque con su libertad podía entorpecer la investigación.

“El Fiscal de Cámara coincidió con la defensa en esta cuestión de que no existían estos riesgos procesales y que el mejor criterio era que tuviera un arresto domiciliario, o sea morigerar la prisión preventiva por arresto domiciliario, sujeta a pautas de conducta. De nuestra parte, estábamos en contra de que ella hubiera apretado algún testigo, presionado, o hubiera amenazado, todo lo contrario. Siempre colaboró con el proceso, siempre se quedó en Gualeguaychú pese a que sabía que le habían realizado un allanamiento a la casa y nunca se intentó fugar, por eso pedíamos este beneficio”, explicó.

En una resolución con fecha 8 de abril, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la doctora Cintia Graciela Gómez, presidenta, y la doctora Beatriz Estela Aranguren, vicepresidenta y el tercer vocal en uso de licencia, analizaron el expediente caratulado “incidente de prisión de domiciliaria de Izaguirre, Carina Rocío Ester”.

Recordemos que Carina formaba parte de una organización social que recibía cientos de planes sociales por parte del Estado Nacional. La acusada está procesada por ser presuntamente responsable de cobrar por alimentos que debían ser entregados gratuitamente, y por obligar a las personas a formar parte de actos proselitistas.

Según confirmó EL ARGENTINO, la Justicia le atribuye a Izaguirre “que en el periodo comprendido entre al menos el año 2020 y hasta el día de su detención el 18 de diciembre de 2024, haber pertenecido a una organización criminal que llevaba a cabo intimidaciones a los beneficiarios del programa social Potenciar Trabajo, obligándolos a que abonen un porcentaje dinerario de dichos planes, a que entreguen sumas de dinero a cambio de la prohibición de la mercadería remitida por el Estado Nacional y a que vendan rifas, en tanto que si no lograban mandar los números asignados tenían que pagar los mismos a su costo.”

“Además, a los beneficiarios de dichos planes se los amenazaba de forma coactiva en tanto que debían realizar actos proselitistas políticos y de acompañamiento a marchas entre otros. En caso de incumplimiento de dichas intimidaciones y amenazas, a los beneficiarios se les daba de baja el plan social”, expresa uno de los párrafos del dictamen al que accedió EL ARGENTINO.

Entre los argumentos presentados por la defensa, indican que la imputada está a cargo de dos adolescentes menores de edad, y que su presencia es fundamental para la educación y el bienestar emocional de los chicos. Además, señalan su arraigo y su trabajo en la ciudad.

El procesamiento de Izaguirre se confirmó en febrero de 2025. La decisión judicial implicaba la prisión preventiva “por considerarla autora del delito de amenazas coactivas, extorsión y usura, los cuales concurren en forma real”.

Finalmente, luego de extensos meses en prisión, la Justicia dictaminó “revocar la resolución de fecha febrero de 2025 y conceder la prisión domiciliaria a la encausada Carina Rocío Ester Izaguirre en domicilio denunciada bajo la implementación de un dispositivo de contralor electrónico junto a la prohibición expresa de comunicarse y o acercarse a personas beneficiarias del Plan Social y o vinculadas a la investigación en curso, todo ello sujeto a la verificación periódica de su acatamiento, lo que deberá ser tramitado por el juez instructor ante el organismo pertinente en conjunto con las demás condiciones de cumplimiento que éste considere corresponder para ese ejecutado del modo más restricto posible”.