Entre Ríos se encamina a adherir a la Ley Antimafias nacional. Entre Ríos dio el primer paso hacia la adhesión a la Ley Nacional N° 27.786, conocida como Ley Antimafias, que busca combatir con mayor eficacia a las organizaciones criminales. La diputada provincial Carola Laner presentó el proyecto en la Legislatura, acompañada por legisladores del bloque Juntos por Entre Ríos. El objetivo es sumar a la provincia a un marco legal que permite enfrentar delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y la extorsión.

“Ya está presentado el proyecto de adhesión”, confirmó la diputada nacional Gabriela Lena, coautora de la iniciativa. En la misma línea, la diputada provincial Liliana Salinas destacó que la norma habilita herramientas “concretas para actuar” ante bandas delictivas con estructuras cada vez más sofisticadas. “No podemos permitir que el crimen organizado siga avanzando sin una respuesta firme del Estado. Desde mi banca, voy a acompañar con total convicción”, subrayó.

Una de las claves de la ley es la creación de “zonas sujetas a investigación especial”, que permiten a los fiscales delimitar áreas de alta conflictividad para acelerar investigaciones e intervenciones judiciales. También se contemplan penas de hasta 20 años de prisión por pertenecer a una organización criminal, aun sin haber cometido delitos específicos.

Desde el Congreso, la diputada nacional Nancy Ballejos expresó su respaldo al proyecto: “Me parece correcto solicitar la adhesión de la ley nacional, sobre todo cuando se trata de combatir delitos graves ejecutados por bandas que muchas veces corrompen a los más vulnerables”, sostuvo.

Otra herramienta central de la ley es la posibilidad de aplicar la extinción de dominio anticipada, es decir, el decomiso preventivo de bienes presuntamente adquiridos con dinero ilegal. Si bien no se requiere una condena firme, en caso de absolución el Estado deberá restituir el bien o compensar su valor, aunque no indemnizará por lucro cesante ni daño moral.

Aunque muchos de estos delitos son competencia de la Justicia Federal, la adhesión permitiría una articulación más eficaz entre las fuerzas nacionales y las autoridades provinciales. Según los legisladores, se trata de una herramienta indispensable frente al avance del crimen organizado.

La iniciativa ya fue presentada y está en agenda legislativa. Ahora, la decisión quedará en manos del parlamento entrerriano, que deberá demostrar si acompaña con acciones una demanda que crece en la ciudadanía. “No se trata de discursos, se trata de actuar”, advirtieron desde el oficialismo.

Entre Ríos se encamina a adherir a la Ley Antimafias nacional. Entre Ríos dio el primer paso hacia la adhesión a la Ley Nacional N° 27.786, conocida como Ley Antimafias, que busca combatir con mayor eficacia a las organizaciones criminales. La diputada provincial Carola Laner presentó el proyecto en la Legislatura, acompañada por legisladores del bloque Juntos por Entre Ríos. El objetivo es sumar a la provincia a un marco legal que permite enfrentar delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y la extorsión.

“Ya está presentado el proyecto de adhesión”, confirmó la diputada nacional Gabriela Lena, coautora de la iniciativa. En la misma línea, la diputada provincial Liliana Salinas destacó que la norma habilita herramientas “concretas para actuar” ante bandas delictivas con estructuras cada vez más sofisticadas. “No podemos permitir que el crimen organizado siga avanzando sin una respuesta firme del Estado. Desde mi banca, voy a acompañar con total convicción”, subrayó.

Una de las claves de la ley es la creación de “zonas sujetas a investigación especial”, que permiten a los fiscales delimitar áreas de alta conflictividad para acelerar investigaciones e intervenciones judiciales. También se contemplan penas de hasta 20 años de prisión por pertenecer a una organización criminal, aun sin haber cometido delitos específicos.

Desde el Congreso, la diputada nacional Nancy Ballejos expresó su respaldo al proyecto: “Me parece correcto solicitar la adhesión de la ley nacional, sobre todo cuando se trata de combatir delitos graves ejecutados por bandas que muchas veces corrompen a los más vulnerables”, sostuvo.

Otra herramienta central de la ley es la posibilidad de aplicar la extinción de dominio anticipada, es decir, el decomiso preventivo de bienes presuntamente adquiridos con dinero ilegal. Si bien no se requiere una condena firme, en caso de absolución el Estado deberá restituir el bien o compensar su valor, aunque no indemnizará por lucro cesante ni daño moral.

Aunque muchos de estos delitos son competencia de la Justicia Federal, la adhesión permitiría una articulación más eficaz entre las fuerzas nacionales y las autoridades provinciales. Según los legisladores, se trata de una herramienta indispensable frente al avance del crimen organizado.

La iniciativa ya fue presentada y está en agenda legislativa. Ahora, la decisión quedará en manos del parlamento entrerriano, que deberá demostrar si acompaña con acciones una demanda que crece en la ciudadanía. “No se trata de discursos, se trata de actuar”, advirtieron desde el oficialismo.

El Expediente 27.101 P propone reformar el artículo 240 del Código Procesal Penal e incorporar el artículo 354 bis, que introduce el concepto de “reiterancia delictiva”. Según la legisladora, el objetivo es garantizar que quienes cometan delitos y tengan antecedentes esperen el juicio en prisión preventiva, evitando así la denominada “puerta giratoria”.

Además, el proyecto busca modificar el artículo 340, estableciendo la obligatoriedad del uso de tobillera electrónica y controles estrictos en los casos de prisión domiciliaria.

Laner afirmó que su propuesta ha generado interés en distintos sectores y municipios de Entre Ríos, y destacó la necesidad de revisar el Código Procesal Penal para atender las demandas sociales y garantizar respuestas rápidas a las víctimas. “Mientras la impunidad siga siendo aliada de los delincuentes, la sociedad continuará desprotegida”, sostuvo.

El proyecto será debatido en el ámbito legislativo y podría convertirse en una de las reformas judiciales más relevantes en materia de seguridad en la provincia.