El Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos recibió este lunes al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, en el marco de una visita institucional destinada a fortalecer los lazos comerciales, evaluar proyectos de infraestructura regional y profundizar los esquemas de cooperación productiva entre el Estado provincial y los países miembros del bloque europeo.

La jornada formal dio inicio en la explanada de la Casa de Gobierno con el recibimiento protocolar al diplomático por parte del personal de las fuerzas de seguridad provinciales. Tras los saludos institucionales, las autoridades se trasladaron al despacho del mandatario provincial, donde se procedió a la firma del decreto correspondiente que declaró al representante diplomático como Huésped de Honor de la provincia.

Durante la audiencia inicial, se repasó el intercambio comercial existente entre el territorio entrerriano y la Unión Europea, el cual abarca transacciones corrientes con 23 naciones del continente. Asimismo, las partes abordaron el impacto de las pautas del acuerdo regional entre el Mercosur y la Unión Europea, destacando los envíos iniciales concretados por cadenas de valor locales pertenecientes a los sectores apícola, avícola, ganadero y arrocero.

En el transcurso del diálogo, las autoridades provinciales explicaron los alcances de los instrumentos normativos orientados a la captación de desembolsos de capital, entre los que se encuentra el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI). Dicho marco contempla la exención de tributos provinciales por un plazo de entre 15 y 20 años a aquellas empresas que asuman compromisos de radicación y generación de empleo registrado en la jurisdicción. Por su parte, la delegación europea señaló que las decisiones de inversión corporativa contemplan parámetros vinculados a la previsibilidad macroeconómica, la solidez de las instituciones públicas y la adopción de normativas relativas a la sostenibilidad ambiental.

En dicho espacio técnico se expusieron proyectos de obras públicas, infraestructura logística y adecuación de instalaciones portuarias con el objeto de analizar eventuales financiamientos o asociaciones operativas con firmas europeas. Al término del encuentro y de una posterior conferencia de prensa, las autoridades concluyeron la agenda con una visita a las instalaciones del MiradorTEC, centro abocado al desarrollo tecnológico, la innovación aplicada y la economía del conocimiento.

Por primera vez en 40 años, los trabajadores nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) están en huelga. Se concentraron este martes frente a la Casa de Gobierno en el marco de una jornada de protesta de 24 horas que apuntó contra el tratamiento del proyecto de ley de consorcios camineros, una norma que el gremio considera el puntal para el desmonte de la estructura técnica y operativa de la repartición estatal.

La Plaza Mansilla se encontraba con trabajadores con ropa de trabajo, chalecos color naranja y las banderas verde flúor con la inscripción de la entidad gremial. Además lanzaron pirotecnia ruidosa mientras la administración pública se retiraba de la Casa Gris.

Tras confirmar la intención de ingresar al recinto del Senado, el Secretario General de Soever, Federico Colominas, fundamentó la medida de fuerza. Señaló que el paro de 24 horas responde al tratamiento de la Ley de Consorcios Camineros, la cual "afecta directamente la estructura de Vialidad al tercerizar sus tareas". Además, denunció la falta de respuesta de la bancada oficialista: "Veníamos trabajando una propuesta alternativa con la oposición, pero desde el oficialismo no nos dieron respuesta al pedido de diálogo".

La jornada también expuso desprolijidades organizativas. Mientras en el sitio oficial de la Cámara de Senadores el debate estaba convocado para las 18, internamente se notificó que comenzaría a las 15 sin avisar formalmente.

Desde la conducción sindical advierten que esta iniciativa se suma a otros factores que erosionan el funcionamiento de la repartición, como recortes previsionales, la contratación de consultoras para la Dirección de Estudio de Proyectos, el cierre de zonales y la consecuente baja de maquinarias y personal.

Respecto a la magnitud de la medida, el propio Colominas aportó los datos de ausentismo laboral durante la jornada: "El acatamiento del paro en la provincia en toda la zona fue alrededor de un 85% y en Paraná fue alrededor de un 70%".

A la movilización en la capital se sumaron delegaciones que viajaron desde distintas zonales del interior provincial. A la espera del resultado de la votación, la conducción del gremio evaluará cómo continuar las acciones según lo que resuelva el Senado.

(Fuente: APFDigital)

Gestión hídrica, salud y obras fueron parte de la agenda de temas que el gobernador Rogelio Frigerio abordó con el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico. Fue en un encuentro de trabajo que el intendente mantuvo este jueves con el gobernador en Casa de Gobierno.

Durante la reunión, se coordinaron acciones de gestión y se evaluó el escenario climático regional. El intendente manifestó su preocupación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño en la zona sur de Entre Ríos, considerando la ubicación geográfica estratégica de la ciudad y el comportamiento de la cuenca del río Gualeguaychú frente al incremento de los caudales de agua.

Sobre este aspecto, Davico remarcó la importancia de abordar la situación de manera preventiva junto al gabinete provincial. “Estamos esperando una situación muy complicada, y quería expresarle al gobernador mi preocupación, por la parte donde está ubicada Gualeguaychú, al sur, ya que todo el agua que viene de arriba termina confluyendo allí; y lo de la cuenca del río Gualeguaychú, que es otra gran preocupación”, afirmó el intendente. Asimismo, indicó que el abordaje técnico y operativo continuará junto al resto de los presidentes municipales de la provincia.

En otro orden, las autoridades repasaron la agenda de infraestructura pública para la localidad de Gualeguaychú. En materia sanitaria, evaluaron el avance de las gestiones referidas al hospital Bicentenario, respecto de lo cual Davico expresó: “Obviamente estamos con ansias de que eso de una buena vez por todas se termine, porque la ciudadanía, no solo de Gualeguaychú, sino de todo el departamento, lo necesita”.

Finalmente, dialogaron sobre un programa provincial enfocado en la ampliación de tendidos de redes de gas natural para sectores urbanos.

(Fuente: Ahora)

Sin responder preguntas y con un mensaje leído, Adrián Ravier, el nuevo vocero del Presidente, hizo esta mañana su presentación oficial en la Casa Rosada. En un discurso ante la prensa acreditada, omitió referirse a las restricciones que el Gobierno mantiene sobre la labor de los periodistas que trabajan en la Casa de Gobierno, repasó su historia profesional y fijó los límites de su futura gestión: advirtió que no hablará sobre política partidaria ni sobre asuntos del Congreso ni la Justicia.

Tras la presentación, Ravier recibió una carta de los acreditados en la Casa Rosada que detalla la situación que atraviesan desde mayo pasado, cuando se reabrió la Sala de Periodistas, tras su histórico cierre.

Durante su presentación, Ravier no mencionó a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete que ejercía la función que ahora asume Ravier y que desde marzo pasado es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lo que lo marginó de seguir siendo la cara de la administración mileísta.

Tal como había sido anunciado, dijo que su primera conferencia de prensa será el martes próximo y está previsto que se repita semanalmente esos días.

En su presentación, transmitida en vivo, sí aludió a su relación con Javier Milei; sobre todo, a sus ideas comunes en materia de economía. Admitió que tuvieron sus “controversias”, pero dijo que quedaron atrás y destacó la buena relación que tienen hoy.

La designación del nuevo vocero, elegido directamente por el propio Milei, fue acompañada el lunes por la llegada de Fabián Fernández a la Secretaría de Comunicación y Prensa. En ese lugar estuvo hasta entonces Javier Lanari, que había llegado a la función con Adorni y fue uno de sus funcionarios más cercanos en estos dos años y medio de gestión.

Este viernes, Fernández estuvo en la primera fila de la presentación, en el Salón Héroes de Malvinas, en la planta baja de Casa Rosada. De buena relación con la prensa en general, Fernández es experto en comunicación política.

La llegada de la dupla de Ravier-Fernández buscará revertir un complicado escenario en materia comunicacional que enfrenta el Gobierno. Desde marzo pasado, cuando comenzó la serie de revelaciones sobre la situación patrimonial de Adorni, el Gobierno perdió el control de la agenda pública y, pese a numerosos intentos de retomarlo, no logró hacerlo.

En las diferentes terminales del Gabinete eso generó preocupación. Creen que el caso Adorni obstaculiza la gestión desde hace tres meses. El jefe de Gabinete abandonó las conferencias de prensa para evitar preguntas sobre su situación patrimonial y judicial, lo que también impidió el impacto de anuncios por esa vía. Además, diferentes funcionarios dejaron de visitar los sets de TV para evitar responder por la situación de Adorni.

Con las nuevas designaciones, en el oficialismo se ilusionan con una “oxigenación” y “una vuelta de página”.

“En los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno”, dijo Ravier en uno de los tramos de su exposición. Y agregó: “Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública”.

La presentación de este viernes fue ante la prensa acreditada en la Casa Rosada, que desde mayo pasado, luego de un inédito cierre temporario de la Sala, trabaja con fuertes restricciones de circulación que le impiden recorrer la sede gubernamental como históricamente se hizo.

Restricciones a la prensa.

La llegada de Ravier y Fernández abre la expectativa de que se reviertan las duras condiciones instaladas desde el 4 de mayo, cuando se reabrió la Sala. Se había cerrado tras una denuncia de la Casa Militar a la señal TN por presunto espionaje.

Esa presentación terminó siendo archivada por la Justicia en una decisión que tomó el juez Ariel Lijo tras un pedido en ese sentido del fiscal Gerardo Pollicita.

En su fallo, Lijo sostuvo que las grabaciones que motivaron la denuncia “no generaron condiciones aptas para revelar secretos concernientes a la seguridad nacional o del normal funcionamiento de la Casa de Gobierno y/o a la actividad de sus funcionarios” ni expusieron “información clasificada”. Y descartó que se hubiera cometido un delito. No obstante, las restricciones dispuestas por el Gobierno continúan vigentes.

El encuentro tuvo como objetivo dar a conocer los principales avances del plan económico del Gobierno Nacional y analizar sus implicancias en los diversos sectores y actividades con desarrollo en nuestra provincia.

Por parte del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), participaron los directores Juan Diego Etchevehere y Mariano Berisso.

Durante la reunión, Etchevehere transmitió al ministro Caputo que, desde el campo, se apoya el ordenamiento de las cuentas públicas, la estabilidad cambiaria, la baja de la inflación y la desburocratización del Estado que impulsa el Gobierno Nacional.

Asimismo, el directivo subrayó la necesidad de eliminar definitivamente las retenciones agropecuarias e igualar al sector con las restantes actividades económicas del país. En este sentido, reafirmó que, ante cada baja impositiva, el productor entrerriano responde con más inversión y producción en sus propias localidades.

Por su parte, el ministro valoró la importancia del campo y se comprometió a que cada ahorro fiscal que realice el Gobierno Nacional será destinado a disminuir la carga impositiva.

Gremios de la Multisectorial formalizaron su postura ante la comisión legislativa que analiza el proyecto del Ejecutivo Provincial. La presentación se realizó en el marco de la permanencia de la carpa docente frente a la Casa de Gobierno, respaldada por delegaciones de diversos departamentos.

El conflicto en torno al futuro del sistema previsional entrerriano sumó un nuevo capítulo de fuerte impacto político y social en la capital de la provincia. En un contexto de creciente movilización, los sindicatos que integran el frente gremial decidieron trasladar el masivo respaldo comunitario recolectado en las calles directamente al ámbito de discusión parlamentaria.

La Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional presentó formalmente este miércoles más de 50 mil firmas en rechazo al proyecto de reforma jubilatoria que impulsa el Poder Ejecutivo provincial. La entrega de los petitorios, que fueron recolectados en diversos puntos de la provincia, se realizó ante la Comisión que analiza la iniciativa en el ámbito legislativo.

La presentación coincidió con la cuarta semana de permanencia de la "carpa docente" instalada frente a la Casa de Gobierno, un espacio que funciona como epicentro de las protestas y que cuenta con la participación activa de trabajadores de diferentes sindicatos.

Durante la jornada de este miércoles, delegaciones de las seccionales de Nogoyá, Federación y Federal se sumaron a la concentración en la capital provincial. Los referentes gremiales destacaron que la cantidad de firmas obtenidas refleja un "contundente y unánime rechazo" a cualquier modificación que implique un retroceso en los derechos previsionales vigentes. "Estas firmas dan testimonio del aval ciudadano para que no se modifique la Ley Previsional", señalaron desde la Multisectorial.

Más allá de la entrega del petitorio, la carpa frente a la Casa de Gobierno mantuvo una intensa agenda a lo largo de toda la jornada. Al mediodía, la militante histórica de Agmer, Rosario Badano, expuso sobre "Memoria y transmisión: vida cotidiana y dictadura". En horas de la siesta, se presentó el libro "Expresiones de la cultura tradicional del monte de Montiel", realizado por el grupo de investigación Montiel.

El cronograma de la tarde preveía el cierre con la charla "La resistencia a la reforma previsional desde la salud laboral y una perspectiva de género", a cargo de Verónica Veik y Leandro Pozzi. Desde Agmer confirmaron que las seccionales provinciales continuarán rotando de manera diaria para sostener la carpa y visibilizar el reclamo mientras continúe el debate legislativo.

(Fuente: APFDigital)

El conflicto en torno al proyecto de reforma del sistema previsional entrerriano sumó un nuevo capítulo este martes con la continuidad de la protesta de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). El sindicato docente inició el octavo día de acampe frente a la Casa de Gobierno en la ciudad de Paraná, una medida de fuerza planificada de forma simultánea al avance del debate en la Cámara de Alta provincial.

La permanencia en la plaza central coincide con la agenda legislativa de las comisiones del Senado que analizan las modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones. Desde la conducción del sindicato señalaron que la intención es sostener una presencia visible y activa durante todo el proceso de discusión parlamentaria para manifestar el descontento del sector con los cambios propuestos.

Para garantizar la continuidad de la protesta sin desgastar a las bases, el gremio estructuró un sistema de postas diarias en el que se involucran los docentes de los diecisiete departamentos. La jornada de este martes contó con el despliegue de las delegaciones de Gualeguay, Gualeguaychú y Colón, quienes viajaron para acoplarse a los representantes de Paraná y a los integrantes de la Comisión Directiva Central.

Según explicaron los organizadores, el espacio frente a la gobernación excede el esquema tradicional de protesta y sumó una dinámica de formación interna. El cronograma diario del acampe incluye:

La Ley 8.732 regula el sistema de movilidad y los requisitos de edad y aportes para los trabajadores públicos de Entre Ríos. Los gremios rechazan cualquier modificación que altere el 82% móvil o aumente la edad jubilatoria.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) retomó este martes el campamento frente a Casa de Gobierno, en Paraná, como parte de la protesta contra el proyecto de reforma previsional impulsado por el Ejecutivo provincial. La medida, que ya había tenido un primer capítulo de tres días la semana pasada, busca frenar la iniciativa oficial y visibilizar el descontento social que genera entre los trabajadores de la educación.

El gremio confirmó que este miércoles a las 15 horas presentará su postura en la Cámara de Senadores, donde expondrá los argumentos de rechazo a la reforma. “Estaremos explicando por qué nos oponemos a esta iniciativa y cuál es el impacto que tendría en los docentes”, señaló el secretario general de Agmer, Abel Antivero.

La “carpa blanca” instalada frente a Casa de Gobierno funciona además como espacio de resistencia cultural abierto a la comunidad. Allí se desarrollan actividades artísticas y recreativas que acompañan la vigilia. Para la jornada de este martes, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) organizó una propuesta de dibujo y caricaturas, complementada con danzas folclóricas.

El reclamo provincial se enmarca en un escenario nacional de fuerte tensión. La protesta de Agmer coincide con medidas de fuerza de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que exige la apertura de la paritaria federal para garantizar un piso salarial digno en todo el país. “Ninguna provincia puede pagar menos de eso”, remarcó el dirigente.

Antivero vinculó la situación provincial con el drástico recorte presupuestario que se ejecuta desde la Casa Rosada para el sector educativo. “El Gobierno nacional ha hecho un ajuste tremendo, prácticamente apocalíptico, en lo que tiene que ver con la educación. La Ley de Financiamiento Educativo, que preveía el 6% del PBI, fue ajustada para pagar el 0,75% en este 2026”, advirtió.

El gremio insiste en que la reforma previsional representa un retroceso en derechos adquiridos y que la discusión salarial sigue pendiente en la provincia. “Claramente no estamos en la agenda pública ni del gobierno nacional ni del provincial”, concluyó Antivero, subrayando que la militancia en las bases y la presión social sobre los senadores serán claves para frenar la iniciativa.

La ciudad de Paraná volvió a ser escenario de una poderosa movilización en defensa de las universidades y la Educación Pública. La marcha se sumó a las que se realizaron en distintas plazas del país, reclamando la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, vigente por decisión del Congreso y fallos judiciales, pero aún incumplida por el Gobierno Nacional.

En Entre Ríos, el texto incluyó además reclamos específicos como la situación de las paritarias estatales y docentes, y la intención del Poder Ejecutivo provincial de avanzar en una reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

La movilización ratificó la histórica defensa de la Educación Pública en Paraná y se inscribió en el marco de la Marcha Federal Universitaria, que busca garantizar el financiamiento de las universidades nacionales y la continuidad de políticas educativas inclusivas.

Según difundió el gremio a través de sus redes sociales, la convocatoria se enmarca en la defensa de la Caja de Jubilaciones y del sistema previsional, el reclamo por salarios dignos y el rechazo a políticas de ajuste en el ámbito educativo.

En ese marco, desde Agmer invitaron a la comunidad a sumarse y acompañar la jornada, que contará con una olla popular y números artísticos como parte de las actividades previstas.

Asimismo, reiteraron su postura en contra de la inminente reforma previsional y remarcaron la consigna de sostener los derechos adquiridos. “Con nuestros derechos, ni un paso atrás”, expresaron desde la organización sindical.

La vigilia se da en el marco de la reapertura de la paritaria salarial, ya que días atrás el Gobierno provincial convocó a reanudar las negociaciones: la cita es el jueves 7 de mayo a las 15, instancia en la que se espera que continúen las discusiones en torno a salarios y condiciones laborales del sector.

Fuente: APFDigital

El Gobierno de Javier Milei decidió suspender el ingreso a la prensa acreditada a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, un hecho inédito que no registra antecedentes. Es por ello que quedaron sin efecto las prórrogas a las acreditaciones del año 2025 hasta que no se aclaren los hechos.

Si bien no hubo comunicación oficial al respecto de la resolución, de manera informal circuló la versión de que se debió al "espionaje ilegal". En concreto, se trata de la denuncia que Casa Militar realizó en el día ayer a través de su titular, Sebastián Ibáñez, a los periodistas de TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno, y los directivos y autoridades de la señal TN por presunto "espionaje ilegal".

Hoy, los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno se encontraron con el acceso bloqueado, lo que generó malestar entre la prensa y los medios.

La docencia entrerriana volverá a las calles en una jornada de protesta. La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) confirmó un paro de 24 horas para este viernes, que incluirá una marcha provincial de antorchas en la capital entrerriana.

Según informaron desde el sindicato, la movilización fue convocada para las 18, partiendo desde la Plaza 1º de Mayo con destino a la Casa de Gobierno. La medida de fuerza surge como respuesta al malestar generado por las últimas decisiones económicas del Ejecutivo provincial y la incertidumbre sobre el futuro

previsional.

El eje central del conflicto radica en el rechazo al Decreto 500/26. Desde el sindicato denuncian que la normativa otorga montos no remunerativos y, fundamentalmente, "dilata la discusión salarial hasta JUNIO". Según manifestaron desde el gremio, el gobierno provincial "pagó sólo el bono en negro y lo pagó MAL".

En el comunicado, los docentes expresaron su hartazgo ante las constantes fallas administrativas que afectan el poder adquisitivo de los trabajadores: "BASTA de jugar con nuestro dinero, errores tras errores: proporcionales que faltan, escolaridad que no está, demoras en validaciones, etc. CADA CENTAVO que falta en un recibo es SALARIO que falta en una familia".

Otro punto crítico de la convocatoria es la férrea resistencia a cualquier modificación de la Ley 8732. Agmer sostiene que los "ejes" o "vectores" de reforma planteados por el Gobierno buscan fragmentar la lucha docente y perjudicar tanto a trabajadores activos como a pasivos.

"La ley 8732 NO SE TOCA", sentenciaron, advirtiendo que los cambios en el sistema de incrementos salariales por índices podrían "desenganchar" los haberes jubilatorios del sueldo del trabajador activo, reduciendo la jubilación en poco tiempo. Defienden la norma actual porque consideran que es la que "garantiza jubilaciones dignas en el 82% móvil".

Finalmente, el paro también se posiciona en el escenario nacional. El gremio se declaró en alerta frente al proyecto de reforma impulsado por el gobierno nacional, asegurando que se trata de una medida que "destruye el sistema educativo". Concluyeron con una consigna contundente: "Sin Educación Pública no hay futuro para todos".

La marcha de antorchas de este viernes se perfila como una de las demostraciones de fuerza más importantes del sector en lo que va del año, a la espera de una respuesta concreta por parte de las autoridades provinciales. (Fuente: APFDigital)

“No se descarta ninguna hipótesis, pero el fiscal (Santiago) Alfieri es una persona profundamente incisiva en este tipo de investigaciones y vamos a trabajar en conjunto, así que de alguna forma lo vamos a terminar esclareciendo”, afirmó Rodríguez Signes.

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió al trabajo que deberá realizar el organismo para esclarecer la aparición de dispositivos de audio y video ocultos en oficinas de Casa de Gobierno.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rodríguez Signes comentó que “ayer estaba listo para ir a una reunión en el Ministerio de Economía por el tema de la toma del crédito internacional y recibí la llamada del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, que muy preocupado me transmite esta situación y me pregunta qué le aconsejaba hacer para esclarecer la cuestión desde el punto de vista de la administración, de la regularidad del funcionamiento de la administración. Y por supuesto, en una situación como ésta, lo que se hace es una información sumaria”.

Al respecto, explicó que “la Fiscalía de Estado tiene dos grandes funciones que son la defensa en juicio y el control de legalidad a requerimiento de los organismos de la administración. En este caso, el secretario tiene que mandar a la Fiscalía de Estado un requerimiento de información sumaria que se sustancia a través de la Dirección Provincial de Sumarios, y hay un reglamento, que es el decreto 70, que se pone en marcha para este tipo de situaciones. Se designa un instructor sumariante y ahí empieza la información sumaria, que no llega a ser un sumario en sí porque un sumario se dirige contra un supuesto responsable, y en este caso hay que configurar la irregularidad, es decir, establecer en qué consiste la irregularidad y quiénes podrían ser los responsables, que puede coincidir o no con la investigación penal, porque la investigación penal apunta al autor de un delito y a su sanción. Aquí es la irregularidad administrativa, puede haber por acción, por omisión, en fin, la investigación es bastante amplia”.

Confirmó que “ya han sucedido estas cosas antes” y recordó que “en la década de los ‘80, cuando se produjeron los acontecimientos de Semana Santa, yo encontré unas granadas adentro de la Casa de Gobierno, en la Dirección de Prensa, que estaban dispuestas en el ingreso a una oficina, o sea que alguien vino y las puso, no es que aparecieron de la nada o que estuvieron ahí siempre. Y este tipo de situaciones, a veces, lamentablemente suceden. Después tuvimos el caso de Kueider, que también se sometió a información sumaria, pero no por las cámaras que el propio Kueider había decidido colocar, sino por el manejo de fondos o la administración de gastos reservados. Esto ya es otra cosa y es una situación muy grave porque estamos hablando del despacho del gobernador de la provincia y del secretario General de la Gobernación”.

Consultado por la colocación de las cámaras en el caso del exsenador nacional, Edgardo Kueider, quien fue secretario General de la Gobernación en la gestión de Gustavo Bordet, reiteró que “no se investigó el hecho de las cámaras sino el hecho de la administración de gastos reservados, pero aquí hay oficinas específicas –está la Dirección de Informática, la Dirección de Comunicaciones-, es decir que, intervenir en el cableado de teléfonos y dispositivos de internet, cámaras y demás dentro de la Casa Gobierno, está a cargo de personal de la administración pública. No puede venir cualquiera y meterse adentro de una oficina y poner cámaras. Eso no es posible, es inconcebible, se hace a través de los organismos. Por eso la información sumaria, para saber que pasó acá, si esos dispositivos estaban colocados por organismos públicos o no, o fue absolutamente clandestino, y entonces sí, ahí estamos hablando de un delito penal gravísimo”.

Mencionó también que la investigación judicial y la instrucción sumaria “son muy parecidas, sólo que una procura determinar la violación de normas del Código Penal y la otra de estatutos de la administración, del funcionamiento regular de la administración. Esto afecta el funcionamiento regular de la administración. Pero la investigación en sí, son parecidas. De hecho, normalmente hay una colaboración cuando se da este tipo de situaciones entre el Ministerio Público Fiscal y la Dirección de Sumarios”.

En este marco, Rodríguez Signes admitió que “normalmente los funcionarios de ese rango lo que hacen es, cada tanto, hacer revisar sus oficinas. Eso es bastante usual, pero no hay un reglamento que diga cada tanto o demás, eso queda un poco a criterio de cada funcionario. Y normalmente lo hace la Policía de la Provincia de Entre Ríos, o a veces la Policía Federal, a requerimiento de las autoridades provinciales”.

Describió que se trata del mismo despacho donde en su momento se vieron las imágenes de Kueider: “No la del gobernador, que está en la planta, en el primer piso de la Casa de Gobierno, pero contiguo a esa, estaba la oficina del secretario General. Si uno se pone de frente a la oficina del gobernador, está a la derecha. Ahora Mauricio Colello cambió la disposición y se fue a otra oficina que está, mirando de frente, a la izquierda de la oficina del gobernador. Pero en este caso los dispositivos se encontraron en las antiguas oficinas del secretario general de la Gobernación”.

En tal sentido, planteó que “podría ser” que Kueider no retirara los dispositivos que había colocar: “Es una hipótesis, por supuesto. Yo por lo que escuché, no tengo constancia de eso, estos dispositivos eran por cable, es decir, que la transmisión de la señal era por cable, por un cableado y no se sabe hasta dónde llega el cableado y si al final del cableado había algún dispositivo para retirar o almacenar la información. Si no había, podrían haber estado inactivas o fue retirado el dispositivo de almacenamiento. Podría datar de aquella época, pero no se investigó ese hecho en el caso de Kueider, sino que se investigó la parte económica, la administración financiera de la Secretaría”.

Consultado por los plazos para la realización de la información sumaria, afirmó que “hay un reglamento que establece los plazos y demás, pero no son plazos absolutamente perentorios, son plazos ordenatorios a los efectos de la primera parte, que es la información sumaria. Es decir, configurar si hay una irregularidad, cuál es el alcance de la irregularidad y a qué oficinas involucra esa irregularidad”.

En cuanto a la hipótesis de que los dispositivos los colocara alguien externo a Casa de Gobierno, Rodríguez Signes fue categórico: “En la oficina del gobernador lo veo imposible directamente. Es la oficina del gobernador de la provincia que está custodiada en forma permanente las 24 horas del día, y no se puede ingresar por ningún otro lugar que no sea observado. Hay cámaras también afuera de las galerías de esas oficinas. Es decir, que todo ese movimiento en el ala donde está el despacho del gobernador está fiscalizado, está observado. De manera que es muy difícil que alguien que no sea de la administración ingrese y por su cuenta haga alguna actividad de este tipo. Puede ser que hayan contratado alguna línea de internet, algún servicio de internet y que entonces el personal haya ingresado, pero es muy difícil, ya requiere una logística”.

Aclaró de todos modos que “no se descarta ninguna hipótesis, pero en ese sentido el fiscal (Santiago) Alfieri es una persona profundamente incisiva en este tipo de investigaciones que hace y vamos a trabajar en conjunto, así que de alguna forma lo vamos a terminar esclareciendo”. (Análisis)

Será el primer encuentro formal entre ambos desde la transición de diciembre, cuando se produjo el traspaso de mando. La invitación no se cursó en el marco del rol actual de Bordet como diputado nacional del Partido Justicialista, sino específicamente por su condición de exgobernador. De ese modo, quedó al margen el pedido que días atrás había realizado el bloque de diputados nacionales del PJ para reunirse con Frigerio, que todavía no obtuvo respuesta oficial.

Según publicó Análisis, se anticipó que en la reunión se abordarán tanto la situación de la provincia como el escenario nacional, atravesado por las iniciativas legislativas impulsadas por el presidente Javier Milei. Entre los temas que se espera que estén sobre la mesa figuran la reforma laboral y el impacto fiscal de las políticas económicas, en particular los recursos que Entre Ríos podría dejar de percibir, cuestiones que inciden de manera directa en la gestión provincial.

El encuentro también marcará el regreso de Frigerio a una mayor actividad pública tras 23 días de vacaciones, período en el que su presencia se redujo a apariciones puntuales, como su participación en el Festival Nacional de Jineteada y Folklore de Diamante.

La convocatoria sorprendió incluso a sectores del propio oficialismo, ya que colaboradores cercanos del gobernador señalaron que no se conocían detalles sobre el temario ni si la reunión se limitará a un diálogo entre ambos dirigentes o si incluirá a asesores.

El Cuerpo de Delegados de ATE Paraná resolvió este lunes por la mañana profundizar el plan de lucha ante la decisión del Ejecutivo provincial de no renovar contratos de servicios que vencen a fin de año. La principal acción consistirá en una movilización este martes a las 9, que comenzará en la sede sindical y concluirá en la Casa Gris, donde se realizará una asamblea en el patio.

La tensión entre el gremio y la gestión de Rogelio Frigerio escaló tras la publicación del Decreto Nº 3817, firmado junto al ministro de Gobierno, Manuel Troncoso. Según estimaciones del sindicato, la normativa pone en riesgo la fuente laboral de más de 100 trabajadores.

A este escenario se suma el malestar por la falta de convocatoria a paritarias. Desde ATE denuncian un "congelamiento salarial" que se extiende desde hace ocho meses, situación que se agrava con la confirmación oficial de que no habrá mesas de negociación salarial hasta febrero de 2026.

Declaraciones de la dirigencia

Durante el encuentro de delegados, el Secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, calificó la situación como crítica: "Esto es una perversidad. No es solo este último decreto; es una serie de medidas que el gobierno ha tomado en estos dos años contra los trabajadores del Estado".

Desde el sindicato subrayaron que "detrás de cada contrato que no se renueva hay un proyecto de vida que se cae", rechazando que los empleados públicos sean la "variable de ajuste" frente a la crisis. Asimismo, cuestionaron que el propio Estado sostenga formas de contratación precarias que hoy facilitan estas desvinculaciones.

Demandas principales

El gremio exige una reunión urgente con representantes del Ejecutivo para buscar una solución inmediata a los siguientes puntos:

Continuidad laboral: Renovación de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre.

Reapertura de paritarias: Discusión salarial inmediata para hacer frente a la inflación.

Cese de la precariedad: Regularización de los vínculos contractuales en la administración pública.

Por el momento, ATE mantiene el estado de alerta y movilización, advirtiendo que de no haber respuestas, las medidas de fuerza se replicarán en cada organismo del Estado provincial. (APFDigital)

el pedido de juicio político para la ex presidenta del máximo órgano de Justicia de Entre Ríos, que se presentó el viernes en la Cámara de Diputados, lleva la firma del docente Eugenio Jacquemain, histórico dirigente de la agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de Gualeguaychú.

Jacquemain llegó a Casa de Gobierno pasadas las 10 de la mañana y se dirigió a la Mesa de Entradas de la cámara baja acompañado por el profesor y dirigente César Baudino, ex secretario general del sindicato de docentes.

La presentación está dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. Allí se solicita la apertura del trámite para evaluar la conducta funcional de la vocal, cuya actuación -expuesta y corroborada por información oficial del STJ y por hechos de público conocimiento- “configura mal desempeño, afectación a los deberes de conducta, compromisos éticos incompatibles con la magistratura y vulneración del principio de independencia y probidad judicial”.

En el texto se mencionan las constancias oficiales del STJ y la investigación periodística de la revista Análisis contra la magistrada. “Surgen con claridad patrones reiterados de comportamiento que comprometen gravemente los deberes institucionales de la magistrada denunciada”, se indica.

Más adelante, se detallan las ausencias “reiteradas e injustificadas” de Medina, que suman más de 660 días hábiles sin prestar funciones, en incumplimiento del régimen de licencias. Y se mencionan las consecuentes demoras en la resolución de expedientes.

“Este patrón configura, por su extensión y persistencia, si no un grave abandono de funciones, una indolencia incompatible con la responsabilidad propia de cualquier juez, y particularmente de un integrante del máximo tribunal provincial”, se destaca.

En otro punto de la presentación se enumeran las licencias por capacitación tomadas por Medina “en exceso de los reglamentos”, que no encuadran en las pautas reglamentarias establecidas, que indican que no pueden superar los 20 días al año y no prevén el cobro de viáticos que en muchas ocasiones fueron percibidos por la vocal.

El tercer punto incluido en el pedido de juicio político alude al uso indebido de recursos del Estado, puntualmente vehículos oficiales, choferes y viáticos.

“De los registros del STJ surge que la vocal utilizó vehículos oficiales para viajes sin agenda institucional; requirió chofer designado, cuyos viáticos por día ascienden a aproximadamente 132 mil pesos más gastos de combustible; realizó viajes bajo conceptos genéricos (“actividad institucional”, “académica”, “capacitación”) sin constancias que acrediten tal carácter; y participó de actividades de índole personal, partidaria, diplomática o propias de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA), pero financiadas integralmente con fondos públicos”, se enumeró.

Luego, se indicó que la utilización sistemática de recursos estatales para fines ajenos al cargo constituye “una desviación de poder y un abuso de bienes públicos, vedado a cualquier funcionario y especialmente grave tratándose de una vocal del STJ”.

También se pidió producir prueba para a cuantificar el impacto en las cuentas públicas de los viajes efectuados por Medina y que se despache oficio al STJ para que remita la estadística de la Sala Laboral y de la vocal.

Finalmente, se solicita que se declare configurada la causal de mal desempeño, se formule la acusación y se disponga la remoción de la magistrada de sus funciones judiciales. Análisis

Durante el encuentro, realizado en la Casa de Gobierno en Paraná, se abordaron dos ejes fundamentales: la erradicación del basural a cielo abierto y la optimización de las lagunas sanitarias del municipio. En este último caso, se planteó la necesidad de ampliación y mejora integral de la infraestructura.

El intendente Fiorotto informó al gobernador que la Cooperativa de Agua y Otros Servicios de Pueblo Belgrano iniciará en los próximos días una inversión de 100.000 dólares destinada a la obra. Además, señaló que se gestiona una inversión adicional significativa por parte del gobierno provincial para completar los trabajos, subrayando la importancia de la colaboración entre ambas gestiones.

“Creemos que entre los dos estamos avanzando en diferentes cuestiones y vamos a llegar a buen puerto”, destacó el intendente, quien calificó la reunión como “muy cordial y fructífera”.

Asimismo, valoró la predisposición tanto del gobernador Rogelio Frigerio como del ministro Manuel Troncoso para colaborar activamente con la gestión local. “A pesar del difícil contexto económico a nivel nacional y provincial, el compromiso es firme para generar soluciones concretas que impacten positivamente en la calidad de vida de los entrerrianos”, remarcó Fiorotto.

Por su parte, el Secretario Coordinador de Gobierno de Pueblo General Belgrano, Dr. Andrés Sobredo, destacó que “estas gestiones conjuntas reflejan un compromiso real con el desarrollo sostenible de nuestra localidad. El trabajo articulado con el gobierno provincial nos permite dar pasos concretos hacia la erradicación definitiva del basural y la modernización de las lagunas sanitarias, generando un impacto directo en la salud pública y en la calidad de vida de todos los vecinos”.

Asimismo, el presidente de la Cooperativa de Aguas y Cloacas, Cristian Zanandrea, expresó: “Como institución local asumimos el desafío de acompañar con inversiones y esfuerzo propio este proceso. La mejora integral de las lagunas sanitarias no solo es una obra de infraestructura, sino también un compromiso con el ambiente y con las futuras generaciones de Pueblo Belgrano”.

Este miércoles a las 10 de agosto habrá una reunión conjunta de la Comisión de Legislación General y la de Presupuesto de la Cámara de Senadores para abordar el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial que la semana pasada tomó estado parlamentario.

Se trata del Expediente N° 15.400, proyecto de ley por el que se declara “prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial” y autoriza al Ejecutivo a “concretar actos, operaciones, mecanismos o instrumentos financieros de crédito público, en moneda nacional o extranjera, para adecuar las condiciones emergentes de las obligaciones derivadas de la deuda pública provincial”.

El monto total “no podrá exceder los US$ 500.000.000” y las operaciones podrán celebrarse en pesos o en moneda extranjera, según establece el texto.

El Ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas, fue convocado a participar de la reunión.

También el miércoles, pero a las 8:30, comenzará una reunión conjunta de las Comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, y de Presupuesto y Hacienda, en el recinto de la Cámara de Senadores.

El tema es el Expediente N° 27.368, proyecto de ley por el que se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte.

Para este encuentro fueron invitados el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de la Provincia de Entre Ríos (ATER), Jesús Rafael Korell, y el presidente del Club Atlético Estudiantes de Paraná (CAE), Emilio Fouces.

En tanto, para las 11:30 horas, en la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, se programó la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Producción, para avanzar con el Expediente N° 27.038, proyecto de ley por el que se crea el marco legal, institucional y normativo que fomente la producción, autoconsumo, comercialización y aprovechamiento integral de biocombustibles y energías.

Como invitados estarán representantes de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB). (APFDigital)

Tras el encuentro que se desarrolló en Casa de Gobierno, y del que participó también la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, comentó que en la oportunidad se hizo "una revisión de la evolución de todas las líneas de acción que tiene cada ministerio y también de las que compartimos entre áreas, haciendo foco en la optimización de los recursos, dada la situación en la que nos encontramos".

En esa línea, el ministro precisó que se realizó un seguimiento del avance de las obras públicas, tanto en materia de salud como de infraestructura en general para tener datos precisos de "como avanza el plan de obra pública que venimos llevando adelante", indicó.

Por último, el funcionario valoró la dinámica de las reuniones semanales de gabinete, porque "nos permiten hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria semana a semana, teniendo presente siempre el manejo más eficiente de las finanzas".

Buscan ser atendidos por el presidente Javier Milei o por su hermana, Karina, para entregar un petitorio y hacer oír el reclamo de miles de familias.

Gilda Marcela Krinkovich es correntina, hace 28 años se recibió de pedagoga diferencial y desde entonces ejerce su profesión y continúa formándose. “Estudié por mi hermana, que tenía Síndrome de Down, y en 2006 tuve un hijo, Iker, que tiene 19 años y la condición de Asperger”, contó a EL ARGENTINO.

Hace mucho tiempo Krinkovich es referente en discapacidad en la provincia del noreste argentino, donde creó Cadia, hace 25 años, un Centro de Atención al Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia totalmente gratuito para menores de 18 años, dependiente de la Municipalidad correntina.

“En el 2020, por la pandemia, se me ocurrió unir a los prestadores y las familias en Corrientes, porque la situación para nuestros hijos, para los que tenían autismo, era bastante complicada. Igual para los prestadores, había mucha incertidumbre con el tema de los pagos y esas cosas. En ese momento, no sé por qué, mis audios ser viralizaron en todo el país y, entonces, comencé a hacer vivos por Facebook. Así fue como se formó la Asociación Civil Prestadores y Discapacidad Unido (PDU)”, contó la docente que hace cinco años preside dicha institución.

“La mayoría en la comisión tenemos hijos con algún tipo de condición y lo único que queremos es un país más justo para ellos, en el que se respeten los derechos, tanto de las personas con discapacidad, como de las familias y los prestadores”, agregó.

“La situación es caótica”

“Desde el 2000 soy prestadora de las obras sociales y siempre nos han pagado con muchos meses de atraso. No es de ahora, ninguna de las gestiones que pasaron mejoraron este sistema. De hecho, en el 2022, pusimos una carpa durante 15 días frente a la Casa Rosada, cuando se cortó la cadena de pago, e hicimos marchas de antorchas en todo el país. Con esta gestión el diálogo está cortado”, aseguró.

En esta línea, horas antes de emprender la peregrinación, Krinkovich enfatizó en dos problemas graves e históricos del sector: el atraso de los aranceles de los prestadores y la demora del pago por parte de las obras sociales. “A muchos prestadores les deben pagos del año pasado o de enero de este año. Por otro lado, el último aumento de nuestro arancel fue el año pasado, con el pago por kilómetro de $534, mientras que la nafta está a tres veces ese valor. Entonces, se hace muy difícil sostener todas las prestaciones. Además, cobramos a 60 o 120 días, es una situación insostenible, que ha expulsado a prestadores y a familias enteras del sistema, que están de baja y sin tratamientos. La situación es caótica”.

“Nuestra vida es un peregrinar”

“La idea de la peregrinación fue de Daniel, que es transportista, y a mí me pareció genial, porque nuestra vida es un peregrinar: para que a nuestros hijos les den el CUD (Certificado Único de Discapacidad), para que a nuestros hijos les cumplan la prestación, para que les reconozcan sus derechos. Estos 459 kilómetros que vamos a hacer son muy simbólicos de lo que es nuestra vida como padres y, también, lo que hoy pasamos los prestadores, porque es un peregrinar para cobrar. Es indignante pedirles a las obras sociales y a las prepagas que nos abonen febrero cuando estamos en julio y a los políticos que nos den una solución”, enfatizó la especialista correntina.

“Creo que esta caminata va a dar su fruto, soy muy devota de la Virgen de Itatí, por eso comenzamos a caminar su día”, dijo, sobre la iniciativa que dio comienzo este miércoles 16 de julio, horas después de lo programado, por las intensas lluvias. “Vamos hacia la Casa Rosada porque es el presidente quien tiene el poder de la pluma y quien tiene que tener la empatía hacia nuestro colectivo, que siempre fue invisibilizado y queremos que deje de serlo”.

“Necesitamos que sea el Presidente quien nos atienda, porque no sé cuántos petitorios le he entregado y nunca hemos tenido respuesta. Si no es Javier Milei, que sea su hermana Karina. No es menor lo que está pasando, se están vulnerando las leyes 24.901 y 22.431, que tienen carácter constitucional, porque la Argentina está adherida a la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, puntualizó la docente que, según lo proyectado, planea caminar durante seis u ocho días, durante aproximadamente ocho horas diarias.

“Esperamos que la gente se sume, que pueda compartir la iniciativa en las redes. Vamos a ir informando donde vamos a ir parando, para que nos esperen las familias y los prestadores. Esperamos entregar en la Casa Rosada un petitorio de PDU y lo que la gente nos vaya dando en el camino. Necesitamos una solución urgente, el sector está desapareciendo y muchas instituciones están a punto de cerrar. Es muy triste ver que solamente van a poder acceder a las prestaciones aquellos que tienen un buen poder adquisitivo. Eso no es justo, el Estado tiene que mirarnos a todos”, sintetizó Krinkovich.