Este jueves por la madrugada, la Policía de la Comisaría de Urdinarrain realizó un procedimiento en inmediaciones de boulevard Moreno, en donde se detuvo la marcha de un automóvil Citroën C3, conducido por un hombre de 56 años, que iba acompañado por otros dos hombres de 51 y 29 años.

Cuando los uniformados le requirieron al conductor la documentación del rodado, observaron que entre los asientos sobresalía el cañón de un arma de fuego. Inmediatamente hicieron descender a los tres ocupantes y al abrir el baúl del vehículo descubrieron que transportaban un ciervo despostado, un carpincho, tres liebres, cuchillos con rastros de sangre y linternas.

Claramente venían de una caza furtiva y utilizaron una escopeta calibre 16, con cañón yuxtapuesto, y 17 cartuchos, sin documentación alguna. Pero a su vez también tenían en su poder un fusil Mauser calibre 308 con mira telescópica, cuya tenencia fue acreditada mediante la aplicación Mi Argentina.

Por disposición del fiscal Lucas Pascual, se procedió al secuestro de la escopeta e identificación de los ocupantes en el lugar.

Cinco ONG entrerrianas renovaron un pedido formal de acceso a la información pública para que el Gobierno provincial brinde detalles sobre los cotos de caza y el turismo cinegético habilitado en Entre Ríos. La nota, fechada el 24 de septiembre y dirigida al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, cuestiona la falta de transparencia en una actividad que, según sostienen, afecta a la fauna autóctona y fomenta la llegada de cazadores extranjeros.

Las entidades firmantes —CEYDAS, Ayuda Animal, Conciencia Animal, Ecoguay Gualeguay y Luz del Ibirá— citaron la Ley Nacional 25.831 y el Acuerdo de Escazú para fundamentar su reclamo. El pedido incluye estudios poblacionales de especies como patos, perdices y coipos, el listado de empresas inscriptas, la ubicación de los cotos, los permisos otorgados a cazadores del exterior y el personal asignado a la fiscalización.

Las organizaciones recordaron que en 2024 ya habían presentado una solicitud similar ante la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales, sin obtener respuesta. Ante la reiteración del silencio oficial, advirtieron que se reservan el derecho de iniciar acciones judiciales por ocultamiento de información.

El reclamo vuelve a poner en debate la autorización de la caza deportiva en la provincia, habilitada por la gestión de Rogelio Frigerio, en un contexto de creciente cuestionamiento al “turismo de caza” que se ofrece a visitantes extranjeros. Para los ambientalistas, la falta de datos oficiales agrava la sospecha sobre un sistema que consideran contrario a la protección de la biodiversidad entrerriana.

La nota se suma a otras expresiones críticas en la región sobre el uso de recursos naturales y la necesidad de reforzar la transparencia en la gestión ambiental. En este caso, las ONG apuntan a que el Gobierno brinde información clave para evaluar si la actividad cumple con estándares de sustentabilidad y control.

El pedido podría convertirse en un nuevo frente judicial para la administración provincial si no se atiende la demanda antes de fin de año. Mientras tanto, el reclamo se expande en redes sociales y suma adhesiones de referentes locales que exigen mayor control estatal sobre los cotos y un debate público sobre el modelo de turismo que promueve Entre Ríos.

La provincia dará un paso clave en el abordaje de especies exóticas invasoras con la realización de un taller sobre el control del jabalí y el ciervo axis, este miércoles 24 en el Museo de Ciencias Naturales Antonio Serrano. La iniciativa se enmarca en la Ley de Caza Nº 4.841 y la Ley Nº 11.184, que declaró plagas a ambas especies debido a su impacto ambiental y productivo.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico, reunirá a técnicos, investigadores, productores y representantes de organismos públicos y privados. El secretario Raúl Boc-Hó explicó que el objetivo es diseñar estrategias que reduzcan la población de estos animales y, a la vez, evaluar alternativas de aprovechamiento industrial de su carne bajo condiciones sanitarias seguras.

Durante la mañana, especialistas del INTA, el Conicet, el Senasa, la UNER y la Uader, junto con personal de la Secretaría de Ambiente provincial, abordarán aspectos vinculados a la biología de las especies, su dispersión y las técnicas de control más efectivas. Por la tarde, el debate se abrirá al sector productivo, con la participación de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Federación Agraria y representantes de la industria frigorífica.

La jornada contará además con la disertación de Bruno Carpinetti, referente en ecología de poblaciones animales y gestión de riesgos, quien compartirá experiencias en el manejo de especies invasoras en distintos ecosistemas.

El avance de ciervos axis y jabalíes en la región genera preocupación por el daño a cultivos, la competencia con fauna nativa y el riesgo sanitario que representan. El taller busca consensuar medidas conjuntas que permitan reducir su impacto, combinando acciones de manejo poblacional con la posibilidad de generar un circuito productivo regulado.

En el marco de una denuncia realizada el pasado 30 de julio por detonaciones de arma de fuego y posible actividad de caza ilegal, personal de la Comisaría Urdinarrain llevó a cabo un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario en una zona rural cercana a Ruta Provincial 20, detrás de una granja de pollos.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Transición y Garantías N.º 1 y permitió a los efectivos policiales inspeccionar el lugar señalado. Durante el operativo, se logró el secuestro de un arma de puño calibre .32 largo, que se encontraba sin cartuchera, lo que confirmó indicios de la denuncia.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, que continuará con la investigación para determinar responsabilidades y si efectivamente existió actividad de caza ilegal en la zona. El procedimiento se enmarca en las acciones de control y prevención de delitos rurales que se vienen desarrollando en la región.

El bloque de Juntos por Entre Ríos presentó en la Legislatura un proyecto de ley para establecer un régimen jurídico de conservación de la fauna silvestre provincial. La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Manuel Rossi, apunta a garantizar la preservación de especies autóctonas en sus hábitats naturales y promover acciones concretas para aumentar la biodiversidad.

El texto excluye a la fauna acuática y propone medidas como la reintroducción, repoblación y translocación de animales en ambientes protegidos, además del control de especies exóticas invasoras que amenazan la supervivencia de la fauna nativa. También crea un dispositivo de rescate y atención de ejemplares heridos o decomisados y establece la promoción de corredores biológicos que conecten ecosistemas y garanticen acceso a fuentes de agua.

Otro de los puntos centrales es la regulación estricta de la caza deportiva menor. Según Rossi, esta actividad deberá basarse en estudios científicos sobre la abundancia de especies para asegurar poblaciones equilibradas y evitar el agotamiento. Además, se proyecta la creación de un departamento provincial de fauna encargado del monitoreo ambiental, la fiscalización y la inspección de actividades humanas que puedan afectar el ecosistema.

El legislador destacó que la propuesta es el resultado de un proceso multisectorial que incluyó aportes de organizaciones ambientales, instituciones científicas, especialistas universitarios, prestadores turísticos y funcionarios provinciales. “La biodiversidad se encuentra amenazada por la depredación humana. Su preservación es vital para la seguridad alimentaria, la salud, la estabilidad ecológica y el desarrollo económico de las comunidades rurales”, argumentó.

En los fundamentos, Rossi citó a la bióloga Sandra Díaz, quien advirtió sobre el riesgo de una extinción masiva de especies a nivel global, y subrayó que la iniciativa busca ofrecer herramientas concretas en defensa de la fauna entrerriana frente a los impactos de la deforestación, el cambio climático, la urbanización descontrolada y la agricultura intensiva.

La propuesta legislativa, de aprobarse, marcaría un avance en la política ambiental de la provincia al consolidar un marco normativo integral para la protección de su patrimonio natural.

Un ejemplar joven de yaguarundí, también conocido como gato moro, sorprendió a los vecinos de la localidad de Villa Urquiza, en el departamento Paraná, al aparecer dentro de una vivienda. El animal, perteneciente a una especie en peligro de extinción, fue rescatado por personal de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales y derivado a un ambiente adecuado para su resguardo y posterior reintegración al entorno natural.

El hallazgo se produjo durante el jueves, cuando vecinos alertaron sobre la presencia del pequeño felino en el interior de una casa. Las autoridades actuaron de inmediato y lograron capturar al animal sin que se registraran inconvenientes. Posteriormente, fue examinado por profesionales que confirmaron su buen estado de salud, aunque se encontraba desorientado y estresado.

El yaguarundí es un felino poco común y muy protegido. Se lo considera una de las especies más difíciles de avistar en estado silvestre, debido a su carácter solitario y hábitos elusivos. En la provincia de Entre Ríos, su presencia ha sido documentada esporádicamente en zonas de monte, pero los encuentros con humanos son extremadamente raros, lo que realza la importancia de este hallazgo.

Este animal presenta una morfología que lo distingue del resto de los felinos de la región: cuerpo alargado, patas cortas, orejas pequeñas y pelaje sin manchas, con colores que varían entre el castaño rojizo y el gris oscuro. Llega a medir entre 50 y 70 centímetros de largo, con una cola que puede alcanzar los 60 centímetros, y su peso en la adultez oscila entre los 3,5 y los 9 kilos. Su rostro, más parecido al del puma que al de un gato común, refuerza la particularidad de esta especie.

La aparición de este ejemplar en una zona urbana genera preocupación por la presión humana sobre el hábitat natural de esta especie. La pérdida de monte nativo, el avance de la frontera agrícola y la urbanización creciente limitan los espacios de vida de muchas especies autóctonas, obligándolas a desplazarse y aumentando el riesgo de encuentros con personas.

Desde la Dirección de Prevención de Delitos Rurales recordaron que el yaguarundí es una especie protegida por normativas provinciales y nacionales, y su caza o captura están prohibidas. A la vez, destacaron la rápida acción de los vecinos, que evitaron intervenir por su cuenta y dieron aviso a las autoridades correspondientes.

El ejemplar ahora se encuentra bajo observación en un entorno controlado, y se prevé su pronta liberación en una zona de monte nativo segura y alejada de centros poblados.

Demandan al Gobierno por permitir la caza de aves autóctonas. Una acción judicial contra el Gobierno de Entre Ríos fue presentada el viernes último ante la Sala Contencioso Administrativo de Paraná. La demanda, impulsada por seis organizaciones ambientales y de protección animal, cuestiona la autorización oficial para la caza de cinco especies autóctonas, una medida que provocó un amplio rechazo tanto a nivel provincial como nacional.

La polémica decisión había sido firmada por el Ejecutivo entrerriano en mayo pasado, permitiendo la caza del Sirirí Pampa, Pato Picazo, Pato Cutirí, Pato de Collar e Inambú (perdiz). Las instituciones demandantes —CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres), Conciencia Animal, Ayuda Animal, Ecoguay Gualeguay, Luz del Ibirá y Arroyo Perucho— sostienen que se trata de una resolución inconstitucional que viola principios y compromisos ambientales asumidos por la Argentina.

Según expresaron, la habilitación para matar estas aves contradice tratados internacionales suscriptos por el país, como el Acuerdo de Escazú, la Convención de Bonn, la Convención Ramsar y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En ese marco, la acción judicial busca que la Justicia declare la nulidad de la resolución por considerarla contraria a normas superiores del derecho ambiental y del derecho animal.

La Dra. Cecilia Domínguez, abogada de CEYDAS, explicó que la provincia “había logrado avances significativos en la protección de la fauna silvestre”, pero que esta autorización representa “un retroceso que pone en riesgo no solo a las especies sino a todo un sistema normativo que venía fortaleciéndose”.

Desde el colectivo ambiental se argumenta que las especies incluidas en la lista habilitada para la caza están siendo objeto de presión por la pérdida de hábitat, el cambio climático y otras amenazas antrópicas, y que la decisión gubernamental no se basa en estudios técnicos actualizados ni cuenta con participación ciudadana previa.

Por su parte, desde el Gobierno provincial aún no hubo declaraciones oficiales tras la presentación de la demanda. No obstante, en su momento se había señalado que la caza deportiva estaba regulada dentro de un marco legal y con cupos establecidos, lo que —según las autoridades— garantizaba su sustentabilidad.

Para las organizaciones impulsoras de la acción judicial, sin embargo, eso no es suficiente. Aseguran que la medida “invisibiliza la necesidad urgente de conservar las especies silvestres, muchas de las cuales cumplen funciones clave en los ecosistemas”, y alertan que con decisiones como esta, “se debilita el compromiso ambiental de la provincia”.

Además de la acción de inconstitucionalidad, los grupos ambientalistas anticiparon que llevarán adelante acciones de visibilización y recolección de firmas para exigir que se revierta la medida. Aseguran que la defensa de las aves autóctonas “no solo es una cuestión ambiental sino también ética y cultural, porque forma parte del patrimonio natural de los entrerrianos”.

La causa quedará ahora en manos de la Justicia provincial, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la resolución en cuestión. Mientras tanto, el debate sobre el vínculo entre desarrollo, tradición y conservación vuelve a ocupar un lugar central en la agenda ambiental entrerriana.

La organización ambientalista Ceydas volvió a denunciar una matanza ilegal de fauna autóctona en Entre Ríos. Esta vez, el episodio ocurrió en las inmediaciones de San Jaime de la Frontera, donde un grupo de cazadores furtivos habría asesinado decenas de vizcachas —una especie protegida por la Ley Provincial N° 4841— y luego difundido el hecho en redes sociales.

La publicación, compartida por la ONG en su cuenta oficial de Instagram, generó fuerte indignación entre ambientalistas, vecinos y usuarios de redes. En el video, que fue dado de baja horas más tarde, se observaban los cuerpos de los animales apilados y los autores del hecho jactándose de su accionar.

“El gobierno provincial ha demostrado una total incapacidad para controlar la caza y proteger la fauna autóctona. Lo sucedido en San Jaime es otra masacre que se suma a una larga lista de impunidad”, señaló Ceydas en su comunicado, donde responsabiliza directamente a las autoridades por la falta de políticas de fiscalización efectiva.

Desde la ONG afirmaron que los responsables serían conocidos en la zona y que no es la primera vez que participan de matanzas similares. “Un vecino los reconoció como habitués del lugar. Dijo que la Policía sabe lo que hacen, pero nunca interviene”, explicaron.

La Ley 4841, vigente en Entre Ríos desde 1973, prohíbe expresamente la caza de vizcachas y otras especies silvestres sin autorización del organismo competente. Sin embargo, ambientalistas advierten que la falta de controles y sanciones fomenta un escenario de permisividad que favorece a los cazadores furtivos, incluso en zonas de alta sensibilidad ecológica.

El reclamo se enmarca en un contexto más amplio de desprotección ambiental que distintas organizaciones vienen denunciando en la provincia. En particular, apuntan contra la falta de guardaparques, el desfinanciamiento de organismos como la Dirección de Recursos Naturales y la escasa presencia del Estado en áreas rurales donde suelen repetirse estos episodios.

“Hace tiempo venimos advirtiendo que sin recursos ni voluntad política no hay ley que se cumpla. Si seguimos así, no quedará fauna silvestre que proteger”, advirtieron desde Ceydas, que viene documentando desde hace años casos similares en distintas regiones del norte entrerriano.

Hasta el momento, no se ha informado ninguna actuación judicial o administrativa por lo ocurrido en San Jaime. Desde la ONG confirmaron que presentarán la denuncia formal ante la fiscalía de Chajarí y exigirán respuestas del área de Ambiente provincial. También pidieron a la ciudadanía que colabore denunciando este tipo de hechos y aportando información sobre los responsables.

“El silencio estatal frente a esta masacre es inaceptable. Nuestra fauna merece respeto y protección real, no solo discursos de ocasión”, concluyeron.

En horas de la madrugada de este domingo, aproximadamente a las 04:40, personal policial de Comisaría Quinta procedió a la detención de tres ciudadanos, dos de 39 y uno de 35 años de edad, todos oriundos de la ciudad, por el presunto delito de caza ilegal y tenencia indebida de arma de fuego.

El hecho se produjo en el interior de la Estancia El Potrero, cuando personal de seguridad privada de la reserva natural dio aviso a la dependencia policial tras detectar la presencia de personas no autorizadas. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que tres individuos se encontraban realizando actividades de caza, siendo inmediatamente identificados.

Además, se verificó que los mismos carecían de la documentación correspondiente tanto para portar el arma de fuego como para realizar actividades de caza en la zona.

Tras dar intervención a la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el traslado en carácter de aprehendidos de los tres masculinos, como así también el secuestro de un arma de fuego y municiones halladas en su poder.

Entre Ríos abrió la caza 2025 con menos especies y cupos. La resolución provincial redujo de seis a cuatro las especies de patos autorizadas (Picazo, Sirirí Pampa, Cutirí y de Collar) y ajustó los cupos en liebre europea (4 piezas) y perdiz chica (6). Los patos mantienen el máximo de 15 ejemplares. La medida surgió de estudios del EMAFA junto al INTA y la Universidad de La Pampa, que estimaron más de 3,2 millones de patos en la provincia.

La normativa mantiene vedas en ocho departamentos y zonas sensibles como Ramsar, áreas protegidas y Salto Grande. Además, prohíbe municiones contaminantes y exige el uso de proyectiles no tóxicos.

Desde el gobierno recordaron que la caza deportiva es una actividad regulada, con impacto económico: en 2024 generó unos $1.000 millones y benefició a cientos de trabajadores y prestadores del interior entrerriano.

Diputados exigen al Gobierno de Entre Ríos datos sobre caza menor. El 30 de abril ingresó a la Cámara de Diputados provincial un pedido de informes dirigido al Gobierno de Entre Ríos, firmado por los legisladores Silvia del Carmen Moreno, Silvina Deccó y Yari Demian Seyler, todos del bloque Unión por la Patria. El pedido apunta a que la administración de Rogelio Frigerio informe si realizó estudios poblacionales de fauna autóctona y exótica antes de habilitar la temporada de caza menor.

La solicitud se centra en conocer si el gobierno cumplió con los requisitos legales para abrir la temporada, en particular los estudios de fauna exigidos por la normativa vigente. Además, los diputados demandan datos sobre las acciones de fiscalización en el territorio y los criterios aplicados para responder solicitudes de acceso a la información pública ambiental.

Según informó la ONG Centro para el Estudio y Defensa de la Naturaleza y la Vida Silvestre (Ceydas), este reclamo parlamentario recoge una serie de planteos ya formulados por organizaciones socioambientales que acusan al gobierno provincial de negar información pública y de favorecer intereses de empresas vinculadas al negocio de la caza.

“Con este pedido, los diputados se estarían haciendo eco de los repetidos reclamos por parte de numerosas instituciones ambientales de todo el país acerca del favoritismo del Gobierno entrerriano hacia las empresas de caza, que incluiría desde negar acceso a información pública ambiental y falta de participación ciudadana hasta la violación de la Constitución Nacional y tratados internacionales”, señalaron desde Ceydas mediante un comunicado.

El tema cobra especial relevancia en un contexto en que distintos sectores ambientalistas han denunciado no solo la falta de controles efectivos sobre la actividad de caza, sino también una política provincial que prioriza intereses económicos por sobre la conservación del ambiente y la biodiversidad.

Hasta el momento, desde el Gobierno provincial no se emitieron declaraciones oficiales en respuesta al pedido de informes ni a los señalamientos públicos de las ONG. Se espera que en las próximas sesiones legislativas los diputados impulsen el tratamiento del tema en comisiones y que la administración provincial entregue detalles sobre los estudios y mecanismos de control vinculados a la caza menor, así como su cumplimiento de los marcos legales nacionales e internacionales vigentes.

La demanda fue presentada el pasado 31 de marzo en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Rosario por las ONG CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres), Mundo Aparte y Capibara. La misma exige la prohibición inmediata de la caza de patos en la Provincia de Santa Fe hasta que no se realicen los estudios de las poblaciones de las especies que el Gobierno de Maximiliano Pullaro permite matar y otros sobre la contaminación por plomo de las municiones que se usan.

De acuerdo a una antigua ley que data de 1958, Santa Fe autoriza todos los años entre mayo y agosto la matanza de Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata), Sirirí Colorado (Dendrocygna bocolor) y Pato Picazo (Netta peposaca), especies migratorias que no son plagas ni perjudiciales y que resultan muy importantes para el ecosistema. Según la demanda, la Provincia no realizó los estudios exigidos por ley por lo que se desconoce el estado actual de las especies.

En julio de 2024, las irregularidades que se produjeron en los cotos así como la falta de control por parte de la Secretaría de Ambiente provincial quedaron en evidencia al conocerse la matanza de patos protegidos en un coto de la localidad de San Javier a manos de cazadores estadounidenses, quienes exhibieron impunemente los cadáveres de los animales en sus redes sociales.

Foto: Miguel Eduardo Navarro

En horas de la siesta del sábado, Chevrolet pretendió pasar sin levantar sospechas por el control policial. Los funcionarios visualizaron que transportaba aves e inmediatamente la Brigada Paraná de la Dirección de Delitos Rurales procedió en consecuencia a lo establecido en la Ley de Caza 4841.

Al ser chequeada la documentación del rodado y del conductor, que se disponía a abandonar el suelo entrerriano, se constató que se trataba de una persona radicada en Santa Fe. Transportaba consigo Juan Chiviros, separados en jaulas y provenientes de la caza ilegal. De hecho, se secuestraron 3 tramperas, 3 frascos con producto Pega-Pega, jaulas y un total de 17 aves de dicha especie.

El vehículo no pasó inadvertido, ya que uniformados abocados a la prevención rural, venían desarrollando tareas investigativas vinculadas a la caza ilegal de aves, protagonizada por un automóvil de similares características a las del rodado que se le detuvo la marcha. La sospecha de que practicaban caza en suelo provincial, para luego llevarse el producido a Santa Fe, fue certera.

Por su parte, la conducta del infractor a la Ley de Caza N° 4841 -debidamente identificado-, será pasible de análisis en carácter de reincidente; ya que en dos ocasiones anteriores ha protagonizado procedimientos de esta índole. Por la intervención policial, no llegaron a trasladar los ejemplares a Santa Fe.

Luego de las actuaciones administrativas los elementos utilizados en la caza ilegal fueron destruidos; mientras que las aves decomisadas fueron liberadas en un ambiente natural, alejado de la planta urbana.

La cantidad de Juan Chiviros que pudieron ser liberados, hacen presumir un fin posiblemente comercial en la vecina provincia. Conforme las averiguaciones realizadas en el mercado estas aves tienen un considerable valor, el precio de dichos ejemplares rondaría los 600.000 pesos.

En las últimas horas del sábado, personal policial de la Comisaría Urdinarrain fue alertado por la sala de comando sobre un despiste de un vehículo en el kilómetro 55 de la Ruta Provincial 20.

Al llegar al lugar, se constató que se trataba de un Chevrolet S10, conducida por un hombre mayor de edad, oriundo de esa localidad.

Según lo informado por la Policía, el rodado provenía de Urdinarrain y se dirigía hacia Gualeguaychú. Por razones que se están investigando, el conductor perdió el control del vehículo, saliendo hacia la banquina y cayendo en un zanjón.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales.

Al llegar al lugar, se identificó a un ciudadano de 35 años, domiciliado en la localidad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, quien portaba un fusil de grueso calibre 3006, marca Savage, sin la documentación correspondiente en el momento del procedimiento.

Ante este hecho, se dio conocimiento a la Fiscalía en turno, quien ordenó el secuestro del arma, su cartuchería y otros elementos relacionados con la caza. En cuanto al individuo, fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado a disposición de las autoridades correspondientes.

Personal de la Comisaría 1° de Mayo, en el departamento Uruguay, realizó el domingo por la tarde un operativo de control en la calzada del río Gualeguaychú, que resultó en la identificación de tres personas por presunta infracción a la Ley de Caza.

El operativo, que contó con la colaboración de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, comenzó cuando los agentes identificaron un vehículo Chevrolet S10, cuyo conductor se encontraba en el lugar esperando a un grupo de cazadores.

Durante la inspección, se observó a dos hombres navegando en una canoa verde a remos. En la embarcación transportaban tres ejemplares de carpinchos faenados y eviscerados, lo que despertó la sospecha de una posible infracción a la normativa que regula la caza de especies. La Pirámide

Ocurrió cerca de Larroque, localidad del departamento de Gualeguaychú. Vecinos indignados lo denunciaron pero les respondieron que había pocas pruebas para iniciar una investigación. La especie está protegida por ley y es rara en la provincia. El hecho revela la total incapacidad para controlar la caza y el desinterés del Gobierno entrerriano hacia el ambiente.

Un cazador de la localidad de Larroque causó gran indignación al subir a sus redes sociales el cadáver de un Puma –especie protegida y muy rara en Entre Ríos– que mató junto a otros cazadores en el paraje Cuchilla Federal, a unos 20 kilómetros de Larroque.

Si bien esta persona eliminó las fotografías de sus redes debido al revuelo que causaron, algunos vecinos, indignados con el cruel espectáculo, lograron bajar las fotos y el video y lo denunciaron al teléfono de la Brigada de Abigeato de Gualeguaychú.

“Les dimos nombre y apellido, lugar donde ocurrió el hecho, fotografías y hasta un video”, indicó un vecino denunciante, según dio a conocer el Centro Para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas). Sin embargo y a pesar de todo el material que presentaron, desde Abigeato les respondieron extraoficialmente que “no había pruebas suficientes para iniciar una investigación”.

"Este hecho, que se repite cada vez con más frecuencia, deja al desnudo una vez más la total incapacidad y desinterés del estado entrerriano para controlar la caza y el enorme riesgo que corre la fauna ante este descontrol", cuestionaron desde Ceydas.