En el contexto de un fuerte operativo de seguridad desplegado por fuerzas federales, Leonardo Airaldi prestó declaración de imputado ese martes, en el debate que se sustancia en su contra por dos presuntos hechos de narcotráfico que habrían ocurrido en Santa Fe y Entre Ríos.

Airaldi, según consignó Análisis, comenzó su declaración aportando sus datos personales. Precisó que tiene 43 años, que es oriundo de Mar del Plata y que es padre de dos hijos pequeños. Señaló además que es soltero y que desde fines de 2022 convivía con su actual pareja.

También hizo referencia a su historia familiar, vinculada —según describió— a varias generaciones de productores agropecuarios, y mencionó el fallecimiento de su padre en el año 2000. Su madre, según expuso, se desempeña como profesora de literatura y productora rural.

En cuanto a su formación, sostuvo que cursó estudios de Ciencias Económicas y Abogacía, aunque no los finalizó.

Uno de los tramos más extensos de su declaración estuvo dedicado a describir su actividad económica y el esquema societario que —según afirmó— conforma su patrimonio.

Airaldi aseguró que actualmente participa en al menos seis estructuras empresariales, entre fideicomisos y sociedades vinculadas a actividades agropecuarias e inmobiliarias. Entre ellas mencionó emprendimientos radicados en Diamante y en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, indicó que sus ingresos rondaban los 50 millones de pesos anuales, equivalentes a unos cuatro millones mensuales, cifra que contrasta con otras estimaciones incorporadas a la causa.

Respecto de los bienes, afirmó que no posee propiedades a su nombre personal, sino que los inmuebles y activos se encuentran registrados a nombre de las empresas. Detalló en ese sentido la existencia de campos de gran extensión —incluyendo explotaciones de más de mil y hasta más de dos mil hectáreas—, además de inmuebles urbanos en Diamante y vehículos de trabajo.

También mencionó embarcaciones utilizadas para tareas rurales y una flota de vehículos —entre camionetas, camiones y acoplados— pertenecientes a las firmas.

Airaldi habló sobre la denuncia que lo vinculó con un presunto plan para asesinar al fiscal José Ignacio Candioti, al juez Leandro Ríos y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Tras rechazar los cargos, manifestó su solidaridad con el fiscal Candioti, que estaba en la sala.

La revelación sobre el supuesto plan criminal se atribuyeron a Daniel Celis, alias Tavi, que cumple condena por su responsabilidad en las causas conocidas como Narcoavioneta y Narcomunicipio, requirió el refuerzo de las habituales medidas de seguridad y la apertura de una línea investigativa paralela.

Airaldi reconoció un antecedente penal por portación ilegítima de un arma de guerra, en una causa en la que accedió a un juicio abreviado con una condena de tres años de ejecución condicional. Aclaró que ese hecho no estuvo relacionado con narcotráfico ni con la planificación de delitos violentos, y que la pena fue morigerada en el marco de ese acuerdo judicial. La audiencia continuará con la incorporación de las evidencias y testimonios. (Fuente: APFDigital)

Daniel “Tavi” Celis denunció que Leonardo Airaldi se manejaba como un “patrón” en el interior de la Unidad Penal N°9 “El Potrero”, cuando reveló el supuesto plan criminal que iba a ejecutar el ex Presidente de la Sociedad Rural de Diamante contra el juez Federal Leandro Ríos, el fiscal Federal José Ignacio Candiotti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

En declaraciones brindadas a Canal 9 Litoral, Miotti se refirió a la grave denuncia realizada por Celis, que involucra a Leonardo Airaldi y los presuntos hechos de corrupción dentro de la institución. Habló sobre las medidas de seguridad adoptadas y el estado de la investigación administrativa interna.

Miotti confirmó la apertura de un proceso administrativo para determinar posibles connivencias como denunció Celis. “Iniciamos una información sumaria que ya está en curso para deslindar o atribuir si hay responsabilidades de personal penitenciario o el que fuere”, señaló.

Uno de los puntos clave de la denuncia es la existencia de registros fílmicos que podrían probar los movimientos irregulares. Miotti aclaró que, durante un allanamiento realizado por Gendarmería con presencia del fiscal, se procedió al secuestro del soporte técnico de las imágenes. “El DVR de las cámaras de la unidad penal fue secuestrado bajo acta. Esperaremos a ver cuándo será devuelto para seguir nuestra investigación interna”, afirmó el funcionario.

Respecto a la vigilancia interna, Miotti reconoció que el sistema tecnológico es reciente en algunas áreas: “Hasta hace un tiempo atrás la tecnología en el servicio no existía, había cámaras muy dispersas. En la Unidad Penal 9 se fueron colocando sistemas de vigilancia en cercanía de los pabellones o en los pabellones en sí”.

Perfil de “alto riesgo”

El Director también se refirió a la solicitud de traslado de Airaldi a un Penal Federal como el de Ezeiza debido a su perfil de peligrosidad. Miotti reveló que el Servicio Penitenciario ya había advertido sobre los riesgos de alojar a este interno en unidades provinciales. “Informamos que, si bien este interno no era considerado de alto perfil, sí veíamos la posibilidad de que un interno federal pudiente, con recursos económicos para comprar voluntades tanto de personal, pudiera generar estas situaciones”, detalló. Según el director, el pedido de traslado hacia una Unidad Penal Federal fue solicitado en el año 2024.

A pesar de la gravedad de la denuncia, Miotti defendió el desempeño general de la fuerza. “Destaco que, más allá de estas situaciones, no es todo el personal. Lamentablemente estas piezas que no encajan dentro del sistema son las que arruinan todo un trabajo que se hace a diario”, manifestó, haciendo mención también a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la provincia para implementar tecnología de vigilancia de alto costo.

La abogada Mariana Barbitta presentó un habeas corpus preventivo para evitar el traslado de Leonardo Airaldi a Ezeiza, cuestionó la denuncia de Daniel “Tavi” Celis y advirtió irregularidades procesales a días del inicio del debate oral en el Tribunal Federal de Paraná.

La letrada presentó un habeas corpus preventivo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná para impedir un eventual traslado del detenido desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en el marco de la causa por narcotráfico cuyo juicio oral comenzará en los próximos días. Barbitta aseguró que la denuncia sobre un presunto plan para atacar a un juez y a un fiscal “es un disparate” y sostuvo que la situación “carece de seriedad y sustento”.

Según expuso, existe “una preocupación real por un posible agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”, en un contexto que calificó como “confuso y grave desde el punto de vista constitucional y del derecho de defensa”.

El juicio y las supuestas irregularidades

Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante y empresario ganadero, está acusado de liderar una organización dedicada a la comercialización de cocaína en Diamante y Paraná entre 2019 y 2024. La acusación se apoya en escuchas telefónicas y tareas de inteligencia que lo señalan como proveedor y financista de la banda. En el debate oral declararán 51 testigos.

Barbitta explicó que el inicio del juicio estaba previsto para este martes pero fue postergado porque la defensa no recibió el material informático que sustenta parte de la acusación. “No podemos sentarnos en un juicio sin tener acceso al soporte que contendría las comunicaciones que se nos atribuyen”, afirmó, y agregó que el juzgado respondió que tenía “imposibilidad” de remitir esa información, lo que genera “una nebulosa preocupante”.

“Estamos frente a un déficit muy grave. La Fiscalía formuló una acusación que la defensa no puede corroborar porque no cuenta con los elementos originales”, remarcó.

Allanamiento y traslado

El segundo escenario que describió la defensa ocurrió el viernes por la noche, cuando se realizó un allanamiento en el Pabellón E donde está alojado Airaldi. Según Barbitta, se secuestraron carpetas de trabajo vinculadas a la estrategia defensiva. “Se llevaron documentación sin una identificación clara. Eran papeles de trabajo para el juicio”, sostuvo.

La letrada advirtió que, en paralelo, surgieron manifestaciones públicas sobre un eventual traslado a una cárcel federal en Buenos Aires. “A días del juicio oral, trasladarlo implicaría un obstáculo directo para el ejercicio de la defensa”, expresó.

“Lo del disparate”

La polémica se desató tras la declaración de Daniel “Tavi” Celis, condenado a 15 años de prisión, quien aseguró ante el fiscal federal Pedro Rebollo que Airaldi habría pagado 40 mil dólares para que sicarios uruguayos asesinaran al juez federal Leandro Ríos y al fiscal del juicio, Ignacio Candioti, mientras veraneaban en Punta del Este. Otro interno, Hugo Giarrizzo, sumó que el supuesto plan también incluiría al ministro de Seguridad provincial.

Para Barbitta, esa versión “es un disparate absoluto”. “No existe ningún plan contra ningún funcionario. Mi cliente jamás tuvo participación en algo semejante”, afirmó. También cuestionó la credibilidad de los denunciantes: “Estamos hablando de personas condenadas, privadas de libertad, cuyas declaraciones deben ser evaluadas con extrema prudencia”.

La abogada recordó que días antes mantuvo audiencias con el fiscal del juicio sin que existiera ningún incidente. “La relación fue profesional y respetuosa. Incluso coincidimos en la necesidad de postergar el debate hasta contar con los CDs”, señaló.

Un enfrentamiento previo

Celis permanece detenido desde 2016 y fue condenado en causas vinculadas al narcotráfico, incluida la que involucró al ex intendente Sergio Varisco. En este sector, circula la versión de un antiguo conflicto entre Celis y Airaldi, originado en un asalto ocurrido en 2016 en una estancia vinculada a la familia del empresario.

Para la defensa, ese antecedente explicaría la denuncia actual. “Resulta alarmante que se instale públicamente una culpabilidad sin juicio previo. Se están vulnerando principios básicos como la presunción de inocencia”, concluyó Barbitta.

El Tribunal deberá resolver ahora el planteo de habeas corpus mientras se aproxima el inicio del debate oral, en un expediente que suma tensión institucional y cruces públicos en la antesala del juicio. ElOnce