La Justicia Federal de Córdoba confirmó la identificación de los restos de doce personas en un predio lindero al ex centro clandestino de detención La Perla, uno de los mayores campos de concentración de la dictadura militar. El hallazgo fue posible gracias al trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, en excavaciones iniciadas en septiembre del año pasado.

El juzgado a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja informó que se trata de “resultados parciales”, lo que abre la posibilidad de nuevas identificaciones en el futuro. Por estas horas, se trabaja en la notificación a las familias de las víctimas, quienes deberán decidir si la información se hace pública en una conferencia de prensa.

La Perla funcionó entre 1976 y 1978 bajo el mando del Destacamento de Inteligencia 141 del Tercer Cuerpo de Ejército. Allí estuvieron secuestradas entre 2200 y 2500 personas, según el Archivo Provincial de la Memoria. La mayoría permanece desaparecida. Los sobrevivientes relataron que, a diferencia de otros centros como la ESMA, en Córdoba predominaban los enterramientos clandestinos en pozos, práctica que los represores disfrazaban con eufemismos como “metro ochenta” o “ver crecer los rabanitos desde abajo”.

Los testimonios de ex detenidos describen cómo los prisioneros eran preparados para los “traslados”: vendados, amordazados y con las manos atadas, eran subidos a camiones Mercedes-Benz, conocidos perversamente como “Menéndez Benz” por su relación con el comandante Luciano Benjamín Menéndez. En los primeros meses de la dictadura, los traslados eran masivos, con hasta 70 personas, y se realizaban dentro de los terrenos militares, lo que reforzó la hipótesis de fusilamientos en el mismo predio.

La megacausa La Perla, que juzgó a decenas de represores, ya había establecido la mecánica de exterminio. Incluso un ex militar, Guillermo Enrique Bruno Laborda, reconoció en un escrito haber participado en fusilamientos y en la remoción de cadáveres antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979.

El hallazgo actual confirma lo que los sobrevivientes denunciaron durante décadas: que los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en el mismo predio. Desde el EAAF se destacó la importancia de que las familias de desaparecidos actualicen sus datos de contacto, ya que el proceso de identificación continúa.

A pocos días de cumplirse 50 años del inicio de la dictadura, la identificación de estas doce víctimas reafirma que la verdad, por más que se intente ocultar, termina saliendo a la luz. El hallazgo constituye un paso más en el camino de memoria, verdad y justicia que la sociedad argentina sostiene como compromiso histórico.