Y prosiguió: “Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año?”.

A lo que respondió en tono desafiante: “Daaaaaaaaaale…Milei… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan”. Y enumeró: “No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario “libertario”… lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu “competencia de monedas” fracasó, hay más dólares “en el colchón” que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. ¡Sí Milei!... LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!“, rebautizó CFK a LLA.

Además, la exprimera mandataria que cumple arresto domiciliario en su departamento de Constitución, dio como “principio de revelación” que el Presidente no es un experto en crecimiento económico. “Milei, menos todavía sin dinero, no es … y mejor ni te cuento sin dólares".

Y dejó un postdata para el caso Espert, acerca de la situación del candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, ante un presunto vínculo con el narcotráfico al cual hoy se refirió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco, o que hayan recibido plata”.

“¿Y lo del “Profe” Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba “cárcel o bala”… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo", concluyó CFK.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple la prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, quiere que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta la negativa a que le retiren la tobillera electrónica y las limitaciones del régimen de visitas. El Tribunal Oral Federal 2 había determinado cuáles deberían ser los requisitos para el cumplimiento de la condena de la líder justicialista e indicó que tendría que usar un "dispositivo de vigilancia electrónico" y que para recibir visitas éstas deberían ser previamente aprobadar por la Justicia.

El abogado Carlos Beraldi presentó un recurso extraordinario para lograr que la expresidenta no tenga que utilizar una tobillera mientras cumple su condena en San José 1111. La defensa argumentó en su momento que, teniendo en cuenta la custodia constante que tiene CFK, no era necesario el uso de un dispositivo electrónico para asegurarse del cumplimiento de la condena.

Pero Cristina, además, recusó a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. Los abogados de la expresidenta pretenden que el recurso sea resuelto por conjueces y solicitó que antes de revisar el planteo se realice el sorteo correspondiente.

CFK cumple con la condena penal de seis años de prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio de San José 1111 por el caso Vialidad, en el que se le atribuyó una administración fraudulenta con perjuicio al Estado estimado en 537 millones de dólares.

Otro juicio en curso

La referente política deberá presentarse el próximo 6 de noviembre ante Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, por el inicio del juicio oral por la "causa de los Cuadernos", en el que se investigan supuestos pagos sistemáticos de sobornos a funcionarios de sus gobiernos y de Néstor Kirchner.

El Tribunal confirmó la fecha de inicio del juicio y ratificó los embargos dispuestos contra los más de 140 imputados, por una suma que supera los 1.100 millones de dólares. El proceso judicial se realizará de manera completamente virtual.

El juicio oral contará con la participación de 630 testigos, y Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de haber recibido coimas para direccionar contratos de obra pública. (Fuente: Página 12)

En un fallo que reaviva la tensión entre la Justicia Federal y la Corte Suprema, la jueza subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, resolvió mantener a Cristina Fernández de Kirchner en el padrón electoral de Santa Cruz, pese a su condena firme a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La magistrada declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal y del Código Nacional Electoral que impiden votar a personas condenadas, con lo cual la exmandataria podrá participar de los próximos comicios como votante.

La decisión fue firmada el 18 de julio, días antes del inicio de la feria judicial, mientras el juez titular Claudio Vázquez se encontraba de licencia. La causa había llegado al juzgado tras una notificación de la Cámara Nacional Electoral que instaba a cumplir el fallo de la Corte Suprema que había confirmado la condena y la pena accesoria de inhabilitación dictada por el Tribunal Oral Federal N°2.

La resolución de Borruto se funda en una interpretación garantista de los derechos civiles, en la que considera que impedir el voto a personas condenadas –aun con fallo firme– es contrario a la Constitución Nacional y a los pactos internacionales de derechos humanos. En su fallo, declaró inconstitucionales el artículo 12 del Código Penal, en relación con el inciso 2 del artículo 19, y el inciso “e” del artículo 3 del Código Electoral Nacional.

Sin embargo, la jueza distinguió entre los derechos políticos activos y pasivos: si bien mantuvo a Cristina Kirchner como electora activa, ratificó que sigue inhabilitada para ser candidata. Este criterio contradice parcialmente el de la Corte, que en otras oportunidades consideró válido impedir el sufragio a condenados por delitos contra la administración pública.

Aunque el fallo no tendrá efecto práctico inmediato –Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario y difícilmente pueda trasladarse a Santa Cruz para emitir su voto–, sí instala un precedente jurídico que puede ser apelado. También reaviva el debate sobre la interpretación de los derechos políticos en casos de corrupción, y el alcance de la inhabilitación como pena.

En paralelo, Cristina Kirchner volvió a aparecer públicamente con duras críticas al Gobierno de Javier Milei y al nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, a quien acusó de intervenir en la política interna. “Lo que les molesta es la democracia”, escribió en su cuenta de X. Y agregó: “Primero deberían limpiar su casa, antes de opinar sobre la nuestra”.

Lamelas había advertido sobre los vínculos entre provincias argentinas y empresas chinas, insinuando posibles casos de corrupción. En su mensaje, la expresidenta ironizó con que la verdadera campaña del oficialismo la impulsan “Washington y el Fondo Monetario”, y no los hermanos Milei.

El fallo de Borruto, en este contexto, reaviva la polarización en torno a la figura de Cristina y añade un nuevo capítulo al enfrentamiento entre sectores del Poder Judicial y el oficialismo. La decisión podría ser apelada ante la Cámara Nacional Electoral, que ya había avalado la exclusión de CFK del padrón, y eventualmente derivar en una nueva intervención de la Corte Suprema.

El presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Cáceres, acusó públicamente al gobernador Rogelio Frigerio de utilizar a la policía “para amedrentar militantes” y sostuvo que la “doctrina de la mano dura está causando mucho daño en la provincia”. La declaración fue publicada a través de sus redes sociales, luego de que cinco jóvenes fueran demorados por realizar una pintada de contenido político.

“Demorar a cinco pibes por hacer una pintada política es una exageración y una pésima señal del gobierno”, afirmó el dirigente peronista, que responsabilizó directamente al mandatario provincial por el accionar policial. En su mensaje, Cáceres cuestionó el enfoque del Ejecutivo sobre la seguridad y advirtió que las medidas adoptadas por el gobierno “responden a la ola represiva de Milei y Patricia Bullrich, sin medir las consecuencias”.

En su publicación, el dirigente también expresó su solidaridad con los jóvenes detenidos, a quienes describió como víctimas de una “situación incómoda y violenta, sólo por expresarse”. “Los entrerrianos estamos acostumbrados a convivir pacíficamente, sin agresiones y en libertad”, remarcó, en contraste con lo que calificó como una escalada represiva alentada por la administración provincial.

Para Cáceres, este no es un hecho aislado: “Desde hace un tiempo vemos con preocupación cómo la violencia y el atropello hacia la gente se ha vuelto una constante de parte del Gobierno”. Además, instó a Frigerio y a su ministro de Seguridad a “poner un poco de racionalidad a la gestión” y a priorizar “el respeto hacia las y los ciudadanos, a los que lo votaron y a los que no”.

La reacción del PJ se suma a una creciente tensión política en la provincia, en un contexto donde la oposición denuncia persecución a militantes y excesos en los operativos de seguridad. Las pintadas, una forma tradicional de expresión en la militancia política, fueron el punto de partida de este nuevo episodio que reaviva el debate sobre el uso de las fuerzas de seguridad y los límites de la protesta en el espacio público.

Desde el gobierno provincial no hubo declaraciones oficiales tras las acusaciones del presidente del PJ. El silencio del Ejecutivo contrasta con el tono enérgico del mensaje difundido por Cáceres, que acusó a la administración de Frigerio de “priorizar el disciplinamiento político por sobre la convivencia democrática”.

Mientras tanto, el tema sigue generando repercusión en redes sociales y dentro de los espacios partidarios. La oposición espera una respuesta institucional por parte del Ejecutivo, mientras organizaciones políticas y sociales cercanas al PJ ya comenzaron a manifestar su repudio al accionar policial en distintas localidades.

Los gobernadores de Unión por la Patria (UP) se reunirán este martes en la sede del Partido Justicialista (PJ) con el objetivo de brindarle su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El encuentro tendrá lugar a partir de las 18 en el edificio del PJ, ubicado en Matheu 130. Antes, a las 15, será el turno de la Confederación General del Trabajo (CGT).

A exactamente una semana de que el máximo Tribunal revalidara la sentencia en el marco de la causa Vialidad, jefes provinciales de la órbita celeste se juntarán a diagramar una hoja de ruta común ante lo que consideran una decisión "proscriptiva" y "antidemocrática", tal como ya lo expresaron varios de ellos en las redes sociales. Será, además, en la antesala de la movilización que el peronismo planea para este miércoles.

La realización del cónclave con los mandatarios fue confirmada por el senador y vicepresidente del PJ nacional, José Mayans, quien tiene a cargo la articulación entre todos los sectores. La jornada será doble: a las 15, arribarán al partido los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), mientras que a a las 18 será el turno de los gobernadores.

Si bien restaban confirmaciones, estarían presentes Axel Kicillof (Buenos Aires), y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). Sergio Ziliotto (La Pampa), en tanto, tendrá agenda en la Capital Federal, por lo que se espera que también participe. Por su parte, Ricardo Quintela (La Rioja) anticipó que asistirá a la marcha del miércoles, e intentará formar parte de la reunión del martes. Por el contrario, desde Catamarca dijeron a este medio que Rául Jalil, alejado de la conducción de Cristina, no será de la partida. Lo mismo se espera del tucumano Osvaldo Jaldo.

Los otros dos nombres que completan la órbita celeste son Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), tándem de mucha cercanía con la expresidenta. Zamora, sin embargo, está de viaje en los EEUU, por lo que no integrará la comitiva porteña. No estarán todos los mandatarios que integran Unión por la Patria.

A casi 24 horas del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a Cristina Kirchner, la ex presidenta apareció por primera vez este miércoles desde el balcón de su casa para saludar a la militancia que concentra en las inmediaciones desde ayer.

Pasadas las 17, por primera vez en el día, la líder del PJ saludó a los grupos de militantes que están en las inmediaciones de su casa en la calle San José y Humberto Primo, en el barrio porteño de Constitución.

En las últimas horas, las calles adyacentes a su domicilio se han convertido en un hervidero de manifestantes y curiosos, en espera de nuevos acontecimientos. La presencia de militantes kirchneristas responde a un gesto de apoyo y lealtad hacia quien consideran una víctima de persecución judicial.

En ese marco, tras el fallo del máximo tribunal, ahora la ex mandataria debe enfrentar una condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Justamente, este miércoles conoció que el Tribunal Oral ha ratificado que Kirchner dispone de un plazo de cinco días para presentarse en la sede judicial de Comodoro Py.

Luego de las diferentes protestas, como la de los jubilados y médicos del Hospital Garrahan, los manifestantes se dirigieron hacia el barrio de Constitución, donde la ex mandataria volvió a saludar por segunda vez, ya con un marco más colmado de seguidores y militantes.

En medio de este escenario, la defensa legal de CFK ha solicitado que, debido a sus condiciones, la sentencia se cumpla bajo arresto domiciliario, alegando su edad, su papel como ex mandataria y las amenazas a su seguridad tras el intento de homicidio que sufrió en 2022. La controversia está servida, considerando que se debate no solo la legalidad del pedido, sino también su correcta aplicación, en un contexto donde la justicia se encuentra bajo un intenso escrutinio público.

El juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, ha rechazado el pedido de “detención inmediata” presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola contra Cristina y el resto de los condenados en la causa Vialidad, alegando que todos deberán presentarse para formalizar la detención dentro del plazo estipulado. La Fiscalía, que había solicitado medidas más expeditivas, ha insistido en que esta situación es urgente dado el volumen del fraude demostrado en el juicio.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado respondió al planteo de los fiscales con un “estése a lo dispuesto en el día de ayer“, en referencia a la orden para que todos los condenados se presenten en cinco días hábiles -plazo que vence el jueves de la semana que viene a las 9:30 horas- en la sede del tribunal en Comodoro Py para quedar detenidos.

El propio tribunal ya le había ordenado a los condenados que tenían que presentarse en el término de cinco días hábiles en Comodoro Py para quedar detenidos. Se entendía que así el tribunal ya había fijado postura sobre la modalidad de detención. Y eso ocurrió hoy cuando en una resolución, Gorini ratificó su decisión ante el planteo de la Fiscalía.

De acuerdo con el fallo, la ex presidenta deberá restituir más de 84.835 millones de pesos al Estado, una suma que equivale a más de una tercera parte de su riqueza declarada por 250 millones de pesos en 2023, como ha consignado su declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Este decomiso de bienes se ha convertido en un tema candente, no solo por la magnitud de la cifra, sino porque además se pondrá bajo la lupa la estructura patrimonial de Kirchner, comprendiendo inversiones numerosas en acciones societarias cuyo detalle específico no ha sido completamente revelado públicamente.

Las repercusiones políticas y económicas de este caso son vastas. Dentro del Partido Justicialista (PJ), se abre un nuevo escenario de disputas internas por el armado de las listas para las elecciones de este año. Su condena de inhabilitación afecta directamente su capacidad para seguir liderando el partido, y el PJ enfrenta ahora la tarea de definir nuevas cabezas. (Con información de Infobae).

La tradicional concentración de jubilados frente al Congreso de la Nación se está llevando a cabo nuevamente este miércoles, con una masiva movilización marcada por la reciente decisión de la Corte Suprema, que dejó firme la condena contra Cristina Kirchner, la que a su vez se suma a los múltiples reclamos sociales, económicos y previsionales.

Mientras los manifestantes intentan avanzar hacia Plaza de Mayo, la policía intenta contenerlos a la altura de la intersección de avenida de Mayo y 9 de julio. Con el pasar de los minutos, comenzaron a registrarse incidentes entre las fuerzas y varios grupos de los presentes, mientras continúa el operativo, el cual cerró las inmediaciones de la Casa Rosada a fin de evitar cualquier tipo de acercamiento al edificio.

La convocatoria, que originalmente había surgido de grupos de jubilados autoconvocados, se amplió en las últimas semanas, ya que se sumaron sectores del feminismo y trabajadores de la salud, entre otras cosas.

La quita de medicamentos del PAMI, la eliminación de la moratoria previsional, el veto presidencial al aumento de haberes, la situación crítica del hospital Garrahan y el malestar generalizado por la crisis económica contribuyeron a que diversos sectores sociales decidieran sumarse a la protesta.

La concentración comenzó a las 15 en la Plaza Congreso, con columnas desplegadas sobre las avenidas Rivadavia, Callao y Entre Ríos. Para contener la protesta, el Gobierno desplegará un importante operativo de seguridad, que incluye vallados reforzados, tal como sucedió en manifestaciones recientes.

El recuerdo de la represión en marchas anteriores genera preocupación entre los organizadores, quienes temen nuevos episodios de violencia bajo el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad, que ya produjo detenciones, heridos y uso de gas pimienta.

A la jornada se espera que asistan representantes de gremios, organismos de derechos humanos, movimientos feministas, colectivos de discapacidad, docentes universitarios, y agrupaciones como la CTA, la UTEP y el Movimiento Evita.

Además, se prevé la presencia de figuras del peronismo y del oficialismo, quienes ya expresaron su rechazo al fallo contra Kirchner.

Las consignas más repetidas serán la "defensa de la democracia", el rechazo a los ajustes económicos y la denuncia de una supuesta persecución judicial contra la exmandataria. Desde sectores del kirchnerismo, afirmaron que “el pueblo va a salir a la calle”.

En paralelo a esta movilización, la Cámara de Diputados envió al Senado varios proyectos de ley que contemplan el aumento de jubilaciones, un bono para quienes perciben el haber mínimo, la prórroga de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad.

Estas propuestas fueron cuestionadas por el Ejecutivo, que advirtió que su aplicación costaría aproximadamente u$s12.000 millones y anticipó que serían vetadas por el presidente Javier Milei.

El rechazo de Milei al proyecto de aumento de emergencia para jubilados, aprobado por amplia mayoría legislativa, generó un fuerte rechazo por parte de la oposición.

Desde el Gobierno defendieron la medida como un intento de evitar el “populismo fiscal”, mientras que sus críticos lo interpretaron como una señal de “insensibilidad social”.

En cuanto al trasfondo político, el fallo de la Corte Suprema que desestimó los recursos presentados por la defensa de Kirchner y dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua provocó un fuerte impacto nacional. Durante el martes se multiplicaron las expresiones de apoyo a la expresidenta, con actos en Rosario, protestas en Chaco, marchas en el AMBA y vigilias en su domicilio del barrio de Constitución.

La marcha del miércoles se perfila como la primera reacción masiva con alcance federal luego del pronunciamiento judicial. Dirigentes como Axel Kicillof, Oscar Parrilli, Carlos Heller y Sergio Palazzo ya habían planteado la necesidad de una respuesta colectiva a lo que consideran una proscripción política.

Más allá del contenido político, la protesta también refleja la situación crítica que atraviesan los adultos mayores. Denuncian la pérdida del poder adquisitivo, la caída de los haberes mínimos, el encarecimiento de los medicamentos y el vaciamiento del sistema previsional. Todo esto, enmarcado en una crisis que continúa golpeando los sectores más vulnerables.

Entre los mensajes previstos para la jornada se encuentra el pedido por “una justicia al servicio de la democracia y no de los poderes corporativos”. Además, las agrupaciones que impulsan la movilización podrían emitir un documento conjunto que apunte directamente contra la Corte Suprema, el Gobierno nacional y respalde abiertamente a Cristina Kirchner como referente de resistencia.

En definitiva, la movilización que protagonizarán los jubilados este miércoles podría convertirse en un símbolo del descontento creciente que atraviesa a la sociedad argentina, marcada por decisiones judiciales, recortes del Estado y un clima de creciente tensión política y social.

La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema generó un fuerte cimbronazo político, pero el llamado “círculo rojo” prefirió moverse en silencio. Aunque no hubo manifestaciones públicas de los grandes empresarios, puertas adentro reina la inquietud por el posible impacto social de la medida judicial, especialmente por la posibilidad de que resurjan protestas masivas y se reactive el peronismo más combativo.

“Si en dos días se termina, Cristina es historia. Pero si esto escala, vamos a vivir un conflicto social permanente”, deslizó en reserva uno de los principales hombres de negocios del país. Entre los miembros del llamado G6 y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), se valoró el alineamiento institucional entre las distintas instancias judiciales, aunque reconocieron que el fallo puede abrir una nueva etapa de tensión política.

Consultados por PERFIL, seis representantes de sectores clave de la producción coincidieron en destacar la independencia de la Corte al actuar “sin presiones políticas”, lo que consideran una muestra de la solidez institucional de la República. No obstante, admitieron que la validación de la condena podría generar un efecto contrario al deseado: movilizaciones prolongadas y un renacer del kirchnerismo bajo el relato del lawfare.

Uno de los empresarios consultados se mostró cauto respecto al sustento probatorio del fallo: “Es difícil certificar si había pruebas irrefutables contra Cristina. Y eso deja margen para que el peronismo construya un discurso de persecución”. Según analizan, ese relato podría reactivar la mística del espacio y convertir a la expresidenta en una figura simbólica que condicione las futuras candidaturas del justicialismo.

En el plano concreto, el temor más inmediato es la conflictividad social. Ya hubo movilizaciones en el AMBA y en distintas provincias, y algunos gremios, como SMATA, bloquearon rutas en rechazo a la decisión judicial. Sectores industriales que enfrentan caídas en la producción anticipan que los sindicatos más alineados con el kirchnerismo podrían radicalizar sus posturas dentro de las plantas.

“Lo que se evalúa no es la sentencia, sino su efecto. Si el malestar se disipa rápido, no habrá problemas. Pero si se transforma en un nuevo ciclo de protestas, afectará la paz social y la estabilidad de las empresas”, explicó un directivo del sector financiero.

Otros miembros del establishment remarcaron que el verdadero problema no es Cristina Kirchner, sino su herencia política. “Aunque su figura esté en declive, el que venga —Axel Kicillof u otro— seguirá expresando un modelo que pone en jaque las reglas de juego para invertir y hacer negocios”, resumió un dirigente del agro.

Ante este escenario, el gran empresariado se refugia en el bajo perfil. Consideran que involucrarse podría ser contraproducente, como quedó demostrado en la reciente protesta en la sede de Artear. Mientras tanto, observan con atención cómo evolucionará el clima en la calle y si el fallo se convierte en un nuevo eje de tensión o en el final de una era.

La ex presidenta Cristina Kirchner encabezó una reunión en la sede del PJ en medio de la expectativa por la decisión de la Corte Suprema en la causa Vialidad. De confirmarse este fallo, la ex presidenta será condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El máximo tribunal tiene previsto reunirse a las 16 para adoptar una decisión sobre el caso. Sin embargo, dos de sus integrantes, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, ya emitieron su voto.

Cristina Kirchner continúa en la sede del PJ y la militancia comenzó a reunirse en la calle. También hay amenaza de varios gremios de convocar a medidas de fuerza por tiempo indeterminado.

A la salida de la sede del Partido Justicialista, los senadores de Unión por la Patria, José Mayans y Juliana Di Tullio se expresaron ante la expectativa del fallo de la Corte Suprema.

En ese sentido, el presidente de la bancada peronista en la Cámara alta aseguró que trabajarán en cortes de siete miembros e irán por la paridad de género en el máximo tribunal. En tanto, apuntó contra la resolución contra la ex presidenta: “La respuesta política es que la quieren meter presa a Cristina, en un juicio que está visiado de nulidad”.

“La respuesta que hemos tenido es la Justicia argentina mirando para otro lado en un montón de cosas y actuando de forma acelerada para poder sacarla de la cancha porque tienen miedo que gane en la provincia de Buenos Aires y que sea la próxima presidenta”, añadió.

El evento, cargado de simbolismo histórico, sirvió para recordar los fusilamientos durante la dictadura de la Revolución Libertadora, pero también fue aprovechado por la exmandataria para hacer un paralelismo entre aquella época y la situación actual que enfrenta: “Espero que a mi abogado no lo encarcelen”, dijo en tono irónico, en clara alusión al hostigamiento judicial al que considera sometida.

Fernández de Kirchner aseguró que desde que anunció su candidatura a diputada nacional, “se desataron los demonios”, en referencia a lo que llamó “grupos hegemónicos económicos y mediáticos” que buscan frenar al peronismo. Afirmó que el modelo económico actual es insostenible y comparó su estructura con la implementada durante las administraciones de Domingo Cavallo y el menemismo: “Este modelo tiene fecha de vencimiento. Es una copia del de los 90, que se sostiene con dólar barato y ajuste.”

Durante su discurso, la expresidenta denunció que detrás de su eventual condena hay una estrategia de “desarticular la organización” del peronismo para impedir que se consolide como alternativa electoral viable: “No nos van a dejar seguir porque tienen miedo. Descreen que puedan organizarse algo enfrente nuestro. Esto que está ahora, este gobierno cachivache, cuando fracase, esperan que no haya nada.”

Sobre el futuro del partido en caso de que sea condenada y prisión preventiva, Cristina pidió unidad a los dirigentes presentes: “No importa el nombre, importa la unidad.” Además, se definió como “una fusilada que vive”, en alusión al silenciamiento político y judicial que, según expresó, sufren quienes intentan defender otro modelo de país.

En diálogo directo con la militancia presente en la puerta del Instituto Patria, CFK remarcó: “Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor.” Y cuestionó duramente el rumbo económico del país: “¿Cómo no va a tener plata? Si no pagas la luz, el gas ni a tu empleada, seguramente vas a tener superávit. Los argentinos tienen que saber que les están mintiendo.”

La exjefa de Estado también criticó a ciertos sectores de la dirigencia política por su falta de compromiso con los problemas reales de la población: “Lo único que escucho es ‘qué lugar me toca en las listas’. Déjense de joder de una vez por todas.”

Finalmente, apeló a la historia argentina para advertir que, más allá de su destino personal, “el pueblo volverá, porque tiene identidad y tiene historia en la Argentina.”

El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) respaldaron públicamente a Cristina Kirchner horas antes del acto, señalando que la causa Vialidad “está viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal” y que representa “una clara persecución política” impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.

Con esta postura, y en vísperas del fallo de la Corte Suprema, Cristina Fernández reafirma su rol como líder indiscutida de la oposición, mientras su entorno político y social redobla esfuerzos por mantener la unidad frente a una posible condena que podría marcar un antes y un después en la vida política argentina.

Frigerio logró respaldo nacional para reactivar obras del Plan Hábitat. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió este lunes en Buenos Aires con el subsecretario de Integración Socio Urbana de la Nación, Sebastián Pareja, con el objetivo de reactivar obras de infraestructura comprendidas en el Plan Hábitat. El mandatario provincial destacó que el gobierno nacional se comprometió a retomar y concluir los proyectos paralizados en distintos municipios entrerrianos.

Durante el encuentro se revisaron las obras en ejecución y aquellas iniciadas en el marco de los programas Renavap (Registro Nacional de Barrios Populares), Reconstruir y Casa Propia. Todas ellas están orientadas a mejorar las condiciones de urbanización y el acceso a servicios esenciales en sectores vulnerables.

Frigerio subrayó la importancia de este avance para los municipios y para los entrerrianos que viven en los barrios populares. “Nos llevamos el compromiso del gobierno Nacional de que estas obras las van a terminar. Es una buena noticia para muchos municipios de la provincia y para la gente de los barrios más vulnerables que las necesitan imperiosamente”, expresó tras la reunión.

El Plan Hábitat, que comprende intervenciones en materia de saneamiento, redes de agua potable, alumbrado público, cordones cuneta y espacios comunitarios, había quedado paralizado en numerosas localidades debido a dificultades financieras y cambios de gestión. La articulación entre Nación y Provincia busca retomar esas tareas pendientes y asegurar su continuidad.

La reactivación de estos proyectos forma parte de una agenda prioritaria para la administración provincial, que ha puesto el foco en mejorar la infraestructura urbana y reducir las desigualdades territoriales. En ese sentido, Frigerio remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos locales y las áreas técnicas nacionales para agilizar los procesos administrativos que permitan avanzar sin demoras.

Sebastián Pareja, por su parte, destacó la voluntad de la Nación de acompañar a las provincias en las iniciativas destinadas a garantizar el derecho a una vivienda digna y a condiciones urbanas adecuadas. “Este tipo de proyectos tienen impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias y merecen ser una prioridad”, sostuvo.

El compromiso renovado en esta reunión abre una expectativa positiva para cientos de familias entrerrianas que esperan la conclusión de obras fundamentales para su bienestar. Frigerio reiteró que continuará gestionando activamente para que las promesas se traduzcan en soluciones concretas en el territorio.