La CGT marchó hacia el edificio del ex Ministerio de Industria, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, en “defensa de la industria nacional” y difundió un duro documento contra la gestión de Javier Milei.

Los líderes cegetistas se reunieron a las 14hs. en las inmediaciones del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), sobre la avenida Belgrano 665, y marcharon juntos hasta el lugar de la convocatoria.

Bajo el lema “las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, la marcha finalizó con discursos de cada uno de los miembros del triunvirato de la conducción: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

Poco antes del inicio de la marcha, la central obrera publicó un documento en el que aseguró que el Gobierno Nacional lleva adelante un modelo político, económico y social "monitoreado" por el Fondo Monetario Internacional (FMI), "en función de intereses que no son los nuestros".

"Están destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos", manifestó la CGT.

En la misma línea, explicaron que las consecuencias del plan de ajuste implementado por el Gobierno Nacional "son claras y están a la vista", debido a que la situación social es "angustiante" con un aumento notable en la "pobreza y la marginalidad".

Asimismo, indicaron que "cientos de miles de hogares" sufren, actualmente, "carencias alimentarias severas" y que la mayoría de las familias de clase media mantienen deudas que disparan "graves alarmas en materia de salud mental".

"Hay jubiladas y jubilados en condiciones de precariedad existencial que no pueden comprar siquiera sus medicamentos; personas con discapacidad sin atención; desfinanciamiento del sistema de salud, del sistema educativo, de la investigación científica, de la obra pública, de la infraestructura vial y del transporte. En definitiva, un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia", aseguraron.

Para finalizar, señalaron que la movilización de este jueves se realizó con el fin de "visibilizar" la realidad del sector productivo y "alertar sobre la difícil situación que atraviesa", sobre todo en las las PyMEs, que son "el principal sostén del empleo".

Por su parte, Jerónimo sostuvo que el Gobierno debe "cambiar su estrategia de modelo económico" porque lo único que hace "es expulsar a los argentinos hacia la pobreza" y "agudizar su situación": "Tenemos la obligación de estar unidos", agregó.

"Y estamos acá en honor al Papa Francisco y a su legado, que nos decía que defendamos los derechos y que cuidemos la casa común. Por eso estamos acá, porque creemos en un país distinto, tenemos una identidad, tenemos clase media, conocemos lo que es la justicia social y la movilidad social ascendente y queremos la felicidad de nuestra familia", indicó.

Posteriormente, sostuvo que los argentinos "no podemos permitir que se lleven los recursos de nuestra patria" y le exigió a los dirigentes que "se dejen de mirar el ombligo y sean responsables" para representar los intereses de la mayoría.

"Frente a estas propuestas del 'sálvese quien pueda', proponemos otra idea de sociedad, donde la dignidad del trabajo, como experiencia solidaria de intercambio y colaboración, siga siendo una construcción colectiva a favor del bien común y del desarrollo personal y familiar, en el marco de una comunidad integrada. Porque no hay libertad sin Justicia Social", concluyeron.

Fuente: NA

La mesa chica ampliada de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), ubicada sobre la avenida Belgrano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de evaluar la coyuntura socioeconómica y definir los pasos a seguir dentro de su plan de acción gremial.

Durante el encuentro, que contó con la participación de aproximadamente treinta dirigentes del ámbito sindical y la presencia de representantes de movimientos sociales en calidad de invitados, se resolvió por consenso llevar adelante una marcha hacia la Secretaría de Industria de la Nación, con domicilio en la avenida Julio Roca 651. La fecha estipulada para esta manifestación es el próximo 8 de octubre. De este modo, la conducción cegetista desestimó la implementación de un nuevo paro nacional en lo inmediato, argumentando la necesidad de encauzar los reclamos a través de acciones específicas centradas en la defensa del sector productivo.

Asimismo, la cúpula de la organización sindical acordó brindar un esquema de acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre, sumándose a la visibilización de las demandas del sector educativo de nivel superior.

La decisión adoptada por la CGT marca un distanciamiento respecto de la estrategia fijada por otras entidades sindicales, como la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Ambas centrales obreras han ratificado un calendario de protestas que incluye movilizaciones progresivas y contempla el desarrollo de un paro general hacia finales de octubre.

Hasta este momento, las tres agrupaciones sindicales venían coordinando un esquema conjunto de reclamos que se inició el 22 de julio a través de diversas manifestaciones públicas. Sin embargo, en el análisis sobre la oportunidad y oportunidad de una paralización total de actividades, la CGT concluyó que no se registran las condiciones operativas necesarias para garantizar el acatamiento de una medida de esas características a escala nacional.

Entre los dirigentes que participaron de la deliberación se encontraron referentes de gremios representativos como Sanidad, Camioneros, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Obras Sanitarias, Alimentación, Judiciales y Gastronómicos, entre otros. La resolución final ratificó el camino de la movilización sectorial frente a las dependencias gubernamentales específicas vinculadas a la actividad industrial.

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú celebró este lunes su XIII sesión ordinaria del período legislativo. En el encuentro, los concejales trataron un temario que incluyó diversos proyectos previamente aprobados en Comisiones además de darle ingreso a una docena de expedientes.

La CGT Regional Gualeguaychú renovó sus autoridades y abrió una nueva etapa al frente de la central obrera local. El plenario realizado este jueves en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza terminó de formalizar una conducción encabezada por Leandro Fabian Albero Lapeyre, del Sindicato de Camioneros, y Diego Orlando Leiva, de Aceiteros.

El recambio se produjo luego de un proceso de consenso entre los gremios que integran la regional y contó con la participación de la Secretaría del Interior de la CGT nacional. Claudio De los Santos, quien hasta ahora ocupaba la conducción regional, pasó a desempeñarse como secretario de Prensa dentro de la nueva estructura.

Desde la organización sindical destacaron especialmente este mecanismo de transición y remarcaron que, después de varios años, un delegado regional participará del traspaso e integrará la misma lista de la nueva conducción. Para la CGT local, ese proceso representa un paso hacia una mayor articulación entre los distintos sindicatos.

Una agenda atravesada por el empleo

La renovación se produce en un escenario que la propia central obrera define como complejo para el mundo del trabajo. En ese contexto, la nueva conducción fijó entre sus principales objetivos la defensa de los derechos laborales, la protección de las fuentes de trabajo y el sostenimiento de los reclamos por mejores salarios.

La agenda planteada también busca incorporar a sectores que se encuentran fuera del empleo formal. La CGT hizo referencia específicamente a trabajadores desocupados, subocupados y precarizados, con el objetivo de avanzar hacia mejores condiciones laborales y una mayor integración.

En la práctica, ese planteo ubica al empleo y a la situación salarial como algunos de los principales desafíos para la nueva conducción sindical de Gualeguaychú.

Una estructura con representación de distintos sectores

La nueva conducción quedó integrada por representantes de una amplia variedad de organizaciones sindicales.

Además de Lapeyre y Leiva, la Secretaría Gremial estará a cargo de Claudio Martín Gómez, del sector Químico; Jorge Vera, de Sanidad, ocupará Organización; Carlos Darío Deni, de Petróleo y Gas, será secretario Administrativo; y Claudio De los Santos, de Luz y Fuerza, tendrá a su cargo Prensa.

La estructura incluye además secretarías vinculadas con políticas económicas y empleo, acción social y economía popular, derechos humanos, igualdad de oportunidades y género, capacitación, salud, educación, seguridad y salud ocupacional, vivienda y turismo, entre otras áreas.

La conformación refleja la intención de mantener una representación amplia de los gremios que forman parte de la CGT Regional Gualeguaychú, con áreas específicas destinadas a cuestiones laborales y sociales.

Con la renovación formalizada, la nueva conducción tendrá ahora el desafío de transformar ese acuerdo entre los sindicatos en una agenda común frente a los problemas que atraviesan a los trabajadores de la ciudad y la región.

Hay tardes que no necesitan demasiado para convertirse en especiales. Un espacio verde, algunos juegos, música, chicos corriendo de un lado al otro y adultos que decidieron poner tiempo, esfuerzo y recursos para regalarles un momento de alegría.

Eso fue lo que ocurrió el domingo en la plazoleta ubicada en Santiago Díaz y Perito Moreno, en el barrio CGT. Allí, la ONG Somos el Mundo llevó adelante un festejo comunitario por el Día del Niño que tuvo como protagonistas a los chicos de la zona y como motor principal a la solidaridad.

La propuesta nació con una premisa sencilla: celebrar, compartir y que ningún chico se fuera de la jornada sin un regalo. Para hacerlo posible, la organización contó con el acompañamiento del Centro de Estudiantes del Colegio Enova, cuyos integrantes impulsaron una colecta de juguetes entre la comunidad educativa.

La respuesta permitió reunir una importante cantidad de donaciones y que cada uno de los niños que participó del festejo recibiera un obsequio. Para muchas familias, ese momento terminó siendo uno de los más esperados de la tarde: recibir un regalo que había llegado hasta allí gracias al aporte desinteresado de otras personas.

Pero la fiesta no quedó solamente en los juguetes. La plazoleta también se transformó en escenario de juegos, actividades recreativas y momentos compartidos. Y hubo una presencia que aportó una cuota especial de color y música: el conjunto carnavalesco Vieja Fantasía se sumó a la celebración y llevó parte de la tradición festiva de la ciudad hasta el corazón del barrio.

Con sus integrantes, la música y el espíritu propio del carnaval, Vieja Fantasía ayudó a convertir una jornada comunitaria en una verdadera fiesta. Los chicos pudieron disfrutar de una tarde diferente y las familias encontraron un espacio para encontrarse y compartir.

Una fiesta hecha a pulmón

Detrás de cada juego, cada juguete y cada actividad hubo algo que quizás no siempre se ve cuando comienza una celebración: organización, tiempo y muchas voluntades trabajando detrás de escena.

Desde Somos el Mundo remarcaron que el festejo fue realizado íntegramente de manera comunitaria y a pulmón. La iniciativa no contó con asistencia financiera ni logística de la Municipalidad, sino que se sostuvo a partir de los aportes voluntarios de vecinos, instituciones educativas y agrupaciones locales.

En ese sentido, desde la ONG destacaron especialmente el compromiso de los estudiantes del Colegio Enova y de los integrantes de Vieja Fantasía, que se sumaron desinteresadamente a la propuesta.

La colecta de juguetes fue una muestra concreta de cómo una iniciativa puede multiplicarse cuando diferentes sectores de una comunidad deciden involucrarse. Lo que para alguien puede ser simplemente un juguete que ya no utiliza, para otro chico puede convertirse en el regalo que esperaba recibir en una tarde de celebración.

Y esa cadena de solidaridad fue, en definitiva, la que permitió que la plazoleta del barrio CGT se convirtiera durante unas horas en un lugar de encuentro.

La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó el llamado a ganar las calles el próximo miércoles 22 de julio, en lo que constituirá el inicio de un nuevo esquema de protestas coordinadas contra el rumbo económico y social de la administración que encabeza el presidente Javier Milei. La manifestación se estructurará bajo una consigna central que pone el foco en el sistema previsional: “La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados”.

La concentración principal fue pautada para las 15 horas en la intersección porteña de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña. Desde ese punto estratégico, las columnas de trabajadores exigirán una recomposición urgente de los haberes jubilatorios, la protección integral de los ingresos frente a la escalada inflacionaria y el acceso a condiciones de vida dignas para los adultos mayores.

El diseño de este plan no responde a una reacción aislada, sino a un tejido estratégico madurado en las últimas semanas. El entendimiento terminó de consolidarse luego de sucesivas reuniones de mesa chica entre la cúpula cegetista, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Todas las terminales gremiales coincidieron en la necesidad de articular un frente de resistencia unificado para confrontar de manera escalonada los despidos, el deterioro de los puestos laborales y el impacto de las reformas estructurales del Ejecutivo.

Esta unificación de agendas aceleró los consensos y devolvió a los sectores populares al centro de la estrategia callejera del movimiento obrero organizado. El mediano plazo asoma con un endurecimiento de las medidas.

La crisis y las consecuencias del cambio de modelo económico, que tiene a la apertura total de importaciones como uno de sus pilares, se materializó de la peor manera días pasados, cuando 112 trabajadores fueron despedidos del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG).

Primero fue la firma Unión Bat S.A. la que despidió a 101 empleados, la totalidad de sus trabajadores contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo. La planta local fue paralizada en su totalidad desde ese momento.

Los damnificados fueron informados primeramente a través de un mensaje de WhatsApp y luego, ya en la planta del PIG, a través de una escribana. Luego, todos los turnos realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría Séptima, ubicada en el ingreso sur a la ciudad.

Lo llamativo de estos despidos es que nada hacía prever este desenlace. “Con la empresa veníamos con un diálogo muy bueno, más allá de que ellos tenían problemas económicos, estaban pagando la quincena en dos veces, pero con un retraso de dos o tres días como mucho”, contó Martín Gómez, prosecretario del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate. Quien hizo hincapié en que “el diálogo era bueno, cuando iban a hacer algo te avisaban, lo hablaban con la comisaria interna, con los delegados”.

Poco más de 48 horas después, las malas noticias llegaron desde la firma Laboratorios Pyam, desde donde habían despedido a 11 trabajadores. Esta empresa sí venía con problemas hace un tiempo y había sido noticia hace algunos meses por la desvinculación de ocho de sus trabajadores.

Ente esta situación, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate realizó la denuncia en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos. Desde donde, horas después, dictaron la conciliación obligatoria por 15 días hábiles para ambas firmas. En el caso de Pyam, la misma fue acatada inmediatamente y los trabajadores pudieron retornar a sus puestos laborales, pero los despedidos de Unión Bat no tuvieron la misma suerte, ya que la empresa les impidió el ingreso a la planta del PIG.

En este marco, el último jueves se desarrolló una audiencia -que primero iba a ser presencial, en Paraná, y a última hora se resolvió que sea on line-, que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 15 de julio. Por su parte, el gremio les pidió a los dos abogados de la empresa que estuvieron presentes en la reunión que generaran una instancia de acercamiento entre las partes (sindicato, delegados y empleador) para el lunes o martes próximo.

“Esta situación se suma a los despidos en Fademi S.A. y al cierre reciente de la fuente laboral para la totalidad de las y los trabajadores de Unión BAT, donde 101 compañeros recibieron el telegrama de desvinculación laboral. Además, se agregan 11 despidos en Laboratorios PYAM S.A., entre ellos tres delegados gremiales. Estos casos se suman a otros ocho despidos ocurridos en la misma planta durante abril de este año”, manifestaron.

La CGT resaltó que todos los puestos de trabajo que se perdieron “pertenecen a una actividad económicamente fuerte, que requiere una amplia capacitación, experiencia y antigüedad. Se trata de empleos que suelen definirse como ‘de calidad’, precisamente el tipo de trabajo que el Gobierno nacional del presidente Milei afirmó que iba a promover y multiplicar”.

Asimismo, el documento firmado por Claudio De los Santos, secretario general de la central obrera, advirtió que los recientes despidos afectarán aún más al comercio de Gualeguaychú, ya golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

Por su parte, desde el bloque de concejales de Más para Entre Ríos (PJ) también se solidarizaron con los despedidos: “La difícil situación económica que atraviesa el país impacta de lleno en nuestras industrias y en el empleo. Sin embargo, esa realidad también exige respuestas desde lo local”.

“Muchos de los trabajadores despedidos cuentan con décadas de antigüedad y enfrentan enormes dificultades para reinsertarse laboralmente. Mientras tanto, el sindicato advierte sobre un posible reemplazo de la producción nacional por importaciones”, apuntaron los ediles opositores. Al tiempo que pidieron acompañamiento del gobierno local, porque “cuando una fábrica baja sus persianas, no pierde solamente quien se queda sin empleo: pierde toda la ciudad”.

Los despidos en Unión Bat y en Laboratorios Pyam evidencian la gravedad de la situación que atraviesa parte de la industria local. Y se suman a la lista de conflictos laborales que en la región encabeza la Granja Tres Arroyos, con más de 900 empleaos despedidos.

Desde el gremio alertaron sobre que “esta situación se suma a los despidos en Fademi S.A. y al cierre reciente de la fuente laboral para la totalidad de las y los trabajadores de Unión BAT, donde 101 compañeros recibieron el telegrama de desvinculación laboral. Además, se agregan 11 despidos en Laboratorios PYAM S.A., entre ellos 3 delegados gremiales. Estos casos se suman a otros 8 despidos ocurridos en la misma planta durante abril de este año”.

La CGT resaltó que todos los puestos de trabajo que se perdieron “pertenecen a una actividad económicamente fuerte, que requiere una amplia capacitación, experiencia y antigüedad. Se trata de empleos que suelen definirse como ‘de calidad’, precisamente el tipo de trabajo que el Gobierno nacional del presidente Milei afirmó que iba a promover y multiplicar”.

Por último, señalaron que “entendemos el grave perjuicio que estas decisiones empresariales generan en nuestra comunidad. La pérdida de ingresos de las familias trabajadoras afectará aún más al comercio local, ya golpeado por la reducción del poder adquisitivo”.

El Gobierno nacional pondrá en marcha este lunes uno de los puntos más sensibles de la Ley 27.802 de Modernización Laboral: la renegociación de 150 convenios colectivos de trabajo vencidos. La medida será comunicada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien intimará a empresarios y dirigentes sindicales a actualizar las cláusulas vinculadas con condiciones laborales y aportes solidarios.

El decreto 407, publicado en el Boletín Oficial, reglamentó la ley y estableció que los convenios cuyo plazo haya expirado serán considerados vencidos. A partir de ahora, deberán adaptarse a los nuevos lineamientos de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, que busca —según su visión— “modernizar el empleo”, aunque la CGT advierte que implicará “precarización y pérdida de derechos”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que existen convenios “negociados hace más de 50 años, firmados por partes que ya no existen”. Sin embargo, desde la central obrera, el abogado Gustavo Ciampa sostuvo que “desde 2003 hay negociación colectiva permanente en casi todas las actividades”.

La reforma elimina la llamada ultraactividad, principio que mantenía vigentes los convenios vencidos hasta su reemplazo, garantizando derechos adquiridos. Ahora, solo se preservan las cláusulas normativas —las que definen condiciones de trabajo— mientras que las cláusulas obligacionales, como aportes y cuotas sindicales, caducan al vencimiento.

Entre las novedades figura el “salario dinámico”, que permite componentes retributivos variables según el mérito personal o la situación de cada empresa. El Gobierno lo considera una herramienta para vincular los aumentos a la productividad y no a la inflación, mientras la CGT alerta que habilita negociaciones “a la baja”.

Otro cambio clave es la supremacía de los convenios por empresa o región sobre los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. Este punto descentraliza la negociación y debilita el poder de los sindicatos con personería nacional, al tiempo que facilita la creación de sindicatos de empresa: el umbral de afiliación requerido baja del 20% al 5%.

La reglamentación también prevé la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de ahorro acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, que reemplazaría el esquema tradicional de indemnizaciones. Para la CGT, esta medida “quita recursos destinados a jubilaciones y pensiones para subsidiar despidos sin causa”.

Además, la ley habilita el reintegro del gasto en transporte para los trabajadores y la posibilidad de descontar cuotas de préstamos bancarios directamente del salario, con el objetivo de reducir costos laborales y ofrecer créditos con tasas más bajas.

Mientras tanto, el Gobierno decidió postergar la reglamentación del capítulo sobre trabajadores de plataformas digitales, a la espera del debate en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra.

Con estas medidas, la administración libertaria busca consolidar su reforma laboral y avanzar hacia un nuevo esquema de relaciones entre empresas y sindicatos, en medio de fuertes tensiones con el movimiento obrero.

Fuente: Infobae

Pasadas las 11 de la mañana de este viernes 1° de mayo, el mausoleo del Cementerio Norte de Gualeguaychú volvió a ser escenario de la tradicional ceremonia con la que el movimiento obrero local conmemora el Día Internacional del Trabajador.

La fecha, que evoca la lucha universal por los derechos laborales, tiene en la ciudad un significado especial: recuerda también los enfrentamientos y muertes ocurridos en la jornada sangrienta de la Plaza San Martín.

Referentes de la CGT Regional, las dos CTA, ATE y otros gremios se congregaron en el acto, cuyo momento central fue la lectura del documento oficial por parte de Claudio de Los Santos, titular de la CGT Gualeguaychú. Bajo el título “El trabajo es con derecho o es esclavo”, el texto repasó la situación actual de la clase trabajadora y ratificó el compromiso gremial con la defensa de los derechos laborales, la justicia social y la unidad del movimiento obrero.

El acto incluyó además un homenaje a los trabajadores desaparecidos durante la última dictadura, en coincidencia con los 49 años de la primera marcha de Madres de Plaza de Mayo. En ese marco, la ofrenda floral fue colocada conjuntamente por una representante de Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú y un trabajador, gesto que unió la memoria obrera con la de los derechos humanos.

La ceremonia culminó con la exhibición de la histórica bandera roja de la Federación Obrera Departamental, símbolo de las luchas sindicales en la región, que se desplegó como legado vivo de generaciones de militancia.

El documento gremial fue contundente: “Atravesamos un contexto crítico, con políticas económicas que benefician a unos pocos y desmantelan nuestras industrias. No nos resignamos. Estamos convencidos de que un trabajo digno para todas y todos es posible y es el único camino para la reconstrucción de la Patria”.

Con esa consigna, los gremios locales cerraron la jornada reafirmando que el Día del Trabajador es, más que nunca, una fecha de lucha, memoria y unidad.

En la antesala del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) marchó este jueves hacia Plaza de Mayo y realizó un acto frente a Casa Rosada. La movilización incluyó un homenaje al Papa Francisco y discursos de los integrantes del Triunvirato, Octavio Argüello, Cristian Jerónimo y Jorge Sola, quienes endurecieron su postura frente al Gobierno.

Aunque en las horas previas se especulaba con un paro general, los dirigentes no confirmaron esa medida, pero sí anticiparon que los reclamos se profundizarán. “Se acabó la paciencia”, advirtieron, y remarcaron que “protestar y reclamar es nuestra responsabilidad, lo vamos a hacer”.

Jorge Sola llamó a “crear una Argentina con futuro, en unidad” y sostuvo que “no hay libertad posible si se les quita a quienes menos tienen lo poco que poseen”. Convocó a avanzar hacia un nuevo contrato social basado en justicia social, igualdad y distribución equitativa de la riqueza.

En el documento leído en la Plaza de Mayo, la CGT denunció que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”. Señaló que el Gobierno “divide al pueblo, promueve el enfrentamiento y pone en riesgo la paz social”.

El texto, titulado El trabajo es con derechos o es esclavo, cuestiona la reforma laboral impulsada por el oficialismo y advierte que la central obrera seguirá todas las instancias judiciales para defender los derechos garantizados por la Constitución. “Cada derecho laboral costó organización y lucha”, remarcaron.

La declaración también alertó sobre la caída de la actividad económica, el cierre de más de 24.000 empresas entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, y el aumento de la desocupación y la informalidad. Criticó la desaparición de la obra pública y el endeudamiento con organismos internacionales, que compromete al Estado argentino.

Otro eje fue la crisis del sistema de salud: la CGT denunció el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, los recortes en PAMI y la falta de cobertura para personas con discapacidad. “Un Estado desertor en materia de salud pública facilita el aumento de las adicciones y la crisis de la salud mental”, señaló el documento.

La central obrera también destacó el impacto de la inflación en los salarios, los topes a las paritarias y el endeudamiento masivo de las familias: seis de cada diez hogares tienen deudas, con morosidad creciente.

Finalmente, la CGT apeló a recuperar “una cultura del encuentro y del trabajo”, citando palabras del Papa Francisco: “Abrirse a soñar cosas grandes, aunque parezcan imposibles. A que el mundo con vos puede ser distinto”. Con ese mensaje, la central cerró su acto convocando a construir un país socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano.

En la previa del 1° de mayo, la CGT realizará una movilización para reclamarle al presidente Javier Milei un cambio de rumbo económico y advertirle por el cierre de fábricas, pérdidas de puestos de trabajo y baja de salarios, entre otros puntos.

La convocatoria principal es las 15 en Plaza de Mayo, donde se espera una nutrida manifestación donde confluyan sindicatos, movimientos sociales y partidos opositores, entre otros sectores.

Durante el acto se leerá un documento aprobado por la mesa chica de la CGT. Según trascendió en Infogremiales, en el texto se denunciará que el actual programa económico se beneficia "un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa" en desmedro de sectores clave como industria, construcción y comercio.

Para la CGT la política del Gobierno provoca "una escalada trágica del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral" y advierte sobre la "inflación de bolsillo", más alta que el IPC que mide el INDEC. A diferencia de lo que sigue afirmando el Presidente, los precios no bajan, sino que están subiendo en torno del 2% y el 3%, según números oficiales. Las paritarias que promueve el Gobierno, afirman, "profundiza la pérdida del poder adquisitivo".

Otro punto importante del documento será la reafirmación del rechazo a la reforma laboral. "Despoja de derechos colectivos e individuales resguardados por nuestra Constitución", denuncian, y prometen seguir combatiéndola "por todos los medios a su alcance", aunque no se espera que se anuncie un nuevo paro general u otras medidas de fuerza.

A pesar de los últimos reveses en la Justicia, dentro de la CGT insisten con administrar las acciones directas para evitar desgastes y siguen priorizando las presentaciones en tribunales. Si en Plaza de Mayo cambian de estrategia o no, está por verse.

En la ciudad de Paraná, gremios locales convocaron a las actividades que se realizarán durante la jornada.

La secretaria general de ATSA e integrante de la CGT regional Paraná, Mariela Ponce, expresó a Elonce su preocupación por la situación laboral y sostuvo que la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei “ataca directamente a los derechos de los trabajadores”.

La dirigente cuestionó el contenido de la iniciativa y su impacto en el empleo registrado. “Hablamos de grandes grupos económicos detrás de una reforma que quita derechos laborales”, afirmó.

Además, indicó que la propuesta no contempla mejoras salariales ni condiciones frente a los cambios tecnológicos. “No habla de sueldos ni de cómo será el trabajador para hacer frente a esos avances”, señaló.

Ponce también advirtió sobre la falta de previsibilidad para los trabajadores. “No sabemos qué cantidad de horas trabajarán ni cómo manejarán sus vidas”, expresó.

Desde el sector sindical señalaron que los salarios no alcanzan para cubrir los gastos básicos. “Los sueldos no llegan a fin de mes y muchos trabajadores deben realizar actividades extras”, indicó.

También mencionaron el impacto del aumento de servicios, alquileres y costos educativos en la economía de los hogares.

La Seccional Entre Ríos de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) confirmó que se plegará a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 30 de abril en Buenos Aires, con concentración en Plaza de Mayo.

“Se prevé que la jornada sea multitudinaria y que, en el contexto de brutal ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, exprese el significado profundo que tiene el 1° de mayo, Día del Trabajador, de reivindicación y defensa de la clase obrera”, indicaron desde UPCN Entre Ríos.

"Estamos preparándonos para la marcha, que entendemos va a ser masiva y va a poner de manifiesto el cansancio y hastío que tienen los compañeros frente al ajuste salvaje de este gobierno nacional, que no da tregua y sigue aplicando medidas que destruyen los puestos laborales y profundizan la caída del poder adquisitivo", señaló el secretario general del gremio, José Ángel Allende.

"En un contexto de crecimiento del desempleo y de aumento sostenido del costo de la canasta básica, los trabajadores no llegan a fin de mes. Y esa realidad empuja a muchas familias al endeudamiento incluso para alimentarse, llevándolas a una situación límite que ya no se puede sostener más", advirtió.

El dirigente sindical señaló que esta situación impacta con especial crudeza en el sector estatal, donde "el ajuste no sólo recae sobre los trabajadores, sino también sobre el mismo Estado, que se ve debilitado en su rol esencial de garantizar derechos".

"El 30 de abril tenemos que hacer sentir la fuerza del movimiento obrero, recuperar la calle y revitalizar la movilización como un instrumento de expresión democrática del profundo malestar que viven las familias trabajadoras en todo el país", subrayó.

El sindicalismo argentino atraviesa un momento de reacomodamiento tras el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La decisión fue celebrada por la CGT, que considera haber ganado un round contra el Gobierno, aunque sabe que la batalla será larga en los Tribunales. El oficialismo apelará y la Cámara de Apelaciones tendrá la última palabra.

El equipo de abogados de la central, encabezado por Marta Pujadas, Hugo Moyano, Federico West Ocampo y Pablo Topet, prepara distintas opciones jurídicas para neutralizar la contraofensiva oficial. Mientras tanto, el triunvirato de conducción —Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros)— busca definir una estrategia que combine la defensa judicial con respuestas a la crisis socioeconómica. “Tenemos que evitar de alguna forma el impacto en las empresas de las medidas que toma el Gobierno y por eso no podemos encerrarnos en un plan de lucha; también tenemos que dialogar para hallar soluciones”, señaló un referente dialoguista de la CGT.

En paralelo, la central obrera firmará un convenio con la UBA para crear un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales, una suerte de “INDEC propio” que permita elaborar índices de inflación, empleo y canasta familiar para confrontar con las cifras oficiales.

Sin embargo, el sindicalismo no es homogéneo. El ala dura, agrupada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) —donde confluyen la UOM, Aceiteros, pilotos, ATE y las dos CTA— prepara un plenario de delegados para el 1° de mayo con el objetivo de consolidarse como espacio opositor y elaborar un programa propio del movimiento obrero.

Por debajo de estas tensiones, algunos gremios avanzan en acuerdos sectoriales inéditos. El Sindicato de Alimentación (STIA) firmó con la multinacional Mondelez un convenio que garantiza puestos de trabajo por un año, recategorizaciones para 230 empleados, el pago de una suma fija de $920.000 en dos cuotas y mejoras en condiciones laborales, incluyendo espacios de esparcimiento y tiempos de descanso. “Alcanzamos este convenio con mucha organización, compromiso y diálogo”, destacó el líder Sergio Escalante.

En la misma línea, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, conducido por Jorge “Loma” Ávila, rubricó un acuerdo sectorial con cámaras empresarias para asegurar la continuidad del sector hidrocarburífero y adaptar el convenio colectivo a los cambios tecnológicos de la industria. “El principal desafío es proteger los ingresos de los trabajadores en un contexto de transformación productiva”, afirmó Ávila.

El sindicalismo argentino se debate así entre la confrontación judicial contra la reforma laboral, la protesta callejera impulsada por el ala dura y los acuerdos pragmáticos que buscan sostener el empleo en sectores críticos. La CGT celebra un triunfo parcial, pero sabe que la verdadera batalla recién comienza.

Fuente: Infobae

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 rechazó este miércoles la medida cautelar que había presentado la Confederación General del Trabajo (CGT) para suspender la aplicación de algunos artículos de la Ley de Reforma Laboral, sancionada por el Senado el 27 de febrero pasado, tras semanas de movilización y represión frente al Congreso.

La semana pasada, la central obrera inició una acción de amparo para solicitar la nulidad e invalidez constitucional de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802, que ordenan el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires –tarea que el presidente Javier Milei dejó en manos de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según advirtió la CGT, la decisión sobre el traspaso de la justicia nacional fue dictada sin competencia temporal del Congreso porque estaba inicialmente fuera de las materias que el Poder Ejecutivo Nacional había incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Los abogados de la central obrera también sostuvieron que el Presidente no invocó un “grave interés de orden o de progreso” que justificara tratar el tema fuera de la convocatoria original.

En el marco de la acción de amparo, la central obrera también presentó una medida cautelar innovativa para suspender la aplicación de la norma hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del planteo.

Sin embargo, este miércoles el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 resolvió rechazar esa medida cautelar al considerar que se trata de una medida de carácter excepcional que alteraría el estado jurídico vigente y que, en los hechos, implicaría adelantar el resultado del litigio.

El juez Enrique Lavié Pico -el mismo que a comienzos de 2024 rechazó dos amparos de la CGT contra el DNU 70/2023- consideró que no se acredita la existencia de un “perjuicio irreparable” que pudiera tornar inútil una eventual sentencia favorable a la CGT en el futuro.

Más allá del rechazo de la cautelar, la causa judicial continúa su trámite. Por eso en la resolución de este miércoles, el juzgado también ordenó correr traslado al Estado Nacional para que en el plazo de cinco días presente el informe previsto en la Ley de Amparo y ofrezca las pruebas correspondientes.

La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE) oficializó este martes la primera demanda colectiva contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y sancionada en el Congreso. La presentación se realizó tras el puntapié inicial de la CGT, que había movilizado a Tribunales para abrir el camino judicial contra la normativa.

La demanda busca que la Justicia declare la invalidez de varios artículos de la Ley de Modernización Laboral, al considerar que vulneran derechos reconocidos por la legislación vigente. Desde la entidad remarcaron que el planteo no responde a una disputa partidaria, sino a una discusión jurídica. “No se trata de una discusión política. Se trata de una discusión constitucional”, señalaron al anunciar la presentación.

Los abogados del Estado argumentaron que el artículo 14 bis de la Constitución protege derechos fundamentales que, según su interpretación, se ven afectados por la nueva normativa. La acción colectiva abre así el primer frente judicial contra la reforma laboral, en un contexto en el que distintos gremios y organizaciones ya habían anticipado que recurrirían a la Justicia para intentar frenar o modificar algunos de los cambios introducidos.

La iniciativa marca un paso relevante en la estrategia de oposición a la reforma, ya que instala el debate en el ámbito judicial y no solo en el político o sindical. Se espera que otras entidades y gremios se sumen con presentaciones similares en las próximas semanas, ampliando el alcance de las demandas colectivas. Fuente: APFDigital

El clima sindical se recalienta en la antesala del tratamiento de la reforma laboral en el Senado. El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, confirmó que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) pedirá a la CGT la convocatoria a un paro de 36 horas para frenar la iniciativa oficial. El bloque, conformado a fines de enero, reúne a organizaciones de peso como ATE, UOM, la Federación Aceitera y APLA, entre otras, tanto de la CGT como de las dos CTA.

Yofra adelantó que solicitarán una reunión con el triunvirato que conduce la central obrera para exigir una respuesta más contundente. Y fue tajante: si la CGT no avanza, el FreSU lo hará por su cuenta, marcando una línea de presión interna sobre la conducción cegetista.

El dirigente aceitero cuestionó el proyecto oficial al señalar que no solo modifica condiciones contractuales, sino que limita herramientas históricas de organización sindical. Según su análisis, la reforma impacta en derechos como la posibilidad de realizar huelgas o asambleas y altera aspectos sensibles como el esquema de vacaciones, el banco de horas y el pago de horas extra.

Las críticas también se extendieron al plano político. Yofra apuntó contra legisladores que habían prometido rechazar la iniciativa y finalmente acompañaron su avance, calificando esa conducta como “ir contra los trabajadores”. Para él, la desconexión entre discursos de campaña y decisiones parlamentarias quedó expuesta.

La CGT tampoco quedó al margen de los cuestionamientos. El referente aceitero reprochó que la conducción haya depositado expectativas primero en negociaciones políticas y luego en recursos judiciales, en lugar de fortalecer un plan de lucha sostenido. En ese sentido, planteó que el sindicalismo debe recuperar autonomía frente a los partidos políticos y asumir un rol más combativo.

Finalmente, Yofra envió un mensaje a la base trabajadora: la discusión excede las identidades partidarias y atraviesa a todos los asalariados. Remarcó que la situación salarial es crítica, con un alto porcentaje de trabajadores registrados por debajo de la línea de pobreza.

El escenario queda abierto: la CGT deberá definir si acompaña el reclamo de un paro de 36 horas o si el FreSU avanza en solitario, en un contexto donde la reforma laboral promete ser uno de los debates más tensos del año.

La tensión en las afueras del Congreso nacional dejó un total de diez personas heridas durante las manifestaciones contra la Reforma Laboral. El operativo sanitario del SAME debió intervenir en distintos puntos críticos del centro porteño para asistir a siete hombres y tres mujeres que presentaron desde cuadros leves hasta lesiones de gravedad. El clima de conflicto en las calles acompañó el debate legislativo en una jornada marcada por la parálisis de servicios y el despliegue de seguridad en toda la zona.

El caso más grave fue el de una mujer de 75 años, quien sufrió una fractura de cadera tras caer en la intersección de Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo. Los médicos la trasladaron de urgencia al Hospital Ramos Mejía para su intervención. En ese mismo centro quedó internada otra mujer de 46 años que padeció un cuadro de convulsiones mientras se encontraba en las cercanías de la Plaza de los Dos Congresos durante el pico de mayor agitación.

Los equipos médicos también atendieron a una joven de entre 30 y 35 años por una reacción alérgica cutánea en el cruce de Avenida de Mayo y Lima, aunque no requirió hospitalización. En ese mismo punto, tres hombres de 34, 36 y 37 años recibieron curaciones por lesiones superficiales tras algunos forcejeos. El personal de salud realizó las tareas de asistencia en plena vía pública para evitar el colapso de las guardias hospitalarias, priorizando los traslados solo en casos estrictamente necesarios.

La actividad del SAME continuó en Rivadavia y Montevideo, donde un hombre de 45 años debió ser derivado al Hospital Ramos Mejía por una hernia inguinal atascada. Por su parte, en Combate de los Pozos al 100, un joven de 20 años presentó traumatismos en el brazo derecho y la zona lumbar, mientras que otro de 22 acusó un dolor abdominal agudo en Hipólito Yrigoyen al 1500. En ambos casos, el personal médico descartó el traslado tras realizar los chequeos de rigor en las ambulancias.

Finalmente, un hombre de 55 años fue estabilizado en el lugar tras sufrir un pico de hipertensión arterial. Las fuentes sanitarias confirmaron que la mayoría de los cuadros estuvieron vinculados al estrés de la jornada y a incidentes menores en las inmediaciones de los cordones policiales. El operativo de emergencia permaneció alerta durante toda la tarde ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos o descompensaciones entre los asistentes que se mantuvieron en las afueras del recinto.

"La gente los odia"

El jefe de Gabinete calificó el paro general de la CGT como una medida "extorsiva" y aseguró que los dirigentes sindicales tienen un 80% de imagen negativa. "Por algo la gente los odia", sentenció el funcionario, al considerar que la huelga solo buscó "hacerle daño a la Argentina" y complicó la vida de los trabajadores que dependen de sus ingresos diarios. Adorni marcó que no es posible dialogar con sectores que, según su visión, solo intentan poner obstáculos al crecimiento del país.

Durante su descargo, el ministro cuestionó el silencio sindical durante la gestión de Alberto Fernández, señalando que en aquel entonces no hubo paros a pesar de la inflación del 200%. Puntualizó que para los vendedores ambulantes o quienes "viven de la diaria", perder una jornada de trabajo es un golpe devastador que los deja sin nada para poner en la mesa. Para el Gobierno, las motivaciones reales detrás de la huelga fueron "extrañas e inentendibles" y solo perjudicaron a quienes realmente querían cumplir con su labor.

Adorni estimó que la jornada de protesta representó una pérdida de 600 millones de dólares para la economía nacional. Además, puso en duda el nivel de adhesión real, argumentando que se trató de un asunto "perverso" porque se cortaron los medios de transporte para impedir que la gente llegara a sus puestos de trabajo. "A ellos les parece que esta es la forma de sacar la Argentina adelante; a nosotros nos parece que no", concluyó el jefe de Gabinete al cerrar su análisis sobre el impacto de la medida de fuerza.

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó este miércoles en conferencia de prensa que convocará a huelga general cuando se trate en el Congreso el proyecto de ley de Reforma Laboral impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei, lo cual se concretaría este jueves en la Cámara de Diputados.

Los cotitulares de la central Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) encabezaron una conferencia de prensa este miércoles cerca de mediodía en la que adelantaron que este jueves “no termina nada” y anticiparon un plan de acción “si el Gobierno insiste con este modelo económico”.

“No estamos dispuestos a entregar ningún compañero ni compañera y, por sobre todas las cosas, los derechos colectivos e individuales”, expresaron.

“Todas las organizaciones que componen la CGT decimos que la medida de fuerza va a ser contundente, la Argentina va a estar parada de una punta a la otra”, remarcaron los dirigentes.

El proyecto denominado de Modernización Laboral cuenta con media sanción del Senado y podría conseguir su sanción definitiva en caso de que el oficialismo logre la mayoría en Diputados.

Sin embargo, debido a que el oficialismo aceptó realizar modificaciones adicionales en el texto durante su tratamiento en comisiones de Diputados, la ley deberá volver al Senado para su sanción definitiva tras una segunda revisión.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este lunes que llevará adelante un paro general de 24 horas en todo el país el mismo día en que la Cámara de Diputados discuta la reforma laboral. La medida, que será sin movilización, se convierte en el cuarto paro nacional contra la gestión de Javier Milei y refleja el creciente malestar sindical frente a los cambios propuestos en materia de derechos laborales.

El consejo directivo de la CGT resolvió la medida tras una reunión virtual entre los cotitulares Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio). Según Jerónimo, “estaban dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.

La decisión se enmarca en un clima de tensión creciente: varios dirigentes sindicales sostienen que ya no alcanza con manifestarse en las calles y que es necesario adoptar medidas más duras para frenar el avance de la reforma. En ese sentido, la huelga se activará el mismo día que el proyecto llegue al recinto, lo que se prevé para el próximo jueves 19 de febrero.

Entre los aspectos que generan rechazo se encuentran las modificaciones en las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga, las vacaciones y el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales. Aunque el Gobierno introdujo cambios de último momento —como garantizar el pago del 100% en licencias por enfermedad—, la CGT considera que el proyecto sigue afectando derechos adquiridos.

Sectores como los aceiteros ya habían adelantado su intención de parar, y el titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Daniel Yofra, afirmó que “a este Gobierno hay que enfrentarlo con huelgas, no alcanza solamente con manifestarse en las calles”.

Si bien la medida será sin movilización, resta la confirmación oficial de los gremios del transporte, cuya adhesión podría paralizar completamente la actividad en todo el país. La CGT apuesta a que la contundencia del paro funcione como mensaje político y social frente a la reforma laboral que el Ejecutivo busca sancionar antes de la Asamblea Legislativa.

Con esta decisión, la central obrera ratifica su estrategia de confrontación directa y coloca al Congreso en el centro de la disputa entre el Gobierno y el movimiento sindical.