La crisis industrial se profundizó en Argentina bajo la gestión de Javier Milei: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 cerraron casi 30 empresas por día y se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados. La combinación de caída del consumo, apertura importadora y derrumbe de la demanda interna está reconfigurando el mercado laboral con efectos estructurales.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desaparecieron 19.164 unidades productivas en menos de dos años. El ritmo equivale a 432 empleos formales menos por día. El relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA indicó que en agosto de 2025 se perdieron 33.000 puestos respecto del mismo mes de 2024, con Buenos Aires y CABA como las jurisdicciones más afectadas.

Las pymes orientadas al mercado interno son las más golpeadas. El economista Nicolás Taiariol explicó que la reducción del poder de compra y la falta de políticas de estímulo impiden la recuperación. Aunque el desempleo no refleja de inmediato la magnitud del cierre de empresas, crecen las changas y el empleo informal. La consultora Synopsis detectó que casi el 30% de los argentinos considera al desempleo como el principal problema del país.

Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a 220 trabajadores; Electrolux suspendió a 400 empleados en Rosario; Mabe clausuró su fábrica en Córdoba; y Magnera bajó la persiana en Pilar. El sector textil perdió 333 empresas y 14.000 empleos, con cierres en Corrientes, Lanús, La Rioja y suspensiones en Mar del Plata. La industria metalúrgica redujo 60.000 puestos, con Essen, Dana y SKF entre las firmas que recortaron personal.

El comercio también sufre: Yaguar cerró en Bahía Blanca, Cencosud clausuró locales en varias provincias y Frávega despidió en Temperley. La quiebra de La Suipachense dejó a 140 familias sin ingreso y ARSA sumó 400 despidos. En Santa Fe, DBT-Cramaco se reconvirtió en distribuidora de productos importados, mientras Newsan en Ushuaia no renovó 150 contratos.

Especialistas advierten que la recuperación será lenta, dependerá de reformas laborales y de la expansión de sectores como minería, hidrocarburos y servicios digitales. Sin embargo, las pymes y la industria vinculada al mercado interno continúan en retroceso, con un horizonte incierto para el empleo formal.

Fuente: APFDigital

En un mercado laboral complejo y con salarios que quedaron atrasados, la ciudad y la provincia continúa sumando puestos de trabajo que se pierden.

Días atrás, la firma Unilever en Gualeguaychú comenzó a ofrecer la posibilidad de retiros voluntarios a los trabajadores de mayor antigüedad. Algunas versiones aseguran que en la semana que empieza, se concretarán nuevas desvinculaciones, aunque, hasta el momento se desconoce el número de empleados que darán un paso al costado.

Desde el Sindicato que nuclea a estos trabajadores le quitaron importancia a la pérdida de fuentes laborales y aseguraron que “no hay despidos”, agradecieron el interés en el tema y prefirieron no dar mayores explicaciones.

Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron a EL ARGENTINO que las desvinculaciones por retiros voluntarios continuarán aumentando la cifra, en los próximos días.

En tanto, desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Gualeguaychú advirtieron la misma problemática en el Hipermercado Carrefour.

En su página web oficial (secgchu.org) publicaron: “Exigimos la preservación de las fuentes laborales. El Federación Argentina de Empleados de Comercio exige que se preserven las fuentes laborales ante la posible venta del supermercado Carrefour”.

Asimismo, solicitaron “a la compañía, mantener el compromiso asumido en el acuerdo suscripto entre Carrefour Argentina y UNI Global Unión, organización internacional de la cual el Sindicato forma parte”.

“Además, destacamos la importancia de sostener los principios de diálogo social, respeto por la diversidad y los derechos fundamentales en el trabajo en un contexto que requiere transparencia y responsabilidad empresarial”, escribieron en su petitorio.

Finalmente, expresaron una “profunda preocupación ante una situación que ha generado incertidumbre entre los trabajadores del sector”.

Cifras que preocupan en Entre Ríos

Según datos publicados en informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se advierte que Entre Ríos perdió 658 empresas y casi 10.000 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y julio de 2025

De esta manera, se revela un marcado deterioro del empleo formal y del tejido empresarial en la provincia de Entre Ríos durante los últimos veinte meses.

Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y julio de 2025 la provincia registró una pérdida neta de 658 empleadores, lo que representa una contracción del 3,8% en la cantidad de empresas.

En el mismo período, se destruyeron 9.992 puestos de trabajo registrados, una caída del 3,6%. El sector más afectado en términos de cierre de empresas fue el Comercio (con 161 empleadores menos), mientras que, en términos porcentuales, los Servicios Artísticos, Culturales, Deportivos y de Esparcimiento lideraron la caída (-15,4%).

En cuanto al empleo, el sector público (Administración Pública, Defensa y Seguridad Social) fue el más golpeado, con una reducción de 45.719 puestos, aunque el informe aclara que este descenso coincide con un aumento masivo de 43.992 trabajadores en el sector de Enseñanza, lo que sugiere una reclasificación administrativa.

La construcción también mostró una fuerte contracción, con una pérdida del 36,2% de sus trabajadores. Por tamaño de empresa, las PyMEs (hasta 500 trabajadores) concentraron el 99,7% de los cierres de empresas y el 54,4% de la pérdida de puestos de trabajo, evidenciando el mayor impacto de la crisis en las empresas de menor porte.

Durante una década Cristian Petizco trabajó en una estación de servicio de Gualeguaychú. Lo hizo en dos etapas, ambas bajo el mismo dueño, aunque con diferentes firmas comerciales. Su historia revela una práctica que se repite en varias estaciones: cierres abruptos, cambios de razón social, trabajo informal y despidos sin indemnización.

“En una primera etapa fueron cinco años y otros cinco más la segunda etapa de cambio de firma de la empresa. O sea, trabajando para el mismo dueño diez años”, relató el trabajador a EL ARGENTINO.

Según Petizco, el dueño de la estación presentó quiebra en dos oportunidades, cambiando el nombre de la empresa y dejando a los trabajadores en la incertidumbre. “Presentan quiebra para terminar con los acreedores. Estafan a la gente y cambian el nombre de la empresa: esa sería la jugarreta. Ya lo hicieron dos veces en diez años. Y ahora lo volvieron a hacer, porque todas las estaciones de este dueño están cerradas”, explicó, indignado. Las consecuencias son graves: “Están dejando prácticamente a 100 personas sin trabajo y sin sueldo después de 18 años de trabajo”.

La primera vez que la estación cerró lo hizo por una semana, pero los trabajadores siguieron cumpliendo funciones, sin papeles ni respaldo legal. “Totalmente en negro, los playeros seguimos trabajando igual como si nada pasara. Lo único que sabíamos era que se venía el cambio de firma. Nos dimos cuenta de lo que pasó cuando tuvimos que ir a firmar el alta nueva. Ahí nos dimos cuenta de que la empresa primera había quebrado. Y estábamos abriendo a nombre del hijo del antiguo dueño”.

En este sentido, Julio Benedetti, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), en diálogo con EL ARGENTINO, ratificó la denuncia del ex empleado: “Los trabajadores piden justicia y no han tenido respuestas. En este caso particular, fueron cinco estaciones de servicios que cerraron en la provincia, Concordia y Puerto Yerua son dos ejemplos. En el caso de la estación de servicio de Ruta 14 y Ruta 16, otra experiencia. La empresa cerró y ahora está ocupada por otros empleados, dejando a trabajadores de 20 años en la calle y sin cobrar lo que les corresponde. En este sentido la justicia no les da solución”.

El sindicato de empleados de estaciones de servicio tuvo un rol clave en el caso de Gualeguaychú. “Fue llamarlos y a los dos días estaban acá cerrando todas las estaciones de esta persona. Fue un corte general para camiones, para vehículos particulares y para motos. Esta gente los paró, los frenó hasta que se regularizó la situación”, relató Petizco.

“Era el día 25 y no habíamos cobrado. Legalmente es del 1 al 5, y hablando con la patronal se puede estirar hasta el 10. Pero era esa fecha y nada, todos tenemos alquileres, impuestos y gastos de la familia. No reclamamos nada que no sea nuestro, reclamamos el sueldo. Entonces llamamos directamente a Paraná y ellos se hicieron presentes (el sindicato). Se cortó todo hasta que pagaron. Lo raro es que después de 25 días la plata que no aparecía, por arte de magia, apareció en cinco horas”, ironizó el playero.

Cristian Petizco fue despedido dos meses antes del cierre definitivo. “Me despidieron por reclamar el sueldo. Me dijeron que era el revoltoso, pero gracias a eso pude cobrar. Hoy, mis ex compañeros de trabajo no cobraron nada”, relató.

Su rol en la estación era clave: “Estaba de vendedor de combustible, encargado del lugar en el momento que tomás el turno. Cuando sos el encargado de la estación por completo todo pasa por tus manos: manejo de fondo, control de stock, atención al cliente. Pero todo va por el mismo precio. Ahora el sindicato se está peleando para que tengan un sueldo mejor y por las horas del sábado y domingo”, informó.

Después de esas situaciones el cierre de las estaciones fue inminente y no solo dejó a decenas de trabajadores sin ingresos, sino que generó un profundo malestar emocional. “Muchos compañeros se están quedando sin trabajo. Lo triste es que trabajás toda una vida para ellos y no te reconocen nada. Tengo compañeros que dejaron 18 años de vida, no faltaron nunca, bajo la lluvia y todas las condiciones climáticas. Sostuvimos la empresa en pandemia, con todos los riesgos. Nunca fallamos. Y te terminan echado como perros”, expresó el ex empleado que logró cobrar una parte de su indemnización, aunque no el sueldo completo.

Según la Federación de Empresarios de Combustibles (FEC), a nivel nacional el sector atraviesa una crisis profunda que afecta especialmente a las estaciones de servicio PyME del interior del país. La falta de respuesta del Gobierno nacional y la ausencia de propuestas concretas por parte de las empresas refinadoras han puesto en riesgo la continuidad de cientos de establecimientos.

Este año la caída de ventas fue del 16% con una baja del 23% en combustibles premium. Desde la FEC advierten que, si no hay medidas urgentes, el ritmo de cierres podría acelerarse, afectando a más de 50 mil familias vinculadas al sector

En Entre Ríos, el SOESGyPE viene denunciando el avance del autodespacho y la precarización laboral. En asambleas los afiliados denuncian la pérdida de poder adquisitivo y el cierre de estaciones. La presión por flexibilizar la Ley de Contrato de Trabajo también genera alarma entre los trabajadores entrerrianos.

La estación de servicio donde trabajaba Cristian Petizco no fue la única. “También cerró otra estación de servicio, ahí dejaron a ocho personas sin trabajo. También con la misma modalidad. Parece que es un contagio, adoptaron la misma maña: dejar varios claveles en el aire y cerrar sin dar explicación, sin goce de sueldo, sin nada”, expuso el trabajador.

“Este hombre, mi ex jefe, tiene cinco estaciones de servicio que se encuentran distribuidas en la Ruta 14, en Concordia, Concepción del Uruguay y otras localidades, todas están cerradas. Están esperando que la Justicia los deje reabrir de nuevo sin pagar lo que corresponde y seguir como si nada pasara”, concluyó.

La crisis que arrastra Vicentin desde fines de 2019 sumó este sábado un nuevo capítulo dramático: el directorio decidió frenar toda actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, al no contar con recursos para pagar los sueldos ni contratos activos de fazón que permitan sostener la operación.

“Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, informó la empresa en un comunicado emitido este 6 de abril. En él, justificó la decisión como “una medida de protección de los activos” ante un escenario financiero asfixiante y la falta de respuestas de los inversores estratégicos.

El mensaje dejó en claro que no hay caja ni horizonte: la nómina de marzo aún no fue abonada y no hay garantías de que pueda cubrirse en los plazos legales. En paralelo, los contratos por los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos -su única vía de ingresos desde que dejó de operar con mercadería propia- se encuentran paralizados.

La situación es crítica. Sin granos, sin ingresos y sin fondos líquidos, la firma decidió detener toda actividad mientras intenta renegociar acuerdos. Esta semana, el juez del concurso había convocado a los principales inversores (ACA y Bunge-Viterra) para reactivar los fasones. Pero la audiencia fue un fracaso: nadie se presentó.

Presión empresaria

En el sector agroindustrial, la decisión fue interpretada como una jugada de presión directa hacia los inversores estratégicos y también hacia la Justicia santafesina, que no homologó el acuerdo concursal alcanzado con más del 70% de los acreedores. La compañía apuesta a que la parálisis total precipite definiciones clave. Por ahora, la Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.

A su vez, el freno de la operación deja en vilo a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos vinculados a la cadena productiva. El gremio aceitero ya está en alerta máxima y anticipó que, si no se paga lo adeudado en los próximos días, se podrían activar medidas de fuerza de alto impacto en toda la industria.

A esto se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. Según fuentes del sector, la empresa mantiene una deuda de más de $400 millones por consumo eléctrico, lo que pone en riesgo la continuidad operativa, incluso si se resolvieran otros aspectos financieros.

La situación judicial también escaló. La semana pasada, la Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado en más u$s600 millones, a partir de una maniobra que incluyó falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso después de que la empresa ya estuviera en concurso.

Según la fiscalía, los imputados formaron parte de una red que funcionó de manera coordinada para perjudicar a acreedores, entidades financieras y socios estratégicos. Se los acusa de haber montado una "estructura organizativa destinada a cometer delitos de manera sistemática" durante los años más críticos de la cerealera.

En este contexto, la industria aceitera nacional observa con extrema preocupación el desenlace del caso Vicentin. No solo está en juego la continuidad de una compañía histórica, que supo representar el 10% de la capacidad de molienda del país, sino también la estabilidad de uno de los sectores más dinámicos del complejo agroexportador.