El entendimiento fue alcanzado entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF), luego de una serie de gestiones técnicas y negociaciones llevadas adelante por la Argentina. Como resultado, Japón aceptó las modificaciones propuestas en el Plan de Trabajo bilateral.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el cambio en el sistema de verificación del final del tratamiento cuarentenario. Hasta ahora, ese control se realizaba mediante verificaciones permanentes in situ por parte de inspectores japoneses. Con el nuevo esquema, ese mecanismo será reemplazado por auditorías presenciales, que podrán realizarse al inicio de la temporada, durante su desarrollo o incluso no ser necesarias, según lo determine la autoridad japonesa.

Para implementar este nuevo enfoque, Japón también adecuó su normativa interna, lo que habilita formalmente la sustitución de la verificación continua por el sistema de auditorías.

Desde el punto de vista productivo y comercial, el acuerdo es considerado un logro estratégico, ya que permitirá optimizar los procesos de control y reducir los costos asociados a la exportación, especialmente en materia logística y operativa, sin afectar las garantías fitosanitarias exigidas por uno de los mercados más exigentes del mundo.

En el marco del nuevo procedimiento, la Argentina deberá informar con al menos un mes de anticipación el inicio de cada temporada de exportación de cítricos. A partir de esa notificación, Japón evaluará si enviará inspectores para realizar auditorías presenciales o si no será necesaria su presencia en esa etapa.

El convenio bilateral, presentado como “histórico” por ambos gobiernos, habilita el ingreso a la Argentina de ganado bovino vivo, carne aviar, productos porcinos y lácteos de origen estadounidense, mientras el país busca ampliar sus oportunidades en la exportación de carne vacuna. Sin embargo, la publicación oficial no incluyó menciones a naranjas y mandarinas del NEA, un reclamo persistente de la región.

Aun así, referentes citrícolas expresaron a El Argentino que la sintonía política entre ambas administraciones abre una ventana real para avanzar en el tema. Señalaron que el acuerdo fortalece el vínculo bilateral y podría destrabar gestiones que, hasta ahora, se dilataban por requisitos sanitarios, demoras administrativas y falta de decisión política en Washington.

“Por ahora estamos esperando la consulta pública que debe hacer el gobierno de Estados Unidos”, explicó un dirigente del sector. El proceso, que forma parte del protocolo habitual en temas fitosanitarios, es considerado un paso clave para avanzar hacia una habilitación definitiva.

De acuerdo con fuentes empresarias, existe un clima de moderado entusiasmo dentro del complejo citrícola regional. Exportadores del NEA preparan una misión que viajaría a fines de noviembre o a comienzos de diciembre a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Agricultura. El objetivo será insistir en la necesidad de abrir el mercado para naranjas y mandarinas, un pedido que lleva más de veinte años sin respuesta.

La región sostiene que cuenta con estándares sanitarios y de trazabilidad que cumplen con las exigencias del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), y que la producción podría adaptarse rápidamente a los protocolos que se acuerden. Además, recuerdan que el citrus argentino ya se exporta con éxito a Europa, Rusia, Canadá y países de Asia, e incluso se consolidaron envíos desde Entre Ríos a Ecuador con tratamiento de frío, un requisito similar al que solicita Estados Unidos.

Productores sostienen que la apertura tendría un fuerte impacto en las economías regionales, generando empleo, agregando valor y aumentando la competitividad externa. También permitiría reducir la dependencia de mercados tradicionales y diversificar destinos, una demanda constante ante la volatilidad internacional.

El Gobierno nacional oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para los productores de citrus del distrito Mandisoví, en el departamento Federación, como consecuencia de los daños provocados por el granizo y los fuertes vientos registrados el 5 de mayo de este año.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial, establece que el beneficio se extenderá desde el 5 de mayo de 2025 hasta el 4 de mayo de 2026. Durante ese período, los afectados podrán acceder a los mecanismos de asistencia previstos en la Ley 26.509, que incluyen exenciones impositivas, prórrogas en el pago de obligaciones y líneas de crédito especiales.

El texto oficial dispone que los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial competente, donde conste que sus explotaciones se encuentran dentro de las zonas afectadas por el fenómeno climático.

El distrito Mandisoví, uno de los polos citrícolas más importantes de Entre Ríos, sufrió pérdidas significativas en la producción de naranjas y mandarinas a causa del temporal que azotó la región en otoño. En algunos casos, los productores reportaron daños totales en las plantaciones, lo que comprometió seriamente la continuidad de la actividad.

La declaración de emergencia permitirá, además, que las entidades financieras oficiales otorguen facilidades crediticias para la recuperación productiva. Desde la provincia se destacó que la medida nacional llega tras gestiones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Entre Ríos ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.