La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó en la noche del jueves 14 allanamientos en la causa que se inició por los audios del despedido ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que reveló que supuestos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina.

Fuentes que trabajaron en los procedimientos -solicitados por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi- informaron a Infobae que fueron allanadas las sedes de ANDIS y de la droguería de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró computadoras y documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos.

Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, en donde se secuestraron dólares en distintos sobres y anotaciones. Serían más de 200 mil dólares. Al empresario le secuestraron el celular.

También fueron allanados los domicilios registrados a nombre de Spagnuolo con el objetivo se secuestrarle el celular, pero no fue encontrado. Lo mismo ocurrió en las viviendas de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

Los procedimientos no eran con orden de detención, sino para obtener material para avanzar en la investigación que se inició por una denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón que pidió que el caso se investigue por los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.

El hecho se conoció a través del programa Data Clave en el canal de streaming “Carnaval”. Allí se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "defalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamento y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

Spagnuolo es amigo de Milei y fue su abogado antes de asumir como presidente de la Nación. Fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos y en los audios reveló que se reunió con el jefe de estado para contarle lo que estaba ocurriendo con los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

El gobierno nacional echó a Spagnuolo pero no hizo referencias a las acusaciones de sobornos ni negó la veracidad de los audios.

En la causa judicial, el fiscal Picardi pidió distintos allanamientos a organismos y domiciliarios particulares. ANDIS y la droguería Suizo Argentina fueron allanadas por la Policía de la ciudad y se secuestró documentación y computadoras y aparatos tecnológicos que serán peritados.

También se dispusieron allanamientos en los domicilios de Spagnuolo, Garbellini y los directivos de la droguería Suizo Argentina, Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

En el domicilio de Emmanuel Kovalivker, en Nordelta, la Policía encontró al empresario en un auto con sobres en los que tenía distribuidos cerca de 200 mil dólares junto con anotaciones. Todo fue secuestrado junto con su teléfono celular.

Se esperan nuevos procedimientos a lo largo del día y el juez Casanello dispuso el secreto de sumario en la causa.

El Gobierno decidió desvincular al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, luego de que se filtraran audios donde reconocía el pago de coimas por quinientos mil dólares mensuales por parte de una empresa vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El dinero estaría vinculado a la recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios asociados. La investigación sobre el presunto delito estará a cargo del fiscal Franco Picardi.

Desde la Vocería Presidencial no confirmaron el entramado de corrupción pero explicaron que tomaron la decisión de despedir al funcionario "de manera preventiva" ante la "evidente utilización política de la oposición en año electoral".

De cara a futuro, el Poder Ejecutivo anunció que, por el momento, el ministro de Salud, Mario Lugones, "intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento".

Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego…

— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 21, 2025 Los audios del supuesto entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

El escándalo surgió luego de que el periodista Mauro Federico revelara en el programa Data Clave audios donde se expone a supuestos operadores de la ANDIS que intentaban buscar dinero a través de empresas proveedoras para facilitarles contratos con el Estado.

En los mensajes atribuidos al funcionario, se detalla cómo los operadores de la agencia le pedían dinero a empresas proveedoras del Estado, sobre todo en el rubro de medicamentos, para acceder a contratos oficiales.

Spagnuolo explica en los audios: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”.

"A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria", agregó dejando entrever que alguien se queda con un porcentaje importante. Según reveló el propio Spagnuolo en otro fragmento, ese 8% ronda los 500.000 y 800.000 dólares mensuales.

A su vez, señaló que el entramado no sólo estaba vinculado al área farmacéutica sino también a internaciones y transporte. “Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de 20/30 mil dólares por mes”, lanzó.

El tema fue abordado durante la sesión especial de este miércoles en la Cámara de Diputados. Leandro Santoro, de Unión por la Patria, afirmó: “Circulan audios, supuestamente de Spagnuolo, en los que se afirma que la administración argentina percibía coimas de quinientos mil dólares cada mes justamente cuando en este recinto se discute un tema esencial para las personas con discapacidad”.

Durante el debate, se trató el veto a la emergencia en discapacidad y el diputado opositor arremetió directamente al oficialismo por “justificar el veto presidencial bajo el argumento de combate a la corrupción”.

Por su parte, Christian Castillo, del Frente de Izquierda, agregó: “Se filtraron audios que son un escándalo. Se aprovechan de la discapacidad. Pasó un día y no hubo aclaración alguna por parte del titular de la Andis”.

En la misma línea se pronunció Esteban Paulón, de Encuentro Federal, quien sumó: “Ayer se escucharon fragmentos y hoy probablemente se escuchen más, incluyendo referencia a empresarios del sector farmacéutico”.

Una jubilada de San Salvador, víctima de una estafa telefónica, logró que la Justicia Federal suspendiera el cobro de un crédito tomado a su nombre sin su consentimiento. La medida fue dispuesta por la jueza Analía Ramponi, quien valoró especialmente la condición de “hipervulnerabilidad” de la mujer, de 81 años, jubilada mínima y con una patología crónica.

El fraude ocurrió en julio de 2024, cuando delincuentes la contactaron simulando una promoción de telefonía para jubilados. Con una publicación falsa en redes sociales y un llamado posterior, lograron obtener sus datos de HomeBanking y accedieron a su cuenta. No solo vaciaron sus ahorros: también tomaron dos préstamos preaprobados, por un total de un millón de pesos, que fueron transferidos a otras cuentas utilizadas por redes delictivas.

La damnificada denunció el hecho ante la Fiscalía, pero sin respuestas favorables por parte del banco. En paralelo, inició un reclamo judicial y una mediación que tampoco prosperó. A pesar de todo, la entidad continuó descontando las cuotas del crédito, que equivalen al 25% de su haber previsional, reduciendo aún más su ya escaso ingreso.

En su fallo, Ramponi subrayó que se trataba de una persona adulta mayor, con recursos limitados y sin capacidad para enfrentar ese nivel de endeudamiento. Consideró acreditada la estafa y dictó una medida cautelar que ordena la suspensión inmediata de los descuentos, al menos hasta que se resuelva la demanda por daños y perjuicios.

El abogado de la jubilada, Juan Carlos Arralde, destacó la importancia del pronunciamiento: “Este fallo marca un precedente clave. El sistema bancario ha empujado a los adultos mayores a digitalizarse sin darles las herramientas para hacerlo con seguridad. Es responsabilidad de los bancos protegerlos, no dejarlos a merced de estafadores”.

Arralde también apuntó contra el modelo de atención de las entidades financieras: “Los bancos tienen que dejar de mirar para otro lado. No pueden quedarse con la plata de un crédito que el cliente nunca pidió, sobre todo en estos casos en que la vulnerabilidad es evidente”.

El caso refleja un fenómeno creciente: las estafas digitales contra personas mayores, muchas veces con escasa familiaridad con las tecnologías que los propios bancos promueven. El fallo podría sentar jurisprudencia para otros casos similares que, hasta ahora, suelen resolverse en perjuicio de las víctimas.

El Gobierno nacional avanza con la nueva licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Con el objetivo de adjudicar el contrato durante el primer semestre de 2026, los nuevos pliegos se publicarán entre octubre y noviembre. Esta vez, todo el proceso estará auditado por la UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, en un intento de blindar el proceso frente a sospechas y operaciones.

La vía navegable, de más de 1.200 kilómetros entre Confluencia y el Atlántico, concentra el 80% de las exportaciones de granos, aceites y harinas del país, por un valor estimado de u$s28.000 millones anuales. Por eso, el rediseño apunta a maximizar eficiencia y reducir costos para el sector agroexportador.

“Queremos pasar el contrato al sector privado a riesgo empresario y bajar el costo logístico a los productores”, señalaron fuentes oficiales. A diferencia del proceso frustrado anterior —anulado por denuncias de opacidad—, el nuevo esquema suma mesas participativas que ya se desarrollaron en CABA, Santa Fe y Rosario, y seguirán en Paraná y el nordeste en julio. Aportan técnicos, provincias, cámaras, puertos, exportadores y universidades.

Uno de los ejes técnicos en discusión es el ensanchamiento de canales y zonas de sobrepaso. “Ya no hablamos en abstracto: se trata kilómetro por kilómetro”, explicaron. Se incorporan propuestas específicas, como las que presentó la Cámara de Prácticos, para corregir puntos críticos por sedimentación.

El nuevo pliego excluirá a empresas estatales extranjeras, lo que bloquea el ingreso de dragadoras chinas. “No es contra nadie, pero un Estado extranjero no puede controlar nuestra vía navegable”, afirmaron, apelando a argumentos de soberanía.

Además, la concesión será completamente privada: dragado, cobro de peaje y control estarán en manos empresarias, aunque bajo fiscalización estatal activa a través de una “mesa de inspección” con usuarios, prefectura y provincias. “El que más sabe del río no está en una oficina, está arriba de una barcaza”, remarcaron.

La duración de la concesión se reducirá de 30 a 20 años. Es el mínimo requerido para amortizar dragas nuevas sin desalentar competencia. Y se establecerá un tope tarifario: el nuevo peaje no podrá superar el valor actual. “La competencia será a la baja, y si se mejora el tiempo de navegación, el ahorro será doble”, señalaron.

Un punto aún sin resolución es la deuda de u$s78 millones con la empresa Jan de Nul, que actualmente paga la AGP. Se busca una solución que no favorezca ni excluya a ningún oferente.

El cronograma establece que tras las mesas de julio y agosto habrá audiencia pública. Luego, con los pliegos publicados, las empresas tendrán entre 60 y 90 días para presentar ofertas. Se espera la participación de entre cuatro y cinco dragadoras internacionales, algunas en alianza con firmas locales.

El Gobierno insiste en que la etapa actual es clave para discutir todo. “Después no hay sorpresas: lo que se tenga que decir, que se diga ahora”, recalcaron. Las versiones taquigráficas de las mesas se publican en línea. “Queremos que la gente de buena fe vea que el proceso fue abierto, documentado y transparente”, subrayaron.

Con estas condiciones, la administración busca relanzar una obra estratégica, blindarla de conflictos y asegurar que la próxima licitación se defina por competitividad técnica y económica, sin margen para objeciones tardías.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sorprendió a millones de familias al confirmar que titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder a un pago extra que ronda los $188.000. Este monto corresponde a la presentación de la Libreta AUH y ya comenzó a acreditarse junto con el cobro mensual desde el pasado 9 de junio.

A pesar de tratarse de una suma importante, el bono no se acredita de manera automática, por lo que es fundamental que los beneficiarios cumplan con ciertos requisitos y gestionen el trámite correspondiente dentro de los plazos establecidos. “Este extra comenzó a liquidarse el pasado 9 de junio y llega junto con el AUH”, confirmaron desde el organismo.

La ANSES recordó que este beneficio busca garantizar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad de niñas, niños y adolescentes. Para cobrarlo, es necesario presentar la Libreta AUH, un documento obligatorio que se puede gestionar de forma presencial o en línea.

El valor del pago extra por la Libreta AUH varía de acuerdo con la región del país y si el menor cuenta o no con una discapacidad. Primero en la denominada “zona general”, que abarca la mayor parte del país, el monto anual por hijo ronda los $188.000.

En cambio, en las provincias del sur —Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa— agrupadas bajo la Zona 1, el importe anual es mayor y puede superar los $244.000. “En las provincias del sur (Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa), denominada "Zona 1", los valores son más altos que en el resto del país: supera los $244.000”, detalla ANSES.

Por último, en casos de discapacidad, los montos se incrementan significativamente. En zona general, el pago anual puede llegar a $612.000, mientras que en Zona 1 el valor asciende hasta los $800.000, lo que representa un acompañamiento económico clave para muchas familias vulnerables.

El trámite para acceder al pago extra de AUH puede realizarse hasta el 31 de diciembre de 2025, tanto en oficinas de ANSES como a través de la plataforma online. “El trámite se debe realizar en una oficina de ANSES de forma presencial y sin turno previo o de manera online ingresando a la plataforma Mi ANSES”, informaron.

Antes de iniciar el proceso, es necesario contar con el CUIL del menor y la Clave de la Seguridad Social, además de completar el Formulario PS 1.47. “Este documento confirma que el niño recibió todas las vacunas correspondientes, asistió a los controles médicos y, si tiene más de 5 años, que concurre a la escuela de manera regular”, explicaron desde el organismo.

Este formulario debe estar firmado por una escuela y un centro de salud habilitado. Una vez cargado correctamente, el sistema valida los datos y habilita el cobro del monto pendiente, que corresponde al 20% retenido mensualmente por ANSES durante el año anterior.