Fiscales y empleados judiciales advierten por falta de recursos para el sistema acusatorio. El avance de la implementación del sistema acusatorio federal enfrenta severas dificultades por la falta de presupuesto y recursos humanos, según alertaron fiscales y empleados judiciales. En una carta dirigida al procurador general interino Eduardo Casal, fiscales de Comodoro Py advirtieron que “la carencia de recursos es notoria” y podría afectar la puesta en marcha efectiva del Código Procesal Penal Federal (Cppf) en distritos clave. Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia se sumaron recientemente a Salta, donde rige desde 2019, mientras que en Bahía Blanca la implementación fue postergada por la emergencia tras un temporal.

La Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) también expresó su preocupación mediante un comunicado en el que denunció que no se consideraron los presupuestos mínimos necesarios en materia edilicia, informática ni de recursos humanos para sostener el nuevo modelo. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) reforzó estos planteos, subrayando los reiterados reclamos por recursos humanos y técnicos indispensables para asumir las tareas que demanda cada jurisdicción bajo el nuevo esquema.

Casal ya había enviado en marzo pasado un oficio al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, solicitando la asignación de los fondos necesarios para avanzar de forma ordenada en la reforma judicial. Según las asociaciones del sector, la vorágine de la implementación puso en evidencia la insuficiencia de las asignaciones económicas, exigiendo una coordinación urgente entre la Procuración General, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría General para asegurar el funcionamiento en más de nueve provincias.

Los funcionarios judiciales insistieron en que es prioritario contar con infraestructura, herramientas tecnológicas y personal suficiente antes de avanzar con el nuevo modelo, para evitar que la falta de planificación ralentice el servicio de justicia o afecte gravemente a los trabajadores del sistema.

Rubén Virué fue, posiblemente, el último secretario de Justicia de la provincia que ejerció el cargo como tal. Quienes lo sucedieron, por distintas circunstancias, no tuvieron la relevancia en términos funcionales.

El dirigente justicialista, oriundo de Larroque, se sumó al grupo que colaboró en la campaña de Rogelio Frigerio para la Gobernación. Ahora- según supo Página Política- integrará por el Gobierno la comisión que abordará la reforma del Código Procesal Penal.

De irreprochable formación jurídica y política, Virué fue eyectado del gobierno de Sergio Urribarri a instancias del procurador general Jorge Amilcar Luciano García y su ahora amigo, el ex candidato a gobernador Adán Bahl. Su salida fue en junio de 2015 cuando, en carácter de presidente del Consejo de la Magistratura y en una audiencia pública, le preguntó a Marcela Badano, postulante a jueza de la Cámara de Casación Penal, si la relación de pareja que tenía con García no afectaría la imparcialidad del proceso. La doctora se ofendió y puso en conocimiento a su novio, quien llamó a Casa de Gobierno y, esa misma tarde, Virué fue despedido. Fue una mala noticia para el fuero penal, que lo respeta.

Luego sucedieron dos hechos. Efectivamente hubo presentaciones judiciales que cuestionan esa relación en el marco de un proceso. A los pocos meses, Urribarri comenzó su odisea tribunalicia que terminó condenado por 8 años.

La reforma al Código Procesal Penal fue noticia hace unos días cuando el Poder Ejecutivo decidió retirar el proyecto que databa del 2023 presentado por el entonces gobernador Gustavo Bordet.

Ese proyecto, que abordaba entre otros puntos los conocidos “plazos razonables”, quedó entrampado en el medio de la interna tribunalicia. Los integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) habían dado el visto bueno, mientras que el procurador general lo impugnó. Si bien ese proyecto había tenido a los vocales en la pluma final, el texto había contado con la colaboración de todo el fuero penal de la provincia. El retiro llamó la atención en el alto cuerpo, quienes se quedaron con la promesa de Frigerio de hace unas semanas de aprobarlo en junio o antes de las elecciones, según reconstruyó Página Política.

El Gobierno decidió volver a foja cero en la reforma. “Virué tendrá un lugar importante y su voz será fundamental”, se expresó en Casa de Gobierno.

El abogado de Larroque se suma en un momento sensible para la gestión si se mira la agenda judicial que propone el Gobierno: reforma del Código Procesal Penal y reforma del Consejo de la Magistratura, dos temas que impactan en el sistema judicial entrerriano.

El Expediente 27.101 P propone reformar el artículo 240 del Código Procesal Penal e incorporar el artículo 354 bis, que introduce el concepto de “reiterancia delictiva”. Según la legisladora, el objetivo es garantizar que quienes cometan delitos y tengan antecedentes esperen el juicio en prisión preventiva, evitando así la denominada “puerta giratoria”.

Además, el proyecto busca modificar el artículo 340, estableciendo la obligatoriedad del uso de tobillera electrónica y controles estrictos en los casos de prisión domiciliaria.

Laner afirmó que su propuesta ha generado interés en distintos sectores y municipios de Entre Ríos, y destacó la necesidad de revisar el Código Procesal Penal para atender las demandas sociales y garantizar respuestas rápidas a las víctimas. “Mientras la impunidad siga siendo aliada de los delincuentes, la sociedad continuará desprotegida”, sostuvo.

El proyecto será debatido en el ámbito legislativo y podría convertirse en una de las reformas judiciales más relevantes en materia de seguridad en la provincia.

La reforma al Código Fiscal se convirtió en un tema latente en la agenda política luego que dos tributos (automotor e inmobiliario) fueran cobrados sin el debido sustento de una ley. Lo que sucedió es que durante 2024 no se prorrogó un artículo y se generó un vacío legal. En diciembre se intentó enmendar el error, pero finalmente los tiempos no dieron.

Este miércoles el Senado abordó el tema y la oposición impuso su mayoría en el recinto para que se aprobara el dictamen que había quedado en minoría en comisión. El bloque del PJ alineó a los nueve senadores luego de un cuarto intermedio previo a la votación.

Luego, en lo técnico, hubo una coincidencia de ambos bloques de que respecto del período 2024, que quedó en el centro de la polémica por el cobro de los adicionales, para que la solución quede en manos de la ATER. Ambos dictámenes no hacían referencia a ese período impositivo, se decidió legislar para el 2025.

La diferencia que generó que el PJ y Juntos por el Cambio voten diferente fue por artículos que el oficialismo pretendía eliminar y la oposición no, porque ya no están vigentes. Se trata de una cuestión meramente técnica. Como la discusión parte de considerar que al no haberse prorrogado la vigencia de los adicionales, los mismos cayeron, por lo tanto los artículos que la ley 10.270 incorpora al Código Fiscal ya no existen y si no existen entonces no había razón para derogarlos. El PJ entendió, en su dictamen, que no se debía incluir un artículo para derogar los artículos que ya no están vigentes. Cuestiones técnicas que no quedaron muy claras en el recinto.

“Debatimos la reducción de la presión fiscal, bajamos alícuotas, pero terminaron cobrando 20.000 millones de un impuesto sin ley. No es un tema menor”, alegó el senador victoriense por el PJ, Víctor Sansberro.

“Hemos trabajado mucho para incorporar mejoras importantes a la iniciativa del Ejecutivo. El texto original generaba confusiones que fueron salvadas. Hacemos oposición con responsabilidad, no especulamos y hemos demostrado que estamos para señalar errores y proponer alternativas”, expresó.

“No vinimos con el cuchillo debajo del poncho, sino que advertimos ya en octubre de esta situación a través de un pedido de informes. Con responsabilidad y silencio hicimos nuestro aporte”, destacó el senador.

El senador de Juntos por el Cambio, Rubén Dal Molin, fue uno de los que defendió la posición de su bloque en donde explicó los beneficios que traería la aprobación de la ley sosteniendo que “el espíritu de la ley que envió el Ejecutivo apunta a bajar impuestos a necesidades básicas y otorga beneficios a los contribuyentes”.

Su par, Jaime Benedetti, sostuvo que la iniciativa oficialista refleja la “política de este gobierno que aspira a destrabar las fuerzas productivas permitiendo que la producción, el comercio, la industria se despliegue para generar empleo y estar cerca de los parámetros que se verifican en el resto de la región centro”.

La norma aprobada, que ahora pasa a Diputados, contó con los aportes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos. Se contemplaron planteos de la Unión Industrial de Entre Ríos, y de otras entidades que pidieron ser escuchadas. Página Política