En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Italia dio un paso histórico en la lucha contra la violencia de género. Con 237 votos a favor, el Parlamento aprobó una ley que reconoce al feminicidio como un delito autónomo, enviando un mensaje contundente sobre la gravedad de estos crímenes y la necesidad de sanciones ejemplares.

La nueva normativa define el feminicidio como un crimen impulsado por odio, discriminación, dominación o control hacia una mujer por el hecho de ser mujer. También abarca los asesinatos perpetrados tras la ruptura de una relación o aquellos destinados a limitar su libertad y autonomía.

El texto aprobado establece la cadena perpetua como pena máxima para quienes cometan este tipo de homicidios, reforzando el compromiso del Estado italiano con la protección de las mujeres y la erradicación de la violencia basada en género.

Con esta medida, Italia se suma a los países que han tipificado el feminicidio en sus legislaciones, consolidando un marco legal más robusto frente a la violencia de género. La decisión no solo tiene un impacto interno, sino que también envía un mensaje internacional sobre la importancia de reconocer y sancionar estos crímenes de manera específica.

La incorporación del feminicidio como delito autónomo en el Código Penal italiano marca un hito en la lucha por la igualdad y la justicia. La sanción de esta ley refuerza la protección de las mujeres y constituye un avance significativo en la construcción de una sociedad más segura y equitativa

La vicepresidenta Victoria Villarruel reapareció públicamente con un mensaje centrado en los incendios que afectan a la Patagonia. En ese marco, anunció que impulsará una iniciativa para endurecer las sanciones penales contra quienes provocan el fuego y reclamó una respuesta institucional más coordinada entre la Nación y las provincias.

“Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego”, escribió Villarruel en su cuenta de X. El mensaje marcó su primera intervención del año sobre un tema de la agenda nacional.

Villarruel subrayó además el impacto estructural que los incendios provocan año tras año en la región. “Año tras año parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, sostuvo, y recordó que el artículo 41 de la Constitución Nacional “consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes, así como la obligación de las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando resulta dañado”.

El mensaje cerró con una fuerte definición: “Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras, y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”. La declaración fue leída en clave política como una toma de posición diferenciada dentro del propio oficialismo, en contraste con el enfoque adoptado por el presidente Javier Milei.

El mandatario, por su parte, evitó referirse a las causas del desastre forestal y centró su mensaje en el reconocimiento al operativo de emergencia. “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, escribió también en X, y agregó: “Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.

El incendio se inició el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, al oeste del lago Epuyén, y ya arrasó más de 12.000 hectáreas, destruyó al menos 30 viviendas y provocó un fuerte impacto económico en plena temporada turística. La magnitud del siniestro obligó a desplegar dotaciones de distintas provincias para asistir a la gestión del gobernador Ignacio Torres.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que, además del operativo contra el fuego, el Banco Nación puso en marcha medidas de asistencia financiera destinadas a “acompañar a los productores agropecuarios y MiPyMEs de la Patagonia afectados por los incendios”, en un intento por mitigar las consecuencias económicas del desastre.

El Gobierno envió al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.

“El que la hace las paga”, afirmó la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en conferencia de prensa durante la presentación del proyecto. Delitos gravísimos como abuso de menores serán imprescriptibles.

“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.

En la actualidad, cuando la pena “no supera los 3 años el delincuente no cumple con la condena. Con este nuevo código se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados”, informó por su parte el Ministerio de Justicia de la Nación en un comunicado.

El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.

Se trata de delitos “cuyo castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”, agregó el parte de prensa.

Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.

Corrupción

“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio.

Desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.

Bullrich anticipó que el Congreso “va a tener una misión histórica. Los Códigos no se cambian todos los días y la Argentina tiene un Código Penal que ha tenido un montón de modificaciones, parches”.

“Los más favorecidos eran los delincuentes, violadores, asesinos. A partir de ahora, la sociedad en su conjunto y las víctimas son los más favorecidos”, remarcó.

Fin de la “puerta giratoria”

Bullrich sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”.

Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.

Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”

En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.

Y en la “conducción imprudente” en accidentes de tránsito se aumenta la pena de dos a seis años de prisión.

“Si manejaste de manera imprudente, estabas mirando el celular o cualquier otra falta que estás cometiendo al manejar, la imprudencia la tenés que pensar antes. Vas a tener una pena seria”, advirtió Bullrich.

La Ministra recordó que este es un viejo reclamo de las “Madres del Dolor”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este lunes los detalles del proyecto de reforma del Código Penal y confirmó que la iniciativa del Poder Ejecutivo se tratará en extraordinarias en el Congreso. La funcionaria adelantó varios puntos de plan, el cual contempla cambios normativos para agravar las penas por delitos por corrupción, abuso sexual de menores, entre otros puntos.

En una presentación coordinada con el vocero presidencial Manuel Adorni, la ahora senadora expuso los principales ejes del proyecto de reforma integral del Código Penal que el Gobierno envió al Congreso. Según explicaron, se trata de una actualización “indispensable” de una norma redactada hace un siglo y cuyo diseño, aseguran, quedó desalineado respecto de los desafíos del escenario actual.

El documento difundido por el Ministerio de Justicia señala que la iniciativa endurece penas para una serie de delitos graves, entre ellos homicidios, robos agravados, narcotráfico, abuso sexual, pornografía infantil y trata de personas.

También elimina la prescripción para los delitos considerados especialmente lesivos, como el abuso sexual y el homicidio agravado, con el argumento de que el paso del tiempo no puede convertirse en un condicionante para el castigo ni en un factor de desprotección para las víctimas.

Durante la exposición, Bullrich apuntó que el proyecto garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos. La reforma eleva los mínimos penales y cierra espacios que hoy permiten que condenas menores a tres años no se cumplan. Además, introduce un cambio central: las condenas perpetuas no tendrán límite temporal alguno. De esta manera, quienes sean sentenciados por homicidio agravado enfrentarán prisión de por vida, sin alternativas de reducción.

Adorni enmarcó la propuesta dentro de la agenda más amplia de reconfiguración del sistema penal que impulsa el Ejecutivo, que incluye la implementación del sistema acusatorio y cambios en la edad de imputabilidad. Según la comunicación oficial, la reforma completa “un mandato social” orientado a combatir la inseguridad y a reforzar la centralidad de las víctimas en el proceso penal.

La Casa Rosada confía en que la combinación de penas más estrictas, cumplimiento efectivo y la eliminación de la prescripción en delitos graves le dará al sistema penal un perfil más alineado con las demandas del Gobierno. El proyecto ya fue remitido al Congreso, donde el oficialismo buscará construir las mayorías necesarias para su aprobación.

El envío de este proyecto se complementa con las reformas de forma y fondo del sistema penal, que incluyen la implementación del Sistema Acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad.

Al respecto, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, destacó el envío al Congreso del proyecto de Reforma Integral del Código Penal y aseguró: “En el marco del Plan Tolerancia Cero y en cumplimiento con el principal mandato que nos dio la sociedad, que es terminar con la inseguridad, hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso”.

Amerio subrayó que el nuevo Código Penal endurece las penas para delitos graves como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas, y elimina la prescripción en delitos especialmente graves como el abuso sexual y el homicidio agravado. “Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas.”, afirmó.

Además, explicó que el proyecto garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos: “Actualmente cuando la pena no supera los 3 años, el delincuente no cumple con la condena. Con este nuevo código, se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados”.

Este es el hombre que pretende legislar con el código penal debajo del brazo. En el acto de cierre de campaña en Gualeguaychú, junto a Frigerio y Davico, el candidato remarca la figura de la Ministra de Seguridad, quien días atrás responsabilizó a las propias mujeres de los femicidios que padecemos. Es irresponsable y peligroso que redoblen la apuesta, ya que estamos hablando de vidas de innumerables mujeres por el hecho de serlo. ¿Cómo podrían cuidarnos personas como estas si llegan al Congreso de la Nación?

En lo que va del 2025, hubo 178 femicidios en todo el país. Según los datos del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, un femicidio cada 36 horas; 287 intentos de femicidio; el 15% de las víctimas había realizado la denuncia; 14 femicidas pertenecían a las fuerzas de seguridad; y 149 niñas y niños quedaron sin sus madres.

Las mujeres somos víctimas de las violencias que muchas veces no se pueden identificar, somos quienes sostenemos las crisis como la que estamos atravesando. Los salarios precarizados, el desempleo y la marginalidad, la narcocriminalidad que avanza con sus aliados de traje y banca, el hambre y la deuda que crece para poder llevar algo a la mesa.

"Repudiamos y llamamos a la reflexión y la responsabilidad de quienes utilizan la tragedia de las pérdidas de nuestras vidas para reforzar su campaña. Repudiamos y claramente exigimos la declaración de emergencia por los crímenes de odio contra las mujeres y femineidades", expresaron las candidatas del Frente Entre Ríos.

El presidente Javier Milei encabezará este jueves en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza la presentación oficial del proyecto de reforma integral del Código Penal, acompañado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La iniciativa será luego enviada al Congreso para su tratamiento legislativo.

El proyecto busca modernizar un cuerpo normativo que rige desde hace más de un siglo y que, según el Gobierno, resulta insuficiente para responder a nuevas modalidades criminales. El texto unifica en un solo marco más de mil disposiciones penales especiales, incorpora delitos emergentes y agrava las sanciones para ilícitos considerados de especial gravedad.

El acto contará con la presencia de jueces y especialistas que participaron de la redacción, entre ellos el camarista Mariano Borinsky. También integraron la comisión los magistrados Jorge Boumpadre, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico, Julio César Báez, Carlos Manfroni, Horacio Romero Villanueva, Fernando Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena. A su vez, se consultó a referentes internacionales y a organizaciones de la sociedad civil como la AMIA, la DAIA y Madres del Dolor.

Entre los cambios centrales, el texto eleva la pena máxima por homicidio simple a 30 años y amplía los supuestos de homicidio agravado. En delitos sexuales, establece sanciones más severas para grooming, trata de personas, difusión de material de abuso infantil, pornovenganza y la práctica conocida como stealthing. También incorpora figuras vinculadas al acoso laboral y escolar, al hostigamiento, a las estafas piramidales y a delitos cotidianos como el robo de celulares, secuestros virtuales o ataques de motochorros y viudas negras.

Otro eje clave es la responsabilidad penal de las personas jurídicas por cualquier tipo de delito. El régimen prevé criterios de imputación, graduación de sanciones y beneficios para quienes cooperen con la justicia. En materia de corrupción, la reforma agrava las penas por cohecho, tipifica el soborno entre privados y redefine el enriquecimiento ilícito, ampliando los alcances de la persecución penal.

Según el documento explicativo del Ministerio de Justicia, el objetivo es “proteger con mayor firmeza bienes jurídicos esenciales como la vida, la familia, el honor y el equilibrio fiscal”, a través de un sistema más claro y homogéneo. El Gobierno destaca que se trata de la primera reforma integral de esta envergadura desde la sanción original del Código en 1921.

El gobierno de Entre Ríos lanzó una convocatoria abierta para reformar el Código Procesal Penal (Ley Nº 9.754), con el objetivo de modernizar el sistema judicial penal y superar las falencias del modelo acusatorio vigente.

La iniciativa busca garantizar mayor equidad, transparencia, estándares interamericanos en derechos humanos y una tutela judicial efectiva. Para ello, se convocó a representantes del Superior Tribunal de Justicia, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Asociación de la Magistratura, Colegio de la Abogacía y cuatro universidades. Cada institución ya designó a sus representantes para canalizar propuestas que serán sistematizadas y elevadas al gobernador.

El secretario de Justicia, Julián Maneiro, explicó que la reforma apunta a mejorar el servicio de justicia, equilibrar intereses y proteger garantías constitucionales. “El proceso penal son las leyes que organizan ese momento tan difícil en que cualquiera puede estar involucrado. Merece ser investigado, pero también protegido”, señaló.

A diferencia de las comisiones tradicionales que analizan artículo por artículo, la Secretaría propone una metodología práctica: trabajar sobre 20 puntos clave, sin excluir otros aportes. Entre los temas propuestos se destacan la regulación de la prueba digital, la incorporación de figuras como el arrepentido y el informante, la acción penal contra personas jurídicas, el Estado como querellante y la mejora de plazos procesales.

Uno de los ejes más novedosos es habilitar al Estado provincial o municipal como querellante en causas con interés patrimonial directo. “Muchas veces, causas vinculadas a fondos públicos quedan en manos del fiscal y terminan en salidas alternativas. El Estado debe tener la posibilidad de seguir investigando”, sostuvo Maneiro.

Desde agosto, Virué comenzó los contactos institucionales para recabar propuestas. El proceso continuará en septiembre y octubre, con la expectativa de presentar el proyecto antes de fin de noviembre. “Vamos a trabajar de forma itinerante, entrevistando, recibiendo propuestas escritas y convocando nuevas rondas si hace falta”, agregó el funcionario.

En cuanto a la figura del arrepentido e informante, Maneiro aclaró que ya existen en otros códigos como el federal, y que su incorporación será debatida en función del contexto local. “Tienen virtudes y críticas. Habrá que analizar su viabilidad”, dijo.

Los representantes designados son: Mónica Carmona (Ministerio Público Fiscal), Gaspar Reca Ríos (Defensa), Alejandro Cánepa (Magistratura), Juan Barnada (Colegio de la Abogacía), Pedro Fontanetto (UADER), Hugo Perotti (UCA), Pedro Sánchez Izquierdo (UNL) y Rubén Chaia (UCU).

La reforma busca construir consensos mayoritarios, entendiendo que el consenso total es difícil. “Queremos un texto que tenga respaldo político y judicial. Si el gobernador lo aprueba, será presentado ante la Legislatura”, concluyó Maneiro. (Con información de Uno Entre Ríos)