El Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresó su rechazo al proceso de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. Los integrantes del organismo señalaron que no fueron convocados a participar en la discusión y advirtieron que los lineamientos difundidos representan un retroceso significativo para el sistema de garantías constitucionales.

El cuestionamiento surgió tras el encuentro realizado el 3 de septiembre en el Centro de Convenciones de Paraná, donde funcionarios de la Secretaría de Justicia y de Legal y Técnica presentaron a periodistas un bosquejo del proyecto. Allí se adelantaron veinte puntos del temario tentativo y se informó que habían sido convocados a opinar el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, la Asociación de la Magistratura, el Colegio de la Abogacía y varias universidades. Sin embargo, el Instituto de Derecho Penal, que forma parte del propio Colegio, no fue incluido.

En un comunicado, los penalistas manifestaron su “profunda preocupación” por haber sido excluidos del debate, a pesar de que el instituto fue creado con la finalidad de aportar en discusiones de esta naturaleza. Recordaron que, a lo largo de los años, participaron en diagnósticos sobre el proceso penal y presentaron propuestas de mejora, incluida la adhesión a proyectos debatidos en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.

Más allá de la falta de convocatoria, el organismo cuestionó el espíritu de la reforma. Señaló que limitar aún más la función de los jueces y juezas de garantías, habilitar la posibilidad de recurrir fallos absolutorios de jurados populares y ampliar la desigualdad entre acusación y defensa son medidas que debilitan el Estado de Derecho. “Son herramientas para disminuir derechos, y no podemos consentir con silencio un retroceso de esta magnitud”, advirtieron.

El instituto destacó que la representación institucional debe reflejar la diversidad y experiencia de las distintas ramas del derecho, especialmente en materia penal y procesal, para asegurar un debate plural y de calidad. “Seguimos sin recibir invitación alguna, a pesar de que el temario difundido compromete aspectos centrales de la justicia penal entrerriana”, subrayaron.

Finalmente, los profesionales reafirmaron su compromiso de seguir interviniendo en la discusión pública y de oponerse a toda iniciativa que debilite las instituciones democráticas. “No bajaremos los brazos a la hora de hacer sentir nuestra voz en todo lo que signifique fortalecer el Estado de Derecho”, concluyeron.

El reclamo del Instituto se suma a las tensiones que ya genera la reforma propuesta, que aún se encuentra en etapa preliminar y deberá atravesar un amplio debate legislativo. El pronunciamiento anticipa un escenario de discusión intensa sobre el rumbo de la justicia penal en Entre Ríos.