La creciente del río Uruguay sigue generando complicaciones en Concordia. Según informó este miércoles el Comité de Operaciones de Emergencias (COE), aumentó a 13 el número de familias que debieron abandonar sus viviendas como consecuencia del avance del agua. La situación motivó la activación de los protocolos de emergencia y el despliegue coordinado de recursos municipales, instituciones y fuerzas de seguridad.

En detalle, se trata de 9 familias que fueron evacuadas con la intervención de personal municipal y organismos de emergencia, y otras 4 que optaron por autoevacuarse. En total, son 50 las personas que ya se vieron obligadas a dejar sus hogares: 36 adultos y 14 menores de edad.

El parte oficial detalla que entre las familias evacuadas, 7 fueron trasladadas a domicilios particulares (13 mayores y 11 menores), mientras que las otras 2 (3 mayores) fueron alojadas en el centro de evacuados montado en las instalaciones de la ex fábrica Bagley. Las familias autoevacuadas, en tanto, se distribuyeron en espacios de resguardo organizados por sus propios medios.

Desde el COE recordaron que el número 103 es el único canal habilitado para solicitar asistencia en el marco de la emergencia hídrica. A su vez, desde la Municipalidad de Concordia se reiteró el pedido a la comunidad para que evite transitar por las zonas afectadas por la crecida y cumpla con las indicaciones del personal de seguridad y emergencias desplegado en el territorio.

En paralelo, el intendente Francisco Azcué confirmó que “se activaron todos los protocolos y el monitoreo es permanente”. En declaraciones previas había asegurado que se trabaja con anticipación para minimizar el impacto de la crecida y garantizar la asistencia a las familias damnificadas. Las tareas incluyen vigilancia permanente del comportamiento del río, refuerzos en los sistemas de drenaje y limpieza, así como asistencia médica y alimentaria.

La ciudad permanece en alerta ante la posibilidad de que el nivel del Uruguay continúe en ascenso. Si bien no se ha declarado una evacuación masiva, la situación se evalúa hora a hora con base en los reportes de Prefectura Naval y los pronósticos del Instituto Nacional del Agua.

Por ahora, las autoridades priorizan el acompañamiento a las familias desplazadas y la contención de eventuales nuevos casos. En tanto, se mantienen activos los operativos de vigilancia, asistencia sanitaria y provisión de elementos básicos en las zonas más comprometidas.

El COE reiteró que la respuesta ante esta emergencia es posible gracias al trabajo articulado entre áreas del Municipio, Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Seguridad, y organismos sociales, que continúan desplegados para garantizar la seguridad y el bienestar de la población afectada.

Un escándalo de corrupción sacude al sistema de comedores escolares del departamento Concordia. Silvina Murúa, quien el año pasado denunció presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, fue desplazada esta semana de su cargo como coordinadora de comedores escolares, tras ser señalada como responsable de maniobras similares a las que en su momento había denunciado.

Murúa había sido designada por el gobernador Rogelio Frigerio en marzo de 2024, y durante sus primeros meses en funciones presentó una denuncia por malversación de fondos destinados a la compra de alimentos para las escuelas del departamento. Sin embargo, tras una auditoría realizada entre marzo y abril de este año, se descubrieron inconsistencias millonarias que involucran directamente su gestión.

Según el Ministerio de Desarrollo Humano, las auditorías detectaron que más de 66 millones de pesos ejecutados en ese período carecen de justificación. Además, una inspección sorpresa realizada en 37 comedores escolares reveló un circuito de compras irregulares, donde se declaraban alimentos que no eran entregados.

A esas irregularidades contables se suman las administrativas: Murúa habría contratado a su propia hermana como parte del personal, pese a que reside en la ciudad correntina de Mocoretá, imposibilitada de cumplir funciones presenciales en Concordia.

La investigación interna también alcanzó a los proveedores del sistema. La empresa Ahora Voy SRL, liderada por el joven empresario Iñaki Partarrié, fue suspendida como proveedora del Estado. Esta firma había logrado en pocos meses convertirse en uno de los principales proveedores de comedores escolares, ganando múltiples concursos de precios de la Secretaría de Desarrollo Humano y facturando unos 90 millones de pesos en el último trimestre.

Simultáneamente, su padre, Martín Partarrié, dirige Partarrié Distribuciones SAS, que opera en el ámbito municipal y también abastece con alimentos secos a los comedores de Concordia. En conjunto, padre e hijo manejaron una estructura que, en apenas un año y medio, facturó más de 400 millones de pesos al Estado local.

La relación entre los Partarrié y Murúa se confirmó mediante audios filtrados en los que se escucha a la funcionaria reclamando por un supuesto faltante de dinero. En la conversación, Iñaki Partarrié atribuye la responsabilidad a su padre, quien —según dice— habría preparado los fajos de billetes mal armados.

Fuentes oficiales indicaron que la documentación y las pruebas reunidas ya fueron remitidas al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien deberá decidir si corresponde la apertura de un sumario o la intervención de la Justicia ordinaria.

Mientras tanto, el escándalo expone la fragilidad de los mecanismos de control en el sistema de asistencia alimentaria escolar y reaviva los cuestionamientos sobre las contrataciones públicas a proveedores sin antecedentes comprobados. La historia, que comenzó con una denuncia por corrupción, hoy da un giro inesperado y ubica a su autora en el centro de un complejo entramado que aún promete nuevas revelaciones.

El escándalo por la corrupción en la gestión de los comedores escolares en Concordia sacudió al oficialismo provincial y trascendió a medios nacionales, en un momento en que la ciudad es noticia por el alarmante índice de pobreza infantil que alcanza el 75%, según un informe de la UCA. En este contexto, la supuesta apropiación de fondos destinados a la alimentación de niños resulta un hecho particularmente grave.

Marcelo López, legislador radical y dirigente local, confirmó que fue su espacio político quien propuso a Silvina Murúa como coordinadora de comedores en Concordia al inicio de la actual gestión. “Ella arrancó muy bien, porque cuando detectó irregularidades en la gestión anterior lo denunció, y nosotros hicimos la denuncia correspondiente”, señaló en diálogo con Diario Río Uruguay.

Sin embargo, explicó que hace meses comenzaron a circular rumores de nuevas irregularidades vinculadas a Murúa, lo que llevó al propio López a tomar cartas en el asunto. “Empecé a escuchar rumores y a buscar información. Hace un tiempo vine a Paraná a informar sobre estas irregularidades y pedí personalmente su remoción”, contó.

El legislador aseguró que la ex funcionaria ya se había alejado del radicalismo y se había vinculado con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) local. “Ella se había apartado de nuestro espacio político y comenzó a militar con gente del MID en Concordia”, remarcó López, quien agregó que pidió a Murúa que se distanciara de un referente del MID, Julián Quiroga, por dudas sobre su comportamiento.

A pesar de que Murúa negó las acusaciones y negó las circunstancias que le planteaban, el legislador aseguró que continuaron las investigaciones internas y que, finalmente, llevaron a la intervención de las autoridades provinciales para pedir formalmente su apartamiento.

López manifestó su esperanza de que, de confirmarse las irregularidades, se abra una investigación judicial. “Si se comprueba que estos hechos merecen una investigación en sede judicial, se debe concurrir a Tribunales y requerirla”, sostuvo.

El dirigente también reprochó que existieron intentos por vincular el caso de corrupción exclusivamente con él, cuando en realidad fue él mismo quien alertó a las autoridades sobre las irregularidades. “Hubo alguna intención de instalar el tema vinculándolo conmigo, sin aclarar que fui yo personalmente quien puso sobre la mesa lo que estaba pasando”, dijo.

Este episodio expone la complejidad política que atraviesa el oficialismo en Concordia, que enfrenta críticas no solo por el caso puntual de corrupción, sino también por la grave situación social que afecta a miles de niños y niñas que dependen de la asistencia alimentaria. La investigación judicial y política que se avecina será clave para determinar responsabilidades y definir el futuro de la gestión en un área sensible como es la alimentación escolar.

“El Gobierno de Entre Ríos, a través de un trabajo en conjunto entre la Dirección de Comedores dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), pondrá en marcha un innovador programa para evaluar el estado nutricional de niños y niñas que asisten a comedores escolares en toda la provincia”, se informó oficialmente.

La iniciativa, “inédita en el territorio provincial”, se enfoca en estudiantes de 1° y 6° grado de escuelas seleccionadas en los 17 departamentos. Lo que se busca es recopilar datos precisos sobre la salud integral de los niños mediante mediciones antropométricas (peso, talla, índice de masa corporal y porcentaje de grasa a través de bioimpedancia), junto con el relevamiento de antecedentes personales y familiares.

Los objetivos del programa es generar información estadística confiable sobre el estado nutricional de los escolares; promover hábitos saludables desde la infancia y diseñar políticas públicas más efectivas en materia de alimentación y nutrición escolar.

El director de comedores del Ministerio de Desarrollo Humano, Lautaro Azzalini, destacó que "esta iniciativa nos permitirá conocer la realidad nutricional de nuestros niños y, en base a datos científicos, optimizar los programas de asistencia alimentaria en las escuelas, garantizando su bienestar y desarrollo pleno".

Azzalini, subrayó que "es un paso fundamental para transformar la investigación en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de los entrerrianos".

El programa “comenzará en las próximas semanas y sus resultados serán la base para futuras estrategias en salud pública y educación alimentaria”, aseguraron desde el gobierno provincial.

El merendero Los Gurises de Sobral atraviesa una difícil situación. Desde el inicio de 2025, ya no cuentan con el respaldo de muchos colaboradores ni con el apoyo del Municipio. Todo lo que entregan a los vecinos lo hacen de forma completamente independiente. La realidad es que cada vez resulta más complicado seguir adelante sin la ayuda de la comunidad o del Estado. Por ello, han comenzado a organizar ferias y comunicados a través de sus redes para recaudar fondos, y piden la colaboración de los vecinos para continuar asistiendo a cientos de personas.

Desde septiembre de 2024, el merendero vivió una triste experiencia debido a una causa judicial que los involucró de manera inesperada. La Justicia ordenó allanamientos simultáneos en varios comedores de la ciudad, y uno de ellos fue el de la calle Sobral. Sin embargo, tras el operativo realizado por las fuerzas de seguridad, no se halló evidencia que comprometiera a los integrantes del grupo de trabajo del comedor barrial.

“Hace tiempo que estamos intentando constituirnos como Asociación Civil. Lamentablemente, todo quedó estancado debido al allanamiento en el espacio, lo cual frenó todo lo que veníamos construyendo. La fachada del lugar fue utilizada en varios medios, donde se nos acusó falsamente de estar relacionados con sustancias y armas, entre otras cosas que no somos. Eso nos afectó mucho”, explicaron desde el merendero a EL ARGENTINO.

Para las trabajadoras del merendero, ese momento marcó un quiebre en el grupo. “Sentimos que el trámite para constituirnos como Asociación Civil se trabó, y además muchas personas que nos ayudaban con colaboraciones dejaron de hacerlo”, añadieron.

Años de lucha

El merendero de la calle Sobral ha estado funcionando desde 2017, y durante todo este tiempo ha contado con el apoyo de muchas personas, algunas de las cuales hoy forman parte de otras organizaciones. “Entendemos los procedimientos de la investigación, pero no tenemos nada que ver con eso, y las mismas autoridades nos lo informaron. Ni siquiera estábamos en el listado de personas que buscaban”, aseguraron las trabajadoras.

Desde entonces, el grupo enfrenta numerosas dificultades para poder entregar una merienda o un plato de comida a todas las personas que necesitan asistencia. “Recibíamos mucha ayuda de asociaciones, empresas y vecinos. Algunos continúan colaborando, pero otros ya no. En general, creemos que, ante estas acusaciones, es más fácil sacudirse el polvo y señalar a quien se pueda”, comentó una de las integrantes.

Las trabajadoras destacaron que tienen todos los registros requeridos para operar de manera legal. “Estamos inscriptas en el registro de comedores tanto a nivel municipal como nacional. No somos improvisadas, no es que nadie nos conoce ni que recién empezamos; tenemos toda una estructura y seguimos todos los pasos que se exigen”, explicaron.

La falta de apoyo estatal

La situación del merendero es especialmente compleja, ya que desde diciembre de 2024 dejaron de recibir apoyo del Municipio. “Hemos presentado todos los papeles, con la lista de las personas que vienen regularmente a comer o a retirar la merienda. Hasta diciembre del año pasado, el Municipio nos enviaba un paquete con fideos o arroz, 25 cajas de leche, sal, seis cajas de puré de tomates, aceite y condimentos, lo cual es poco. El resto lo ponemos nosotras, de nuestro bolsillo”, agregaron las trabajadoras.

En lo que va de 2025, el merendero asegura que no ha recibido ningún aporte por parte del Municipio. “Dos veces vinieron a hacer el relevamiento, pero justo en un día de lluvia fuerte el lugar estaba cerrado”, indicaron, y añadieron: “Después de las vacaciones, nos dijeron que teníamos que recurrir a los SUM (Salones de Usos Múltiples), y que si queríamos seguir con el merendero, tendríamos que hacerlo por nuestra cuenta. Nos dejaron así, de un día para otro”.

Otro problema que complica aún más la situación del comedor es la falta de continuidad en la tarjeta Nutrir. “Antes cocinábamos dos veces por semana. Ahora, al no recibir más apoyo del Municipio y no contar con la tarjeta Nutrir, no llegamos. Antes poníamos de nuestro bolsillo para cubrir algunas cosas, pero la plata no alcanza. Tampoco queremos juzgar a quienes no nos ayudan, porque somos conscientes de que la situación está difícil para todos”, explicaron.

Durante la semana, el objetivo del merendero es ofrecer dos comidas: una merienda los martes y un almuerzo los viernes. Pero las dificultades económicas están complicando cada vez más la situación, y desde el merendero temen no poder continuar con la ayuda. “Todos los días, la gente del barrio viene y nos pregunta si vamos a cocinar, y a nosotras nos está costando mucho mantener la estructura”, dijeron.

Respuestas a las declaraciones del intendente

Por último, respecto a las recientes declaraciones del intendente Mauricio Davico, quien se refirió a “los merenderos truchos”, las integrantes del merendero respondieron: “Personalmente, nos indignó muchísimo escuchar esas declaraciones. Por supuesto que estamos en contra de los malos manejos, pero aquí hay un lugar como el nuestro que realmente lo necesita. Si cumplimos con todos los requisitos, estamos registradas ante las autoridades, ¿por qué ahora somos considerados un lugar fantasma? No se puede desprestigiar el trabajo y el tiempo que dedicamos a este espacio, que también es un lugar de contención emocional para los vecinos. No jueguen con la necesidad de la gente”.

“Recuerden todo lo que la oposición nos tildó de mentirosos cuando asumimos, cuando dijimos que había merenderos truchos. Pocos meses después, el tiempo nos dio la razón. Y hoy hay una causa que inició desde el Ministerio de Capital Humano, en la Justicia Federal, y hubo hasta gente presa porque hacían negocios con los más necesitados. Estos intermediarios, chantas, muchos terminaron presos”, resaltó Davico.

Además, dijo que “se trabajó para identificar a los verdaderos beneficiarios. De los 1.657 registrados, 552 usaban periódicamente los fondos y nunca se presentaron a ese control. Entonces se dieron de baja 552 y esto generó un recupero de 10 millones de pesos mensuales”.