El Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos recibió este lunes al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, en el marco de una visita institucional destinada a fortalecer los lazos comerciales, evaluar proyectos de infraestructura regional y profundizar los esquemas de cooperación productiva entre el Estado provincial y los países miembros del bloque europeo.

La jornada formal dio inicio en la explanada de la Casa de Gobierno con el recibimiento protocolar al diplomático por parte del personal de las fuerzas de seguridad provinciales. Tras los saludos institucionales, las autoridades se trasladaron al despacho del mandatario provincial, donde se procedió a la firma del decreto correspondiente que declaró al representante diplomático como Huésped de Honor de la provincia.

Durante la audiencia inicial, se repasó el intercambio comercial existente entre el territorio entrerriano y la Unión Europea, el cual abarca transacciones corrientes con 23 naciones del continente. Asimismo, las partes abordaron el impacto de las pautas del acuerdo regional entre el Mercosur y la Unión Europea, destacando los envíos iniciales concretados por cadenas de valor locales pertenecientes a los sectores apícola, avícola, ganadero y arrocero.

En el transcurso del diálogo, las autoridades provinciales explicaron los alcances de los instrumentos normativos orientados a la captación de desembolsos de capital, entre los que se encuentra el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI). Dicho marco contempla la exención de tributos provinciales por un plazo de entre 15 y 20 años a aquellas empresas que asuman compromisos de radicación y generación de empleo registrado en la jurisdicción. Por su parte, la delegación europea señaló que las decisiones de inversión corporativa contemplan parámetros vinculados a la previsibilidad macroeconómica, la solidez de las instituciones públicas y la adopción de normativas relativas a la sostenibilidad ambiental.

En dicho espacio técnico se expusieron proyectos de obras públicas, infraestructura logística y adecuación de instalaciones portuarias con el objeto de analizar eventuales financiamientos o asociaciones operativas con firmas europeas. Al término del encuentro y de una posterior conferencia de prensa, las autoridades concluyeron la agenda con una visita a las instalaciones del MiradorTEC, centro abocado al desarrollo tecnológico, la innovación aplicada y la economía del conocimiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará la delegación argentina que participará de la cumbre de jefes de Finanzas del G20 en Asheville, Carolina del Norte. Durante el desarrollo del foro internacional, el titular de la cartera económica mantendrá una reunión bilateral con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales y repasar el estado de las variables económicas del país en el marco del contexto global actual.

La agenda oficial en suelo estadounidense contempla asimismo la posibilidad de un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. En esa instancia se abordará la marcha de las metas del programa vigente, orientadas a la disciplina fiscal y al fortalecimiento del esquema financiero de la Argentina. Las conversaciones incluirán la evaluación técnica que efectúa el organismo internacional sobre los indicadores macroeconómicos y las dinámicas socioeconómicas del plano local.

En el marco de las sesiones plenario del foro de ministros, Caputo disertará en un panel enfocado en el crecimiento global. La exposición de la representación nacional se centrará en los pilares del plan de estabilización macroeconómica, el ordenamiento de las cuentas públicas y las perspectivas de recuperación de la actividad productiva. La comitiva que acompaña al ministro está integrada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning.

El encuentro de finanzas del G20 se desarrollará en un escenario internacional caracterizado por la volatilidad de los mercados globales y la discusión de medidas comerciales. En ese sentido, las deliberaciones coordinadas por el Tesoro estadounidense abordarán el impacto de los aranceles internacionales, las previsiones de la economía global para los próximos meses y la situación geopolítica en Medio Oriente. Las autoridades argentinas evaluarán las dinámicas de los mercados mundiales para moderar su impacto en los flujos de comercio exterior.

De este modo, la participación de la comitiva en la cumbre internacional busca consolidar los vínculos institucionales con los organismos multilaterales de crédito y con las autoridades financieras del gobierno norteamericano, reafirmando los compromisos técnicos asumidos y el posicionamiento económico del país ante los principales actores de la economía mundial.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una reunión en Buenos Aires con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para coordinar asistencia técnica e inversiones estratégicas. El encuentro, desarrollado en la Casa de Entre Ríos, tuvo como eje central la puesta en marcha operativa de la nueva Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo de Comercio Exterior, creada mediante la ley provincial 11.246, así como el fortalecimiento de las pymes entrerrianas.

Durante la jornada se avanzó en esquemas de cooperación e intercambio de experiencias orientados a consolidar las capacidades de las pequeñas y medianas empresas frente a las exigencias del comercio internacional.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó el valor estratégico de la articulación con el organismo multilateral: "Buscamos e intercambiamos y creo que vamos a avanzar mucho en colaboración con el BID, tanto en lo técnico como en relaciones. Es un proyecto largamente demorado en la provincia, y contar con la colaboración técnica del BID es un aporte muy grande para ponerlo en marcha con toda la energía".

En la misma línea, la representante del BID en Argentina, Viviana Alva Hart, remarcó el potencial de la provincia y ratificó el compromiso del organismo para aportar conocimiento y herramientas que permitan aprovechar nuevos acuerdos comerciales, escalar la producción local y posicionar a Entre Ríos en los mercados globales.

En medio de un creciente escenario de fricción bilateral entre las principales economías de América del Sur, el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, desembarcó de urgencia en la ciudad de Buenos Aires para encabezar una reunión de evaluación en el Palacio San Martín con el canciller Pablo Quirno. La convocatoria del representante diplomático busca analizar el curso de acción institucional a seguir tras la decisión del Palacio de Itamaraty de retirar a su embajador y bajar el nivel de la representación política en Buenos Aires, una medida adoptada como respuesta directa a los continuos agravios del presidente Javier Milei hacia el mandatario brasileño, Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

La determinación de la administración del gobierno brasileño implicó reconfigurar de manera inmediata las cúpulas operativas en ambas sedes diplomáticas. En Brasilia, la embajada argentina quedó temporalmente bajo la gestión operativa de la encargada de negocios María Emilia Cortés, mientras que en la capital argentina la legación del país vecino atraviesa un esquema similar con Julio Bitelli apartado del diálogo de jerarquía política y abocado únicamente a cuestiones de índole técnico-administrativa. Aunque formalmente ambos funcionarios conservan sus credenciales y el estatus diplomático correspondiente, los canales de negociación de alto nivel de las dos naciones han ingresado en una fase de enfriamiento sin antecedentes inmediatos.

El quiebre de la fluidez política generó preocupación inmediata en los sectores industriales, exportadores y en el ámbito del comercio exterior. Brasil constituye el principal socio comercial y estratégico de la República Argentina, habiendo registrado un intercambio bilateral cercano a los 31.000 millones de dólares en el último ejercicio anual. La falta de comunicación directa entre los ejecutivos amenaza con ralentizar no solo los acuerdos bilaterales prioritarios, sino también el funcionamiento administrativo del Mercosur, afectando de manera directa el flujo de sectores claves como la industria automotriz, la agroindustria, el rubro energético y la minería.

Las entidades que integran la Mesa de Enlace agropecuaria y las principales cámaras de la industria frigorífica del país emitieron un contundente rechazo conjunto ante las modificaciones al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación. Las instituciones advirtieron que la iniciativa oficial pondría en serio riesgo la continuidad del organismo técnico e institucional encargado de posicionar la carne argentina en los mercados internacionales.

El rechazo sectorial responde a un borrador elaborado por la cartera que encabeza Federico Sturzenegger dentro del esquema de reformas normativas. El texto propone modificar la Ley 25.507 —norma que creó el Ipcva en el año 2001— para fijar la finalización de las contribuciones obligatorias a partir del 1° de octubre de 2027, instruyendo al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura a dejar de percibir dichos fondos.

Desde el Consejo de Representantes del Ipcva remarcaron que el organismo se sostiene exclusivamente con recursos privados aportados por la cadena bovina, donde los productores entregan el 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena y los frigoríficos el 0,03%. Según explicaron, este monto representa aproximadamente 1.200 pesos por animal faenado —el equivalente a unos 250 gramos de carne—, un costo marginal en comparación con los beneficios de apertura de mercados, promoción de la marca "Carne Argentina" y apoyo técnico a las tareas sanitarias del Senasa.

En un documento firmado por los titulares de Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), junto a directivos del Consorcio de Exportadores ABC, Ciccra, Fifra, Cadif y Unica, el sector alertó que pasar a un esquema de arancelamiento voluntario significaría en la práctica el cierre del instituto. Asimismo, señalaron que los principales países competidores en el comercio exterior cárnico —como Australia, Estados Unidos, Uruguay y el Reino Unido— cuentan con entidades similares financiadas mediante esquemas obligatorios e incluso con aportes estatales, por lo que la medida dejaría a la producción nacional en una posición de clara desventaja competitiva.

El Gobierno nacional completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal con la selección de la firma Jan de Nul-Servimagnus como ganadora de la licitación pública, en el último paso del proceso de privatización de la estratégica vía por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.

La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dio por concluidas las evaluaciones correspondientes y cerró el proceso licitatorio.

Según informó el Gobierno, la empresa adjudicataria presentó la mejor oferta y el cierre del procedimiento no registró impugnaciones por parte de las compañías participantes, que convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora durante las distintas etapas de la licitación.

La firma del contrato está prevista para dentro de un plazo máximo de 30 días y, de acuerdo con lo informado oficialmente, activará una reducción del 13,5% en los costos logísticos.

Asimismo, el proyecto contempla obras de profundización de la vía navegable y la incorporación de tecnología destinada a mejorar la seguridad de la navegación y fortalecer las acciones de combate contra el narcotráfico.

A través del comunicado oficial, las obras previstas permitirán que los buques completen la carga en los puertos de origen, con el objetivo de generar ahorros adicionales, ampliar la frontera productiva e incrementar la competitividad de los sectores productivos e industriales.

El Gobierno destacó además que el proceso licitatorio contó con el respaldo de usuarios privados, entre ellos la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

También señaló el acompañamiento de los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, que manifestaron su satisfacción por la conclusión del proceso.

De acuerdo con la información oficial, la licitación mantuvo criterios de transparencia pública y fue auditada en sus distintas etapas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo de la ONU que supervisó la aplicación de buenas prácticas internacionales en la gestión de infraestructuras soberanas.

La privatización de la Vía Navegable Troncal pone fin a la etapa de gestión estatal directa de la infraestructura y da paso a un esquema de inversión privada, mientras el Estado conservará funciones de control y supervisión.

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) informó que los bloqueos de carreteras que se mantienen desde hace siete semanas han provocado pérdidas por 978 millones de dólares.

El presidente de la entidad, Oswaldo Barriga, señaló que la paralización de las rutas principales dejaron mercancías inmovilizadas dentro y fuera del país e interrumpieron cadenas logísticas fundamentales para el comercio exterior.

Barriga advirtió que las consecuencias no se limitan a las empresas exportadoras: productores agropecuarios, transportistas y otros sectores vinculados al comercio internacional también sufren el impacto. Indicó además que hay cargas detenidas en distintos puntos del territorio y mercancías en el exterior que no pudieron ingresar para ser transformadas y luego exportadas, lo que provoca pérdida de mercados, cierre de empresas, desempleo y un deterioro de la imagen de Bolivia como proveedor confiable, informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente de la Caneb pidió que se inicien procesos judiciales contra los responsables de los bloqueos y estimó que el impacto económico total asciende a unos 14.500 millones de bolivianos (aprox. 2.000 millones de dólares), cifra que representaría alrededor de 3 puntos porcentuales del PIB. Diferentes sectores empresariales han presentado cálculos similares sobre las pérdidas.

Además de sanciones, Barriga solicitó la apertura de un espacio de trabajo entre el Gobierno y el sector privado para definir medidas destinadas a reactivar la economía una vez que concluyan los bloqueos. Entre las prioridades mencionadas figuraron la necesidad de garantizar la libertad de exportación, producción y transporte mediante normas, leyes o acciones específicas para recuperar la actividad económica y reducir la incertidumbre para inversionistas y productores.

Según el dirigente, entre 10.000 y 13.000 industrias tuvieron que paralizar operaciones como consecuencia de los bloqueos.

Fuente: Agencia NA

La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, eje estratégico para el comercio exterior argentino y regional, continuará su curso pese a las denuncias por presuntas irregularidades. El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves las medidas cautelares solicitadas para suspender el proceso, en una resolución de 15 páginas que se alinea con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan.

El magistrado recordó que las medidas cautelares contra el Estado deben aplicarse con “máximo grado de prudencia” para evitar excesos jurisdiccionales que menoscaben las funciones administrativas. Por ello, resolvió “no hacer lugar” a las cautelares pedidas y ordenó remitir nuevamente el expediente a la Fiscalía Federal para que continúe la investigación.

La causa se inició el 11 de mayo con la denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien afirmó que la licitación habría sido direccionada para favorecer a un grupo de beneficiarios. Entre sus acusaciones, señaló que el pliego estaría confeccionado “a medida” para excluir a empresas chinas, que existirían socios ocultos detrás de la empresa belga Jan de Nul y que incluso se habría incorporado documentación falsificada atribuida a la ONU.

Pagano denunció posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y asociación ilícita. A su presentación se sumó la de Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien advirtió que la maniobra implicaría un perjuicio proyectado de 7.000 millones de dólares a lo largo de la concesión. También apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios vinculados al área portuaria.

Rafecas terminó alineándose con ese criterio, reforzando la presunción de legitimidad de los actos administrativos y la aplicación restrictiva de medidas cautelares contra el Estado.

La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía de salida de las exportaciones argentinas, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior. Su licitación, que involucra a empresas internacionales y despierta fuertes intereses económicos, se encuentra atravesada por cuestionamientos políticos y judiciales.

La decisión de Rafecas garantiza la continuidad del proceso, aunque las denuncias seguirán siendo investigadas por la Fiscalía. El desenlace de esta causa será clave para definir el futuro de una infraestructura estratégica para la región y para la economía nacional.

La Hidrovía Paraná-Paraguay, principal corredor de exportación del país y la región, atraviesa una etapa clave en su proceso de licitación. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) notificó que las empresas Jan de Nul y DEME NV superaron la evaluación técnica y avanzan a la fase final, donde se definirá la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT).

En esta instancia, Jan de Nul obtuvo 66,2 puntos, mientras que DEME alcanzó 42,14 puntos. El análisis se realizó sobre el Sobre N° 2, que incluía planes de dragado, mantenimiento de señalización, protocolos ambientales, control de tráfico y antecedentes operativos. El sistema de calificación fue validado por la UNCTAD, organismo de Naciones Unidas.

Las empresas disponen de un plazo de siete días para presentar impugnaciones. Si no las hubiera, la ANPYN oficializará las ofertas admitidas y fijará la fecha de apertura del Sobre N° 3, correspondiente a las propuestas económicas. Esta última etapa es la más relevante: representa el 60% de la calificación total, con un máximo de 120 puntos.

Diversas entidades privadas respaldaron el avance del proceso, entre ellas la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara del Acero y la Cámara de Puertos Privados Comerciales. Todas destacaron la importancia de la transparencia y la solidez técnica de la licitación.

DEME: creada en 1875, también belga, especializada en dragado e infraestructura marítima. A nivel internacional enfrentó causas judiciales por presunto soborno, aunque fueron desestimadas.

Ambas empresas quedaron como únicas oferentes tras la descalificación de la brasileña DTA Engenharia, que no presentó las garantías exigidas.

Hoy, el proceso iniciado en febrero de 2026 entra en su fase decisiva. La apertura del Sobre N° 3 definirá qué empresa se queda con la concesión de una infraestructura que canaliza la mayor parte del comercio exterior argentino.

El próximo viernes 27 de febrero vence el plazo de presentación de ofertas para la trascendental concesión por 25 años de la Vía Navegable Troncal, conocida popularmente como la Hidrovía Paraná–Paraguay. En un proceso licitatorio respaldado por los principales actores del sector agroexportador, el dato de mayor impacto para nuestra provincia es la incorporación de Entre Ríos a la red de la Hidrovía.

La integración de la provincia a la Vía Navegable Troncal, calificada como “histórica” por el gobierno provincial, es “una medida largamente esperada que marca el inicio de una etapa clave para la competitividad, la reducción de los costos logísticos y la inserción internacional de la producción local”.

La vía navegable constituye una infraestructura estratégica irremplazable, ya que por allí sale y entra el 90% del comercio exterior no solo de Argentina, sino también de Paraguay, Bolivia, Uruguay y el sur de Brasil. La expectativa del sector productivo está puesta en las inversiones previstas, estimadas en más de 10 mil millones de dólares, derivadas de un pliego de alta calidad técnica.

Además de la inclusión entrerriana, las bases de la licitación exigen el incremento de la profundidad a 40 pies, la obligación de realizar fuertes inversiones en tecnología para agilizar la navegación y reforzar la seguridad contra el narcotráfico, y una reducción de costos tarifarios superior al 10% en dólares en comparación con los valores actuales.

Entre Ríos en la Hidrovía

En su visita a Paraná en octubre del año pasado, el presidente Javier Milei firmó con el gobernador Rogelio Frigerio el compromiso de incluir en las condiciones para la licitación de la Hidrovía el dragado a 34 pies del río Paraná Bravo y Paraná Guazú, al sur de Entre Ríos.

Esto hará que sean navegables por navíos grandes. Entre Ríos podría sacar exportaciones desde su territorio en buques Panamax con capacidad para hasta 40.000 toneladas y navegación transatlántica. Las embarcaciones requieren una profundidad que el río Paraná hoy solamente tiene desde el polo portuario de Rosario hasta la salida al mar por el Río de la Plata.

Con el dragado a 34 pies de profundidad (equivalente a 10,3 metros), los buques ingresarían hasta el puerto de Ibicuy. ¿Por dónde? Por el Paraná Guazú, uno de los brazos del río que limita la provincia con Santa Fe y Buenos Aires.

Si ese proyecto se concreta, las cargas arribarían hasta el puerto de Ibicuy procedentes desde el resto de Entre Ríos, las otras provincias de la Mesopotamia (Corrientes y Misiones) e incluso desde Brasil, sin necesidad de cruzar a Santa Fe para embarcarse en Rosario. Y desde Ibicuy saldrían al Río de la Plata para la exportación.

El diseño de la licitación fue producto de un intenso trabajo articulado a lo largo de 2025. La Administración Nacional de Puertos y Vías Navegables (ANPyVN) convocó a múltiples mesas de diálogo que integraron a empresas, productores, gobiernos provinciales y cámaras de trabajadores.

Las instituciones más influyentes del comercio exterior, como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), celebraron la iniciativa. El presidente de esta última entidad, Gustavo Idigoras, resumió la importancia del momento al afirmar que “con esta licitación, y su correcta ejecución, nos jugamos las próximas décadas de logística exportadora competitiva”.

Para dotar al proceso de una transparencia indiscutible, se solicitó a las Naciones Unidas la auditoría de cada etapa de la licitación. El organismo internacional aportó estándares de buenas prácticas y elaboró un detallado informe en el que dictaminó que el pliego es el más transparente y sólido técnicamente posible, confirmando que al menos ocho grandes empresas a nivel mundial tienen la capacidad para competir.

Las acciones para garantizar la participación y el cuidado del entorno incluyeron además la realización de dos audiencias públicas en noviembre, una de carácter ambiental y otra ciudadana, coronadas días atrás con el inicio de la conformación del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, un espacio que le dará voz a las provincias y consolidará el nuevo rol protagónico de Entre Ríos en el comercio fluvial sudamericano. Ahora

Hace un par de meses el mercado parecía anticipar tensión cambiaria: las discusiones sobre el esquema de bandas y la posibilidad de un ajuste del tipo de cambio ocupaban el centro del debate económico. Sin embargo, el movimiento fue en sentido contrario y el dólar no para de bajar. La pregunta es qué explica esta dinámica en una economía históricamente escasa de divisas.

Entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, empresas y provincias argentinas colocaron en el exterior más de USD 6.000 millones en deuda, considerando las principales emisiones corporativas y subsoberanas del período. En el mismo cuatrimestre del año anterior, el volumen había sido significativamente menor y sin colocaciones provinciales relevantes. La diferencia es clara: el flujo financiero externo del último cuatrimestre fue varias veces superior al registrado un año atrás. Si bien esta cifra no modifica por sí sola la estructura externa de una economía que exporta miles de millones de dólares por mes, sí constituye un ingreso relevante cuando se concentra en pocas semanas y en un mercado que venía operando con tensión.

En ese contexto puede observarse un patrón que se repitió a lo largo de la gestión actual: cada vez que el mercado percibe escasez de divisas, aparece un puente financiero que permite atravesar el período hasta la siguiente entrada significativa de dólares. En Argentina, esos momentos fuertes de ingreso comercial suelen concentrarse en dos etapas del año: la liquidación de la cosecha fina hacia fin de año y la cosecha gruesa durante el segundo trimestre. Entre una y otra, los flujos tienden a moderarse y es allí donde aparecen los mecanismos extraordinarios de financiamiento.

Ese puente adoptó distintas formas: una ley de blanqueo de capitales, desembolsos de organismos internacionales, respaldos financieros internacionales y señales de apoyo externo, financiamiento externo, colocaciones internacionales de provincias y emisiones de obligaciones negociables en el exterior. El mecanismo es similar: surge una oferta extraordinaria de dólares que no proviene del flujo exportador corriente, lo que ayuda a sostener el tipo de cambio hasta el siguiente momento de mayor ingreso de divisas. No se trata de un fenómeno aislado, sino de una estrategia de administración de la escasez.

Cuando empresas o provincias emiten deuda en el exterior reciben dólares fuera del país y, si esos fondos se destinan a financiar actividad local o inversiones internas, deben ingresarse y liquidarse en el mercado oficial de cambios, incrementando así la oferta. Parte de esos ingresos contribuyeron a recomponer reservas y reducir expectativas de salto cambiario. Además, el Gobierno ha aprovechado estos momentos de mayor oferta para comprar divisas y fortalecer el stock de reservas del Banco Central. Esto permitió un aumento de las reservas brutas —es decir, el total de activos en moneda extranjera que figuran en el balance del Banco Central— aunque las reservas netas, que descuentan pasivos en dólares y obligaciones con organismos internacionales, continúan en terreno negativo.

A esto se sumó el último dato oficial de comercio exterior: en enero de 2026 la balanza comercial registró un superávit cercano a USD 1.987 millones, impulsado por un aumento interanual de las exportaciones —explicado mayormente por mayores cantidades— y una caída de las importaciones, también en volumen. En particular, la reducción de compras externas de bienes de capital e insumos intermedios suele asociarse a un menor dinamismo de la actividad económica.

Hay además otros factores que favorecen la estabilidad cambiaria, entre ellos la política fiscal, monetaria y las expectativas, que se suman al flujo financiero reciente. Esta combinación de mayor oferta y menor demanda defensiva ha cambiado el escenario.

¿Dónde puede estar el piso?

El dólar puede parecer bajo si se lo compara con la tensión que existía hace un par de meses, pero más que “de oferta” podría estar sostenido por una ingeniería de flujos. Si esos puentes sirven para ganar tiempo hasta consolidar una mayor capacidad exportadora, pueden formar parte de una transición ordenada; si se vuelven un mecanismo recurrente sin ampliar la base productiva, la estabilidad dependerá cada vez más del acceso al crédito y de la confianza externa.

Con tasas reales positivas y calma cambiaria reapareció el interés por estrategias de carry trade. Sin embargo, los nuevos mínimos en la cotización del dólar registrados esta semana podrían estar señalando la formación de un piso, lo que eventualmente reactivaría la dolarización de carteras por parte de inversores minoristas. En nuestro país, incluso en escenarios de estabilidad, el riesgo cambiario nunca desaparece.

En macroeconomía, el origen de los dólares importa tanto como su precio.

Por Milagros Martinez Garbino

Economista - Especialista en finanzas personales

El presidente de la entidad Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Lucas Magnano, sostuvo que “sería muy bueno que se continúe con la baja de retenciones”, en un contexto de producción récord pero con márgenes de rentabilidad ajustados.

La campaña triguera 2025/26 se perfila como histórica: 27,8 millones de toneladas proyectadas, un 58% por encima del promedio de la última década. Sin embargo, el escenario internacional de precios deprimidos y los costos internos crecientes —especialmente en fletes y fertilizantes— generan tensiones en la rentabilidad del productor argentino.

En este marco, la Mesa Nacional del Trigo se convirtió en un espacio clave para debatir políticas que permitan sostener el crecimiento y mejorar la competitividad.

En este sentido Coninagro presentó un informe con datos que reflejan tanto el potencial como los desafíos de la cadena triguera. La entidad destacó que, pese a la campaña récord, persisten problemas de rentabilidad que requieren medidas urgentes.

El documento subraya que el empleo generado por la cadena alcanzó los 413.730 puestos de trabajo en 2023, lo que representa el 9,9% del empleo agropecuario total. Desde Coninagro remarcaron que la producción primaria concentra el 14% de esos puestos, evidenciando la importancia del trigo en la generación de trabajo rural.

La campaña 2025/26 se proyecta como histórica, con 6,7 millones de hectáreas sembradas y un valor bruto estimado en USD 5.782 millones. Sin embargo, el precio internacional del trigo argentino se ubica en USD 208 por tonelada FOB, el más bajo entre los principales exportadores, lo que presiona los márgenes de los productores.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones del primer semestre de 2025 sumaron USD 1.821 millones, con Brasil como principal destino (36,9%). Hacia adelante, se espera un crecimiento del 25,5% en 2026, lo que generaría ingresos por USD 3.702 millones. Desde la entidad resaltaron que este incremento será clave para sostener el flujo de divisas y consolidar la recuperación productiva.

La recaudación fiscal también fue analizada: con una alícuota del 7,5% en Derechos de Exportación, se proyecta una recaudación de USD 273,2 millones. No obstante, los dirigentes insistieron en que la continuidad de la baja de retenciones es fundamental para mejorar la competitividad del sector.

Uno de los puntos más críticos señalados fue el costo logístico. En enero de 2026, el flete a 100 km representó el 10% del valor del trigo, mientras que a 300 km ascendió al 21%, el nivel más alto registrado. Desde Coninagro resaltaron que esta situación limita la rentabilidad y exige políticas de infraestructura y transporte más eficientes.

Los productores remarcaron que la recuperación productiva debe estar acompañada por medidas concretas que fortalezcan la rentabilidad del sector. Desde Coninagro resaltaron que entre las prioridades figuran la reducción de la carga fiscal en los tres niveles de gobierno, la eliminación total de los Derechos de Exportación, el abaratamiento de fertilizantes y el impulso al riego como herramienta estratégica para expandir la producción y estabilizar el sistema triguero. Estas políticas, señalaron, son indispensables para consolidar el crecimiento y garantizar la competitividad en un contexto de precios internacionales bajos y costos internos elevados.

Al cierre de la jornada, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, expresó: “Es muy gratificante estar aquí como Coninagro. Este año el productor respondió de manera extraordinaria, tras las señales que dio el Gobierno Nacional. Hay cuestiones que deben seguir acomodándose en el marco económico”.

EL ARGENTINO, dialogó con Noelia Zapata, secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor en el marco de la reunión que tuvo con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Con una trayectoria vinculada al cooperativismo y al sector empresarial, Zapata fue gerenta general de la cooperativa La Agrícola Regional (LAR) de Crespo y presidió el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER). Esta experiencia le permitió conocer de cerca las necesidades de la industria, las cooperativas y los emprendedores, antecedentes que hoy respaldan su gestión al frente de la nueva Secretaría.

Zapata afirmó a EL ARGENTINO que la nueva secretaría abarca comercio exterior e interior, minería y desarrollo emprendedor, además de defensa del consumidor y fiscalización. “Es un área completa que busca potenciar las capacidades de Entre Ríos en distintos sectores. El comercio exterior tiene que ver con las posibilidades de exportaciones que tiene la provincia, y comercio interior todo lo relacionado con las actividades comerciales internas.”, comentó la flamante funcionaria.

Fue un encuentro de trabajo orientado a repensar estrategias para reforzar el acompañamiento del Estado al sector productivo entrerriano. La reunión puso el foco en las pymes y emprendedores, considerados actores estratégicos para el desarrollo económico de la provincia.

La secretaria destacó que el eje central de la gestión será trabajar muy cerca de las mipymes, pymes y emprendedores, sin importar el rubro: industria, turismo, comercio o agro. “Lo que importa es la calidad del emprendedor y de la empresa”, mencionó a EL ARGENTINO.

En ese sentido, la cartera no otorgará subsidios, sino que brindará capacitaciones específicas, asesoramiento para la obtención de créditos y acompañamiento en procesos de financiamiento. También se busca generar datos precisos sobre las pymes para conocer sus necesidades y vincularlas con empresas de mayor relevancia, fortaleciendo su rol como proveedores y potenciando sus posibilidades de exportación.

“La diferenciación no debe basarse solo en el precio, sino en la calidad y en la marca Entre Ríos. Soñar con un producto diferenciado es lo que nos tiene que marcar un hito en la provincia”, afirmó Zapata.

Durante la reunión con el gobernador se definieron acciones concretas: capacitaciones en febrero y marzo, rondas de negocios para que las empresas participen en ferias internacionales y una ronda inversa en agosto que permitirá acercar inversores a distintos sectores de la economía entrerriana.

Además, se trabajará con la Agencia de Desarrollo de la provincia para ampliar las oportunidades de exportación y atraer inversiones. “El pedido del gobernador fue claro: estar cerca de las pymes, escucharlas y acompañarlas en su crecimiento”, comentó Zapata.

En relación a la minería, Entre Ríos se concentra principalmente en recursos no metalíferos, fundamentales para la construcción y la industria. La provincia cuenta con arenas silíceas, arcillas, basaltos, calizas, yeso y conchillas, materiales que se utilizan en la producción de cemento, ladrillos, cerámicas, obras viales y procesos industriales diversos. Estas potencialidades, junto con las realidades de cada componente minero, forman parte del desafío de la nueva Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor. “El área busca impulsar un aprovechamiento responsable y estratégico de estos recursos, promoviendo la fiscalización, el control y la investigación, al tiempo que acompaña a las pymes y emprendedores vinculados al sector para integrarlos a cadenas de valor más amplias y sostenibles”, afirmó Zapata.

La funcionaria subrayó que asume el desafío “con un gran honor y una gran responsabilidad”, recordando su trayectoria en el Consejo Empresario de Entre Ríos y su vínculo con el sector cooperativo. “De un emprendedor puede surgir mañana una pyme, una mipyme o una gran empresa”, expresó a EL ARGENTINO.

La creación de esta secretaría marca un paso estratégico para Entre Ríos: consolidar un ecosistema productivo que valore la calidad, la innovación y la capacidad de sus emprendedores. Con capacitación, financiamiento y proyección internacional, la provincia busca fortalecer su entramado económico y generar nuevas fuentes de trabajo.

El Gobierno nacional introdujo una modificación en el régimen aduanero que permitirá a los operadores de comercio exterior utilizar declaraciones juradas para respaldar sus obligaciones en determinadas operaciones de importación. La actualización, formalizada mediante el Decreto 838/2025, habilita una opción adicional al sistema de garantías tradicionales, con el objetivo de simplificar trámites y reducir costos para empresas consideradas confiables.

La norma establece que los importadores podrán presentar un documento firmado “cuando los regímenes de importación establezcan la obligación de garantizar los tributos que pudieran exigirse por dichas operaciones”. Según el decreto, esta herramienta busca “homogeneizar el tratamiento normativo, reducir costos operativos para las empresas y simplificar trámites”, en línea con el plan de modernización impulsado por el Ejecutivo.

La administración aclaró que la alternativa no afectará el control aduanero ni el resguardo del interés fiscal. El planteo oficial sostiene que se trata de un mecanismo menos gravoso que las garantías financieras, que suelen implicar costos adicionales y trámites prolongados para los operadores.

En redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y afirmó que “abre un camino para una importante simplificación de los trámites aduaneros”. Explicó que, ante discrepancias o dudas en la liquidación de tributos, la Aduana suele exigir garantías por el monto en disputa, lo que encarece la operatoria y expone a los importadores a demoras y gastos financieros. Según el funcionario, la posibilidad de reemplazar ese requisito por una declaración jurada “reduce costos y limita las oportunidades de corrupción”.

Sturzenegger señaló que la Aduana deberá definir ahora en qué casos y para qué operadores estará habilitada esta modalidad. Aseguró que el cambio “abre la puerta a una gran simplificación de la operatoria y a una reducción de precios para todos los argentinos”.

La medida se inscribe en un conjunto de reformas orientadas a desburocratizar procesos, digitalizar trámites y hacer más previsible el esquema para el comercio exterior. El sector empresario sigue de cerca los alcances de la implementación, que definirá qué importadores podrán acceder a la nueva opción y bajo qué condiciones.

En medio de la suba del dólar mayorista de esta semana y los cuestionamientos por la falta de acumulación de reservas, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a referirse al tipo de cambio y reiteró, una vez más, que no está atrasado, pero esta vez dio sus argumentos con base en el nivel récord de exportaciones.

“Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de “cambio atrasado”, escribió con tono irónico el ministro en la red social X. Lo hizo con un gráfico en donde se exponían las cantidades exportadas hasta septiembre. Aunque sin hacer mención alguna a que se trató del mes en el que implementó la medida de retenciones cero a los principales cultivos, con un cupo de USD 7.000 millones, que apenas duró menos de tres días. Y generó tensiones con los productores, quienes aseguraron que se trató de una medida que benefició a las grandes cerealeras.

Y si bien desde la victoria del Gobierno en las elecciones de medio término el dólar mayorista retrocedió, la distancia que guarda con el techo de la banda aún es corta y genera alertas para los economistas. A mediodía de este jueves cotiza en $1.446, lo que implica una baja de $7,3 respecto al día anterior. Y una diferencia respecto a la banda superior de $63,48.

“Nadie sabe cuál es el TC de equilibrio, lo que sí sabemos es que no puede estar atrasado cuando tenemos a las exportaciones medidas en cantidades batiendo récord tras récord”, comentó el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, a la publicación del ministro.

El directivo también omitió la medida de baja de retenciones que llevó a cabo el Gobierno para conseguir dólares para intervenir mientras estaba en la recta final de las negociaciones por el swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos. Pero eso quedó de manifiesto en los números de balanza comercial que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en septiembre.

En el noveno mes del año, las importaciones fueron por USD 7.207 millones, mientras que las exportaciones alcanzaron USD 8.128 millones, lo que arrojó un resultado positivo por USD 921 millones. En el detalle que dio a conocer el organismo estadístico, las exportaciones tuvieron una variación interanual del 16,9% (superado por las importaciones donde fue del 20,7%). Pero si se mira por rubro, Productos primarios representó USD 2.025 millones del total (v.ia. del 24,9%).

Dudas de los analistas

Pese a la postura del equipo económico, los analistas todavía tienen sus dudas respecto el actual esquema de flotación del dólar. Para Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, existe un régimen cambiario no declarado: “Una banda dentro de la banda”. Detalló que cuando el mayorista baja de $1.400, el Tesoro compra reservas y $1.500 es el techo tolerado.

También los interrogantes se generan porque en la previa de las elecciones el ministro aseguró que se sienten cómodos con un dólar de $1.500. “Cuando Caputo dijo que se sentía cómodo con un dólar en torno a $1.500, estaba dando una señal de referencia, no un valor operativo diario”, aseguró el fundador del Centro de Estudios Políticos y Económicos, Leo Anzalone. Y remarcó que la baja momentánea a la zona de los $1.385 de la semana pasada respondió a una mayor oferta por factores como el mayor volumen de obligaciones negociables en dólares emitidas por empresas, el ingreso estacional de la liquidación de exportaciones de la cosecha fina y un mercado financiero dispuesto a dolarizar formalmente flujos de inversión.

“Un dólar por debajo de $1.400 no luce como nivel de equilibrio sostenible, advirtió Anzalone, ya que a ese precio se empieza a ver demanda”. En este escenario, el Tesoro aprovecha para recomprar reservas para cubrir vencimientos.

Algunos analistas consideran que la brecha entre el dólar mayorista y el techo de banda es limitada, lo que expone al régimen cambiario a eventuales shocks internos o externos. Y a su vez, complica la acumulación de reservas internacionales. Siendo un punto al que se refirió el ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado. “La política monetaria y cambiaria que se necesita es la de acumulación de reservas, más allá de discutir las bandas”, subrayó en la Conferencia Industrial. Explicó que las reservas actúan de manera anticíclica para mitigar la volatilidad, al igual que Brasil, cuando el real subió a 6,2 por dólar y su banco central utilizó USD 30.000 millones de los USD 350.000 millones que disponía.

La provincia de Entre Ríos, cuarta productora porcina de Argentina, se encuentra en una encrucijada crítica. El sector, que nuclea a 144 unidades productivas y un stock de más de 35.000 madres, ve peligrar su sustentabilidad no por falta de capacidad, sino por lo que define como una pasividad de los gobiernos nacional y provincial frente a la avalancha de importaciones y la falta de herramientas para competir.

El principal reclamo se centra en lo que los productores denominan "las dos velocidades del comercio exterior". Mientras las importaciones de cortes como la bondiola brasileña –proveniente del segundo exportador mundial– ingresan con solo una resolución administrativa, la gestión para abrir nuevos mercados de exportación es lenta, burocrática y carece de una estrategia diplomática agresiva.

El reclamo es concreto: necesitan que la Cancillería y el Ministerio de Economía agilicen los certificados sanitarios para ingresar a mercados asiáticos con subproductos que no se consumen localmente, como las pezuñas, siguiendo el exitoso modelo de la cadena avícola. Esto equilibraría la balanza comercial y mejoraría notablemente la rentabilidad.

Más allá del comercio exterior, el sector carga contra la "dolencia crónica" de la infraestructura vial provincial, un problema que se ha agudizado y frena la competitividad. Sumado a esto, los reclamos en materia energética persisten, generando costos adicionales en un contexto ya complejo. Si bien reconocen un diálogo fluido con el gobierno de Rogelio Frigerio, admiten que la administración local tiene una capacidad limitada para resolver estos problemas estructurales que requieren inversión federal.

La relación con el gobierno nacional de Javier Milei es descrita con frustración. Desde el sector destacan el trabajo con el Senasa, pero señalan una "difícil dinámica" debido a los constantes cambios de funcionarios en las áreas clave, una marca de la gestión libertaria. Peor aún es la situación con el área de Agricultura, ahora bajo la órbita de Economía, que se ha vuelto "infranqueable" para tramitar soluciones.

Un capítulo aparte de bronca acumulada es el tributario. Denuncian que el IVA se ha convertido en un "préstamo a tasa cero para el Estado". Al tener la carne un IVA del 10,5% y la mayoría de los insumos uno del 21%, el saldo a favor nunca es devuelto, estrangulando su cash flow y desincentivando cualquier proyecto de ampliación e inversión.

Frente a este panorama, los productores, nucleados en la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper), mantienen una hoja de ruta ambiciosa hacia 2030, apostando a la eficiencia, la industrialización en origen y la sustentabilidad ambiental. Sin embargo, el mensaje es claro: su potencial de crecimiento choca contra un muro de desidia e inacción. Exigen que los discursos a favor de la inserción global se traduzcan en políticas concretas que los protejan de la competencia desleal y los impulsen a conquistar mercados externos. El cerdo entrerriano puede ser un producto estrella, pero no puede solo.

Desde el Gobierno indicaron que las funciones de las secretarías pasarán a ser absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción, a cargo de Pablo Lavigne. En este marco, los equipos de las Secretarías continuarán trabajando y los programas seguirán vigentes”, precisó el Gobierno en un comunicado oficial.

La salida fue confirmada por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. “Enorme agradecimiento a estos dos gigantes profesionales y personas. Los vamos a extrañar”, escribió en su cuenta de X.

Marzorati y Ayerra trabajarán hasta mediados de mes. De acuerdo con el comunicado, “ambos decidieron dejar sus funciones motivados por temas personales y nuevos desafíos profesionales.

Se trata de tres salidas de funcionarios de este sector en pocas semanas, ya que a fines del mes pasado Santiago Migone dejó su cargo de subsecretario de Gestión de Producción para mudarse al sector privado.

En el caso de la Secretaría Pyme, la salida se da en el marco de la pérdida de gran parte de sus programas y fondos, en el marco del plan de ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei.

La secretaría que manejaba Ayerra cuenta con tres subsecretarías: la de Pymes, a cargo de Christian Bauab; la de Emprendedores, que dirige Pablo Gutierrez Oyhanarte; y la de Economía del Conocimiento, cuyo titular es Santiago Pordelanne. En el caso de la Secretaría de Industria y Comercio, tiene cuatro subsecretarías: la de Política Industrial; la de Gestión Productiva; la de Comercio Exterior y la de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

Un nuevo récord en la importación de ropa dejó al borde del colapso a decenas de fábricas textiles en la Argentina. En julio, las compras externas de indumentaria crecieron un 36% interanual en volumen y un 22% en valor, según datos del sector. El fenómeno se produce en simultáneo con una caída pronunciada de la producción nacional, lo que ha encendido todas las alarmas en la industria.

El golpe más duro lo reciben las pequeñas y medianas empresas del interior, que no pueden competir con los precios de la ropa proveniente, en su mayoría, de Asia. “Muchos talleres están parados o trabajan al mínimo. No pueden sostener ni los sueldos”, lamentaron desde la Fundación ProTejer, que nuclea a empresarios y trabajadores del rubro.

El escenario económico no ofrece alivio. A la apertura indiscriminada de las importaciones se suman la baja del consumo interno, la falta de financiamiento y el encarecimiento de los costos fijos. La combinación de estos factores dejó a buena parte del entramado textil nacional en estado crítico.

Desde ProTejer, además, advirtieron que el ingreso masivo de ropa se realiza “sin controles fiscales ni técnicos”, lo cual desorganiza por completo el mercado. En ese contexto, no solo se ve afectada la producción, sino también la comercialización formal. “Hay una invasión de productos que no cumplen con ninguna normativa. No podemos competir con eso”, señalaron voceros de la entidad.

La crisis ya impacta sobre miles de empleos directos e indirectos, sobre todo en polos fabriles como La Rioja, Catamarca, Tucumán, el conurbano bonaerense y algunas zonas del Litoral. En muchas provincias, la industria textil es una de las principales generadoras de mano de obra local.

Frente al agravamiento de la situación, industriales pidieron al Gobierno nacional la revisión urgente del esquema de importaciones, la aplicación de controles sanitarios y fiscales, y una política activa de protección a la producción nacional de indumentaria. “No pedimos cerrar el comercio, pero sí reglas claras para poder sobrevivir”, advirtieron.

A pesar de los reiterados reclamos, hasta ahora no hubo respuestas oficiales. Mientras tanto, las fábricas cierran turnos, recortan personal y en muchos casos directamente bajan la persiana. “Si esto no se frena, vamos camino a la destrucción del aparato productivo textil argentino”, alertaron desde el sector.

El mapa de la industria revela una fuerte dependencia del mercado interno y una escasa inserción en las exportaciones. Por eso, cualquier variación en el consumo local o en las políticas de comercio exterior impacta de manera directa en el empleo y en la viabilidad del negocio.

En paralelo, la mayoría de los productos importados llegan a precios de dumping, con una informalidad que distorsiona los márgenes. Según informes del sector, en muchos casos, las prendas se venden por debajo del costo de producción local, sin tributar IVA ni cumplir normas laborales.

La incertidumbre es total. Empresarios y trabajadores temen que, si no hay un cambio de rumbo, en los próximos meses el cierre de empresas se acelere y la desocupación aumente en forma dramática. El sector pide respuestas antes de que sea demasiado tarde.

La firma del contrato estuvo a cargo del coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato, y constituye una acción concreta en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La consultoría, impulsada de manera conjunta por la UEP, organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y el Ministerio de Desarrollo Económico, tiene como objetivo principal relevar, diagnosticar y proponer acciones sobre las cadenas productivas más representativas de la región, con foco en sectores de alta incidencia como frutas y frutos comestibles, preparaciones alimenticias diversas y foresto-industria. La finalidad es facilitar la inserción de empresas locales en el comercio exterior, promover inversiones y generar empleo genuino.

Respecto al objetivo del estudio a realizar, Cusinato indicó que "la consultoría no sólo se trata de recopilar datos, sino que busca entender mejor cómo están funcionando nuestras cadenas productivas y qué necesitan para crecer. Es una herramienta para tomar buenas decisiones a futuro y acompañar a los sectores que ya vienen mostrando un gran potencial".

El trabajo técnico, que se desarrollará durante seis meses, contempla el relevamiento de empresas con potencial exportador, la identificación de sus capacidades y limitaciones; y la elaboración de un plan de acción específico para cada cadena productiva, con el fin de potenciar su proyección internacional.

El análisis de cadenas productivas se inscribe en una estrategia más amplia que integra acciones en los sectores de producción, turismo, conectividad y fronteras. A través del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, la provincia apuesta a incrementar la productividad de las economías regionales, posicionar al territorio como destino turístico estratégico y consolidar su conectividad territorial para atraer visitantes y fortalecer el intercambio comercial.

Pocos días después de que el Gobierno nacional decidiera levantar los aranceles antidumping a la importación de termos y recipientes isotérmicos provenientes de China -medida que estuvo vigente desde 2001-, la reconocida fábrica argentina de termos Lumilagro anunció un giro estratégico: comenzará a importar buena parte de su línea de productos desde el país asiático.

La empresa argumentó que esta decisión responde a una combinación de factores que golpearon fuertemente a la industria nacional: la caída de la producción local, el avance del contrabando y, recientemente, la eliminación de los aranceles que protegían la fabricación nacional. Frente a ese escenario adverso, la compañía resolvió adoptar un esquema que permita su sostenibilidad en un mercado cada vez más exigente y desregulado.

El gerente comercial, Carlos Bender, confirmó que el 60% de los termos serán importados desde Asia, aunque bajo el diseño y control de calidad propios de la empresa. El restante 40% continuará fabricándose en Argentina, conservando los modelos clásicos con ampolla de vidrio y una limitada línea de acero inoxidable.

“Esto es re-adaptarse o morir”, explicó Bender, quien también adelantó que ya tienen personal supervisando la producción en China y que el primer embarque está por llegar.

Este cambio de rumbo estratégico vino acompañado por una drástica reducción de personal en la planta local. Según informó la empresa, se pasó de 200 empleados a poco más de 70, a través de un plan de retiros voluntarios. La decisión no fue sencilla, pero según explicaron desde la compañía, era necesaria para garantizar la viabilidad del negocio.

Otro de los factores clave que precipitó esta decisión fue el impacto del contrabando en las ventas internas. A pesar de no contar con una cultura matera, Bolivia ingresó más de cuatro millones de termos de acero inoxidable procedentes de China, a precios irrisorios. Buena parte de estos productos terminaron reingresando ilegalmente al mercado argentino, afectando la competitividad de la producción nacional.

Bender cuestionó la falta de controles fronterizos y los recientes cambios en el sistema de estampillado, que dificultan al consumidor distinguir entre productos legales e ilegales. Esta situación, sumada a la liberalización de las importaciones, configura un escenario muy adverso para los fabricantes locales.

Según datos de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), el desempeño de la industria de termos ha sido muy débil incluso bajo protección arancelaria. Entre 2021 y 2024, la producción cayó un 26,5%, las ventas internas un 32% y el empleo un 31%, mientras que la utilización de la capacidad instalada se desplomó al 21%.

Ante este panorama, Lumilagro asegura que su nuevo esquema mixto busca sostener el liderazgo de la marca sin renunciar por completo a la producción nacional. “La idea no es abandonar el país, sino adaptarse a un mercado donde el ingreso de productos importados y la falta de reglas claras obligan a rediseñar estrategias”, indicaron desde la firma.

El desafío ahora será mantener la identidad y calidad de la marca, en un contexto en el que la competencia por precio gana terreno y la presencia de productos asiáticos a bajo costo continúa en ascenso. Aún así, Lumilagro aspira a seguir siendo parte del hogar de los argentinos, incluso en un escenario económico y comercial en constante transformación. (Con información de Noticias Argentinas)