En un reciente comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia de la Nación, en manos de Mariano Cúneo Libarona, informó la decisión de prorrogar por tres meses la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, con su sede medular en Comodoro Py. La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal estaba prevista para el próximo 11 de agosto, algo que quedó diferido como consecuencia de “reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción”.

“Este Gobierno considera que la transformación cultural iniciada es irreversible, que el sistema judicial penal federal cuenta con recursos suficientes para poner en marcha esta reforma, y que la Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas”, expresó el texto publicado por la cartera de Justicia.

“Desde el inicio de la implementación -continuó el mensaje oficial-, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional como consecuencia de años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional“.

Luego señaló: “Las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década”, y agregó: “No obstante, como consecuencia de reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción, esta cartera resuelve diferir la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses”.

Y explicó: “Esta decisión tiene como único objetivo remover obstáculos políticos y corporativos y garantizar en esta jurisdicción una plena coordinación entre los tres poderes del Estado, tal como se ha verificado en las otras jurisdicciones donde el Gobierno implementó exitosamente el sistema acusatorio: Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata”.

En rigor, el 11 de agosto iba a comenzar a regir el nuevo modelo procesal que le otorga mayores márgenes de maniobra a los fiscales, dejando a los jueces en posición de garantes del debido proceso. (Fuente: Infobae)

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py intimó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner y al resto de los ocho condenados por el caso “Vialidad” a pagar 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por la maniobra fraudulenta que se comprobó en el caso.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu le dieron a todas las partes 10 días hábiles para cumplir el trámite. Ese plazo vence el 13 de agosto a las 9:30 horas porque las próximas dos semanas son feria judicial y esos días no se cuentan como hábiles. En el caso que no paguen el dinero -para lo que la justicia abrió una cuenta especial en el Banco Nación- se rematarán los bienes que están a su nombre.

Los 684 mil millones de pesos no se reparten proporcionalmente entre todos las partes. El concepto es solidario, por lo que entre los acusados definen qué cantidad de dinero da cada uno bajo el mecanismo se decisión que también consideren. En dólares al cambio oficial son 537 millones. La expectativa es alguna parte intente objetar con una apelación la decisión del Tribunal Oral.

En el caso de Cristina Kirchner, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron en el caso una lista de los bienes a nombre de la ex presidenta. Allí hay una caja de seguridad de 4.500.00 dólares -que era la de su hija Florencia Kirchner-. otra de un millón de dólares, propiedades en Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires y sus empresas, entre ellas Los Sauces. A nombre de Los Sauces está el departamento de San José 1.111, donde actualmente cumple la prisión domiciliaria en la causa Vialidad.

El ex presidente Alberto Fernández se presentará este viernes a las 10 en los tribunales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la causa Seguros, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

El ex mandatario había pedido ampliar su declaración ante el juez Sebastián Casanello, por lo que fue citado para este viernes. Casanello había reimplantado el 9 de abril último la inhibición general de bienes a Fernández y otro medio centenar de personas físicas y jurídicas en el marco de la investigación del caso Seguros.

Casanello asumió la subrogancia del juzgado federal 11, donde se lleva el caso y todavía está pendiente de resolución la situación procesal de Fernández y el resto de los acusados, que ya fueron indagados en la causa que investiga presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante el gobierno del Frente de Todos (FdT).

En la decisión en la que se dispuso volver a inhibir bienes, el juez entendió que hay estado de sospecha suficiente ya que fueron indagados al disponer la medida sobre cuentas corrientes y cajas de ahorro de los involucrados.

La medida abarcó a Fernández; al broker investigado como beneficiario de las maniobras Héctor Martínez Sosa, y a la esposa de éste y ex secretaria privada del ex mandatario María Cantero, entre otros. (NA)

“No tolero que me falten el respeto. ¿Para qué me voy a quedar, si no me creen?”, sentenció Guillermo Francos a dos medios acreditados en el Senado -uno de ellos, Infobae- antes de partir de la Cámara alta y dejar a mitad de camino el informe de gestión. El funcionario libertario fue acusado de “mentiroso” por la legisladora Cándida López (Tierra del Fuego), quien dinamitó el recinto y dejó mal parado a un Frente de Todos que, media hora antes, había calificado al jefe de Gabinete como hombre de la “política” y le sugirió la posibilidad de un indulto presidencial a la condenada Cristina Kirchner, que hoy cumple prisión domiciliaria.

Lo delirante de toda esta situación es que fue el propio jefe del peronismo, José Mayans, quien pidió calma a una senadora que continuó con su discurso y le abrió una generosa ventana Francos para retirarse, luego que éste pidiera sin éxito a la cristinista que se retractase. “Pero pará un poquito, che”, fue el reto del formoseño que se oyó en la transmisión oficial de la sesión, mientras se avanzaba hacia un desprolijo e incierto cuarto intermedio.

A esa altura, el caos generado por López ya era un regalo fabuloso para una Casa Rosada que, en su gran mayoría -el jefe de Gabinete, una de las excepciones-, utiliza de combustible diario los insultos y agresiones desmedidas por doquier contra cualquiera que se interponga en su camino. El recinto sólo se reactivó, ya sin el jefe de Gabinete, para definir una nueva convocatoria al funcionario para el miércoles próximo, a partir de las 11.

Media hora antes que todo esto ocurriera y, mientras transcurrían las preguntas desde el Frente de Todos, la nota fue dada por la rionegrina Silvina García Larraburu, quien en modo conmovedor dijo: “Le pido que ayude a reflexionar al presidente Javier Milei. Entrar en un proceso electoral, con la principal referente de la oposición encerrada, no le hace bien al Gobierno. Tienen una gran oportunidad, tiene una facultad que es única, que es la del indulto. Creo que sería un gran mensaje”, manifestó. Y añadió: “Tiene una gran oportunidad el presidente de la nación. Tenemos que poner en valor la política y la democracia. No le podemos ceder el poder de las decisiones más importantes a Comodoro Py”.

El Tribunal Oral Federal 2 le otorgó hoy la prisión domiciliaria a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner para que cumpla su condena de seis años de prisión por el caso “Vialidad” que la semana pasada confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el tribunal aceptó el pedido de la defensa de la ex mandataria para cumplir la detención en su departamento de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, pero deberá cumplir una serie de requisitos. Además, con esta decisión Cristina Kirchner no deberá presentarse mañana en Comodoro Py para comenzar a cumplir la condena.

Entre otros requisitos, CFK deberá usar tobillera electrónica: “Ordenar a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico”, dice la resolución del tribunal.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner saluda desde el balcón de su casa, en el barrio porteño de Constitución/REUTERS/Matías Baglietto


La resolución que lleva la firma de los tres jueces del Tribunal Oral 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso, además, las siguientes medidas:

- Imponer a la nombrada las siguientes reglas de conducta, las cuales tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión:

a) Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.

b) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.

c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.

También el tribunal dispuso encomendar a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y que informe a tribunales los resultados de esa supervisión cada tres meses, luego de lo cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas.

Finalmente, se decidió ordenar a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico en el domicilio donde se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria.

El exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López, se presentó este martes en Comodoro Py y se convirtió así en el primer detenido en el marco de la causa Vialidad. En tanto, un fuerte operativo de seguridad se desplegará en las inmediaciones de los Tribunales de cara al miércoles 18 por la marcha en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner.

Además de la expresidenta, se solicitó la prisión domiciliaria para López y los demás implicados: Nelson Periotti, Raúl Pavesi y Juan Carlos Villafañe.

El resto de los condenados deben comparecer ante el juez de manera obligatoria, incluso si también solicitaron dicha modalidad de prisión.

El exsecretario se entregó esta mañana ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) para comenzar a cumplir su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. Según confirmó La Opinión Austral, López llegó el pasado domingo desde la provincia de Santa Cruz.

Sobre su solicitud del arresto domiciliario, el Tribunal deberá decidirlo y dar garantías de seguridad por ser arrepentido en el caso Cuadernos. López fue visto este lunes 10 de junio por la madrugada en el aeropuerto de Río Gallegos. Abordó el primer vuelo de la semana de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires y viajó solo, sin equipaje de mano, y vestido de negro y un buzo celeste del que colgaban sus anteojos.

De cara a la marcha en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner, para este miércoles 18 de junio, se espera una presencia multitudinaria en las calles. Se prevé hasta el millón de personas en la caravana que la acompañará desde su departamento en Constitución hasta los tribunales de Justicia en Comodoro Py en un recorrido de cerca de 50 cuadras.

Los organizadores barajan dos alternativas de recorrido: la primera contempla avanzar por Avenida San Juan, Avenida 9 de Julio, Avenida Libertador y Retiro, hasta llegar a los tribunales federales, en un trayecto de aproximadamente cinco kilómetros.

La segunda alternativa propone ir por Avenida San Juan, Avenidas Madero y Huergo, bordeando el Paseo del Bajo y pasando por detrás de la Casa Rosada, con una distancia similar de entre 48 y 52 cuadras. La decisión final se tomará en función de las autoridades de seguridad del Gobierno nacional y Ciudad, así como con la estructura de seguridad de La Cámpora. (Con información de Ámbito).

El presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Cáceres, acusó públicamente al gobernador Rogelio Frigerio de utilizar a la policía “para amedrentar militantes” y sostuvo que la “doctrina de la mano dura está causando mucho daño en la provincia”. La declaración fue publicada a través de sus redes sociales, luego de que cinco jóvenes fueran demorados por realizar una pintada de contenido político.

“Demorar a cinco pibes por hacer una pintada política es una exageración y una pésima señal del gobierno”, afirmó el dirigente peronista, que responsabilizó directamente al mandatario provincial por el accionar policial. En su mensaje, Cáceres cuestionó el enfoque del Ejecutivo sobre la seguridad y advirtió que las medidas adoptadas por el gobierno “responden a la ola represiva de Milei y Patricia Bullrich, sin medir las consecuencias”.

En su publicación, el dirigente también expresó su solidaridad con los jóvenes detenidos, a quienes describió como víctimas de una “situación incómoda y violenta, sólo por expresarse”. “Los entrerrianos estamos acostumbrados a convivir pacíficamente, sin agresiones y en libertad”, remarcó, en contraste con lo que calificó como una escalada represiva alentada por la administración provincial.

Para Cáceres, este no es un hecho aislado: “Desde hace un tiempo vemos con preocupación cómo la violencia y el atropello hacia la gente se ha vuelto una constante de parte del Gobierno”. Además, instó a Frigerio y a su ministro de Seguridad a “poner un poco de racionalidad a la gestión” y a priorizar “el respeto hacia las y los ciudadanos, a los que lo votaron y a los que no”.

La reacción del PJ se suma a una creciente tensión política en la provincia, en un contexto donde la oposición denuncia persecución a militantes y excesos en los operativos de seguridad. Las pintadas, una forma tradicional de expresión en la militancia política, fueron el punto de partida de este nuevo episodio que reaviva el debate sobre el uso de las fuerzas de seguridad y los límites de la protesta en el espacio público.

Desde el gobierno provincial no hubo declaraciones oficiales tras las acusaciones del presidente del PJ. El silencio del Ejecutivo contrasta con el tono enérgico del mensaje difundido por Cáceres, que acusó a la administración de Frigerio de “priorizar el disciplinamiento político por sobre la convivencia democrática”.

Mientras tanto, el tema sigue generando repercusión en redes sociales y dentro de los espacios partidarios. La oposición espera una respuesta institucional por parte del Ejecutivo, mientras organizaciones políticas y sociales cercanas al PJ ya comenzaron a manifestar su repudio al accionar policial en distintas localidades.

La sede histórica del Partido Justicialista será hoy escenario de dos cumbres clave para el peronismo: por un lado, los gobernadores de Unión por la Patria (UP) se reunirán a las 18 convocados por José Mayans, y por otro, a las 15, lo harán los principales dirigentes de la CGT.

Ambos encuentros servirán para organizar el respaldo político y sindical a Cristina Fernández de Kirchner, en la antesala de la marcha convocada para mañana frente a los tribunales de Comodoro Py, donde la expresidenta se presentará a notificarse de la orden de arresto domiciliario.

La condena confirmada por la Corte Suprema en el marco de la causa Vialidad generó una reacción en cadena en el universo kirchnerista, que califica el fallo como “proscriptivo” y “antidemocrático”. En ese contexto, la reunión de gobernadores apunta a consolidar una hoja de ruta frente al escenario judicial, mientras que la CGT definirá si formaliza su adhesión a la movilización convocada por el PJ y respaldada por las CTA y gremios combativos.

Entre los mandatarios que anticiparon su presencia figuran Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa), quien estará en la Capital Federal por agenda oficial. Ricardo Quintela (La Rioja) también confirmó su participación en la marcha y podría estar presente hoy en la sede partidaria. Por su parte, Gildo Insfrán (Formosa) expresó respaldo, aunque aún no definió su asistencia. No participarán Raúl Jalil (Catamarca) ni Osvaldo Jaldo (Tucumán), alejados de la conducción kirchnerista. Gerardo Zamora (Santiago del Estero), cercano a Cristina, se encuentra de viaje en Estados Unidos.

En paralelo, la CGT debatirá su estrategia de cara a la movilización. “Estoy convencido de que la CGT va a convocar a movilizar”, anticipó Omar Plaini, dirigente de Canillitas y miembro de la conducción cegetista. La UOM, liderada por Abel Furlán, ya confirmó la participación de todas sus seccionales bonaerenses. Lo mismo ocurrió con las dos CTA —la Autónoma y la de los Trabajadores— que convocaron a un paro nacional para el miércoles.

ATE fue el primer sindicato en anunciar una huelga para respaldar a la exmandataria. Su titular, Rodolfo Aguiar, denunció que la Justicia responde “a minorías privilegiadas” y que el Gobierno nacional “ha perdido toda legitimidad”. En sus redes sociales, Aguiar sostuvo que “no podemos seguir tolerando a un presidente que actúe al margen de la ley y contra la Constitución”.

El impacto político de la condena a Cristina Kirchner reconfigura el tablero interno del peronismo. El PJ apuesta a unificar posiciones, contener la fractura interna y transformar el respaldo a la expresidenta en un hecho político de alta visibilidad. “No se trata solo de defender a una dirigente, sino de frenar una proscripción”, sintetizó un dirigente presente en la organización de la marcha.

La expectativa está puesta en la magnitud de la movilización, que podría marcar el pulso de la resistencia política del kirchnerismo y su base sindical, frente a un escenario judicial que, para el oficialismo partidario, amenaza con redefinir el rumbo de la democracia argentina.

Los gobernadores de Unión por la Patria (UP) se reunirán este martes en la sede del Partido Justicialista (PJ) con el objetivo de brindarle su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El encuentro tendrá lugar a partir de las 18 en el edificio del PJ, ubicado en Matheu 130. Antes, a las 15, será el turno de la Confederación General del Trabajo (CGT).

A exactamente una semana de que el máximo Tribunal revalidara la sentencia en el marco de la causa Vialidad, jefes provinciales de la órbita celeste se juntarán a diagramar una hoja de ruta común ante lo que consideran una decisión "proscriptiva" y "antidemocrática", tal como ya lo expresaron varios de ellos en las redes sociales. Será, además, en la antesala de la movilización que el peronismo planea para este miércoles.

La realización del cónclave con los mandatarios fue confirmada por el senador y vicepresidente del PJ nacional, José Mayans, quien tiene a cargo la articulación entre todos los sectores. La jornada será doble: a las 15, arribarán al partido los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), mientras que a a las 18 será el turno de los gobernadores.

Si bien restaban confirmaciones, estarían presentes Axel Kicillof (Buenos Aires), y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). Sergio Ziliotto (La Pampa), en tanto, tendrá agenda en la Capital Federal, por lo que se espera que también participe. Por su parte, Ricardo Quintela (La Rioja) anticipó que asistirá a la marcha del miércoles, e intentará formar parte de la reunión del martes. Por el contrario, desde Catamarca dijeron a este medio que Rául Jalil, alejado de la conducción de Cristina, no será de la partida. Lo mismo se espera del tucumano Osvaldo Jaldo.

Los otros dos nombres que completan la órbita celeste son Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), tándem de mucha cercanía con la expresidenta. Zamora, sin embargo, está de viaje en los EEUU, por lo que no integrará la comitiva porteña. No estarán todos los mandatarios que integran Unión por la Patria.

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que el próximo miércoles 18 de junio se presentará en Comodoro Py para cumplir con su detención, luego de que la Corte Suprema ratificara su sentencia a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se prófuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea”.

En detalle, la líder opositora confirmó la decisión a través de un posteo en sus redes sociales, donde criticó fuertemente el accionar del máximo tribunal argentino. Durante este jueves, las principales figuras del peronismo se reunieron en la sede nacional del Partido Justicialista para diagramar los pasos a seguir luego de confirmarse la condena.

En su posteo en la red social X, la expresidenta se refirió a la ratificación de su condena, aseguró que la Argentina vive un “cepo al voto popular” y apuntó contra el Poder Judicial: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.

Sobre su solicitud de cumplir su condena en prisión domiciliaria, explicó: “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal.

“Por un lado, existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

Además de los motivos institucionales que respaldan su pedido, Cristina hizo referencia al intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022, en manos de Fernando Sabag Montiel: “fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’, que culminó este martes con ‘el fallo que sí salió’”.

“El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. ‘La bala no salió’ por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”, detalló.

Por último, la dirigente peronista se diferenció de otros actores políticos que debieron afrontar causas en la Justicia y afirmó: “El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. “La bala no salió” por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Fiscales y empleados judiciales advierten por falta de recursos para el sistema acusatorio. El avance de la implementación del sistema acusatorio federal enfrenta severas dificultades por la falta de presupuesto y recursos humanos, según alertaron fiscales y empleados judiciales. En una carta dirigida al procurador general interino Eduardo Casal, fiscales de Comodoro Py advirtieron que “la carencia de recursos es notoria” y podría afectar la puesta en marcha efectiva del Código Procesal Penal Federal (Cppf) en distritos clave. Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia se sumaron recientemente a Salta, donde rige desde 2019, mientras que en Bahía Blanca la implementación fue postergada por la emergencia tras un temporal.

La Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) también expresó su preocupación mediante un comunicado en el que denunció que no se consideraron los presupuestos mínimos necesarios en materia edilicia, informática ni de recursos humanos para sostener el nuevo modelo. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) reforzó estos planteos, subrayando los reiterados reclamos por recursos humanos y técnicos indispensables para asumir las tareas que demanda cada jurisdicción bajo el nuevo esquema.

Casal ya había enviado en marzo pasado un oficio al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, solicitando la asignación de los fondos necesarios para avanzar de forma ordenada en la reforma judicial. Según las asociaciones del sector, la vorágine de la implementación puso en evidencia la insuficiencia de las asignaciones económicas, exigiendo una coordinación urgente entre la Procuración General, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría General para asegurar el funcionamiento en más de nueve provincias.

Los funcionarios judiciales insistieron en que es prioritario contar con infraestructura, herramientas tecnológicas y personal suficiente antes de avanzar con el nuevo modelo, para evitar que la falta de planificación ralentice el servicio de justicia o afecte gravemente a los trabajadores del sistema.

Pese a los intentos de los imputados por evitar que haya damnificados que actúen como querellantes en la investigación de la cripto-estafa con $LIBRA, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal habilitó la actuación de las víctimas en el expediente que tiene a Javier Milei en el centro de la escena por haber promocionado el token que perjudicó a la mayoría de los inversores.

El tribunal rechazó un pedido de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos traders cercanos al Presidente que oficiaron de nexo con Hayden Davis, el empresario estadounidense que creó el token, y que quieren sacar de juego a quienes perdieron desde cientos hasta miles de dólares.

Querellas claves

Hasta ahora hay cinco querellantes en la causa delegada por la jueza María Servini al fiscal Eduardo Taiano. En un comienzo fueron tres, representados por el equipo de abogados del dirigente Juan Grabois y tampoco es que fueron admitidos con facilidad (tuvo que intervenir la Cámara Federal). Luego el juzgado sumó a otros dos afectados que habían sido admitidos como parte en otra causa por el mismo tema que tramitaba en San Isidro la jueza Sandra Arroyo Salgado, pero que la Cámara de San Martín (con el voto de Juan Pablo Salas) le quitó para que quede todo en trámite en Comodoro Py. Uno de ellos es Martín Romeo, un especialista en cripto que perdió 2000 dólares.

Romeo compró $LIBRA el 14 de febrero después de ver que el propio Milei le había dicho a la conocida agencia Bloomberg (clave en asuntos financieros) que el tuit donde promocionaba el token no era un hackeo y que la demostración era que había adjuntado el contrato para invertir (que hasta entonces no era público). El traspié llevó a que algunos de sus clientes de distintos lugares del mundo, también compraran y perdieran, en ciertos casos, más de un millón de dólares. Hay 25 de ellos que tienen una mediación con el Presidente, su hermana y otros funcionarios convocada para el 15 de de mayo, que podría terminar en una demanda civil.

Quien actúa como querellante no solo pude acceder al expediente sino también impulsar medidas de prueba. El pedido de la defensa de Novelli y Terrones Godoy, como es evidente, apuntaba a impedirlo. Pero Casación, con los votos de Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, lo rechazó. "Surge la inadmisibilidad de la vía intentada, pues el recurrente limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó el a quo y cuyos fundamentos no logra rebatir adecuadamente", dice la resolución.

Servini no quiso aceptar como querellante Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que planteó la existencia de un interés público y social en el tema, y también señala que más allá de que se investiguen estafa, cohecho, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, hay un delito que sería identificable solo con los tuits del Presidente, que es el de negociaciones incompatibles con la función pública. Habrá que ve si la Cámara, que revisará el rechazo, adopta el mismo criterio que tuvo con los damnificados directos, que compraron el token.

El CIPCE alertó, además, acerca de la intervención de la “Unidad Transitoria de Investigación” creada por el gobierno "con amplias facultades investigativas, dejada en cabeza de una funcionaria a cargo del mismo Presidente, generando fundados temores de parcialidad y riesgo de entorpecimiento de la investigación". Esa UTI, de hecho, hace de intermediaria en el envío de respuestas a la fiscalía y está dentro de la estructura del Ministerio de Justicia.

Novelli, Terrones Godoy, Sergio Morales (exasesor de la CNV) y Davis son hasta ahora quienes han presentado abogados en el expediente. Milei y su hermana Karina todavía no lo han hecho, a pesar de que están mencionados como imputados en varios tramos, e incluso hay una línea de investigación que supuestamente apunta a analizar la evolución de sus patrimonios, bajo la pregunta de si cobraron por no sólo por la difusión de $LIBRA sino por el acceso a reuniones y/o fotos con el mandatario, según han relatado empresarios del mundo cripto y surge de chats de Davis. Si bien hay un pedido de levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre los implicados, es difícil pensar que en sus cuentas "oficiales" se pueda detectar si es que existió algún movimiento sospechoso.

Mientras se espera este martes la interpelación en la Cámara de Diputados del jefe de Gabinete, Guillermo Francos (y se verá si asisten el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Comisión de Valores, Roberto Silva, en el expediente judicial), el expediente marcha a velocidad crucero, sin grandes resultados en los últimos días.

Asuntos recientes y pendientes

Hay muchos resultados pendientes en la causa penal. Uno clave, ordenado por el juzgado de Arroyo Salgado y heredado por el de Servini es el exhorto enviado a Estados Unidos para congelar cerca de una decena de las billeteras virtuales que podrían estar vinculadas a Davis, y adonde habrían ido a parar entre 90 y 100 millones de dólares ligados a $LIBRA. El Ministerio de Justicia informó al juzgado que el exhorto fue enviado el 10 de abril y aguarda respuesta.

Cien millone es la cifra que el empresario Davis dijo tener en su poder y estar dispuesto a devolver apenas estalló el escándalo. Lo que sucede es que después de hablar públicamente en los inicios, y hasta parecía que quería ser "arrepentido", no lo hizo más. Tampoco habla de él el gobierno. Todo indica que hay un diálogo y pacto de no agresión, como si hubiera cierta promesa desde Argentina para Davis de controlar su situación judicial aquí. En Estados Unidos por ahora tampoco está demasiado complicado pese a las causas y denuncias encaminadas.

El juzgado dispuso un nuevo pedido de información, esta vez dirigido a la compañía aérea Latam (si bien viajaron en la Compañía de Aviación Paraguaya tenía otra operadora), ya que hasta ahora no se logró establecer quién pagó los viajes de Novelli, Terrones y Morales a Paraguay entre el 18 y el 20 de noviembre de 2024, en una fecha que coincidió con un viaje allí de Davis en un avión privado. El 21 de ese mes se vieron todos en la Casa Rosada. (Irina Hauser / Página 12)

En medio de una creciente tensión mediática y judicial, este miércoles Viviana Canosa reapareció al frente de su ciclo Viviana en Vivo (El Trece) con un fuerte descargo, un día después de haber presentado una denuncia en Comodoro Py, acompañada por su abogado, Juan Manuel Dragani, ante la Cámara Federal de Casación Penal. El episodio se enmarca en sus recientes dichos televisivos sobre Lizy Tagliani, que luego amplió a presuntas redes de trata y pedofilia, que generaron tanto apoyos, críticas, denuncias cruzadas y repercusiones entre figuras del espectáculo.

Lejos de esquivar el escándalo, Canosa se dirigió con dureza a quienes la cuestionaron por supuestamente haberse desdicho. “No se metan con mi verdad, con la verdad. Me pueden decir lo que quieran… Hoy escuché en los medios y panelistas mediocres que dicen que me contradije, que me retracté en el día de ayer. ¡Mentira, señores, mentira!”, lanzó al comenzar el programa, visiblemente molesta.

En su editorial, la conductora negó de manera tajante haber cambiado su versión o haberse arrepentido de lo declarado: “Hay palabras que no dije, sino que insinué, y me hago cargo. No me contradije ni me retracté. No inventen ni saquen de contexto. Ya sé que opinan sobre mí”. En esa misma línea, continuó: “A mí no me digan ni que me contradije ni que me retracté porque no, ellos quieren que diga palabras que a ellos les suman, pero que a mí me restan. Lo que tuve que decir con nombre y apellido y palabra justa se lo dije a Stornelli en Comodoro Py, no miento, no me retracto y no les tengo miedo”.

El momento más encendido llegó cuando Canosa advirtió, sin nombres pero con tono amenazante: “Yo sé lo que ustedes quieren. Les digo algo: voy a agarrar y voy a llamar a todos los chonguitos que dicen que tienen información sobre ustedes, que no son maquilladores, peinadores ni vestuaristas, que se los cepillaron a todos”. Y agregó con dureza: “Les aviso a los conductores de la televisión que voy a arrancar uno por uno, con todos los menores de edad, que tienen el cul... sucio. No me importa nada. Cuidado. Que mentí, me retracté… esa es una falacia”.

Viviana Canosa hizo una denuncia judicial en los Tribunales de Comodoro Py junto a su abogado Juan Manuel Dragani (RS Fotos)

“Ojalá estuvieran en mis zapatos y vieran que esa noche estaba para irme a dormir y lo que menos quería era ir a declarar. ¿Sabés cómo me dolían los zapatos?”, explicó sobre su presentación judicial, rechazando las versiones que circularon en torno a la fecha y la intención de su declaración. Sobre el cierre de su descargo, Canosa desafió a quienes la cuestionan públicamente: “Para meterse conmigo deben tener muchas pelotas y la verdad que a la mayoría le faltan”.

En tanto, Juan Manuel Dragani, su abogado, también tomó la palabra durante el programa para referirse a las versiones sobre una supuesta retractación. Mirándola a los ojos, le habló: “Ahora que está judicializada la cuestión y no podemos responder, pero no significa que te hayas retractado. Muy por el contrario. Hoy estuvimos en Comodoro Py y aclaro que la causa, para todos los periodistas que estaban en la puerta que tenían información errónea, tiene secreto de sumario”.

Una vez más, Viviana tomó la palabra y lanzó: “Tengo 34 años de laburo con errores y acierto, no me jodan. Con mi credibilidad no se metan. Prefiero estar contra el mundo, contra ese hipócrita que defiende el abuso del menor porque del menor no se quejan. Ustedes quieren que digan que es hermoso que todos tengan hijos, se droguen, que la vida es hermosa. No lo voy a decir, pero no voy a pasar porque, es más, me comuniqué con senadores de Estados Unidos”. Y, una vez más, aseverando su postura ante las críticas, agregó: “Sin pruebas las pel…, ¿ustedes creen que yo con 54 años y 34 de televisión voy a llegar a un juzgado sin pruebas? Ahora, le digo a la Justicia, les traje todo, investiguen y allanen. Laburen, ¿qué quieren que haga? Llevé un millón y medio de pruebas”.

Más adelante, el letrado dio más detalles. “Lo que se dijo en este programa no es ni el 3% de lo que se denunció en Comodoro Py. Hoy la causa está en la fiscalía del doctor María Alejandra Mangano, está el doctor Lijo interviniendo y el día lunes a las 11 de la mañana tenemos que ratificar y ampliar la denuncia y van a empezar las medidas de pruebas”, expresó al respecto.

Viviana Canosa se presentó esta mañana junto a su abogado Juan Manuel Dragani en la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py para presentar una denuncia luego de sus dichos en televisión contra Lizy Tagliani.

Luego de realizar el trámite judicial, la conductora le cedió la palabra a su letrado para que explicara los alcances de la presentación.

“Denunciamos lo que teníamos que denunciar ante la fiscalía del doctor Carlos Stornelli”, afirmó Dragani. “La causa está en secreto de sumario, no podemos adelantar nada porque tenemos que preservar la investigación”, continuó el profesional, y anticipó algunos de los pasos a seguir: “Va a haber una serie de medidas de pruebas en las próximas horas y vamos a aportar algunas pruebas más, además de la declaración que se brindó esta mañana”.

Sobre las posibles citaciones a las personas señaladas en la declaración, el abogado analizó. “La llamada a indagatoria es muy prematura. Primero hay que investigar los hechos denunciados. Y repito, la causa está en secreto de sumario”. Además, destacó qué tipo de pruebas tienen pruebas para presentar. “Hay locaciones, hay nombres. Se aportó todo lo que teníamos”.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae ratificaron que Canosa anticipó su intención de aportar pruebas independientemente a lo que defina la Justicia. Precisaron además que la denuncia incluye a distintas personalidades vinculadas al medio artístico y se informaron locaciones exactas en dónde se habrían cometido los delitos denunciados.

Por su parte, Canosa explicó por qué decidió anticipar su presentación, estipulada inicialmente para mañana miércoles. “Recibí presiones anoche”, afirmó. Ante la consulta de qué tipo de presiones, respondió “no importa”, y contó cómo transitó las últimas horas, desde que sus dichos tomaron estado público.

“Entiendo el laburo que están haciendo todos, pero entiendan que estoy casi sin dormir desde ayer”. En este sentido, contó los motivos por los cuales asistió al estreno de Mazel Tov, la película de Suar, donde también fue abordada por la prensa. “Fui a ver a Adrián porque es mi jefe. Recibimos unos mensajes mientras mirábamos la película, razón por la cual decidí que la declaración fuera hoy y no mañana para quedarme tranquila”.

Previamente, la conductora de Viviana con vos había contado sus sensaciones antes de ingresar al edificio de Retiro: “Estoy angustiada, pero haciendo el laburo correcto: vengo a la Justicia”, dijo. En sus redes sociales, había anticipado el día de su declaración. “No dormí en toda la noche”, escribió en sus historias de Instagram, en consonancia con lo que declararía horas más tarde en televisión.

El detonante público de esta acción judicial ocurrió en su ciclo televisivo, Viviana con vos, emitido por El Trece. Allí, Canosa había revelado que se sentía en la obligación de referirse a su relación pasada con Tagliani. “El viernes decidí hablar porque quería sacarle la careta a Lizy Tagliani. Para mí, Lizy Tagliani es un lobo con piel de cordero”, afirmó. Y explicó por qué había decidido hacerlo: “No encontraba el momento para contar todo lo malo que me hizo. Y no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo”.

En su programa del lunes 14, Canosa presentó denuncias vinculadas con presuntos delitos de índole sexual que involucrarían a menores de edad. En particular, apuntó contra Lizy Tagliani, a quien vinculó con fiestas privadas en las que habría presencia de menores. Durante la transmisión, Canosa explicó su motivación. “Lo que voy a contar para mí es un horror. Porque hay temas que me irritan, hay temas que se ponen muy heavies, como el de los menores. Yo nunca voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia”, expresó. Al día siguiente, se presentó en Comodoro Py para ratificar sus palabras.

Lizy Tagliani hizo un descargo público contra las acusaciones de Viviana Canosa

A la misma hora en que se conocía la presentación judicial efectuada por Viviana Canosa en Comodoro Py, Lizy Tagliani intervino telefónicamente en el programa A la Barbarossa, emitido por Telefe. La conductora negó con énfasis las acusaciones sin mencionar directamente a Canosa. “Yo nunca robé. Jamás, en mi vida toqué un menor y mucho menos abusé. No estoy en ninguna lista. Jamás estuve con ninguna persona que se acerque a la trata de personas o de menores. Jamás llamé a un menor desde ningún lado. Nunca toqué un pibe. Jamás en mi vida”, afirmó.

Tagliani sugirió que el momento elegido para hablar no fue casual. “Hace seis meses que mi hijo está en peligro, ¿y no hiciste nada? ¿Nadie hizo nada? ¿Lo pusieron en riesgo a él?”, cuestionó. Además, anticipó que, de no obtener respuestas judiciales en el país, recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado se declaró competente para investigar el escándalo de la cripto $Libra. Es que se sospecha que el presidente Javier Milei efectuó el posteo en su cuenta de X desde la quinta de Olivos, jurisdicción de la magistrada.

Arroyo Salgado tiene a su cargo una causa originada en la denuncia que hizo en su juzgado el dirigente político Ricardo Mussa en el entendimiento de que el hecho investigado ocurrió en Olivos.

El viernes 14 de febrero el mandatario realizó un posteo en X a las 7:01 pm, en el que promocionaba la moneda virtual a través de la plataforma “Viva la Libertad Carajo Project”, apenas un minuto después que estuviera disponible en internet. Ahora se abre una disputa de competencia con los tribunales de Comodoro Py de CABA.

La jueza Arroyo Salgado, ex mujer del fallecido fiscal Alberto Nisman, deberá pelearle el caso al juzgado federal 1 a cargo de la colega María Servini quien delegó la causa en el fiscal Eduardo Taiano. Entrarán en juego la jurisdicción por el lugar donde se cometió el supuesto delito vs el expediente más avanzado, que parece ser el de Taiano.

En caso de que ambas magistradas insistan en quedarse con la causa, deberá definir la Cámara Federal y la última palabra la tendrá Casación.

En tanto, los referentes de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron esta semana una denuncia penal contra la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, a quien acusan de coordinar las reuniones del Presidente con los impulsores de la criptomoneda. Esa denuncia recayó en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martinez de Giorgi, quien estuvo de licencia y retoma tareas el lunes.

¿Qué hará el juez? El magistrado analizará la denuncia y determinará si “da vista” y pide la opinión al fiscal –que casualmente es Taiano- para avanzar en el caso o si remite la presentación al juzgado federal de Servini para que ambas causas tramiten juntas.

Los diputados nacionales Frade y Ferraro presentaron una denuncia penal contra Karina Milei, por la posible comisión de delito de cohecho, tráfico de influencias y por infringir la Ley de Ética Pública. En la causa judicial que hay en curso en los tribunales de Comodoro Py, el fiscal Taiano, excluyó por ahora a la secretaria general de la Presidencia.

La Corte Suprema rechazó la licencia extraordinaria que pidió el juez federal Ariel Lijo en el juzgado federal número 4 para asumir en el máximo tribunal. Tomaron esta decisión los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, quien fue designado por decreto junto a Lijo y juró como miembro el pasado viernes.

Ahora, Lijo esperará en su juzgado de los tribunales de Comodoro Py la definición del Senado, que podría darle su acuerdo para que asumiera como juez definitivo. No estaría dispuesto a renunciar a su cargo de juez federal para ocupar un lugar en la Corte solo hasta fin de año.

Lijo fue nombrado “en comisión” por el presidente Javier Milei el pasado 26 de febrero. Presentó su pedido de licencia ante la Cámara Federal porteña, que dio luz verde al pedido, pero lo elevó a la Corte Suprema, que es quien define la concesión de las licencias que se extienden por más de seis meses.

La designación de ambos, a pocos días de que se inauguren las sesiones ordinarias y traccionada por una controversial interpretación del inciso 19 del artículo 99 de la Constitución –que avala al presidente a llenar las “vacantes de los empleos” mientras el Senado se encuentre en receso– quedó envuelta en la la polémica.

Ayer, un grupo de asociaciones de la sociedad civil presentó en la Justicia un amparo contra el Estado pidiendo que se anulen la designación de los jueces. La Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalaron en el escrito que el procedimiento habitual para la designación de jueces exige el aval agravado del Senado y que ese es el trámite que debió haberse seguido en estos casos.

El diputado nacional, Facundo Manes, denunció hoy al asesor presidencial, Santiago Caputo, por "amenazas coactivas". La demanda fue presentada luego del tenso cruce que mantuvieron ambos el pasado sábado en los pasillos del Congreso, luego de que el presidente Javier Milei diera su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

La denuncia hace referencias tanto a "golpes en la zona renal" como también a diferentes amenazas verbales que habría expresado Caputo contra el legislador. El abogado de Manes, Mariano Bergés, afirmó: "Me parece que la fiscalía no debería tener ningún inconveniente en imputar rápidamente a Santiago Caputo y empezar una investigación".

En detalle, el escrito de 21 páginas fue presentado en los tribunales de Comodo Py. “Vengo a promover formal denuncia penal en los términos establecidos por el art. 174 del Código Procesal Penal de la Nación contra el señor Santiago Luis Caputo por el delito de amenazas coactivas”, comienza la presentación del legislador radical.

Caputo y Manes mantuvieron un fuerte cruce en el Congreso, luego del discurso de Milei, que fue filmado por diferentes testigos. En el video, puede verse a ambos políticos mantener una breve discusión, tras el que Caputo le da dos palmadas en el pecho al legislador radical.

Según Bergés, "este tipo de hechos son bastante sencillos para la denuncia, porque son hechos que todo el mundo ve. Hay cámaras de televisión, imágenes, hay testimonios públicos, incluso de algunos periodistas". Es por eso que, según el abogado, "la fiscalía no debería tener ningún inconveniente en imputar rápidamente a Santiago Caputo y que empiece una investigación".

"Es un hecho concreto que, un juzgado medianamente idóneo, medianamente serio, debería ordenar la indagatoria en no más de un mes. Que después ocurra o no ocurra, bueno, nosotros conocemos como funcionan los juzgados federales", detalló el letrado.

Sobre la denuncia en si, Bergés explicó que "la única forma de manifestarse en este tipo de cuestiones es decirlo tal cual ocurrió. Es decir, uno tiene que imputar, tiene que dar nombre y apellido - en este caso Santiago Caputo - y eventualmente algún colaborador, porque aparentemente apareció un muchacho que le dicen, o que se hace llamar Fran Fijap".

Según el escrito, Manes denuncia que Caputo le dijo "ya me vas a conocer, te voy a hacer mierda", además de amenazarlo con diferentes gestos desde el balcón donde observaba el discurso. Además, el diputado radical incluyó a otros presentes en la acusación: "una persona que lo acompañaba (podría ser el llamado Fran Fijap) se abalanzó sobre mí, tapando una cámara, y me 'pechó'. Fue ahí cuando sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados 'cortitos'”.

La Unión Cívica Radical (UCR) publicó un comunicado luego de que Santiago Caputo increpara al diputado Facundo Manes, el cual describieron como "un episodio inédito en nuestra democracia" y catalogaron de "un nuevo avance del autoritarismo libertario".

"Los radicales de todo el país repudiamos enérgicamente las agresiones del oficialismo y alertamos a la sociedad que cuando la violencia baja desde lo más alto del poder, nuestro sistema republicano democrático está en riesgo", escribió el partido centenario.

El comunicado concluyó: "Exigimos una rápida investigación para que los responsables de la agresión al correligionario Manes, sean identificados y paguen por lo hecho".

Tras numerosas reprogramaciones durante el 2024, el expresidente Alberto Fernández presentó declaración indagatoria en Comodo Py, en el marco de la causa que lo investiga por violencia de género y coacción contra la ex primera dama, Fabiola Yañez. El exmandatario argentino expuso un escrito de 200 hojas frente al Juez Julián Ercolini en donde apuntó contra su expareja por buscar un "beneficio económico".

Fernández ya estuvo presente en dichos tribunales el pasado lunes, cuando se presentó por la causa. En la previa a la citación, la defensa del ex presidente presentó distintos recursos con miras a lograr una nueva suspensión de la audiencia, que eran analizados por el fiscal federal Ramiro González y el Juez Julián Ercolini.

El exmandatario está imputado por "lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones". Se trata de delitos que, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de que Fernández enfrente una eventual condena.

En el marco de esta causa, Fernández prestó declaración indagatoria en los tribunales. En detalle, el proceso inició a las 11 horas y el expresidente presentó un escrito de 200 hojas.

La investigación está delegada en la fiscalía federal de González, quien imputó al ex presidente y reclamó su citación basado en la prueba recabada en el expediente, como capturas de imágenes que Yañez envió a Cantero y fueron halladas en un peritaje al celular de esta última en el marco de otra causa penal, la de Seguros.

La abogada de Fernández, Silvina Carreira intentó, este lunes inclusivo, apartar al magistrado del caso, en base a un presunto "temor de parcialidad". Sin embargo, en su último intento no tuvo éxito.

Por su parte, la ex primera dama ya declaró por videoconferencia desde Madrid, España, donde vive con Francisco, el hijo de ambos. Además, por los tribunales ya pasaron; la ex secretaria Cantero; el ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez; familiares de la víctima; los médicos que la atendieron en la citada residencia; la esteticista Florencia Aguirre; su ex amiga y ex empleada presidencial Sofía Pacchi y niñeras que cuidaron al niño durante la presidencia de Fernández.

Causa Seguros: Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py y pidió apartar al juez Ercolini

El expresidente Alberto Fernández se presentó este lunes en los tribunales de Retiro para participar de una audiencia ante la Cámara Federal porteña. Esto significó un nuevo intento de la defensa del exmandatario para apartar al juez federal Ercolini del caso.

Fernández arribó poco antes de las 13 al segundo piso de Comodoro Py 2002, sede del tribunal de apelaciones, e ingresó a la audiencia ante el camarista de la Sala II Roberto Boico junto a su abogada Mariana Barbitta. El expresidente resolvió participar del trámite pese a que su presencia no era necesaria y con la de su defensora bastaba.

Fernández dijo al juez que Ercolini busca dejarlo "preso" en esta causa porque "lo detesta" y actúa en "venganza", al reiterar que debe hacerse lugar a la recusación y apartarlo del caso. Tras las declaraciones del expresidente, el juez Boico deberá tomar una decisión en relación a si considera que existe o no "enemistad manifiesta" por parte del magistrado hacia el expresidente.

En cuanto a la causa, Fernández fue indagado el 27 de noviembre pasado en esta investigación y esta semana concluirá la ronda de declaraciones indagatorias.

Tanto al expresidente como al resto de los 44 acusados se les imputa "haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en 'Nación Seguros SA'".

Para ello, "una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora 'Nación Seguros SA'", detalla la imputación.