El Gobierno nacional sancionó a la empresa Fate por incumplimiento de pago de salarios durante la conciliación obligatoria y decidió extender por cinco días la instancia de negociación que vencía el miércoles 11 de marzo. La medida busca preservar el diálogo entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), en medio del intento de cierre de la planta por parte de sus dueños.

La cartera que conduce Sandra Pettovello informó que se inició un sumario contra Fate por no abonar los sueldos correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo que constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada previamente. Según el régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por la Ley Nº 25.212, la multa puede oscilar entre el 50% y el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

“El Ministerio de Capital Humano contempla dicha sanción con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, señaló el comunicado oficial. La prórroga de la conciliación obligatoria busca evitar la profundización del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales.

El conflicto se desató tras el anuncio del cierre de la planta de Fate, lo que generó un fuerte enfrentamiento con el sindicato y con el propio Gobierno. El presidente Javier Milei apuntó directamente contra el dueño de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, y lo vinculó con prácticas corruptas del pasado. “Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó la Argentina corrupta”, afirmó Milei durante la Argentina Week en Nueva York.

El mandatario también defendió la apertura comercial como herramienta para bajar precios, aunque reconoció que algunos sectores podrían verse afectados si no logran reconvertirse. “Si ustedes abren, van a poder comprar a 100 y se van a ahorrar 300. Es cierto que ese sector va a desaparecer y va a ir a pérdida si no se reconvierte”, sostuvo.

La sanción a Fate y la prórroga de la conciliación obligatoria marcan un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y las empresas, en un contexto de tensiones crecientes por la política económica y laboral.

Los empleados despedidos de FATE en la planta de San Fernando denunciaron este viernes que, aunque la empresa anunció el acatamiento a la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno y el de la provincia de Buenos Aires, el establecimiento permanecía cerrado.

Según el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la disposición gubernamental, emitida el miércoles por la tarde, establecía que ambas partes debían restituir el estado anterior al conflicto, lo que implicaba la reapertura de la planta y la reincorporación de los trabajadores a sus tareas habituales.

El secretario general del sindicato, Alejandro Crespo, informó desde el ingreso de la fábrica que ningún empleado logró ingresar para retomar sus funciones. “Seguimos en la misma circunstancia. La puerta todavía sigue cerrada y con candado. Los trabajadores en asamblea hemos observado esa situación y hemos ratificado que nuestro reclamo es que se ponga en funcionamiento la planta, se le dé tareas y se busque una solución definitiva, un plan de producción para que podamos seguir adelante”, advirtió.

El dirigente gremial explicó que los operarios permanecen en las inmediaciones de la fábrica para defender sus puestos y sostener el reclamo por la continuidad laboral. “Todos los compañeros que tenían que presentarse oficialmente a trabajar hoy vinieron todos. No hubo ausentismo, vinieron todos los compañeros a la puerta de planta y lo que encontraron es un candado”, comentó el referente del SUTNA, sobre la intención de los empleados de retomar tareas.

“Permanecemos en la planta porque, si nos vamos, la opinión pública puede interpretar que dejamos de reclamar nuestros puestos de trabajo”, agregó.

Crespo instó a los directivos a asumir el compromiso de garantizar la continuidad de la operación y preservar los puestos laborales, subrayando la importancia que la fábrica tiene. “Lo que estamos buscando es una propuesta de continuidad laboral y le dijimos a los gobiernos provincial, nacional y la empresa -que son los dueños de Aluar, Futaleufú y de la energía de Argentina- que pongan un proyecto de continuidad laboral para estas mil familias”, expuso.

“Son mil familias, más todas las familias del barrio que dependen de esta fábrica, más toda la cadena productiva que desprenden de esta fábrica”, agregó.

En sus declaraciones, Crespo tomó distancia de la alternativa para reubicar a los trabajadores en otras empresas en otras provincias del holding empresario, y exigió la reactivación de la planta de San Fernando, donde la producción de neumáticos se sostiene desde hace ochenta años.

La línea aérea estatal pidió el período conciliatorio que regirá por 15 días, pero desde el gremio aseguran que no lo van a acatar debido a que la medida debe regir para toda la actividad, no solo para una empresa. “El problema no es con Aerolíneas”, indican desde APLA.

En la empresa afirmaron: “La medida de fuerza había sido anunciada en reclamo del decreto 378/2025, que establece nuevas disposiciones relativas a la forma de trabajo de las tripulaciones aeronáuticas en todas las empresas del sector. Aunque esta normativa no entrará en vigencia hasta dentro de 90 días, y su impacto varía según cada compañía, los dirigentes del gremio encabezado por Pablo Biró decidieron llevar adelante la protesta en uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico del año, perjudicando de forma directa, y en su mayoría, a los pasajeros de Aerolíneas Argentinas”.

La línea aérea de bandera destacó que esta acción vuelve a poner en evidencia el uso de los planes de viaje de los ciudadanos argentinos “como herramienta de presión en los reclamos impulsados por la dirigencia de APLA, una actitud que también va en contra del esfuerzo de los trabajadores comprometidos con el futuro y la sustentabilidad económica de la compañía”.

“Es importante destacar que, este año, Aerolíneas Argentinas no requerirá transferencias del Estado para sostener su actividad, y que volverá a reportar ganancias operativas, tal como ocurrió en 2024. Ambos logros son inéditos desde la reestatización de la empresa en 2008″, resaltaron.

El comienzo de un nuevo conflicto

La semana pasada la organización conducida por Biró había comunicado: “Instamos al Gobierno Nacional a dejar sin efecto el Decreto 378/2025, que presenta graves deficiencias técnicas. Seguramente apelarán al vago recurso de catalogar esta medida con ‘intereses políticos’ a fin de desviar la atención y deslindar sus propias responsabilidades e inoperancia”.

“Advertimos que la implementación de dicho decreto representa un serio riesgo para la seguridad aérea y hacemos responsables a las autoridades de las consecuencias de su aplicación”, señalaron.

En un plenario de delegados y dirigentes concretado el jueves pasado, Biró adelantó que los pilotos “van a hacer que las operaciones colapsen” en las vacaciones de invierno.

Uno de los puntos centrales de tensión son los cambios del Gobierno en horarios, descansos, vacaciones y turnos de trabajo del personal aeronáutico. El reclamo no solo pone foco en el empeoramiento de las condiciones laborales sino que además en la seguridad operacional y en la “extranjerización y apertura indiscriminada del mercado”.

Por otro lado, luego de que APLA denunciara negligencias operativas en Aerolíneas, desde la compañía de capitales estatales respondieron que “la dirigencia de APLA continúa desorientada en cuanto a sus reclamos. Aerolíneas voló durante la temporada baja de abril, mayo y junio de 2025 más de lo que voló en el mismo periodo de 2024″.

“La ‘foto’ de un momento específico que toma APLA de los aviones en mantenimiento es falaz y malintencionada, y se va a desarticular cuando entre el 85% y 90% de la flota esté volando durante la temporada alta de invierno, en línea con los estándares de la industria”, indicaron.

Además de resaltar el superávit operativo logrado en lo que va de la nueva gestión, fuentes de Aerolíneas sostuvieron que “los dirigentes de APLA estaban acostumbrados a operar vuelos en rutas que iban a pérdida, con tarifas deprimidas y ocupaciones bajas. Esa época se terminó”.

El conflicto se desató semanas atrás con el despido de cinco trabajadores del área de producción de chocolates en la planta de Georgalos, ubicada en Victoria, partido de San Fernando.

La empresa alegó actos de sabotaje, mientras que los trabajadores y el Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA) denunciaron que los despidos fueron en represalia por medidas gremiales en reclamo de mejoras laborales. La tensión escaló rápidamente con protestas, paros y cortes en la Autopista Panamericana .

Ante el deterioro de la situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por 15 días, una herramienta legal que busca abrir un espacio de negociación sin medidas de fuerza ni represalias.

Durante ese período, la empresa debía reincorporar a los despedidos y participar de las audiencias convocadas por la autoridad laboral. Sin embargo, Georgalos fue acusada de incumplir la conciliación, al no permitir el reingreso del personal cesanteado ni sentarse a dialogar formalmente.

La visita del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a la planta representó un punto de inflexión. Su intervención, con duras críticas a la empresa y un llamado público al respeto por los derechos laborales, sumó visibilidad y respaldo al reclamo.

A partir de entonces, se multiplicaron las acciones de apoyo por parte de organizaciones sociales, sindicatos, delegados de otras fábricas y centros de estudiantes. Desde las redes sociales hasta las calles, el reclamo por la reincorporación de los despedidos creció en fuerza y en dimensión.

Este lunes 30 de junio vence la conciliación obligatoria. Hasta ahora, no hay señales concretas de resolución ni por parte de la empresa ni del Ministerio. El sindicato anticipó que, si no hay reincorporación ni avances en el diálogo, retomarán las medidas de fuerza y podrían profundizar el plan de lucha.

Mientras tanto, la comunidad laboral observa con atención lo que ocurra en Victoria este lunes. El caso Georgalos no es sólo una disputa en una fábrica de chocolates: se ha convertido en símbolo de la defensa del derecho a huelga y de la resistencia frente al avance sobre conquistas laborales.