La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento se reunirá desde las 8:30 para abordar el proyecto que ya fue aprobado en general y particular por Diputados en mayo y por el Senado en septiembre. La norma vuelve ahora a la cámara de origen en revisión.

El Poder Ejecutivo sostiene que la reforma tiene una “doble vocación”: agilizar los concursos para cubrir vacantes judiciales y permitir concursos anticipados para cargos futuros. El objetivo declarado es mejorar la transparencia y eficiencia en la designación de magistrados y funcionarios del Ministerio Público.

Sin embargo, el proyecto fue duramente cuestionado por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJ), que envió una nota formal a la presidenta de la comisión legislativa, con copia al gobernador y al presidente de la Cámara. Entre las críticas más relevantes se destacan la eliminación de la paridad de género, la creación de un órgano asesor que podría superponerse con las funciones del Consejo, y la complejidad del sistema de oposición basado en el “Banco de Casos”.

La reforma propuesta modifica la Ley Nº 11.003, que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Desde el Ejecutivo se argumenta que la última reforma, realizada durante la gestión de Gustavo Bordet, generó dificultades operativas que deben ser corregidas para garantizar el cumplimiento de su función constitucional.

Uno de los puntos más resistidos es la nueva composición del cuerpo académico, que incorpora universidades públicas y privadas, incluyendo de forma destacada a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Esta inclusión, aunque valorada por el Ejecutivo como reconocimiento institucional, generó reparos en sectores jurídicos y académicos.

Finalmente, el proyecto incorpora el mecanismo de “Concurso Anticipado”, ya utilizado en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que permitiría conformar ternas de postulantes previamente evaluados para cubrir vacantes apenas se produzcan.

El debate legislativo se anticipa tenso, con posiciones divididas entre quienes defienden la necesidad de modernizar el sistema de selección judicial y quienes advierten sobre riesgos institucionales y falta de consenso técnico.