La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó sin efecto formalmente la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la estatización de YPF. La resolución cumple con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones y cierra la etapa de primera instancia.

El fallo original había sido dictado en 2023 y, con los intereses acumulados, el monto reclamado superaba los US$18.000 millones. La causa se inició por la expropiación de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Preska acató la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo revocó la condena al considerar que la sentencia había interpretado de manera errónea la legislación argentina.

Los fundamentos para anular la condena

Los jueces Denny Chin y Beth Robinson votaron a favor de dejar sin efecto el fallo, con la disidencia de José Cabranes. El tribunal concluyó que la legislación argentina sobre expropiaciones impide demandas de terceros que interfieran con ese proceso.

La Cámara también sostuvo que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar una indemnización por daños bajo los argumentos presentados en la causa.

En junio, el pleno del tribunal rechazó un pedido de revisión. Esa decisión agotó la instancia de apelación ordinaria y mantuvo vigente el pronunciamiento favorable a la Argentina.

Burford llevó el reclamo a la Corte Suprema

A principios de octubre, Burford Capital presentó un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir la decisión. El fondo financia la demanda iniciada por los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park.

En su presentación, calificó el fallo de la Cámara como “gravemente erróneo, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”. Ahora, el máximo tribunal deberá resolver si acepta revisar el expediente.

La Corte Suprema estadounidense no está obligada a intervenir. Recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones anuales y suele aceptar alrededor de 80, sin un plazo establecido para pronunciarse sobre la admisión.

Un reclamo paralelo ante el CIADI

Mientras busca que la Corte revise el juicio por YPF, Burford abrió otra vía de reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

Esa presentación arbitral fue realizada en representación de las sociedades Petersen. El conflicto suma así un procedimiento paralelo al expediente judicial tramitado en Nueva York.

A 10 años del fallecimiento de la joven contadora, la causa por la muerte de Andrea Schlotthauer volvió a dar un giro judicial. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anuló las resoluciones que habían declarado prescripta la acción penal contra el médico cirujano Carlos Nemec, que fue condenado en primera instancia por homicidio culposo.

La decisión fue dictada el 9 de octubre pasado por la Sala Nº 1 en lo Penal del máximo tribunal provincial. Los vocales Susana Medina, Germán Carlomagno y Laura Soage hicieron lugar a las impugnaciones extraordinarias presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la querellante Rosana Lema Olano y el fallo dejó sin efecto la sentencia del 20 de febrero de 2026, mediante la cual la Sala II de la Cámara de Casación Penal había rechazado los planteos de la acusación y confirmado la resolución del juez Tobías Podestá. En agosto de 2025, el magistrado había declarado prescripta la acción penal y sobreseído a Nemec.

Para el Superior Tribunal, el punto central era que la causa ya había superado la etapa de discusión sobre la responsabilidad penal. La condena había adquirido carácter ejecutorio y el expediente se encontraba en la instancia destinada a hacer cumplir la pena. Por ese motivo, entendió que no correspondía volver a analizar la prescripción de la acción penal como si el proceso todavía estuviera en una etapa anterior. La resolución diferenció ese instituto de la prescripción de la pena, que tiene reglas y plazos propios.

La causa se originó en la muerte de Andrea Schlotthauer, ocurrida en Gualeguaychú, y derivó en una investigación por la actuación médica que recibió antes de su fallecimiento. En 2016, Nemec fue condenado por homicidio culposo a un año de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Desde entonces, el expediente atravesó distintas revisiones judiciales. La intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las posteriores decisiones de los tribunales entrerrianos modificaron el rumbo de la causa en más de una oportunidad.

En 2023, Casación había dictado una absolución, pero esa decisión fue posteriormente revisada y la condena volvió a quedar vigente. Luego de agotarse las instancias correspondientes y de ser denegado el recurso extraordinario federal de la defensa, el expediente regresó a Gualeguaychú para avanzar con la ejecución de la pena.

En ese contexto se produjo una nueva controversia. El 13 de agosto de 2025, el juez Podestá declaró prescripta la acción penal y dispuso el sobreseimiento de Nemec. La decisión fue recurrida por la Fiscalía y la querella, pero Casación confirmó el sobreseimiento el 20 de febrero de 2026.

Ambas acusaciones acudieron entonces al Superior Tribunal de Justicia. Sostuvieron que la resolución cuestionada desconocía el estado procesal de la causa y que no correspondía declarar extinguida una acción penal cuando la condena ya se encontraba en etapa de ejecución.

La acción penal y la pena

En sus fundamentos, el Superior Tribunal señaló que la resolución de Casación había recurrido a doctrina y jurisprudencia sobre la prescripción de la acción penal que, aunque válidas en términos generales, no resultaban aplicables a la situación concreta de Nemec.

Los vocales explicaron que la prescripción de la acción penal y la prescripción de la pena son institutos diferentes. La primera se vincula con el plazo para perseguir penalmente un hecho; la segunda, con el plazo durante el cual puede hacerse efectiva una sanción impuesta mediante una condena.

Según el fallo, cuando el expediente regresó a Gualeguaychú ya no correspondía discutir si la acción penal se había extinguido durante la etapa de persecución. La sentencia condenatoria había alcanzado carácter ejecutorio y el trámite se encontraba en una fase posterior.

El Tribunal consideró que el juez de ejecución podía disponer los actos necesarios para cumplir la condena, incluida la inhabilitación para ejercer la medicina, pero no introducir una discusión sobre la duración de la acción penal que correspondía a otra etapa del proceso.

Sobre esa base, el STJ hizo lugar a los recursos de la Fiscalía y la querella y anuló tanto la resolución de Casación del 20 de febrero de 2026 como la decisión de Podestá del 13 de agosto de 2025.

También declaró la nulidad parcial de una resolución anterior del 27 de mayo de 2025, desde su segundo punto resolutivo, y mantuvo la validez de lo dispuesto hasta el primer punto, incluida la aclaratoria del 30 de mayo.

El pronunciamiento no impuso una nueva condena ni volvió a juzgar los hechos atribuidos al médico. Su efecto fue dejar sin sustento las decisiones que habían cerrado la causa por prescripción y restablecer el marco procesal para continuar con la ejecución de la sentencia condenatoria.

Con esta decisión, el máximo tribunal entrerriano dejó atrás el último obstáculo judicial que había surgido a partir de la declaración de prescripción. La causa por la muerte de Andrea Schlotthauer vuelve así al escenario de la ejecución de una condena que atravesó absoluciones, revisiones y nuevos recursos antes de llegar a esta resolución.

La Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dio a conocer los fundamentos por los que se rechazó la impugnación extraordinaria presentada por los defensores de Juan Enrique Ruiz Orrico contra la sentencia de la Sala II de la Cámara de Casación Penal con asiento en Concordia, dictada el 3 de julio de 2026. Se dieron a conocieron los fundamentos de la resolución.

El Tribunal integrado por los vocales, Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak, confirmó la condena a cinco años y ocho meses de prisión efectiva y nueve años de inhabilitación para conducir vehículos con motor, por el delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas.

Los jóvenes que fallecieron –Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi- eran trabajadores de un frigorífico que iban a prestar servicio cuando Orrico, a más de 150 kilómetros por hora, se cruzó de carril y los atropelló

En la resolución adoptada se analizaron los planteos de la defensa, que sostuvo que la Cámara de Casación no había realizado una revisión integral y efectiva de los fundamentos utilizados para determinar la pena.

Entre otros aspectos, los defensores cuestionaron la ubicación de la sanción en el tramo superior de la escala penal, la incidencia otorgada a las circunstancias atenuantes y la valoración de determinados factores considerados agravantes, recordaron desde la Justicia a través de un comunicado oficial.

En ese sentido la Sala concluyó que la Cámara de Casación había examinado de manera concreta y exhaustiva los planteos formulados, contrastándolos con los fundamentos de la sentencia de juicio y revisando tanto el método empleado para individualizar la pena como la ponderación de las circunstancias agravantes y atenuantes.

El tribunal integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg absolvió a Julio De Vido, Carlos Castellano, Daniel Freidin, Daniel Nasif y Karina Nasif. Paralelamente, los magistrados condenaron al exsecretario de Obras Públicas José López y al exsubsecretario Abel Fatala a dos años y nueve meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como coautores de administración fraudulenta. Asimismo, los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, recibieron penas de dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, respectivamente, en calidad de partícipes necesarios.

En el caso de la condena a Sergio Schoklender, la pena es de dos años y nueve meses de prisión en ejecución condicional, en el marco de la causa penal iniciada para investigar irregularidades en la administración financiera del programa de viviendas «Sueños Compartidos». La resolución judicial atribuye al imputado responsabilidad en el delito de desvío de fondos de origen público destinados a la ejecución de obras habitacionales desarrolladas bajo el amparo institucional de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Luego de la notificación de la sentencia dictada por los integrantes del tribunal, Schoklender brindó declaraciones a los medios de comunicación en las inmediaciones de los tribunales federales de Comodoro Py. Durante el intercambio periodístico, el querellado negó la existencia del desvío de recursos económicos afirmando que la totalidad de los giros financieros cuestionados por la instrucción judicial se encuentran respaldados en los registros contables correspondientes a los servicios de proveedores operados durante el período de su gestión directa al frente de las obras.

El imputado puntualizó que los fundamentos técnicos correspondientes al veredicto emitido por el Tribunal Oral N° 5 serán dados a conocer formalmente en el mes de noviembre. A partir de la lectura de las consideraciones finales de la sentencia, las representaciones legales de las partes involucradas contarán con el marco normativo habilitado para interponer los recursos de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar la resolución definitiva del proceso penal.

Lucas Dufour, director de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, dialogó con Canal 9 Litoral y habló de las condiciones de alojamiento del exgobernador Sergio Urribarri. El exmandatario fue derivado a la Granja Carcelaria junto a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro de Comunicación, Pedro Báez.

“Se hicieron las entrevistas con profesionales y luego fueron alojados en un pabellón de adultos mayores, con otros 20 internos más”, indicó Dufour. Y agregó: “Son en su mayoría de más de 60 años y algunos con enfermedades. Siempre las unidades penales establecen, asimismo criterios, en función del tipo de delito”.

En cuanto al pabellón, el director dijo que tiene 13 habitaciones, baños, un pasillo central y un patio: “Es lo básico para que vivan ahí, pueden traer alimentos y cocinar, al margen del racionamiento. Algunas celdan son individuales y otras son compartidas”.

La Unidad Penal 9 es la única mixta de la provincia y se realizan tareas del tipo agrarias, además de talleres educativos: “Por ahora están en observación, luego se considerará si están dadas las condiciones de seguridad. Estamos hablando de alguien especial, porque fue un exgobernador, y que se cruce con otros a veces puede ser un riesgo”.

El siniestro fatal ocurrió en la madrugada del 5 de agosto de 2023. Ferrari circulaba al volante de un Volkswagen Golf junto a Valentina como acompañante y tras realizar maniobras imprudentes, chocó contra un árbol en calle Estrada, frente al Corsódromo.

La joven le había manifestado reiteradamente descender del rodado, sin embargo, el conductor le impidió bajarse, maniobró marcha atrás y continuó la conducción a alta velocidad. Instantes después, perdió el control y chocó contra el árbol.

Valentina Díaz sufrió severas lesiones que desencadenaron en la muerte. Los peritajes determinaron además que Ferrari manejaba con 1,14 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras la condena dictada en octubre de 2024, la defensa del imputado elevó un recurso de casación solicitando su absolución o, subsidiariamente, la quita de la figura de privación de la libertad y una pena de ejecución condicional.

En su apelación, la defensa argumentaba que Ferrari era inimputable por sufrir un cuadro psiquiátrico severo que le impedía comprender la criminalidad de sus actos. Asimismo, planteaba la incidencia de la falta de uso del cinturón de seguridad y la patología preexistente de la víctima (miastenia gravis) en el desenlace fatal, cuestionando además la existencia de la privación de la libertad.

Sin embargo, el tribunal de alzada desestimó de manera unánime cada uno de los agravios. Los jueces sostuvieron que las pruebas médicas, los testimonios y los mensajes previos evidenciaron que Ferrari se encontraba consciente, orientado y con capacidad plena de autodeterminación.

Respecto a la privación ilegítima de la libertad, la sentencia remarcó la credibilidad de los testigos que observaron el desesperado intento de Valentina por descender del vehículo antes del choque definitivo.

A su vez, los magistrados concluyeron que el resultado fatal fue generado por la conducción temeraria e imprudente de Ferrari y no por factores externos imputables a la víctima. Con las costas a cargo del recurrente, la condena impuesta en Gualeguaychú quedó plenamente ratificada, pero aún no se encuentra firme y la defensa puede acudir ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El ex mandatario entrerriano cumplirá su sentencia a mediados de 2034, mientras que el ex ministro, Pedro Báez, permanecerá hasta mayo de 2031, en tanto Juan Pablo Aguilera, cuñado de Sergio Urribarri saldrá en libertad en enero de 2033.

La llegada de Urribarri y el resto de los condenados, que se encontraban alojados en la cárcel de Paraná, llegaron a la UP9 por disposición de la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, tras la confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema, que fueron dictadas en abril de 2022.

La Justicia confirmó la responsabilidad penal del exgobernador Sergio Urribarri, de 67 años, a partir de una serie de operaciones mediante las cuales se habría direccionado una importante cantidad de dinero del Estado hacia firmas relacionadas con su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los hechos fueron ubicados entre 2010 y 2015 y, según quedó establecido en el proceso, se instrumentaron mediante contrataciones que simulaban servicios de publicidad oficial. La resolución definitiva sostuvo que el mecanismo utilizado implicó graves perjuicios para la administración pública.

Urribarri recibió una pena de ocho años de prisión efectiva por su participación como autor en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. En el primero de los hechos analizados —el expediente relacionado con la Imprenta de Aguilera— ambos delitos fueron considerados en concurso ideal y bajo la modalidad de delito continuado. La condena también alcanzó un tercer episodio, por el delito de peculado, y los hechos cuarto y quinto, donde se le atribuyeron negociaciones incompatibles y peculado en concurso ideal. El cuarto caso estuvo vinculado con la organización de la Cumbre del Mercosur y la contratación de spots publicitarios, mientras que el quinto se relacionó con el Parador instalado en Mar del Plata en enero de 2015, en el contexto de su campaña política denominada “el sueño entrerriano”.

En el mismo proceso fue condenado el exministro Pedro Báez, quien deberá cumplir seis años y seis meses de prisión efectiva. El tribunal determinó que tuvo responsabilidad penal como coautor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.

También fue alcanzado por la sentencia Juan Pablo Aguilera, de 47 años. El tribunal le impuso seis años y seis meses de prisión efectiva y lo responsabilizó como autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.

El exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y el cuñado del exmandatario Juan Pablo Aguilera ya están en la cárcel de Paraná. Los tres condenados en la Megacausa por corrupción ingresaron este sábado a las 10 a la Unidad Penal N° 1, tras pasar la noche en la Alcaidía de Tribunales.

Según informó Análisis Digital, los tres permanecerán este sábado en la celda de Admisión, donde se les realizará la revisión médica, y luego serán derivados al Pabellón de Seguridad, que aloja a exintegrantes de la Policía de Entre Ríos y de otras fuerzas de seguridad.

El primero en llegar anoche a la Alcaidía fue Báez, a las 21:40, en un camión penitenciario, por calle Córdoba. Después ingresó Aguilera y, cerca de las 2 de la madrugada, arribó Urribarri, trasladado desde Concordia en un patrullero y acompañado por el jefe departamental, comisario José María Rosatelli. Los dos últimos móviles entraron por el portón del garage del Superior Tribunal de Justicia, en calle Santa Fe, con acceso directo a la Alcaidía.

La detención fue ordenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara el jueves 3 de septiembre los recursos extraordinarios presentados por los tres condenados (expediente CSJ 2226/2024) y dejara firme la pena impuesta en el megajuicio. En la misma resolución rechazó los planteos de Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, con lo que la totalidad de las condenas quedó firme. El Ministerio Público Fiscal había solicitado la detención inmediata por el posible peligro de fuga.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena por corrupción, el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido este viernes. La causa investiga el desvío de fondos públicos durante su gestión. También fueron arrestados su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro Pedro Báez.

Urribarri y Aguilera fueron trasladados a Paraná, donde quedarán a disposición de la Justicia para comenzar a cumplir las penas impuestas, según pudo saber TN.

La detención ocurrió horas después de que el máximo tribunal rechazara los recursos extraordinarios presentados por las defensas y dejara firme la condena contra el exmandatario provincial. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La investigación estuvo centrada en el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial del Gobierno de Entre Ríos entre 2010 y 2015.

De acuerdo con la acusación, durante ese período realizaron pagos a empresas sin actividad real y utilizaron un esquema de testaferros que habría beneficiado a Aguilera, cuñado del exgobernador. La causa también incluyó gastos relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

En el mismo expediente, Báez y Aguilera fueron condenados a seis años de prisión. La resolución de la Corte también alcanzó a otros seis condenados que habían presentado recursos: Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Luciana Belén Almada y Pedro Ángel Báez. Sus planteos fueron desestimados.

Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 y luego se desempeñó como embajador argentino en Israel. En noviembre de 2024 había sido detenido durante 50 días por orden de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, que había considerado que existía riesgo de que pudiera frustrar el proceso.

Esa medida fue revocada en enero de 2025 y desde entonces permanecía en su domicilio a la espera de una resolución definitiva.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa por el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del ex mandatario provincial, con lo cual quedó firme la sentencia que también estableció la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, que le impuso ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En ese proceso también fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación entrerriano Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, ambos a seis años de prisión.

Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares y en las maniobras resultó favorecido Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos de la pauta oficial en vía pública.

La acusación comprendió cinco hechos principales, entre ellos el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva; el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL; y la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”.

También se investigaron la instalación de un parador en Mar del Plata, que tuvo un costo de $14 millones de entonces, y el pago a la productora Nelly Entertainment para la difusión de tres spots vinculados formalmente con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

El fallo de primera instancia había sido confirmado en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos y posteriormente el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de las defensas, que acudieron entonces ante el máximo tribunal nacional.

Urribarri estuvo detenido durante 50 días luego de que en noviembre de 2024 la Casación provincial ordenara su prisión preventiva ante el riesgo de fuga. Esa medida fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Superior Tribunal de Justicia entrerriano.

El dirigente peronista gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, fue posteriormente legislador provincial y en 2020 asumió como embajador argentino en Israel, cargo al que renunció en 2022 tras conocerse la condena.

Fuente:APFDigital

La Justicia federal de los Estados Unidos declaró culpable al empresario Federico “Fred” Machado por los delitos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico. El fallo, dictado por el Tribunal Federal del Distrito Este de Texas, se produjo luego de que Machado admitiera su responsabilidad a cambio de retirar los cargos por narcotráfico, los cuales conllevaban penas sensiblemente mayores.

Extraditado desde la Argentina a fines del año pasado tras haber sido detenido en Río Negro en 2021, el financista aguarda la fijación de su condena definitiva. La resolución reavivó el entramado de vínculos políticos con el exdiputado José Luis Espert. Durante la campaña legislativa de 2025, se reveló que el dirigente libertario había percibido transferencias millonarias no declaradas y utilizado aviones privados del empresario durante sus giras electorales.

El escándalo de financiamiento irregular derivó en denuncias por inconsistencias en los gastos de campaña y un severo costo político que culminó con la renuncia de Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires y a su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

La historia que conmocionó a Entre Ríos y que tuvo repercusión nacional llegará finalmente a la pantalla. “Cautiva”, la serie inspirada en la investigación periodística de la revista Análisis sobre las torturas y abusos en el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, tendrá su estreno en septiembre próximo a través de TNT y Flow.

La ficción, de seis episodios, está protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, bajo la dirección de Paula Hernández y Jazmín Stuart. La producción reconstruye uno de los casos más impactantes de opresión religiosa registrados en Argentina, a partir del testimonio de Silvia Albarenque, ex integrante del convento de Nogoyá.

La trama sigue a Clara, una joven que ingresa a un convento de clausura impulsada por su vocación religiosa, pero que termina sometida a prácticas extremas de castigo, aislamiento y violencia psicológica por parte de la madre superiora. Tras años de encierro, logra escapar e inicia una lucha judicial y personal para reconstruir su vida.

La serie toma como base la investigación publicada por la revista ANÁLISIS en 2016, trabajo periodístico encabezado por Daniel Enz, que derivó en la apertura de una causa judicial y en la posterior condena de la superiora del convento, Luisa Ester Toledo.

“Cautiva” es una coproducción entre TNT, Flow y Warner Bros. Discovery, realizada por Aleph Cine. Además de Kopelioff y Vega, el elenco incluye a Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois y Luis Ziembrowski, entre otros.

Según reveló el último informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) sobre el primer semestre de 2026, las cárceles federales cerraron junio con 12.319 personas privadas de su libertad. Este número representa un incremento del 1,3% respecto al cierre del año anterior y empuja la sobrepoblación general a un preocupante 6,8%, lo que se traduce en 785 internos por encima de la capacidad de alojamiento oficialmente permitida.

La mayor parte de estos nuevos ingresos fue absorbida por la Unidad 36 de Santa Fe, penal que sumó 115 personas a sus pabellones en los últimos seis meses. En lo que respecta a la situación procesal, la tendencia muestra que seis de cada diez personas tras las rejas cuentan con una condena firme, es decir el 64,4% del total, mientras que el 35,6% restante permanece detenido bajo el régimen de prisión preventiva.

Uno de los datos más llamativos del relevamiento es el comportamiento demográfico dentro de las unidades. El colectivo de mujeres y personas travesti-trans experimentó la suba más pronunciada del semestre, con un alza del 7,4% en el cupo femenino. La mayoría de estas personas se encuentran alojadas en el complejo de Ezeiza, donde actualmente se registran once mujeres embarazadas y dieciocho madres que conviven con sus hijos pequeños.

Finalmente, el reporte detalló que la población de jóvenes de entre 18 y 21 años registró un incremento del 7,2% en el semestre, con una alta tasa de procesados sin condena. Por su parte, los ciudadanos extranjeros bajo custodia en los penales del país representan el 15,9% del total de las personas alojadas en el sistema federal.

Se trata de Francisco Eliseo Vera Fleitas, quien fue interceptado el 12 de febrero de 2026 mientras conducía una camioneta Toyota Hilux en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 119, en jurisdicción de Islas del Ibicuy.

Según la acusación del fiscal de Islas, Gastón Popelka, el conductor ignoró las señales de detención realizadas por personal policial y continuó su marcha, lo que motivó una persecución controlada que finalizó unos 15 kilómetros más adelante. Una vez detenido, los efectivos comprobaron que el vehículo presentaba irregularidades.

La investigación determinó que la camioneta tenía colocada una patente paraguaya que no correspondía al rodado y que, tras verificar los números de chasis y motor, se constató que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente desde el 28 de enero de 2026 por una denuncia de hurto agravado.

Para la Fiscalía, Vera Fleitas recibió y utilizó el vehículo con conocimiento de su origen ilícito y además intervino en la sustitución de la identificación registral de la camioneta para ocultar su verdadera procedencia.

Por estos hechos fue acusado de desobediencia a la autoridad, encubrimiento doblemente agravado —por ánimo de lucro y habitualidad— y sustitución de numeración de objeto registrable, delitos por los que reconoció su responsabilidad.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados más de 211 mil pesos argentinos, 62 mil guaraníes, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y un arrancador portátil para vehículos.

Al momento de acordar la pena, la Fiscalía tuvo en cuenta como agravante que el imputado ya registraba antecedentes penales. En 2018 ya había sido penado a 4 años de cárcel que cumplió en la Unidad Penal 17 Candelaria del Servicio Penitenciario Federal por un caso de transporte de estupefacientes. Luego, al recibir la libertad en 2022, fue nuevamente llevado ante la Justicia por el delito de portación ilegal de arma de guerra, por lo que fue sentenciado a 3 años y 8 meses de prisión.

El acuerdo establece una pena de 12 meses de prisión efectiva, además del decomiso de los elementos secuestrados durante el procedimiento. Además, y según surge de la resolución, los bienes decomisados serán puestos a disposición del Estado y donados al Hogar de Cristo, institución que trabaja en la asistencia y acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad y con consumos problemáticos.

El condenado permanece preso en la Unidad Penal 9 desde febrero, cuando fue detenido y se le dictó la prisión preventiva. recibirá la libertad en febrero de 2027.

Nahir Galarza volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras conceder una entrevista exclusiva desde la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, donde cumple prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo. A casi un año de su última aparición pública, la joven volvió a hablar sobre el crimen ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú y dejó una serie de definiciones sobre su presente y su responsabilidad en el hecho.

La entrevista fue realizada por el periodista especialista en policiales Paulo Kablan y la influencer Nati Jota para el canal de streaming OLGA, que viajó a Paraná para concretar el encuentro.

También realizó una autocrítica sobre su comportamiento en aquella etapa de su vida. “Creo que era muy inmadura”, manifestó, al tiempo que aseguró que todavía le cuesta reconocerse en algunas actitudes del pasado.

“No puedo creer que haya sido tan mala persona, porque yo no soy así”, reflexionó durante el reportaje.

En aquella oportunidad, descartó las versiones que intentaban responsabilizar a su padre y ratificó que ella fue la única autora del homicidio de Fernando.

Además, reiteró que durante la relación sufrió situaciones de violencia de género y cuestionó la forma en que su figura fue retratada públicamente durante el proceso judicial.

Aunque aseguró sentirse “re condenada” socialmente, explicó que ya no busca nuevas apelaciones judiciales y que su objetivo actual es obtener una reducción de la pena mediante los mecanismos legales vigentes.

Asimismo, afirmó que, si tuviera la posibilidad, le pediría perdón “de corazón” a la familia de Fernando Pastorizzo.

La entrevista completa será difundida este martes a las 19 y genera expectativa por las nuevas declaraciones que pueda brindar la condenada sobre uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años en Argentina.

Fuente: ElOnce

La Cámara Federal de Casación Penal cerró este jueves el camino a la Corte Suprema para Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en su intento por frenar el decomiso de sus bienes como parte de la condena a la ex presidenta en la causa Vialidad.

La sala IV de Casación rechazó recursos extraordinarios de la defensa de CFK y sus hijos y allanó el camino a la hora de continuar con los trámites para devolver al Estado Nacional 111 bienes de los Kirchner y Lázaro Báez. Desde el sexto piso de Comodoro Py 2002, sede del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta, ya se preguntó a la Corte si dispondrá de alguna de las propiedades.

Sólo la queja

A Cristina Kirchner y sus hijos sólo les queda ir en queja directa ante el máximo tribunal del país. En el caso de Máximo y Florencia Kirchner están en juego 19 propiedades heredadas o recibidas en cesión.

Según publicó Infobae, se trata de cumplir con el decomiso por $684.990.350.139,86 impuesto como parte de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta a la ex mandataria, que está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. La resolución de Casación alcanzó además bienes del ex dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.

La decisión fue de los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Este último magistrado votó en minoría a favor de conceder los recursos extraordinarios en lo relativo a determinados bienes en juego de Máximo y Florencia Kirchner y algunas empresas incluidas en el listado de Báez.

Tras el rechazo por parte de la justicia brasileña de los dos últimos recursos de apelación presentados por la defensa de Juan Darthés, el condenado por violación a Thelma Fardin cuando ella tenía 16 años, debe cumplir su condena efectiva de seis años y medio de prisión en un penal de Brasil.

La propia Thelma Fardin, a través de un video donde hace un recorrido de los largos 8 años de proceso judicial que involucró a tres países, fue la encargada de dar la noticia hace minutos, desde sus redes sociales junto a Amnistía Internacional y su querella integrada por Carla Junqueira y Martín Arias Duval.

Este fallo, en el que el hoy condenado por abuso sexual con acceso carnal utilizó todas las herramientas de dilación y gran cantidad de recursos económicos, sienta un precedente jurídico internacional en la defensa de los derechos humanos de las infancias, adolescencias y mujeres.

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Mientras en Argentina un gobierno dispuesto a arrasar con los tratados internacionales de protección a infancias y mujeres, Thelma nos recuerda una de sus expresiones más contundentes: “¿Pretenden que las víctimas nos filmemos mientras somos violadas?”.

Este recorrido devastador para Thelma deja un mapa en relación a la revictimización a la que son sometidas las víctimas y las madres de quienes son abusadas y expone sin fisuras el daño irreparable que pretenden instaurar desde el Poder Legislativo Nacional con el Proyecto de Falsas Denuncias, impulsado por la senadora Carolina Losada y Andrea Guacci, esposa de Diego Guacci, entrenador de fútbol femenino de la AFA y 8 veces denunciado.

Recordemos que Dhartes, ha recurrido hasta la embestidura religiosa de pastor evangélico y aún así, a partir de ahora y durante los próximos seis años y medios, dormirá en la celda de un penal brasileño.

Fuente: Página12

En la mañana de este jueves se realizó la autopsia en la Morgue Judicial del Cementerio Norte, al cuerpo del interno Miguel Ángel Magallán, por orden de la fiscal Martina Cedrés para despejar cualquier hipótesis en torno al deceso.

El médico forense del Poder Judicial de la jurisdicción Gualeguaychú, Marcelo Benetti, no encontró anomalías en las placas de cráneo y tórax, y se confirmó que el fallecimiento se debió a una descompensación cardíaca por su cuadro de obesidad mórbida e hipertensión arterial.

Magallán tenía 42 años, era nacido en Gualeguaychú y domiciliado en Palavecino, soltero y había sido empleado municipal. Cumplía una condena de siete años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad”. Pero además estaba a la espera de otra condena porque tenía en trámite otra causa por abuso de menores.

El tribunal integrado por Santiago Nicolás Brugo (presidente), Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali interviniente en la causa por el femicidio de Micaela García, ocurrido en la ciudad de Gualeguay en 2017, confirmó la fecha de inicio del juicio oral contra Néstor Roberto Pavón.

Las audiencias se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre de 2026, y continuarán el 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre, todas a partir de las 9.

La coordinación de la agenda se realizó entre las Oficinas Judiciales de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguay. Se estableció que las audiencias comenzarán puntualmente, con una tolerancia máxima de 15 minutos, y no se admitirán suspensiones salvo motivos extraordinarios debidamente acreditados.

Asimismo, se notificó a las partes que la citación de testigos, peritos e intérpretes estará a cargo de quienes los propongan, conforme al artículo 411 del Código Procesal Penal.

El Ministerio Público Fiscal deberá contar con el informe actualizado del Registro Nacional de Reincidencia al momento de las audiencias.

También se dispuso que cualquier declaración por videoconferencia o reproducción de prueba digital deberá informarse con al menos 48 horas de antelación, a fin de garantizar la disponibilidad de los medios tecnológicos.

La fijación de fecha para el juicio a Pavón constituye un paso clave en el proceso judicial que busca esclarecer su responsabilidad en el crimen de Micaela García, ocurrido en abril de 2017, y que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina.

En 2017, Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento, mientras que Sebastián Wagner recibió prisión perpetua como autor material del femicidio.

En 2019, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio bajo la figura de coautoría.

Posteriormente, el STJER restituyó la condena por encubrimiento.

Finalmente, la Corte Suprema resolvió que Pavón debía enfrentar un nuevo proceso como coautor, al considerar que la prueba reunida lo vinculaba directamente con el crimen.

Fuente: AHORA

Se trata de Pablo Federico Florencio Quinteros, un hombre de 48 años, domiciliado en Benavidez, en la provincia de Buenos Aires, que fue el causante de una noche de terror para dos puesteros y sus familias en un campo situado en el sur entrerriano.

Fue detenido esa misma noche y desde entonces se encontraba preso en la cárcel de Gualeguaychú con prisión preventiva. Ahora se definió su futuro en un juicio abreviado realizado en los Tribunales de Gualeguaychú, donde se lo condenó a 2 años y 6 meses de prisión efectiva por sus antecedentes penales y por la imputación que le realizó el fiscal Gastón Popelka por violación de domicilio (dos hechos); daños; amenazas; privación ilegítima de la libertad (dos hechos) y coacción (dos hechos), en contexto de violencia de género.

Una noche para el olvido

Todo sucedió en la noche del miércoles 28 de enero en el establecimiento “Los Ceibos”, ubicado en el kilómetro 2 de la ex Ruta 46, en Villa Paranacito. Esa noche, dos hombres de 36 y 25 años, con sus respectivas familias, vivieron momentos de mucha tensión por casi una hora. Fueron víctimas del ataque de Quinteros, que los sorprendió a la hora de la cena, totalmente alterado, aduciendo que era perseguido.

Primero fue a la casa del capataz, un hombre de 36 años que había llegado al campo Los Ceibos cuatro meses atrás, para trabajar como puestero junto a su pareja. Pero esa tranquilidad se vio alterada por la llegada de este atracador, que pateó la puerta e ingresó violentamente. Les dijo que lo estaban siguiendo, que estaba armado bajo un trapo que envolvía una de sus manos. Le pidió a la pareja si lo podían esconder y alertar a la Policía, a lo que la víctima le dijo que como no tenían señal su mujer debía ir hasta la ruta para dar aviso.

La mujer salió del inmueble, pero la intención fue alertar al otro puestero que se encontraba a unos 50 metros, con su esposa, una hija de 17 años y un hijo de 13. Mientras, el capataz se quedó en la casa con el intruso, que todo el tiempo estuvo parado al lado de la puerta mirando hacia afuera. Pero con el correr de los minutos la situación se tornó aún más extraña y violenta.

Quinteros cambió su actitud. Obligó a su víctima a encerarse en el baño. El hombre encerrado comenzó a gritar y fue allí que el intruso abrió la puerta del baño, lo tomó del cuello y lo obligó a salir en dirección al otro puesto, donde se encontraba su mujer y la otra familia. Siempre amenazándolo con una supuesta arma de fuego escondida, ambos hombres caminaron hasta la otra vivienda y al llegar empezó a patear la puerta y pedir que le abrieran. La puerta se abrió y obligó a las dos mujeres y los menores a encerarse en el baño.

Tras esos momentos de mucho nerviosismo y miedo, hizo salir a todos hacia el patio mientras rompía todo en su interior. Fue en ese momento en que los dos hombres víctimas decidieron hacerle frente para evitar una escalada de violencia. Empezaron a forcejear dentro del baño y lograron reducirlo, mientras que las dos mujeres con los niños corrieron hasta la tranquera donde ya se encontraba un móvil policial.

Los policías ingresaron a la vivienda y detuvieron al hombre de 48 años. El fiscal de Islas del Ibicuy, Gastón Popelka, le tomó declaración y tras ello se esperó por el Registro Nacional de Reincidencia que confirmó un pasado peligroso. Se confirmó que este hombre había cumplido una pena de 8 años y 6 meses de cárcel por un homicidio en 2014 y en diciembre había salido en libertad tras cumplir una segunda condena de poco más de un año por tenencia de estupefacientes.