A 10 años del fallecimiento de la joven contadora, la causa por la muerte de Andrea Schlotthauer volvió a dar un giro judicial. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anuló las resoluciones que habían declarado prescripta la acción penal contra el médico cirujano Carlos Nemec, que fue condenado en primera instancia por homicidio culposo.

La decisión fue dictada el 9 de octubre pasado por la Sala Nº 1 en lo Penal del máximo tribunal provincial. Los vocales Susana Medina, Germán Carlomagno y Laura Soage hicieron lugar a las impugnaciones extraordinarias presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la querellante Rosana Lema Olano y el fallo dejó sin efecto la sentencia del 20 de febrero de 2026, mediante la cual la Sala II de la Cámara de Casación Penal había rechazado los planteos de la acusación y confirmado la resolución del juez Tobías Podestá. En agosto de 2025, el magistrado había declarado prescripta la acción penal y sobreseído a Nemec.

Para el Superior Tribunal, el punto central era que la causa ya había superado la etapa de discusión sobre la responsabilidad penal. La condena había adquirido carácter ejecutorio y el expediente se encontraba en la instancia destinada a hacer cumplir la pena. Por ese motivo, entendió que no correspondía volver a analizar la prescripción de la acción penal como si el proceso todavía estuviera en una etapa anterior. La resolución diferenció ese instituto de la prescripción de la pena, que tiene reglas y plazos propios.

La causa se originó en la muerte de Andrea Schlotthauer, ocurrida en Gualeguaychú, y derivó en una investigación por la actuación médica que recibió antes de su fallecimiento. En 2016, Nemec fue condenado por homicidio culposo a un año de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Desde entonces, el expediente atravesó distintas revisiones judiciales. La intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las posteriores decisiones de los tribunales entrerrianos modificaron el rumbo de la causa en más de una oportunidad.

En 2023, Casación había dictado una absolución, pero esa decisión fue posteriormente revisada y la condena volvió a quedar vigente. Luego de agotarse las instancias correspondientes y de ser denegado el recurso extraordinario federal de la defensa, el expediente regresó a Gualeguaychú para avanzar con la ejecución de la pena.

En ese contexto se produjo una nueva controversia. El 13 de agosto de 2025, el juez Podestá declaró prescripta la acción penal y dispuso el sobreseimiento de Nemec. La decisión fue recurrida por la Fiscalía y la querella, pero Casación confirmó el sobreseimiento el 20 de febrero de 2026.

Ambas acusaciones acudieron entonces al Superior Tribunal de Justicia. Sostuvieron que la resolución cuestionada desconocía el estado procesal de la causa y que no correspondía declarar extinguida una acción penal cuando la condena ya se encontraba en etapa de ejecución.

La acción penal y la pena

En sus fundamentos, el Superior Tribunal señaló que la resolución de Casación había recurrido a doctrina y jurisprudencia sobre la prescripción de la acción penal que, aunque válidas en términos generales, no resultaban aplicables a la situación concreta de Nemec.

Los vocales explicaron que la prescripción de la acción penal y la prescripción de la pena son institutos diferentes. La primera se vincula con el plazo para perseguir penalmente un hecho; la segunda, con el plazo durante el cual puede hacerse efectiva una sanción impuesta mediante una condena.

Según el fallo, cuando el expediente regresó a Gualeguaychú ya no correspondía discutir si la acción penal se había extinguido durante la etapa de persecución. La sentencia condenatoria había alcanzado carácter ejecutorio y el trámite se encontraba en una fase posterior.

El Tribunal consideró que el juez de ejecución podía disponer los actos necesarios para cumplir la condena, incluida la inhabilitación para ejercer la medicina, pero no introducir una discusión sobre la duración de la acción penal que correspondía a otra etapa del proceso.

Sobre esa base, el STJ hizo lugar a los recursos de la Fiscalía y la querella y anuló tanto la resolución de Casación del 20 de febrero de 2026 como la decisión de Podestá del 13 de agosto de 2025.

También declaró la nulidad parcial de una resolución anterior del 27 de mayo de 2025, desde su segundo punto resolutivo, y mantuvo la validez de lo dispuesto hasta el primer punto, incluida la aclaratoria del 30 de mayo.

El pronunciamiento no impuso una nueva condena ni volvió a juzgar los hechos atribuidos al médico. Su efecto fue dejar sin sustento las decisiones que habían cerrado la causa por prescripción y restablecer el marco procesal para continuar con la ejecución de la sentencia condenatoria.

Con esta decisión, el máximo tribunal entrerriano dejó atrás el último obstáculo judicial que había surgido a partir de la declaración de prescripción. La causa por la muerte de Andrea Schlotthauer vuelve así al escenario de la ejecución de una condena que atravesó absoluciones, revisiones y nuevos recursos antes de llegar a esta resolución.

Un joven de 28 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por encubrir un hecho de abigeato ocurrido en un establecimiento rural ubicado en la zona de Camino a Palavecino, en el departamento Gualeguaychú.

De acuerdo con la acusación que realizó el fiscal Facundo Álvarez, el hecho ocurrió entre la tarde del 23 de marzo y la mañana del 24, aunque no pudo determinarse con exactitud el horario. El condenado se desempeñaba como cuidador del establecimiento rural “Los Ombúes”, ubicado a unos tres kilómetros al norte de Camino a Palavecino y según se estableció durante la investigación, autores que aún no fueron identificados, faenaron y depostaron una vaquilla de unos 200 kilos, perteneciente al mismo establecimiento donde el condenado trabajaba.

El cuidador recibió posteriormente el animal ya faenado, pese a conocer, según la acusación, su procedencia ilícita. Luego, con ánimo de obtener un beneficio económico, habría vendido parte de la carne.

En concreto, durante el mediodía del 24 de marzo, comercializó dos paletas y dos cuartos, con un peso aproximado de 70 kilos, a otras dos personas que se movilizaban en un Ford Falcon de color celeste.

El procedimiento que permitió recuperar la carne se produjo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 60, cuando personal de la Brigada de Abigeato Gualeguaychú realizaba un control vehicular. En esas circunstancias fueron secuestrados los cortes que eran transportados en el vehículo.

El caso avanzó finalmente mediante un juicio abreviado, en el que el acusado acordó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de encubrimiento agravado. La figura contempla un agravamiento cuando el encubrimiento está relacionado con un hecho especialmente grave y cuando existe ánimo de lucro. En este caso, la condena alcanzó al cuidador por su participación posterior al hecho principal, mientras que la investigación por la faena del animal continúa con autores aún no identificados.

El expolicía Luis Roberto Jesús Carlino fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual agravado, en el marco de una causa que involucró a un menor de edad. El fallo se resolvió mediante un juicio abreviado y se sumó a una condena anterior que había recibido por los hechos vinculados con la sedición policial de diciembre de 2013.

Carlino fue condenado por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido aprovechándose de la convivencia preexistente con un menor de edad y por su condición de ascendiente, reiterado, a raíz de dos hechos que fueron considerados en concurso real.

La condena, según publicó Concordia Policiales, fue dictada por el vocal de los Tribunales de Concordia, Pablo Garrera Allende. El procedimiento se desarrolló mediante un juicio abreviado que había sido acordado entre el abogado defensor del expolicía, Alejandro Giorgio, y la fiscal de la causa, Daniela Montangie, con el consentimiento de las víctimas.

La condena anterior por la sedición policial

Carlino ya contaba con antecedentes judiciales relacionados con los hechos ocurridos durante la sedición policial de diciembre de 2013. En julio de 2015, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia lo había condenado a tres años y medio de prisión y siete años de inhabilitación.

La causa había estado relacionada con los acontecimientos registrados entre el 8 y el 9 de diciembre de 2013, cuando un grupo de policías tomó la Jefatura Departamental Concordia en el marco de un reclamo por aumentos salariales y mejoras laborales.

Los hechos de diciembre de 2013

La protesta había dejado a la ciudad sin el normal servicio de seguridad y, durante aquellas jornadas, se produjeron saqueos en distintos comercios. Como consecuencia de los hechos registrados en ese contexto, tres personas murieron.

La condena dictada en 2015 fue posteriormente apelada por las defensas. En 2022, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos rechazó los planteos de prescripción de la acción penal y los recursos que habían sido presentados contra las condenas.

Un año después, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó las impugnaciones formuladas por las defensas y confirmó lo que había sido resuelto en las instancias judiciales anteriores.

Tras esos pronunciamientos, la defensa oficial presentó un recurso extraordinario federal que posteriormente llegó en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal desestimó la presentación por cuestiones formales. De esa manera, quedaron firmes las condenas que habían sido dictadas contra los policías por los acontecimientos de diciembre de 2013.

La causa contra Juan Enrique Ruiz Orrico tendrá este miércoles una nueva instancia en la Justicia entrerriana. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) realizará desde las 9.30 una audiencia para analizar la impugnación extraordinaria presentada por la defensa contra la condena de cinco años y ocho meses de prisión efectiva por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta Provincial 39.

La audiencia se desarrollará en el salón Oyamphé de los Tribunales de Paraná, transmitida en vivo por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial.

El tribunal estará integrado por Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia. Los jueces escucharán los argumentos de las distintas partes y posteriormente deberán resolver el planteo formulado por los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez.

Qué busca la defensa

La presentación apunta fundamentalmente a conseguir una reducción de la pena que recibió el exfuncionario: cinco años y ocho meses de prisión efectiva y nueve años de inhabilitación especial para conducir vehículos con motor.

Ruiz Orrico permanece en libertad porque la pena todavía no está firme. Al dictar la condena, el juez Darío Crespo estableció que la prisión comenzará a cumplirse cuando la sentencia quede ejecutoriada y mantuvo mientras tanto las medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

La causa llegó ahora al STJ después de pasar por la Cámara de Casación Penal de Concordia. A comienzos de julio, Casación rechazó el recurso de la defensa y confirmó la condena. Posteriormente fue concedida la impugnación extraordinaria que habilitó la intervención de la máxima instancia penal provincial.

Por el Ministerio Público Fiscal participará este miércoles el procurador general Jorge Amílcar Luciano García. Las familias de las víctimas estarán representadas por los abogados querellantes Mario Arcusin y Leandro Rosatti.

La tragedia de la Ruta 39

El hecho que dio origen a la causa ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, a la altura del kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39, entre Caseros y Herrera, en el departamento Uruguay. Ruiz Orrico, que en ese momento era presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, conducía un Volkswagen Passat perteneciente al Estado provincial. Las pericias determinaron que tenía 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según quedó establecido durante el proceso, el Passat invadió el carril contrario y chocó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi. Los cuatro se dirigían a trabajar y murieron como consecuencia del impacto.

El juicio oral se realizó en febrero de este año en los Tribunales de Concepción del Uruguay. Al comenzar el debate, Ruiz Orrico reconoció su responsabilidad en el hecho y pidió perdón a las familias de las víctimas. Finalmente, el 9 de marzo de 2026, el juez Darío Crespo lo declaró autor penalmente responsable de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas, según el artículo 84 bis del Código Penal. Ahora

El primer episodio había ocurrido el 3 de febrero de 2025, durante una discusión entre el acusado y la mujer, con quien mantenía una relación de pareja y convivía.

Según la acusación, durante la discusión el hombre habría intentado quitarle el teléfono para impedir que llamara a la Policía, la habría empujado al suelo y, luego de quitarle un cuchillo que ella había tomado para defenderse, la habría golpeado con el arma en uno de sus brazos. También se le atribuía haberla tomado del cuello y haberla amenazado con prender fuego la vivienda utilizando nafta.

Como consecuencia de ese episodio se habían constatado distintas lesiones en el cuerpo de la mujer, entre ellas lesiones en brazos y antebrazos y una lesión en la zona del cuello. La Fiscalía había sostenido durante el juicio que estos hechos estaban acreditados y había solicitado una condena por lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso ideal con amenazas.

Sin embargo, el juez consideró que no se había alcanzado el grado de certeza necesario para tener por acreditada la existencia material del hecho. En particular, valoró la declaración brindada por la denunciante durante el debate y el resto de los elementos incorporados al proceso.

La mujer había dado en el juicio una versión diferente de la que había formulado inicialmente en la denuncia. Frente a esa situación, el magistrado entendió que correspondía aplicar el principio in dubio pro reo, es decir, que ante una duda que no pudo ser superada con la prueba producida, esta debía favorecer al acusado. Por ese motivo, el acusado fue absuelto por las lesiones agravadas y las amenazas que integraban el primer hecho.

Distinta fue la conclusión respecto del segundo hecho. El 28 de febrero de 2025 se había dispuesto judicialmente la exclusión del hombre del domicilio y una prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros, además de una prohibición de contacto y de realizar actos molestos o perturbadores durante 120 días. La medida había sido notificada al acusado el 1 de marzo.

Pese a esa disposición, el 23 de junio de 2025 el hombre fue encontrado en el domicilio de la mujer en distintos momentos de esa jornada. La sentencia consideró acreditado que conocía la existencia y vigencia de la medida judicial y que, aun así, permaneció en el lugar.

En este punto, el juez entendió que las pruebas reunidas —entre ellas las actuaciones policiales y los testimonios producidos durante el debate— permitieron reconstruir el hecho con el grado de certeza requerido y fuera de toda duda razonable. También consideró probado que el acusado conocía la prohibición que pesaba sobre él. Por ello, fue declarado penalmente responsable del delito de desobediencia a una orden judicial.

Finalmente, se le impuso un mes de prisión de cumplimiento efectivo, porque el juez valoró que por sus antecedentes, debía tener una mayor comprensión de las consecuencias de desobedecer una decisión de la Justicia.

De esta manera, el fallo terminó con un resultado diferenciado: absolución por el hecho más grave, ante la duda sobre su acreditación, y condena por el incumplimiento de una orden judicial cuya existencia, vigencia y desobediencia fueron consideradas probadas.

La sentencia fue dada a conocer este lunes por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Larocca Ress, luego de que un jurado popular declarara culpable al acusado.

El magistrado declaró a Rafael Horacio Benítez, alias “Ñoño”, autor y penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género -femicidio- en perjuicio de Leoncino. En consecuencia, le impuso la pena de prisión perpetua, la máxima contemplada por el Código Penal para el delito por el que fue encontrado culpable.

La resolución, según publicó Concordia Policiales, representa la instancia posterior al juicio por jurados en el que ciudadanos convocados para intervenir en el proceso analizaron las pruebas presentadas durante las audiencias y emitieron un veredicto de culpabilidad contra Benítez. La investigación y acusación estuvieron a cargo de la fiscal Julia Rivoira.

Además de establecer la prisión perpetua, Larocca Ress declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, inciso 1°, del Código Penal y del artículo 56 bis de la Ley 24.660, disposiciones relacionadas con restricciones para acceder a determinados beneficios durante la ejecución de la pena.

El planteo había sido formulado por la defensa de Benítez, ejercida por el abogado Alejandro Giorgio, y finalmente fue admitido por el magistrado al momento de dictar la sentencia.

Más allá de esa decisión, la pena establecida para Benítez fue de prisión perpetua. El fallo llegó más de tres años después del crimen que conmocionó a Concordia y que dio lugar a una extensa investigación para reconstruir qué había sucedido con Luisina después de que su familia denunciara su desaparición.

Luisina Leoncino desapareció el 9 de julio de 2023, cuando sus familiares perdieron contacto con ella y se inició su búsqueda. A partir de ese momento, investigadores policiales y judiciales comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de la joven y a reunir elementos para establecer qué había ocurrido.

Con el avance de la pesquisa, las sospechas se concentraron en Benítez, quien mantenía un vínculo con la víctima. Uno de los elementos utilizados en la investigación fue el análisis de cámaras de seguridad, además del seguimiento de los movimientos de un Fiat Palio perteneciente a un familiar del posteriormente acusado.

Esos elementos permitieron reconstruir parte de los desplazamientos investigados y condujeron a un rastrillaje realizado el 30 de julio de 2023 en la zona del asentamiento Pampa Soler, donde fueron encontrados los primeros restos del cuerpo de Luisina.

La investigación continuó después de ese hallazgo. Según consta en los antecedentes del caso, Benítez aportó posteriormente información que permitió orientar la búsqueda hacia otros lugares donde se encontraban partes del cuerpo de la víctima.

Finalmente, el 2 de agosto de 2023 fueron localizados los últimos restos en el sector de Castelli y la Defensa Sur. Los hallazgos y las restantes evidencias reunidas durante la investigación formaron parte del expediente que posteriormente llegó a juicio.

El proceso culminó con la intervención de un jurado popular, que declaró culpable a Rafael Horacio Benítez por el femicidio. Este lunes, en la audiencia de cesura correspondiente, el juez Maximiliano Larocca Ress estableció la pena de prisión perpetua.

De esta manera, la Justicia cerró una instancia central del proceso iniciado tras la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Luisina Leoncino, uno de los casos que generó mayor conmoción en Concordia durante los últimos años.

Esta semana se realizó el requerimiento de la elevación a juicio de un hecho que sucedió en la mañana del 18 de mayo, en el que un delincuente atacó a una joven menor de edad que caminaba en dirección al Colegio Pío XII, con la finalidad de robarle el celular.

Era un lunes, cerca de las 7.30 de la mañana, en inmediaciones al museo Azotea Lapalma, sobre el pasaje San Luis. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad y esas imágenes fueron claves en la investigación y en la detención del sujeto, que se produjo ese mismo día por la noche.

En esa filmación se observó que la chica de 17 años caminaba por una vereda y su atacante lo hacía por la vereda de enfrente, en dirección contraria. En un momento, al aproximarse, el asaltante cruzó la calle y la abordó. El robo se produjo en segundos. La abrazó e intimidó con un arma blanca y consiguió quitarle el teléfono celular. Luego salió corriendo en la dirección que caminaba, mientras que la joven se fue completamente compungida en sentido hacia la escuela.

Con la información que la víctima brindó y con la filmación de los hechos, que se pudo secuestrar de la cámara de seguridad, la Policía inició la averiguación de la identidad del delincuente. El fiscal Jorge Gutiérrez y la División Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú trabajaron durante todo ese lunes para tratar de identificarlo y hacia el final del día se realizó un allanamiento.

Se obtuvo la dirección a partir del seguimiento satelital del GPS del aparato sustraído. Se logró identificar al supuesto autor y se libró la orden de allanamiento en un domicilio de calle Hernández entre Bolívar y Andrade. Durante ese procedimiento, el sospechoso de 37 años intentó darse a la fuga por el fondo de la vivienda, pero un operativo cerrojo que se implementó rodeando la manzana, le hizo imposible escapar y finalmente fue aprehendido.

En esa requisa se le secuestró prendas de vestir relacionadas con la causa, algunas de ellas que serían las que utilizaba al momento del asalto que se ven en las imágenes, una mochila y diversos elementos cortantes, entre ellos un cuchillo tipo Tramontina, un destornillador y una tijera sin mango, los cuales guardarían directa vinculación con el hecho. Fue llevado a la Jefatura Departamental y quedó alojado con medidas preventivas durante un tiempo.

Los antecedentes

Este hombre ya contaba con antecedentes. En 2017 fue condenado a 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En 2020, en juicio abreviado, fue condenado a dos años y tres meses de prisión efectiva por tentativa de robo y encubrimiento por receptación sospechosa.

El caso último y más resonante sucedió de 2024. El lunes 15 de abril de ese año, este sujeto ingresó a una farmacia ubicada frente al Hospital Centenario, en calles San Martín y Hernández, y amenazó a la empleada con un arma blanca, sustrajo el dinero que había en la caja y huyó con la recaudación.

Entró vistiendo un piloto de lluvia y tapándose la boca con un trapo. La empleada lo reconoció porque durante esa misma mañana ya había ingresado tres veces a vender distintos elementos y le manifestaba que el dueño de la farmacia le debía dinero. Luego saltó el mostrador y amenazándola con el arma blanca se llevó 155 mil pesos de la recaudación. Incluso intentó llevarse el monitor de la PC, pero no tuvo éxito.

En la investigación, y como también se dejó asentado en la denuncia que realizó la víctima de 40 años, este delincuente gritaba que el dueño del comercio “le debía plata” por diferentes changas que realizaba, como ser el corte de pasto o la poda de árboles, y en la cuarta vez que ingresó produjo el robo y fue identificado.

En esa ocasión se lo detuvo en San José al norte. Fue trasladado a Jefatura Departamental, y tras 24 horas de estar detenido, se ordenó una medida de prisión preventiva por 20 días. En julio de ese 2024 fue declarado primer reincidente y recibió un año de prisión efectiva que cumplió en la Unidad Penal 9.

Actualmente se encuentra con medidas inhibitorias y acusado de robo agravado por uso de arma, una imputación que tiene una escala penal que va desde los 5 hasta los 15 años de prisión. El fiscal cerró la etapa investigativa y ya requirió la elevación para que en los próximos meses se realice el juicio que lo podría enviar nuevamente a la cárcel.

La Justicia de Gualeguaychú condenó a Oscar Nazareno Muñoz a un año de prisión y le impuso una multa por su responsabilidad penal en dos hechos de tenencia simple de estupefacientes, que fueron considerados en concurso real.

El primero de los hechos había ocurrido el 15 de abril de 2026, cerca de las 4 de la madrugada, cuando Muñoz caminaba por la zona de San Juan y Soldado Mostto. Al advertir el paso de un móvil policial, aceleró la marcha y fue interceptado a pocas cuadras. Durante la requisa encontraron en su poder una bolsa con 70 gramos de cannabis sativa y otros dos envoltorios que contenían cocaína. Ambos episodios fueron considerados por la Justicia como dos hechos de tenencia simple de estupefacientes, que concursaron de manera real.

El segundo hecho sucedió el 17 de julio de 2026, cuando se realizó un allanamiento y registro en una vivienda de calle Mostto 480. Durante el procedimiento, Muñoz fue encontrado en el baño y llevaba en uno de los bolsillos de su pantalón dos medias que contenían 139 envoltorios de cocaína. Además, en una billetera que tenía en otro bolsillo se encontraron otros dos envoltorios con la misma sustancia.

La sentencia fue dictada por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, Tobías Podestá, y quedó firme en el mismo momento de su dictado debido a que las partes renunciaron expresamente a los plazos procesales.

Además de la pena de prisión, el tribunal resolvió declarar a este hombre de 33 años como tercer reincidente. Con la sentencia firme, por tratarse de un juicio abreviado, se dispuso que la prisión preventiva que cumplía Muñoz sea convertida en detención en calidad de condenado, manteniéndose su alojamiento en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Leonardo Airaldi a 12 años de prisión y le impuso una multa superior a los 118 millones de pesos, al considerarlo responsable de liderar, proveer y financiar una organización narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes que operó entre 2019 y 2024 en Diamante y Paraná.

El veredicto de los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello, alcanzó además a otros seis imputados, mientras que dos acusados resultaron absueltos. Las penas impuestas fueron inferiores, en algunos casos, a las solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. En el caso de Airaldi, la Fiscalía había reclamado 14 años de prisión.

La defensa del exdirigente ruralista, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, había anticipado horas antes del veredicto que esperaba una absolución y adelantó que, ante una eventual condena, recurriría el fallo una vez conocidos sus fundamentos.

Las condenas dictadas por el Tribunal

Además de Airaldi, Juan Erbes fue condenado a seis años de prisión y una multa de 11 millones de pesos, mientras que Sebastián Armocida recibió una pena de seis años de cárcel y una sanción económica de 10 millones.

En tanto, Roberto Coronel fue condenado a cinco años de prisión y una multa de siete millones de pesos. Joel Shonfeld, considerado partícipe secundario, recibió tres años de prisión y una multa de cinco millones de pesos.

Por su parte, María Soledad Touzet fue condenada como partícipe secundaria a tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de tres millones de pesos.

Walter Gonzalo Olivero recibió también tres años de prisión condicional y una multa de tres millones de pesos. El Tribunal dispuso su inmediata libertad y ordenó retirarle la tobillera electrónica.

Dos acusados fueron absueltos

El Tribunal resolvió, además, absolver a Cristian Emanuel Sánchez y Marino Martínez de las acusaciones formuladas en su contra.

El fallo llegó después de un extenso debate en el que la Fiscalía buscó demostrar la existencia de una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes y atribuyó a Airaldi un papel central dentro de su funcionamiento.

Según la hipótesis sostenida por la acusación, Airaldi distribuía tareas y administraba los recursos financieros y logísticos destinados a la compra, traslado y comercialización de drogas en la región.

La acusación había sido impulsada por el Ministerio Público Fiscal, representado por Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, junto al fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy y el funcionario de PROCUNAR Martín Uriona.

Las causas que llegaron a juicio

El proceso judicial unificó dos expedientes considerados centrales para reconstruir el funcionamiento de la organización. Uno de ellos tuvo su origen en agosto de 2022, en Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe.

Aquella investigación comenzó a partir del secuestro de 30 kilos de cocaína, cuya logística fue vinculada por los investigadores con Airaldi y otros integrantes de la estructura investigada.

El segundo expediente se concentró en las presuntas operaciones realizadas mediante rutas fluviales y terrestres. Según la investigación, parte de esa logística habría sido coordinada desde una estancia situada en una isla del río Paraná.

En relación con esa causa continúa prófugo Diego Torres, identificado como puestero del establecimiento y buscado en el marco de la investigación.

La defensa anticipó que recurrirá la condena

Antes de conocerse el veredicto, Barbitta había cuestionado la prueba reunida contra su defendido y sostenido que esperaba una absolución. “Estamos esperando la absolución de Leonardo Airaldi”, había manifestado a Elonce.

La letrada también dejó planteado cuál será el próximo movimiento judicial ante una sentencia condenatoria. “Ya lo charlamos con Leonardo y él está de acuerdo que, cuando lleguen los fundamentos, vamos a presentar un recurso de casación”, adelantó.

De esta manera, una vez que se conozcan los fundamentos completos de la sentencia, la defensa podrá avanzar con la impugnación anunciada. Mientras tanto, el veredicto dejó a Airaldi condenado a 12 años de prisión como principal responsable de la organización narcocriminal juzgada en Paraná.

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, informó que junio de 2026 concluyó con 12.319 personas privadas de su libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), lo que representa un crecimiento del 1,3% (153 personas más) respecto de las registradas al cierre de 2025.

Los datos surgen del reporte semestral Población privada de libertad en cárceles federales, correspondiente al período enero-junio de 2026, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada.

En ese marco, el informe indica que al cierre del primer semestre del año se registró una sobrepoblación del 6,8%, equivalente a 785 personas privadas de la libertad por encima de la capacidad de alojamiento informada por el SPF.

Asimismo, destaca que la mayor parte del crecimiento de la población fue absorbida por la Unidad 36 de Santa Fe, incorporada al sistema en diciembre de 2024, que incrementó su ocupación en 115 personas durante el semestre. En contraste, la Unidad 17 de Candelaria redujo su población de 188 a 148 personas (40 menos).

Situación procesal y jurisdicción

En relación con la situación procesal, el documento indica que 6 de cada 10 personas privadas de su libertad cuentan con condena firme. En términos porcentuales, el 64,4% (7.927 personas) se encuentra condenado, mientras que el 35,6% (4.391) permanece detenido en calidad de procesado.

En comparación con el cierre de 2025, la PROCUVIN señala que la cantidad de personas condenadas aumentó un 3,2% (247 personas más), mientras que las prisiones preventivas descendieron un 2,1% (94 personas menos).

En relación con la jurisdicción interviniente, el 51% de las personas alojadas en establecimientos federales se encuentra a disposición de la justicia nacional (6.277), el 44% corresponde a la justicia federal (5.416) y el 5% restante (626) depende de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El informe también destaca que la población dependiente de la justicia nacional creció un 5,5% durante el semestre y que representan la mitad de la población alojada en el SPF.

A su vez, la justicia federal presenta la mayor proporción de personas privadas de libertad sin condena firme: el 40,3%, mientras que en el ámbito nacional el porcentaje de procesados alcanza el 32,8%.

Mujeres y personas travesti-trans

El informe consigna que al cierre de junio de 2026 había 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans detenidas en cárceles federales, lo que representa en conjunto el 8,5% de la población total. El 91,5% restante son hombres.

Durante el período analizado, la cantidad de mujeres privadas de libertad aumentó un 7,4%, mientras que la población travesti-trans se mantuvo relativamente estable. A su vez, 7 de cada 10 personas de estos colectivos se encuentran alojadas en el establecimiento penitenciario de mujeres ubicados en Ezeiza.

El documento también destaca que más de la mitad de las mujeres y personas travesti-trans detenidas no cuenta con condena firme (49,4%), proporción superior a la registrada en la población general.

En cuanto a situaciones específicas, se registraron 11 mujeres embarazadas bajo custodia del SPF y otras 18 detenidas junto a sus hijos/as. La mayoría de estos casos se concentra en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza, mientras que en el Complejo Penitenciario Federal III de Salta se reportaron dos mujeres embarazadas y tres con sus hijos/as.

Jóvenes y población extranjera

El informe señala que las personas de entre 18 y 21 años representan el 2,4% de la población total (297 casos) y que este grupo registró un incremento del 7,2% durante el semestre. A su vez, 7 de cada 10 jóvenes se encuentran detenidos sin condena firme.

Por otro lado, las personas extranjeras constituyen el 15,9% de la población detenida en el SPF, con un total de 1.962 casos, y evidenciaron un aumento del 1% en el período analizado.

Metodología

El documento tiene como objetivo obtener información actualizada sobre la cantidad, distribución y evolución de la población penal del SPF, además de aportar datos sobre su composición según variables sociodemográficas, procesales y jurisdiccionales.

La información presentada toma como fuente los reportes publicados mensualmente por el Servicio Penitenciario Federal, que luego son sistematizados y procesados por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la PROCUVIN.

Las cifras corresponden a personas encarceladas en unidades y complejos del SPF. Esto no constituye el universo total de personas privadas de libertad bajo la órbita de la justicia nacional y federal, debido a que no incluye información sobre detenidos/as en cárceles provinciales, institutos penales para personas menores de edad ni dispositivos federales tales como dependencias de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, etc.

El caso se cerró esta semana en un juicio abreviado, en el que este hombre, que no tenía antecedentes penales, se responsabilizó del hecho por el cual estaba imputado y gracias a esa falta de antecedentes y por tratarse de un abuso sexual simple logró escapar de una condena de prisión efectiva.

De la denuncia se desprendió que el imputado la manoseaba por encima de la ropa y que recién se animó a contar lo que padecía luego de la muerte de su madre. La tocaba en reiteradas oportunidades desde ella cumplió los 14 años hasta los 16. Cada vez que la adolescente pasaba frente al hombre, el sujeto le tocaba los glúteos o los pechos, la abrazaba, pese a que ella le pedía que no lo hiciera más. Incluso, hubo momentos en que mientras ella dormía, el condenado se acercaba a su cama y la tocaba en todo el cuerpo.

El fiscal Jorge Gutiérrez encuadró el hecho en el delito de “abuso sexual simple agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente” y fue en ese marco en el que se acordó con el consentimiento de la víctima la condena para este hombre que logró escapar de una pena de cumplimiento efectivo, pero condicionado a no reincidir porque esa sentencia se convertirá en cumplimiento efectivo.

La Policía y la Justicia continúan buscando a Néstor Armando Rondán, quien permanece prófugo tras fugarse antes de ser trasladado a una unidad penal para comenzar a cumplir una condena de seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal.

La sentencia fue dictada por el vocal Pablo Garrera Allende en el marco de una causa impulsada por la fiscal Evelina Espinosa. El condenado debía ser alojado en una cárcel para dar inicio al cumplimiento de la pena, pero logró escapar un día antes de concretarse el traslado.

El hecho por el que fue condenado ocurrió el 4 de agosto de 2024. Según la investigación judicial, la víctima mantenía una relación de amistad con Rondán y ambos regresaban de una fiesta realizada en la localidad de General Campos con destino a Estación Yeruá. Durante el trayecto, el ahora condenado habría golpeado a la joven para luego abusar sexualmente de ella.

A lo largo de la investigación, la Fiscalía reunió diversos elementos probatorios que permitieron avanzar hacia el juicio y obtener la condena. Sin embargo, antes de que la sentencia comenzara a ejecutarse, el acusado logró evadir el accionar de la Justicia.

Según por Concordia Policiales, durante el pasado fin de semana se llevaron adelante allanamientos en Estancia Grande y Estación Yeruá, lugares donde existían indicios de que podría encontrarse oculto. Los procedimientos no arrojaron resultados positivos y el hombre continúa siendo intensamente buscado.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que cualquier dato que permita establecer su ubicación podría resultar determinante para concretar su captura y garantizar el cumplimiento de la condena impuesta por la Justicia.

La titular de la Secretaría de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal de Paraná, la jueza Noemí Marta Berros, resolvió no hacer lugar a la solicitud de expulsión del país (extrañamiento) presentada por la defensa de Jorge Darío Fernández Orué, un ciudadano paraguayo condenado por uno de los transportes de marihuana más grandes detectados en la provincia.

Fernández Orué, quien actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, cumple una pena de 7 años y 6 meses de prisión, además del pago de una multa de 1.050.000 pesos, tras ser hallado coautor del delito de transporte de drogas mediante una sentencia dictada el 9 de abril de 2025. Según el cómputo de pena oficial, el vencimiento total de su condena está previsto para el 3 de enero de 2032.

Junto a Orué fueron condenados Juan Antonio Lugo, a la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva y Diego Espíndola. Estos dos acusados son de Chajarí al igual que el primer condenado por este hecho, el camionero Gastón Siandra. Entre todos los imputados trataron de transportar casi 2.000 kilos de marihuana de Misiones a Buenos Aires.

La controversia se originó cuando la Defensora Pública Oficial, Noelia Quiroga, solicitó iniciar el trámite administrativo de expulsión previsto en la Ley de Migraciones (Ley 25.871).

La defensa argumentó que, al ser Fernández Orué un residente permanente desde el año 2012 y haber sido condenado por un delito doloso, correspondía aplicar el artículo 62 inciso b) de dicha ley, el cual faculta la cancelación de la residencia y posterior expulsión sin exigir el cumplimiento de una parte mínima de la condena.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, representado por José Ignacio Candioti, se opuso terminantemente al pedido. El fiscal sostuvo que, para que un condenado extranjero que cumple una pena privativa de libertad pueda ser expulsado, es requisito indispensable haber cumplido al menos la mitad de la condena, tal como lo establecen el artículo 64 de la Ley de Migraciones y el artículo 17 de la Ley de Ejecución Penal (Ley 24.660).

Los fundamentos del fallo

En su resolución, la jueza Berros coincidió con la postura de la fiscalía y aclaró que no existe la distinción que pretendía la defensa entre extranjeros residentes y aquellos en situación irregular a la hora de ejecutar una expulsión penal.

La magistrada explicó que, si bien la Dirección Nacional de Migraciones debe cancelar la residencia de quien es condenado por un delito doloso, para que dicha expulsión se haga efectiva mientras el sujeto está en prisión, deben cumplirse dos premisas: la cancelación formal de la residencia y el cumplimiento de la mitad de la condena (seis meses después del ingreso al período de prueba).

Bajo este análisis, la jueza determinó que Fernández Orué recién alcanzará el plazo legal para ser expulsado el 3 de octubre de 2028, siempre y cuando no existan otras causas abiertas que requieran su detención.

Tras el rechazo del pedido de extrañamiento, el interno continuará cumpliendo su condena en Gualeguaychú. Como nota adicional en el proceso, la defensa solicitó una autorización para que el condenado sea trasladado el 18 de junio a un turno odontológico en la ciudad de Gualeguaychú, pedido que ha sido derivado a la vista fiscal para su evaluación.

El caso por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay, sumó un nuevo capítulo judicial. El pasado 8 de mayo, el juez Tobías Podestá —vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú— resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva para Néstor Pavón, quien será juzgado este año como coautor del crimen.

La decisión generó malestar en la familia de Micaela, que inmediatamente recurrió a la Cámara de Casación Penal de Paraná. La única medida impuesta a Pavón es presentarse en Gualeguay y fijar domicilio 20 días antes del inicio del juicio, previsto para los días 29 y 30 de octubre y 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre de 2026. El tribunal estará integrado por los jueces Santiago Brugo (Paraná), Maximiliano Larocca Rees (Concordia) y Nicolás Gazali (Concepción del Uruguay).

En el juicio de 2017, Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento. Sin embargo, tras sucesivas apelaciones, en diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que sea juzgado nuevamente, esta vez como coautor y ante un jurado popular.

La resolución reciente de no dictar prisión preventiva reaviva el debate sobre las garantías procesales y la expectativa de justicia en un caso que marcó profundamente a la sociedad entrerriana y nacional. La familia de Micaela insiste en que Pavón debe enfrentar el proceso privado de su libertad, mientras se acerca la fecha de un juicio que será histórico por su modalidad y por la trascendencia del caso.

Fuente: Entre Ríos Ahora

Este jueves por la mañana, la Cámara de Casación de Concordia abrirá un nuevo capítulo en la causa judicial que involucra a Juan Enrique Ruiz Orrico, ex funcionario provincial condenado por el trágico siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 39.

La audiencia fue fijada para las 11:30 y se llevará adelante tras la apelación presentada por la defensa de Orrico contra la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

Orrico fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión efectiva, además de una inhabilitación de 9 años para conducir vehículos. El fallo lo halló responsable del delito de homicidio culposo agravado, considerando el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas. El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024, en el kilómetro 223 de la Ruta Provincial 39, donde murieron Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi.

Durante la audiencia, los jueces analizarán los planteos de la defensa y deberán resolver si confirman la condena o introducen modificaciones al fallo de primera instancia. Mientras la sentencia no quede firme, Orrico continuará en libertad bajo las medidas cautelares establecidas por la Justicia. Ahora

Llegó a su fin, y sin necesidad de realizar un juicio oral y público, el caso por el cual se investigaba el homicidio de Raúl Scherer. Hernán Morales sabía que no iba a tener posibilidades en un juicio por jurado porque las evidencias en su contra eran abrumadoras y por ello decidió adecuarse a un juicio abreviado para evitar el máximo de la pena.

Las condiciones son claras: debía confesar el hecho y renunciar a toda instancia de apelación, dejando firme inmediatamente la sentencia. Para ello también es necesario contar con la aprobación de la familia damnificada, y con esto se acortan instancias que pudieran aletargar cualquier proceso penal.

De esta manera, Morales, que ya se encontraba cumpliendo con una prisión preventiva en la Unidad Penal 9, seguirá su estadía por más de una década en la cárcel de Gualeguaychú sin derecho a tratar de lograr una disminución de la pena.

Una fiesta que terminó en tragedia

Raúl Scherer fue asesinado de un disparo el día y la noche que disfrutaba de su jubilación. Tenía 69 años esa madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025 cuando Hernán Morales le disparó con un arma que fue a buscar hasta su casa, molesto porque lo habían echado de la fiesta.

Dos Hermanas es una localidad del departamento Gualeguaychú, cercana a la jurisdicción de Larroque, que se caracteriza por su tranquilidad. Pueblo rural, de viviendas alejadas y con la vida social propia de este tipo de parajes. En este contexto, ese primer fin de semana de noviembre se realizaba una fiesta en la casa de los Scherer, por la celebración de un cumpleaños de un sobrino y la jubilación de la víctima, pero todo terminó de la peor forma.

Morales, de 29 años, estuvo radicado en Buenos Aires durante un tiempo, internado por problemas de adicciones, pero en los últimos meses había regresado a vivir junto a su madre y su padrastro, que estaba como encargado del establecimiento San Antonio, ubicado a un kilómetro de la casa de los Scherer.

Morales ya venía con problemas. Tenía denuncias por violencia de género, radicadas por su ex pareja y sabiendo estos antecedentes, no estaba invitado al festejo porque la joven iba a estar en el lugar. Pero se apareció igual y fue allí donde se encontró con la mujer y comenzaron los problemas.

Empezó a molestarla y hubo una discusión muy fuerte con un tercero, por aparentes celos; y fue en ese marco que el dueño de casa lo echó, pero Morales se fue amenazando que volvería y que la situación se iba a poner peor. Fue así que caminó hasta el puesto que tiene su padrastro en el establecimiento y sacó dos armas: una escopeta y una carabina, y regresó hasta el lugar. Desde antes de ingresar comenzó a disparar. Había un centenar de personas en el festejo, por lo que esos disparos podrían haber impactado en cualquiera, pero fue en el cuerpo de Raúl Alfredo Scherer que tuvieron un resultado mortal.

Un proyectil impactó en la zona inguinal derecha de la víctima, que produjo una hemorragia inmediata con shock hipovolémico, que derivó en una falla renal multiorgánica. Uno de sus hijos lo cargó en una camioneta y lo llevó hasta Larroque, pero los médicos del Hospital San Isidro Labrador no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

La Policía fue alertada de inmediato de lo sucedido y cuando llegaron al lugar se cruzaron con la camioneta del padrastro de Morales, que lo trasladaba al hospital para atenderlo de las lesiones que sufrió tras el ataque. La Policía de Larroque adujo que fue el padrastro de Morales quien lo lesionó de un golpe en la cabeza con un fierro para quitarle las armas y calmarlo.

Fue hospitalizado y permaneció en Terapia Intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú, pero fue por unos días porque para la tarde del 5 de noviembre recibió el alta y fue llevado a declarar ante la fiscal subrogante Emilce Rivollier, que le tomó declaración por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego y luego se resolvió su preventiva en el Juzgado de Garantías.

Desde entonces esperaba en la Unidad Penal de Gualeguaychú por el juicio que la fiscal Martina Cedrés iba a llevar adelante, pero antes que ello ocurra decidió adecuarse al procedimiento abreviado.

Los abusos a menores se repiten a diario. En el Poder Judicial acaparan horas y horas de atención y de recursos las causas por este tipo de delito. Son una constante que no distingue clases sociales, edades, ni lugares. Ocurre en todos lados y en todos los ámbitos. Los responsables son siempre los mismos: miembros del círculo familiar de la víctima.

En esta ocasión, el hecho que llama la atención es otro: dos hermanos, de más de 50 años, fueron condenados en los últimos cuatro meses por abusar de menores de edad que son familiares directos de personas con quienes ellos mantenían una relación de pareja.

El primero de los dos fue Diego, que se hizo tristemente famoso luego que la familia de su joven pareja, 28 años menor, hiciera público la búsqueda de la joven de 23 años, que había dejado su casa para escapar a su lado.

Fue a fines de abril del 2025 cuando llegó a su fin la historia que tuvo con cierta preocupación a parte de la sociedad de Gualeguaychú: era intensamente buscada la joven de 23 años que había abandonado su casa. Si bien ya era mayor de edad, había cierta preocupación en su familia por la pareja que tenía: un hombre de 51 años que tenía su actividad laboral en la zona del delta entrerriano.

Con el correr de la investigación se estableció que este hombre, identificado como Diego Francisconi, había abusado de una niña de 12 años, que era familiar directa de la joven que tenía como novia y fue por ese delito que el 12 de noviembre de 2025 fue condenado, en un juicio abreviado, a 7 años y 6 meses de prisión.

Francisconi había conocido a su novia cuando ella tenía apenas 16 años y desde ese momento iniciaron una relación, que se transformó en una convivencia un año más tarde. Primeramente, lo hicieron en Villa Paranacito, pero luego, y tras un gran esfuerzo de la familia de la chica, se logró que ambos regresaran a Gualeguaychú, en 2021.

Se les construyó un dúplex en el barrio Pitter y allí vivieron hasta que a mediados de abril del año pasado se desató una discusión entre ambos, cuando el hombre fue abordado por la joven por el abuso de una menor de edad.

Tras ello, Francisconi abandonó la casa, pero días después ella lo siguió y fue su familia, preocupados por la integridad de la joven, la que decidió denunciar lo ocurrido.

El 26 de abril fueron localizados en un campo en la zona de Punta Caballo, en cercanías a Ceibas. Fue gracias al trabajo de investigación que hizo la Policía a través de la triangulación de antenas de telefonía celular, debido a que el hombre mantuvo una serie de comunicaciones a través de su móvil. Sin embargo, ella decidió defenderlo a través de los mismos medios públicos que se hicieron eco de la desesperada búsqueda de su familia y de la existencia de la denuncia por el abuso sexual de la menor de edad.

Casi en forma simultánea a la búsqueda de Diego en el sur entrerriano, en la Fiscalía de Villa Paranacito se daba a conocer otro hecho que tenía a su hermano Néstor como protagonista. Quien radicaba la denuncia era una ex pareja, que, tras su separación, tomó conocimiento, a través de su propia hija, quien que había sido abusada por el hombre que cumplía la figura de padrastro.

A sus 16 años, la joven se animó a contarle a su madre que durante el tiempo en que ella cursó tercer y sexto grado de la escuela primaria, Néstor había abusado de ella sexualmente y con acceso carnal. La relación de pareja ya había sido disuelta y la madre creyó automáticamente el relato de su hija, por lo que decidió denunciarlo.

El caso recayó en manos de la fiscal Natalia Bartolo, quien llevó adelante la investigación. En primer término, se esperó un plazo prudente para que la niña siguiera un proceso terapéutico y luego, cuando estuvo en condiciones, declaró en Cámara Gesell. Se le practicó una inspección médica y se encontraron rastros de abuso, lo que permitió imputar a Francisconi del delito de abuso sexual agravado con acceso carnal cometido contra una menor y por la situación de convivencia preexistente.

Finalmente, el último miércoles se realizó una audiencia de juicio abreviado, con el consentimiento del Ministerio Pupilar, la víctima y su madre, y se condenó a Néstor Francisconi a cumplir una pena de 8 años de prisión.

Como las sentencias se dictaron en juicio abreviado, los condenados renunciaron a los plazos de apelación y los dictámenes quedaron automáticamente firmes. Es decir, inmediatamente fueron llevados a la cárcel para cumplir con la pena.

Primero, llegó Diego a la Unidad Penal N° 9, en noviembre, y quedó alojado en el módulo destinado a los internos condenados por delitos contra la integridad física y sexual de las personas. El miércoles pasado llegó Néstor, que también fue alojado en el mismo módulo. Ambos abusadores compartirán celda en los próximos años.

El 6 de mayo, el imputado ingresó al domicilio en pleno barrio Munilla, en los primeros minutos de la madrugada, y sorprendió a la víctima. Se inició una discusión y fue en ese momento en que comenzó a golpearla con sus puños y patadas. La tomó del cuello y de los cabellos, y la arrojó contra una pared. Luego la arrastró por el piso donde había vidrios rotos, mientras la víctima clamaba por ayuda.

Los gritos de la joven mujer salían del domicilio de calle Borques en plena madrugada y esto originó que el agresor abandonara la vivienda. Pero antes que ello sucediera, y mientras la víctima estaba tirada en el suelo, le pisó el abdomen y se fue saltando una reja.

La mujer permaneció encerrada en el interior de la vivienda sin poder salir porque la despojó de la llave del candado de la entrada, y fue la policía y los vecinos quienes pudieron auxiliarla pocos minutos después cuando pudieron abrir el portón de la entrada.

La víctima resultó con equimosis y escoriaciones en distintas partes del cuerpo, e incluso sufrió una hemorragia en su oído izquierdo. Finalmente, y pocas horas después, el agresor fue localizado y detenido, quedando bajo la orden de la fiscal Eliana Ghiglione. La funcionaria judicial logró posteriormente que desde el Juzgado de Garantías se dispusiera de un arresto domiciliario por 60 días con el cumplimiento de otras medidas de prevención hacia la mujer.

El tiempo pasó y si bien el acusado recuperó la libertad ambulatoria, persistieron las medidas de prohibición de acercamiento y contacto con la mujer, y fue esta semana que el caso se cerró con un juicio abreviado en el que recibió una pena de dos años de prisión condicional por no tener antecedentes en este tipo de delitos. En caso de incumplir con las medidas impuestas, esa condena se vuelve de prisión efectiva.

La muerte de Iván Pérez significó un caso emblemático para la ciudad del carnaval, porque tuvo distintos condimentos que la hicieron especial. Se trató de un caso de gatillo fácil, donde el imputado era un policía y la víctima era un joven con antecedentes policiales por hechos de robos y hurtos. Pero además, fue el primer juicio por jurados que se desarrolló en Gualeguaychú y el primero en quedar estancado, porque no hubo un veredicto de unanimidad.

Para el segundo juicio la situación fue diferente: hubo unanimidad y se condenó a Mauricio Gómez a una pena de 17 años de cárcel. Pero allí se inició un proceso recursivo que el abogado defensor Alfredo Vitale llevó a la Cámara de Casación Penal de Concordia en primer término, donde no tuvo aceptación, y más tarde ante el máximo órgano de Justicia de Entre Ríos, donde pasó exactamente lo mismo.

En esta sentencia que se conoció esta semana en torno al caso, Vitale había hecho mención sobre la imposibilidad de usar las filmaciones del primer juicio en marzo de 2021 y/o remitirse a lo que había sucedido en ese debate que se realizó en el centro de Convenciones. En la sentencia del Superior Tribunal de Justicia se señaló que el sistema acusatorio vigente se basa en oralidad, inmediación y contradicción: solo vale la prueba producida ante el jurado del juicio, y que las declaraciones de un juicio anterior “estancado” no son prueba válida ni pueden incorporarse al nuevo debate.

Además, se hizo saber que la defensa tuvo oportunidad de controlar la prueba mediante el contrainterrogatorio y se especificó que admitir esos videos a los que hacía mención Vitale habría violado la inmediación y las reglas del juicio por jurados. Por lo cual, se concluyó que no hubo afectación del derecho de defensa.

En resumen, los integrantes del Tribunal rechazaron el recurso presentado porque entendieron que no se probó violación al derecho de defensa, la exclusión de las filmaciones fue correcta según el sistema de juicio por jurados, la calificación legal aplicada era válida y los agravios a los que hizo mención la defensa se trataron de discrepancias, pero no arbitrariedades.

Gómez se encuentra condenado, pero en libertad y a la espera de la firmeza de la sentencia. Actualmente radicado en Concepción del Uruguay puede iniciar un camino legal ante la Corte Suprema de Justicia, pero debe ser la justicia entrerriana la que otorgue el permiso de hacerlo y si ello no ocurriera puede hacerlo en queja, pero es un camino difícil y costoso, y está más cerca de cumplir con lo dispuesto en el juicio realizado en 2023 en Gualeguaychú.

Juan Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por las muertes de Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años, como consecuencia de la tragedia vial de Ruta Provincial 39 del 20 de junio de 2024.

Durante la extensa lectura del adelanto de sentencia, el juez Darío Crespo explicó que Ruiz Orrico fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas fatales. Y, además, lo condenó a la inhabilitación especial por nueve años para conducir.

En su amplio adelanto del veredicto, el que se extendió por dos horas, Crespo apuntó a la “gravísima imprudencia de Ruiz Orrico” y confirmó que “está probado que se conducía a un vehículo oficial, desafiando imprudentemente la nocturnidad en una ruta que carece de iluminación, lo que lo obligada a hacerlo con mayor cautela, y transitaba luego de haber ingerido una considerable cantidad de alcohol e invadió el carril contrario”. Para el magistrado, el imputado “no contempló herramientas que mitigaran el riego de una conducción desaprensiva”.

“Quedó acreditado que la maniobra (de Ruiz Orrico) constituye una de las más riesgosas, peligrosas y prohibidas por la ley de tránsito, como lo es la invasión del carril contrario, al constituirse como un obstáculo imprevisto e inesperado e ineludible para todo aquel que circule”, argumentó el juez. Y remarcó: “En el impacto nada tuvieron que ver el modo en el que transitaban los cuatro jóvenes lamentablemente fallecidos”. Se recordará que circulaban sin el cinturón de seguridad colocado.

Conducción “imprudente y desaprensiva”

Durante el anticipo de la sentencia, el magistrado expresó que “el imputado reconoció el hecho imputado y ofreció disculpas extensas a las memorias de los fallecidos y sus familiares expresando su sentimiento de profundo pesar frente a lo inconmensurable del dolor y del daño provocado al que consideró irreparable, asumiendo su exclusiva responsabilidad en el evento intentando un perdón que quizás no le fuera concedido pero que igual implorara frente al gravísimo resultado mortal de su acción antirreglamentaria”. No obstante, este reconocimiento, Crespo consideró que “no basta esa admisión, más allá de su importancia”; y reafirmó que “es necesario confrontar esa confesión con el plexo de evidencias colectadas y pruebas producir para corroborar que existe que un cúmulo probatorio y contundente que permite lograr reconstruir lo que aconteció aquella madrugada y sus consecuencias”.

Para el juez, la acreditación de la materialidad del hecho y la intervención responsable del acusado en los términos atribuidos, más allá del expreso reconocimiento efectuado por Ruiz Orrico, “las pruebas no dejan dudas de la responsabilidad de la autoría del acusado como único y exclusivo responsable” de las muertes de los cuatro jóvenes que se encaminaban a su trabajo cuando encontraron la muerte.

Reconoció el proceso penal no hará desaparecer el dolor por las pérdidas y a los familiares de las victimas les aseguró que sus hijos “en nada contribuyeron al desenlace fatal”. Crespo remarcó que “la invasión antirreglamentaria del carril contrario” por parte de Ruiz Orrico fue la única causa del accidente. “Si el carril no hubiese sido invadido, hubiesen llegado sanos y salvos al frigorífico, pero no fue así”, destacó.

En la oportunidad, repasó los testimonios conmovedores de los padres de los fallecidos y valoró que “aún quebrados por el dolor, todos lo hicieron sin detonar venganza o revanchismo para con Ruiz Orrico”. Y ponderó que reclamaron “con respeto y desesperación que se hiciera justicia”.

Los argumentos de la sentencia serán dados a conocer el martes 17 de marzo a las 8.30 en los Tribunales de Concepción del Uruguay.

Cómo ocurrió el siniestro

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta 39, entre las localidades de Caseros y Herrera, en el departamento Uruguay.

Según la investigación judicial, alrededor de las 4.30, Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial. De acuerdo con los peritajes incorporados a la causa, el acusado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre y circulaba a una velocidad aproximada de 150 kilómetros por hora.

En esas circunstancias, el vehículo impactó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro trabajadores del frigorífico de la localidad de Pronunciamiento.

Como consecuencia del violento choque fallecieron Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años.

El caso generó fuerte repercusión pública y derivó en la apertura de una causa judicial por homicidio culposo agravado. Cinco días después del siniestro, Ruiz Orrico fue desplazado de su cargo como titular del Instituto Portuario de Entre Ríos.