Granja Tres Arroyos, la principal empresa del grupo avícola GTA, presentó ante la Justicia el pedido de apertura de su concurso preventivo de acreedores, en un nuevo capítulo de la crisis financiera y operativa que atraviesa el holding. Según explicó a Perfil Julio Chamorro, dirigente gremial de Granja Tres Arroyos, actualmente existen dos solicitudes de concurso, una correspondiente a Wade SA y otra a Granja Tres Arroyos, pero ambas aún no habrían sido admitidas formalmente por la Justicia.

“Por el momento GTA S.A. tiene cursadas dos solicitudes de concurso, una por Wade y otra por GTA. Entendemos que la Justicia aún no las admite dado que no se publicó el edicto; técnicamente no están concursados, lo que ocurrirá más pronto que tarde”, señaló Chamorro.

La presentación de Granja Tres Arroyos quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°21, Secretaría N°42, bajo el expediente “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”.

Una deuda creciente y una reestructuración que no avanzó

El pedido ante los tribunales se produce después de meses de negociaciones privadas con acreedores que no consiguieron destrabar la situación financiera del grupo. Respecto del pasivo total del grupo es algo que no se puede aproximar, "ya que que GTA no comparte información de ningún tipo incumpliendo el deber de buena fe para con los trabajadores en directa infracción con el art. 04 de la ley 23.546", mencionaron desde la firma.

La propuesta que había sido analizada contemplaba una reestructuración de esa deuda con quitas de hasta 75%, plazos de pago de hasta siete años, incorporación de nuevos inversores y venta de activos considerados no estratégicos. También se había buscado conseguir capital de trabajo mediante aportes de inversores, nuevas líneas de crédito y anticipos de clientes. Sin embargo, el esquema no logró avanzar y la compañía terminó recurriendo al proceso concursal.

La dimensión del deterioro también aparece en los registros financieros. Distintos relevamientos contabilizaron miles de cheques rechazados y una importante deuda bancaria de $115.105.774.630,21.

El conflicto laboral que terminó con una conciliación obligatoria

La crisis financiera tuvo además un fuerte impacto sobre el empleo. Durante 2026, el ajuste se profundizó con despidos y paralizaciones de plantas, lo que derivó en un conflicto con los trabajadores.

El 4 de septiembre, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga de cinco días, frente a los despidos en distintas plantas de Granja Tres Arroyos y Wade. La medida contempló la reincorporación de los trabajadores despedidos y abrió una nueva instancia de negociación entre las partes.

Según informó oficialmente la cartera laboral bonaerense, los despidos alcanzaban a 1.200 trabajadores: 700 de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de Pilar y 450 de Esteban Echeverría.

La intervención provincial se produjo en una audiencia entre representantes de las empresas y del Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA). Además de la reincorporación de los trabajadores mientras regía la conciliación, se acordó la entrega de 1.000 cajones de pollo destinados a los empleados despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta.

El ajuste golpeó la producción

El conflicto laboral fue acompañado por una reducción de la actividad. El Grupo GTA inició desde fines de 2024 un proceso de reducción de costos que incluyó retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, reducción temporal de salarios y concentración de operaciones.

Durante 2026, el ajuste se profundizó con la paralización transitoria de las plantas de Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría, mientras que la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, ya había dejado de operar. La empresa también había reducido su estructura productiva frente a una menor escala de actividad.

De gigante avícola a una estructura productiva en retracción

El grupo llegó a operar ocho plantas de faena en Argentina y Uruguay, concentrar más del 20% de la producción avícola nacional y emplear a más de 7.000 personas en su etapa de mayor expansión.

También alcanzó una importante presencia internacional, con exportaciones a decenas de mercados y una producción de cientos de miles de pollos diarios.

El deterioro comenzó a profundizarse a medida que se complicaron algunos de sus mercados externos. China, uno de los principales destinos para el pollo argentino, había cerrado sus importaciones en 2023 después del brote de influenza aviar. La reapertura parcial posterior no permitió recuperar los niveles anteriores y la empresa debió redireccionar parte de sus ventas.

La menor actividad externa se combinó con una estructura industrial diseñada para una escala de producción mayor. Desde fines de 2024, el grupo comenzó a concentrar operaciones y reducir costos, pero las medidas no alcanzaron para revertir el deterioro financiero.

Wade ya había recurrido a la Justicia

El ingreso de Granja Tres Arroyos al proceso concursal ocurre apenas unos días después de que Wade SA, otra de las sociedades principales del Grupo GTA, presentara su propio pedido de concurso preventivo.

Wade es la sociedad vinculada a los activos de la ex Cresta Roja, mientras que Avex, incorporada al grupo en 2019, tiene su principal complejo avícola en Río Cuarto, Córdoba.

Con la presentación de Granja Tres Arroyos, el proceso judicial alcanza ahora a la sociedad central del conglomerado. El desafío pasa por ordenar sus obligaciones con acreedores y determinar el futuro de una estructura productiva que ya viene atravesando un fuerte proceso de ajuste. Perfil

Con el archipiélago en el centro de la agenda pública argentina, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, pidió al Congreso de la Nación derogar la Ley 24.184. La misma fue sancionada en 1992 y ratifica el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones firmado entre la Argentina y el Reino Unido.

La propuesta del funcionario fueguino se dio a conocer el lunes por la noche a través de un mensaje publicado en su cuenta de X: "Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de 'nación más favorecida' y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio".

La propuesta del funcionario fueguino sobre las islas Malvinas

Según el análisis de Dachary, derogar la Ley 24.184 es una "medida fundamental" para la política exterior argentina. "Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas #Malvinas", detalló.

"Denunciar este tratado es un paso necesario para cumplir con la Constitución", concluyó el fueguino.

El planteo de Dachary se conoció días después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional un incremento del presupuesto de Defensa destinado a la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, además del endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el área del archipiélago sin autorización argentina.

El funcionario dirigió su reclamo directamente al Poder Legislativo, al etiquetar en su publicación al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación.

Qué dice la ley que pide derogar Tierra del Fuego

La Ley 24.184 aprobó el convenio bilateral firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990 y sancionado por el Congreso el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem. El acuerdo, compuesto por 14 artículos, establece que ninguna de las partes puede otorgar a las inversiones de la otra un trato menos favorable que el aplicado a sus propios inversores o a los de terceros países.

El convenio también garantiza a los inversores británicos la libre transferencia de ganancias y establece protección frente a expropiaciones sin compensación. En caso de disputas, además, contempla mecanismos de arbitraje internacional.

El acuerdo fue uno de los resultados del proceso de normalización bilateral iniciado con los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre octubre de 1989 y febrero de 1990, que restablecieron las relaciones diplomáticas entre Argentina y Reino Unido después de la Guerra de Malvinas de 1982.

Uno de los puntos que podría complicar una eventual derogación inmediata es la protección prevista para las inversiones realizadas mientras el convenio estuvo vigente. La propia Ley 24.184 establece que, en caso de denuncia del tratado, esas inversiones continuarán amparadas por sus disposiciones durante 15 años adicionales.

El artículo 3 establece el principio de "nación más favorecida", al que hizo referencia el funcionario fueguino. La norma dispone: "Ninguna Parte Contratante someterá en su territorio las inversiones y las ganancias de inversores de la otra Parte Contratante a un trato menos favorable que el otorgado a las inversiones y ganancias de sus propios inversores o a las inversiones y ganancias de inversores de cualquier tercer Estado".

Además, también agrega que "ninguna Parte Contratante someterá en su territorio a los inversores de la otra Parte Contratante, en cuanto se refiere a la gestión, mantenimiento, uso, goce o liquidación de sus inversiones, a un trato menos favorable que el otorgado a sus propios inversores o a los inversores de cualquier tercer Estado".

Horas antes del mensaje de Dachary, el Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El Ejecutivo fundamentó la medida en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades realizadas sin autorización argentina en esa zona, publicó Ámbito.

La Casa Blanca inició una revisión formal de las metas de inversión en defensa fijadas para los miembros de la OTAN. En ese marco, el gobierno estadounidense analiza los compromisos estratégicos asumidos con sus aliados del Atlántico Norte, incluyendo las discusiones vinculadas a la administración de territorios británicos de ultramar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió en el Despacho Oval al proceso de evaluación que lleva adelante su administración respecto del gasto militar de los países integrados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Durante un encuentro con la prensa, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de revisar el posicionamiento estadounidense ante la controversia por la soberanía de las Islas Malvinas. Al respecto, señaló que se trata de un aspecto en análisis dentro del marco general de relaciones con los aliados estratégicos.

Las expresiones coinciden con la difusión de análisis periodísticos que dan cuenta de una auditoría promovida por Washington sobre el cumplimiento del objetivo presupuestario de las naciones miembro de la alianza defensiva. La administración norteamericana impulsa que los Estados parte incrementen su inversión hasta alcanzar el 5% del Producto Bruto Interno (PBI) destinado al área de defensa. En ese contexto, los informes señalan que las autoridades de Washington consideran insuficiente la hoja de ruta presentada hasta el momento por el gobierno británico conducido por el primer ministro Andy Burnham.

Históricamente, la diplomacia estadounidense ha mantenido una postura de neutralidad formal en la disputa territorial entre la República Argentina y el Reino Unido. No obstante, los trascendidos diplomáticos indican que las alternativas bajo análisis buscan exigir mayores compromisos presupuestarios dentro de la estructura de la OTAN.

Frente a este escenario, las autoridades argentinas monitorean la evolución de las declaraciones bajo un criterio de prudencia técnica. El diplomático estadounidense asignado en Argentina, Peter Lamelas, ratificó oportunamente que las líneas directrices de la política exterior de su país no registran modificaciones oficiales respecto del estatus de neutralidad en el conflicto del Atlántico Sur.

(Fuente: TN)

El escenario de incertidumbre en torno a la firma Granja Tres Arroyos registró un nuevo avance este fin de semana tras la ratificación definitiva de 270 desvinculaciones laborales. La medida quedó firme luego de concluir el período de conciliación obligatoria sin que se alcanzaran acuerdos para la revisión de los cesantes o la reactivación plena de las operaciones, lo que motivó a los empleados a convocar a una movilización con carácter de urgencia.

La convocatoria está fijada para este domingo 30 a las 18:00 horas. El punto de encuentro dispuesto por los trabajadores es el predio de la propia empresa, ubicado en el cruce de la calle Dr. Luis B. Calderón y el Camino al Matadero Municipal. Bajo la consigna central "Que no se apague la lucha", el colectivo busca visibilizar el estado actual del conflicto y exigir precisiones respecto al cumplimiento de los haberes pendientes, las indemnizaciones correspondientes y las eventuales alternativas de reincorporación o continuidad productiva.

El agravamiento del cuadro laboral se confirmó tras la finalización del marco legal que mantenía en suspenso las medidas operativas. Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de la Alimentación, indicó que durante el proceso de diálogo se habían contemplado instancias de revisión, pero al no formalizarse un entendimiento, la firma sostuvo las desvinculaciones. En ese sentido, la representación gremial señaló la ausencia de un cronograma concreto para el pago de los salarios adeudados y las liquidaciones finales, al tiempo que remarcó: "Estamos bastante desanimados, pero seguimos luchando".

A la par de las acciones gremiales y las asesorías legales dispuestas para el personal cesanteado, se mantienen gestiones orientadas a la eventual incorporación de socios o la venta de unidades productivas dentro de la provincia, con el objetivo de evitar la quiebra y garantizar la viabilidad del establecimiento. No obstante, al no registrarse por el momento un acuerdo formal con un grupo inversor, los operarios enfatizan la urgencia de recibir respuestas oficiales por parte de las autoridades administrativas.

Por su parte, las distintas áreas del estado local y de la Municipalidad siguen de cerca el desarrollo de las negociaciones, en vistas del impacto económico y social que genera la paralización de la planta en las familias de la comunidad. La jornada de protesta de este domingo se perfila como una instancia clave para manifestar el rechazo al cierre de la firma y requerir definiciones claras a la brevedad.

Concluyeron los trabajos de la reconstrucción total de calle Perigán, entre 3 de Diciembre y Boulevard Daneri, un proyecto total que alcanzó más de 3.500 m² de calzada asfáltica urbana totalmente renovada y que fue financiada con recursos provenientes de las arcas municipales.

Antes de esta intervención, este corredor de la zona oeste de la ciudad exhibía un avanzado deterioro estructural, evidenciado en deformaciones permanentes, fisuración generalizada, baches, pérdida de material, hundimientos localizados y fallas originadas por deficiencias en la infraestructura subterránea existente.

Las tareas incluyeron la demolición de las losas de hormigón en mal estado, la reconstrucción de todos los sectores afectados y la construcción de la nueva carpeta de rodamiento a lo largo de cinco cuadras equivalentes a 600 metros lineales.

Durante los trabajos, además, se realizaron más de 40 conexiones nuevas de agua y cloaca; se chequeó el funcionamiento de las existentes; se retiraron tres guardaganados que fueron reemplazaron por conductos de hormigón; se mejoró el sistema cloacal con la instalación de válvulas, hidrantes y nuevas tapas de registro. Es por todos estos trabajos que la infraestructura de servicios subterráneos quedó, a su vez, en condiciones plenamente operativa.

Al término de la obra, la calzada reúne ahora condiciones estructurales acordes al nivel de servicio actual: capacidad portante adecuada, correcta evacuación de aguas superficiales, eliminación de los puntos de conflicto que generaban los guardaganados y una superficie de rodamiento segura, uniforme y apta para soportar las cargas de tránsito previstas durante la vida útil de diseño.

Desde el Foro Permanente de Discapacidad renovaron su reclamo ante la falta de respuestas institucionales y exigieron que la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados se convoque para debatir la prórroga de la Ley 27.793.

Ante el contexto actual, aseguraron que “la emergencia en discapacidad continúa” y marcaron la urgencia de que el Poder Legislativo asuma su rol.

Para visibilizar la gravedad de la situación, los referentes del espacio detallaron una serie de irregularidades que atraviesa el sector, señalando que “los aranceles están muy por debajo de lo necesario” y que “nunca se realizó el estudio de costos previsto por la ley”.

Asimismo, advirtieron que “siguen sin otorgarse pensiones por discapacidad” y que las compensaciones de emergencia asignadas continúan sin pagarse.

Ante este panorama, desde la organización interpelaron de forma directa a los legisladores que integran la comisión de la Cámara Baja. “La emergencia no terminó. Y los derechos no pueden seguir esperando”, afirmaron, al tiempo que remarcaron que el pedido cuenta con el respaldo conjunto de prestadores, trabajadores, familias y personas con discapacidad.

Por último, concluyeron con un llamado a la acción dirigido a los congresistas: “Exijamos a nuestros representantes que hagan su trabajo. Que escuchen. Que actúen”.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, reconoció que existe un riesgo para la salud pública en Ceuta debido al hacinamiento de migrantes, aunque descartó que la ciudad atraviese un “colapso sanitario”.

“¿Hay una crisis humanitaria? Sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí”, afirmó tras reunirse con autoridades locales y sanitarias.

Según detalló García, en los últimos 15 días fueron atendidos 5.800 migrantes, de los cuales 3.500 recibieron atención primaria y 2.300 fueron asistidos en hospitales. Actualmente hay 101 personas internadas en el hospital de Ceuta, entre ellas 28 migrantes.

La funcionaria sostuvo que el principal riesgo está relacionado con las condiciones de salubridad y el hacinamiento, que pueden favorecer la aparición o propagación de enfermedades infecciosas.

En ese sentido, reclamó al Gobierno de Ceuta la cesión de más espacios para garantizar agua, higiene, alimentación y alojamiento adecuado. “Albergar y darles techo a los migrantes, esa es la actuación sanitaria más urgente”, remarcó.

Sin embargo, rechazó asociar la inmigración con la enfermedad y calificó esa relación de “injusta” y “xenófoba”. El Ministerio, además, trasladará parte de su equipo del CAES a Ceuta para reforzar el control epidemiológico y trabajar junto a las autoridades locales.

(Fuente: Agencia NA)

Enzo Fernández se convirtió en el blanco de severas críticas por parte de los principales tabloides y diarios deportivos de Inglaterra. El conflicto se desató tras su regreso a la cancha de Stamford Bridge en la victoria 3-1 del Chelsea frente a la Real Sociedad, encuentro en el que ingresó en el segundo tiempo y recibió una reacción dividida por parte de la tribuna: mientras un sector lo silbó, otro grupo de aficionados lo aplaudió cuando asumió la cinta de capitán tras la salida de Reece James.

La hostilidad del público británico responde principalmente a su actuación en las semifinales del Mundial 2026, donde convirtió el gol que encaminó la victoria de la Selección Argentina ante el combinado de Inglaterra, sumado a la incertidumbre que rodea su continuidad en el club londinense ante las versiones de un traspaso al Manchester City.

Los portales y portadas de la prensa escrita en Gran Bretaña reflejaron el malestar generalizado:

La Fundación ACNUR Argentina alertó en el Día de la Niñez que, según las últimas estimaciones del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), más de uno de cada cinco menores vive actualmente en zonas de conflicto.

Para visibilizar esta problemática, Fundación ACNUR Argentina impulsó la iniciativa La Guerra NO es un Juego, de acuerdo con el material que hizo llegar a la Agencia Noticias Argentinas.

Actualmente, alrededor del 65% de la población infantil mundial vive en países afectados por conflictos.

En muchos de estos contextos, la violencia y la persecución obligan a familias enteras a desplazarse.

Son 45 millones los niños y niñas que debieron huir de sus hogares para salvar sus vidas.

Desde Sudán hasta Gaza, Afganistán o Ucrania, las crisis dejan en evidencia una dolorosa realidad: los niños y las niñas siempre están entre los más afectados durante los conflictos y las guerras, alerta el documento de la Fundación ACNUR.

Además de la violencia directa, enfrentan graves consecuencias indirectas, como el difícil acceso al agua potable, el riesgo de mortalidad debido a enfermedades y desnutrición, la falta de vacunas y atención médica o las altas probabilidades de interrumpir su educación.

El impacto de los conflictos sobre la infancia se agrava aún más ante la destrucción de escuelas y hospitales, el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de los grupos armados y el desplazamiento forzado.

Miles de niños y niñas se ven obligados a cruzar fronteras solos y, en la huida, muchos son reclutados para luchar como soldados o son víctimas de redes de trata y esclavitud sexual.

Junto a autoridades nacionales, organizaciones internacionales y socios locales, trabaja para acompañar a la infancia desplazada y buscar soluciones duraderas.

Entre sus principales acciones, procura que los niños y niñas no acompañados o separados de sus familias reciban atención y accedan a servicios de búsqueda y reunificación familiar; que los recién nacidos sean registrados al nacer; y que la infancia con discapacidad reciba el apoyo que necesita.

Además, impulsa espacios seguros, actividades de apoyo psicosocial y oportunidades educativas para que los niños y niñas forzados a huir puedan reconstruir sus vidas y recuperar cierta estabilidad.

En este contexto, Fundación ACNUR Argentina llamó a colaborar económicamente a través de FUNDACIONACNUR.ORG/DONA

A lo largo de estos años, numerosas celebridades se han sumado a esta campaña, entre ellas Osvaldo Laport, embajador de Buena Voluntad de ACNUR, Georgina Barbarossa, Claudia Villafañe, Marcela Kloosterboer, Eleonora Wexler, Benjamín Vicuña, Isabel Macedo, Juan Carlos Baglietto, Eugenia Tobal, Josefina “La China” Ansa y Flavia Palmiero, entre otras.

“Ningún niño o niña debería acostumbrarse a oír alarmas antiaéreas, jugar entre escombros o saber que en cualquier momento puede verse obligado a huir para salvar su vida. En el Día de la Niñez es fundamental recordar que millones de chicos y chicas viven una infancia atravesada por el conflicto y el desplazamiento forzado. Cuando la guerra obliga a huir, la protección se vuelve urgente”, afirmó Paula Martínez Álvarez, directora de Comunicaciones de Fundación ACNUR Argentina.

(Fuente: Agencia NA)

El senador nacional por Entre Ríos de La Libertad Avanza (LLA), Joaquín Benegas Lynch, quedó en el centro de una polémica por una casa sin declarar. La controversia estalló luego de que se difundieran imágenes de una lujosa propiedad, donde el legislador celebró su cumpleaños número 50 con una fiesta que duró tres días.

Según trascendió, el inmueble ubicado frente al río Paraná, en La Paz, es una estancia de estilo colonial cuyo valor rondaría los US$250.000. El caso volvió a poner bajo la lupa el patrimonio del legislador, quien ya tuvo que realizar rectificaciones en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo con las explicaciones que habría dado Benegas Lynch, durante el año pasado solo había abonado el 10% del valor de la propiedad y completó la escrituración en julio de este año.

“Eran las 7 de la mañana y no paraban, tres días estuvieron”, relató una vecina al referirse al festejo. Los residentes también cuestionaron las obras en el lugar y señalaron problemas vinculados con el desvío de agua hacia viviendas ubicadas en otros sectores.

La controversia sobre la lujosa propiedad de Benegas Lynch se suma a otro cuestionamiento relacionado con los negocios privados del senador. Incluso, algunos aliados del bloque de LLA en el Senado ya rumorean que es el “nuevo Adorni”.

El vínculo entre su actividad empresarial y su función legislativa generó críticas porque el senador participó de las sesiones en las que se debatió la Ley de Tierras, una normativa vinculada con el sector en el que desarrolla parte de sus negocios, publicó Tn.

Benegas Lynch niega que exista un conflicto de intereses. Sin embargo, dirigentes de la oposición y algunos sectores aliados cuestionaron su participación en el debate y plantearon que debería haberse abstenido.

El crédito se incorporó a los cuestionamientos que surgieron en torno a sus bienes y actividades económicas. Ante la repercusión de las denuncias, Benegas Lynch habría mantenido conversaciones con integrantes del Gobierno nacional para explicar su situación.

Por ahora, la lujosa casa del senador quedó como el principal foco de una polémica. Aunque también alcanza sus declaraciones patrimoniales, sus negocios privados y el millonario préstamo que recibió de la entidad bancaria.

El caso vuelve a poner bajo discusión la transparencia patrimonial de los funcionarios de La Libertad Avanza, un espacio que construyó buena parte de su discurso político sobre la crítica a la denominada “casta” y a los privilegios de la dirigencia tradicional.

APFDigital

La situación laboral de los exempleados de la firma Uniónbat ingresó en una etapa de alta tensión tras confirmarse el vencimiento del plazo legal estipulado para el pago de las indemnizaciones correspondientes a los despidos formalizados en las últimas semanas. Según confirmó el referente del Sindicato del Personal Químico y Petroquímico, Martín Gómez: "La compañía no ha efectuado desembolso alguno hasta la fecha, acumulando una deuda total con la totalidad del personal desafectado".

De acuerdo con las normativas vigentes en la legislación laboral: "La empresa contaba con fecha límite hasta el pasado lunes 10 de agosto para efectivizar la cancelación de los haberes e indemnizaciones. Ante la falta de depósitos y la ausencia de respuestas operativas por parte de los apoderados de la firma, la representación legal de los exempleados resolvió avanzar por la vía formal de intimación", aclaró Gómez.

"Durante la jornada de ayer, martes 11 de agosto, los trabajadores despedidos remitieron un telegrama legal mediante el cual se le otorga a Uniónbat un plazo perentorio de 48 horas hábiles para liquidar la totalidad de las obligaciones adeudadas", manifestó el dirigente. Este mecanismo busca dejar constancia formal del incumplimiento e iniciar los pasos legales correspondientes en el fuero laboral en caso de persistir el cese de pagos, "sólo resta esperar", afirmó Gómez.

En el marco de la incertidumbre generada, comenzaron a circular versiones en la comunidad respecto a posibles concentraciones o disturbios en las inmediaciones del establecimiento industrial. Sin embargo, Gómez desmintió categóricamente dichos trascendidos y llevó tranquilidad a la población: "La jornada se desarrolla en orden, no hay presencia de trebajadores afuera del predio ni medidas de fuerza que alteren la vía pública en este momento".

Asimismo, al ser consultado sobre el futuro del personal y eventuales procesos de reincorporación o nuevas entrevistas laborales para reubicar a los operarios, el dirigente sindical aclaró que, por el momento, "la entidad gremial no dispone de información oficial ni de gestiones abiertas en esa dirección". La prioridad absoluta del sindicato se concentra exclusivamente en lograr el cobro efectivo de los montos adeudados a las familias afectadas.

Con la intimación formal ya en curso, el desenlace del conflicto depende ahora de la respuesta que brinde Uniónbat dentro del plazo otorgado, el cual vence formalmente al cierre de la semana. De no concretarse el pago, el gremio y los trabajadores evaluarían recurrir a las instancias administrativas del Ministerio de Trabajo y a las acciones judiciales pertinentes.

En un clima de marcada tensión política y legislativa, el Senado de la Nación dio inicio a la sesión ordinaria para tratar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La jornada arrancó con intensos cruces verbales entre el bloque oficialista de La Libertad Avanza y las bancadas opositoras, que centraron sus primeras intervenciones en la reciente crisis diplomática desatada con la República Federativa de Brasil a raíz de los dichos del presidente Javier Milei.

Antes del tratamiento formal del articulado, los senadores de la oposición alineados al peronismo —entre ellos Martín Soria y José Mayans— plantearon cuestiones de privilegio contra el Poder Ejecutivo. Criticaron con dureza la conducción de la política exterior y advirtieron sobre el impacto económico e institucional del distanciamiento con el principal socio comercial de la región.

La respuesta oficialista no tardó en llegar a través de la jefa de bancada, Patricia Bullrich, quien cruzó a sus pares al señalar que no miden con la misma vara los posicionamientos políticos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante los procesos electorales argentinos. En su alocución, Bullrich solicitó formalmente el regreso de Julio Bitelli, embajador de Brasil en Argentina, y pidió desvincular las disputas partidarias de las relaciones estratégicas entre ambas naciones.

Paralelamente al debate diplomático, el proyecto llegó al recinto con profundas modificaciones en su redacción original. Para evitar una derrota parlamentaria o la postergación del debate, el oficialismo resolvió retirar de manera completa el capítulo que pretendía modificar la actual Ley de Tierras y liberalizar o ampliar los topes para la compra de terrenos rurales por parte de capitales extranjeros. La decisión se precipito tras la falta de consensos con bloques aliados e independientes, quienes manifestaron serias dudas sobre los cambios planteados en materia de soberanía territorial.

Con la eliminación del aspecto más controvertido de la norma, la iniciativa quedó enfocada en la protección patrimonial y el régimen aplicable a inmuebles afectados por siniestros. En ese sentido, el senador Agustín Coto (La Libertad Avanza), en su rol de miembro informante, defendió la propuesta centrando sus argumentos en la libertad de disposición de las tierras incendiadas, una regulación que actualmente restringe la venta o cambio de uso de suelo para evitar presuntas especulaciones inmobiliarias.

Durante el inicio del tratamiento, la bancada del Justicialismo sumó un gesto político al colocar en sus bancas insignias con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas", recreando la bandera desplegada recientemente por los futbolistas del seleccionado nacional. Por su parte, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch utilizó una cuestión de privilegio para responder a los pedidos de impugnación formulados por la oposición sobre un presunto conflicto de intereses en el debate por su actividad privada en el sector inmobiliario rural, requerimiento que rechazó al argumentar una total invalidez legal.

Con una extensa lista de oradores anotados, la Cámara Alta prevé un prolongado debate antes de someter la iniciativa a votación.

Mirá el debate:

El conflicto laboral en la planta fabril de Unionbat en Gualeguaychú alcanzó un desenlace definitivo tras la finalización del periodo de conciliación obligatoria sin acuerdo entre las partes. La medida dictada por la autoridad laboral concluyó formalmente este martes a las 14:00 sin que la representación patronal presentara alternativas para revertir los cesantes ni garantizar el sostenimiento de las fuentes de trabajo en el predio industrial local.

Desde la conducción del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas confirmaron que durante los 21 días en los que se extendió la instancia legal, la dirección de la firma no acercó propuestas concretas para reincorporar al personal o reestructurar el esquema operativo. Según detallaron desde la entidad gremial, las audiencias transcurrieron sin negociaciones efectivas respecto a la continuidad de las líneas de producción, ratificando la empresa su postura inicial de desafectar a un total de 100 operarios.

Con la conclusión del plazo preventivo, la situación entra en una etapa orientada al reclamo de las obligaciones legales pendientes. La representación de los trabajadores indicó que se mantendrán a la espera del transcurso de los cuatro días hábiles previstos por la normativa vigente para que la compañía efectivice el pago total de las indemnizaciones correspondientes a cada uno de los despedidos.

A la par de las indemnizaciones por despido, la entidad sindical reclama la liquidación inmediata de haberes vencidos y prestaciones de la seguridad social que registran demoras. Entre los montos exigidos se encuentran las quincenas correspondientes al 20 y al 5 del mes en curso, además de la regularización de los aportes destinados a la obra social del sector, los cuales sufrieron interrupciones en los meses previos.

El referente de la organización gremial, Martín Gómez, expresó que la pérdida de este volumen de empleos representa un fuerte impacto para la estructura productiva y la economía local. El dirigente enfatizó que el resultado era evitable si hubiese existido disposición negociadora por parte del sector empresarial para buscar mecanismos alternativos que permitieran mantener activa la fábrica en la ciudad.

El gremio también dirigió duras críticas al desempeño de la Secretaría de Trabajo provincial durante el desarrollo del diferendo. Desde el sindicato señalaron que el organismo gubernamental no ejerció un rol activo de mediación ni aplicó las sanciones o multas previstas para los casos en que las partes no muestran voluntad de acordar durante la conciliación obligatoria. Según la postura gremial, las dilaciones en los plazos administrativos terminan perjudicando la estabilidad financiera de los asalariados mientras transcurre el conflicto.

El cierre de la vía administrativa habilita a las partes a adoptar los pasos legales o gremiales que consideren pertinentes. Mientras corre el lapso legal para el cumplimiento de los pagos por cese y la cancelación de salarios adeudados, los trabajadores despedidos y el sindicato evalúan las medidas a seguir para garantizar la cobertura médica y la liquidación integra de los conceptos estipulados por la ley de contrato de trabajo.

Granja Tres Arroyos inició el proceso de reestructuración financiera más importante de sus más de 50 años de historia. La empresa, líder de la industria avícola argentina, elaboró un plan para evitar la quiebra que incluye la incorporación de nuevos socios, la venta de activos por al menos US$30 millones (entre ellos tres establecimientos ubicados en Entre Ríos) y la renegociación de una deuda que supera los US$350 millones.

El objetivo inmediato consiste en obtener más de US$115 millones para garantizar la continuidad operativa y recuperar la confianza de acreedores, proveedores e inversores.

La propuesta fue diseñada por Valo Columbus, la división de banca de inversión del Banco de Valores, y comprende a las compañías Granja Tres Arroyos, Wade y Avex. El documento reconoce que la estructura financiera del grupo llegó a un punto crítico y que resulta indispensable rediseñar completamente el esquema de financiamiento para asegurar la continuidad de la empresa.

La decisión representa un punto de inflexión para una compañía que durante décadas fue considerada uno de los grandes casos de éxito de la agroindustria nacional, dio a conocer IProfesional. La misma organización que logró consolidarse como la mayor productora y exportadora avícola del país hoy reconoce que necesita una transformación profunda para sostener su actividad.

Ese crecimiento también estuvo impulsado por la adquisición de nuevas empresas y establecimientos industriales, entre ellos Avex, lo que fortaleció su presencia en distintas provincias y amplió considerablemente su capacidad de producción. Gracias a esa estrategia, la compañía llegó a posicionarse como la principal empresa avícola del país y una de las mayores exportadoras del sector alimenticio argentino.

Sin embargo, la estructura industrial que durante años representó una ventaja competitiva terminó convirtiéndose en uno de sus mayores desafíos. En los últimos meses comenzaron a hacerse visibles conflictos laborales, atrasos con proveedores, dificultades para cumplir compromisos financieros y crecientes obligaciones fiscales, un escenario que finalmente derivó en la elaboración de un plan integral de rescate.

Para alcanzar ese objetivo, Granja Tres Arroyos diseñó una estrategia basada en cuatro pilares.

El primero consiste en obtener nuevas líneas de financiamiento destinadas al capital de trabajo. El segundo apunta a desprenderse de parte de su patrimonio mediante la venta de activos considerados no estratégicos.

El tercer eje prevé negociar anticipos comerciales con grandes clientes para acelerar el ingreso de fondos, mientras que el cuarto (considerado el más relevante por la propia empresa) propone incorporar uno o más inversores capaces de aportar alrededor de US$45 millones entre capital y deuda. En conjunto, estas herramientas permitirían reunir los recursos necesarios para estabilizar la operación y afrontar el proceso de reorganización financiera.

Para una empresa que históricamente permaneció bajo el control de la familia De Grazia, la decisión representa un cambio profundo en su estrategia empresarial. Hasta ahora, el crecimiento siempre había sido financiado manteniendo el control familiar, pero la magnitud de la crisis llevó a reconsiderar esa política.

En paralelo, el grupo busca mejorar la utilización de su infraestructura industrial mediante la modalidad de fazón, un esquema ampliamente utilizado en la industria alimenticia por el cual una empresa produce para terceros utilizando instalaciones ya existentes. La intención es incrementar la actividad de plantas que actualmente no operarían a plena capacidad y generar ingresos adicionales sin realizar nuevas inversiones.

Entre ellos aparecen entidades financieras como Rabobank, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Banco Nación, BICE, BBVA, Santander, Banco Provincia, Supervielle, Credicoop, Galicia y Bibank, además de fideicomisos financieros, pagarés bursátiles y otros instrumentos utilizados para financiar distintas etapas del crecimiento del grupo.

La deuda también involucra a proveedores de granos, laboratorios, empresas veterinarias, transportistas, productores integrados, vacunadores, compañías energéticas y numerosos prestadores que participan de la operatoria diaria. A ello se suman importantes compromisos tributarios con ARCA y organismos fiscales provinciales. Esa diversidad explica por qué la empresa optó por una reestructuración integral y no únicamente por refinanciar créditos bancarios.

La tercera opción elimina cualquier reducción del capital, aunque extiende los pagos durante siete años, mientras que la cuarta está dirigida a proveedores estratégicos mediante una facilidad sindicada respaldada por garantías reales. A cambio, la empresa les solicita continuar abasteciendo de materias primas e insumos durante el período más complejo de la reestructuración, una condición que busca evitar interrupciones en la producción.

De ese modo, Entre Ríos concentra tres de las cinco unidades incluidas en el plan: el tambo de Santa Elena, el establecimiento porcino de Bella Vista y la planta Becar de Concepción del Uruguay. El documento aclara que no necesariamente todas serán vendidas, sino que integran el conjunto de activos susceptibles de ser negociados para fortalecer la posición financiera del grupo.

Los fondos generados por esos negocios serían administrados por un fiduciario independiente y destinados prioritariamente al pago de quienes adhieran al plan de reestructuración.

Además, algunos tramos de la deuda podrían contar con hipotecas de primer grado sobre activos del grupo. Incluso se contempla utilizar exportaciones futuras hacia mercados como China, la Unión Europea y Chile como respaldo adicional, siempre que esas operaciones puedan concretarse en los próximos años.

Además, será indispensable conseguir el financiamiento previsto y cumplir una serie de condiciones económicas antes del cierre definitivo de la operación. La empresa admite que ese respaldo externo será determinante para sostener el negocio durante los próximos meses, publicó IProfesional.

Como alternativa, el documento contempla avanzar con un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) si las negociaciones no alcanzan el consenso esperado. Ese escenario refleja que la empresa busca contar con una vía adicional para evitar la paralización del proceso y mantener abierta la posibilidad de reorganizar financieramente a una de las compañías más emblemáticas de la industria alimenticia argentina.

El resultado dependerá ahora de la respuesta de bancos, proveedores, organismos fiscales y potenciales inversores, cuyo acompañamiento será decisivo para el futuro de Granja Tres Arroyos.

Según consta en el acta correspondiente al expediente N° 3434021, la audiencia se desarrolló este 4 de agosto en Paraná, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el organismo provincial.

Durante la reunión, la representación sindical manifestó que la empresa no presentó propuestas para resolver el conflicto y ratificó todas las denuncias realizadas previamente ante la Secretaría de Trabajo.

Entre los principales reclamos, el gremio sostuvo que Unionbat S.A. no cumplió con la conciliación obligatoria, ya que, según afirmó, desde el inicio de esa instancia no reincorporó a los trabajadores afectados. Además, denunció la falta de pago de los salarios correspondientes a la primera quincena de julio, el incumplimiento de acuerdos económicos —entre ellos pagos por horas extras y beneficios previstos en el convenio colectivo para trabajadores jubilados— y la interrupción de la cobertura de la obra social por falta de ingreso de los aportes y contribuciones patronales.

Ante este escenario, el sindicato advirtió que, una vez finalizada la conciliación obligatoria, llevará adelante medidas de acción directa y/o acciones judiciales en defensa de los derechos de los trabajadores.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Trabajo que intime a la empresa a cumplir con sus obligaciones laborales en tiempo y forma y que aplique las sanciones correspondientes por los incumplimientos constatados.

Por su parte, la representación de la empresa ratificó lo manifestado previamente, según quedó asentado en el acta, sin que se incorporaran nuevos argumentos durante la audiencia.

Cerca de las 5:50, cuando las personas abandonaban los establecimientos dedicados al esparcimiento nocturno sobre la calle Rocamora, casi en su intersección con 3 de Caballería, se desencadenó un episodio de alteración del orden público que requirió la intervención inmediata de los uniformados asignados a la custodia de la zona.

El conflicto se originó cuando un joven de 23 años fue expulsado del interior del recinto bailable por el personal de seguridad privada debido a conductas inadecuadas. Una vez en la vereda, el muchacho reaccionó de manera descontrolada: tomó botellas con agua y comenzó a arrojarlas contra los trabajadores del lugar, generando momentos de tensión e inquietud entre el resto de los peatones que transitaban por la zona de la Costanera y el centro.

Ante la gravedad del alboroto, el personal que prestaba servicio adicional en la puerta del boliche solicitó el apoyo de las patrullas apostadas en las inmediaciones. Los efectivos del área de Minoridad se acercaron rápidamente para intentar calmar los ánimos y despejar la arteria. Sin embargo, el individuo continuó con una actitud sumamente hostil, profiriendo gritos, insultos y amenazas directas hacia las autoridades presentes en el lugar.

Ante la imposibilidad de solucionar la falta mediante el diálogo, los funcionarios debieron proceder a su reducción mediante el uso de la fuerza mínima e indispensable para neutralizar el riesgo. Tras ser controlado en el suelo y esposado, el revoltoso fue subido al móvil policial y trasladado a la sede correspondiente para su identificación.

El caso quedó a cargo del fiscal de turno de la ciudad, quien dispuso la imputación formal del muchacho por el delito de resistencia a la autoridad. Tras someterse a las revisiones médicas de rigor, el aprehendido quedó alojado en las celdas de la Jefatura Departamental Gualeguaychú.

El Gobierno de España desplegó este jueves unidades militares en el enclave norafricano de Ceuta para apoyar a la Guardia Civil, luego de un masivo ingreso por mar de personas provenientes de Marruecos que desbordó por completo las capacidades de contención de las fuerzas de seguridad locales. Ante la magnitud de la crisis migratoria, el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, confirmó que viajará al territorio este viernes para evaluar la situación sobre el terreno.

De acuerdo con reportes oficiales, las Fuerzas Armadas reforzarán los operativos en tareas de custodia fronteriza y en cualquier labor adicional requerida para restablecer el orden. Todo el personal militar involucrado operará bajo la coordinación directa del Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas.

Ante este panorama, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, le solicitó al Gobierno central de España la declaración de la emergencia nacional y la asunción de un mando único, al señalar que la administración local carece de la infraestructura necesaria para responder al evento de manera autónoma.

Por su parte, Rachid Sbihi, referente de la asociación que representa a los oficiales de la Guardia Civil en Ceuta, definió la coyuntura como "caótica" y confirmó que, si bien resulta complejo precisar la cifra exacta de personas en tránsito, "hay miles de inmigrantes cruzando".

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañará al presidente Pedro Sánchez en su recorrido institucional de este viernes. A través de sus canales oficiales, el mandatario español aseguró que el Estado movilizará "todos los recursos necesarios" en colaboración estrecha con el gobierno marroquí para estabilizar el enclave.

Junto con Melilla, Ceuta constituye uno de los dos territorios españoles situados en la costa norte de África y representa la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, condición por la cual históricamente se consolida como uno de los principales puntos de paso migratorio hacia la región europea.

[Con información de Agencia NA]

El fútbol internacional atraviesa uno de sus momentos institucionales más tensos tras la contundente postura adoptada por la UEFA, que amagó con retirar a sus selecciones de las competencias organizadas por la FIFA. El conflicto escaló luego de una reunión clave en la que las 55 asociaciones miembro del organismo europeo rechazaron unánimemente el proyecto impulsado por Gianni Infantino para crear una firma filial que administre los derechos comerciales del Mundial y otros torneos, abriendo la puerta a la participación de capitales privados. Para las autoridades europeas, la medida representa una alteración de fondo en el modelo de gestión global y atenta directamente contra el carácter estrictamente deportivo de la máxima cita balompédica.

A través de un durísimo comunicado oficial, la cúpula europea remarcó que la Copa del Mundo no puede tratarse como un mero producto de inversión ni ser entregada a privados. Además de cuestionar el fondo del asunto, la UEFA apuntó contra los métodos empleados por la FIFA, calificando de irresponsable el hecho de que la propuesta fuera diseñada en absoluto hermetismo y presentada mediante condicionamientos a las federaciones, lo cual consideraron una forma de gobierno basada en la coerción que dista de los principios democráticos.

Pese a los argumentos defensivos de Infantino, quien sostiene que la FIFA mantendrá su estatus de entidad sin fines de lucro y que el capital privado potenciará el crecimiento global, en Europa consideran que priorizar intereses financieros sienta un peligroso precedente. Con un eventual boicot sobre la mesa que afectaría a torneos masculinos, femeninos y juveniles, la falta de consensos anticipa una de las crisis políticas más complejas de la historia reciente del deporte.

La discusión por la Ley de Tierras volvió a poner en agenda uno de los casos más emblemáticos vinculados a la propiedad rural en Argentina: la venta de Valle Hermoso, una pequeña localidad de La Rioja que en 2008 quedó comprendida en una operación de compraventa de 200.000 hectáreas adquiridas por un inversor estadounidense. La transacción incluyó campos, montañas, fuentes de agua y también el pueblo, con sus habitantes, una escuela, una capilla y un puesto sanitario.

El antecedente cobró nueva relevancia mientras el Congreso analiza el proyecto oficial que busca modificar la Ley 26.737, sancionada en 2011 para establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Mientras el Gobierno sostiene que la normativa desalienta inversiones, sectores que rechazan la iniciativa alertan sobre un eventual impacto en la soberanía y el control de recursos estratégicos.

En ese contexto, el fiscal de Estado de La Rioja, Emilio Rodríguez, quien encabezó la defensa judicial de los habitantes de Valle Hermoso, recordó el proceso que permitió reconocer los derechos de la comunidad y cuestionó cualquier intento de flexibilizar la legislación vigente.

"Después de una década de batalla judicial, logramos que se reconozca la posesión de la gente que vive en Valle Hermoso, un pueblo que fue vilmente rematado", afirmó Rodríguez en declaraciones al programa Total Normalidad, de Futurock.

El funcionario recordó que la operación inmobiliaria implicó, en los hechos, la venta de toda la comunidad. "Todo el pueblo fue vendido como una mercancía cualquiera. Se las compraron a un grupo de abogados que habían obtenido el remate de esas tierras. Nosotros lo reclamamos porque fue una maniobra casi clandestina", sostuvo.

Rodríguez explicó que el conflicto permitió dejar en claro la diferencia entre la titularidad registral y la posesión efectiva de la tierra. "Las escrituras de estas hectáreas nunca tuvieron la posesión real; solo unos pocos en nuestro país tienen acceso a ella. El poseedor habita la tierra, la trabaja y se siente dueño, un derecho amparado por el Código Civil. Fue un caso tan paradigmático que se convirtió en el gran motor para la sanción de la Ley de Tierras", afirmó.

El caso de Valle Hermoso evidenció un vacío legal que permitía la compra de grandes extensiones de territorio sin restricciones específicas, incluso cuando incluían poblaciones consolidadas o recursos hídricos estratégicos.

Como respuesta, en 2011 el Congreso sancionó la Ley de Tierras Rurales, que estableció un límite del 15% para la propiedad extranjera sobre tierras rurales, fijó restricciones para inmuebles con cuerpos de agua y definió topes máximos de superficie por titular extranjero.

Para Rodríguez, tanto la sanción de la ley como el fallo judicial fueron determinantes. "La ley fue clave, pero también lo fue la lucha judicial. Esa gente nunca tuvo una escritura y hoy tiene su posesión reivindicada", destacó.

El fiscal también reveló que el comprador extranjero nunca avanzó judicialmente para reclamar las tierras adquiridas.

"Quien adquirió la tierra jamás se presentó a reclamarla. Se decía que iba a litigar en tribunales de Estados Unidos, pero nunca ocurrió", señaló.

Además, recordó que durante la operación se detectaron incumplimientos administrativos. "Se omitió presentar un proyecto de desarrollo frente al ministerio, un requisito esencial. En ese momento instamos una resolución para suspender la compra de inmediato", indicó.

Frente al nuevo debate parlamentario, Rodríguez manifestó su rechazo a una eventual flexibilización de la norma. "Nosotros, desde la experiencia concreta de haber defendido un pueblo que fue vendido a un extranjero, debemos defender los límites a la propiedad", remarcó.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener una modificación de la legislación. "Este proyecto pone en serio riesgo la soberanía y la seguridad de la Nación. La ley vigente tuvo en cuenta esos puntos esenciales: no le prohíbe nada al extranjero, simplemente impone límites razonables", concluyó.

(Fuente: El Once)

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) ratificó la realización de un paro activo en toda la provincia de Entre Ríos para el próximo miércoles 29 de julio. La decisión fue adoptada tras el estancamiento de las negociaciones paritarias salariales con las autoridades provinciales, donde las propuestas presentadas resultaron insuficientes para responder al deterioro del poder adquisitivo del sector. Desde la conducción sindical manifestaron que la jornada no se plantea como un retiro de los puestos laborales, sino como una instancia de presencia, debate colectivo y visibilización del reclamo en cada dependencia del Estado provincial.

De forma previa a la huelga, el gremio puso en marcha un cronograma de Recorridas y asambleas informativas en las distintas reparticiones públicas. Estos encuentros preliminares buscan articular las demandas salariales con reclamos históricos del sector público. Entre los puntos centrales se destacan el rechazo a eventuales modificaciones en el régimen previsional, la exigencia de regularización de concursos para consolidar la carrera administrativa y la normalización en el pago de las recategorizaciones pendientes que acumulan retrasos significativos.

Para destrabar el conflicto y evitar un escalamiento de las medidas de fuerza, UPCN remarcó la necesidad imperiosa de convocar a una nueva mesa paritaria con una predisposición real de entendimiento. Desde la representación de los trabajadores estatales señalaron que esto requerirá un mayor esfuerzo económico por parte de las autoridades para garantizar tanto un haber digno para los empleados públicos como la continuidad y calidad de los servicios esenciales que recibe la población en todo el territorio provincial.