La causa que involucra al Parque Industrial de Gualeguaychú continúa avanzando bajo estricta reserva judicial. Tras la audiencia pública realizada a fines de abril, el juez federal Hernán Viri decidió decretar el secreto de sumario, una medida que busca preservar la investigación y evitar filtraciones que puedan entorpecer el proceso. El eje del conflicto gira en torno al funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes, cuestionada por presuntas irregularidades que podrían afectar tanto al ambiente como a la salud de la población.

La postura de la fiscalía generó un fuerte contrapunto con los representantes de Codegu, la corporación que administra el Parque Industrial. Desde la entidad sostuvieron que la planta funciona correctamente y que cumple con los estándares establecidos. Aseguraron que la clausura sería una medida desproporcionada, con consecuencias negativas inmediatas: paralizar el sistema, advirtieron, podría derivar en un “caos operativo, sanitario y ambiental” que impactaría directamente en la calidad de vida de los vecinos. Para Codegu, la continuidad de la planta es indispensable para evitar que los residuos industriales se viertan sin control.

Las denuncias iniciales señalaban fallas en el sistema desde febrero de 2025 y una paralización total en mayo de ese año, atribuida a la falta de mantenimiento y control por parte de las industrias del predio. Desde entonces, la investigación se ha profundizado con pericias técnicas y declaraciones de especialistas del Departamento Ambiental de la Policía Federal. El juez Viri, en entrevistas previas, reconoció que “la situación del lugar es preocupante” y que la presencia de bacterias en el agua constituye un factor de riesgo que no puede ser desestimado.

Ahora, con el secreto de sumario decretado, la causa entra en una etapa decisiva. El magistrado deberá evaluar si da lugar al pedido de clausura formulado por la fiscalía o si considera suficientes las garantías ofrecidas por los empresarios. La resolución tendrá un impacto directo no solo en el funcionamiento del Parque Industrial, sino también en la comunidad de Gualeguaychú, que sigue con atención cada paso del proceso. La tensión entre la necesidad de preservar el ambiente y la continuidad de la actividad económica marca el pulso de un conflicto que aún no encuentra solución definitiva.

La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú convocó a la 22ª Marcha al Puente Internacional General San Martín, que tendrá lugar el domingo 26 de abril. La manifestación volverá a expresar el rechazo a la actividad de las pasteras instaladas en la costa uruguaya y a reforzar la defensa de los recursos naturales.

Como es habitual, la jornada se organizará en forma de caravana que partirá desde el paraje Arroyo Verde, punto histórico de la protesta, hacia la cabecera del puente internacional. Tras la concentración, los participantes regresarán al mismo lugar, donde se realizará el acto central con la lectura de la proclama.

Desde la organización remarcaron que la movilización mantiene su vigencia a más de dos décadas de sus inicios, cuando la comunidad comenzó a manifestarse frente a la instalación de plantas de celulosa en Fray Bentos. Con el paso del tiempo, la marcha se transformó en un símbolo de la lucha ambiental en la región.

Se prevé la participación de vecinos, organizaciones sociales y ambientales, así como también de personas de distintos puntos del país que año a año se suman a la convocatoria. Además, no se descarta que en esta edición se impulsen actividades en otras localidades entrerrianas para ampliar el alcance del reclamo.

Como cada último domingo de abril, la movilización volverá a poner en agenda un conflicto ambiental de larga data que sigue generando adhesiones en la comunidad.

El juez Federal Hernán Viri, brindó detalles sobre cómo fue la audiencia que mantuvo este viernes con las partes involucradas, en dialogó con Ahora ElDía. Antes de tomar una decisión tan drástica como la clausura del Polo Industrial, el letrado debe intentar llegar a una solución del conflicto ambiental. No obstante, de no haber compromiso por parte de los involucrados, el cierre podría ser inevitable.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo del juez Hernán Viri convocó a una audiencia en la mañana del viernes, luego de que llegaran las pericias realizadas por presunta contaminación ambiental. “Fue una audiencia que cité más allá de la responsabilidad penal de cada uno, ya que cuando hay causas ambientales, la Corte nos insta a los jueces a realizar esfuerzos para solucionar la cuestión ambiental. En este sentido, nos pide que realicemos audiencias con las partes para tratar de llegar a una resolución del conflicto y en la medida de lo posible sanear la afectación ambiental”, describió Viri sobre el procedimiento.

Participaron en la audiencia, integrantes de Codegu, entre ellos su presidente, Tomy Fogg, la subsecretaria de Ambiente Municipal, Ivana Zecca, el Ministerio Público Fiscal con la representación de Pedro Rebollo, y representantes de empresas.

Sobre el allanamiento previo y las pericias realizadas, el juez Federal detalló que “la situación del lugar es preocupante. En su momento mandé a hacer una pericia, y se le tomó declaraciones a un perito especialista de la Policía Federal del Departamento Ambiental. Respecto de los metales detectados están dentro de los límites, no hay contaminación, pero sí se detectó Escherichia coli, que eso sí afecta la salud, el ambiente y está contemplado en el Anexo 2 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

Y agregó que: “Por eso estaríamos frente a un delito. En su declaración el perito, aconsejó la clausura temporal hasta que se solucione la cuestión ambiental. Como sé que clausurar el Parque Industrial tiene muchos efectos, lo que quise es llegar a un acuerdo, para no tener que dictar esa medida”. Durante el encuentro, Codegu detalló las acciones que está llevando a cabo para remediar la situación y lograr que la Planta de Efluentes Cloacales funcione dentro de los parámetros normales.

“Me contaron que están comprando aireadores para darle más oxígeno a la Planta de Efluentes y están reemplazando otras máquinas. Me dijeron que va a tardar un tiempo, porque hay muchos repuestos que vienen del exterior. Además, colocarán detectores de contaminación a la salida de las empresas, porque detectamos que lo que contamina llega a la planta de efluentes, pero no sabe de cuáles empresas proviene. Es para tener más certezas. Lo que noté es que hay compromiso para dar una solución al problema”, resaltó Viri.

Sobre los plazos y la necesidad de solucionar la situación, Viri fue muy tajante: “El objetivo era ver si las partes podían dar una solución concreta y avanzar. Es por esto que voy a liderar un grupo técnico para que se dé una solución, y no quede sólo en un plan de acción. En esta tensión entre el medio ambiente y el desarrollo industrial, los jueces tenemos que encontrar alternativas o soluciones que contemplen ambas partes, y creo que lo entendieron, porque si se clausura al Parque afecta a las propias empresas. Entiendo que no es de un día para el otro, pero lo que les dije que es plantearan un tiempo lógico.

“Tengo claro que la clausura trae consecuencias, pero seguir permitiendo la contaminación también. En los próximos días voy a esperar que presenten el plan, si no lo hacen, lo voy a intimar. Voy a dar un plazo de entre 7 y 8 días hábiles. Después se evaluará que sea lógico lo que planteen”, agregó. Por otro lado, aclaró que “esto no tiene que ver con la cuestión penal de fondo, porque hubo una afectación ambiental. Pero en lo inmediato mi mayor preocupación es que se solucione. Después la causa penal por contaminación buscará a los responsables que van a tener que responder”. En torno a los próximos pasos a seguir, el juez federal manifestó que una vez que tenga el plan de acción, se llamará a una audiencia pública para que participen los vecinos del Barrio Don Pedro y tomen conocimiento de lo que se hará.

La encargada de asistir a la audiencia fue la subsecretaria de Ambiente Ivana Zecca, quien contó a Ahora ElDía detalles sobre el accionar municipal, “nosotros lo que hicimos fue contar la función de contralor que tiene el Municipio en el Parque Industrial. Los monitoreos y los controles que se han mantenido de forma ininterrumpida desde que asumimos”.

“Además, hemos mantenido una comunicación fluida con los vecinos del Barrio Don Pedro, con la Codegu y el Parque Industrial. También hemos tenido una participación activa en cuanto a brindar sugerencias y soluciones para que el sistema funcione en condiciones”, apuntó. En este sentido, Zecca resaltó que “tenemos un rol de contralor, está todo registrado, cuando se toman muestras se generan actas y está todo a disposición para quien lo requiera. Realizamos muestreos de forma quincenal a la Planta de Efluentes, y cuando hay denuncias intervenimos. Cuando se labra un acta de infracción, se pone en conocimiento al juez de faltas, quien instrumenta las medidas necesarias”.

Además de monitorear la Planta de Efluentes, la Subsecretaría de Ambiente también controla el río en el punto del caño difusor. Zecca señaló que “participamos en la ampliación del plan de acción de Codegu cuando se presentó a los vecinos, que se había estipulado en 30 días. Los últimos resultados que tenemos se nota una mejoría en el proceso, lo que responde a las mejorar que se han hecho, pero falta implementar algunas más”.

“Todos los sensores que tenemos están disponibles para la Justicia. La semana del 23 de febrero vamos a colocar un nuevo medidor de gases en el Barrio Don Pedro y pensamos tener el informe preliminar en marzo”, adelantó.

Desde la Corporación del Desarrollo Gualeguaychú difundieron un comunicado luego de la audiencia, en el que expresaron que “desde la institución se valora especialmente el ámbito de diálogo generado, entendiendo que el intercambio entre los distintos actores involucrados constituye el camino adecuado para alcanzar soluciones sostenibles y consensuadas. En ese sentido, se reafirma su plena voluntad de cooperación y destaca que participó de la instancia con la vocación intacta de continuar trabajando de manera articulada junto al Estado, el sector empresarial y la comunidad”.

Y concluyó: “Finalmente, se ratifica el compromiso histórico con la promoción de un desarrollo industrial que resulte compatible con el cuidado del ambiente y la calidad de vida de los vecinos, pilares fundamentales para el crecimiento equilibrado y sustentable de la ciudad”.

En los últimos días, el Gobierno uruguayo avanzó un paso más en la concreción del proyecto con la firma de un Memorándum de Entendimiento para la instalación de una planta de hidrógeno verde, hecho que reavivó el rechazo de vecinos, organizaciones ambientales y autoridades del lado argentino del río.

La firma del acuerdo fue informada oficialmente a través del sitio web de la Presidencia de Uruguay. El documento fue suscripto este jueves 18 en la Torre Ejecutiva por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y los representantes de HIF Global, Víctor Turpaud y Martín Bremermann.

Según se detalla, el proyecto contempla la construcción y operación de una planta de combustibles sintéticos (e-combustibles) producidos a partir de energía renovable, hidrógeno verde y dióxido de carbono (CO₂). En su etapa final, prevista para 2029, la refinería alcanzaría una producción de 880.000 toneladas anuales, con una inversión total estimada en 5.385 millones de dólares.

La iniciativa incluye la construcción de una planta de hidrógeno verde por electrólisis, una planta de captura de CO₂ de fuentes industriales y biomasa, instalaciones para la producción de e-metanol, e-gasolina y e-gas licuado, además de parques de energías renovables y la infraestructura necesaria para su funcionamiento. La producción sería transportada por tren al puerto de Montevideo para su exportación, principalmente a Europa y Asia.

Desde el Gobierno uruguayo se destacó, además, el impacto económico del proyecto, que prevé exportaciones por más de 1.000 millones de dólares anuales una vez que estén operativos los cuatro módulos, y la generación de empleo para unas 1.400 personas durante la etapa de construcción y 300 puestos permanentes en la fase de operación.

Al igual que ocurrió hace más de dos décadas con la instalación de las pasteras, un nuevo conflicto ambiental vuelve a tensar la relación entre Argentina y Uruguay. Esta vez, el eje de la controversia es el proyecto de la multinacional HIF Global para instalar una refinería de combustibles sintéticos en el departamento de Paysandú, a la vera del río Uruguay y a apenas tres kilómetros y medio de la ciudad entrerriana de Colón.

Sin embargo, el avance del proyecto generó un fuerte impacto en la región, particularmente en Colón, San José y localidades cercanas, donde desde hace meses se vienen manifestando expresiones de rechazo por el posible impacto ambiental, sanitario y turístico de la refinería.

El reclamo es impulsado por vecinos autoconvocados y organizaciones ambientales, entre ellas la Multisectorial Somos Ambiente, y también encuentra eco en agrupaciones y colectivos del propio Uruguay, que comenzaron a sumarse a las protestas contra la planta de HIF Global.

La preocupación también se hizo visible a nivel nacional cuando, durante una transmisión en vivo del canal TN desde Colón, vecinos de la ciudad expresaron públicamente su rechazo al proyecto ante la periodista Paula Bernini.

En noviembre pasado, el tema fue abordado en una reunión bilateral entre los cancilleres de Argentina y Uruguay, de la que participaron también los intendentes de Colón, José Luis Walser, y de Paysandú, Jorge Olivera. Si bien desde ambas partes se destacó el buen clima de diálogo y el intercambio de argumentos, la realidad indica que el proyecto continúa avanzando.

El intendente de Colón, José Luis Walser, fue uno de los dirigentes que se pronunció contra el proyecto. En declaraciones a EL ARGENTINO, el jefe comunal remarcó que el antecedente del conflicto por las pasteras sigue siendo una referencia ineludible para la región, y también dejó expuesta la postura en la última reunión entre los cancilleres, mantenida en Montevideo.

“Lo digo con total firmeza: no podemos cometer el mismo error. Tenemos que aprender de lo que nos pasó con Botnia. Fue un proceso doloroso y todavía quedan heridas abiertas. Estamos a tiempo, hay posibilidades”, sostuvo Walser.

El intendente insistió en que una relocalización tierra adentro del proyecto es viable: “Que Uruguay siga adelante con su política de energía renovable, que genere puestos de trabajo para Paysandú como ellos manifiestan, pero que no interfiera con nuestro desarrollo, que es preexistente. Hace 70 años que hacemos turismo y somos el principal destino de la provincia. Todo eso está en riesgo”.

En este contexto, organizaciones ambientales y vecinos convocaron a una asamblea urgente para este viernes 19 de diciembre a las 20, en Plaza Washington, frente al Municipio de Colón, con el objetivo de definir acciones ante la firma del memorando de entendimiento entre el Gobierno uruguayo y HIF Global.

El conflicto, que recién comienza a escalar, vuelve a poner en el centro del debate la gestión ambiental compartida del río Uruguay y el impacto de los megaproyectos industriales en una región fuertemente vinculada al turismo y a los recursos naturales.