El Tribunal Electoral del Poder Judicial de Entre Ríos finalizó de manera formal el procedimiento de escrutinio definitivo correspondiente a las elecciones celebradas para definir la representación de los empleados y empleadas del sector ante el Consejo de la Magistratura de la provincia.

La jornada electoral, desarrollada bajo los parámetros normativos y reglamentarios vigentes para el ámbito judicial entrerriano, determinó la conformación de la titularidad y la suplencia que integrarán el estamento de los trabajadores dentro del órgano constitucional encargado de la selección de magistrados y funcionarios.

De acuerdo con las planillas oficiales de juzgamiento emitidas por la autoridad electoral provincial, la nómina postulante Lista N° 1 "Judiciales Entrerrianos" resultó ganadora en el proceso de votación al alcanzar un total de 659 sufragios a favor. Con este resultado, la fórmula encabezada por Heidi Venditti, en calidad de representante titular, y Andrés Bianchi, como representante suplente, fue proclamada para asumir las funciones delegadas ante el organismo provincial durante el próximo período de gestión institucional.

Por su parte, la propuesta electoral competidora, representada por la nómina "Unidad y Compromiso Judicial" —que llevaba como postulantes a Bibiana Starck para el cargo titular y a Marcelo Dalmon para la suplencia— reunió un total de 470 votos durante el acto comicial. La diferencia registrada en el cómputo final consolidó la definición del proceso sin que se presentaran impugnaciones o inconsistencias sobre las actas labradas en las distintas mesas receptoras habilitadas.

En el marco del balance final del acto plebiscitario, las cifras definitivas arrojaron la emisión de 1.142 votos efectivos sobre el total de personas empadronadas. Este nivel de concurrencia refleja el compromiso activo de los estamentos administrativos y de personal técnico de la jurisdicción para la conformación de los espacios de representación institucional, asegurando la pluralidad y la transparencia en los mecanismos administrativos del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos.

La Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen de mayoría para el proyecto que amplia el régimen de Inocencia Fiscal. El avance del texto en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal —encabezadas por Alberto Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado respectivamente— se concretó luego de que el bloque de La Libertad Avanza aceptara limitar el alcance del beneficio para los miembros de los tres poderes del Estado en todas sus jurisdicciones.

La negociación parlamentaria estuvo condicionada por la controversia en torno al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, quienes adhirieron al sistema simplificado en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito. Frente a los reclamos de los bloques aliados coordinados bajo las gestiones del presidente de la Cámara, Martín Menem, la bancada oficialista optó por fijar un freno normativo explicito.

El dictamen aprobado establece la incorporación de dos artículos a la propuesta de modificación de las leyes tributarias y laborales vigentes:

Incompatibilidades estrictas: Se excluye del beneficio a funcionarios de rango igual o superior a secretario de Estado (Nación, provincias, municipios y CABA), legisladores, concejales, magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, defensores del Pueblo e integrantes del Consejo de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento. La prohibición aplica para quienes hayan ocupado esos puestos en los últimos cinco años.

Declaración sin beneficios: Los funcionarios alcanzados solo podrán utilizar el sistema como vía operativa para presentar su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, pero no accederán a la presunción de exactitud, la eximición de fiscalizaciones ni inmunidades tributarias.

Más allá del terreno político, la norma contempla alivios fiscales para el sector productivo y privado. Entre los puntos sobresalientes figuran la eliminación de los topes de facturación y patrimonio para acceder al régimen, la reducción permanente del 25% en multas formales para MiPyMEs y particulares, y la fijación de parámetros técnicos claros (como diferencias no inferiores al 15%) para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda objetar las declaraciones.

El proyecto se debatirá en el recinto el 26 de agosto en conjunto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, previo a ser remitido al Senado para su eventual sanción definitiva.

(Fuente: Infobae)

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos anunció la apertura del concurso público de antecedentes y oposición para integrar la Fiscalía Anticorrupción, un organismo previsto en la Constitución provincial desde 2008 y creado por ley en 2022. El proceso busca cubrir cuatro cargos, entre ellos el de fiscal anticorrupción, fiscales adjuntos en Paraná y Concordia y un fiscal auxiliar. La inscripción estará abierta entre el 16 de junio y el 20 de julio.

La Fiscalía Anticorrupción tiene como misión investigar y acusar delitos contra la administración pública, incluyendo la conducta de funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado, municipios y comunas, además de empresas vinculadas. Su puesta en marcha se demoró por impugnaciones en concursos anteriores, lo que mantuvo en suspenso un área clave para el control institucional.

Entre los expedientes que deberá abordar se encuentran investigaciones por enriquecimiento ilícito que alcanzan a ex gobernadores Gustavo Bordet y Sergio Urribarri, al ex senador nacional Edgardo Kueider, al ex ministro Pedro Báez y a ex autoridades de la Caja de Jubilaciones y Sidecreer. También figuran los ex senadores Aldo Ballestena y Hernán Vittulo, y el intendente de Santa Elena, Domingo Rossi, imputado además por peculado.

La Fiscalía tendrá que intervenir en las causas conocidas como “Contratos 1 y 2” por desvío de fondos de la Legislatura, así como en la investigación contra el dirigente sindical José Allende por negociaciones incompatibles con la función pública. A esto se suman expedientes recientes sobre irregularidades en la Dirección de Comedores Escolares, el programa Jóvenes Emprendedores y la Dirección Provincial de Vialidad.

“Buenos días a todas y todos. Saben que no integro ninguna de estas comisiones pero quería hacerme presente para agradecerles especialmente a ustedes como consejeros, a los letrados, a los empleados, el hecho de que hayan generado esta reunión conjunta sobre un tema relevante. Un tema sobre el que el Consejo ya venía trabajando y que hay muy valiosos aportes y proyectos oportunamente planteados por consejeros y consejeras algunos con mandato vigente y otros que no están más. Entonces quería agradecerles la prontitud con la que han tomado el tema. Como saben, la Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”.

“Creo que hay muchos puntos de contacto entre todas las propuestas –dijo-. Creo que vamos a trabajar con la opinión de las organizaciones no gubernamentales que han pedido intervención y la dinámica propia de un órgano colegiado en el que se busca permanentemente el consenso entre todos”.

“Quería dejar estas palabras nada más. Estoy en pleno día de acuerdo en la Corte y vuelvo (ala Palacio de Tribunales) pero quería expresarles mi agradecimiento por haber tomado el tema y haber realizado esta reunión conjunta. Vamos a trabajar y trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible. Simplemente esto y los dejo trabajar”, señaló.

La reunión se había iniciado momentos antes encabezada por los consejeros Alberto Lugones (de Reglamentación) y María Fernanda Vázquez (de Selección). Entre los miembros presentes estaban también los consejeros Santiago Viola –representante del Ejecutivo-, los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero (zoom); los abogados Cesar Grau, Alberto Maques y Alvaro González, el académico Guillermo Tamarit y la diputada Vanesa Siley (zoom). La abogada Jimena La Torre se conectó por unos minutos al inicio de la reunión porque estaba por abordar un vuelo.

Al iniciar la reunión, antes de la presencia de Rosatti, Lugones dio la bienvenida y subrayó que era un “día importante para los medios”, aunque el organismo viene trabajando intensamente, subrayó que se va analizar con profundidad la iniciativa de la Corte y adelantó: “sin duda que es relevante una acordada que sugiere propuestas que supongo que van a ser buena. Hay gente que está de acuerdo, yo voy a trabajar sobre esa propuesta. Pero aclaro: no voy a firmar nada a libro cerrado”.

El presidente Javier Milei designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien dejó el cargo tras varios meses en los que había manifestado su intención de apartarse del Gobierno. El anuncio fue realizado por el mandatario luego de una reunión en la Quinta de Olivos con el funcionario saliente.

De esta manera, Cúneo Libarona se convirtió en uno de los primeros cambios relevantes dentro del gabinete nacional y dejó el puesto que ocupaba desde el inicio de la gestión libertaria.

Según trascendió, la salida del ministro estaba acordada desde octubre del año pasado, cuando el funcionario habría pactado con el presidente y su entorno permanecer en el cargo hasta marzo de 2026, publicó Infobae.

Una salida anticipada del gabinete

Fuentes cercanas al Gobierno indicaron que el desgaste de la gestión había sido uno de los factores que impulsaron la decisión del ahora exministro.

En ese contexto, Cúneo Libarona expresó a integrantes del gabinete su intención de retomar su vida personal tras meses de intensa actividad política.

La reunión mantenida en la Quinta de Olivos terminó de formalizar su salida del Ejecutivo nacional.

Quién es Juan Bautista Mahiques

El nuevo ministro de Justicia es actualmente el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupa desde finales de 2019. En ese rol se desempeña como jefe del Ministerio Público Fiscal porteño, responsable de coordinar la actuación de los fiscales de la ciudad.

Además, desde 2022 preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), una organización que nuclea a fiscales de distintos países. Su trayectoria también incluye un paso por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Experiencia en el Consejo de la Magistratura

Durante el gobierno de Mauricio Macri, Mahiques fue designado como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la selección y el control disciplinario de los jueces federales.

Su experiencia en el ámbito judicial y en la administración pública fue uno de los factores considerados para su incorporación al gabinete nacional.

Desde el entorno del Gobierno lo describen como un dirigente con fuerte conocimiento del funcionamiento del sistema judicial.

Una familia vinculada a la Justicia

Juan Bautista Mahiques pertenece a una familia con amplia trayectoria en el ámbito judicial. Su padre es Carlos “Coco” Mahiques, actual integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales más relevantes del sistema judicial argentino.

El vínculo entre la familia Mahiques y el Gobierno nacional se evidenció recientemente cuando el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego para extender la permanencia de Carlos Mahiques en el tribunal antes de que cumpla 75 años.

El nuevo ministro también tiene dos hermanos con roles vinculados al ámbito judicial y político. Ignacio Mahiques se desempeña como fiscal porteño y participó como fiscal adjunto en la causa Vialidad que investigó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, su nombre fue mencionado como posible candidato para ocupar el juzgado federal de Mercedes.

Por su parte, Esteban Mahiques trabaja como director general de Relaciones Institucionales en la Cancillería argentina y también integró el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia, el Gobierno busca fortalecer la conducción política del área judicial en un contexto de reformas institucionales impulsadas por la administración de Javier Milei. El cambio también refleja una renovación dentro del gabinete nacional, luego de más de un año de gestión libertaria.

La causa judicial por el presunto sobreprecio de más de 20 millones de dólares en el dragado del río Uruguay volvió a activarse y pone nuevamente en el centro de la escena a directivos de la empresa Jan de Nul y a exfuncionarios de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Juan Enrique Ruiz Orrico, ex funcionario del puerto provincia imputado por la muerte de 4 personas en un accidente vial, junto a Mauro Vazón y Jorge Satto, quienes hoy ocupan cargos de máxima relevancia institucional en la provincia, fueron parte de la Delegación Argentina ante la CARU entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez federal subrogante Hernán S. Viri, fueron citados a declaración indagatoria varios de los imputados en el expediente “CARU Comisión Administradora del Río Uruguay y otros s/ a determinar – Denunciante: Hartwig Carlos Jaime”, iniciado a partir de una denuncia presentada en julio de 2019.

Entre los convocados figura Pieter Jan de Nul, propietario y representante legal de la empresa Jan de Nul, histórica adjudicataria de las tareas de dragado, junto a exintegrantes argentinos de la CARU, entre ellos Jorge Diego Satto —ex diputado provincial—, Juan Enrique Ruiz Orrico y Mauro Héctor Vazón.

El caso de Vazón y Satto adquiere una gravedad institucional singular: además de haber sido miembros de la CARU durante el período investigado, actualmente Vazón es el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y Satto es el secretario de Turismo de la provincia, cargos para el cual fueron designados por el gobernador Rogelio Frigerio.

Es decir, quien hoy encabeza el organismo encargado de evaluar y seleccionar jueces en la provincia, se encuentra formalmente imputado y citado a indagatoria en una causa federal por presuntas irregularidades millonarias en la administración de fondos públicos.

Por su parte, Ruiz Orrico, está imputado por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente vial, y el juicio oral se realizará entre el 18 y el 27 de febrero de 2026.

La denuncia sostiene que las obras de dragado del río Uruguay se habrían ejecutado bajo contratos con sobreprecios, generando un perjuicio económico estimado en unos 20 millones de dólares, comprometiendo tanto a la empresa concesionaria como a funcionarios que integraban el organismo binacional responsable del control.

Según las notificaciones oficiales, las audiencias de indagatoria fueron fijadas —en algunos casos— de manera remota mediante el sistema Google Meet. Asimismo, se instruyó a la Gendarmería Nacional a realizar las notificaciones personales, verificar domicilios y acreditar fehacientemente la identidad de los imputados.

A más de cinco años de la denuncia original, la causa vuelve a cobrar dimensión pública no solo por el monto del presunto desfalco, sino también porque alcanza a funcionarios que hoy ejercen poder político y control institucional. El Miércoles Digital

El exjuez habló con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7. Cuestionó el sistema de selección de funcionarios del Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura y se centra en particular sobre la distribución geográfica en la Provincia de los fiscales. Asevera que se ubican por cercanía y conveniencia, no por especialidad, y que ello deriva en situaciones enojosas que reprocha muy severamente.

-Usted siempre ha sido crítico del funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Ha hablado concretamente de lo que ocurre en su departamento, La Paz.

-Lo que más me preocupa es la inercia, la ineficacia de los distintos funcionarios que han pasado por la Secretaría de Justicia, el Ministerio de Gobierno, de los legisladores de la provincia de Entre Ríos. Desde la aplicación del sistema acusatorio hasta la fecha, con una sola excepción, que es el Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía, nadie ha puesto el tema en discusión. No tenemos fiscales de investigación especializados en delitos contra la propiedad, contra la vida, contra la mujer, contra la ecología, contra todo. Cuando se llama concurso, se llama concurso para un lugar determinado, para un cargo determinado y con un acuerdo determinado del Senado.

Castrillón asegura que los postulantes a fiscales se presentan a los concursos para diez lugares distintos. “Les dan acuerdo para una ciudad determinada, pero se quedan en los lugares que más les convienen. Entonces gana uno de Paraná, y queda trabajando en Paraná, pero le dieron acuerdo para fiscal en La Paz”, detalla.

“No son especialistas, no son de la zona, entonces toda la investigación de los delitos depende de la Policía. Y la Policía si quiere, si le conviene, si se quiere meter, o si tiene interés, investiga. Entonces, ¿qué ocurre? En materia penal en Entre Ríos el 80% de las causas se archivan, no se encuentra nada. Y el 16% de las causas se arreglan. Esto es a lo que yo le llamo Derecho Penal contractual. Se arregla el fiscal con el defensor, y definen la pena, y se termina la causa porque se hizo el contrato de cuánta pena le correspondía”, subraya.

-¿Habla de juicio abreviado?

-Exactamente. Es un contrato. Arreglan la pena y también arreglan el tipo penal. Y también arreglan los atenuantes o los agravantes de la pena. O sea, arreglan el Código Penal. Y queda un muy poco porcentaje en el cual se juega para la tribuna porque es un caso que tiene mucha significación social. En esos casos, ponen toda la carne en el asador y buscan sacarlo bien.

-¿Usted dice que los fiscales concursan para determinado lugar que les conviene geográficamente, por domicilio, por cercanía, por lo que fuera, pero no concursan por especialidad?

-Concursan en 10 lugares juntos. Entonces, el primero termina eligiendo Paraná. El segundo, Concordia o Gualeguaychú. El tercero, Diamante, porque puede ir todos los días a Paraná. Por ejemplo, el fiscal de La Paz (Facundo Barbosa, NdelR): ganó un concurso para ser fiscal en Gualeguay. ¿Dónde tendría que estar Barbosa? Le dieron acuerdo en Gualeguay. Bueno, pero ahí está, en La Paz y no en Gualeguay.

-¿De quién es la responsabilidad por esas situaciones?

-Del jefe que quiere hacer lo que se le canta, que sería el Procurador (Jorge García, NdelR); de los senadores, que le dan acuerdo y no tienen la más remota idea del fiscal que le dan acuerdo y están viendo a ver qué pueden sacar de ventaja o cómo pueden subsistir para la próxima elección.

Castrillón habló del poder del Procurador García y dijo que en su caso no consigue que ninguna de las 21 denuncias formuladas ante el Ministerio Público Fiscal por robo en La Paz haya prosperado. “Todas fueron archivadas”, señala.

-No imagino la suerte de un ciudadano común si a un expresidente del Superior Tribunal no le tramitan las denuncias y se las archivan.

-Lo mío es peor todavía, porque yo estuve siempre en la misma posición. Hay un mandato de ese sector de la acusación en contra mía. Soy el único funcionario del Superior Tribunal que por discutir con la Policía y decirles que vayan a intervenir por una denuncia por ruidos molestos terminé afuera del Poder Judicial. (La vocal) Susana Medina me quería afuera porque yo le voté en contra en el juicio del marido (el médico traumatólogo Ricardo Rizzo, NdelR) que cobró siete años sin trabajar. No le convenía que esté yo, porque ellos son todos buenitos.

Vuelve sobre la figura del Procurador. Habló del Procurador como “intocable. Le tienen miedo. El Procurador es capaz y sabe. Pero también sabe ejercer el poder de una forma tal para que todo el mundo le tenga miedo. Es hasta cierto punto dañino el Procurador. Lo digo siempre. Lamentablemente no son burros. El Procurador es más peligroso todavía: es inteligente”.

Fuente: Entre Ríos Ahora

El Senado entrerriano abrirá este miércoles una agenda cargada de trabajo en comisiones, que incluirá el tratamiento de proyectos de fuerte impacto institucional. A las 9, en reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, los legisladores debatirán la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura y modificaciones a la Ley Nº 10.746 de juicios por jurados. Para el análisis, fue invitado el procurador general del Poder Judicial, Jorge Amílcar García, quien expondrá sobre el alcance de las iniciativas.

La agenda parlamentaria contempla además otros temas vinculados a educación, transparencia fiscal y cultura. La Comisión de Legislación General avanzará en el estudio de tres proyectos: la autorización para transferir un inmueble en Paraná a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) con fines académicos, la adhesión de la provincia al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor y la declaración del 4 de junio como “Día de la Milonga Entrerriana”, en homenaje al músico Víctor Velázquez.

Por la tarde, a las 13, se reunirá de forma conjunta Legislación General con Asuntos Municipales para debatir un proyecto que incorpora la Sección Tercera al Capítulo III de la Ley Nº 10.853 de Mancomunidades Entrerrianas. En ese marco fueron convocados los asesores de la Secretaría General de Gobierno, Javier Lisandro Manzo y Leonardo Caluva, para aportar su visión sobre la propuesta.

El trabajo en comisión se suma a la actividad de esta semana en la Cámara alta, donde se prevén tres sesiones dentro del 146º período legislativo: martes a las 19, miércoles a las 13 y jueves a las 11. La discusión sobre el Consejo de la Magistratura será uno de los puntos centrales, ya que se trata de un organismo clave en la selección y control de magistrados, cuyo funcionamiento ha estado en el centro del debate político y judicial en la provincia.

La designación, que fue realizada mediante decreto 1367, forma parte del proceso de consolidación del equipo de gobierno, con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas públicas vinculadas al acceso a la justicia, el funcionamiento institucional y la modernización del Estado. El nuevo funcionario venía desempeñándose como secretario de Asuntos Políticos desde el inicio de la actual gestión y asume en reemplazo de Martín Acevedo Miño.

Consultado al respecto, el funcionario se refirió a los desafíos y ejes principales que guiarán su gestión, al tiempo que enfatizó la importancia de dar continuidad y profundizar el trabajo iniciado por la administración provincial, siguiendo las directrices del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

Entre los objetivos fundamentales, Maneiro destacó la meta de "normalizar y llegar a todos los lugares de la provincia con los registros que tiene a cargo la Secretaría de Justicia". Además, subrayó la necesidad de "aceitar y generar un vínculo de confianza y de trabajo conjunto con el Poder Judicial en todo lo que tiene que ver con el servicio en general y la cuestión de la criminalidad".

La agenda del flamante secretario también incluye la revisión y el impulso de "cuestiones pendientes de reformas de leyes que se necesitan aprobar para avanzar en mejorar aspectos institucionales". En este sentido, mencionó temas como "el Consejo de la Magistratura, el juicio por jurados y otros que tienen que ver con la aplicación de la ley penal, como el Código Procesal Penal". Maneiro reconoció que estas son "materias muchas de ellas complejas, difíciles, pero que es necesario afrontarlas", a pesar del "esfuerzo importante" que requerirá el contexto de dificultades económicas tanto a nivel nacional como provincial.

Asimismo, confirmó que ya ha mantenido reuniones claves con las máximas autoridades de la provincia para alinear su plan de trabajo. "El ministro Roncaglia me ha dado las instrucciones precisas en materia de estos temas", señaló el secretario, indicando que la reunión fue "conjunta con el gobernador y me han marcado claramente estos puntos centrales para que avancemos en los próximos meses".

En lo que respecta a la dinámica interna de la Secretaría, Maneiro informó que ha iniciado un proceso de contacto directo con el personal. "Ya hemos tenido reuniones de todo lo que compone la Secretaría de Justicia, y ahora estamos ya iniciando el proceso de ir área por área, visitando los lugares y específicamente viendo las problemáticas de cada uno de ellos y las necesidades e ir coordinando las prioridades para poder avanzar", concluyó.

La Justicia Nacional Electoral presentó un nuevo padrón digital pensado para las elecciones de 2025, con el objetivo de ofrecer una herramienta más ágil, moderna y segura. Desarrollado con tecnología de última generación, este sistema busca evitar saturaciones y mejorar la experiencia de consulta de la ciudadanía.

El desarrollo estuvo a cargo del Consejo de la Magistratura, a través de su Dirección General de Tecnología (DGT), y fue elaborado en conjunto con la Cámara Nacional Electoral. El nuevo sistema digital de consulta representa una renovación integral, flexible y eficiente, preparada para responder a una alta demanda de usuarios.

Esta implementación forma parte de un proceso más amplio de modernización tecnológica orientado a garantizar mayor estabilidad, transparencia y facilidad de uso en el proceso electoral. A diferencia de versiones anteriores, esta nueva plataforma soluciona problemas de rendimiento y presenta las siguientes mejoras destacadas:

Multi-padrón simultáneo: permite integrar la publicación de distintos padrones según distrito y convocatoria.

Gestión sin código: los administradores podrán modificar y generar publicaciones sin necesidad de acceder a bases de datos ni intervenir en el código.

Estados automáticos: el sistema identifica de forma automática si una publicación está activa, pendiente, finalizada o deshabilitada.

Configuración avanzada: se pueden personalizar colores, textos visibles, campos y tamaño de imágenes con mayor facilidad.

Modo claro/oscuro: el diseño se adapta automáticamente a la configuración del dispositivo del usuario.

Tecnología actualizada: desarrollado con Java 23, Spring Boot 3, React, Vite.js y Docker, lo que garantiza mejor rendimiento y facilidad de mantenimiento.

Desde el Consejo remarcaron que esta nueva versión permitirá una respuesta más ágil a las necesidades ciudadanas, aportará estabilidad ante grandes volúmenes de consultas y facilitará futuras actualizaciones del sistema.

Con este avance, la Justicia Nacional Electoral continúa su camino hacia una digitalización plena del proceso democrático, colocando al votante y su experiencia en el centro del sistema.

Fiscales y empleados judiciales advierten por falta de recursos para el sistema acusatorio. El avance de la implementación del sistema acusatorio federal enfrenta severas dificultades por la falta de presupuesto y recursos humanos, según alertaron fiscales y empleados judiciales. En una carta dirigida al procurador general interino Eduardo Casal, fiscales de Comodoro Py advirtieron que “la carencia de recursos es notoria” y podría afectar la puesta en marcha efectiva del Código Procesal Penal Federal (Cppf) en distritos clave. Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia se sumaron recientemente a Salta, donde rige desde 2019, mientras que en Bahía Blanca la implementación fue postergada por la emergencia tras un temporal.

La Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) también expresó su preocupación mediante un comunicado en el que denunció que no se consideraron los presupuestos mínimos necesarios en materia edilicia, informática ni de recursos humanos para sostener el nuevo modelo. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) reforzó estos planteos, subrayando los reiterados reclamos por recursos humanos y técnicos indispensables para asumir las tareas que demanda cada jurisdicción bajo el nuevo esquema.

Casal ya había enviado en marzo pasado un oficio al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, solicitando la asignación de los fondos necesarios para avanzar de forma ordenada en la reforma judicial. Según las asociaciones del sector, la vorágine de la implementación puso en evidencia la insuficiencia de las asignaciones económicas, exigiendo una coordinación urgente entre la Procuración General, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría General para asegurar el funcionamiento en más de nueve provincias.

Los funcionarios judiciales insistieron en que es prioritario contar con infraestructura, herramientas tecnológicas y personal suficiente antes de avanzar con el nuevo modelo, para evitar que la falta de planificación ralentice el servicio de justicia o afecte gravemente a los trabajadores del sistema.

UNER rechazó el proyecto que modifica el Consejo de la Magistratura. En una declaración institucional firmada por el rector Andrés Ernesto Sabella, el máximo órgano de cogobierno universitario rechazó la propuesta y sostuvo que “las razones por las que se habilitó la participación de esta Universidad en dicho órgano provincial no solo se mantienen sino que, incluso, se han profundizado”.

El proyecto contempla una nueva composición del Consejo, que incluiría: un representante del Poder Ejecutivo (el secretario de Justicia o un delegado), dos representantes de la abogacía elegidos por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; dos representantes de la Magistratura y los Ministerios Públicos, elegidos por sus pares; y un representante de los empleados judiciales, seleccionado también por voto directo.

Además, se establecen tres representantes del ámbito académico: uno de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), uno de universidades privadas con sede en la provincia y uno de universidades públicas de la región. Para este último caso, si hubiera más universidades públicas que cargos disponibles, se aplicaría un sistema de rotación.

En este punto, radica el principal reclamo de la UNER. La casa de estudios con sede en Concepción del Uruguay advierte que, bajo el nuevo esquema, se pondría en riesgo su representación permanente en el Consejo de la Magistratura. “La UNER es la única universidad nacional con asiento y despliegue territorial pleno en Entre Ríos. Tiene reconocimiento legal y está protegida por la Constitución Nacional”, subrayó el Consejo Superior.

Otra novedad del proyecto es la incorporación de dos representantes de asociaciones civiles y fundaciones con personería jurídica, al menos dos años de antigüedad y fines vinculados a la defensa de los derechos humanos, el sistema democrático o el gobierno republicano. Estas organizaciones deberán inscribirse en un registro específico y presentar listas de candidatos. El proceso eleccionario será gestionado por el propio Consejo de la Magistratura.

En su declaración, la UNER insta al gobernador Rogelio Frigerio, a los legisladores provinciales, a los miembros del Consejo de la Magistratura y a la ciudadanía en general a defender la representatividad de esta universidad pública en el órgano encargado de seleccionar a quienes imparten justicia.

La comunidad académica considera que su participación garantiza una mirada plural, federal y comprometida con el interés público, y que su exclusión o rotación atenta contra los principios de estabilidad, institucionalidad y equidad que deben regir los organismos de control del Poder Judicial.

La declaración fue aprobada por unanimidad.

El encuentro contará con la presencia de Mauro Vazzón, presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, representantes del Colegio de la Abogacía y Alejandro Cánepa, de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia. La reforma busca agilizar los procesos de selección para cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial, garantizando mayor celeridad en la designación de magistrados y funcionarios.

El proyecto propone realizar concursos anticipados para futuras vacantes, además de cubrir las existentes, con el objetivo de optimizar la eficiencia en la designación de cargos. Asimismo, se plantean cambios en la composición del cuerpo de académicos, incorporando a las universidades para fortalecer la profesionalidad, calidad técnica y especialización en los procesos de selección.

Otra de las modificaciones incluidas en la iniciativa se refiere al procedimiento de inscripción, notificaciones e impugnaciones, con el fin de agilizar los concursos sin afectar los derechos de control y defensa de los postulantes. Estas reformas buscan adaptar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura a las necesidades actuales del sistema judicial.

La reforma del Consejo de la Magistratura se ha convertido en uno de los temas prioritarios de la agenda legislativa, junto con las modificaciones a la Ley de Municipios. El debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales marca el inicio de un proceso que podría tener un impacto significativo en la estructura y eficiencia del Poder Judicial de Entre Ríos.

Con la participación de actores clave del ámbito judicial y académico, se espera que el proyecto avance en su tratamiento legislativo, buscando consensos para su implementación.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos finaliza su receso de verano y comienza con la actividad de comisiones a partir de este miércoles a las 10 con una reunión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento.

Analizarán el proyecto de ley de Reforma de la ley del Consejo de la Magistratura presentado por el Poder Ejecutivo en diciembre. Estarán invitados al análisis Mauro Vazzon, presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, representantes del Colegio de la Abogacía y Alejandro Cánepa, titular de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia.

El proyecto introduce modificaciones en la integración del Consejo y el procedimiento de concursos para acceder a los cargos de jueces en la provincia. Advierte que la última reforma legal del organismo “ha generado una serie de inconvenientes de funcionamiento”, que deben subsanarse para asegurar la función constitucional asignada. En este sentido, el procedimiento previsto en la Ley Nº11.003".

Por ejemplo, cuestiona la complejidad del requisito de la prueba de oposición denominado Banco de Casos que, al no contar con los suficientes casos establecidos en la ley por materia, cargo y especialidad (100 como mínimo para cada caso) “se profundizan las demoras que ya se verificaban con anterioridad a la sanción de la reforma”.

Ilustra el proyecto que a la fecha, habiendo transcurrido más de un año de la entrada en vigencia del Banco de Casos, solamente se han confeccionado 200 casos de los 2200 que se necesitan para integrar completamente los cargos.

Asimismo, se proponen otras reformas a la composición del cuerpo de académicos, con la participación de la UCA, la UADER y la UNL. En letra del texto, “las universidades públicas y privadas que forman a los profesionales del derecho en nuestra región y la Universidad Autónoma de Entre Ríos”.

También se proponen modificaciones del procedimiento de inscripción, notificaciones e impugnaciones para lograr más agilidad y celeridad en los concursos.