El Gobierno analiza una fuerte desregulación de los colegios profesionales, lo que implicaría reducir controles, requisitos y sistemas de matriculación para diversas actividades como la abogacía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la enfermería, el corretaje y la actividad de los agentes de propaganda médica.

Así surge de un documento oficial que circuló en las últimas horas y que sería el borrador del proyecto que el Ejecutivo elevará próximamente, aunque las medidas no fueron incluidas en las modificaciones preliminares difundidas el martes tras la finalización del Consejo de Mayo, encuentro que no contó con la participación de la CGT.

Eliminación de matrículas y normas disciplinarias

El capítulo XXV del borrador propone la derogación de un conjunto amplio de leyes y estatutos que regulan el ejercicio profesional. Entre ellas figura la eliminación de la obligatoriedad de matriculación para los abogados porteños, modificando el artículo 2°, inciso b, y el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley 23.187, que regula la profesión en la Capital Federal.

El Gobierno ya había intentado una reforma similar a través del Decreto 70/2023, donde se proponía liberar la matrícula, eliminar el régimen disciplinario y suprimir los Colegios Departamentales de Abogados, además de modificar normas arancelarias de orden público. Sin embargo, aquellas disposiciones quedaron suspendidas por la Justicia.

El informe del Consejo de Mayo justificó la orientación general de estas medidas al señalar que “un profesional que debe matricularse para ejercer su profesión, un comerciante debe habilitar su local, pasar imposibles controles y cumplir exigentes requerimientos antes de poner sus productos a la venta”. El Gobierno enmarca allí su postura sobre la necesidad de “remover barreras” para ejercer actividades económicas.

Alcances sobre otras profesiones

El borrador también plantea la desregulación de la actividad de los agentes de propaganda médica, así como la eliminación de requisitos de ejercicio, matriculación y funciones específicas de los enfermeros a nivel nacional. En la misma línea, se propone modificar o derogar las normas que rigen la actividad de martilleros y corredores.

Para especialistas consultados, esta iniciativa podría impactar en los sistemas actuales de control ético, fiscalización del ejercicio profesional, definición de incumbencias y mecanismos disciplinarios, elementos que hoy dependen de los colegios profesionales.

Eliminación de estatutos laborales históricos

La orientación desregulatoria también alcanza a figuras laborales consolidadas. El documento propone eliminar:

El Estatuto del Periodista Profesional, que regula jornada, estabilidad, indemnizaciones especiales y condiciones de trabajo.

El Estatuto del Viajante de Comercio, que establece comisiones mínimas, indemnización especial y normas de contratación.

La Ley de Teletrabajo, que otorga derechos como la desconexión digital, reversibilidad a modalidad presencial y compensación por gastos de electricidad e internet.

Estas normas, vigentes desde distintas épocas y sostenidas por amplio consenso sectorial, estructuran relaciones laborales específicas que podrían quedar desreguladas en caso de aprobarse el proyecto.

Un debate que se anticipa complejo

La eventual presentación del borrador en el Congreso abrirá un debate político, judicial y sindical de alto impacto, dado que involucra profesiones colegiadas, derechos laborales y marcos regulatorios históricamente establecidos.

Hasta tanto el Gobierno oficialice la propuesta, permanece la expectativa en colegios profesionales, sindicatos y especialistas, que anticipan contrapuntos entre el objetivo gubernamental de “flexibilizar el ejercicio profesional” y las advertencias sobre la pérdida de controles, estándares y protecciones laborales. (Clarín)

El Gobierno formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 10 y el 30 de diciembre, con un listado de seis proyectos que integrarán la agenda legislativa. La decisión quedó oficializada a través del Decreto 865/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El temario incluye el tratamiento del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026, considerado por el Ejecutivo como la señal inicial de orden fiscal hacia los mercados. La intención oficial es lograr la media sanción el miércoles 17, con eventuales ajustes que no afecten la meta de equilibrio, condición que el Gobierno ya dejó planteada frente a posibles negociaciones.

El dictamen de mayoría que se aprobó a principios de noviembre en la Cámara baja perdió estado parlamentario con el cierre del período ordinario, por lo que se deberá emitir un nuevo despacho para que el proyecto llegue al recinto. Los libertarios están confiados en que tendrán los avales para repetir ese dictamen, que en el primer intento consiguió 21 firmas de los 49 diputados que integran la comisión de Presupuesto.

La convocatoria también incorpora la Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a revisar parámetros tributarios y el régimen simplificado del impuesto a las ganancias. El proyecto prevé elevar el monto a partir del cual se configura fraude fiscal y reducir los plazos de prescripción.

En el paquete figura, además, la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, junto con el proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo enviará durante el período extraordinario. Esta iniciativa forma parte del conjunto de reformas debatidas en el Consejo de Mayo, cuyos integrantes fueron citados para este martes a las 13.30, tras recibir el borrador del informe final con conclusiones de los encuentros del año.

Sobre la reforma laboral no trascendieron demasiados detalles, pero se sabe que el Gobierno pretende dinamizar el mercado de trabajo, bajar los costos laborales y reducir las cargas patronales para fomentar el empleo formal. (Ámbito)

En una reunión que tuvo aroma a despedida y disidencias inesperadas, el Consejo de Mayo, discutió por poco más de una hora en la Casa Rosada los términos de su informe final, a presentarse el 9 de diciembre, y que contendrá el paquete de reformas que el presidente Javier Milei quiere aprobar en el Congreso durante la primera mitad de 2026: la reforma laboral, tributaria y los cambios al Código Penal.

Con el jefe de gabinete Manuel Adorni en el lugar de Guillermo Francos -presidió el Consejo hasta su renuncia, días después de las elecciones del 26 de octubre pasado-el Consejo de Mayo reunió a sus seis consejeros estables: el diputado macrista Cristian Ritondo y la senadora radical Carolina Losada por el Poder Legislativo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en representación de los gobernadores; el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappalini; el gremialista Gerardo Martínez (Uocra) en nombre de la Confederación General del Trabajo (CGT), y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, representante del Poder Ejecutivo. “Vamos a discutir el documento final en esta última reunión”, dijo el ministro, mientras ingresaba con una montaña de papeles a la reunión de gabinete, previa a la del Consejo, que se viene reuniendo de forma periódica desde junio.

Luego de la reunión, en la planta baja de la Casa Rosada, distintos actores informaron que el documento final, incluido el proyecto de reforma laboral del oficialismo, se presentará en el Congreso el próximo 9 de diciembre. Sin embargo, Martínez y Rappalini plantearon objeciones al proyecto, que serán analizadas hasta obtener el informe final. “La CGT quiere un proyecto, la UIA otro, y nosotros estamos en el medio con la idea de consensuar”, dijo Ritondo a los periodistas a modo de resumen y en el final del encuentro.

“La reforma laboral está muy avanzada, las otras reformas también. Pero seguramente el Congreso le hará cambios cuando estén presentados”, dijo la senadora Losada, con optimismo, en el patio de las Palmeras.

Fuentes del Consejo precisaron que la ultraactividad de los convenios colectivos, los aportes de sindicatos y cámaras, las cargas fiscales y los derechos colectivos serán ejes del proyecto que impulsa el oficialismo. También habría un apartado referido a la democracia sindical, un punto resistido por buena parte del sindicalismo. Una curiosidad: este año el oficialismo no apoyó los proyectos de Pro y la UCR que tenían como fin limitar el poder de representación de los sindicalistas.

“Gerardo [Martínez] planteó diferencias, por eso todavía no hay un proyecto definido”, dijo Ritondo, reconociendo que las discrepancias, en el salón de los Escudos, fueron varias. Desde la CGT dejaron trascender que, de presentarse ese día sin modificaciones, la reforma laboral será un proyecto “del Gobierno”, sin el aval de la central obrera.

El buen clima de las reuniones, que varios de sus integrantes destacan, se enrareció ya antes de comenzar la última reunión con filtraciones sobre la reforma laboral y un nuevo plan de educación, que según afirman voces con conocimiento de las discusiones, “no estaban acordados y después fueron cambiando”. “Es una lástima porque se pierde un poco la confianza que veníamos construyendo”, dijo Losada, una aliada de los libertarios.

En lo relativo a la reforma laboral, uno de los borradores que circuló contiene iniciativas como impulsar convenios por empresa y no por gremio; cambios en indemnizaciones, conceder premios a la productividad, crear bancos de horas, una posible reducción de los impuestos al trabajo para generar más empleo y la opción de que los trabajadores cobren sus sueldos en pesos, dólares o euros. Además, se habilitaría una ampliación de la jornada laboral.

“Hablamos de una modernización laboral, sin perder derechos”, dijo Martínez a los periodistas al entrar a la reunión junto a Rappalini. A la salida, el dirigente de la CGT insistió: “No vamos a aceptar una reforma que implique pérdida de derechos”. Toda una toma de posición, en el final de una reunión pensada para mostrar consenso y que, sin embargo, desnudó las diferencias que separan al Gobierno del sindicalismo, en lo referente a la reforma laboral. “Hasta el 9 hay bastante tiempo, podemos llegar a un acuerdo”, afirmó uno de los voceros del oficialismo, con la esperanza de acercar posiciones. (Fuente: La Nación)

El encuentro tendrá lugar este miércoles a las 11.30, en el marco de la fecha límite establecida para presentar los proyectos de ley que contemplen los 10 puntos del Pacto de Mayo, fijada el 15 de diciembre.

Según fuentes oficiales, el Gobierno Nacional busca evitar posibles filtraciones del contenido del proyecto de reforma laboral que actualmente se encuentra bajo la pluma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Federico Sturzenegger aparece en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como representante de las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo, en calidad de representantes del Poder Legislativo; Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, será la voz del sindicalismo y finalmente, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

Se espera que junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participen del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. No así, la de Javier Milei.

La Casa Rosada fue el ámbito donde se reunieron los representantes del Consejo de Mayo, el órgano creado por el Gobierno en donde busca coordinar con representantes de diferentes sectores las políticas que impulsará después de la renovación legislativa de diciembre, las cuales deben ir en línea con las reformas firmadas por el presidente Javier Milei y los 19 gobernadores que suscribieron al Pacto de Mayo.

El primer y único encuentro que hubo hasta ahora había sido el 24 de junio, el cual tuvo un carácter inaugural e introductorio. La convocatoria del presidente de esa entidad, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue para encontrarse en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada este lunes a las 9 de la mañana.

El encuentro duró cerca de tres horas. Allí asistieron todos los integrantes del Consejo. El primero en llegar fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, representante del Poder Ejecutivo. El funcionario es quien llevará las líneas rectoras que trabajan distintas áreas del Gobierno y quien avalará las sugerencias de los diferentes actores.

La representante del Senado, la radical Carolina Losada, ingresó minutos más tarde bajo un total hermetismo, el cual se condice con lo que habían acordado todos los consejeros en la primera reunión: que los asuntos a discutir y la letra chica no se revelará hasta tanto no se firme el documento final meses más tarde. Más tarde ingresaron el diputado nacional, Cristian Ritondo, representante de la Cámara Baja; y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los gremios. Mientras que fue el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el elegido por las provincias firmantes del Pacto de Mayo.

Varios de los integrantes del Consejo reconocieron que el énfasis del primer encuentro sería tratar las primeras propuestas sobre ese punto, además de cuestiones puntuales vinculadas a la tributaria. Tanto Sturzenegger como Martínez y Rappallini representan la tríada de consejeros que más incidencia tienen en la letra chica de las discusiones laborales.

Al salir de la primera reunión, Martínez señaló la voluntad de dialogar sobre una modernización laboral, pero sin aprobar una reforma directa. Insistió en que cualquier debe ser consensuado con la CGT, rechazando a su vez los techos a las paritarias impuestas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la criminalización de la protesta sindical.

“Lo que queremos es bajar el costo argentino. Y eso se logra con cuestiones impositivas y de otra índole. La modernización laboral puede ayudar, pero el principal acuerdo entre sindicatos y empresarios se da a través de los convenios colectivos de trabajo, y estos no suelen estar atrasados, por lo que ahí no hay que apuntar”, afirmaron desde el entorno del titular de la UOCRA.

El fin del órgano multisectorial es tramitar y tratar de consensuar (entre los actores involucrados, entre los cuales no se encuentra la oposición intransigente con la Casa Rosada) las reformas que figuran en el Pacto de Mayo.

Hay algunas más prioritarias que otras: la laboral y la tributaria buscan impulsarse para el año próximo; la previsional para después de 2027 (si es que Milei consigue la reelección); y la coparticipación federal es casi una quimera, porque el Consejo no tiene ningún sentido práctico para discutir esta cuestión porque el debate es con la totalidad de las provincias.

Las diez cláusulas incluyen consignas vinculadas al equilibrio fiscal, la educación, los recursos naturales, la apertura al comercio, entre otros aspectos; pero la urgencia de la Nación versa sobre las reformas mencionadas anteriormente. (Fuente: Infobae)