En la jornada de este martes, la Justicia Federal concretó un nuevo allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG), específicamente en la planta de tratamiento de efluentes cloacales. El procedimiento fue llevado adelante por la Policía Federal en el marco de la causa que investiga el posible impacto ambiental derivado del mal funcionamiento de la planta, que afectaría tanto a los vecinos del barrio Don Pedro como al propio Río Gualeguaychú.

El operativo responde a nuevas pericias solicitadas por la Fiscalía Federal, con el objetivo de evaluar el estado y funcionamiento de las instalaciones. La investigación busca determinar si la planta cumple con los parámetros exigidos para evitar la contaminación y garantizar la seguridad ambiental de la zona.

Cabe recordar que en la última audiencia pública, la Fiscalía Federal había solicitado al juez Hernán Viri la clausura de la planta del Parque Industrial, medida que aún está pendiente de resolución. En los próximos días, el magistrado deberá tomar una determinación sobre el futuro de las instalaciones, en un contexto de creciente preocupación por el impacto ambiental y sanitario que podría generar el funcionamiento deficiente del sistema de tratamiento.

El caso ha despertado un fuerte interés en la comunidad, ya que involucra directamente la calidad de vida de los vecinos y la preservación del río, uno de los recursos naturales más importantes de la ciudad. Mientras tanto, los operativos continúan y las pericias técnicas serán claves para definir los pasos judiciales a seguir.

Durante la audiencia pública realizada en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, la Fiscalía Federal solicitó la clausura de la Planta de Efluentes del Parque Industrial, en el marco de un proceso judicial que investiga episodios de contaminación registrados desde enero de 2025. En la instancia también expusieron representantes de la Corporación del Desarrollo, vecinos del barrio Don Pedro, peritos y la subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, quienes aportaron sus perspectivas sobre el funcionamiento de la planta y las obras de remediación en curso. El pedido de cierre se suma a un debate que pone en el centro la relación entre producción industrial y cuidado ambiental en la ciudad.

"Es algo que tengo que evaluar profundamente y en los próximos días resolveré. Voy a tomar unos días para analizar y evaluar las consecuencias y el expediente, pero por el otro lado me pareció que el avance en el Parque Industrial, si bien hay que corroborarlo, es bastante alentador, por lo cual tengo que analizar todas las aristas”, declaró a EL ARGENTINO el juez Federal Hernán Viri, al cierre de la audiencia que se realizó en la mañana de este jueves en el Centro de Convenciones.

"No quiero adelantar, pero antes de cualquier decisión quiero corroborar absoluta certeza todas las cuestiones y hay cosas que tengo en mente llevar adelante".

La audiencia también incluyó la voz de los vecinos, algo que el juez valoró especialmente, al respecto señaló: "Fue importante escuchar a la parte afectada porque es uno de los principales afectados por la cuestión ambiental” y además “cuando la Justicia adopta una decisión de una implicancia como esta, haber escuchado a todas las partes involucradas tiene muchísima más legitimación”.

“Es algo que el juez debe ser prudente y debe analizar bien porque las consecuencias pueden ser graves. Tengo presente los 2400 puestos de trabajo directo que hay en el PIG y los 10 mil indirectos, pero también por otro lado sé claramente que cuando se afecta el medio ambiente a veces tarda muchas veces en recuperarse y en otras veces es imposible. Por eso hay que ser prudente teniendo en cuenta estas variables”, comentó Viri.

Cada 1 de marzo se celebra el Día Internacional del Recuperador y la Recuperadora Urbana, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el valor de quienes, con esfuerzo y compromiso, transforman residuos en oportunidades.

El mundo enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, marcada por el exceso de consumo y la generación de desechos. En ese contexto, el trabajo de los recuperadores urbanos es clave para avanzar hacia un modelo más sostenible. Ellos son agentes de cambio, guardianes del ambiente y constructores de ciudades más justas. Reconocerlos y apoyarlos es reconocer que la lucha contra la contaminación y el cambio climático empieza también en nuestras manos.

En Gualeguaychú, este reconocimiento tiene nombre propio: la Cooperativa Ecogualeguaychú, integrada por 55 asociados y asociadas que día a día desarrollan su tarea en el predio del Ecoparque de la ciudad. EL ARGENTINO dialogó con el consejo de administración de la entidad para conocer su realidad.

“Cuidamos el ambiente y construimos una ciudad más limpia y solidaria. Cada bolsa recuperada, cada material clasificado y cada kilo de residuos que vuelve al circuito productivo es fruto de un esfuerzo colectivo que merece ser visibilizado y valorado”, aseguraron.

Desde hace varios años con una organización interna fuerte que va mucho más allá de lo administrativo: “Con compañerismo y responsabilidad, demostramos que el trabajo cooperativo es capaz de transformar realidades, generar inclusión y abrir caminos de dignidad”.

La Cooperativa Eco Gualeguaychú es ejemplo de cómo la unión y la perseverancia pueden convertir un desafío ambiental en una oportunidad social: “En el Ecoparque, los recuperadores urbanos trabajan en condiciones que han mejorado gracias al acompañamiento institucional y comunitario, pero sobre todo gracias a su propia organización y lucha. Allí, entre máquinas, cintas y galpones, construimos, día a día, una historia de compromiso con la ciudad y con el planeta."

Este 1 de marzo, el mensaje de la entidad hacia sus asociados es claro: "Abrazamos con orgullo a cada uno de los cooperativistas. Reconocemos su constancia, su capacidad de resiliencia y su aporte fundamental a la economía circular. Ellos son protagonistas de un cambio cultural que nos interpela a todos: entender que los residuos no son basura, sino recursos que, bien gestionados, pueden volver a la sociedad en forma de nuevos productos, empleo y cuidado ambiental”.

A nivel mundial, el Día del Recuperador Urbano recuerda que millones de personas en distintas ciudades realizan esta tarea esencial. En muchos casos, lo hacen en condiciones de vulnerabilidad, sin el reconocimiento ni la protección que merecen. Por eso, esta fecha también es un llamado a la acción: a fortalecer políticas públicas, garantizar derechos laborales y promover la inclusión de los recuperadores en los sistemas formales de gestión de residuos.

Desde la Fundación Eco Urbano de Paraná, en diálogo con EL ARGENTINO, advierten que “los recuperadores de residuos y sus cooperativas atraviesan un momento crítico. La apertura de importaciones de residuos impulsada por el Gobierno nacional, la caída en los precios de los materiales y el debilitamiento de las políticas socioambientales ponen en riesgo su funcionamiento y sostenibilidad”.

Además, desde la Fundación agregaron: “En nuestro país se está desmantelando la capacidad productiva de quienes son los principales actores de los sistemas de gestión de residuos: los recicladores urbanos. Es por eso que necesitamos condiciones dignas y seguras para el trabajo, programas de separación en origen y recolección diferenciada en todos los municipios y un compromiso real del sector privado y público en la gestión integral de residuos. Con recursos, capacitación y articulación será posible consolidar la economía circular con inclusión y así garantizar que quienes recuperan residuos puedan seguir cumpliendo su rol indispensable en el cuidado del ambiente y la salud de las personas”, concluyeron desde Eco Urbano.

En los Tribunales Federales de Rosario comenzó un juicio que tiene como protagonistas a siete productores de Pergamino y a dos ex funcionarios públicos, acusados de incumplir la normativa local sobre la aplicación de agroquímicos y de omitir controles obligatorios. El caso, iniciado en 2018 y con antecedentes en el Juzgado Federal de San Nicolás, vuelve a poner en el centro de la escena la tensión entre la actividad agrícola y la protección de la salud en una de las zonas más productivas del país.

La causa se remonta a la resolución del juez Carlos Villafuerte Ruzo en 2019, que fijó restricciones de hasta 1.095 metros para fumigaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas en torno a centros poblados y escuelas. La medida afectó unas 6.000 hectáreas y obligó a productores periurbanos a modificar sus prácticas, incluso impactando en los ensayos del INTA Pergamino.

El fiscal Reynares Solari imputó a los acusados bajo el artículo 55 de la Ley 24.051 de residuos peligrosos, que prevé penas de 3 a 10 años de prisión por envenenar o contaminar de manera peligrosa el ambiente. Según la acusación, se hallaron residuos de atrazina, metolaclor, acetoclor, clorpirifos y glifosato en barrios como La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia. “El medio ambiente no es un compartimento estanco”, sostuvo el fiscal, cuestionando tanto a los productores como a los ex funcionarios que no garantizaron el cumplimiento de la ordenanza municipal.

El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal N°2, cuenta con unos 100 testigos y tiene como figura visible a una querellante que denunció en 2011 haber sufrido graves consecuencias en su salud y la de sus hijos por las fumigaciones. Las audiencias continuarán el 12 de febrero con declaraciones de querellantes, policías y vecinos afectados, además de peritos expertos que participaron en la investigación técnica.

El proceso judicial no solo busca determinar responsabilidades penales, sino que reabre un debate de fondo: cómo compatibilizar la producción agrícola con la protección ambiental y sanitaria en territorios donde la frontera entre lo rural y lo urbano es cada vez más difusa.

El acceso al agua potable segura es un derecho humano reconocido en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Sin embargo, en Argentina y particularmente en Entre Ríos la brecha entre la normativa y su aplicación efectiva expone una crisis que se arrastra desde hace décadas. La contaminación industrial, los efluentes cloacales sin tratamiento y la falta de políticas públicas sostenidas ponen en riesgo tanto la salud de la población como la biodiversidad de los ríos y arroyos.

En diálogo con EL ARGENTINO, la abogada ambientalista Valeria Inés Enderle, directora ejecutiva de Fundación Cauce (Cultura Ambiental – Causa Ecologista), subrayó que “no es un problema de falta de normas, sino de control y aplicación deficiente”. Su mirada crítica revela que el agua, pese a estar protegida en los textos legales, sigue siendo un recurso vulnerado por la desidia estatal y por modelos productivos que priorizan la rentabilidad sobre la sustentabilidad.

La reforma constitucional de 1994 incorporó en el artículo 41 el derecho de todas las personas a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Ese principio incluye el acceso al agua potable segura. A nivel internacional, los tratados sobre derechos económicos, sociales y culturales también lo reconocen como fundamental.

En Entre Ríos, la reforma de 2008 dio un paso más: “Particularmente me parece importante destacar que, en nuestra Constitución, desde la reforma del 2008, la Constitución de Entre Ríos, en el artículo 85, tiene específicamente un párrafo dedicado al agua como recurso natural colectivo y esencial. En este artículo se hace referencia al acceso al agua saludable, potable y, obviamente el saneamiento también es un derecho humano fundamental.”

Sin embargo, como comentó Enderle a EL ARGENTINO, que, además, tiene una sólida formación académica en derecho ambiental y urbanismo y es una referente en la defensa del acceso al agua y la justicia ambiental en Entre Ríos, “las normas existen, pero muchas han quedado vetustas frente a los estándares internacionales que actualiza la Organización Mundial de la Salud. El problema es que los mecanismos de control son débiles y la aplicación es deficiente”.

La contaminación del agua no es un fenómeno nuevo. Desde el siglo XIX, las industrias y actividades productivas han volcado residuos en ríos y arroyos. Hoy, con mayor tecnología y capacidad de prevención, el problema persiste. Ciudades como Paraná y Rosario continúan arrojando efluentes cloacales maltratados o sin tratar al río Paraná, mientras que el río Uruguay sufre impactos similares.

“Esto tiene que ver con una situación histórica, con una cuestión de decidir implementar políticas públicas que también se relacionan con la salud. Con presupuestos que consideran el acceso al agua como un gasto más que una real inversión en términos estratégicos”, dijo Enderle.

La lógica de priorizar obras visibles por sobre la infraestructura hídrica genera un círculo de postergación que multiplica los costos sociales y ambientales: “Es más conveniente ver una calle asfaltada que el mejor acceso al agua potable en un barrio o en una ciudad ya que ese trabajo no es tan visible o no tienen un efecto inmediato en la gente”.

La falta de participación ciudadana agrava el problema: “En ese sentido, nosotros creemos que es fundamental que las personas no solamente estén informadas respecto de la calidad del agua que están consumiendo, sino también ser conscientes de a dónde van los desechos que se generan también. Entonces me parece que el acceso a la información y la intervención social en este punto son claves.”

La abogada se refirió a este compromiso cívico: “La participación tiene que ser real y debemos entender que postergar este tipo de políticas siempre va a generar mayores costos y mayores daños no solamente en lo que tiene que ver con la salud pública sino también en lo que tiene que ver con lo ambiental, el cuidado de la biodiversidad y en definitiva la salud también de nuestros ríos y arroyos”.

La contaminación del agua impacta directamente en la biodiversidad. Aves, humedales, flora y fauna sufren alteraciones en la cadena trófica y pierden capacidad de resiliencia. Los alimentos que dependen de estos ecosistemas también se ven afectados, desde peces hasta cultivos irrigados con aguas contaminadas.

“La crisis hídrica tiene relación con el modelo productivo, pero no únicamente pensándolo en un modelo productivo exclusivo o específico de nuestro territorio. “Tiene que ver con un patrón coyuntural universal, con un sistema que a nivel mundial viene dejando consecuencias graves y nefastas, que es el sistema capitalista”, aseguró Enderle.

En relación a Entre Ríos, la profesional manifestó: “En nuestra provincia la crisis pasa por lo que tiene que ver con el uso intensivo de agrotóxicos, de las tecnologías ligadas a lo biológico, lo que tiene que ver con la contaminación de industrias y de vertidos cloacales de las ciudades”.

El uso intensivo de agrotóxicos, la presión industrial y los desmontes se suman al calentamiento global, generando un escenario crítico. “Es necesario discutir modelos de producción más sustentables, como la agroecología o la ganadería regenerativa”, afirmó la abogada ambientalista en diálogo con EL ARGENTINO.

La urgencia es evidente: postergar políticas de saneamiento y control solo profundiza los daños en la salud pública, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades. “Creemos que el actuar tiene que ser ya, es urgente, no podemos seguir esperando”.

Frente a la inacción estatal, las organizaciones y vecinos cuentan con herramientas jurídicas para reclamar agua segura. El acceso a la información y la participación ciudadana son derechos instrumentales que fortalecen la defensa del ambiente.

Además, existen mecanismos judiciales como medidas cautelares, acciones colectivas, amparos y acciones populares. “La Justicia tiene un rol importante cuando la administración no cumple. Los jueces deben aplicar principios como la prevención, la precaución y la responsabilidad, incluso imponiendo sanciones a quienes incumplen”, señaló Enderle.

No obstante, un fallo judicial no sustituye las políticas públicas. El poder de solución sigue estando en la administración, que debe garantizar de manera participativa e informada el acceso al agua y al saneamiento.

El agua, reconocida como derecho humano y recurso esencial, continúa siendo vulnerada por la falta de control, la contaminación histórica y la ausencia de políticas públicas estratégicas. La crisis hídrica en Entre Ríos y en Argentina refleja un modelo productivo que privilegia la rentabilidad sobre la sustentabilidad.

La voz crítica de especialistas como Valeria Enderle, expone la urgencia de actuar: fortalecer los mecanismos de control, actualizar las normas, garantizar la participación ciudadana y asumir que el acceso al agua potable no es un gasto, sino una inversión en justicia social y ambiental. “Tenemos leyes en Argentina respecto de la sanidad del agua, de la potabilidad y del saneamiento, obviamente podrían mejorarse y podrían claramente generarse mecanismos de control mucho más eficientes”, concluyó la profesional.

Detrás de los discursos sobre desarrollo, se esconde una realidad que el gobierno de Rogelio Frigerio evita mencionar: comunidades enteras consumen agua contaminada. La paradoja golpea en una provincia que lleva por nombre Entre Ríos.

Un relevamiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires analizó más de 350 muestras y detectó concentraciones de arsénico en Gualeguaychú, Gualeguay, Urdinarrain y Victoria. En el Departamento Paraná, localidades como María Grande y Hasenkamp registraron valores que superan el límite provincial de 0,05 mg/L, muy por encima de la recomendación de la OMS (0,01 mg/L).

“Preocupa la calidad del agua, sobre todo por arsénico y plaguicidas”, advirtió Lucía Ibarra Bouzada, presidenta del Foro Ecologista de Paraná. Vecinos, ante el silencio oficial, comenzaron a costear análisis propios que confirmaron la emergencia.

El arsénico, uno de los elementos más tóxicos, puede provocar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) y cáncer. Estudios recientes demostraron que su combinación con glifosato potencia los efectos. “Nos preocupa el impacto en las personas”, alertó Ibarra Bouzada.

En Crespo, un fallo ordenó suspender el riego de calles con agua contaminada y realizar peritajes del sistema cloacal. El caso expuso prácticas insólitas: se utilizaba agua con efluentes sin tratamiento, que terminaba en el río Paraná.

En Pueblo General Belgrano, la contaminación lleva una década sin resolverse. La Cooperativa de Agua Potable acumula denuncias desde 2015 por volcar efluentes al río Gualeguaychú y al Uruguay. La UIF fue aceptada como querellante en la causa, que investiga responsabilidades penales de sus directivos.

El panorama se agrava con un estudio del Conicet que detectó en el arroyo Las Conchas una concentración récord de glifosato: 5.002 µg/kg, la más alta registrada en Sudamérica. Los científicos documentaron “cócteles” de agrotóxicos, aguas negras y mortandad de anfibios en 24 horas.

Diecisiete años de evidencia científica y denuncias vecinales no han logrado respuestas concretas. La crisis hídrica de Entre Ríos es la prueba de un modelo productivo que sacrifica el agua —primer alimento y recurso no renovable— en el altar de la rentabilidad inmediata.

La catástrofe climática en La Paz destapó otra tragedia: la contaminación del agua potable con agroquímicos. Vecinos, científicos y organizaciones denuncian que miles de entrerrianos consumen agua envenenada mientras el gobierno provincial y nacional relegan la crisis hídrica.

En La Paz, el colapso del arroyo Curupí desparramó agroquímicos de una arrocera, contaminando el agua potable de la localidad. “El agua ingresó desde Corrientes, arrastró los tóxicos y entró a las viviendas”, denunció a ANÁLISIS Álvaro Escobar, vocal de AGMER. El episodio expuso la fragilidad del sistema: basta una inundación para que los químicos almacenados sin seguridad terminen en el agua que consume la población.

Mientras tanto, el Presupuesto Nacional 2026 destina apenas fondos para tres ciudades —Concordia, Villaguay y Diamante— dejando fuera a decenas de localidades. El presupuesto provincial, superior a 429.500 millones de pesos no especifica montos para agua potable o saneamiento.

La lista de comunidades afectadas es extensa: Crespo, Pueblo General Belgrano, La Paz, María Grande, Hasenkamp, Colonia Avigdor, Gualeguaychú, Gualeguay, Urdinarrain, Cuatro Bocas. Todas comparten el mismo patrón: falta de infraestructura, contaminación sistemática y un Estado que solo reacciona cuando la Justicia lo obliga.

La pregunta incómoda persiste: ¿cuántos entrerrianos más deberán enfermarse para que el agua potable sea prioridad política? Por ahora, la respuesta es el silencio. El mismo silencio que acompaña diecisiete años de estudios científicos ignorados y que permite que el arroyo Las Conchas ostente el récord sudamericano de contaminación por glifosato. Un silencio que, literalmente, envenena. (Fuente: Análisis)

El Ministerio de Ambiente (MA) dispuso una nueva sanción para UPM debido al incidente producido por un derrame de ácido sulfúrico en el muelle de la planta de celulosa ubicada en Fray Bentos; la multa llega hasta las 4.000 Unidades Reajustables (UR) y se suma a las otras que ya han sido aplicadas a la empresa.

Esta sanción aplicada por la cartera ya suma un total de ocho multas realizadas a la empresa que ya viene protagonizando accidentes ambientales, especialmente aquellos relaciones con derrames de ácido sulfúrico en cursos de agua y comprometiendo su ecosistema.

La multa aplicada por el MA corresponde al incidente ocurrido a comienzos del mes de marzo sucedido tras una rotura en una manguera de un embarque que estaba descargando y que transportaba ácido sulfúrico desde la planta en Fray Bentos hacia la terminal.

Así, la resolución de la cartera estableció una sanción de 4.000 UR a UPM S.A. y UPM Fray Bentos S.A “por el incumplimiento al Plan de Gestión Ambiental de Operación (PGAO) aprobado y, en particular, al procedimiento de carga y descarga de sustancias químicas en el puerto, poniendo en riesgo el ambiente debido a la fuga de ácido sulfúrico a través de la red de pluviales, la cual no cumplió la función de estructura de contención”, establece la resolución que publicó Búsqueda.

Además, aplicó una sanción de 1.000 UR por el derrame de ácido sulfúrico en un curso de agua que podría haber afectado 6.000 litros, “tratándose de una sustancia susceptible de deteriorar el medio receptor”.

La particularidad de estas sanciones es que son mucho más altas que las aplicadas por el gobierno anterior. Esto se debe a que en enero de este año el Poder Ejecutivo aprobó el decreto 22/025 que establece nuevos rangos de sanciones económicas en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales.

Este incidente está lejos de ser el primero que tiene UPM en Uruguay: de hecho, solo desde la inauguración de la segunda planta Paso de los Toros hasta mediados de agosto de 2024 —un período de, aproximadamente, un año—, la empresa finlandesa acumuló ocho multas aplicadas por el Ministerio de Ambiente por derrames en los afluentes uruguayos, que superaron los 270.000 dólares.

La última denuncia fue presentada por Movimiento por un Uruguay Sustentable en agosto pasado, a partir de un informe de la Dirección Nacional de Bomberos que dio cuenta de un derrame de aproximadamente 4.000 litros de soda cáustica al 50% desde la planta de UPM en el Puerto de Montevideo.

En aquel entonces, la cartera dirigida por Robert Bouvier tenía en estudio la aplicación de otras multas, una de ellas por el derrame de lixiviado en el arroyo el Sauce del 18 de junio, que generó el aumento de niveles de PH en el curso de agua y que la empresa no informó a tiempo, sino ocho días después. Por aquel incidente, el Ministerio de Ambiente evaluó una sanción de hasta 180.000 dólares.

Entre las multas acumuladas por UPM, destacan la que se aplicó por vertido de productos que excedieron los niveles de nitrato; otra por superar las cantidades permitidas de amonio y cloruro; y, de mayor gravedad, la que ocurrió en agosto del año pasado y correspondió al derrame de 1.000.000 de litros de residuos con soda caustica, una infracción que le costó 190.000 dólares, publicó Orilla y Media.

Contaminación, sequías e inundaciones simultáneas: Europa atraviesa una de sus mayores crisis hídricas, con impactos que se expanden desde los campos agrícolas del Mediterráneo hasta las ciudades del norte.

Con más del 60% de sus cuerpos de agua afectados por contaminantes industriales y agrícolas —desde nitratos y plaguicidas hasta metales pesados y PFAS— el continente enfrenta lo que expertos califican como una "erosión del ciclo natural del agua". A esto se suman las sequías prolongadas que golpean al sur —España, Italia y Portugal— y las inundaciones extremas que impactan regiones del centro y norte europeo, replicando episodios trágicos como los ocurridos en Alemania y Bélgica en 2021.

“La presión hídrica ya no es solo ambiental: es económica, sanitaria y geopolítica”, advierten desde Bruselas. La agricultura intensiva, principal usuaria del recurso, aparece como foco de contaminación y sobreexplotación, mientras que los sistemas urbanos de drenaje y consumo muestran serias falencias ante eventos extremos.

La Unión Europea lanzó su Estrategia de Resiliencia Hídrica 2025, un paquete de medidas que intenta revertir la presión creciente sobre los recursos acuáticos. Entre sus principales ejes se destacan la restauración de humedales y cuencas fluviales, el impulso a la reutilización de aguas grises mediante sistemas descentralizados, y el refuerzo de alertas tempranas ante inundaciones, cada vez más frecuentes en zonas urbanas.

Además, se propone consolidar el principio de “quien contamina, paga”, buscando que la industria asuma responsabilidades directas sobre sus impactos hídricos.

Sin embargo, organizaciones ambientales de todo el continente advierten que la implementación avanza con lentitud. Y mientras los documentos estratégicos se acumulan, la crisis ya se traduce en problemas concretos: caída en la producción agrícola, afectación en el acceso seguro al agua y deterioro de la calidad de vida en las regiones más vulnerables.