El comercio clandestino de animales representa una de las problemáticas ambientales más críticas a nivel global. Actualmente, el tráfico de fauna silvestre se posiciona como el cuarto negocio ilegal más lucrativo del planeta, superado únicamente por el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas. Esta red delictiva no solo mueve millones de dólares cada año, sino que genera consecuencias devastadoras e irreversibles en los ecosistemas, poniendo en riesgo de extinción a múltiples especies y sometiendo a los ejemplares a situaciones de extrema crueldad.

La realidad en Argentina expone números alarmantes sobre el impacto de esta actividad. En el territorio nacional, más de 100 especies de aves, 20 de reptiles y 15 de mamíferos sufren las consecuencias directas de estas redes de captura. El daño a la biodiversidad es tan severo que alrededor de 20 de estas especies ya se encuentran catalogadas bajo alguna condición de amenaza ecológica.

El proceso de captura y traslado clandestino expone a los animales a situaciones extremas de hacinamiento, privación de aire, falta de agua y desnutrición. Los especialistas advierten que la tasa de supervivencia dentro de este circuito es drástica: se estima que de cada diez animales extraídos de su entorno, entre ocho y nueve mueren antes de ser comercializados. El hacinamiento en transportes inadecuados, las peleas entre los propios ejemplares, las infecciones y las enfermedades son las causas principales de esta alarmante mortandad.

Frente a este escenario, el marco normativo argentino es contundente. La Ley Nacional Número 22.421 de Conservación de la Fauna prohíbe explícitamente la captura, el transporte, la comercialización y la tenencia de animales silvestres que no cuenten con una autorización legal expresa, determinando que los mismos deben desarrollarse en libertad dentro de sus hábitats. Esta norma se complementa con la Ley Número 14.346 contra el maltrato animal y la Ley Número 24.375 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. A nivel regional, la provincia de Entre Ríos suma la Ley Provincial Número 4841 para blindar la protección de las especies autóctonas.

Desde la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Municipalidad remarcaron la importancia del compromiso ciudadano para cortar el circuito comercial. Los funcionarios solicitaron que, ante la detección de publicaciones en redes sociales o personas particulares que ofrezcan ejemplares silvestres, se evite por completo la compra o la difusión de estos contenidos. En su lugar, se insta a los vecinos a radicar de forma inmediata la denuncia correspondiente ante las oficinas locales de control ambiental para frenar la depredación de los recursos naturales.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay condenó este lunes al exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, a dos años de prisión por tentativa de contrabando. En la misma causa, su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel, recibió una pena de un año y diez meses. En ambos casos, las condenas fueron dictadas con suspensión de la ejecución, por lo que no deberán cumplir prisión efectiva.

Durante el juicio, el fiscal Ysrael Villalba había solicitado una pena de dos años y dos meses de cárcel para ambos imputados, una cifra cercana al máximo previsto para este delito en grado de tentativa, que es de dos años y seis meses.

La causa se inició por un episodio ocurrido en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel intentaron ingresar a Paraguay a bordo de una camioneta Chevrolet Trailblazer. Durante un control, las autoridades encontraron 200 mil dólares estadounidenses sin declarar, distribuidos entre ambos ocupantes del vehículo.

La camioneta está registrada a nombre de Daniel “Gonzalito” González, señalado por la Justicia como presunto testaferro del exsenador en Argentina. A raíz de este expediente, el exlegislador nacional por Entre Ríos permaneció durante 18 meses bajo prisión domiciliaria mientras avanzaba el proceso judicial en Paraguay.

A lo largo del juicio, Kueider rechazó las acusaciones y sostuvo que no cometió ningún delito. “No se cometió ningún ilícito”, aseveró. En la audiencia de cierre volvió a defender su postura y también la de su pareja.

“Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ilícitos”, insistió. Además, agregó: “Eso quedará demostrado en este juicio y en los que vengan aquí y allá. Hubo un error de criterio de Fiscalía: no se cometió ningún ilícito“, dijo, de acuerdo a lo que publicó Infobae.

El ex senador nacional entrerriano Edgardo Kueider sumó un nuevo proceso judicial en Paraguay este miércoles luego de que la Fiscalía de ese país lo imputase por presunto lavado de dinero mediante la compra de departamentos y estacionamientos en Asunción, informaron fuentes del Ministerio Público y la prensa local. El ex legislador cumple prisión domiciliaria en el país vecino por intentar ingresar con 200 mil dólares sin declarar.

Además de Kueider, también fueron imputados por el nuevo delito su secretaria, Iara Guinsel, que también cumple prisión domiciliaria en Paraguay porque viajaba en el auto con el ex legislador cuando intentó ingresar con las divisas, y dos ciudadanos paraguayos.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que los fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez presentaron una “imputación contra dos ciudadanos argentinos y dos paraguayos -cuyas identidades no reveló- por presunto lavado de activos en el rubro inmobiliario“, que fue admitida por un juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.

El dinero, según el ente investigador, es “de origen presuntamente ilícito derivado de casos de corrupción pública” en Argentina.

La nueva imputación señala que los acusados presuntamente adquirieron seis departamentos y seis cocheras en un edificio de la capital paraguaya por un monto de 480.000 dólares, detalló este miércoles la Fiscalía.

El Ministerio Público aseguró que entre octubre y noviembre de 2024 una empresa conformada por dos intermediarios paraguayos adquirió las mismas propiedades que los extranjeros intentaron comprar previamente en una operación que no se concretó después de que no pudieran respaldar el origen de los recursos ante una inmobiliaria, confirmó Clarín.

La prensa indicó que la acusación fue contra Kueider y Guinsel, quienes permanecen bajo prisión domiciliaria desde diciembre de 2024 tras ser imputados por presunta tentativa de contrabando de divisas luego de haber sido detenidos en el puente que une a la paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña de Foz de Iguazú, en una camioneta. Desde diciembre de 2025 se trasladaron a la ciudad de Luque.

Las intensas lluvias de las últimas semanas en el norte argentino profundizaron la crisis del sector tomatero. En Jujuy y Salta, productores y técnicos alertan por la aparición de enfermedades fúngicas que deterioran la calidad del fruto y obligan al descarte de grandes volúmenes.

Hugo Arroyo, pequeño productor de Yuto, explicó que “ya van tres semanas de lloviznas, con mucha humedad y ataque de plagas que manchan el tomate”. Según detalló, el Tizón temprano y tardío, la Alternaria y la Viruela afectan la producción y reducen drásticamente los precios. “Un tomate de buena calidad se paga cerca de $20.000, pero si está manchado baja a $10.000. En Yuto ya desechamos más del 20% de lo producido”, señaló.

En Fraile Pintado, Alexis Avendaño coincidió en que las lluvias y los cambios de temperatura generaron pérdidas importantes. “El Tizón deterioró la producción y los compradores ya no buscan la mercadería de la zona. Se llegó a tirar tomate desde los galpones por falta de precio y demanda”, afirmó.

El ingeniero agrónomo Javier Chávez, desde Colonia Santa Rosa, explicó que las tormentas tempranas desarmaron los bordos y plásticos de los campos, retrasando la siembra y generando una presión inédita de patógenos. “Este año la humedad y los días nublados favorecieron hongos como Alternaria, bacteriosis y Pseudomonas. Los fungicidas no hacen efecto porque las lluvias lavan las aplicaciones”, indicó.

A las dificultades sanitarias se suma el ingreso ilegal de tomate desde Bolivia, que complica aún más la comercialización. “Están haciendo contrabando y metiendo verdura por el río. No podemos competir contra eso”, denunció Chávez. Arroyo pidió controles fronterizos para evitar que la mercadería importada siga afectando los precios locales.

Pese al panorama adverso, los productores buscan alternativas. Avendaño propone incorporar tecnología para proteger los cultivos, controlar el ingreso de productos extranjeros y fomentar la industrialización del tomate para estabilizar precios. “Podemos aprovechar la pulpa y la cáscara para bioplásticos o salsas, y así reducir las pérdidas”, sostuvo.

Desde el INTA Yuto y empresas privadas se realizan charlas técnicas para capacitar a los productores en manejo de enfermedades y estrategias de adaptación. “Nos cuesta mucho sostener la producción, pero seguimos buscando soluciones”, concluyó Chávez.

Fuente: Bichos de Campo

Personal de la Prefectura Naval Argentina desarticuló una maniobra de contrabando hacia la República Oriental del Uruguay, en un procedimiento que culminó con el secuestro de un importante cargamento de bebidas alcohólicas y jarabes medicinales valuado en más de 6,4 millones de pesos.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Prefectura Concordia, bajo la supervisión del prefecto Jorge Ribinski, en conjunto con la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones. Las patrullas detectaron la actividad ilegal a la altura del kilómetro 334,6 del río Uruguay durante tareas de vigilancia nocturna en la zona ribereña.

Los uniformados divisaron a dos individuos que se encontraban estibando bultos de grandes dimensiones en una embarcación a remo de chapa, de unos 6,5 metros de eslora, que permanecía varada en la costa. Al escuchar la voz de alto impartida por la autoridad, los sospechosos se dieron a la fuga internándose en la densa vegetación del lugar. En su huida, abandonaron la carga en la playa e intentaron descartar otros bultos lanzándolos al río.

Tras asegurar el perímetro y realizar un rastrillaje, los prefectos hallaron trece bultos cerrados dentro del bote. A pocos metros del lugar, también localizaron un tráiler que los contrabandistas habrían utilizado para trasladar la estructura por tierra hasta el punto de embarque.

La Justicia Federal ordenó el decomiso de la mercadería, el bote y el tráiler, mientras la fuerza nacional continúa con las tareas investigativas para identificar a los fugitivos y desbaratar la red de acopio local.

El proceso judicial contra el exsenador nacional Edgardo Kueider comenzó este martes en Asunción, Paraguay, luego de varias postergaciones. El Tribunal Especializado en delitos económicos, presidido por la jueza Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete Piris, abrió la primera audiencia poco después de las 8 de la mañana en la sala 10 de la Torre Norte de la Justicia.

La jornada se inició con la lectura de la acusación que pesa sobre Kueider y su pareja, Iara Guinsel. Ambos escucharon con atención, pero decidieron abstenerse de declarar en esta instancia, aunque adelantaron que podrían hacerlo más adelante. El fiscal Ysrael Villalba, encargado de la acusación, repasó los principales puntos del expediente y anticipó que evalúa agravar los cargos apelando a otras modalidades de contrabando previstas en la legislación paraguaya.

La imputación se fundamenta en lo ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguazú. Según el acta del fiscal Edgar Benítez Delgado, a las 01:30 horas personal naval y funcionarios aduaneros, con apoyo del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, incautaron un vehículo y valores en divisas americanas, guaraníes y pesos argentinos en poder de Kueider y Guinsel.

El documento oficial precisó que ambos portaban USD 211.102, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos, montos que debían ser declarados ante la Dirección Nacional de Aduanas, diligencia que no fue realizada. Por esa razón, se los acusa de tentativa de contrabando, al considerar que el dinero constituye un instrumento negociable según la normativa vigente en Paraguay.

El fiscal Villalba sostuvo que el delito es de acción penal pública y que la omisión de declarar los valores buscó ocultar instrumentos monetarios. En su razonamiento, el caso configura una tentativa de contrabando, aunque no descartó ampliar la acusación hacia otras figuras previstas en la ley.

La expectativa ahora se centra en las próximas audiencias, donde se definirá si los imputados deciden declarar y cómo avanzará la estrategia de la fiscalía. El proceso, seguido de cerca por medios y actores políticos, promete convertirse en un caso testigo sobre la aplicación de la legislación paraguaya en delitos económicos transnacionales.

El Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos postergó para el 9 de junio el inicio del juicio oral contra el exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, ambos acusados por tentativa de contrabando en Paraguay.

El debate debía comenzar este lunes, pero fue reagendado por disposición del tribunal.

La causa había generado expectativa en los últimos días, luego de que se conociera que Kueider comenzaría a ser juzgado en Paraguay por el intento de contrabando de divisas.

Kueider y Guinsel cumplen arresto domiciliario desde diciembre de 2024, luego de haber sido detenidos cuando intentaban ingresar al país con más de 200 mil dólares sin declarar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

El juicio oral y público comenzará finalmente el 9 de junio y estará a cargo de los jueces Adriana Planás, Elsa García y Matías Garcete.

El tribunal deberá analizar la culpabilidad o no de los acusados, que se exponen a una pena de hasta 2 años y 6 meses de prisión.

Además de este proceso en Paraguay, tanto Kueider como Guinsel enfrentan un pedido de extradición impulsado por la Justicia argentina.

Ambos son requeridos en una causa por supuesto lavado de activos, mientras continúan con arresto domiciliario a la espera del avance judicial en ambos frentes.

La Prefectura Naval Argentina intensificó su despliegue operativo sobre el río Uruguay, en la zona de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con el objetivo de reforzar la seguridad de la navegación y prevenir delitos. En ese marco, se realizó un procedimiento que puso en evidencia la caza ilegal y el transporte de animales silvestres faenados.

El hecho ocurrió el 21 de abril, cuando una patrulla fluvial interceptó una lancha equipada con motor fuera de borda en el canal Secundario, a la altura del kilómetro 168 del río Uruguay. En la embarcación viajaban dos personas que transportaban conservadoras con animales silvestres faenados, presuntamente producto de la caza ilegal, sin doc

umentación correspondiente.

Durante la inspección se constató la presencia de ejemplares ictícolas y elementos cortantes. Tras verificar los antecedentes, se determinó que uno de los involucrados había estado vinculado a una causa por tenencia ilegal de armas, aunque sin impedimentos legales vigentes.

Como resultado del procedimiento, se incautaron tres carpinchos, un jabalí, dorados, bagres y seis cuchillos de distintas dimensiones. El valor de lo secuestrado supera el millón de pesos. Intervino la Fiscalía Auxiliar de Turno N° 4, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, quien ordenó el traslado de los involucrados y la embarcación a la dependencia local, además del secuestro de los elementos y la desnaturalización de la carne incautada.

Asimismo, se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, que labró el acta correspondiente por infracción a la normativa provincial de caza.

En lo que va del año, Prefectura realizó 33 procedimientos por infracción a la Ley de Pesca, con secuestro de redes, espineles, anzuelos y ejemplares ictícolas. También contabilizó actuaciones por tenencia ilegal de armas, contrabando y adulteración de motores, con un total de 13 personas aprehendidas. En el ámbito de seguridad de la navegación, se identificaron 1.305 personas, se inspeccionaron 546 embarcaciones, de las cuales siete fueron secuestradas, y se labraron 50 infracciones al REGINAVE.

El lunes 20 de abril comenzarán las audiencias en la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción. Allí, el ex legislador nacional enfrentará cargos de contrabando en grado de tentativa, en un proceso que podría marcar el inicio de una serie de definiciones judiciales sobre su futuro.

Kueider lleva un año y tres meses en prisión domiciliaria en Paraguay. El delito que se le imputa, junto a su ex secretaria y actual pareja, Iara Guinsel, prevé una pena mínima de dos años y medio. En caso de condena, el tiempo ya cumplido bajo arresto domiciliario será considerado.

La estrategia defensiva sostiene que el dinero no constituye mercancía y, por lo tanto, no hubo tentativa de contrabando. Además, argumenta que los USD 200 mil no pertenecían ni a Kueider ni a Guinsel, sino a inversores paraguayos en bienes raíces. Según esta versión, el efectivo fue entregado a Guinsel como parte de una operación inmobiliaria.

El episodio se remonta a diciembre de 2024, cuando la pareja recibió el dinero en Ciudad del Este. Tras cenar en Foz do Iguaçu, Brasil, fueron interceptados al regresar por el Puente de la Amistad. Desde entonces, residen bajo vigilancia en distintos complejos de Asunción y Luque, actualmente en el edificio Insignia 3, con custodia permanente de la Policía Nacional.

El ex senador también enfrenta un proceso de extradición solicitado por la jueza federal argentina Sandra Arroyo Salgado, quien lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía paraguaya dictaminó que podría ser remitido a la Argentina una vez concluido el juicio por contrabando.

En paralelo, la Justicia de Concordia mantiene abierta una investigación que abarca toda la carrera política de Kueider, desde su elección como concejal en 1999 hasta su desempeño como senador nacional. El expediente de Arroyo Salgado se centra en el período 2015-2019, mientras que el legajo entrerriano amplía el alcance a dos décadas de actividad pública.

El proceso que se inicia en Paraguay será el primero de una serie de definiciones judiciales que marcarán el futuro de Kueider, en un escenario donde las causas por contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos se entrelazan entre dos países.

Fuente APFDigital

La Prefectura Naval Argentina llevó adelante un operativo de gran magnitud en la localidad misionera de Puerto Iguazú, que culminó con el secuestro de un cargamento de celulares valuado en más de 1.500 millones de pesos. Los efectivos detectaron a varios individuos que trasladaban bultos desde un vehículo hacia la costa. Al advertir la presencia policial, los sospechosos se dieron a la fuga, abandonando la carga y el rodado. Tras asegurar la zona, el personal de la Fuerza incautó 17 bultos que contenían un total de 2.004 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

Al retirarse del lugar, los uniformados constataron que se habían montado dos barricadas con piedras y troncos para obstruir el paso de los móviles oficiales. Al remover los objetos, el personal fue atacado con elementos contundentes provenientes del monte, lo que obligó a repeler la agresión para poder evacuar la zona de manera segura.

La Fiscalía y el Juzgado Federal de Iguazú intervinieron en la causa, disponiendo el secuestro de la mercadería y del vehículo involucrado. El operativo se enmarca en las tareas de investigación que la Prefectura Naval Argentina desarrolla en la región, donde el contrabando y el tráfico ilegal de mercaderías representan un desafío constante para las fuerzas de seguridad.

El cargamento incautado, valuado en más de 1.500 millones de pesos, refleja la magnitud del negocio ilegal que opera en las fronteras. Los celulares, de distintas marcas y modelos, estaban destinados a ingresar al mercado sin control fiscal ni sanitario, afectando tanto a la economía formal como a los consumidores.

La Prefectura destacó que este tipo de procedimientos no solo buscan frenar el contrabando, sino también garantizar la seguridad en zonas de frontera, donde las organizaciones criminales suelen operar con violencia y sofisticación logística. La resistencia encontrada en el operativo evidencia la peligrosidad de estas maniobras y la necesidad de mantener una presencia activa de las fuerzas federales.

El operativo en Puerto Iguazú se suma a otros procedimientos realizados en la región, que buscan desarticular las redes de contrabando y proteger la economía nacional. La incautación de más de 2.000 celulares constituye un golpe significativo contra estas estructuras ilegales y envía un mensaje claro sobre la capacidad de respuesta del Estado.

Un procedimiento de control vehicular realizado por Gendarmería Nacional en la localidad jujeña de Tres Cruces terminó con el hallazgo de un compartimiento oculto en el piso de un colectivo de larga distancia. Allí se escondían 200 kilos de hojas de coca en estado natural. El operativo, desarrollado en la madrugada, derivó en la intervención de la Justicia Federal y en la imputación de dos ciudadanos vinculados al transporte ilegal de mercadería.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección “Tres Cruces”, dependiente del Escuadrón 21 “La Quiaca”. Durante la inspección de rutina, los efectivos advirtieron irregularidades en los tornillos de una tapa ubicada en el piso del rodado, que presentaban signos de haber sido removidos.

Al profundizar la revisión, los gendarmes percibieron un fuerte olor característico a hojas de coca. Ante la sospecha de un posible ilícito, solicitaron autorización a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy para continuar con la requisa. Con el aval judicial, se realizó el pasaje del can antinarcóticos, que reaccionó de manera exaltada al detectar la presencia de la sustancia.

Con herramientas, los uniformados retiraron los tornillos y descubrieron un compartimiento oculto que contenía numerosos paquetes con hojas de coca en estado natural. El cargamento alcanzaba los 200 kilos.

Tras el hallazgo, dos hombres quedaron supeditados a la causa mientras se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes. Desde Gendarmería Nacional destacaron la importancia de los controles vehiculares y remarcaron que este tipo de operativos permite detectar maniobras de ocultamiento destinadas al transporte ilegal de mercadería.

La fuerza subrayó que la modalidad del “doble fondo” en colectivos y camiones es una práctica recurrente en intentos de contrabando, y que los controles en rutas del norte del país resultan claves para frenar estas maniobras.

Según fuentes del caso, los vehículos ingresaban desde Paraguay bajo el argumento de visitas turísticas, pero luego eran utilizados en producciones audiovisuales y alquileres para artistas. La Aduana detectó la reiterada presencia de autos radicados en Paraguay circulando en Buenos Aires, lo que derivó en cruces con ARCA, Migraciones y la División Contravencionales de la Policía de la Ciudad.

Ese seguimiento permitió establecer que los vehículos eran explotados comercialmente en videoclips y eventos, lo que está prohibido bajo el Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur. Los autos aparecían con frecuencia en redes sociales y en producciones de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez.

El Juzgado Federal de Puerto Iguazú ordenó cinco allanamientos en el área metropolitana, donde se secuestraron cuatro automóviles valuados en más de $500 millones, una camioneta Toyota SW4, $30 millones en efectivo, US$20 mil y un arma de fuego sin documentación. También fueron detenidos dos ciudadanos argentinos, que quedaron incomunicados mientras avanza la causa.

Al mismo tiempo, se determinó que uno de los imputados se presentaba como responsable de una productora de eventos, aunque no tenía actividad económica declarada ante ARCA. La causa se abrió por presunto contrabando agravado, delito que prevé penas de hasta diez años de prisión. Desde el juzgado no descartan nuevas medidas y el expediente retrotrae el origen del esquema al menos hasta 2023, mientras se analiza si hubo más intermediarios o destinos comerciales.

Incautaron una gran cantidad de mercadería de contrabando valuada por más de 260 millones de pesos en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones; fue tras un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

Mediante controles vehiculares que la fuerza realiza en la zona, con colaboración del personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), oficiales de la PSA interceptaron un camión que transportaba encomiendas y carga en general. Al requerir su documentación de respaldo, el conductor presentó comprobantes que analizados los mismos hacían presumir una presunta infracción a la ley 22.415 del Código Aduanero.

Con la autorización e intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, el vehículo de transporte fue trasladado para una exhaustiva inspección. Mediante un escáner, los efectivos lograron descubrir la presencia de bultos compatibles con neumáticos, artículos de bazar, calzado, indumentaria y electrónica en cantidades que, por su volumen, evidenciaban una clara finalidad comercial y la posible comisión del delito de contrabando.

En total se contabilizaron 210 encomiendas que en su interior transportaban mercadería compuesta por smarts Tv, artículos electrónicos, electrodomésticos variados, productos de blanquería, indumentaria, consolas y juguetes, entre otros, con un aforo de más de $ 265.000.000. Todo lo incautado, quedó a disposición del juzgado interviniente.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios expresó su preocupación por el crecimiento del contrabando de productos electrónicos y advirtió que el fenómeno genera perjuicios directos sobre la producción, el empleo, la recaudación fiscal y la seguridad de los consumidores en todo el país.

Desde la entidad empresaria señalaron que el ingreso irregular de mercaderías se intensificó en distintos rubros, con especial incidencia en artículos electrónicos como celulares, televisores, notebooks y equipos de aire acondicionado. Según plantearon, esta actividad ilícita afecta la comercialización formal y distorsiona la competencia en el mercado interno.

El presidente de la CAC, Mario Grinman, sostuvo que el impacto del contrabando no se limita a la venta minorista, sino que alcanza a la cadena productiva en su conjunto. En ese marco, advirtió que la proliferación de productos ilegales erosiona el empleo registrado y debilita a las empresas que cumplen con las normas vigentes.

La cámara también remarcó el daño que esta práctica provoca sobre las arcas del Estado nacional. Indicó que el ingreso irregular de mercaderías implica una pérdida significativa de recursos por derechos de importación, impuestos internos e IVA, entre otros tributos, lo que reduce la capacidad de financiamiento de políticas públicas.

Otro de los puntos subrayados fue el riesgo para los consumidores. La CAC alertó que muchos de los productos electrónicos que ingresan al país de manera ilegal no cumplen con las certificaciones eléctricas ni con las homologaciones exigidas por los organismos competentes. Además, carecen de garantía oficial y de soporte técnico, lo que deja a los usuarios en una situación de desprotección.

Desde la entidad advirtieron que estas irregularidades vulneran las normas de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial, y pueden derivar en problemas de seguridad para quienes adquieren estos artículos fuera de los canales formales.

Frente a este escenario, la CAC reclamó a las autoridades nacionales que profundicen las medidas de control y detección en los pasos fronterizos. El objetivo, señalaron, es mejorar la identificación y persecución de quienes participan en el ingreso ilegal de mercaderías y de los vendedores que operan en el mercado local al margen de la ley.

Asimismo, plantearon la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos organismos públicos para implementar controles e inspecciones más eficaces sobre la venta y reventa de productos, tanto en locales físicos como a través de plataformas digitales. Según indicaron, esa articulación resulta clave para garantizar el cumplimiento del marco legal y preservar condiciones de competencia leal en el mercado argentino.

Secuestraron en Concordia un cargamento millonario de cigarrillos y vestimentas que pretendía ser cruzado a la República Oriental del Uruguay. El procedimiento se concretó durante la noche del martes en el área ribereña conocida como "El Arenal", donde los efectivos de Prefectura de Concordia que realizaban un importante operativo detectaron movimientos sospechosos.

Según se indicó, constataron a individuos manipulando bultos entre una camioneta Ford F-100 y un bote a motor, con claras intenciones de cruzar la mercadería de forma ilegal hacia Uruguay.

Al percatar la presencia de la autoridad y recibir la orden de alto, uno de los involucrados se dio a la fuga rápidamente en la embarcación. No obstante, el personal logró la aprehensión del restante implicado, que quedó a disposición de la Justicia Federal.

Por disposición del Juzgado Federal de Concordia, se procedió a la apertura de los 12 bultos y al secuestro de la totalidad de los elementos, en infracción a la Ley N° 22.415 (Código Aduanero).

El material incautado incluye:

-499 cartones de cigarrillos de marca GIFT.

-193 prendas de vestir de diferentes tipos.

-una camioneta FORD F-100 utilizada para el ilícito.

-un teléfono celular.

El valor total de aforo de la mercadería asciende a la suma de 22 millones de pesos.

La Prefectura Naval Argentina continúa intensificando los controles en el corredor fluvial para combatir los delitos de contrabando, reafirmando su rol como policía auxiliar aduanera y migratoria, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Efectivos de la Prefectura Represa Salto Grande realizaban una patrulla pedestre en la progresiva del kilómetro 348, margen derecha del río Uruguay, en inmediaciones del Camping La Tortuga Alegre, cuando detectaron movimientos sospechosos en la costa.

Los uniformados observaron dos vehículos apostados sobre la ribera argentina y una embarcación a motor en las cercanías del lugar. Al acercarse, constataron que desde uno de los automóviles se descargaban varios bultos hacia la embarcación. Al notar la presencia del personal policial, el bote emprendió la fuga hacia la costa uruguaya, en dirección a la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay.

Ante la situación, se procedió a identificar a los ocupantes de los vehículos y se dio intervención inmediata al Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, mediante comunicación con el Secretario Dr. Iñaki Bosch. Por orden judicial, se realizó la contabilización de los bultos en el lugar, así como la requisa de los dos automóviles en presencia de testigos hábiles.

El procedimiento permitió secuestrar veinte cajas conteniendo mil (1.000) cartones de cigarrillos marca “GIFT”, de industria paraguaya, además de dos vehículos: Renault 18 (dominio RRJ 287), Renault 19 (dominio TCR 067).

El aforo total de lo incautado asciende a $23.384.000, según valuaciones oficiales. Por disposición del magistrado interviniente, los dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos y trasladados a sede judicial, labrándose las actuaciones correspondientes por Tentativa de Contrabando, en infracción a la Ley 22.415.

En lo que transcurrió de 2025, la Policía de Entre Ríos, a través de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, desplegó intensos operativos en los 21 puestos camineros de la provincia. Como resultado, se concretaron 409 secuestros de vehículos, 38 armas de fuego retenidas, 248 cartuchos incautados y 77 detenidos.

El responsable de comunicaciones de la Dirección, Diego Passarello, explicó que “los operativos de rutina que se realizan en los 21 puestos camineros de la provincia arrojaron cifras significativas. En lo que va del año ya se secuestraron 409 vehículos, 38 armas y 77 detenidos; además, se registraron más de 21 intervenciones por contrabando con distintos resultados”.

En cuanto a incautaciones económicas, los procedimientos derivaron en el secuestro de 304.288.270 pesos y 500.000 reales.

Los agentes también intervinieron en 31 procedimientos por drogas peligrosas, donde se decomisaron más de 13 kilos de clorhidrato de cocaína y 98 kilos de cannabis sativa.

En materia de infracciones al Código Aduanero, se registraron 21 procedimientos por contrabando, con distintos resultados en cuanto a mercancías y transportes detectados en irregularidad.

Passarello resaltó que los resultados obtenidos forman parte del trabajo sostenido en la prevención y el control del delito en rutas entrerrianas. “Estos operativos buscan no solo garantizar la seguridad vial, sino también prevenir el transporte de armas, drogas y otros delitos asociados”, indicó.

De esta manera, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial reafirmó su presencia activa en las rutas de la provincia, con procedimientos que continuarán en lo que resta del año.

En el marco de tareas de prevención y control en la zona de frontera, Prefectura Naval Argentina –Delegación Concordia–, bajo la conducción del prefecto Jorge Ribinski, llevó adelante un operativo que permitió desarticular un cargamento millonario de contrabando.

La acción se desarrolló en el kilómetro 328,6 del río Uruguay, en el paraje “El Boyero”, donde las unidades de Prefectura interceptaron dos embarcaciones que transportaban mercadería con destino a la República Oriental del Uruguay.

Como resultado del procedimiento, se detuvo a dos hombres de nacionalidad argentina y se secuestraron las dos embarcaciones junto a 43 bultos. Entre la mercadería se contabilizaron prendas de vestir, calzados, bebidas alcohólicas, productos de limpieza y medicamentos. El aforo total fue estimado en 45 millones de pesos, según publicó elonce.

El Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, dispuso el traslado de los detenidos y de la mercadería a la sede de Prefectura para continuar con las actuaciones de rigor. Posteriormente, se libraron allanamientos en dos domicilios con el objetivo de secuestrar armas, teléfonos y otros elementos vinculados a la causa.

Desde Prefectura Naval Argentina, en tanto, destacaron que este procedimiento reafirma el compromiso de la fuerza con la protección de las fronteras y la lucha permanente contra el contrabando, en defensa de la seguridad pública y la legalidad.

El procedimiento se realizó este miércoles en los negocios propiedad de Jorge Tolomei –padre de Rosario- mientras la familia se encontraba de vacaciones en Miami y habría dejado constancia de evasión fiscal y venta de mercadería falsificada.

De acuerdo a lo que pudo saber El Entre Ríos, la investigación se inició tras la detección por parte del ARCA de irregularidades en los locales comerciales.

A partir de esto, se le dio intervención al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay a cargo de Hernán Viri, quien ordenó que la Policía Federal lleve a cabo las medidas de allanamiento junto al personal del ARCA, con el fin de incautar mercadería que se encontraba en infracciones a las leyes de contrabando (mercadería extranjera que ingresó al país ilegalmente) y ley de marcas (ropa que imitaban marcas originales).

En total se concretaron cuatro allanamientos, todos en locales de la misma firma comercial (tres de ropa y uno de calzado).

Si bien no hay información oficial del monto secuestrado, habría más de 300 bolsas de consorcio con indumentaria y calzados, superando los 200 millones de pesos, las que fueron trasladadas hasta la sede de Policía Federal en Concepción del Uruguay y permanecen a la espera de ser examinadas por peritos para determinar origen y corroborar su adulteración.

Fuente: El Entre Ríos

La Prefectura Naval Argentina, Delegación Concordia, a cargo del Prefecto Jorge Ribinski, realizó un operativo en las aguas del Río Uruguay, en la zona conocida como El Arenal, reforzando el control sobre los delitos federales en la frontera.

Durante la madrugada, una patrulla detectó movimientos sospechosos en la costa y observó una embarcación intentando dirigirse hacia Uruguay. Al percatarse de la presencia de los medios fluviales de la Fuerza, los ocupantes abandonaron la embarcación y varios bultos, escapando por la vegetación ribereña.

En el procedimiento se incautó mercadería de origen extranjero sin aval aduanero, entre la que se contabilizaron casi 5.000 paquetes de cigarrillos de la marca “51” (industria paraguaya) y más de 2.350 desodorantes de la marca “Rexona”.

Por disposición del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, se iniciaron las actuaciones correspondientes. El valor estimado de lo secuestrado asciende a 17,5 millones de pesos.

La Prefectura Naval Argentina reafirmó su compromiso con la protección de los recursos nacionales, el combate a los delitos complejos y la preservación de la seguridad en la zona de frontera, siguiendo las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación y con el respaldo de la Justicia Federal.