La firma del acuerdo se llevó a cabo en las oficinas de Codesal y contó con la participación de Eduardo Cristina, presidente de la corporación, junto a Germán Praic, encargado de la sucursal de estas entidades bancarias.

En este marco, el acuerdo no solo generará beneficios directos para los usuarios, sino que también contribuirá a una mejor dinámica de la economía local.

A través de este entendimiento, se avanzará en la generación de propuestas que permitan a los usuarios acceder a promociones, descuentos y opciones de financiación mediante las tarjetas de crédito de ambas entidades, brindando herramientas que acompañen la actividad económica y potencien su crecimiento

De esta manera, Codesal ratifica su compromiso de trabajar de manera conjunta en la construcción de alianzas que promuevan el desarrollo sostenible, fortalezcan el entramado social y amplíen los beneficios para la comunidad. (APFDigital)

Semanas atrás y tras varias jornadas de protesta de trabajadores rurales, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) cerró un nuevo acuerdo bimestral con las patronales agrarias. Sin embargo, el referente de la entidad a nivel provincial, Edgardo Maier, en diálogo con EL ARGENTINO, manifestó su desacuerdo con las cifras establecidas: “Estamos en alerta. Las negociaciones siguen abiertas y confiamos en que se retomen los compromisos. Lo que se necesita es dignidad para el trabajo rural y eso no se logra con acuerdos que maquillan la pobreza”.

EL ARGENTINO dialogó con Rodrigo, un trabajador rural que describió su experiencia. La misma coincide con lo manifestado por el dirigente de Uatre, en relación con la situación salarial. “En cuanto al salario, la verdad es muy negativo. Nosotros, o la mayoría de los que trabajamos en el campo, en cualquiera de sus tareas, somos el motor de la Argentina. Y, sin embargo, no se nos reconoce como tal”.

Rodrigo trabaja en buenas condiciones laborales, pero no deja de ser realista: “Yo trabajo en el límite entre Gualeguaychú y Concepción. Me dedico al manejo de maquinaria: trilla de cereales, siembra y arreglos de tierras. Las condiciones laborales en mi caso no están tan mal, pero hay muchas cosas que mejorar, por eso siempre le vamos buscando la vuelta”.

A su vez, el trabajador rural se lamenta: “El problema es que hay situaciones mucho más precarias. Como si nos hubiésemos quedado estancados en los años ‘90, lamentablemente. A veces parece que se avanza en tecnologías, pero no en derechos”, finalizó el trabajador rural.

Por su parte, Edgardo Maier, delegado regional de Uatre entre Ríos y miembro de la CGT Regional Paraná, se refirió al salario del trabajador rural: “Siento que aún estamos muy lejos de lo necesario para que un trabajador rural pueda alimentar a su familia. Lo digo con dolor. Frente a esa carencia evidente, el gobierno responde con beneficios para ciertos sectores —baja de retenciones, facilidades para importaciones—, pero no hay nada para los trabajadores. Y eso duele. Esas decisiones favorecen a la sociedad rural organizada, al empresariado del agro, pero no a los peones, capataces y encargados que hacen el trabajo diario en el campo”.

“Lo que se firmó lo homologa el Estado, sí, pero eso no implica que estemos de acuerdo. No podemos estarlo, porque resulta inaceptable, desde una perspectiva humana, que el ingreso de un trabajador rural esté por debajo de la línea de pobreza”, manifestó Maier. Y, en esta línea, indicó: “Un peón rural no llega a los 750 mil pesos mensuales, y ni siquiera un encargado —el escalafón más alto dentro del convenio— supera el millón doscientos mil. En una provincia donde la actividad láctea es clave, como Entre Ríos, un trabajador de tambo, con años de experiencia, está cobrando 930 mil pesos brutos”.

El dirigente ve como un gran desequilibrio el hecho de que no hay transferencia de beneficios para los peones rurales, como sí sucede con los grandes sectores del agro. “Mientras ellos acceden a medidas que favorecen su rentabilidad, nosotros seguimos por debajo de la línea de pobreza. La baja de retenciones no beneficia al trabajador rural. El gobernador Rogelio Frigerio aplaudió esta medida, pero por otro lado cierra la escuela donde van los hijos de nuestros agremiados”, afirmó Maier, a lo que definió como un “doble castigo”: la falta de mejora salarial y el golpe a la educación rural con el cierre de escuelas.

En este sentido, el gremio manifestó una gran preocupación por esta situación: “El gobernador anunció el cierre de 300 escuelas rurales, es una situación muy grave, ¿a dónde van a educarse los hijos de los trabajadores rurales?”

“Sobre el salario básico también quiero decir que al trabajador rural le corresponden pagos por horas extras, y eso no siempre se respeta. Todos sabemos que es habitual trabajar 10 o 12 horas por día. Pero la ley es clara: pasado el límite de las ocho horas, esas horas adicionales se pagan como extras. Las primeras cuatro semanales al 50 %, y los sábados a partir de las 13 horas y los domingos o feriados al 100 %”, describió Maier.

También se refirió a otros derechos que le corresponden al trabajador rural, como por ejemplo dos mudas de ropa por año —una para el verano y otra para el invierno—, sus francos, vacaciones y el reconocimiento por antigüedad. “Pero en muchas inspecciones que hacemos en los establecimientos, comprobamos que gran parte de estos beneficios, que fueron pactados paritariamente, no se respetan. No se pagan. Y no es por falta de regulación: tenemos una ley propia, la 26.727, que especifica todos estos derechos, incluso la posibilidad de que un trabajador rural con 25 años de servicio pueda jubilarse”, argumentó el gremialista entrerriano.

Respecto a los índices de informalidad del sector, el dirigente rural expresó: “En Entre Ríos tenemos alrededor de 18.000 trabajadores registrados. Pero eso no refleja la realidad total, ya que el nivel de informalidad supera el 60 %. Y cuando hablamos de esto, algunos sectores se incomodan. Pero es la realidad. Hay actividades rurales que operan por fuera de la ley y dejan a los trabajadores sin cobertura ni derechos”.

Gualeguaychú no es la excepción a la informalidad, con una registración de 1.200 trabajadores aproximadamente. Una de las causas de esta informalidad, mencionó Maier, es la concepción instalada en muchos productores de que no registrar baja los costos. “De todas maneras, no hay que generalizar. Hay productores que cumplen y otros que no. Cuando nos encontramos con un trabajador no registrado, intervenimos. Pero también es responsabilidad del Estado. La Secretaría de Trabajo, las delegaciones, el Ministerio, tienen poder de policía”.

En Gualeguaychú, durante la última fecha para elegir zonas de capitanía, no se llevaron adelante los comicios. “Esa seccional hoy está sin conducción. En la última elección, la Junta Electoral Nacional no aprobó a las autoridades propuestas. Hasta que no se defina a nivel nacional, no se normalizará esa instancia”, informó Maier.

Por otro lado, el dirigente se refirió a la intervención de Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera): “La obra social se encuentra intervenida desde hace dos años, generando perjuicios en la salud y el bienestar para los afiliados”, indicó el gremialista consultado por EL ARGENTINO, y cerró: “La Cámara Nacional del Trabajo resolvió que no corresponde ninguna intervención. Porque los gremios tenemos protección constitucional y, además, estamos amparados por convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Internos de la Unidad Penal N°3 "Teniente Coronel José Boglich" del Servicio Penitenciario de Entre Ríos serán parte de un proyecto de reparación y mantenimiento de comisarías en Concordia, tras un convenio firmado entre esa institución y la Jefatura Departamental local.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y con conocimiento del Ministerio de Gobierno, permitirá que internos en etapa final de condena trabajen en tareas de albañilería, pintura y parquización bajo la supervisión del Servicio Penitenciario. Los materiales y herramientas estarán a cargo de la Policía de Entre Ríos.

El comisario José María Rosatelli confirmó que en esta primera etapa participarán cuatro reclusos en forma voluntaria y sin remuneración, iniciando las tareas en la Comisaría Segunda. “Es una experiencia piloto con mucha proyección. Los internos están legalmente habilitados para participar y lo hacen de manera optativa”, señaló.

Rosatelli también destacó el vínculo constante entre la Jefatura y la Unidad Penal, donde los internos ya trabajan en oficios como panadería, carpintería y electricidad, produciendo incluso mobiliario para comisarías. Este proyecto permitirá, por primera vez, aplicar esos oficios fuera del penal.

La colaboración podría ampliarse en el futuro a otras instituciones públicas, como escuelas. “Este convenio es una herramienta concreta de reinserción”, sostuvo.