Durante la charla, abordaron un diagnóstico crudo sobre la situación actual: “Esto ha complicado enormemente el funcionamiento de los municipios que, simultáneamente con la caída de los recursos, han tenido que hacerse cargo de servicios, programas y cuestiones que deberían ser atendidas por la Provincia y Nación”, explicó el legislador.

El diputado vinculó directamente la crisis financiera local con el modelo económico implementado por el Gobierno Nacional. Según Bahillo, el diseño macroeconómico actual "desconoce fuertemente el entramado productivo del interior y el desarrollo industrial", lo que ha provocado un deterioro en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Esta situación impacta por partida doble: “En el último cuatrimestre se ha visto agravado por la caída del nivel de actividad económica, lo cual resiente el cobro de las tasas municipales; los comercios venden menos y eso se refleja automáticamente en la recaudación”, detalló.

Un dato clave que surgió del encuentro es la matriz de ingresos virtuosa que posee “La Histórica”. A diferencia de los municipios más pequeños, que dependen casi exclusivamente de la coparticipación, Concepción del Uruguay genera el 51% de sus recursos de forma propia, mientras que el 49% restante proviene de la coparticipación nacional y provincial.

Finalmente, se analizó la vulnerabilidad de las localidades menores de la provincia. “Los municipios chicos sufren con mayor proporcionalidad la caída de ingresos porque no tienen infraestructura administrativa ni ingresos propios significativos. Dependen prácticamente de la coparticipación nacional, que es lo que más ha caído”, concluyó Bahillo, remarcando la necesidad de sostener el acompañamiento a estas comunidades frente a una crisis que no distingue escalas.

Fuente: APFDigital

La relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores volverá a tensionarse si prospera la reforma laboral enviada al Senado, que incorpora una rebaja en el impuesto a las Ganancias para sociedades. El cambio tendría un impacto directo sobre los fondos coparticipables y, en el caso de Entre Ríos, implicaría una pérdida estimada de $53.042 millones anuales.

La iniciativa oficial propone reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias de sociedades en los tramos más altos: del 30% al 27% para el Tramo 2 y del 35% al 31,5% para el Tramo 3. Según estimaciones técnicas, cerca del 60% del costo fiscal de esa medida será absorbido por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de menores transferencias automáticas.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señala que el costo fiscal directo inicial ronda el 0,22% del Producto Bruto Interno, equivalente a unos $1,9 billones a valores actuales. De ese total, $790.000 millones impactarán sobre el Estado nacional y alrededor de $1,12 billones recaerán sobre las jurisdicciones subnacionales.

El efecto se sentirá a partir de 2027, cuando las empresas presenten las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio fiscal 2026 y comiencen a pagar los saldos y anticipos con las nuevas alícuotas. Hasta entonces, el impacto no se reflejará en la recaudación efectiva.

La distribución de la pérdida no será uniforme. La provincia de Buenos Aires concentraría el mayor impacto, con más de $238.000 millones, seguida por Santa Fe y Córdoba. Entre Ríos aparece entre las más afectadas, con una merma superior a los $53.000 millones, en un contexto de caída de la actividad económica y menores ingresos reales.

El diputado nacional Guillermo Michel advirtió que la medida reducirá la recaudación coparticipable y que el beneficio fiscal se concentrará en un grupo reducido de grandes empresas. De acuerdo con los datos disponibles, solo el 1,1% de las sociedades —aquellas con ganancias superiores a los $1.000 millones— aportan más del 76% del impuesto, y un subconjunto aún más reducido concentra más de la mitad de la recaudación total.

Actualmente, casi el 90% de las empresas tributa en el tramo más bajo del impuesto y aporta menos del 8% del total recaudado. En ese marco, los cambios propuestos beneficiarían principalmente a las firmas de mayor facturación, mientras que el costo fiscal se distribuiría entre los 24 distritos del país.

La discusión se da en paralelo al debate del Presupuesto 2026, que ya obtuvo media sanción en Diputados y deberá tratarse en el Senado, donde los gobernadores tienen mayor capacidad de incidencia. Allí, el impacto sobre la coparticipación promete convertirse en uno de los ejes centrales de la negociación política.

La recaudación propia de Entre Ríos sufrió en noviembre una retracción significativa y volvió a reflejar el freno económico que atraviesa la provincia. Según datos oficiales, ATER ingresó $88.653 millones, casi $10.000 millones menos que en octubre, lo que representa una caída mensual del 9,77%. El retroceso llegó luego del repunte excepcional generado por la moratoria tributaria, que había impulsado el rendimiento de octubre.

En la comparación interanual, los recursos crecieron 44,9% en valores nominales, aunque el incremento queda por debajo de la inflación acumulada en el período. Entre enero y noviembre, la recaudación provincial suma $891.253 millones, un 59,4% más que en 2024.

El desempeño de los tributos volvió a mostrar contrastes. Ingresos Brutos —que representa el 68% de lo recaudado— aportó $61.799 millones, con un descenso cercano al 5% mensual. El impuesto Automotor sumó $13.853 millones, impulsado por el vencimiento de la última cuota del año. El Inmobiliario, sin vencimientos en noviembre, cayó a $3.278 millones. En tanto, Sellos aportó $7.973 millones.

El deterioro de los recursos propios se produce en paralelo a la caída de la coparticipación nacional. De acuerdo con el IARAF, Entre Ríos recibió en noviembre $14.763 millones menos en términos reales, un recorte que replica la tendencia nacional y ajusta aún más las cuentas provinciales. La menor disponibilidad de fondos complica la cobertura de gastos corrientes y la proyección de compromisos salariales hacia fin de año.

En este escenario, ATER decidió extender hasta el 30 de diciembre de 2025 el Plan Especial de Facilidades de Pago, que ya transitó tres etapas entre agosto y noviembre. La medida apunta a sostener los ingresos en un momento en que la recesión y la caída de la masa coparticipable presionan sobre las finanzas provinciales.

Con noviembre como un nuevo mes contractivo, el Gobierno provincial evalúa alternativas para afrontar un cierre de año marcado por tensiones fiscales, menor actividad económica y un horizonte todavía incierto en materia de recursos nacionales.

La macroeconomía sigue sin arrancar, la caída del consumo es sostenida, mientras que la inflación continúa la tendencia ascendente: el 1,9% que había informado el Indec en julio y agosto se disparó al 2,1% en septiembre. Pero esta es solo una parte del problema: en Entre Ríos, el alineamiento del Gobierno provincial con La libertad Avanza (LLA) y la consecuente retirada del Estado repercute fuertemente en la enorme mayoría de las familias trabajadoras.

EL ARGETNINO dialogó con tres intendentes de localidades chicas de la provincia, en las que más fuertemente impacta la caída en la coparticipación nacional y la paralización de la obra pública por parte del gobierno entrerriano, para conocer de primera mano cómo sobrellevan esta realidad y qué consecuencias tiene esto en la salud financiera de cada comuna. Además, la palabra del ministro de Economía, Fabián Boleas, y los impactantes números de las economías familiares, que evidencian un endeudamiento insostenible.

“La situación de los municipios, especialmente de los chicos, los llamados coparticipación dependiente, es crítica”, aseguró Damián Arévalo, intendente de San José de Feliciano (PJ), en el norte entrerriano. “Lo que sucede es que las políticas públicas actuales hacen que tanto el Estado Nacional como el provincial y el municipal recauden menos. En agosto del 2024 Feliciano recibió $267 millones de coparticipación y en agosto del 2025 recibió $267 millones, la misma cantidad, con una inflación para las familias de casi 40% interanual”, puntualizó.

“Es decir, estamos manejando el mismo dinero, pero con el 40% menos de ingresos en términos reales. Además, debemos tener en cuenta que los municipios tenemos otros gastos que no aparecen en el Indec, como la energía eléctrica del embalado público, que ha aumentado casi el 500%, el combustible y los repuestos, que tienen una inflación superior. Los municipios estamos con una inflación real del 58%. Es decir, tenemos el mismo dinero de coparticipación, pero con un 58% más de gastos por la inflación”, cuestionó.

Respecto a las consecuencias que esta situación genera, Arévalo indicó: “Hemos tenido que restringir un montón de cosas, de obras medianas que teníamos hemos pasado a obras muy pequeñas; reducimos horas extras, gastos de movilización y cualquier tipo de trabajo durante los fines de semana”.

¿Qué respuesta han tenido del gobierno provincial ante esta situación?, consultó EL ARGENTINO. “Ninguna. Es más, ha disminuido la ayuda en alimentos. Feliciano tiene más de 15 comedores comunitarios y brinda 2.000 raciones de comida diaria, lo cual demanda una inversión de entre 14 y 16 millones de pesos mensuales, de los cuales la provincia envía 1 millón. Módulos alimentarios recibíamos 400 y ahora recibimos 200 mensualmente”, cuestionó.

Por otro lado, el intendente aseguró que el Municipio tuvo que incrementar casi un 500% la compra de medicamentos y empezar a hacerse cargo, no sólo de las familias más vulnerables, sino también de quienes cuentan con la Obra Social de Entre Ríos (OSER), ya que “son empleados que ganan 900 mil pesos y un estudio simple de amígdalas les cuenta 250 mil”.

“Si antes le dábamos 200 litros de combustible a la Policía, ahora le damos más del doble; si antes ayudábamos a la gente con 30 pasajes por cuestiones médicas, ahora tenemos que dar 130. Tenemos un montón de cuestiones de las cuales nos hacemos cargo y la Provincia está desaparecida”, aseguró.

La situación es muy similar a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. De hecho, dos jefes comunales alineados con el oficialismo accedieron a dialogar con EL ARGENTINO y compartieron el panorama de sus pares, pero prefirieron no hablar abiertamente, para “no herir susceptibilidades a dos semanas de una elección”, explicó uno de ellos.

Quien sí accedió fue el radical Luis Schonfeld, quien cumple su segundo mandato al frente de la Municipalidad de María Luisa, en el departamento Paraná, y cuenta con una larga experiencia al frente de la ex junta de gobierno. Schonfeld acompañó la candidatura de Rogelio Frigerio a la gobernación (el triunfo en esa localidad fue contundente), pero, en los últimos meses, ha dejado trascender su malestar con la gestión.

“En septiembre vinieron 20 millones de pesos menos de la coparticipación nacional, y eso es por la falta de la actividad económica. En números gruesos, de 200 millones que recibíamos, recibimos 180, que es mucha plata menos de un mes a otro”, expresó el referente comunal de una localidad que, a diferencia de Feliciano, cuenta con un entramado productivo muy potente, lo que le ha permitido desarrollar obras importantes con recursos propios, como la planta de cloacas (más de 1 millón de dólares de inversión) y la red primaria de gas. Además, en la actualidad se está construyendo un polideportivo.

“Todo lo hemos hecho con recursos propios, como Municipio no hemos recibido ningún aporte de la Provincia para obras. El único aporte que recibimos este año fue de $1.400.000 de la Vicegobernación para pagar el sonido de un evento que hacemos el primero de mayo, la Fiesta del Trabajador”, informó el Intendente.

En este sentido, contó que a principio del año pasado hicieron gestiones en Paraná para continuar la obra de gas natural, pero “quedaron en la nada”. Lo mismo que el pedido a Vialidad Provincial, por lo que decidieron encarar ese trabajo con recursos propios. El problema es que “ahora, con el tema del aumento del combustible y la brosa, se nos hace imposibles mantener los caminos. Diez camiones de brosa salen 3 millones de pesos, ya no se puede hacer lo que hacíamos antes, porque no tenemos los recursos. Es imposible para el Municipio”.

Por otro lado, EL ARGENTINO consultó al ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas, quien se limitó a explicar cómo funciona el reparto de la coparticipación: “La coparticipación a los municipios se realiza conforme a los criterios establecidos por la Constitución Provincial y las normas vigentes. Los montos transferidos dependen directamente de la evolución de la recaudación provincial, que actualmente se encuentra en niveles similares a los registrados durante el período de pandemia. En ese contexto, no existe ningún tipo de congelamiento, sino una variación asociada al comportamiento real de los ingresos”.

Desde el oficialismo, Boleas explica lo mismo que, desde la oposición, Arévalo: la abrupta caída en la recaudación por la inactividad económica y la falta de consumo desfinancia tanto a las provincias como a los municipios, quienes tienen que lidiar, cara a cara, con cada vez más familias empobrecidas que necesitan la asistencia estatal.

El intendente de Feliciano hizo particular hincapié en el creciente endeudamiento de las familias y dio el ejemplo de la Tarjeta Sidecreer. Los empleados públicos que tienen esta tarjeta la utilizan como cualquier tarjeta de crédito y luego el Municipio les descuenta esos gastos. “Esa deuda siempre fue de 1,5 millones de pesos aproximadamente (en total), pero en la actualidad supera los 8 millones. Sabemos que en la actualidad una compra de $80.000 se hace en seis cuotas”, contó el funcionario, sobre una realidad cada vez más extendida y preocupante.

“La deuda está dividida en cuatro partes: una duda con las tarjetas de crédito, una deuda bancaria y una deuda con las mutuales. Además, existe una cuarta deuda, que dicen que es la más importante, que es la deuda social. La deuda que tengo con mi hermano, mi tío, mi sobrino, mi hijo. La gente está muy endeudada”, apuntó el jefe comunal.

Al respecto, la semana pasada, desde el Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómica (Cedma) dieron a conocer los resultados de un informe realizado en Entre Ríos que arroja números alarmantes. Según el mismo, nueve de cada diez hogares en la provincia poseen algún tipo de endeudamiento, lo que evidencia que gran parte de la población necesita recurrir al crédito para poder subsistir.

“La situación se vuelve aún más crítica si se considera que el 65% de los hogares mantiene más de dos créditos activos, reflejando un nivel de sobreendeudamiento que compromete la estabilidad económica familiar. En cuanto al destino de los fondos, el 58% de las deudas se originan para la compra de alimentos, el 15% para vestimenta y el 11% para combustible, lo que indica que el endeudamiento ya no responde al consumo durable, sino a la cobertura de necesidades básicas”, refleja el documento del Cedma.

Por otro lado, el trabajo pone la lupa en la alta proporción de ingresos destinada al pago de deudas: “el 50% de los hogares destina alrededor del 31% de sus ingresos mensuales únicamente al servicio de deuda” y “en cuanto a las formas de financiamiento, el 67% de las deudas por consumo se canaliza a través de tarjetas de crédito, billeteras virtuales y créditos digita les, modalidades caracterizadas por altas tasas de interés, que agravan la fragilidad financiera de los hogares”.

Mauro Díaz Chávez (PJ) transita su segundo mandato como intendente en Aldea San Antonio, departamento Gualeguaychú. Y, en sintonía con lo expuesto por su par de Feliciano, contó que en mayo de este año recibió casi la misma coparticipación que en mayo del 2025. “Eso desde lo estrictamente objetivo de la cuestión administrativa, después, desde lo político tenemos un gobernador que no te defiende”, cuestionó.

En este sentido, EL ARGENTINO accedió a los datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), dependiente de la Contaduría General del Gobierno de Entre Ríos. Según los números oficiales, el Municipio de Aldea San Antonio en mayo de 2024 recibió $166.207.297,75 de coparticipación, mientras que en mayo de 2025 recibió $178.325.757,67. La diferencia es de poco más de 12 millones de pesos, un número casi insignificante de un año a otro, y con los índices inflacionarios actuales.

“La Provincia nos asistía con 40 bolsones de comida cada dos meses, eso ya no lo recibimos. Nosotros nos hacemos cargo del combustible de la Policía, del arreglo de los patrulleros, del arreglo de los caminos rurales, del centro de salud. Si nosotros hoy nos retiramos de la asistencia que le damos al centro de salud, en Aldea San Antonio tendríamos atención de 8 a 12 y después cerraría. No habría enfermería las 24 horas, ni médica residente, mucho menos la ambulancia que cada vez que se rompe estamos nosotros ahí para arreglarla”, aseguró Díaz Chávez.

“Estamos cortando el pasto en la vera de la ruta 20, -continuó- por una cuestión de seguridad, estamos extralimitando nuestra jurisdicción. Estamos colaborando con la escuela y el colegio con el combustible, para que los docentes vengan a dar clase. En un contexto en el que los docentes están ganando entre 600 y 800 mil pesos, docentes que viven en Gualeguaychú y tienen que viajar todos los días. Es imposible que así puedan ir a dar clases”.

Por otro lado, el intendente del sur entrerriano fue muy crítico del gobierno de Javier Milei y de la alianza con Rogelio Frigerio: “Es ridículo pensar, cuando tenemos un gobierno nacional que se jacta de tener superávit, que nosotros tengamos deficiencias en la gestión por falta de recursos. Si tenés superávit, ¿por qué no lo compartís con las provincias y con los municipios para que podamos resolver los problemas de la gente?”.

“Toda la plata que recauda el gobierno nacional, por ejemplo, con el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles, que por ley debería estar volcado al mantenimiento vial de todo el país, no está. Y el gobierno provincial tampoco reclama esos fondos que le pertenecen a Entre Ríos. Eso, desde el plano político, no existe”, cuestionó.

“En este esquema de recortes, los municipios nos vemos totalmente desprotegidos, porque no va a fracasar Frigerio en la gestión, vamos a fracasar todos los municipios en conjunto con Frigerio, va a fracasar la política porque no pudimos resolverle los problemas de la gente”, aseguró Díaz Chávez.

La caída en la producción y en el consumo del modelo libertario impacta fuertemente en los recursos de los municipios. Son las propias Municipalidades entrerrianas las que cuentan con cada vez menos recursos y son las primeras en recibir la creciente demanda de familias que cada día están más endeudadas. Absorbiendo en forma creciente asistencias que antes eran garantizadas por el gobierno provincial, en salud, educación y en seguridad.

El presidente Javier Milei confirmó el veto a la ley que establecía la distribución de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La medida fue oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La norma había sido aprobada con el respaldo de la oposición en ambas cámaras del Congreso, pero era resistida por la Casa Rosada, que advirtió que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal. Tras la firma del decreto, el proyecto fue girado al Senado, que podrá insistir con la norma si reúne los dos tercios de los votos.

Los gobernadores reclamaron en distintas oportunidades que el gobierno nacional había retenido los fondos de manera indebida y promovieron una ley para establecer criterios automáticos de distribución.

Con el apoyo de bloques opositores, el proyecto fue aprobado tanto en Diputados como en Senadores, pese al rechazo del oficialismo.

El Gobierno cuestionó que la ley sancionada buscaba aplicar un esquema de reparto automático basado en los coeficientes de coparticipación, al considerar que eso “priva al Estado Nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros”.

Catalán afirmó que su misión es “tender puentes y establecer canales de diálogo” con los mandatarios, aunque la decisión sobre los ATN generó nuevas tensiones.

La negociación por fondos provinciales también involucra al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien el Presidente delegó la tarea de destrabar acuerdos. El oficialismo considera que un entendimiento en este punto será clave para avanzar en las reformas laboral y tributaria que impulsa la gestión nacional.

El informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal destaca que la coparticipación automática, que representa la mayor parte de las transferencias a las provincias, creció un 3,2% real a nivel nacional. Este incremento se explica, en gran medida, por el alza del 11% en la recaudación del Impuesto a las Ganancias y el leve repunte del 0,4% en la del IVA.

Sin embargo, este crecimiento no se distribuyó de manera equitativa. Mientras que distritos como Buenos Aires y otras jurisdicciones del norte se vieron fuertemente beneficiadas, provincias del centro como Entre Ríos, con su 1,1% de suba real, junto con Santa Fe (0,7%) y Córdoba (0,8%), mostraron un crecimiento marginal.

La situación resalta una marcada disparidad en las transferencias discrecionales, aquellas que no forman parte del reparto automático y que, según los analistas, explican gran parte de la diferencia entre las provincias. "Hubo una amplitud de 3,5 puntos porcentuales entre Buenos Aires (+4,2%) y Santa Fe (0,7%), la de menor incremento", indica el reporte. Pese al repunte en los ingresos nacionales, la provincia de Entre Ríos no logró capitalizar el crecimiento, lo que la coloca en una posición de desventaja fiscal.

A la espera de los datos de los próximos meses, los economistas advierten que la desaceleración de la actividad económica podría impactar negativamente en la recaudación y, por consiguiente, en los recursos que llegan a las provincias.

Por ahora, si bien los saldos acumulados hasta agosto son positivos, el crecimiento de los fondos para Entre Ríos es uno de los más bajos del país, lo que pone de manifiesto una debilidad en el reparto de las transferencias federales. (Fuente: APFDigital)

La oposición buscará exponer este miércoles en Diputados la fragilidad parlamentaria de Javier Milei y marcar un hito: revertir por primera vez un veto presidencial. La Ley en disputa es la que declaró la emergencia en Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo. En paralelo, se abrirá la pulseada por el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad.

El efecto, de concretarse, será más político que económico. El Ejecutivo afirma que ya envió $200.000 millones mediante decreto, pero la oposición quiere consagrar el fondo por ley para limitar la discrecionalidad presidencial. Será clave el voto de los diputados “heridos” tras el cierre de listas del 26 de octubre, sin lugar en el oficialismo.

“El Fondo Especial apunta a reconstruir infraestructura y reactivar el circuito económico local, algo que no cubre el decreto”, señalaron Maximiliano Abad y Karina Banfi (UCR). El golpe pondría en cuestión el escudo legislativo de Milei, sostenido por los llamados “87 héroes”.

Los números son inciertos. De los 153 votos iniciales, 15 fueron de Pro, difícilmente repetibles tras el acuerdo con los libertarios. Pero hubo 71 ausencias, en su mayoría opositoras, que ahora podrían insistir con la ley. El balance parece inclinarse hacia la oposición, aunque nada está asegurado.

El segundo capítulo será la emergencia en discapacidad, otro proyecto vetado que actualiza aranceles y crea una pensión no contributiva equivalente al 70 % del haber mínimo. La oposición estuvo a un voto de los dos tercios: 148 a favor, 71 rechazos y 3 abstenciones. Varios ausentes ya anticiparon que esta vez votarán con la oposición.

El tercer frente es el aumento del 7,2 % a los haberes previsionales, que elevaría el bono de $70.000 a $110.000. La oposición deberá quebrar 19 abstenciones, incluidas 9 de Pro y 9 de la UCR. María Eugenia Vidal ya se desmarcó y acusó al Gobierno de falta de gestión. También se alejaron Lospennato, Figueroa Casas, Besana, Brambilla y Romero.

El radicalismo juega dividido. Siete diputados excluidos del acuerdo con Milei son la gran apuesta opositora: Banfi, Benedetti, Brouwer de Konig, Carrizo, De Loredo, Reyes y Tetaz. Este último ya confirmó su voto contra el Gobierno. Nieri y Verasay, en cambio, tejieron alianzas con los libertarios. Más cuesta arriba aparece la moratoria previsional. Solo el kirchnerismo y la izquierda la sostienen, por lo que difícilmente avance. Permite jubilarse a quienes alcanzaron la edad sin completar aportes.

El temario incluye dos proyectos con media sanción del Senado: coparticipar ATN e impuesto a los combustibles, y eliminar fideicomisos. Los gobernadores insisten en que no implican gasto adicional, sino recursos provinciales. La Casa Rosada negocia para frenar la ofensiva.

La oposición también buscará reactivar la comisión investigadora del caso $LIBRA, que salpica al presidente y a su hermana Karina Milei.

En paralelo, se discutirán tres proyectos para modificar el huso horario en verano y una actualización de montos por evasión fiscal en la ley 24.769. Las iniciativas fueron impulsadas por Agost Carreño y López Murphy.

El pulso de la sesión se definirá en la reunión de labor parlamentaria. El Gobierno apuesta a dilatar el debate; la oposición quiere un trámite exprés que transforme la votación en un golpe directo al corazón del proyecto económico de Milei. (APFDigital)

Entre Ríos atraviesa una situación económica muy compleja, que se explica, en buena medida, por la enorme dependencia de la coparticipación y los aportes del gobierno nacional. En un marco generalizado de caída del consumo y de la actividad productiva, comienzan a encenderse las alarmas.

Días atrás fue noticia el pedido conjunto de los gobernadores al gobierno nacional por la falta de recursos, del que el gobernador Rogelio Frigerio formó parte. Es que, a la caída por consumo (impacto directo en la coparticipación automática) se le suman los recortes que el presidente Javier Milei ha llevado a cabo en áreas sensibles como educación, salud y seguridad social.

En este marco, EL ARGENTINO dialogó con el docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Leandro Rodríguez, para conocer los números del seguimiento que celosamente realiza la institución de las cuestas públicas.

“En junio asistimos a una caída pronunciada en la coparticipación de las provincias, lo cual es complejo porque se trata del principal recurso del que disponen, sobre todo las provincias más chicas, como lo es Entre Ríos”, explicó el profesional. Y ahondó: “Ha habido una merma importante de la coparticipación, a la cual hay que compararla con mayo del 2023, porque en mayo del 2024 hubo una recaudación extraordinaria, efecto de la devaluación y el consecuente aumento en las ganancias patrimoniales de las grandes empresas que tienen sus artículos dolarizados, lo que impactó en la recaudación de Ganancias”.

Si se toma de referencia junio del año pasado, en Entre Ríos esa caída fue del 53% en términos reales, es decir, descontado el efecto inflacionario. “Ahora, si se compara mayo del 2025 con mayo del 2023, hay una caída en términos reales de aproximadamente 40% en los recursos generales de la coparticipación, que son los recursos de la Ley de Coparticipación General”.

“En mayo del 2025 lo recaudado fue de 220.000 millones y en mayo del 2023 fueron 354.000 millones aproximadamente. La capacidad de compra de lo que se recaudó actualmente es 40% más baja de lo recaudado en 2023”, puntualizó.

El reclamo de los gobernadores

Consultado por las razones de la menor recaudación, Rodríguez explicó que “en parte responde al estancamiento de los últimos meses, debido al programa de estabilización” y en parte “a que hubo un cambio en la forma en que se pagan los anticipos de Ganancias y la retención de IVA, lo que modificó el pago”.

“La mayoría de los ingresos que venían con la coparticipación, a partir de los principales impuestos, como Ganancias e IVA, que impactaban fuertemente en mayo y en junio, ahora, con el cambio en la forma en que se distribuyeron los pagos (los gobernadores fueron inconsultos), se alteró fuertemente el ingreso de plata en junio, justo cuando los gobernadores tienen que parar el aguinaldo”, explicó.

Ahora, “los gobernadores están proponiendo que los ATN (adelantos del tesoro nacional), que representan aproximadamente el 1% de la masa coparticipable, se distribuyan de manera automática y con los criterios de la coparticipación. Lo cual es una cosa interesante, porque para Entre Ríos, por ejemplo, los primeros cinco meses hubiera significado cerca de 10.000 millones de pesos. Mientras que, sin eso, recibió de forma discrecional algo de 3.000 millones”.

Por su parte, el contador Álvaro Gabas, ex secretario de Producción de Entre Ríos, se refirió al otro reclamo de los gobernadores al gobierno nacional, lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos: “eso no va a cambiar la realidad, es mínimo, simbólico, lo que están haciendo. Porque la Argentina por donde más recauda es por IVA, por Ganancias, por la Seguridad Social, por el Impuesto al Cheque y las retenciones a las exportaciones. El impuesto al combustible es mínimo, no representa un indicador importante en la recaudación”.

“La veo en una situación de mucha debilidad a la provincia. Primero, porque hay una situación objetiva: el 70% del ingreso de la provincia depende de Nación, de la coparticipación nacional; el segundo problema es que el 70% de los gastos de la provincia son sueldos. Y si no hay plata no se pueden pagar los sueldos”.

“El problema de la provincia es que tiene más gastos que cubrir, por el recorte de Nación, con menos recursos, es un estrangulamiento doble. Y eso que les pasa a las provincias les pasa a los municipios también. Desde el punto de vista estructural, estamos en una situación crítica, vulnerable, de crisis. Hay una caída de la actividad económica, ningún sector económico está funcionando, salvo ejemplos muy puntuales, como las concesionarias de autos importados, sectores que tienen que ver con la clase alta. Para abajo, todos los sectores de la economía están en caída”, enfatizó Gabas.

“Toda la actividad económica del país está en crisis, los salarios no llegan a cubrir la inflación, tanto en el sector público como el sector privado. Hoy, un empleado de comercio que gana 1 millón de pesos en mano, no cubre la canasta básica total, es pobre”, ejemplificó. Y apuntó a la política nacional de LLA: “Milei aplicó una política de ajuste fiscal. ¿Qué hizo el sector público? empezó a ajustar gastos, pero también, producto de esta crisis económica, empezó a recaudar menos, por lo tanto, se achica la coparticipación a las provincias. En mayo, la coparticipación cayó un 17,8%”.

La última trinchera de la casta política

La semana pasada, Milei encabezó un evento en el exclusivo Yacht Club de Puerto Madero, en un evento que tenía como fin recaudar fondos para la campaña nacional. Allí, disparó munición gruesa contra los gobernadores: “Nosotros podemos hacer cambios profundos, en la Administración Pública Nacional, pero las provincias explican una parte importante del gasto público y la presión regulatoria asfixiante que enfrenta el sector privado”, indicó, para después hacer una alusión directa contra los jefes provinciales: “Sin ir muy lejos, hace un año, gran parte de los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, donde acordamos reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, pero ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”.

“Por esto es imperante llevar el cambio a las provincias, que hoy son la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse y seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía, y es el mejor ejemplo de cómo -desde el poder local- algunos buscan boicotear el cambio nacional”, cuestionó, en el mismo discurso que habló de “parásitos mentales” y defendió su política de crueldad.

Estas declaraciones tensaron aun más la relación con los gobernadores, tanto aliados, como Rogelio Frigerio, como opositores, del que Axel Kicillof es el mayor referente.

Ninguno de ellos salió a hablar en público, pero en varias provincias se limitaron a difundir los datos publicados por la Secretaría de Hacienda de la Nación, que detallan que, en rigor, la presión tributaria como porcentaje del PIB se había mantenido igual en 2023 y en 2024, pero con una diferencia clave: esto había sucedido por una baja en la presión de las provincias (de 5,1% a 4,8%) y un aumento de la Nación (de 22,8% a 23%).

Una provincia estrangulada

“Es una situación muy difícil para la provincia, porque el programa macroeconómico de Milei tiene dos elementos bien claros: el achicamiento del gasto público, que se traslada a la provincia y achica el margen para que Entre Ríos motorice la actividad económica, y el atraso cambiario, para permitir importaciones baratas que disipen los precios. Esta situación le pega mucho a la provincia porque tiene tres grandes fuentes de crecimiento económico: la agroindustria, que representa el 38% del producto bruto geográfico, somos la provincia que mayor peso tiene de ese sector sobre su economía en todo el país, y, con un tipo de cambio planchado y en un esquema internacional en el que los precios de los commodities viven en baja, no tiene el mejor escenario”, explicó Rodríguez.

“El otro pilar de la economía provincial es el sector público, que son cerca de 80.000 puestos de trabajo, pero tampoco puede ser un motor de crecimiento, a través de la obra pública o a través de motorizar la expansión de la economía, porque está dentro del esquema de ajuste de Milei. El tercer sector que tenemos como fuente de crecimiento, que tiene mucho menos peso en la economía, pero que es importante, es el turismo. Pero, con el dólar barato se complica también”, porque la gente que puede viaja al exterior, por un lado, y por otro es un sector grande el que no puede vacacionar directamente.

Por lo tanto, “¿cuál es el margen que tiene el gobierno provincial para recomponer con recursos propios la pérdida de ingresos por coparticipación?”, se preguntó el profesional. Y, como quien se ve ante un camino sin salida, concluyó: “Es muy difícil el panorama, esa es la realidad, lamentablemente”.

“Argentina se encamina a una crisis de deuda pública”, aseguró, por su parte, Gabas. “Estamos súper endeudados y no vamos a poder generar los ingresos, los dólares, para pagar esa deuda. Con lo cual, en el corto plazo, avizoro una crisis económica y financiera profunda. Y creo que Frigerio a eso también lo ve. Por eso reclama fondos a la nación, aunque se acordaron un poco tarde, a mi forma de ver”. Además, “el gobernador tiene doble cara, porque es parte de ese reclamo, pero después va junto con La Libertad Avanza en las elecciones”.