Profesionales del Ministerio Público de la Defensa (MPD) expusieron este jueves sobre el Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales ante integrantes de la comunidad de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

La jornada se desarrolló en la Escuela Normal «José María Torres» de Paraná, con la participación del decano de la facultad, Daniel Richar, y el secretario de Extensión Universitaria y Derechos Humanos, Agustín Guilleron. La exposición estuvo a cargo de la coordinadora del dispositivo, María Spais, y dos integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario del MPD, Virginia Vizgarra y Belén Osorio, acompañadas por representantes del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

El dispositivo está destinado a infancias y adolescencias que se alojan en residencias socioeducativas y que se presume que permanecerán institucionalizadas hasta alcanzar la mayoría de edad —cuya situación jurídica se enmarca como Fortalecimiento del Proyecto Autónomo de Vida (FPAV)— y que, por alguna razón, no serán alcanzadas por el instituto de la adopción. El objetivo de la propuesta es ofrecerles apoyo a través de personas adultas que se inscriban voluntariamente para contribuir a fortalecer su autonomía. Quienes asuman el rol de referentes tendrán la responsabilidad de brindar acompañamiento en actividades recreativas, escolares y tratamientos de salud.

El primer paso para convertirse en referente es completar este formulario: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/rca/inscripciones/

Esta jornada formó parte de la agenda de encuentros con diversos actores sociales de la provincia que lleva adelante el MPD para difundir la iniciativa y comprometer a la sociedad en el cuidado de este grupo. El Ministerio Público de la Defensa, en articulación con el Copnaf, desarrolla espacios de capacitación para las personas interesadas en inscribirse; posteriormente, realiza una evaluación a través de un equipo interdisciplinario y acompaña el proceso de vinculación con cada niño, niña o adolescente. El primer paso para postularse como referente consiste en completar el formulario disponible en el sitio web institucional del MPD.

En las instalaciones de la Casa de la Cultura de la ciudad de Paraná, se llevó a cabo la presentación formal del informe técnico denominado “La situación de la salud mental en Entre Ríos: aportes del Órgano de Revisión de Salud Mental: Informe de Gestión 2025”. El acto de exposición fue coordinado por el defensor general, Maximiliano Benítez, en su carácter de presidente de la entidad, y contó con la presencia de la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher.

Durante el encuentro se detalló que, conforme a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, este Órgano de Revisión funciona con un estatus de independencia técnico-institucional dentro de la estructura del Ministerio Público de la Defensa. Las autoridades hicieron mención además a las líneas de acción que se ejecutan de manera conjunta a partir de la conformación de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos (Coprisma). Asimismo, desde la presidencia del organismo se señalaron las dificultades presupuestarias que condicionan la plena aplicación de la normativa vigente, haciendo hincapié en el incumplimiento del otorgamiento del 10% del presupuesto total del área de Salud.

Por su parte, el secretario ejecutivo del ORSMER, Martín Cabrera, expuso la metodología de trabajo interna del Plenario y de la Secretaría Ejecutiva. En su intervención, explicitó que el plan operativo anual de la institución se estructura en dos ejes fundamentales: la supervisión directa de los establecimientos y la promoción activa de derechos. El balance de gestión presentado obtuvo la aprobación unánime de la totalidad de los miembros plenaristas.

De la jornada participaron los integrantes del Plenario del ORSMER, entre quienes se encontraban Esteban Dávila, director general de Salud Mental; María Emma Bargagna, directora general de Derechos Humanos; y Lorena Calí, secretaria de la Defensoría General. También asistieron representantes de organizaciones civiles y sectoriales, tales como Norberto González y Brenda Fael por la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental (AUFASAM); Laureana Espasandín y Margarita Cermelli —esta última por medio de una presentación escrita— en representación de la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER); y Federico Manavella junto a Candela Volpe por la organización Hogar de Cristo Paraná.

El desglose de los puntos principales del documento estuvo a cargo del Equipo Técnico Interdisciplinario del Órgano de Revisión, compuesto por los profesionales Gervasio Anzola, Luisina Franco Mangioni, Javier Schubert, Julia Russo y Cynthia Protzman. Al encuentro asistieron además la secretaria de Políticas de Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano, Ayelén Acosta; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; el director general de Hospitales, Mauro González; la Procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal, Mónica Carmona, junto a agentes de la Policía de Entre Ríos, el Copnaf y efectores sanitarios.

El Informe de Gestión se encuentra disponible para su descarga en el sitio web oficial del Ministerio Público de la Defensa y aborda los siguientes ejes de relevamiento:

El acto fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y contó con la presencia del representante de UNICEF en el país, Rafael Ramírez Mesec; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, junto a intendentes de 15 localidades entrerrianas.

El programa se encuentra alineado con las prioridades nacionales y provinciales para el período 2026-2030 y apunta a generar resultados concretos y medibles en el territorio a través de distintas líneas de acción.

Durante el encuentro, la ministra Berisso destacó la importancia de fortalecer las políticas de niñez en toda la provincia. “Entre Ríos va a triplicar la política de niñez expandida en el territorio y un 70 por ciento de nuestros niños van a estar recibiendo nuestras coordinaciones y planificación. Dedicar tiempo a la niñez y la adolescencia es apostar al presente y al futuro de la provincia”, afirmó.

El plan establece tres ejes estratégicos de intervención. En materia de salud y bienestar, se prioriza la regionalización de la atención perinatal para reducir la mortalidad neonatal y la creación de espacios de escucha destinados a la salud mental adolescente.

En el área educativa, el objetivo es avanzar hacia la universalización de la sala de 3 años, profundizar la transformación digital en las escuelas y fortalecer la inclusión en el nivel secundario con orientación al mundo laboral.

Por otra parte, el eje de pobreza y protección social contempla el monitoreo de la inversión pública mediante herramientas de etiquetado presupuestario y el fortalecimiento de la gestión municipal a través del programa MUNA.

Finalmente, las acciones vinculadas a la protección contra las violencias apuntan a reforzar el trabajo del Copnaf y promover prácticas de crianza respetuosa en los hogares.

Además de Pueblo General Belgrano, adhirieron al programa los municipios de Paraná, Basavilbaso, Chajarí, Crespo, Diamante, Gilbert, Gualeguay, La Paz, Larroque, Rosario del Tala, San Jaime de la Frontera, Villa Elisa y Villa Paranacito, entre otras localidades.

La madrugada del domingo dejó un episodio de violencia en Gualeguaychú. Un joven de 23 años fue víctima de un robo calificado con uso de arma blanca mientras circulaba en bicicleta por calle San Lorenzo, a la altura de Plaza Colón. El hecho derivó en un operativo policial que culminó con la aprehensión de dos de los presuntos autores.

Según consta en la denuncia, la víctima fue interceptada por cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años. Uno de ellos le pidió la hora, lo que lo llevó a detener su marcha. Al sacar su celular y billetera para responder, tres de los acompañantes se acercaron y uno le arrebató la billetera, que contenía documentación personal y unos $70.000 en efectivo.

La situación se agravó cuando el agresor extrajo un arma blanca y comenzó a amenazarlo con movimientos intimidantes. El joven pidió auxilio a los gritos, lo que obligó al atacante a desistir y huir por calle Concordia. Hubo un breve forcejeo con otro de los implicados, pero finalmente todos escaparon al advertir la presencia policial en la zona.

Minutos más tarde, efectivos de Comisaría Segunda desplegaron un operativo de búsqueda en base a las descripciones aportadas por la víctima. El rápido accionar permitió la aprehensión de dos sospechosos: un joven de 21 años y un menor de 17. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

En el caso del menor, se notificó a sus progenitores y se dio intervención al COPNAF, quedando alojado en Minoridad conforme lo dispuesto por la magistratura interviniente.

El hecho fue caratulado como robo calificado con uso de arma blanca. La Fiscalía en turno dispuso las diligencias de rigor y continúa la investigación para dar con los otros dos implicados. La víctima, por su parte, recuperó la tranquilidad tras el operativo, aunque el episodio dejó en evidencia la violencia con la que se desarrollan algunos delitos en la ciudad.

El Hogar de Cristo aborda la problemática del consumo problemático desde un enfoque comunitario e intersectorial. Ofrece un lugar de contención y establecimiento de lazos sociales que permita a las personas una nueva posición respecto a sí mismos y a su padecimiento.

Acompaña múltiples dimensiones, desde las más básicas, cómo la alimentación, el poder bañarse, vestirse y tener un lugar donde vivir, hasta las más complejas, como el acceso a la salud, a la educación, a la justicia y al trabajo.

Para posibilitar este abordaje trabaja en red con las familias y con los organismos estatales: las escuelas, el sistema de administración de Justicia, el Hospital Centenario, la Unidad Penal N°9, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Municipalidad, entre otros.

Su posible cierre, por la falta de pago de más de tres meses de subsidio por parte de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), que es el organismo del Estado argentino responsable de diseñar, coordinar y ejecutar políticas públicas para prevenir el consumo, asistir a las adicciones y reducir la demanda de drogas, volvió a poner al consumo problemático en el centro de la agenda mediática y pública.

Juan Pablo Marconi es profesor y licenciado en Psicología, y coordina una de las casas convivenciales que tiene el hogar en la ciudad, dispositivo que recibe a personas con padecimiento mental en situación de calle. Además de estar a cargo de un espacio de terapia individual en otro de los dispositivos de la institución.

En diálogo con EL ARGENTINO, se refirió al delicado momento que atraviesa el hogar que suma más de diez años en la ciudad y de la importancia de contar con más y mejores herramientas que atiendan la salud mental de las personas en consumo.

Mucho más que un hogar: seis dispositivos en la ciudad

Si bien el Hogar de Cristo Nazareth, ubicado en el barrio La Cuchilla, fue el primero en crearse en la ciudad, en la actualidad la institución perteneciente a la iglesia católica argentina cuenta con otros cinco dispositivos para atender el consumo problemático, además de otras tantas problemáticas emergentes en barrios postergados y con múltiples urgencias de Gualeguaychú.

“Entre los seis dispositivos que tenemos está el Centro Barrial Nazareth, que es un centro de día para varones, donde desayunan, almuerzan, se bañan y participan de distintos espacios terapéuticos. Desde allí se articula, además, con los distintos organismos del Estado y se accede a los tratamientos del hospital, a la educación, a la justicia y demás”, explicó Marconi. Y continuó: “Después tenemos otro centro barrial, que es Corazón de María, desde donde se acompaña a mujeres y sus hijos, y se realizan las mismas articulaciones que en Nazareth”.

“Además, tenemos Asunción de María, que está en el barrio 338, que es un centro barrial mixto, a diferencia de los dos primeros. Asimismo, contamos con un espacio de primera infancia, que se llama Jesús Niño, que está pensado para las infancias y sus vínculos con sus padres y sus madres. Allí funciona una gran diversidad de talleres, donde se va trabajando también en conjunto con el hospital, con el Copnaf y otras instituciones”, detalló el referente del hogar.

Otro de los dispositivos es la casita de medio camino para personas con padecimiento mental, desde donde se acompaña la experiencia de vivir de forma autónoma en una casa, con todo lo que eso implica, y se construye un proyecto de vida. “Lamentablemente, por la falta de fondos, este dispositivo vamos a tener que cerrarlo”, contó Marconi, notablemente conmovido por esta realidad.

“Por último, tenemos la Cooperativa Brota, que está pensada para dar respuesta a la situación laboral de las personas y se dedica al mantenimiento de espacios verdes, por un lado. Y, por otro, hay dos casas convivenciales: una es Padre Misericordioso, que funciona en La Cuchilla, y otra es El Refugio, sobre la calle Asisclo Méndez”.

“Faltan dispositivos”

Por otro lado, más allá de la delicada situación que atraviesa el Hogar de Cristo, consultado por las necesidades más urgentes que debería atender el Estado, Marconi manifestó: “La respuesta del sistema de salud es insuficiente por el tamaño de la problemática, que atraviesa a miles de personas. Hace falta la creación de dispositivos diversos, como como centros de día, casas convivenciales o de medio camino, que, además, cuenten con equipos interdisciplinarios para la atención de las personas”.

En este sentido, diferenció el rol del trabajador del sistema de salud, que “da todo lo que puede”, y el del Estado en general. “Lo que falta es abrir más dispositivos y mejor articulación con políticas integrales, como son el trabajo, la educación y la vivienda. Porque la salud mental está atravesada y depende de múltiples dimensiones”, concluyó el profesional.

Las tareas, que se concretaron a partir del trabajo articulado entre los gobiernos municipal y provincial, y como respuesta a las gestiones impulsadas por el intendente Mauricio Davico ante las autoridades provinciales, se llevaron adelante con una inversión provincial de 32 millones de pesos y permitieron optimizar de manera integral la seguridad, la habitabilidad y el funcionamiento del edificio, generando un impacto positivo tanto en los residentes como en los equipos que desarrollan allí su tarea cotidiana.

En ese marco, el ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Hernán Jacob, destacó que “estas intervenciones forman parte de una planificación sostenida orientada a fortalecer la infraestructura de las residencias del Copnaf en toda la provincia, mejorando la calidad de los espacios y las condiciones de trabajo”.

La obra contempló la impermeabilización de cubiertas, la construcción de una nueva estructura metálica con techo de chapa en el sector de tanques de reserva, la reparación de grietas y fisuras en las cargas de los techos y la colocación de una nueva cañería de agua de 80 metros lineales que vincula la red pública con la cocina y la cisterna del edificio.

Los trabajos estuvieron a cargo de la firma Sittner Leonardo Gustavo. Con la finalización de esta intervención, la residencia cuenta hoy con mejores condiciones para el desarrollo de la vida diaria y para el acompañamiento integral que se brinda a través de este dispositivo socioeducativo, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el bienestar y los derechos de niños y adolescentes.

El único sobreviviente de la tragedia vial registrada este viernes en la Ruta Internacional 136 recibió, en el Hospital Centenario, el alta médica el sábado. Se trata de Fausto Perrone Onyskin, de tan solo dos años, quien permanecía internado en observación, acompañado por su abuela, tras la muerte de sus padres en el fatal siniestro.

El niño sufrió lesiones leves producto de la acción del cinturón de seguridad de la silla pediátrica y una pequeña lesión en la boca. En una primera instancia, había quedado bajo la intervención del Copnaf.

El choque frontal se produjo entre una camioneta Kia y un automóvil Chevrolet Cruze. En el segundo vehículo viajaban Germán Perrone, de 39 años, su esposa Sabrina Judith Onyskin, quien cursaba un embarazo, y el pequeño Fausto.

¿Cómo ocurrió la tragedia vial?

Según trascendió, el Chevrolet Cruze se dirigía hacia Argentina, mientras que la camioneta Kia circulaba en sentido contrario. La conductora del rodado de mayor porte, Alicia Carina Bruno Ottonelli, de 48 años, habría perdido el control del vehículo al atravesar un espejo de agua en un tramo con lluvias, cuando circulaba a una velocidad aproximada de 110 kilómetros por hora.

Como consecuencia del impacto, la mujer fue despedida del habitáculo y falleció en el lugar. Germán Perrone también perdió la vida de manera inmediata. La mujer embarazada fue trasladada de urgencia al Hospital Centenario, donde falleció horas después, a las 13:15, producto de un paro cardiorrespiratorio traumático.

Los profesionales médicos realizaron una cesárea de emergencia para intentar salvar al bebé, pero el neonato de 7 meses y medio, también falleció.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.20, cuando autoridades del Centro de Educación Física (CEF) N.º 6 alertaron a la Policía sobre una situación que involucraba a dos chicos de 13 y 15 años, ambos vecinos del barrio.

Según el testimonio recogido por los efectivos, los menores se retiraban por calle Güemes cuando, en un momento determinado, el mayor de ellos se dio vuelta y efectuó dos disparos en dirección al gimnasio principal, donde otros alumnos realizaban actividades deportivas.

El episodio generó preocupación entre los presentes, aunque fuentes oficiales confirmaron que no se registraron personas lesionadas. Tras la denuncia, se dio inmediata intervención al Juzgado de Menores, al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y al Ministerio Pupilar, cumpliendo con el protocolo establecido para este tipo de situaciones.

En continuidad con las actuaciones, personal de la Comisaría Segunda procedió al secuestro de un rifle de aire comprimido marca Krico, calibre 4.5 mm, en regular estado de conservación. El arma fue entregada de manera voluntaria por una familiar de los menores involucrados.

Las autoridades del CEF y los organismos intervinientes evalúan las medidas a adoptar en relación con los adolescentes y el contexto en el que ocurrió el hecho.

Entre Ríos se convirtió en la primera provincia del país en adherir al Programa Federal de Primera Infancia (PFPI), una política impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación que busca fortalecer a las familias y a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), con especial foco en los departamentos con mayores índices de vulnerabilidad social.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció la incorporación y destacó la importancia de colocar a la niñez “en el centro de la agenda pública”. “Cuidar a la niñez es cuidar el futuro. Desde el primer día asumimos el compromiso de trabajar por la infancia”, afirmó el mandatario, quien agradeció a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, “por su compromiso y acompañamiento para con Entre Ríos”.

El PFPI promueve capacitaciones y acompañamiento a familias para impulsar prácticas de crianza positivas y vínculos afectivos saludables. En Entre Ríos, la adhesión se complementará con las acciones que ya lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Humano y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, celebró el ingreso al programa y señaló que “la planificación y el trabajo articulado son claves para consolidar políticas públicas que piensen en el futuro de nuestros niños”.

Por su parte, la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, subrayó la importancia de la articulación entre Nación y provincia: “Cada paso que damos en primera infancia es una inversión en el presente y el futuro de Entre Ríos”.

La incorporación de la provincia al Programa Federal de Primera Infancia representa una apuesta concreta por la equidad y la inclusión desde los primeros años de vida, fortaleciendo las redes territoriales que acompañan el desarrollo de los niños y niñas entrerrianos.

El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) comenzará a abonar con los haberes de octubre las horas adeudadas a sus trabajadores, en el marco de la paritaria sectorial firmada con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Así lo confirmó la delegada sindical en el organismo, Mariana Godoy, quien valoró la medida como “el inicio del cumplimiento de un acuerdo largamente esperado”.

Según explicó, el pago corresponde a las resoluciones Nº 0846, 1035, 1036 y 1037 del Copnaf, que autorizan la liquidación de horas trabajadas entre julio de 2022 y marzo de 2025. En esta primera etapa se beneficiará a 169 trabajadores, con un tope de 100 horas por agente. Los montos que superen ese límite se abonarán en cuotas sucesivas.

“Venimos haciendo un trabajo incesante para que se cumpla lo firmado en la paritaria sectorial. Esta demora nos tuvo en alerta permanente, pero hoy llegó una respuesta concreta”, señaló Godoy, al tiempo que resaltó el valor de los espacios de negociación colectiva. “Se empieza a cumplir la paritaria y eso demuestra que nuestra lucha tiene resultados”, afirmó.

La representante gremial destacó que el logro fue posible tras intensas gestiones ante el Ministerio de Economía y las autoridades del Copnaf, y adelantó que el sindicato insistirá en reclamar las horas correspondientes a períodos anteriores. “El gobierno dice que prescribieron, pero no vamos a resignar ese derecho”, subrayó.

Godoy consideró que el pago representa “una señal de voluntad política en un contexto de dificultad salarial” y un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores del organismo, que desempeñan tareas esenciales en el sistema de protección de la niñez y la adolescencia.

“Este es un primer paso, pero vamos por la continuidad del acuerdo. Estamos convencidos de que no hay que aflojar: este es el camino para defender nuestros derechos”, concluyó la dirigente de UPCN.

La semana pasada se motorizó una campaña de difusión para promover la adopción de un niño de 12 años, por parte del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de Entre Ríos (Ruaer). En este marco, EL ARGENTINO dialogó con María Paula Alá, licenciada en Trabajo Social y responsable del organismo en Gualeguaychú, y con tres familias que contaron su experiencia respecto al registro provincial y al proceso de adopción.

El registro abre cuatro inscripciones al año: en febrero, mayo, agosto y noviembre, por lo que este año sólo queda una posibilidad de inscribirse como familia o individuo postulantes. “Se pueden inscribir matrimonios homoparentales, heterosexuales, con unión convivencial, adultos que estén sin pareja, de forma individual”, aclaró Alá.

La convocatoria de adopción para este niño de 12 años se da en un marco en el que existen 62 adolescentes con declaración de adoptabilidad (con la intención de ser adoptados) en diferentes instituciones de la provincia, pero ninguno de los 62 está en proceso de vinculación con alguna persona postulante o familia.

María Paula Alá lo grafica con la metáfora de la pirámide invertida: “hay muchos postulantes admitidos para niños pequeños, pero para mayores de 10 años, o con grupos de hermanos extensos, o para situaciones de salud mental o discapacidad, no hay”.

¿Cómo es el proceso de adopción?

“Primero hay que registrase; se hace un taller obligatorio e informativo para todas las personas que están interesadas en adoptar. Generalmente son en Villaguay, en el centro de la provincia. Después se inscriben y completan un formulario on line”, explicó la trabajadora social, quien, junto a un equipo interdisciplinario recibe esta información, para luego poder avanzar con las entrevistas con los adultos, “para saber de ellos y brindarles material sobre adopción, para que vayan conectando con la temática”.

“La cantidad de entrevistas dependen de cada situación y de los tiempos de los postulantes. Hay quienes, de hecho, pueden pedir un tiempo para ir procesando toda la información que van recibiendo. Siempre intentamos que en cada entrevista se vayan con algo para pensar o revisar. No porque esté bien o mal lo que piensen, sino porque es un proceso de reflexión”, explicó Alá. Al tiempo que aclaró: “por ahí hay quejas respecto a los tiempos, pero el tiempo es muy subjetivo de uno. Y, a su vez, cuando hay parejas los tiempos no son iguales”.

En el proceso de diagnóstico, las personas o familias interesadas movilizan mucho de sus emociones, no sólo por la magnitud del proceso interno que significa prepararse para integrar una persona desconocida en sus vidas, sino también porque se da una profunda revisión de la crianza, valores y creencias propias.

“Por ahí, hay postulantes que tienen cierta rigidez en su manera de pensar, de concebir la crianza, y eso se va trabajando. También, a veces, surgen malestares por los tratamientos de fertilidad que han hecho y no han dado los resultados esperados”, ejemplifica la responsable del Ruaer en Gualeguaychú.

“Es importante este proceso de revisión, porque no podemos cargar a estos niños con historias que son propias”, enfatizó, sobre el camino que quienes adoptar tienen que estar dispuestos a hacer. Estos procesos de vinculación pueden tardar un mes, un año o más. “Una vez que vemos que hay una construcción, que se está fortaleciendo el vínculo, pedimos que ese otorgue la guarda, que puede durar de tres a seis meses, depende de cada juez”, explicó la profesional. Y, en este punto, dejó claro que “siempre la última palabra la tiene el juez, nuestros informes no son vinculante”.

No todos los procesos son exitosos de integración son exitosos. De hecho, muchos no los son: “Obviamente, hemos tenido varios procesos exclusivos, que no funcionan, por eso, cuando en proceso identificamos ciertas cuestiones que podrían obturar la vinculación, se suspende el proceso, se les da una devolución de qué cosas deberían trabajar (ese período suele ser de un año) y después son ellos quienes tienen que pedir al registro continuar o no”.

Es el juez o la jueza quien debe convocar a los progenitores (prácticamente no hay niños huérfanos en situación adoptabilidad) para que estén en conocimiento y se pueda declarar adoptabilidad. Y los progenitores tienen un tiempo para para apelar si quieren o no esa sentencia.

La experiencia de cuatro familias de Gualeguaychú

EL ARGENTINO dialogó con familias de la ciudad para conocer de primera persona sus experiencias con el Ruaer y con el profundo proceso que significa adoptar a un hijo o hija.

“La decisión fue de muchas charlas como pareja y familia pequeña que éramos, el empujón fue porque unos amigos lo habían hecho, así que en los primeros días de octubre de 2015 armamos la carpeta con la documentación que solicitaban y la presentamos en el Ruaer”, contó Eliana Altuna.

Diez meses después, recibió una notificación, vía correo electrónico, para convocarlos al “taller de sensibilidad”, del que participó, junto a su pareja, en la ciudad de Villaguay. Ellos hicieron las entrevistas pertinentes, pero sus carpetas no calificaron para el caso de dos hermanos, aunque continuaron el trabajo psicológico que demanda dicho proceso.

“Te dan un tiempo, que primero no entendés, pero luego sí, porque son tiempos súper necesarios. En 2018 nos dieron el apto, habíamos extendido la edad preferible de 5 a 10 años, porque empezamos a conocer este mundo, donde no es una cuestión de bebe, son niños y adolescentes los que esperan una familia. En 2019 nos llaman por una niña de 9 años y en octubre de ese año conocimos a nuestra hija”, contó Eliana, quien, junto a su pareja, Matías, viven con ella desde el 2021.

La experiencia de Mariela y su pareja es diferente. Ellos se inscribieron en el Ruaer a principios del 2021 y en octubre del 2023 los llamaron para la primera entrevista. “Como estábamos en tratamiento de fertilidad, nos suspendieron por un año, hasta octubre del 2024. Comenzamos nuevamente este año, hicimos cuatro entrevistas muy distanciadas una de la otra, pero en esas entrevistas no dimos las respuestas certeras que esperaban, así que no fuimos aprobados”, contó Mariela.

“No tenemos experiencias, contestamos lo que pudimos. Le dijimos que somos buenas personas, pero no contestaron. Así que nuestra experiencia con el Ruaer no es de la más satisfactorias”, contó la mujer que no tienen hijos. Y opinó que “el Ruaer debería tener un espacio de cursos, donde puedan guiar a las personas sin experiencia”.

“En mi caso, fueron dos procesos adoptivos”, relató, en tanto, Verónica, otra mamá de Gualeguaychú. “En el año 2009, de manera soltera, adopté a una niña de tres meses con parálisis cerebral, luego su cuadro se fue complejizando y terminó en silla de ruedas con una traqueotomía y un botón gástrico. Falleció en el 2017”, contó.

“Yo me reencuentro con mi marido en el 2014, así que él también vivió desde adentro como fue todo. Nos casamos el año pasado y hace aproximadamente dos años decidimos ser papás de nuevo: nos anotamos, pero ya no queríamos un bebé, queríamos darle la oportunidad a un niño más grande, que por lo general son los que quedan en el sistema dando vuelta”.

El año pasado conocieron a su hijo, de 9 años en ese momento, y hace un mes, luego de un largo proceso, comenzarán el juicio de adopción. “Con respecto los tiempos del proceso, a nosotros se nos dio bastante rápido, aunque hay mucha gente que hace muchísimos años que está esperando. A mí, en el en el primer caso, con mi hija se dio todo como muy rápido porque era una niña con discapacidad que nadie quería. Y en este segundo proceso fue de un año, un camino corto. Fue muy buena la experiencia con el equipo del Ruaer de Gualeguaychú, porque también estamos en conocimiento que algunos equipos de la provincia ponen trabas o no tratan adecuadamente a las familias”, aportó Verónica.

La falta de recursos y los números del sector

En diálogo con EL ARGENTINO, desde el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos (Copnaf) de Paraná, una de las trabajadoras, que por razones obvias requirió mantener el anonimato, contó que “los recortes sufridos en salud hacen que los niños, que ya están dañados por su situación familiar, no puedan hacer las terapias que necesitan en tiempo y forma, lo que complica más los cuadros de salud mental, por ejemplo”. Asimismo, “muchas veces, está pasando que el Copnaf ni siquiera tiene recursos para costear los viajes que requieren las vinculaciones o para que el niño pueda verse con hermanos que están en otras residencias”.

“Las últimas fiestas, los grupos de hermanos que estaban en distintas residencias no las pasaron juntos”, informó la misma fuente.

Des que existe (2010-1025), el Ruaer a aprobado 728 guardas con fines adoptivos y 708 sentencias de adopción. Actualmente, hay 69 niños/as (de 0 a 12 años) con declaraciones de adoptabilidad, de los cuales 12 se encuentran en “proceso de análisis de su legajo” o en proceso de vinculación, según aportaron desde el Ruaer a EL ARGENINO.

Asimismo, como adelantamos, actualmente existen 62 adolescentes con declaración de adoptabilidad en diferentes instituciones de la provincia y ninguno se encuentra en proceso de vinculación. De esos 62, para 30 se aborda la posibilidad de familia adoptiva, mientras que para los 32 restantes se evalúan nuevas herramientas de vinculación (como el programa de referentes que se está pronto a poner en función) o, directamente, han formulado su negativa a la adopción.

Por último, las estadísticas del organismo provincial exhiben con claridad la demanda de las familias entrerrianas. De los 169 legajos que actualmente están trámite, el 85,79% son por niños/as de hasta 3 años; un 47,2% también está inscripta hasta 6 años; el 45,54% hasta 7; el 36,68% hasta los 10, y el 5,32% por adolescentes de hasta 13 años.

Asimismo, los números sobre la situación de salud exhiben que el 62,13% de los postulantes prefieren adoptar personas sin discapacidad, y sólo el 17,75% aceptan una situación de discapacidad. En tanto, en el ítem “cantidad de hermanos”, el 34,31% (58 postulaciones) prefiere hasta dos hermanos y el 4,73% (8 postulaciones) “3 o más”.

Por último, las estadísticas oficiales marcan una línea descendiente en los interesados en adoptar que recorre desde el 2019, cuando las solicitudes de adopción fueron 76 en Entre Ríos; el 2020 (93); el 2021 (102), año que las inscripciones en el Ruaer hicieron pico, pero el camino descendente se profundizó en los últimos años en 2022 fueron las solicitudes de inscripción; en 2023 fueron 61 y el 2024 alcanzaron las 58.

El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) formó parte este martes de la jornada internacional Unidos contra la Trata - Recomendaciones Post Cumbre Mundial Madrid 2025, organizada en el Senado de la Nación junto a la red RATT Internacional. La actividad buscó fortalecer la articulación entre organismos públicos, universidades, sociedad civil y sobrevivientes de la trata, con el objetivo de diseñar políticas efectivas de prevención y erradicación de la explotación.

La delegación entrerriana estuvo encabezada por la directora de Protección Integral de las Infancias, Ruth Pennachini; el director de Protección Integral de las Adolescencias, Pablo Galarza; y la subdirectora de Cuidados Alternativos, Noelia Buchholz. Los representantes destacaron la importancia de intercambiar experiencias con especialistas nacionales e internacionales en un contexto en el que las redes digitales se consolidan como uno de los principales canales de captación de víctimas.

“Compartir este espacio nos permite repensar la problemática y trabajar de manera articulada para prevenir y erradicar la explotación en todas sus formas. Es clave mantenernos actualizados frente a los nuevos entornos digitales”, afirmó Pennachini.

Por su parte, Galarza subrayó la responsabilidad de los organismos de niñez en el territorio: “La trata de personas nos interpela como sociedad. Participar de estas instancias nos permite actualizar enfoques y reforzar la tarea de protección”.

El encuentro incluyó paneles sobre buenas prácticas en la articulación entre Estado y sociedad civil, experiencias universitarias de investigación aplicada, el rol de los medios y las redes sociales, y el protagonismo de las víctimas en la construcción de políticas públicas.

La jornada contó con la presencia de referentes de organismos nacionales, legisladores, especialistas en derechos humanos y representantes de organizaciones internacionales que trabajan en la lucha contra la trata. Desde Entre Ríos, la participación del Copnaf fue destacada como parte de una estrategia para fortalecer la cooperación y ampliar la mirada sobre un problema complejo que trasciende fronteras.

La última jornada de trabajo permitió acordar criterios comunes para agilizar las intervenciones y brindar respuestas más efectivas en situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes.

En total se realizaron 18 instancias, una en cada departamento de Entre Ríos y una adicional en Paraná, con el objetivo de consolidar prácticas homogéneas y compartidas en el territorio.

El defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, señaló que “ahora comienza una etapa clave: procesar las inquietudes recogidas en el recorrido provincial y volcarlas en un trabajo superador que optimice las intervenciones”.

Por su parte, la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, destacó que “contar con pautas compartidas nos permite actuar con más rapidez y coherencia, priorizando el cuidado y la protección de quienes más lo necesitan”.

La presidenta de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher, valoró el trabajo conjunto: “Fue un desafío recorrer cada localidad de Entre Ríos juntos, pero este esfuerzo demuestra que estamos construyendo una política pública en favor de los derechos de la niñez”.

Desde la organización agradecieron especialmente al Superior Tribunal de Justicia por brindar el espacio y al Instituto Alberdi por su colaboración en el desarrollo de las jornadas.

La directora general de Prestaciones del Ministerio de Salud de Entre Ríos, María Eva Famin, renunció a su cargo luego de haber quedado en el centro de la polémica por la escasez de insulina en hospitales y centros de salud de la provincia.

Su salida ocurre tras semanas de críticas públicas, especialmente luego de que la exministra de Salud, Sonia Velázquez, advirtiera sobre la grave situación que afectó a unos 8.000 pacientes del Programa Provincial de Diabetes.

Famin, que integró la gestión sanitaria desde la administración de Velázquez y fue sostenida tanto por el exministro Guillermo Grieve como por el actual titular de la cartera, Daniel Blanzaco, confirmó su alejamiento a Entre Ríos Ahora. Su figura había ganado notoriedad durante la pandemia, al frente de la coordinación general del COES, pero su continuidad terminó jaqueada por la falta de respuestas ante la emergencia por insumos.

El detonante fue la denuncia pública de Velázquez, quien el 14 de junio alertó que hacía casi un mes que no se entregaba insulina a través del sistema público. “Stock 0 en el Programa Provincial. Las consecuencias para los 8 mil pacientes bajo programa repercuten en el retroceso para la salud de los pacientes y en nuevas consultas hospitalarias y de los centros de salud”, señaló entonces la exministra.

El Programa Provincial de Diabetes fue creado en 2015 por la Ley N°10.401 con la misión de garantizar el acceso a medicamentos e insumos esenciales para pacientes diabéticos, además de prever reservas estratégicas ante eventuales emergencias sanitarias. Sin embargo, en esta oportunidad no logró dar respuesta a una contingencia cuya previsión era parte de su esencia.

Presionado por la repercusión del caso, el ministro Blanzaco brindó explicaciones públicas. Aclaró que la compra de insulinas se realiza mediante licitaciones públicas, con plazos y procedimientos que dificultan una respuesta inmediata ante imprevistos. Informó que la última licitación fue aprobada el 9 de junio mediante el decreto N°1218 y que las entregas comenzaron recién el 24 del mismo mes, con una segunda tanda programada para el 25 y otras posteriores en planificación.

Famin, por su parte, había intentado justificar la situación señalando que “cuando el Programa no posee algún insumo, los efectores públicos con fondos disponibles garantizan el tratamiento, como ha sido siempre”. Pero la crisis ya había escalado y el daño político estaba hecho.

Aunque desde el Ministerio no se emitió un comunicado oficial sobre su salida, el alejamiento de Famin refleja el impacto institucional del conflicto y la presión pública que generó la falta de un insumo básico en la red de salud. El Gobierno provincial, que había sostenido a la funcionaria desde gestiones anteriores, enfrenta ahora el desafío de reestructurar un área clave para la cobertura sanitaria de pacientes crónicos en Entre Ríos.

El Gobierno de Entre Ríos confirmó la cesantía de Gisela Mariela Zuqui, quien se desempeñó como directora de la residencia socioeducativa Mujercitas, dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). La decisión se formalizó mediante el decreto N° 1.522, con fecha del 7 de julio, tras desestimar el recurso de apelación jerárquica presentado por la exfuncionaria.

Según el sumario administrativo, la Comisión Asesora de Disciplina tuvo por acreditado que Zuqui presionó a personal suplente para evitar la difusión de contagios de Covid-19 en la institución. A través de amenazas de no renovación de contratos, intentó acallar situaciones que representaban un riesgo sanitario tanto para el personal como para las menores internadas.

No obstante, el punto más grave señalado en el decreto refiere a que existieron maltratos hacia niñas alojadas en la residencia Mujercitas, de los cuales Zuqui estaba al tanto y no actuó en consecuencia. El texto sostiene que la exdirectora “omitió realizar actos para corregir dichas conductas o dar aviso a las autoridades competentes”, lo que implicó una vulneración directa de los derechos de las adolescentes bajo su cuidado.

El Ejecutivo respaldó su resolución con declaraciones de trabajadores del establecimiento, quienes señalaron que, si bien inicialmente la conducta de Zuqui fue positiva, luego se tornó en un ejercicio del poder coercitivo. Según los testimonios, la exdirectora dejó de asistir regularmente a la residencia y se limitaba a recibir reportes telefónicos. También se indicó que ponían en conocimiento de los episodios a su pareja, también empleado del Copnaf.

Tanto el área jurídica del organismo como la Fiscalía de Estado coincidieron en que la responsabilidad de Zuqui era indelegable. “El cargo de directora implica presencia, compromiso y acciones concretas”, afirma el decreto, y remarca que la función no puede limitarse a recibir llamados o esperar informes. En ese marco, el documento enumera deberes como mantener reuniones periódicas con el personal, supervisar el cumplimiento de la normativa institucional y garantizar la atención integral de niños, niñas y adolescentes.

Para la Fiscalía de Estado, la omisión de estos deberes representa una “falta grave”, dado que la función que desempeñaba Zuqui era clave para el goce pleno de derechos por parte de las menores alojadas. La gravedad de los hechos, sumada a la falta de respuesta institucional por parte de la funcionaria, dejó sin sustento legal su apelación.

El sumario concluye que existe plena prueba de los hechos que se le imputan a Zuqui, por lo que el Poder Ejecutivo resolvió confirmar la cesantía y rechazar su recurso jerárquico.

La residencia Mujercitas, ubicada en Paraná, continúa bajo la órbita del Copnaf, un organismo que en los últimos años ha sido objeto de diversas controversias y reclamos sindicales, institucionales y judiciales por la atención de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) inició esta semana un recorrido de asambleas en distintos organismos del Estado provincial para abordar una creciente agenda de reclamos laborales, salariales y administrativos. La primera reunión se realizó el lunes en el área contable del Ministerio de Desarrollo Humano, y continuará en Copnaf, el Registro de la Propiedad y el sector Salud.

"En este momento de crisis nuestra función es acercarnos a los organismos para escuchar las distintas problemáticas e intentar encontrar soluciones", expresó la secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez, quien encabezó las reuniones.

En la asamblea del lunes se discutieron los resultados de las paritarias, calificados como insuficientes por los trabajadores, y la reducción de horas extras, que afecta directamente los ingresos de quienes cumplen funciones clave. Además, surgió un fuerte malestar por la incorrecta liquidación de dos códigos salariales, que según UPCN podrían derivar en una acción judicial colectiva.

"Los compañeros analizan judicializar el reclamo, lo que podría impactar en otros sectores con situaciones similares", advirtió Domínguez, aunque aclaró que hay voluntad de diálogo. Sin embargo, aún no se concretó una audiencia con el ministro de Hacienda, cuya respuesta es esperada para definir los próximos pasos.

Ante esta demora, los trabajadores decidieron enviar una nota formal a la ministra de Desarrollo Humano para pedir una audiencia antes del martes 5 de agosto. En esa próxima asamblea, también se debatirá el documento de 15 puntos que UPCN presentó al gobernador Rogelio Frigerio bajo el título "Transformar sin ajuste: propuestas para jerarquizar el empleo público sin más recursos".

Domínguez insistió en que el gobierno debe avanzar en respuestas concretas, especialmente tras la reunión que el sindicato mantuvo con el mandatario provincial el viernes pasado. El contenido del documento, solicitado por varios sectores, plantea alternativas para mejorar las condiciones laborales sin aumentar el gasto público, según remarcó la conducción gremial.

La recorrida sindical seguirá este martes en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf); el miércoles en el Registro de la Propiedad; y el jueves se desarrollará un encuentro de delegados del sector Salud en la sede del gremio.

UPCN sostiene que el contexto económico actual exige una presencia activa en cada organismo, ya que la crisis afecta de forma desigual a los trabajadores según la dependencia. "La intervención territorial es fundamental para canalizar los reclamos y generar propuestas viables", concluyó Domínguez.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una asamblea interministerial este miércoles en Casa de Gobierno, en respuesta a la avanzada del Ejecutivo provincial que decidió recortar un 20% el pago de horas extras, reducir la planta del personal y dar por concluidas suplencias en áreas clave. La medida generó un fuerte malestar y multiplicó las protestas en organismos como el Consejo General de Educación (CGE), el Ministerio de Salud, ATER, Copnaf y el Ministerio de Desarrollo Humano.

Desde el Gobierno indicaron que el recorte impacta en unos 4.800 agentes sobre una planta de 91.000, aunque en áreas críticas, como Salud y Educación, las consecuencias son particularmente severas. En el CGE, se denunciaron 86 suplencias dadas de baja y recortes de hasta el 60% en horas extras. "Esto contradice lo que dijo el propio gobernador Frigerio, que no habría recorte sino ordenamiento", remarcaron desde ATE.

En Salud, las protestas incluyeron una retención de servicios de 10 a 13. Gustavo Squidelqui, delegado de ATE, advirtió que el recorte representa una pérdida de entre $70.000 y $90.000 mensuales por trabajador, una cifra que afecta de lleno a la economía de los hogares. "No se trata solo de horas extra, se trata de plata que necesitamos para vivir", remarcó.

El sindicalista también denunció el vaciamiento de las paritarias y alertó sobre la grave situación del Iosper. “Si uno se enferma, no hay plata que alcance”, afirmó, al tiempo que pidió que el ajuste recaiga “sobre los bolsillos de los funcionarios y no sobre los trabajadores”.

En ATER, los trabajadores también elevaron su reclamo, denunciando reestructuraciones “sin criterio”, traslados arbitrarios y riesgo de despido para el personal precarizado. La planta total es de 400 trabajadores, de los cuales unos 60 están bajo contratos que podrían no renovarse.

Otro foco de conflicto es el Ministerio de Desarrollo Humano, donde los empleados exigen no solo la restitución de las horas extra sino también la mejora del salario básico, que ronda los $120.000, y la regularización de las contrataciones temporarias. A través de una nota dirigida a la ministra Verónica Berisso, manifestaron su rechazo al uso de las Unidades de Compensación Económica (UCE) para contratar asesores externos mientras se recorta el ingreso de trabajadores de planta.

“Solicitamos la suspensión inmediata del recorte antes del cierre de la liquidación de este mes”, expresaron en el documento, que también critica la prolongación de relaciones laborales precarias bajo figuras como suplencias con varios años de antigüedad.

ATE exige que las horas extras dejen de ser parte esencial del salario y que se conviertan en opcionales, con un sueldo básico digno que garantice la subsistencia. Mientras tanto, la tensión en el Estado provincial se mantiene alta, con asambleas, retenciones y paros que podrían intensificarse si no hay respuesta oficial.

Ante la creciente preocupación entre los empleados públicos por posibles recortes en el pago de horas extra, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Entre Ríos confirmó a Elonce que evalúa judicializar el reclamo. Desde el gremio señalaron que la medida responde a “la falta de claridad y equidad” en la implementación de las reducciones, y advirtieron que ya se registran impactos en sectores críticos como el COPNAF.

“La aplicación de las horas extra no es uniforme en toda la administración pública. Existen desigualdades tanto en la cantidad como en la forma en que se trabajan”, explicó la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez. Según indicó, en áreas donde no se cubren vacantes y la demanda de trabajo es elevada, las horas suplementarias resultan indispensables para sostener la atención.

En ese sentido, Domínguez apuntó que “el Estado provincial está asumiendo funciones que abandonó el gobierno nacional” y, por lo tanto, debe garantizar las condiciones laborales necesarias. “Solicitamos al Ejecutivo que analice esta situación en conjunto con los sindicatos y brinde respuestas concretas a los trabajadores”, agregó.

Si bien UPCN reconoció que viene manteniendo reuniones desde el inicio de la paritaria sectorial, la dirigencia expresó su preocupación por anuncios “confusos” del gobierno sobre el ordenamiento del sistema de trabajo. “Provincia dijo que iba a definir los criterios en acuerdo con los gremios, pero si no hay un consenso real, no vamos a convalidar ningún ajuste”, subrayó Domínguez. “Si es un ordenamiento, queremos saber exactamente de qué se trata”, remarcó.

Además, el gremio solicitó que se adelante la discusión paritaria para abordar la situación salarial. “La convocatoria debería darse entre fines de junio y principios de julio. Aunque no se conozca aún el índice de inflación, necesitamos un punto de partida que garantice al menos el blindaje del porcentaje inflacionario, y que la paritaria no se agote ahí”, manifestó Domínguez.

Otro punto de conflicto surgió en las últimas semanas por la detección de más de 400 desafiliaciones de afiliados históricos al sindicato, quienes dejaron de ver el descuento de la cuota sindical en sus recibos de haberes. Desde UPCN informaron que el equipo jurídico ya inició las gestiones para revertir lo que consideran “una situación grave que afecta el funcionamiento institucional del gremio en pleno contexto de reclamos”.

Un angustiante episodio tuvo lugar este miércoles por la noche en el barrio San Martín de la ciudad de Paraná, donde un hombre se atrincheró en su vivienda y mantuvo como rehén, a su hijo de tan solo cuatro años, durante aproximadamente, cinco horas. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Ameghino, al final de la traza.

El incidente comenzó alrededor de las 19, cuando vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad sobre una situación irregular. Al llegar al lugar, personal policial confirmó que el sujeto se encontraba dentro de su domicilio con el menor, y se negaba a salir, por lo que se desplegó un amplio operativo.

Se activó un protocolo especial

El procedimiento incluyó la intervención de negociadores del cuerpo especializado de la Policía de Entre Ríos, así como agentes de distintas divisiones tácticas, entre ellas, el Grupo Especial y personal de Comisaría Tercera, publicó Reporte 100.7. También se hizo presente el fiscal de turno, quien coordinó las acciones junto a los equipos intervinientes.

Durante la negociación, el hombre se mostró alterado, realizó amenazas verbales y expresó reclamos vinculados con problemáticas familiares, mencionando especialmente al organismo de protección de derechos de infancia y adolescencia, Copnaf.

Ante la posibilidad de un desenlace violento, se dispuso una guardia médica de emergencia en las inmediaciones, con ambulancias listas para intervenir en caso de necesidad.

Rescate del niño sin lesiones

Después de varias horas de tensión, y ante el trabajo sostenido del equipo de mediadores, el sujeto depuso su actitud. Fue pasadas las 00:00 de este jueves cuando se entregó voluntariamente a las autoridades y permitió el rescate del niño, quien fue hallado en buen estado de salud.

El hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar su situación procesal y evaluar las circunstancias del caso. Mientras tanto, el menor fue trasladado para su resguardo y contención.

El operativo, que generó gran conmoción en la zona, concluyó sin lesionados, pero con la preocupación de los vecinos, quienes siguieron de cerca la evolución del conflicto. ElOnce

Los operativos se ejecutaron en la madrugada del lunes para erradicar estas malas prácticas. "Durante el operativo de la madrugada del lunes, se retuvieron 12 motos que circulaban en grupo. La mayoría de los conductores no usaba casco y realizaban maniobras peligrosas, picadas y generaban ruidos molestos con los caños de escape", informó Esteban Izaguirre, subsecretario de la Agencia de Seguridad, en diálogo con EL ARGENTINO.

"Desde la Municipalidad, seguramente presentaremos denuncias para imputar el delito de conducción temeraria, ya que la causa abierta es por desobedecer la orden de un funcionario público", agregó Izaguirre.

Días atrás, ante los reiterados reclamos de los vecinos sobre las picadas de motos, el funcionario adelantó a EL ARGENTINO que se recurrirá a la Justicia mediante "denuncias penales contra todos aquellos conductores que se nieguen a cumplir con la ley". Además, se está utilizando tecnología, como filmaciones, para identificar a los conductores, quienes, según se sospecha, son siempre los mismos.

"Si el infractor es menor de edad, serán sus progenitores quienes deberán dar explicaciones, o también se intervendrá a través del COPNAF. Vamos a recurrir a todas las herramientas legales disponibles", afirmó Izaguirre.

"Estamos trabajando para individualizar a estas personas, ya que dentro del grupo de 30 jóvenes que se estima circulan, algunos probablemente no entienden la gravedad de sus acciones. Sin embargo, hay otros que sí son conscientes de lo que hacen y violan la ley", explicó el titular de la Agencia de Seguridad.

La problemática de las picadas y las prácticas imprudentes en la vía pública sigue siendo recurrente. Desde distintos puntos de la ciudad, los vecinos han expresado su preocupación por los grupos de entre 20 y 30 motociclistas que circulan por las calles, corriendo picadas, sin cascos ni patentes, realizando cortes (ruidos molestos de escape) y violando las normas de tránsito.

"Esto no solo representa una amenaza por los posibles accidentes fatales que pueden involucrar a los propios conductores o a terceros, sino que también genera un problema para las personas con autismo debido a los fuertes ruidos de los escapes", señalaron algunos vecinos a EL ARGENTINO.