El Fondo Monetario Internacional dejó críticas fuertes para el manejo de las políticas anticorrupción del gobierno de Javier Milei y la laxitud con la que maneja los controles sobre las declaraciones juradas de los funcionarios, marcando la primera vez en la que el organismo multilateral de crédito se expresa en términos tan duros, al menos desde que Argentina volvió a endeudarse con él en 2018.

Estos cuestionamientos se encuentran incluidos en la segunda revisión del artículo IV que le aprobó el desembolso por US$ 1.050 millones al país, entregado a pesar de que el Gobierno incumplió nuevamente con la meta de reservas del Banco Central.

La entidad que preside Kristalina Georgieva enumeró dentro de los “desafíos pendientes” a la lucha contra la corrupción, destacando allí que Argentina sacó una puntuación de sólo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2025, según Transparencia Internacional, y apuntando además que “la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores señalan la persistencia de estos desafíos”.

Los términos del Fondo se desarrollan en el Box 9, donde revisó los “recientes progresos” contra la corrupción y aseveró que “es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual".

El reporte técnico, añadió que "las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación", remarcando a su vez que "la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación, ya que las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial”.

Este tono elevado que exhibió el Fondo no fue presentado durante las gestiones previas del Palacio de Hacienda ni cuando el Poder Ejecutivo lo lideraba Mauricio Macri, ya que en 2022 un informe del Fondo destacó “fuertes esfuerzos que se están llevando para mejorar la gobernanza, integridad financiera y marcos de transparencia para asegurarse el cumplimiento de los estándares internacionales y apoyar los esfuerzos anticorrupción”.

El FMI adoptó en 2018 un Marco de Gobernanza y Anticorrupción que le permite evaluar cómo las debilidades institucionales pueden afectar la economía de un país, incluyendo de forma concreta las declaraciones juradas patrimoniales, la independencia judicial y el índice de percepción de corrupción en el documento actual.

A nivel político, el plazo para entregar las declaraciones juradas, que vencía el 30 de mayo, fue prorrogado por el Ejecutivo para el 31 de julio, otorgando dos meses más para completar los formularios ante la Oficina Anticorrupción, un escenario donde se encuentra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que aún no ha presentado su balance patrimonial en medio del escándalo por los nuevos inmuebles que se le descubrieron y que no figuran en sus documentos anteriores.

Por otra parte, en su revisión, el FMI señaló que “continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, dadas sus implicancias para la volatilidad del fondeo y la extensión del crédito de más largo plazo”.

Asimismo, el organismo detalló que “se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias” con el objetivo de “garantizar condiciones regulatorias más equitativas y monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los préstamos en mora son muy elevados”, coincidiendo con los datos oficiales del Banco Central que mostraron una disparada en la morosidad de los hogares, la cual llegó al 11,5% en marzo y obtuvo un salto de más de 8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025.

El presidente Javier Milei ratificó que Manuel Adorni seguirá como jefe de Gabinete de su gobierno, despejando cualquier tipo de duda en relación a la continuidad en su cargo. La confirmación llega luego de las declaraciones de la senadora y exministra Patricia Bullrich, que había dejado entrever que el escándalo alrededor de las causas por corrupción que enfrenta al vocero afectaban la imagen de La Libertad Avanza y que el cuestionado funcionario tenía que presentar “de inmediato” su declaración jurada.

“Manuel está trabajando en los números, lo que hizo Patricia fue spoilear lo que va a pasar. Ya los tiene, no es un problema, para que se terminen todas las fantasías que ha engendrado la señora -Marcela- Pagano”, indicó Milei en relación a lo vertido en los medios por la diputada nacional libertaria, aunque alejada de las filas oficialistas: “Es una mentirosa compulsiva”.

El jefe de Estado apuntó luego: “Desde mi presentación en enero en Davos hablo de la moral como política de Estado. ¿A usted le parece justo ejecutar a una persona honesta? No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas a los que les dijo la verdad, que es que son solo periodistas, a una persona honesta. El desgaste político no me importa, yo trato con seres humanos honestos que vinieron a hacer grande a la Argentina de nuevo. Si ustedes se sintieron tocados como grupo corporativo, lo siento”.

Milei dijo que el contratista que declaró que Adorni le pagó 245 mil dólares es un “mentiroso” y un “militante kirchnerista”. “Ustedes tienen predilección por darle entidad a alguien que miente. La Justicia le dará valor cuando termine de evaluar todo, por mí que se investigue todo. Pero yo sé que ese testimonio no tiene valor”.

El jefe de Estado aseveró luego: “Nadie en mi gobierno se queda con los dedos sucios. Pero estoy perfectamente tranquilo de que Adorni es un hombre de bien. Entiendo la carnicería mediática, pero la mentira es más que evidente. Los números están en orden y van a ser presentados”. Y aclaró: “Ni en pedo se va Adorni”.

El contratista Matías Tabar declaró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le pagó USD 245 mil en efectivo por la refacción de su casa en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

La cifra se suma a los más de USD 100.000 que gastó en un año junto a su esposa, Bettina Angeletti, y las deudas por 335.000 dólares que debe pagar, en su mayoría, antes de noviembre, todo incluido solamente en el segmento de propiedades.

El testigo se presentó ayer antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, con documentación de relevancia para la causa por presunto enriquecimiento ilícito. También aportó su celular, para permitir que se haga una copia de su conversación con el jefe de Gabinete. Dejó el dispositivo porque borró mensajes, por lo que lo peritarán para recuperar la información.

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, recordó Tabar en diálogo con Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo. Confirmó además que el entonces vocero fue quien le pagó por sus servicios, siempre en efectivo y en negro, sin recibos.

El funcionario desembolsó 55 mil dólares a fines de 2024 y el resto lo pagó al año siguiente.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

En la casa, de unos 400 m², se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

El testigo llevó ante el fiscal Gerardo Pollicita toda la documentación referida a las compras que hizo para la obra el jefe de Gabinete, y aportó todos y cada uno de los ítems que hicieron a la renovación del hogar. También dejó fotos y videos del antes y después.

Cada papel fue revisado también por el abogado defensor del ministro coordinador, Matías Ledesma, quien participó de la testimonial.

Cabe recordar que, mientras se hacían estas obras, Adorni y su familia fueron inquilinos de otra casa en el mismo barrio privado. Pagaron en total 13 mil dólares de alquiler, según pudo saber Infobae.

Por último, el contratista testigo reveló que Adorni lo contactó antes de la declaración y le dijo que necesitaba hablar con él.

Según afirmó bajo juramento, el jefe de Gabinete le ofreció “ayuda” o la posibilidad de que su equipo “lo contactara”, pero finalmente rechazó el contacto luego de asesorarse por su cuenta.

Los gastos de Adorni

Los 245.000 dólares que el funcionario pagó para renovar su casa de Exaltación de la Cruz y los 13.000 dólares que pagó de alquiler en Indio Cuá -estima la Justicia, por 10 meses-, se suman a un largo listado de erogaciones realizadas desde 2024.

En materia de propiedades, en las últimas semanas se supo que la familia Adorni gastó: 30.000 dólares de adelanto por su nuevo departamento en Caballito; otros 30.000 como devolución de un préstamo a dos policías acreedoras, a quienes también abona intereses mensuales de entre 900 y 600 dólares desde noviembre de 2024; 25.000 dólares por la casa de Indio Cuá -el resto lo cubrió con el préstamo recién mencionado-; y 10.000 dólares de honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.

La suma de todos estos gastos supera un presupuesto de más de 360.000 dólares que el jefe de Gabinete ya destinó a sus propiedades.

Luego están las deudas: antes de noviembre, Adorni debe devolverle 200.000 dólares a dos jubiladas, 65.000 dólares al hijo de una de ellas por las refacciones del departamento de Caballito y 70.000 a las dos policías acreedoras. Es decir, 335.000 dólares en total.

En materia de vuelos y hospedajes, Infobae pudo reconstruir gastos por más de 25.000 dólares en apenas un puñado de los 18 viajes que hizo la familia -juntos o por separado- desde 2022.

Préstamo y escritura

La casa que compró el matrimonio Adorni se escrituró el mismo día en el que el jefe de Gabinete recibió un préstamo de dos mujeres policías por 100.000 dólares, en noviembre de 2024. La propiedad no está incluida en su declaración jurada al cierre de ese año.

El vocero presidencial hipotecó su departamento de Parque Chacabuco a cambio de ese dinero, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11% que se fue devengando en cuotas mensuales de entre 900 y 600 dólares.

De esos 100.000 dólares que le dieron las agentes de la Policía Federal Argentina, Adorni ya devolvió 30.000.

Como tasa de ingreso en Indió Cuá, el jefe de Gabinete tuvo que pagar otros 5.000 dólares, además de los 120.000 que costó la casa en sí.

Mientras avanza la investigación judicial para saber si Manuel Adorni puede justificar el crecimiento en su nivel de vida, el funcionario brindó declaraciones públicas, primero ante la Cámara de Diputados, luego en una entrevista y finalmente esta mañana en conferencia de prensa.

En todos los casos, el jefe de Gabinete evitó aclarar las dudas sobre su evolución patrimonial: “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados, el miércoles pasado. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”, dijo en la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada.

En rigor, en el Congreso sostuvo: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia”, y aseguró que nunca ocultó su patrimonio.

La investigación sobre el patrimonio de Adorni, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, avanza también con el análisis de los más de 18 viajes -por Argentina y el mundo- que hizo la familia Adorni desde 2022 a la fecha.

Para hacer las sumas y restas de los gastos, ingresos y deudas del funcionario y su esposa, el fiscal le dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo de la Procuración General.

Con esa evaluación, los investigadores apuntan a tener un panorama más claro de cuánto y cómo gastó Adorni cada año. Según supo Infobae de fuentes judiciales, la tarea empezará con las pruebas ya acumuladas al expediente y se irá completando a medida que se sigan sumando evidencias. No se trata de una pericia, sino de una colaboración de un organismo técnico contable.

La medida fue dispuesta en línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, y alcanza tanto a exfuncionarios como a empresarios vinculados al expediente.

Entre los citados aparece el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado en la causa.

Las indagatorias serán entre abril y mayo

Según se informó, las declaraciones indagatorias se desarrollarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo.

La lista incluye también la ampliación de las declaraciones de cinco personas ya procesadas, entre ellas el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista de directivos de laboratorios y droguerías.

En la resolución, el juez Ariel Lijo sostuvo que la organización investigada “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”.

También inhibieron bienes de personas y empresas

Además de las indagatorias, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes para personas y empresas involucradas. La medida busca evitar el desprendimiento de activos que podrían haber sido producto o instrumento de los posibles delitos y que, eventualmente, podrían ser recuperados por el Estado.

La causa investiga maniobras que habrían implicado salidas de fondos públicos por más de 75.000 millones de pesos.

Este miércoles el Poder Ejecutivo Nacional enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral con puntos clave a tratar. Entre ellos está la implementación de Ficha Limpia, pero también incluye la eliminación de las PASO y el financiamiento de la política.

El punto principal de Ficha Limpia es dejar afuera de las listas electorales a personas que hayan sido condenadas por "los delitos previstos en los Capítulos VI - Cohecho y tráfico de influencias, VII".

¿Qué delitos incluye?

Delitos de malversación de caudales públicos.

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Exacciones ilegales.

Enriquecimiento ilícito de funcionarios.

Empleo y encubrimiento.

¿Quiénes no podrán presentarse a las listas electorales?

El artículo 7 del proyecto dice que: "No podrán ser designadas como Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios, Subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957 y sus modificatorias, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos".

Además, "solo se aplicará la inhabilitación si la condena por alguno de los delitos mencionados fue confirmada en segunda instancia dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral", indica el texto. También queda fuera si "se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta".

Asimismo, si la segunda instancia de condena se da "luego del 1º de enero del año en que se llevarán a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral", con lo cual quedará habilitado a participar de la elección.

Otro de los puntos principales es que la Cámara Nacional Electoral será quien llevará a cabo un Registro Público de Ficha Limpia en el cual quedarán asentadas las sentencias de segunda instancia que confirmen los delitos de los que estén acusados los dirigentes. (NA)

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizó la conferencia de prensa de este miércoles para hablar sobre la polémica que se desató luego del viaje con su esposa a Punta del Este en un avión privado y la compra de una casa en un country en Exaltación de la Cruz. “No tengo nada que esconder”, dijo y aclaró que su patrimonio fue construido durante su actividad privada, previo a su llegada a la Casa Rosada.

El funcionario leyó su discurso al inicio de la conferencia donde aclaró que no puede hablar de algunos puntos que forman parte de la investigación judicial. “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, dijo y agregó: “Ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández”.

“No somos lo mismo que gestiones anteriores y la gente lo sabe. No olvidamos que un secretario de Obras Públicas que revoleaba bolsos con plata”, recordó.

Antes de iniciar la conferencia de prensa, Adorni compartió foto con parte del Gabinete, entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller, Pablo Quirno. “Gran equipo, contra todo. Fin”, agregó. Esos mismos funcionarios estuvieron presentes en la sala escuchando el discurso junto a secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

“Se dedicaron a limar a cada uno de los ministros desde el primer día. Hay algunos ministros que, según los medios, ya llevan más de 20 renuncias y despidos. Una nueva a cada mes. Conmigo hicieron exactamente lo mismo y acá estamos. Este fin de semana me inventaron una mansión en Martínez de 1 millón de dólares, que me visitó un ex agente de la SIDE y que tengo información secreta con la que extorsiono al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia”, denunció.

Consultado por la adquisición de varias propiedades y dónde vive, respondió: “Vivo en Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. “Con respecto a la casa de Martínez, es parte de toda la operación política y mediática que se armó para dañar al Gobierno. No es contra mí, es contra el Gobierno”, aseguró.

También respondió preguntas sobre su viaje a Punta del Este, donde hay sospechas por el pago del avión privado: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”.

Guadalupe Muñoz, pareja de Miguel Ángel Calvete, uno de los acusados clave del caso ANDIS será indagada este miércoles en la causa en la que se investiga una trama de corrupción en el organismo con la compra de medicamentos.

Según el dictamen del fiscal Picardi, Guadalupe Muñoz se encuentra vinculada a todo el entramado de direccionamientos y pagos indebidos. Por ejemplo, fue la encargada, siguiendo indicaciones de Calvete, de conseguir gran cantidad de dinero en efectivo para Diego Orlando Spagnuolo.

De las conversaciones obtenidas del teléfono de Miguel Ángel Calvete se logró determinar que le envía un detalle del dinero que habrían recibido diversas firmas por parte de la ANDIS, en las cuales se encuentran las vinculadas su pareja.

“Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz administraban los pagos efectuados por dichas empresas, participando activamente en la distribución de los fondos derivados de las operaciones investigadas, determinando los porcentajes a retener y el destino de los montos remanentes los cuales, en algunos casos finalizaban en manos de funcionarios nacionales”, aseguró el fiscal Franco Picardi en la acusación.

Para el fiscal resultan relevantes los audios enviados por Miguel Ángel Calvete a Guadalupe el 11 de junio de 2025 en los cuales le indica el modo en que debía hacer la cuenta de porcentajes, y de los cuáles también se desprende que una parte del dinero se lo quedaban ellos.

Hay otros mensajes de los que se desprende que Guadalupe Muñoz envió un recibo de aproximadamente 90 mil dólares y Calvete, por su parte, le refiere que lo guarde en la caja fuerte. Sin aclarar de quién, ni en concepto de qué.

El fiscal, en su acusación destacó que el extitular de ANDIS, Diego Orlando Spagnuolo recibió de parte de Calvete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo, para que el primero realizara un viaje.

Esta información se desprende de una conversación mantenida por Calvete con Guadalupe, en la que este le pide a su pareja “cinco palos” en efectivo en pesos.

Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde que es para: “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”.

Con posterioridad a ello, Spagnuolo y Calvete mantuvieron un diálogo que gira en torno a ese supuesto viaje y la forma de entregarle el dinero en “algún lugar disimulado”.

Sumado a ello, en el allanamiento del domicilio de Calvete se halló un papel adherido en la cocina, que contenía instrucciones precisas de éste hacia sus empleados/as, respecto de cómo debían proceder en el caso de que cualquier persona se presentara en el lugar y preguntara por él y/o sus sociedades, “mostrando un comportamiento totalmente contumaz frente al sistema de administración de justicia, pues decía que allí no vivía ni él ni su pareja Guadalupe Muñoz”, dice la acusación fiscal. (Ámbito)

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este lunes los detalles del proyecto de reforma del Código Penal y confirmó que la iniciativa del Poder Ejecutivo se tratará en extraordinarias en el Congreso. La funcionaria adelantó varios puntos de plan, el cual contempla cambios normativos para agravar las penas por delitos por corrupción, abuso sexual de menores, entre otros puntos.

En una presentación coordinada con el vocero presidencial Manuel Adorni, la ahora senadora expuso los principales ejes del proyecto de reforma integral del Código Penal que el Gobierno envió al Congreso. Según explicaron, se trata de una actualización “indispensable” de una norma redactada hace un siglo y cuyo diseño, aseguran, quedó desalineado respecto de los desafíos del escenario actual.

El documento difundido por el Ministerio de Justicia señala que la iniciativa endurece penas para una serie de delitos graves, entre ellos homicidios, robos agravados, narcotráfico, abuso sexual, pornografía infantil y trata de personas.

También elimina la prescripción para los delitos considerados especialmente lesivos, como el abuso sexual y el homicidio agravado, con el argumento de que el paso del tiempo no puede convertirse en un condicionante para el castigo ni en un factor de desprotección para las víctimas.

Durante la exposición, Bullrich apuntó que el proyecto garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos. La reforma eleva los mínimos penales y cierra espacios que hoy permiten que condenas menores a tres años no se cumplan. Además, introduce un cambio central: las condenas perpetuas no tendrán límite temporal alguno. De esta manera, quienes sean sentenciados por homicidio agravado enfrentarán prisión de por vida, sin alternativas de reducción.

Adorni enmarcó la propuesta dentro de la agenda más amplia de reconfiguración del sistema penal que impulsa el Ejecutivo, que incluye la implementación del sistema acusatorio y cambios en la edad de imputabilidad. Según la comunicación oficial, la reforma completa “un mandato social” orientado a combatir la inseguridad y a reforzar la centralidad de las víctimas en el proceso penal.

La Casa Rosada confía en que la combinación de penas más estrictas, cumplimiento efectivo y la eliminación de la prescripción en delitos graves le dará al sistema penal un perfil más alineado con las demandas del Gobierno. El proyecto ya fue remitido al Congreso, donde el oficialismo buscará construir las mayorías necesarias para su aprobación.

El envío de este proyecto se complementa con las reformas de forma y fondo del sistema penal, que incluyen la implementación del Sistema Acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad.

Al respecto, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, destacó el envío al Congreso del proyecto de Reforma Integral del Código Penal y aseguró: “En el marco del Plan Tolerancia Cero y en cumplimiento con el principal mandato que nos dio la sociedad, que es terminar con la inseguridad, hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso”.

Amerio subrayó que el nuevo Código Penal endurece las penas para delitos graves como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas, y elimina la prescripción en delitos especialmente graves como el abuso sexual y el homicidio agravado. “Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas.”, afirmó.

Además, explicó que el proyecto garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos: “Actualmente cuando la pena no supera los 3 años, el delincuente no cumple con la condena. Con este nuevo código, se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados”.

A partir de las 9:30 de este jueves 6 de noviembre se inicia el juicio oral por los denominados “Cuadernos de las Coimas”, considerado el expediente más voluminoso de la historia judicial argentina en materia de corrupción. La causa, que acumula 86 imputados —60 de ellos empresarios—, apunta a una presunta red de recaudación ilegal que habría funcionado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La audiencia inaugural, a cargo del Tribunal Oral Federal 7, se desarrollará hasta las 14:30. Luego de la verificación de las partes, comenzará la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Cristina Fernández de Kirchner participará de manera remota, a través de la plataforma Zoom.

La fiscal general Fabiana León calificó el caso como “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se haya realizado en la historia judicial argentina y comparable con muy pocas en el mundo”. La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a contratistas del Estado, con epicentro en el Ministerio de Planificación Federal.

El fiscal Carlos Stornelli, al elevar la causa, detalló un mecanismo sostenido por funcionarios y empresarios que garantizaban la adjudicación de contratos públicos a cambio de retornos millonarios. Entre los principales acusados figuran Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Ernesto Clarens, Carlos Wagner y Ricardo Jaime, además de exdirectivos de la Dirección Nacional de Vialidad.

Según el dictamen, Cristina Kirchner habría tenido el rol de jefa de la organización, al igual que su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner. Ambos habrían permitido el funcionamiento de un sistema de recaudación paralelo al Estado, mediante el cual empresarios de la construcción y el transporte pagaban sobornos para obtener beneficios en la obra pública.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que la red funcionaba con dos vertientes: una integrada por funcionarios encargados de retirar el dinero y otra por intermediarios que facilitaban los pagos. Los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, que registraban entregas de dinero y fechas precisas, constituyen la principal prueba documental del expediente.

Se prevé que la lectura de las acusaciones se extienda entre cuatro y cinco audiencias. Luego, el tribunal definirá el cronograma de declaraciones y la modalidad de intervención de los acusados.

El proceso judicial se anticipa extenso y con fuerte impacto político, al involucrar a una expresidenta, exministros y a gran parte del empresariado de la obra pública durante más de una década.

Jóvenes en Marruecos de la Generación z, que salieron a las calles en los últimos días en distintas ciudades para reclamar mejoras de los servicios públicos, pidieron al rey Mohamed VI destituir al Gobierno. El Ejecutivo responde ofreciendo diálogo.

Según reportó EFE, las movilizaciones se desarrollaron en general de forma pacífica, aunque se registraron incidentes violentos que dejaron tres muertos, cientos de heridos y numerosos arrestos, lo que elevó la tensión social.

Las protestas fueron convocadas por el movimiento juvenil GENZ212, que a través de su canal en Discord llamó a vestir de negro en señal de luto por los fallecidos y heridos.

El colectivo remitió una carta al monarca solicitando la destitución del Ejecutivo encabezado por Aziz Ajanuch, la liberación de los detenidos en protestas pacíficas y la protección de la libertad de expresión.

En el documento, los jóvenes denunciaron la brecha entre derechos fundamentales y la práctica cotidiana, exigiendo también la disolución de partidos implicados en corrupción y la apertura de procesos judiciales contra responsables de desvío de fondos públicos.

El movimiento se desmarcó de los disturbios ocurridos en paralelo a las manifestaciones pacíficas, subrayando que los actos de violencia son responsabilidad individual de quienes participaron en ellos. No obstante, el Ministerio del Interior informó que al menos 354 personas resultaron heridas, incluidas 326 pertenecientes a las fuerzas de seguridad, y que hubo daños en 446 vehículos, de los cuales 271 eran patrullas policiales. Además, se contabilizaron 80 infraestructuras privadas y públicas destruidas.

Ante la creciente presión social, el Gobierno marroquí abrió la puerta al diálogo. El jefe del Ejecutivo expresó su disposición a atender las demandas juveniles mediante debates institucionales y en espacios públicos. (Fuente: El Comercio)

El presidente Javier Milei habló este sábado del escándalo de corrupción que golpeó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo e intentó defender a su hermana Karina Milei con una curiosa frase. “Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Es muy tonto pensar eso”, expresó.

Milei también apuntó contra el exdirector del organismo y lo desmintió. “Si me hubiese dicho que había corrupción, le habría volado la cabeza. Tenía la obligación de denunciarlo, si no incumplía los deberes de funcionario público”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.

El mandatario remarcó que, tras conocerse los audios filtrados, decidió desplazarlo del cargo e intervenir el organismo. Sin embargo, minimizó esas versiones. “La política está llena de gente que, para darse corte, habla pestes de todo el mundo. Eso es destructivo y psicopático. Cada vez que en mi espacio apareció alguien sembrando chimentos de peluquería, lo eché”, advirtió.

Además, acusó a sectores opositores y mediáticos de montar operaciones en su contra: “Nos hicieron espionaje ilegal y ya hicimos la denuncia. Están involucrados pseudo periodistas que se dedican a montar sistemas paralelos para difundir mentiras y operaciones”.

El Presidente insistió en que las acusaciones contra Karina Milei son "muy tontas" e intentos para golpearlo. “Un foco de desestabilizar al presidente es pegarle a Karina. Es como cuando se metían con mis perros. Es lo mismo, es como meterse con un hijo”, planteó.

Además, descalificó directamente la idea del “3% de Karina”, que el kirchnerismo repite como consigna. “Cuando los kukas hacen el tres, ¿saben dónde estaba la ANDIS cuando llegamos al poder? Dependía de la Secretaría General de la Presidencia. Mi hermana, para que no representara un problema, lo mandó a Capital Humano. Después pasó a Jefatura de Gabinete. Entonces, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Es absurdo”, explicó.

También se refirió a los audios difundidos donde su hermana aparece arengando a legisladores libertarios. “Los audios están editados y se dicen cosas que no corresponden. En uno, lo más grave que aparece es que Karina trabaja 15 horas por día. Eso demuestra lo ridículo de estas operaciones”, ironizó.

En este sentido, el mandatario vinculó directamente a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico en maniobras de espionaje ilegal. “Montaron un sistema para buscar información sobre mis perros y molestarme. Eso es un delito grave y lo denunciamos”, aseguró.

Para Milei, dentro de su espacio pueden existir miradas diferentes, pero no divisiones. “Se plantean temas y visiones. A veces se opta por un camino, a veces por otro, o se crea un camino intermedio. Si nadie piensa distinto, nadie está pensando”, sostuvo.

Finalmente, remarcó la compañía y apoyo de su hermana. “¿Sabe quién remaba conmigo cuando me crié en la adversidad? Karina. No nos vamos a asustar. Igual que como remamos con Santiago y con todo el gabinete”, afirmó.

En otro momento de la entrevista, ratificó la fortaleza de su núcleo de confianza. “El triángulo de hierro sigue firme. ¿Cree que yo podría tener una buena relación con Santiago Caputo si se mete con mi hermana? De ninguna manera. Es un invento de los medios”, subrayó.

El presidente Javier Milei se refirió este sábado al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo y negó que le haya hablado de un presunto esquema de corrupción en la agencia. “Si me hubiese dicho eso le habría volado la cabeza”, detalló en declaraciones radiales.

“Si él sabía, lo tenía que denunciar porque incumple deberes de funcionario público. Cuando salieron los audios, ante la duda fue desplazado y se intervino la Andis. No solamente estaba diciendo algo que debía haberlo denunciado, sino que hablaba pestes de los funcionarios”, señaló en Radio Mitre.

También aseguró que las acusaciones de presunta corrupción que pesan sobre Karina Milei son “muy tontas”. “Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%?“, argumentó.

Ayer por la noche durante su discurso a la militancia en Córdoba, el Presidente había apuntado directamente contra los “chimenteros berretas” que hacen “operaciones y mentiras” contra la gestión libertaria. Allí se había referido también a los audios, que trató como “chimentos de peluquería e inteligencia artificial”.

Este sábado remarcó esta visión. El mandatario aseguró que la política “está llena de gente que, para darse corte, habla pestes de todo el mundo” y consideró que la actitud es “destructiva” y de “psicópata”. En este grupo incluyó a Spagnuolo. “Son chimentos de peluquería que, cuando los cuentan, se van agrandando. Cada vez que en mi espacio apareció gente que crea chimentos, los eché”, agregó.

Sobre ello, profundizó en relación con los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, donde acusó al primero de “mandar un espionaje paralelo para que busquen información” de sus perros con el objetivo de “molestarlo”.

“Yo hice la denuncia y los medios no se van a pisar la manguera, entonces dijeron cualquier cosa. Es muy interesante porque después aparecieron audios en una reunión en Casa Rosada donde estaba mi hermana, que dijo algo gravísimo: que trabaja 15 horas por día. Y después otro audio en la oficina de Menem, donde los arenga a juntarse y que sigan la línea que propone Menem”, declaró.

Luego apuntó contra el kirchnerismo, que repetidas veces hizo referencia en sus redes y discursos al “3% de Karina”. “Cuando los kukas hacen el 3, ¿saben dónde estaba Andis cuando llegamos al poder? Dependía de la Secretaría General de la Presidencia. Mi hermana, para que ese tema no presente un problema, lo mandó a Capital Humano. después hicimos Salud ministerio y Andis pasó a Jefatura de Gabinete", explicó.

“Dicho esto, si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3 cuando se puede quedar con el 100? Es muy tonto“, cuestionó.

El mandatario le respondió a la expresidenta, que lo cuestionó esta mañana por la venta de dólares del Banco Central con el objetivo de contener el precio de la divisa antes de las elecciones legislativas de octubre. También le envió una chicana por el escándalo de los audios.

“¡Che Milei! ¡Que olor a default! Te fumaste más de US$1000 millones en apenas dos días, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’“, había escrito.

En las declaraciones radiales de esta tarde, el Presidente ironizó que, “si hay olor a default” entonces él “no tiene olfato”. “Yo soy el Presidente, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos. ¿Cree que puedo perder tiempo discutiendo con una presidiaria? De ahí viene el tres. Le quedan tres causas, ahí están", criticó.

Sobre si habrá una devaluación después de las elecciones, dijo que hay un “programa en marcha” que “va a seguir”. “Se termina el espanto que generan los kukas y el partido del estado. Se termina el ruido político y los argentinos deciden no aflojar, Argentina no va a retroceder”, sumó.

Milei se refirió a su relación con el expresidente Mauricio Macri, con el cual sostuvo que, aunque no hay diálogo actualmente, si “hay puentes” de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre. “No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo”, sostuvo.

El mandatario celebró el “gesto muy positivo” que tuvo el expresidente cuando Pro apoyó el presupuesto 2026 tras la dura derrota en las elecciones legislativas bonaerenses.

Ayer durante su discurso frente a la militancia en Córdoba, agradeció a Macri y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por apoyarlos en las elecciones.

“A veces las relaciones se enfrían, a veces se profundizan. Yo creo que los desafíos que tiene en frente la Argentina requiere que todos los que estamos en contra del partido del estado y sus socios siniestros -que se quieren mostrar moderados, pero en realidad terminan votando con el kirchnerismo- estemos juntos en el momento de la verdad”, detalló. (Fuente: La Nación)

La causa por presuntas coimas vinculadas a la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en las últimas horas nuevos capítulos de relevancia.

Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, y el exfuncionario Diego Spagnuolo.

En esos procedimientos, además, se solicitó información sobre ingresos y egresos de los countries desde principios de este año, así como datos de una caja de seguridad vinculada a un exdirector de la Agencia, en la que se hallaron 80.000 dólares. La fiscalía entiende que el flujo de dinero es clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría beneficiado a funcionarios nacionales en acuerdo con la empresa proveedora de medicamentos.

En paralelo, la investigación sufrió un cimbronazo con la renuncia de los abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron de la representación alegando motivos personales.

Otro punto de tensión se produjo a partir de la denuncia presentada por el juez Sebastián Casanello contra el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, acusado de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.

En ese contexto, durante la noche del jueves declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien amplió detalles sobre conversaciones previas que habría mantenido con Spagnuolo en las que se mencionaban pagos indebidos y hechos de corrupción. Tras esa comparecencia, la fiscalía profundizó el rastreo patrimonial y detectó la mencionada caja de seguridad con divisas en el Banco BBVA.

Los allanamientos más recientes también alcanzaron a los domicilios de los Kovalivker, de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini, con el objetivo de acceder a registros de ingresos, egresos y documentación comercial. En particular, se secuestraron correos electrónicos y expedientes relacionados con compras de medicamentos.

La causa, que comenzó a partir de la difusión de audios que involucran a altos dirigentes del oficialismo, mantiene bajo investigación a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, los hermanos Kovalivker y Spagnuolo, entre otros. Según el texto judicial, se les imputa haber participado de un esquema de sobornos y administración fraudulenta, con afectación directa a fondos públicos, además de posibles violaciones a la Ley de Ética Pública.

La continuidad de la pesquisa estará marcada por el análisis de la documentación bancaria y fiscal que aún debe ser remitida a la fiscalía, en lo que se perfila como una de las investigaciones más sensibles para el gobierno en materia de corrupción. (Fuente: NA)

Expertos criticaron la resolución del magistrado y dijeron que además se contrapone con los tratados internacionales de Derechos Humanos que suscribió la Argentina.

El abogado Carlos Laplacette, especialista en derecho a la información y libertad de expresión, sostuvo que “en la sentencia se advierte el esfuerzo del juez por limitar el alcance de la medida y tratar de que no sea entendida como un caso de censura o bozal legal, pero el resultado no es otro que el de prohibir la difusión de audios atribuidos a un funcionario público”.

“La única inmunidad que se asegura es la del público, a quien no se le podrá retacear información relevante bajo el pretexto de que pueda resultar perjudicial para el honor o la intimidad de alguien”, explicó Laplacette.

Su colega Sebastián Guidi, profesor de derecho constitucional de la Universidad Torcuato Di Tella y de derechos fundamentales en la Universidad de San Andrés, señaló que “la jurisprudencia de la Corte Suprema es ultra restrictiva al permitir que los jueces emitan medidas que censuren expresiones de modo preventivo”.

“Algunos jueces, como Enrique Petracchi, consideraban que no podía hacerse nunca ya que la censura previa no está permitida nunca. La única vez que la Corte convalidó algo así aclaró que lo hacía solamente porque estaba en juego la integridad de una niña, ya que se estaba difundiendo su imagen y sus datos”, dijo el letrado.

Guidi recordó que “incluso en los casos en los que procede, se deben demostrar algunos requisitos y ninguno está cumplido aquí. Se debe demostrar, por ejemplo, que la difusión ocasiona un daño grave e irreversible. Aquí el juez no dice en ningún momento en qué consistiría este daño, solamente dice que generaría expectativas de castigo en la sociedad, lo que es absurdo como fundamento. Otro requisito es que no esté involucrado un asunto de interés público, lo que desde ya aquí no se cumple".

El experto sostuvo que “otro requisito es la verosimilitud de que la expresión tenga un contenido ilegal. Aquí es la propia Karina Milei la que dice que no sabe si los audios son verdaderos o no. Es decir, el juez está ordenando que se censuren audios que no conoce y sobre los que ni siquiera la supuesta afectada puede afirmar que son ilegales”.

Guidi criticó el pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que se allanen y requisen medios de comunicación y periodistas: “Es claro que la Constitución protege el secreto de las fuentes periodísticas precisamente para que las personas con información confíen en que nadie tomará represalias contra ellos si eligen contar algo que el gobierno preferiría mantener oculto. Con un razonamiento como el de Bullrich, no hubiera existido Watergate”.

A su vez Daniel Sabsay, abogado constitucionalista dijo que la decisión del juez “es inconstitucional porque viola la libertad de opinión y de libre difusión de las ideas”. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que “la interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión y el acceso a la información. Mucho más aún cuando lo que se protege está relacionado con asuntos de interés público y funcionarios públicos”.

La abogada Alicia Cano, especialista en temas de libertad de expresión, dijo que la Constitución histórica prevé en el artículo 14 el derecho de todos los habitantes de la Nación de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa". “En este caso, además, los audios sean verídicos o no, hayan sido obtenidos de manera ilegal regular o no, en todo caso esto deberá ser objeto de investigación judicial, lo que no puede nunca es prohibirse su difusión, especialmente cuando son audios que dan cuenta de presuntos hechos de corrupción lo que tiene innegable interés público”, dijo Cano.

Por último, la especialista aseguró a La Nación: “Prohibirlos es cercenar la posibilidad de que la ciudadanía toda tome conocimiento del contenido de esos audios, es cercenar también el debate sobre los asuntos públicos. Nada concita más interés público que la difusión de un posible hecho de corrupción”.

Javier Milei rompió el silencio este miércoles en Lomas de Zamora, en medio de una caravana de campaña, y desmintió las acusaciones del ex funcionario Diego Spagnuolo. “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, afirmó ante la consulta de un cronista.

La declaración se dio mientras saludaba a vecinos junto a su hermana Karina Milei —mencionada en los audios— y José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

La controversia estalló tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en los que denuncia presuntas maniobras irregulares en la compra de medicamentos. En las grabaciones, se menciona a la droguería Suizo Argentina como parte de un esquema de retornos desde el Estado.

Según Spagnuolo, operadores de la agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras para acceder a contratos oficiales, y la droguería actuaba como intermediaria privilegiada, con capacidad para definir condiciones y precios.

Antes de la declaración de Milei, Eduardo “Lule” Menem —mano derecha de Karina Milei— había publicado un mensaje en redes sociales: “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas”.

El Presidente retuiteó ese mensaje, al igual que Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y primo de “Lule”, también mencionado en el caso. Luego se sumó la secretaria General de la Presidencia.

“Por el tamaño de dicha operación es que me veo en la obligación de manifestarme al respecto”, agregó “Lule” Menem, quien negó cualquier vínculo con contrataciones en Andis: “Jamás tuve intervención de ningún tipo. Ni de manera formal ni informal”.

La filtración de los audios derivó en una investigación judicial que incluye allanamientos y restricciones a la salida del país para varios implicados, entre ellos Spagnuolo y empresarios vinculados a Suizo Argentina.

El caso se instala en plena campaña electoral, tensionando el discurso oficialista sobre transparencia y austeridad. Mientras tanto, el Gobierno busca despegarse de las acusaciones y reforzar su narrativa frente a lo que considera una operación política.

La consultora Horus realizó un estudio sobre 9,8 mil comentarios realizados en posteos de Instagram y Facebook, a nivel nacional, entre el 19 y el 24 de agosto de 2025, para determinar qué dicen las redes sociales sobre el escándalo de corrupción que salpica a Karina Milei, hermana del presidente, y a los primos Martín y "Lule" Menem.

Según este relevamiento, el 86% piensa que “existe corrupción en el Gobierno nacional y señalan que Karina Milei está implicada. La indignación por la corrupción se potencia porque los fondos desviados deberían haberse destinado a personas con discapacidad. Además, acusan a Javier Milei de encubrir el caso”. Horus remarcó el comentario de un usuario: "Los honestos... empiezan a caerse las caretas".

Por otra parte, según el estudio, el 11% de los comentarios “defiende al oficialismo y ve el caso como una ‘operación K amplificada por medios y periodistas ensobrados. Sostienen que las denuncias carecen de pruebas y que se busca debilitar a Milei en el marco electoral. Este sector ratifica su apoyo al presidente y afirma que ‘los K no vuelven más’”. La consultora señala que un usuario escribió: “Denuncias truchas para bajarle la imagen a Milei”. Perfil

En medio del escándalo que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional optó por el silencio. Desde la viralización de audios que comprometen a exfuncionarios, la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) se replegó en declaraciones públicas y reforzó su agenda electoral como si nada hubiera ocurrido.

Javier Milei, que no hizo referencia al caso en sus últimos discursos ni en redes sociales, mantuvo sus apariciones públicas: disertó en el Council of the Americas el jueves y encabezó un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario el viernes. Ahora, prepara el relanzamiento de su campaña con un multitudinario acto en Junín este lunes, bajo el lema “kirchnerismo o libertad”.

La presentación de los candidatos nacionales, inicialmente prevista para el martes pasado, fue postergada por cuestiones climáticas. Sin embargo, el nuevo cronograma ya está en marcha: tras Junín, se prevé una caravana en Lomas de Zamora el 27 de agosto y un cierre en Moreno el 3 de septiembre. También se evalúa un encuentro de fiscales partidarios esa misma semana.

“El Presidente sigue igual, la campaña no se mueve un centímetro”, aseguró a Letra P un dirigente cercano a la mesa chica libertaria, que se reúne dos veces por semana en Casa Rosada. La estrategia es clara: evitar pronunciamientos sobre el caso y esperar el avance judicial, especialmente el análisis de los teléfonos secuestrados al extitular de la ANDIS.

El único funcionario que se expresó fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien deslizó que “no pone las manos en el fuego por ningún funcionario”. El resto del espacio mantiene una línea de silencio, alineada con la decisión tomada en la última reunión de campaña encabezada por Karina Milei.

Ese encuentro, realizado horas antes de la publicación de una fotografía oficial con los candidatos, reunió a Sebastián Pareja, Alejandro Carrancio, Juan Osaba, Santiago Caputo y su equipo digital, además de Cristian Ritondo. En la imagen, difundida por LLA con la consigna “los candidatos para terminar de cambiar la historia argentina”, se ve a los hermanos Milei junto a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, en lo que se interpretó como un respaldo tácito a figuras mencionadas en la causa.

La apuesta del oficialismo es clara: sostener la narrativa de campaña, evitar el desgaste mediático y avanzar con la segunda tanda de reformas en el Congreso. Mientras tanto, el caso ANDIS sigue su curso judicial, y el silencio oficial se convierte en parte de la estrategia.

El Gobierno de Entre Ríos, mediante el Decreto Nº 1.249 del 12 de junio de 2025, hizo lugar al recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Szczech SA, que reclamó por el cálculo de los intereses moratorios en la obra “Nuevo Edificio Laboratorio de Epidemiología”, construida en Paraná. La firma reconoció el pago original de $57.000, pero argumentó que el monto no había sido correctamente actualizado. La Fiscalía de Estado recomendó aceptar el planteo.

La resolución ordena que, una vez notificada Szczech SA, el Departamento Costos de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones realice una nueva liquidación. Se prevé que el pago de los intereses actualizados se efectúe en un plazo máximo de 15 días tras la fecha de corte.

Además, se faculta al ministro de Planeamiento a aprobar la nueva liquidación y autorizar el pago correspondiente. El decreto también delega en el Servicio Administrativo Contable la emisión del pago de $56.977,69 por intereses moratorios vinculados a certificados de obra emitidos fuera de término.

La normativa se fundamenta en dictámenes técnicos y jurídicos, y en las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 7.060. El texto oficial advierte sobre la necesidad de frenar la acumulación de intereses por mora, estableciendo que el reconocimiento debe extenderse hasta el efectivo pago.

Cabe señalar que Szczech SA ha sido investigada por presunta evasión impositiva y otros delitos financieros, incluyendo sobreprecios en obras y servicios. A pesar de esas causas, la empresa continúa participando en contrataciones estatales. (Fuente: APFDigital)

Tras el sumario administrativo que confirmó su participación en prácticas irregulares, María de Lourdes Lugrin fue cesanteada del Hospital y Hogar de Ancianos “San Roque María A. de Francou”. El caso ya había salpicado a su hermana, Claudia Lorena Lugrin, ex administradora del establecimiento y condenada penalmente por peculado. La investigación descubrió un faltante de más de un millón de pesos y cobros indebidos a pacientes por servicios que debían ser gratuitos.

El Gobierno de Entre Ríos oficializó la cesantía de María de Lourdes Lugrin, trabajadora del Hospital San Roque de Villa Elisa, luego de culminar un proceso administrativo que confirmó su implicación en un esquema de cobros ilegales y el manejo irregular de fondos públicos. El caso, que también involucra a su hermana, la ex administradora del centro de salud, Claudia Lorena Lugrin, suma un nuevo capítulo judicial tras revelarse un faltante de más de $1,3 millones en la contabilidad hospitalaria.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial N°28.128, María de Lourdes formaba parte del área administrativa bajo la supervisión directa de su hermana. La investigación determinó que ambas participaron —de manera activa o por omisión— en maniobras que incluyeron cobros por servicios de oxígeno durante la pandemia, lo cual fue denunciado por una ciudadana que debió pagar $5.000 en concepto de “colaboración” para la atención de su padre con COVID-19.

Una auditoría contable detectó ingresos por pensión, colaboración y donaciones entre enero de 2020 y mayo de 2021 por un total de $1.714.649,00. De ese monto, solo se encontraron $228.200,00 en efectivo secuestrado y $132.460,00 registrados en la cuenta de arancelamiento, revelando un déficit superior al millón trescientos mil pesos. El sumario indicó que María de Lourdes no denunció ni desconocía estas prácticas, reforzando la hipótesis de connivencia.

Las declaraciones de la entonces Subsecretaria de Administración del Ministerio de Salud, Ana Gabriela Diez, fueron clave: subrayó que ningún efector público provincial puede exigir pagos por prestaciones sanitarias, lo que consolidó la prueba contra ambas funcionarias.

Si bien la condena penal recayó primero sobre Claudia Lorena Lugrin, el decreto provincial aclaró que María de Lourdes no está exenta de responsabilidad, ya que estaba en conocimiento de los fondos secuestrados por la justicia y del faltante no registrado.

La medida de cesantía cierra el proceso administrativo y marca una postura firme del Estado provincial contra actos de corrupción dentro del sistema de salud pública. (APFDigital)

Un escándalo de corrupción sacude al sistema de comedores escolares del departamento Concordia. Silvina Murúa, quien el año pasado denunció presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, fue desplazada esta semana de su cargo como coordinadora de comedores escolares, tras ser señalada como responsable de maniobras similares a las que en su momento había denunciado.

Murúa había sido designada por el gobernador Rogelio Frigerio en marzo de 2024, y durante sus primeros meses en funciones presentó una denuncia por malversación de fondos destinados a la compra de alimentos para las escuelas del departamento. Sin embargo, tras una auditoría realizada entre marzo y abril de este año, se descubrieron inconsistencias millonarias que involucran directamente su gestión.

Según el Ministerio de Desarrollo Humano, las auditorías detectaron que más de 66 millones de pesos ejecutados en ese período carecen de justificación. Además, una inspección sorpresa realizada en 37 comedores escolares reveló un circuito de compras irregulares, donde se declaraban alimentos que no eran entregados.

A esas irregularidades contables se suman las administrativas: Murúa habría contratado a su propia hermana como parte del personal, pese a que reside en la ciudad correntina de Mocoretá, imposibilitada de cumplir funciones presenciales en Concordia.

La investigación interna también alcanzó a los proveedores del sistema. La empresa Ahora Voy SRL, liderada por el joven empresario Iñaki Partarrié, fue suspendida como proveedora del Estado. Esta firma había logrado en pocos meses convertirse en uno de los principales proveedores de comedores escolares, ganando múltiples concursos de precios de la Secretaría de Desarrollo Humano y facturando unos 90 millones de pesos en el último trimestre.

Simultáneamente, su padre, Martín Partarrié, dirige Partarrié Distribuciones SAS, que opera en el ámbito municipal y también abastece con alimentos secos a los comedores de Concordia. En conjunto, padre e hijo manejaron una estructura que, en apenas un año y medio, facturó más de 400 millones de pesos al Estado local.

La relación entre los Partarrié y Murúa se confirmó mediante audios filtrados en los que se escucha a la funcionaria reclamando por un supuesto faltante de dinero. En la conversación, Iñaki Partarrié atribuye la responsabilidad a su padre, quien —según dice— habría preparado los fajos de billetes mal armados.

Fuentes oficiales indicaron que la documentación y las pruebas reunidas ya fueron remitidas al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien deberá decidir si corresponde la apertura de un sumario o la intervención de la Justicia ordinaria.

Mientras tanto, el escándalo expone la fragilidad de los mecanismos de control en el sistema de asistencia alimentaria escolar y reaviva los cuestionamientos sobre las contrataciones públicas a proveedores sin antecedentes comprobados. La historia, que comenzó con una denuncia por corrupción, hoy da un giro inesperado y ubica a su autora en el centro de un complejo entramado que aún promete nuevas revelaciones.