Este hombre de 46 años fue imputado en una causa judicial que se inició el 9 de diciembre de 2023, con un allanamiento en una vivienda en Luis N. Palma, entre Soldado Mosto y Misiones, como corolario de una investigación que comenzó en julio de 2022 por las denuncias de dos adolescentes de 16 años que afirmaron que Serrano las filmaba, fotografiaba y tocaba, a cambio de droga.

El acusado fue detenido ese 9 de diciembre de 2023 y se le aplicó una prisión preventiva en primer término y luego un arresto domiciliario que perduró hasta el 29 de abril de 2024. Quedó libre por un mes y el 13 de mayo volvieron a dictarle un arresto domiciliario que cumplió en una vivienda de Pueblo Belgrano hasta que firmó el juicio abreviado la semana pasada.

Este martes quedó firme la sentencia que lo obliga a permanecer encerrado en la Unidad Penal 9. El cómputo de pena, por todo el tiempo que permaneció con medidas preventivas domiciliaria, determinó que cumplirá su sentencia de 5 años y medio de cárcel el 26 de mayo de 2029.

En la denuncia contra Serrano, se estableció que le requería fotos íntimas de su cuerpo a una menor, que se las enviaba a través de Whatsapp o Instagram, a cambio de marihuana y cocaína. También le enviaba fotos de su cuerpo sin ropa y le requería sacarle fotos y videos desnuda, con bailes eróticos que le hacía hacer en el domicilio de Luis N. Palma donde se realizó el allanamiento. Incluso, creó una cuenta de Twitter (actual X) bajo el nombre de "Hellokitty" donde subía fotos de las menores con la finalidad de vender esas imágenes.

Contactaba a las menores por redes sociales y las convocaba a su domicilio. Sucedía los fines de semana y hacían “una previa”, pero algunas de las menores habían decidido no ir más a estas fiestas “para no quemarse”, ya que las fotos luego se subían a las redes sociales.

Esta situación llegó a oídos de un familiar de una de las menores y a partir de allí se realizó la primera denuncia. En algunas ocasiones los vecinos habían dado aviso a la Policía por la música alta o por algún conflicto en la vereda del domicilio.

Se trata de un caso que pasó por diferentes instancias. Excusaciones de magistrados, postergaciones, y otras causas que originaron retrasos, hasta que finalmente este martes debía comenzar el debate oral y público, pero horas antes se confirmó que el imputado no quería atravesar por ese proceso y acordó someterse a un juicio abreviado que lo levará por más de cinco años a la cárcel de Gualeguaychú.

El acusado por los delitos de abuso sexual, promoción de la corrupción de menores de edad y promoción de la prostitución de menores de edad reiterados, aceptó su culpabilidad, pero ahora deberá esperar una semana hasta que finalmente el juez de esta causa, Fernando Martínez Uncal, homologue el acuerdo, previo a tener el consentimiento de las víctimas y la fiscal Martina Cedrés.

La causa se inició el domingo 10 de diciembre de 2023, con un allanamiento en una vivienda en Luis N. Palma, entre Soldado Mosto y Misiones, como corolario de una investigación que se inició en julio de 2022 por las denuncias de dos adolescentes de 16 años que afirmaron haber sido víctimas de un hombre que las filmaba, fotografiaba y tocaba a cambio de droga.

Este hombre, que hoy cumple con un arresto domiciliario en la casa de su hermana en Pueblo Belgrano, le requería fotos íntimas de su cuerpo a una menor, que se las enviaba a través de Whatsapp o Instagram, a cambio de marihuana y cocaína. También le enviaba fotos de su cuerpo sin ropa y le requería sacarle fotos y videos desnuda, con bailes eróticos que le hacía hacer en el domicilio del propio imputado. Le creó una cuenta de Twitter (actual X) bajo el nombre de "Hellokitty" donde subía fotos de ambos, de sus cuerpos desnudos, con la finalidad de vender esas imágenes.

En otra de las denuncias, se lo acusa de contactar a otra menor por redes sociales y convocarla a su casa de calle Luis N. Palma para, a cambio de droga, tocarla y abusar de ella, sacarle fotos y hacer videos de su cuerpo desnudo. Las contactaba a través de las redes sociales y concertaban hacer “una previa” en su casa durante el fin de semana.

Algunas de las menores habían decidido no ir más a estas fiestas “para no quemarse”, ya que las fotos luego se subían a las redes sociales. Y lo sucedido llegó a oídos de un familiar de una de las menores y a partir de allí se realizó la primera denuncia. En algunas ocasiones los vecinos habían dado aviso a la Policía por la música alta o por algún conflicto en la vereda del domicilio.

Para el 9 de febrero estaba prevista la primera audiencia de un juicio contra un hombre de 46 años que se encuentra imputado por abuso sexual, promoción de la corrupción de menores de edad y promoción de la prostitución de menores de edad reiterados.

Iba a ser el primer debate del 2026 por una causa compleja, que se inició el domingo 10 de diciembre de 2023, con un allanamiento en una vivienda en Luis N. Palma, entre Soldado Mosto y Misiones. Ese procedimiento fue el corolario de una investigación que se inició en julio de 2022 por las denuncias de dos adolescentes de 16 años que afirmaron haber sido víctimas de un hombre que las filmaba, fotografiaba y tocaba a cambio de droga.

A este hombre se lo acusa de requerirle fotos íntimas de su cuerpo que una menor le enviaba a través de Whatsapp o Instagram, a cambio de marihuana y cocaína, siendo que el imputado también le enviaba fotos de su cuerpo sin ropa y le requería sacarle fotos y videos desnuda y con bailes eróticos que le hacía hacer en el domicilio del imputado. También le creó a la menor una cuenta de Twitter (actual X) bajo el nombre de "Hellokitty" donde subía fotos de él y la menor, de sus cuerpos desnudos, con la finalidad de vender esas imágenes.

En otra de las denuncias en su contra, que involucra a otra menor de la misma edad, se lo acusa de contactarla por redes sociales y convocarla a su casa de calle Luis N. Palma para, a cambio de droga, tocarla y abusar de ella, sacarle fotos y hacer videos de su cuerpo desnudo.

Este hombre enfrenta una acusación grave, que prevé una pena de prisión efectiva de entre 10 y 15 años. Y tras su detención en 2023, se le dispuso una prisión preventiva que luego, pasado unos meses, cambió a un arresto domiciliario que todavía cumple, en un domicilio de calle 13 de marzo en Pueblo Belgrano.

Tras las excusaciones de magistrados que les impedían presidir el juicio y otros que habían participado del proceso en otras instancias, se confirmó que el juez de Concepción del Uruguay, Fernando Martínez Uncal, sería el juez interviniente. Pero cuando todo estaba previsto para que el juicio comenzara en los Tribunales de Gualeguaychú, un informe de los médicos forenses aconsejó que se postergara por las condiciones de salud que presentaba el imputado.

La evaluación clínica a pedido del abogado defensor que realizaron los médicos forenses pertenecientes al Departamento Médico Forense de Gualeguaychú, Luciana Langhi y Marcelo Benetti, determinó que “en este momento no se encuentra apto para enfrentar un juicio, por lo cual se sugiere intensificar el tratamiento psicológico, psiquiátrico y farmacológico. Y en un plazo de 10 días deberá ser evaluado por el equipo interdisciplinario Forense, Psicólogo y Psiquiatra forense para determinar la conducta a seguir”.

Los días pasaron y parece que esa patología del imputado habría sido tratada o subsanada, pero lo cierto es que desde la Oficina de Gestión de Audiencias de los Tribunales de Gualeguaychú se fijó fecha para el 24 de febrero para la primera de las nueve audiencias que se fijaron para el caso.

El debate comenzará el martes y seguirá el miércoles y jueves de la semana próxima. Luego se dispusieron tres días para la semana siguiente, el lunes, martes y miércoles, y las últimas tres audiencias serán el 10, 11 y 12 de marzo.

Para este 9 de febrero estaba prevista la primera audiencia de un juicio contra un hombre de 46 años que se encuentra imputado por abuso sexual, promoción de la corrupción de menores de edad y promoción de la prostitución de menores de edad reiterados. Sería el primer debate del 2023 por una causa compleja, que se inició el domingo 10 de diciembre de 2023, con un allanamiento en una vivienda en Luis N. Palma, entre Soldado Mosto y Misiones.

Ese procedimiento fue el corolario de una investigación que se inició en julio de 2022 por las denuncias de dos adolescentes de 16 años que afirmaron haber sido víctimas de un hombre que las filmaba, fotografiaba y tocaba a cambio de droga.

A este hombre se lo acusa de requerirle fotos íntimas de su cuerpo que una menor le enviaba a través de Whatss app o Instagram, a cambio de marihuana y cocaína, siendo que el imputado también le enviaba fotos de su cuerpo sin ropa y le requería sacarle fotos y videos desnuda y con bailes eróticos que le hacía hacer en el domicilio del imputado.

También le creó a la menor una cuenta de Twitter (actual X) bajo el nombre de "Hellokitty" donde subía fotos de él y la menor, de sus cuerpos desnudos, con la finalidad de vender esas imágenes.

En otra de las denuncias en su contra, que involucra a otra menor de la misma edad, se lo acusa de contactarla por redes sociales y convocarla a su casa de calle Luis N. Palma para, a cambio de droga, tocarla y abusar de ella, sacarle fotos y hacer videos de su cuerpo desnudo.

Este hombre enfrenta una acusación grave, que prevé una pena de prisión efectiva de entre 10 y 15 años. Y tras su detención en 2023, se le dispuso una prisión preventiva que luego, pasado unos meses, cambió a un arresto domiciliario que todavía cumple, en un domicilio de calle 13 de marzo en Pueblo Belgrano.

Tras las excusaciones de magistrados que les impedían presidir el juicio y otros que habían participado del proceso en otras instancias, se confirmó que Fernando Martínez Uncal sería el juez interviniente y cuando todo estaba previsto para que el juicio comenzara en los Tribunales de Gualeguaychú, un informe de los médicos forenses aconsejó que se postergara por las condiciones de salud que presentaba el imputado.

La evaluación clínica a pedido del abogado defensor que realizaron los médicos forenses pertenecientes al Departamento Médico Forense de Gualeguaychú, Luciana Langhi y Marcelo Benetti, determinó que “en este momento no se encuentra apto para enfrentar un juicio, por lo cual se sugiere intensificar el tratamiento psicológico, psiquiátrico y farmacológico. Y en un plazo de 10 días deberá ser evaluado por el equipo interdisciplinario Forense, Psicólogo y Psiquiatra forense para determinar la conducta a seguir”.

Para los profesionales, en su visita del 5 de febrero al domicilio donde cumple el arresto domiciliario, el imputado manifestó que presenta estados que le impiden salir de su casa, que le generan “una sensación de desesperación, calor, sudoración, falta de aire, sensación de opresión del cuello y del pecho y sensación de muerte. Sumado a esto relata trastornos en el sueño. Estos últimos síntomas se han acrecentado en los últimos 15 días, motivo por el cual su psiquiatra aumento dosis farmacológicas”, señala el informe al que tuvo acceso EL ARGENTINO.

Y si bien, físicamente se lo encontró bien, ubicado en tiempo y espacio, sin dificultad respiratoria, en buen estado nutricional y vestido acorde a la situación estival, se lo percibió “movedizo, ansioso, con tensión muscular, y con el crujir constante de dientes, preocupado por lo que tiene que afrontar y su futuro”.

Ante ello, los médicos forenses determinaron que “en este momento no se encuentra apto para enfrentar un juicio” y recomendaron “intensificar el tratamiento psicológico, psiquiátrico y farmacológico”.

El próximo 9 de febrero se desarrollará en los Tribunales la primera audiencia de un juicio que se prolongará durante toda la semana, luego de varias idas y vueltas por hallar a un magistrado que interviniera tras las excusaciones de miembros del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú.

La causa se inició el domingo 10 de diciembre de 2023, con un allanamiento en una vivienda en Luis N. Palma, entre Soldado Mosto y Misiones, como corolario de una investigación que se inició en julio de 2022 por las denuncias de dos adolescentes de 16 años que afirmaron haber sido víctimas de un hombre que las filmaba, fotografiaba y tocaba a cambio de droga.

Este hombre, que no tendría actividad laboral registrada y afirmó en su declaración que vive de las regalías de un campo, fue imputado por los delitos de promoción a la corrupción y prostitución de menores de edad. Se trata de una acusación grave, que prevé una pena de prisión efectiva de entre 10 y 15 años.

En ambas denuncias, la primera en 2022 y la segunda poco antes del allanamiento en 2023, coincidieron en que este sujeto les daba droga a cambio de que dejaran sacarse fotos, filmarse y dejarse tocar; y que el lugar que ambas describieron era el mismo: el domicilio de calle Luis N. Palma.

Según consta en la causa, este hombre las contactaba a través de las redes sociales y concertaban hacer “una previa” en su casa durante el fin de semana. Pero lo sucedido llegó a oídos de un familiar de una de las menores y a partir de allí se realizó la primera denuncia.

Se trataba de “fiestas” en las que se acordaba primero por mensaje de Instagram, Whatsapp o Telegram. Algunas de las menores habían decidido no ir más a estas fiestas “para no quemarse”, ya que las fotos luego se subían a las redes sociales. En algunas ocasiones los vecinos habían dado aviso a la Policía por la música alta o por algún conflicto en la vereda del domicilio. Actualmente se encuentra cumpliendo un arresto domiciliario en Pueblo Belgrano.

Las idas y vueltas de un caso

La Investigación Penal Preparatoria culminó a mediados de 2024. La fiscal Martina Cedrés había hecho todo lo necesario para acelerar el proceso y en poco tiempo más, que se pudiera realizar el juicio, pero el abogado defensor requirió medidas y pericias con el fin de dilatar el proceso. Quien era juez de Garantías en ese momento, Tobías Podestá, lo consideró fuera de tiempo, pero la Cámara de Gualeguay lo entendió como una amplitud al derecho de defensa y lo concedió.

Se trataba de un estudio de resonancia magnética, pagado por el acusado, que buscaba determinar la capacidad de comprensión del imputado y las secuelas que podría tener a consecuencia de los años de consumo de drogas. Resumidamente, el defensor pretendía obtener un resultado que lo beneficiara como atenuante al momento del debate, pero los resultados que se habrían obtenido serían totalmente diferentes a los esperados por la defensa.

Finalmente, la causa se elevó a juicio a mediados de 2024 y luego de apelaciones defensivas, que tenían como finalidad seguir dilatando los tiempos mientras el cliente se mantenía con arresto domiciliario, en abril de 2025 quedó radicada la Cámara Penal de Gualeguaychú.

Pero a partir de ahí se inició un nuevo periplo. Podestá, actualmente integrante del Tribunal de Juicios, había participado como juez de Garantías por lo cual no podía intervenir en el debate. Lo mismo ocurrió con Mauricio Derudi, que dispuso medidas de coerción mientras la causa estaba en la órbita de la Cámara Penal. Por lo cual, el único magistrado que no había intervenido era Arturo Dumón, pero cuando le comunicaron que era el designado para el debate, se excusó.

Este magistrado explicó que mantenía lazos de amistad con el hermano del imputado y que conjuntamente trabajaban en presentarle al Ejecutivo Municipal un proyecto para la creación de un centro de tratamiento de adicciones en Gualeguaychú, por lo cual todo ello lo imposibilitaba a juzgar al acusado.

La Oficina de Gestión de Audiencias sorteó un nuevo juez y la suerte recayó en Fernando José Martínez Uncal, integrante del Tribunal de Juicios de Concepción del Uruguay, que una vez enterado exclamó a las autoridades judiciales que lo expuesto por Dumón no era motivo de excusación.

Esta situación debió ser dirimida por la Cámara de Casación de Concordia, que finalmente le ordenó a Martínez Uncal que debía hacerse cargo del juicio en Gualeguaychú. Este magistrado solicitó que le remitieran el acta de remisión a juicio y cuando lo analiza le encuentra errores, por lo cual ordenó la nulidad de la elevación a juicio. Es decir, volver todo a un año atrás.

Ante esto, el coordinador del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, elevó un comunicado a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para que “arbitre las medidas necesarias para evitar estas trabas jurisdiccionales producto de malentendidos entre magistrados actuantes y las correspondientes dilaciones prolongadas e innecesarias que conspiran contra una buena administración de justicia”.

La causa estuvo en un limbo hasta que finalmente la orden del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fue para que Martínez Uncal se haga cargo del juicio. De esta forma, todo está listo para que dentro de una semana inicio un juicio altamente esperado.

El pedido de Rivas se basó en el fallo de julio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que declaró prescriptos los delitos atribuidos al sacerdote Justo José Ilarraz y dictó su sobreseimiento. Sin embargo, el Procurador General de la provincia, Jorge Amilcar García, respondió con un escrito categórico en el que rechazó la solicitud.

El caso Rivas tomó notoriedad pública tras la investigación publicada por la revista “Análisis” en julio de 2017. Finalmente, el exabogado fue condenado en 2019 por el Tribunal de Juicio de Gualeguaychú a ocho años de cárcel y luego tanto la Cámara de Casación como el STJ ratificaron la condena de origen por un único hecho, a la vez que ordenaron que se constituyera otro tribunal para juzgar los siete casos que, señalaron, no solo no se encontraban prescriptos de acuerdo a los tratados internacionales a los que la Argentina suscribe, sino que además, constituyeron (junto con el caso ya juzgado) “graves atentados a los derechos humanos”.

Fue entonces que en 2022 otro Tribunal lo encontró culpable de todos los hechos imputados, condenándolo a “la pena única de 23 años de prisión efectiva”.

La defensa habló de prescripción

Ahora, su defensa intenta reabrir la discusión judicial argumentando que, como en el caso Ilarraz, los hechos por los cuales fue condenado deberían considerarse prescriptos. En su contestación, fechada el 7 de diciembre, el Procurador García sostuvo que el planteo carece de sustento jurídico, comenzando por recordar que la propia defensa de Rivas había consentido la confirmación de la condena.

En su escrito afirmó: "De la reseña podemos concluir sin ambages que la Defensa consintió el fallo que revocó las absoluciones, -en orden a la prescripción-, al no recurrir ante la CSJN su confirmación por la Sala Penal de V.E. sino que además había quedado consentido lo atinente a la materialidad del suceso fáctico endilgado y su significación penal, (su calidad de ilícito culpable)”.

“Pero además consintió, (al no recurrir), el nuevo juicio que en cesura por la determinación de la pena le impuso la sanción que hoy intenta revertir. No es aventurado entonces concluir que el condenado aceptó la Justicia de su condena por los gravísimos abusos sexuales cometidos en perjuicio de los adolescentes referidos en el fallo, ya que pudo continuar su reclamo por la extinción de la acción penal, incluso llegando al Máximo Tribunal Nacional y no lo hizo. El tardío recurso de Revisión no conmueve un ápice al valor de cosa juzgada como contestación racional del orden jurídico penal Convencionalmente legitimado”, marcaron.

Rechazo de la Procuración

García también evaluó los alcances del fallo Ilarraz y expresó con dureza su desacuerdo: "No existe duda alguna que el fallo 'Ilarraz' que, más allá de ser conocido, dejó sin efecto la condena a 25 (veinticinco) años de prisión por los abusos perversos corruptores cometidos en el Seminario Menor que dirigía en nuestra ciudad, con una fundamentación que, -a fuer del respeto a las verdades contingentes del Derecho-, nos producen perplejidad por un positivismo legalista difícilmente compatible con el paradigma Convencional asumido por nuestra República desde la reforma constitucional de 1994”.

Afirmó, entonces, que “nuestra posición es frontalmente contraria a este fallo, y obviamente, nos hallamos en la tarea de propiciar que entidades defensoras de Derechos Humanos tomen este malhadado caso, -que dio fundamento directo a la reforma en materia de prescripción para abusos de niñas/os-, y logren su refutación ante la CIDDHH, (confr. por todos, la crítica de Andrés Gil Domínguez, en 'Palabras del Derecho', del 21/07/2025, 'La imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes en el Estado constitucional y convencional de derecho argentino')".

El Procurador además subrayó los principios que, a su criterio, deben regir en materia de delitos contra la niñez: "Nuestra postura Institucional se basa en una interpretación prevalente de las Convenciones de Derechos Humanos tuitivas de la niñez frente al abuso paidofílico, -sea que existan o no roles especiales de Garante-, como delitos de sometimiento por el género, pues quebrantan Normas de jerarquía Supranacional incorporadas a nuestra Carta Magna, en su interpretación por la Corte Interamericana de DDHH".

En su análisis final, García sostuvo que el caso Ilarraz no puede aplicarse como doctrina válida para revisar la situación de Rivas: "En síntesis, no creemos para nada pertinente en términos conceptuales que el fallo 'Ilarraz', por la infrainclusión que contiene en la garantía Convencional de tutela reforzada ante los abusos sexuales paidofílicos, pueda fungir como doctrina judicial digna de la jerarquía de precedente a seguir, -como dice Gil Domínguez- sino solo como una decisión válida y respetable pero solo para el caso concreto. Esta cuestión 'derrotada' por la tutela reforzada que se materializó en la suspensión de la prescripción en tanto sus víctimas no pudieron tener cabal comprensión de su significación penal y que objetivamente es una gravísima violación a la garantía de protección de niñez, fue conocida ya en el tiempo del debate argumental que culminó en la iusdecisión legítima de condena y que fue consentida como vimos por el condenado y su defensa, por lo que no existe una sobreviniencia que altere la cosa juzgada, con valor derogatorio análogo a una favorabilia lex. Aduna esta conclusión, no solo la referencia del propio fallo 'Ilarraz' al derecho Convencional de las víctimas de abuso infantil a un juicio que les garantice ser oído y se demuestre su Verdad, sino el hecho de que los casos que teníamos pendientes, luego del referido fallo, fueron devueltos, no con la referencia a dicho precedente sino con el certiorary del art. 280 CPC y C, es decir sin entrar a la razón del 'thema decidendum', como expresamente lo deja asentado el Ministro Dr. Lorenzetti".

Y concluyó con un firme rechazo a la pretensión de revisión: "Constituiría una contradicción flagrante en términos de argumentación jurídica y sobre todo una claudicación flagrante moral, -el árbol de Dworkin-, dar pábulo para desplazar a la cosa juzgada en esta causa.-VIII.- Por lo expuesto, es nuestra opinión que debe V.E. declarar inadmisible al presente, art. 527 'a contrario sensu' CPP".

El Superior Tribunal de Justicia deberá resolver ahora si hace lugar al pedido de revisión. Mientras tanto, la condena de 23 años de prisión contra Gustavo Rivas continúa firme. Ahora.

El juez técnico que dirigirá el proceso será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, Arturo Dumon. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Jorge Gutiérrez. En la defensa del imputado que llega a juicio en libertad, actuará el abogado Pablo Ledesma.

Las audiencias serán en los Tribunales de esa ciudad, a partir de las 9. Se trata del centésimo cuadragésimo tercer juicio por jurados que se realiza en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal. Por tratarse de un delito contra la integridad sexual será a puertas cerradas.

La causa se inició el domingo 10 de diciembre de 2023, con un allanamiento en una vivienda en Luis N. Palma, entre Soldado Mosto y Misiones, como corolario de una investigación que se inició en julio de 2022 por denuncias de dos adolescentes de 16 años que afirmaron haber sido víctimas de un hombre que las filmaba, fotografiaba y tocaba a cambio de droga.

Este hombre, que no tendría actividad laboral registrada y afirmó en su declaración que vive de las regalías de un campo, fue imputado por los delitos de promoción a la corrupción y prostitución de menores de edad. Se trata de una acusación grave, que prevé una pena de prisión efectiva de entre 10 y 15 años.

En ambas denuncias, la primera en 2022 y la segunda poco antes del allanamiento en 2023, coincidieron en que este sujeto les daba droga a cambio de que dejaran sacarse fotos, filmarse y dejarse tocar; y que el lugar que ambas describieron era el mismo: el domicilio de calle Luis N. Palma.

Según consta en la causa, este hombre las contactaba a través de las redes sociales y concertaban hacer “una previa” en su casa durante el fin de semana. Pero lo sucedido llegó a oídos de un familiar de una de las menores y a partir de allí se realizó la primera denuncia.

Se trataba de “fiestas” en las que se acordaba primero por mensaje de Instagram, Whatsapp o Telegram. Algunas de las menores habían decidido no ir más a estas fiestas “para no quemarse”, ya que las fotos luego se subían a las redes sociales. En algunas ocasiones los vecinos habían dado aviso a la Policía por la música alta o por algún conflicto en la vereda del domicilio. Actualmente se encuentra cumpliendo un arresto domiciliario.

La burocracia judicial

La Investigación Penal Preparatoria culminó a mediados de 2024. La fiscal Martina Cedrés había hecho todo lo necesario para acelerar el proceso y en poco tiempo más, que se pudiera realizar el juicio, pero el abogado defensor requirió medidas y pericias con el fin de dilatar el proceso. Quien era juez de Garantías en ese momento, Tobías Podestá, lo consideró fuera de tiempo, pero la Cámara de Gualeguay lo entendió como una amplitud al derecho de defensa y lo concedió.

Se trataba de un estudio de resonancia magnética, pagado por el acusado, que buscaba determinar la capacidad de comprensión del imputado y las secuelas que podría tener a consecuencia de los años de consumo de drogas. Resumidamente, el defensor pretendía obtener un resultado que lo beneficiara como atenuante al momento del debate, pero los resultados que se habrían obtenido serían totalmente diferentes a los esperados por la defensa.

Finalmente, la causa se elevó a juicio a mediados de 2024 y luego de apelaciones defensivas, que tenían como finalidad seguir dilatando los tiempos mientras el cliente se mantenía con arresto domiciliario, en abril de este año quedó radicada la Cámara Penal de Gualeguaychú.

Pero a partir de ahí se inició un nuevo periplo. Podestá, actualmente integrante del Tribunal de Juicios, había participado como juez de Garantías por lo cual no podía intervenir en el debate. Lo mismo ocurrió con Mauricio Derudi, que dispuso medidas de coerción mientras la causa estaba en la órbita de la Cámara Penal. Por lo cual, el único magistrado que no había intervenido era Arturo Dumón, pero cuando le comunicaron que era el designado para el debate, se excusó.

Este magistrado explicó que mantenía lazos de amistad con el hermano del imputado y que conjuntamente trabajaban en presentarle al Ejecutivo Municipal un proyecto para la creación de un centro de tratamiento de adicciones en Gualeguaychú, por lo cual todo ello lo imposibilitaba a juzgar al acusado.

La Oficina de Gestión de Audiencias sorteó un nuevo juez y la suerte recayó en Fernando José Martínez Uncal, integrante del Tribunal de Juicios de Concepción del Uruguay, que una vez enterado exclamó a las autoridades judiciales que lo expuesto por Dumón no era motivo de excusación.

Esta situación debió ser dirimida por la Cámara de Casación de Concordia, que finalmente le ordenó a Martínez Uncal que debía hacerse cargo del juicio en Gualeguaychú. Este magistrado solicitó que le remitieran el acta de remisión a juicio y cuando lo analiza le encuentra errores, por lo cual ordenó la nulidad de la elevación a juicio. Es decir, volver todo a un año atrás.

Ante esto, el coordinador del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, elevó un comunicado a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para que “arbitre las medidas necesarias para evitar estas trabas jurisdiccionales producto de malentendidos entre magistrados actuantes y las correspondientes dilaciones prolongadas e innecesarias que conspiran contra una buena administración de justicia”. La causa está en ese limbo: se tiene que decidir si finalmente se le ordena a Martínez Uncal que se haga cargo del juicio y se subsanen de forma rápida los errores que pudiera tener la elevación a juicio; o se vuelve todo a la etapa intermedia y se dilata un año más un juicio que ya se debería haber realizado.