Juan Enrique Ruiz Orrico busca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise su condena a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por la muerte de cuatro jóvenes en un choque ocurrido en la Ruta Provincial 39. La defensa del exfuncionario provincial presentó un recurso extraordinario federal ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, una decisión que provocó la indignación de Lorena Dubini, madre de dos de las víctimas.

El planteo judicial se produjo después de que la condena fuera ratificada por la Cámara de Casación Penal de Concordia y por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano. Ahora, los abogados intentan habilitar la intervención del máximo tribunal nacional para cuestionar la sentencia, publicó La Calle.

La presentación deberá ser evaluada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que resolverá si concede o rechaza el recurso. La solicitud no implica que la Corte Suprema vaya a revisar automáticamente la condena ni modifica por sí misma la situación judicial del exfuncionario.

La indignación de una madre

La decisión de la defensa generó una fuerte reacción de Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, dos de los cuatro jóvenes que murieron en el siniestro vial.

A través de sus redes sociales, la mujer cuestionó que Ruiz Orrico continúe recurriendo a nuevas instancias judiciales después de haber reconocido su responsabilidad en el hecho.

“Esto es tremendo, nunca visto en la provincia. ¡Se declaró culpable y apela a la Corte Suprema!”, expresó. En la misma publicación, Dubini manifestó su desconcierto por la decisión de los abogados del exfuncionario. “No se acuerdan que se declaró responsable del homicidio de los gurises, no entiendo”, agregó.

La nueva presentación judicial volvió a generar malestar entre los familiares de las víctimas, quienes reclaman que se haga efectiva la condena impuesta por la Justicia.

Qué debe resolver el Superior Tribunal de Justicia

El recurso extraordinario federal fue presentado ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que deberá determinar si corresponde habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Antes de adoptar una resolución, el tribunal dará intervención a la querella y al Ministerio Público Fiscal, que tendrán diez días hábiles para responder al planteo de la defensa.

Una vez cumplida esa instancia, el expediente quedará en condiciones de ser analizado por los magistrados. No existe un plazo establecido para que el tribunal se pronuncie.

Si el Superior Tribunal concede el recurso, el expediente podrá llegar a la Corte Suprema, que deberá determinar si corresponde intervenir.

En cambio, si la presentación es rechazada, la defensa todavía podrá intentar un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal nacional, de acuerdo con los requisitos procesales correspondientes.

Por lo tanto, la presentación representa una nueva instancia en el recorrido judicial del caso, pero no supone una revisión automática de la sentencia.

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó sin efecto formalmente la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la estatización de YPF. La resolución cumple con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones y cierra la etapa de primera instancia.

El fallo original había sido dictado en 2023 y, con los intereses acumulados, el monto reclamado superaba los US$18.000 millones. La causa se inició por la expropiación de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Preska acató la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo revocó la condena al considerar que la sentencia había interpretado de manera errónea la legislación argentina.

Los fundamentos para anular la condena

Los jueces Denny Chin y Beth Robinson votaron a favor de dejar sin efecto el fallo, con la disidencia de José Cabranes. El tribunal concluyó que la legislación argentina sobre expropiaciones impide demandas de terceros que interfieran con ese proceso.

La Cámara también sostuvo que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar una indemnización por daños bajo los argumentos presentados en la causa.

En junio, el pleno del tribunal rechazó un pedido de revisión. Esa decisión agotó la instancia de apelación ordinaria y mantuvo vigente el pronunciamiento favorable a la Argentina.

Burford llevó el reclamo a la Corte Suprema

A principios de octubre, Burford Capital presentó un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir la decisión. El fondo financia la demanda iniciada por los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park.

En su presentación, calificó el fallo de la Cámara como “gravemente erróneo, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”. Ahora, el máximo tribunal deberá resolver si acepta revisar el expediente.

La Corte Suprema estadounidense no está obligada a intervenir. Recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones anuales y suele aceptar alrededor de 80, sin un plazo establecido para pronunciarse sobre la admisión.

Un reclamo paralelo ante el CIADI

Mientras busca que la Corte revise el juicio por YPF, Burford abrió otra vía de reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

Esa presentación arbitral fue realizada en representación de las sociedades Petersen. El conflicto suma así un procedimiento paralelo al expediente judicial tramitado en Nueva York.

Mediante el Decreto N° 1.935, el mandatario instruyó al Fiscal de Estado a que tome las acciones judiciales que considere necesarias con el objetivo de "resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad" y "por todas las vías correspondientes".

En el escrito, al cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Passalacqua indicó que la decisión del máximo tribunal deja a Misiones en "una situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad institucional". No solo argumentó en contra de la reciente ley, sino que el gobernador también cargó contra el DNU 70/2023, el cual impacta "de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la provincia".

"Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", advirtió el mandatario provincial en sus redes.

Como conclusión general, Passalacqua sostuvo que la necesidad de cuidar la tierra misionera es "un deber irrenunciable" con la gente y la soberanía de Misiones.

La Corte Suprema de Justicia sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial.

“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señaló el fallo.

En una aclaración dirigida a la opinión pública, la Corte manifestó que la decisión “se ajusta estrictamente a todos los precedentes” del máximo tribunal y no afecta otras medidas cautelares con el mismo objeto que se encuentran en trámite ante distintos tribunales.

Además, señaló que el fallo tampoco impide que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen legal de tierras solicite una medida cautelar, cuya procedencia deberá ser resuelta por el juez competente.

“Los grupos de interés que presionan sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”, sostuvo la Corte.

Fuente: Noticias Argentinas.

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada Ley de Tierras Rurales, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.

El máximo tribunal sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial.

“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señaló el fallo.

La Corte aclaró, sin embargo, que la decisión se limita al rechazo de la demanda por falta de legitimación de la actora y por ausencia del requisito constitucional de caso o controversia.

En ese sentido, precisó que el pronunciamiento “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023” ni implica interferencia sobre la intervención del Poder Legislativo prevista por la Constitución Nacional.

La causa se inició a partir de una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU.

La Corte Suprema rechazó que una asociación pueda accionar en defensa de la soberanía territorial como si fuera un derecho de incidencia colectiva amparado por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

En diciembre de 2023 se derogó mediante DNU la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Durante la feria judicial de enero de 2024, el juez federal de La Plata Ernesto Krepak dictó una medida cautelar que repuso la vigencia de la ley. El juez Alberto Recondo posteriormente dejó sin efecto esa cautelar y rechazó la presentación por considerar que la agrupación demandante no tenía legitimación.

La Sala III de la Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión, admitió la demanda, declaró la inconstitucionalidad del punto del DNU y ordenó reinscribir la causa como colectiva; esa resolución fue apelada por el Estado Nacional.

Al analizar el caso, la Corte sostuvo que la Cámara había admitido la legitimación del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración de la Comunidad (CECIM) bajo la idea de que la soberanía nacional es un bien colectivo y que, en consecuencia, la asociación podía defender un derecho de incidencia colectiva. La Corte afirmó que “el encuadre de la pretensión de la actora realizado por la Cámara, al considerarla apta para sustentar un proceso que tiene por objeto la protección de derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, carece de todo fundamento”.

El tribunal explicó que la soberanía territorial es “uno de los elementos constitutivos del Estado” y que, por esa razón, no puede ser considerada un bien colectivo en el sentido del artículo 43 de la Constitución Nacional ni de la jurisprudencia que regula la acción colectiva.

Agencia NA

El tribunal integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg absolvió a Julio De Vido, Carlos Castellano, Daniel Freidin, Daniel Nasif y Karina Nasif. Paralelamente, los magistrados condenaron al exsecretario de Obras Públicas José López y al exsubsecretario Abel Fatala a dos años y nueve meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como coautores de administración fraudulenta. Asimismo, los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, recibieron penas de dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, respectivamente, en calidad de partícipes necesarios.

En el caso de la condena a Sergio Schoklender, la pena es de dos años y nueve meses de prisión en ejecución condicional, en el marco de la causa penal iniciada para investigar irregularidades en la administración financiera del programa de viviendas «Sueños Compartidos». La resolución judicial atribuye al imputado responsabilidad en el delito de desvío de fondos de origen público destinados a la ejecución de obras habitacionales desarrolladas bajo el amparo institucional de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Luego de la notificación de la sentencia dictada por los integrantes del tribunal, Schoklender brindó declaraciones a los medios de comunicación en las inmediaciones de los tribunales federales de Comodoro Py. Durante el intercambio periodístico, el querellado negó la existencia del desvío de recursos económicos afirmando que la totalidad de los giros financieros cuestionados por la instrucción judicial se encuentran respaldados en los registros contables correspondientes a los servicios de proveedores operados durante el período de su gestión directa al frente de las obras.

El imputado puntualizó que los fundamentos técnicos correspondientes al veredicto emitido por el Tribunal Oral N° 5 serán dados a conocer formalmente en el mes de noviembre. A partir de la lectura de las consideraciones finales de la sentencia, las representaciones legales de las partes involucradas contarán con el marco normativo habilitado para interponer los recursos de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar la resolución definitiva del proceso penal.

El ex mandatario entrerriano cumplirá su sentencia a mediados de 2034, mientras que el ex ministro, Pedro Báez, permanecerá hasta mayo de 2031, en tanto Juan Pablo Aguilera, cuñado de Sergio Urribarri saldrá en libertad en enero de 2033.

La llegada de Urribarri y el resto de los condenados, que se encontraban alojados en la cárcel de Paraná, llegaron a la UP9 por disposición de la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, tras la confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema, que fueron dictadas en abril de 2022.

La Justicia confirmó la responsabilidad penal del exgobernador Sergio Urribarri, de 67 años, a partir de una serie de operaciones mediante las cuales se habría direccionado una importante cantidad de dinero del Estado hacia firmas relacionadas con su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los hechos fueron ubicados entre 2010 y 2015 y, según quedó establecido en el proceso, se instrumentaron mediante contrataciones que simulaban servicios de publicidad oficial. La resolución definitiva sostuvo que el mecanismo utilizado implicó graves perjuicios para la administración pública.

Urribarri recibió una pena de ocho años de prisión efectiva por su participación como autor en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. En el primero de los hechos analizados —el expediente relacionado con la Imprenta de Aguilera— ambos delitos fueron considerados en concurso ideal y bajo la modalidad de delito continuado. La condena también alcanzó un tercer episodio, por el delito de peculado, y los hechos cuarto y quinto, donde se le atribuyeron negociaciones incompatibles y peculado en concurso ideal. El cuarto caso estuvo vinculado con la organización de la Cumbre del Mercosur y la contratación de spots publicitarios, mientras que el quinto se relacionó con el Parador instalado en Mar del Plata en enero de 2015, en el contexto de su campaña política denominada “el sueño entrerriano”.

En el mismo proceso fue condenado el exministro Pedro Báez, quien deberá cumplir seis años y seis meses de prisión efectiva. El tribunal determinó que tuvo responsabilidad penal como coautor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.

También fue alcanzado por la sentencia Juan Pablo Aguilera, de 47 años. El tribunal le impuso seis años y seis meses de prisión efectiva y lo responsabilizó como autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena por corrupción, el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido este viernes. La causa investiga el desvío de fondos públicos durante su gestión. También fueron arrestados su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro Pedro Báez.

Urribarri y Aguilera fueron trasladados a Paraná, donde quedarán a disposición de la Justicia para comenzar a cumplir las penas impuestas, según pudo saber TN.

La detención ocurrió horas después de que el máximo tribunal rechazara los recursos extraordinarios presentados por las defensas y dejara firme la condena contra el exmandatario provincial. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La investigación estuvo centrada en el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial del Gobierno de Entre Ríos entre 2010 y 2015.

De acuerdo con la acusación, durante ese período realizaron pagos a empresas sin actividad real y utilizaron un esquema de testaferros que habría beneficiado a Aguilera, cuñado del exgobernador. La causa también incluyó gastos relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

En el mismo expediente, Báez y Aguilera fueron condenados a seis años de prisión. La resolución de la Corte también alcanzó a otros seis condenados que habían presentado recursos: Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Luciana Belén Almada y Pedro Ángel Báez. Sus planteos fueron desestimados.

Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 y luego se desempeñó como embajador argentino en Israel. En noviembre de 2024 había sido detenido durante 50 días por orden de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, que había considerado que existía riesgo de que pudiera frustrar el proceso.

Esa medida fue revocada en enero de 2025 y desde entonces permanecía en su domicilio a la espera de una resolución definitiva.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa por el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del ex mandatario provincial, con lo cual quedó firme la sentencia que también estableció la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, que le impuso ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En ese proceso también fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación entrerriano Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, ambos a seis años de prisión.

Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares y en las maniobras resultó favorecido Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos de la pauta oficial en vía pública.

La acusación comprendió cinco hechos principales, entre ellos el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva; el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL; y la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”.

También se investigaron la instalación de un parador en Mar del Plata, que tuvo un costo de $14 millones de entonces, y el pago a la productora Nelly Entertainment para la difusión de tres spots vinculados formalmente con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

El fallo de primera instancia había sido confirmado en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos y posteriormente el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de las defensas, que acudieron entonces ante el máximo tribunal nacional.

Urribarri estuvo detenido durante 50 días luego de que en noviembre de 2024 la Casación provincial ordenara su prisión preventiva ante el riesgo de fuga. Esa medida fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Superior Tribunal de Justicia entrerriano.

El dirigente peronista gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, fue posteriormente legislador provincial y en 2020 asumió como embajador argentino en Israel, cargo al que renunció en 2022 tras conocerse la condena.

Fuente:APFDigital

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que tiene a su cargo la ejecución de la condena por la denominada 'Causa Vialidad', dispuso nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles, entre ellos el del departamento de San José 1111 en el que la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

El inmueble pertenece a la firma Los Sauces S.A., sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, y forma parte de los activos societarios y benes de los condenados por los que el fallo ordenó cubrir los 685.000 millones de pesos fijados como monto a decomisar.

La medida abre además el interrogante sobre si Cristina Kirchner deberá eventualmente evaluar otro domicilio para continuar cumpliendo su condena, aunque el tribunal aclaró que los nuevos embargos no implican una subasta o realización inmediata de los bienes ni modifican por ahora su titularidad registral.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso explicaron que las cautelares tienen como objetivo garantizar la indisponibilidad jurídica de los activos mientras continúa el trámite destinado a determinar el decomiso definitivo, con intervención de las partes.

La resolución forma parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial. La primera había incluido 111 propiedades solicitadas por el fiscal Diego Luciani y posteriormente aprobadas por el TOF 2 para su decomiso.

De ese conjunto, en noviembre el tribunal había dispuesto avanzar sobre 20 inmuebles vinculados a la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otros seis bienes correspondientes a los restantes condenados.

En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el criterio adoptado por el TOF 2 respecto de esos bienes y ordenó avanzar con el decomiso. Cristina Kirchner y Báez recurrieron esa decisión, por lo que la definición final sobre ese primer grupo de propiedades quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras el máximo tribunal analiza esos planteos, el TOF 2 comenzó a avanzar sobre un segundo conjunto de activos, que comprende 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas sociedades.

En esta nueva etapa también fueron incluidos cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.

Los jueces fundamentaron la extensión de las medidas sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner a partir de las conclusiones de la sentencia condenatoria, que determinó que la maniobra fraudulenta vinculada con la obra pública produjo beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.

Según el tribunal, durante el período investigado, entre 2003 y 2015, existió una conexión económica y comercial comprobada entre las empresas de Báez y los negocios de la familia Kirchner.

En ese marco, las compañías del empresario patagónico alquilaron, explotaron turísticamente y realizaron construcciones en hoteles y propiedades pertenecientes a los Kirchner, tanto en forma personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

Para el TOF 2, esa operatoria permitió que parte del dinero proveniente del delito circulara y quedara asentado en activos de esas sociedades.

A partir de ese criterio, el tribunal sostuvo que pueden ser alcanzados por el decomiso los bienes que los nueve condenados incorporaron a sus patrimonios entre 2003 y 2015, y consideró necesario adoptar medidas cautelares sobre los activos comprendidos en esta segunda etapa para evitar su disposición mientras se define su situación jurídica.

La resolución también invocó el artículo 23 del Código Penal, que permite alcanzar a personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado con el producto o provecho de un delito y contempla, además, la posibilidad de avanzar sobre bienes o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos gratuitamente a terceros.

De esta manera, el TOF 2 mantiene abierto el proceso de ejecución patrimonial de la condena de la Causa Vialidad mientras la Corte Suprema debe resolver los recursos pendientes sobre el primer grupo de bienes.

Agencia NA

La escritora E. Jean Carroll recibió oficialmente US$ 5.625.005,48 de Donald Trump, tras una batalla legal de tres años que culminó con un jurado declarándolo culpable de abuso sexual y difamación. El desembolso, que incluye daños e intereses, fue ordenado por el juez Lewis Kaplan y confirmado en el registro del tribunal.

Trump intentó bloquear la transferencia alegando que debía esperar a una reconsideración de la Corte Suprema, pero su maniobra fue desestimada. El tribunal de apelaciones también rechazó suspender el pago, dejando al mandatario sin margen de maniobra.

Carroll, de 82 años, celebró la resolución con un mensaje a sus seguidores: “¡El águila ha aterrizado!”, agradeciendo a su equipo legal y mencionando irónicamente a Alina Habba, exabogada de Trump. Su abogada principal, Roberta Kaplan, remarcó que “un jurado unánime declaró culpable a Trump; hoy Carroll recibe la indemnización que le corresponde”.

Los abogados de Carroll señalaron que el dinero será destinado a su jubilación y permanecerá en una cuenta que devenga intereses mientras se resuelve la última apelación de Trump, quien insiste en plantear su inmunidad presidencial ante la Corte Suprema.

El caso, que se convirtió en símbolo de resistencia frente al poder político, expone a Trump en un terreno incómodo: no solo perdió en tribunales, sino que debió cumplir con el pago, un golpe a su imagen pública en plena pulseada política y judicial.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el monto de $684.990.350.139,86 para ejecutar el decomiso sobre los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados en la causa conocida como “Vialidad”, al rechazar por inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

La decisión fue adoptada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el planteo de la defensa de Cristina Kirchner contra la forma de actualización del monto originalmente fijado en concepto de decomiso. También rechazaron el recurso de la defensa de Lázaro Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante esa etapa del proceso.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal Oral Federal N° 2 había fijado en la sentencia condenatoria un decomiso de $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado al Estado, con la disposición de que esa suma fuera ajustada cuando el fallo adquiriera firmeza.

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz y la absolvió por el delito de asociación ilícita. También fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros ex funcionarios, mientras que la ex mandataria recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra las condenas, que quedaron firmes.

Tras esa decisión, el Tribunal Oral ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso. En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público, y la cifra fue actualizada a $684.990.350.139,86 sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto inicial era provisorio y cuestionó la utilización del IPC para su actualización. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez planteó que el decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “la ruta del dinero”.

Con la resolución de este jueves, la Corte Suprema dejó firmes los fallos de las instancias anteriores y quedó confirmado el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar solidariamente los condenados en la causa Vialidad.

Fuente: Na

El prolongado conflicto en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) sumó un capítulo definitorio en el plano judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo unánime mediante el cual rechazó un recurso extraordinario que había presentado el Ministerio de Capital Humano. De esta manera, el máximo tribunal obligó al Gobierno Nacional a poner en marcha la normativa de manera inmediata, ratificando las medidas cautelares previas que protegen las partidas destinadas a la educación superior.

La resolución judicial resguarda de manera urgente los recursos vinculados a:

Según los cálculos de las autoridades nacionales, la aplicación efectiva de la ley implicaría para las arcas del Estado un desembolso estimado de entre 1,3 y 3,6 billones de pesos. Los voceros oficiales advirtieron que la ley vulnera de forma directa el artículo Nro. 38 de la Ley de Administración Financiera, el cual establece taxativamente que toda norma que demande un gasto extra debe precisar su fuente de financiamiento.

Bajo la óptica oficial, al no existir partidas asignadas, la única alternativa material para cumplir con la ley sería recurrir a la emisión monetaria. Esta opción es rechazada de plano por el Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo, bajo el argumento de que dispararía la inflación y desestabilizaría el plan económico de estabilización vigente.

"Este fallo de la Corte Suprema salió porque el acta no conforma a la masa de docentes y no docentes. Se armó un repudio generalizado en todo el país... Se empezó a generar un debate y un ánimo de que en agosto, cuando comience el segundo cuatrimestre, se vuelva a retomar el plan de lucha", advirtió Celotto.

Respecto a la discusión sobre el origen de los fondos, la dirigente gremial aseguró que "es muy fácil decir de dónde sale la plata". Señaló que el Ejecutivo otorga constantemente prebendas y concesiones a diversos sectores económicos concentrados, recursos que bien podrían reorientarse a los salarios de los trabajadores universitarios.

Por su parte, el Gobierno Nacional aclaró que el fallo del máximo tribunal de Justicia "no resuelve la cuestión de fondo" respecto a si la normativa es o no constitucional. Como contraofensiva ante la resolución, las autoridades le solicitaron a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que profundice e intensifique las auditorías contables sobre el uso de los fondos públicos en todas las facultades autónomas del país.

El caso por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay, sumó un nuevo capítulo judicial. El pasado 8 de mayo, el juez Tobías Podestá —vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú— resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva para Néstor Pavón, quien será juzgado este año como coautor del crimen.

La decisión generó malestar en la familia de Micaela, que inmediatamente recurrió a la Cámara de Casación Penal de Paraná. La única medida impuesta a Pavón es presentarse en Gualeguay y fijar domicilio 20 días antes del inicio del juicio, previsto para los días 29 y 30 de octubre y 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre de 2026. El tribunal estará integrado por los jueces Santiago Brugo (Paraná), Maximiliano Larocca Rees (Concordia) y Nicolás Gazali (Concepción del Uruguay).

En el juicio de 2017, Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento. Sin embargo, tras sucesivas apelaciones, en diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que sea juzgado nuevamente, esta vez como coautor y ante un jurado popular.

La resolución reciente de no dictar prisión preventiva reaviva el debate sobre las garantías procesales y la expectativa de justicia en un caso que marcó profundamente a la sociedad entrerriana y nacional. La familia de Micaela insiste en que Pavón debe enfrentar el proceso privado de su libertad, mientras se acerca la fecha de un juicio que será histórico por su modalidad y por la trascendencia del caso.

Fuente: Entre Ríos Ahora

La multitud que se concentró en Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y los grupos que colmaron distintas zonas del país para reclamar que se giren los fondos para las universidades no movieron al Gobierno de la postura que sostuvieron sus funcionarios en la previa: negar un ataque directo a ese sector educativo y vincular este tipo de reclamos a espacios políticos opositores a la gestión nacional.

Distintos funcionarios del oficialismo enfatizaron en que buscan auditar lo que llamaron “las cajas”, discutir el arancelamiento y “eficientizar el uso de los recursos”.

De momento, en la Casa Rosada esperan la definición de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la ley de financiamiento universitario que salió del Congreso y que el Gobierno no aplicó.

Mientras que en el documento final de la marcha al Ejecutivo le achacaron que “incumple la regla democrática y constitucional básica” por no poner en marcha esa legislación, ya judicializada, desde el Gobierno alegaron que la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “no está firme hasta que se expida la Corte”.

El máximo tribunal del país tiene que decidir sobre un Recurso Extraordinario Federal. Esto será clave para saber si avala o no la postura de la gestión Milei, que se ancla en que la legislación del Congreso no tiene especificado de dónde saldrían los fondos para el financiamiento. “Lo tiene la Corte y tendrá que resolver. Estamos a la expectativa”, resumió una alta fuente de la Casa Rosada ante la consulta de La Nación. Este martes a la tarde, el sistema universitario le pidió a la Corte que acompañe y que “escuche el clamor de las plazas de toda la república”.

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de “per saltum” solicitado por el Gobierno nacional para intervenir de manera directa en el análisis de validez de la reforma laboral. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, implica que el expediente deberá continuar su curso en las instancias judiciales inferiores.

La decisión deja en evidencia la fragilidad de la estrategia oficial: el Gobierno pretendía obtener un respaldo jurídico definitivo que despejara las dudas sobre la constitucionalidad de la reforma, pero el rechazo mantiene abierta la disputa judicial y política. El conflicto se originó en una medida cautelar impulsada por la CGT, que suspendió más de 80 artículos de la norma. Aunque la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo restituyó su vigencia, la falta de un pronunciamiento de la Corte prolonga la incertidumbre.

El fallo también expone la ausencia de consenso político y social en torno a la reforma laboral. La insistencia del Ejecutivo en recurrir al “per saltum” refleja la urgencia por consolidar un marco normativo que ha sido cuestionado por sindicatos y especialistas en derecho laboral. La negativa de la Corte, en cambio, reafirma la necesidad de que el debate se resuelva en las instancias correspondientes, con mayor transparencia y participación.

Desde una mirada crítica, el rechazo del recurso puede interpretarse como un llamado de atención al Gobierno: la reforma laboral, presentada como un eje central de la política económica, carece de la solidez institucional necesaria para imponerse sin discusión. La estrategia de acelerar tiempos judiciales se tradujo en un revés que debilita la posición oficial y fortalece a los sectores que cuestionan la norma.

En definitiva, la Corte Suprema no cerró la puerta al análisis de la reforma, pero sí dejó claro que el camino debe transitarse respetando las instancias previas. Para el Gobierno, esto significa más tiempo de incertidumbre y la obligación de sostener una ley cuya legitimidad aún está en disputa. Para los trabajadores y sindicatos, representa una oportunidad de seguir planteando sus objeciones y de mantener viva la discusión sobre el alcance real de la modernización laboral.

A una década del femicidio de Gisela López, ocurrido en 2016 en la ciudad de Santa Elena, familiares, amigos y organizaciones sociales volvieron a reclamar justicia y a denunciar la impunidad que rodea al caso. En redes sociales, Gabriel López expresó: “Una década de impunidad es eternidad para la familia que espera justicia, y sensación que algunas vidas tienen casi y nada de valor. Un decenio que permite a mi memoria convertirse en un acto de resistencia”.

El mensaje, acompañado de una fotografía en homenaje a la joven, subraya que recordar no solo implica mantener viva la memoria de la víctima, sino también señalar el “cerco de silencio” que persiste alrededor del expediente. “Diez años sin justicia también es volver a revictimizar a la víctima”, remarcó López.

El caso de Gisela López, ocurrido en 2016, se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia de género en Entre Ríos. Diversas organizaciones feministas sostienen que la falta de respuestas judiciales refleja un problema estructural en el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

Sin culpables

Gisela López desapareció el 22 de abril de 2016 a los 19 años, cuando regresaba de su escuela nocturna (Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 5) en Santa Elena. Su cuerpo fue encontrado 18 días después, el 10 de mayo de 2016, en una zona descampada conocida como “El Bajo”, a pocos metros de su casa.

Según los médicos que realizaron la autopsia el cuerpo siempre estuvo en el mismo lugar. Sin embargo, nadie lo vio. Gisela fue golpeada, abusada sexualmente y estrangulada.

En 2019, el fiscal Santigo Alfieri llevó a juicio a tres hombres y una mujer. El tribunal absolvió a los acusados (Mario Andrés Saucedo (falleció en 2022), su hijo Elvio Andrés Saucedo y Matías Alejandro Vega.

En la actualidad el caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su revisión debido a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) que entiende que los absueltos son los culpables.

Lo peor de todo es que el MPF no tiene un plan alternativo en caso que la Corte deje firme la absolución porque no se siguió investigando. El caso es un gran enigma.

El Gobierno nacional presentó un nuevo recurso judicial para intentar suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, interpuso un Recurso Extraordinario Federal ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de frenar la medida cautelar que ordena la transferencia de fondos a las casas de estudio.

La presentación cuestiona la sentencia que confirmó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 y la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto N° 759/2025, vinculados al financiamiento y recomposición salarial universitaria. El recurso fue presentado con efecto suspensivo, buscando evitar el inicio de las transferencias.

El Poder Ejecutivo argumenta que la intervención de la Corte Suprema es necesaria por tratarse de una cuestión federal y porque la cautelar concedida es “equiparable a una sentencia definitiva”. Según el escrito, la orden de girar fondos sin financiamiento específico genera un “grave e irreparable perjuicio al Estado”, comprometiendo el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones públicas.

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada y posteriormente ratificada por el Congreso, incluso tras el veto presidencial de Javier Milei. Sin embargo, el Gobierno insiste en que su aplicación resulta “imposible” porque no establece fuentes claras de financiamiento.

Mientras tanto, docentes y no docentes de las universidades nacionales denuncian que ya perdieron cerca del 50% de su poder adquisitivo durante la gestión de Milei.

“Buenos días a todas y todos. Saben que no integro ninguna de estas comisiones pero quería hacerme presente para agradecerles especialmente a ustedes como consejeros, a los letrados, a los empleados, el hecho de que hayan generado esta reunión conjunta sobre un tema relevante. Un tema sobre el que el Consejo ya venía trabajando y que hay muy valiosos aportes y proyectos oportunamente planteados por consejeros y consejeras algunos con mandato vigente y otros que no están más. Entonces quería agradecerles la prontitud con la que han tomado el tema. Como saben, la Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”.

“Creo que hay muchos puntos de contacto entre todas las propuestas –dijo-. Creo que vamos a trabajar con la opinión de las organizaciones no gubernamentales que han pedido intervención y la dinámica propia de un órgano colegiado en el que se busca permanentemente el consenso entre todos”.

“Quería dejar estas palabras nada más. Estoy en pleno día de acuerdo en la Corte y vuelvo (ala Palacio de Tribunales) pero quería expresarles mi agradecimiento por haber tomado el tema y haber realizado esta reunión conjunta. Vamos a trabajar y trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible. Simplemente esto y los dejo trabajar”, señaló.

La reunión se había iniciado momentos antes encabezada por los consejeros Alberto Lugones (de Reglamentación) y María Fernanda Vázquez (de Selección). Entre los miembros presentes estaban también los consejeros Santiago Viola –representante del Ejecutivo-, los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero (zoom); los abogados Cesar Grau, Alberto Maques y Alvaro González, el académico Guillermo Tamarit y la diputada Vanesa Siley (zoom). La abogada Jimena La Torre se conectó por unos minutos al inicio de la reunión porque estaba por abordar un vuelo.

Al iniciar la reunión, antes de la presencia de Rosatti, Lugones dio la bienvenida y subrayó que era un “día importante para los medios”, aunque el organismo viene trabajando intensamente, subrayó que se va analizar con profundidad la iniciativa de la Corte y adelantó: “sin duda que es relevante una acordada que sugiere propuestas que supongo que van a ser buena. Hay gente que está de acuerdo, yo voy a trabajar sobre esa propuesta. Pero aclaro: no voy a firmar nada a libro cerrado”.

La Fundación Greenpeace Argentina, con el asesoramiento del abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, presentó un informe ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando un aumento significativo de la deforestación en el norte del país. El relevamiento satelital estima que durante 2025 se desmontaron 94.204 hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa.

Según el informe, Santiago del Estero fue la provincia con mayor pérdida de bosques, con 51.149 hectáreas desmontadas, seguida por Chaco (16.872), Salta (15.129) y Formosa (11.059). Greenpeace advierte que el 80% de los desmontes en Santiago del Estero fueron ilegales, realizados en zonas prohibidas por la Ley de Bosques (26.331).

En cuanto a los incendios forestales, las imágenes satelitales revelan que se quemaron 116.498 hectáreas en la región: 53.325 en Santiago del Estero, 22.715 en Formosa, 21.520 en Chaco y 18.938 en Salta.

La sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas arroja una pérdida total de 210.702 hectáreas de bosques nativos en 2025, un 40% superior a la registrada el año anterior. Santiago del Estero encabeza la lista con 104.474 hectáreas, seguida por Chaco (38.392), Salta (34.067) y Formosa (33.769).

El documento advierte que la degradación y fragmentación de los bosques nativos pone en serio riesgo la supervivencia de los menos de 20 ejemplares de yaguareté que se estima sobreviven en la región del Gran Chaco Argentino.

Greenpeace y Viale remarcan que Argentina está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para 2030, asumido en la Cumbre Climática de Glasgow (COP26) y ratificado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

De esta manera, la organización ambientalista busca visibilizar la gravedad de la pérdida de bosques en el norte argentino y exigir el cumplimiento de la Ley de Bosques y de los compromisos internacionales asumidos por el país.

La muerte de Iván Pérez significó un caso emblemático para la ciudad del carnaval, porque tuvo distintos condimentos que la hicieron especial. Se trató de un caso de gatillo fácil, donde el imputado era un policía y la víctima era un joven con antecedentes policiales por hechos de robos y hurtos. Pero además, fue el primer juicio por jurados que se desarrolló en Gualeguaychú y el primero en quedar estancado, porque no hubo un veredicto de unanimidad.

Para el segundo juicio la situación fue diferente: hubo unanimidad y se condenó a Mauricio Gómez a una pena de 17 años de cárcel. Pero allí se inició un proceso recursivo que el abogado defensor Alfredo Vitale llevó a la Cámara de Casación Penal de Concordia en primer término, donde no tuvo aceptación, y más tarde ante el máximo órgano de Justicia de Entre Ríos, donde pasó exactamente lo mismo.

En esta sentencia que se conoció esta semana en torno al caso, Vitale había hecho mención sobre la imposibilidad de usar las filmaciones del primer juicio en marzo de 2021 y/o remitirse a lo que había sucedido en ese debate que se realizó en el centro de Convenciones. En la sentencia del Superior Tribunal de Justicia se señaló que el sistema acusatorio vigente se basa en oralidad, inmediación y contradicción: solo vale la prueba producida ante el jurado del juicio, y que las declaraciones de un juicio anterior “estancado” no son prueba válida ni pueden incorporarse al nuevo debate.

Además, se hizo saber que la defensa tuvo oportunidad de controlar la prueba mediante el contrainterrogatorio y se especificó que admitir esos videos a los que hacía mención Vitale habría violado la inmediación y las reglas del juicio por jurados. Por lo cual, se concluyó que no hubo afectación del derecho de defensa.

En resumen, los integrantes del Tribunal rechazaron el recurso presentado porque entendieron que no se probó violación al derecho de defensa, la exclusión de las filmaciones fue correcta según el sistema de juicio por jurados, la calificación legal aplicada era válida y los agravios a los que hizo mención la defensa se trataron de discrepancias, pero no arbitrariedades.

Gómez se encuentra condenado, pero en libertad y a la espera de la firmeza de la sentencia. Actualmente radicado en Concepción del Uruguay puede iniciar un camino legal ante la Corte Suprema de Justicia, pero debe ser la justicia entrerriana la que otorgue el permiso de hacerlo y si ello no ocurriera puede hacerlo en queja, pero es un camino difícil y costoso, y está más cerca de cumplir con lo dispuesto en el juicio realizado en 2023 en Gualeguaychú.