El parque de motovehículos en la ciudad ha registrado un crecimiento masivo y sostenido en los últimos años. Esta expansión, de acuerdo al testimonio de Marcelo Hail, director de Tránsito de la Municipalidad, “responde a múltiples factores socioeconómicos y urbanos, entre los que se destacan la búsqueda de movilidad personal ágil, el uso intensivo como herramienta de trabajo, por ejemplo, para los servicios de mensajería y cadetería; la practicidad para el desplazamiento cotidiano frente a las congestiones del tránsito tradicional y su adopción con fines recreativos”.

A nivel nacional, el mercado de motos en la Argentina vive un auge sin precedentes. Según datos recientes de la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom), en junio de este año se vendieron más de 68 mil unidades a nivel nacional —exactamente 68.508 patentamientos—, lo que representa un incremento interanual del 42% respecto al mismo mes del año anterior.

En este sentido, el economista, docente y miembro de Fundación Innovación con Inclusión, Gastón Alonso, destacó que “las ventas vuelan” y señaló un crecimiento mensual desestacionalizado del 10%. Alonso identificó dos factores clave detrás de este fenómeno: “El menor costo de acceso y mantenimiento de una moto en comparación con un auto y el crecimiento del trabajo mediante plataformas de reparto”.

“Esto último no es un dato menor. En un país donde el ajuste económico impulsado por las grandes corporaciones y los especuladores financieros erosiona el poder adquisitivo de los sectores populares la moto se convierte en el único medio posible para generar ingresos”, explicó el referente sectorial. Al tiempo que se preguntó: “¿A qué precio? Los repartidores de aplicaciones como Rappi, PedidosYa o Glovo trabajan sin contrato formal, sin obra social, sin aportes jubilatorios y bajo la amenaza constante de accidentes de tránsito. La moto, lejos de ser un símbolo de progreso, es el reflejo de una economía que empuja a los trabajadores a la informalidad y al riesgo”.

Según datos recientes de la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom), que acumuló 2.281 patentamientos en el mes (alcanzando el 3,3% del total nacional), en la provincia de Entre Ríos la adquisición de estos vehículos supera ampliamente a la de los automóviles por razones estrictamente vinculadas al presupuesto familiar y la crisis.

Desde el Municipio, Hail dijo que el aumento exponencial del parque de motovehículos los enfrenta a un desafío: “Este incremento en el flujo de unidades exige un fortalecimiento correlativo de los controles de fiscalización urbana para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento normativo”.

Respecto a la razón de las contravenciones, el funcionario indicó que el faltante de documentación y de medidas de seguridad encabezan las estadísticas locales. “La falta de seguro obligatorio constituye la infracción mayoritaria con un 49,4% de los casos, seguida de cerca por la ausencia de licencia de conducir con un 45,7% y la circulación sin el casco reglamentario, que representa un factor de riesgo directo, con el 28,0% sobre el total de faltas en motovehículos”, precisó.

Asimismo, las actuaciones operativas permitieron constatar contravenciones vinculadas al equipamiento y la dominialidad de las unidades en circulación. En este sentido, Hail dijo que “la falta de cédula identificatoria abarca un 27,1%, la ausencia de espejos retrovisores alcanza el 26,3%, la falta de chapa patente representa el 22,5% y las infracciones por luces reglamentarias registran un 2,9%”.

Por último, advirtió sobre situaciones de máxima gravedad que atentan contra la seguridad colectiva: “Se labraron actas por alcoholemia positiva que marcan un riesgo crítico del 12,2%, mientras que las infracciones por el uso de caños de escape no homologados concentran un 8,8% de las contravenciones vinculadas a la contaminación sonora”.

En el plano de la seguridad vial, los indicadores muestran cifras críticas. “Durante el período 2026 se registró un total general de 906 siniestros viales en la ciudad, de los cuales 343 incidentes involucraron de manera directa a motovehículos (representando un 38% del total general)”, comentó Hail, quien también examinó la distribución demográfica de los conductores involucrados en colisiones.

“Se advierte una alta concentración en sectores juveniles: se contabilizaron 347 conductores con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, y 73 conductores menores de 18 años, lo que ratifica la extrema vulnerabilidad de este segmento etario en la trama urbana y justifica la necesidad de profundizar las políticas activas de prevención”.

“Durante la Campaña de Verano se desplegaron puntos de concientización directa y se dictaron clínicas de conducción segura destinadas específicamente a repartidores y trabajadores de delivery”, aportó el funcionario consultado.

Para lograr la habilitación formal de motovehículos, la Municipalidad exige el cumplimiento estricto de un proceso estructurado en etapas sucesivas. El procedimiento evaluativo comprende cuatro instancias independientes y eliminatorias, las cuales inician con un examen psicofísico enfocado en la evaluación médica y la aptitud visual y auditiva del postulante.

Dicho itinerario de habilitación continúa con instancias de capacitación y comprobación de saberes en la vía pública. En este sentido, se detalló que el esquema contempla un curso teórico obligatorio de capacitación integral en normas de tránsito y convivencia vial; un examen teórico de conocimientos enfocado en contenidos normativos y señales y una prueba práctica de destreza conductiva destinada a evaluar maniobras y el control efectivo del vehículo en una pista autorizada.

Por otra parte, respecto a la normativa aplicable para regular el acceso de conductores menores de edad al sistema de tránsito local, el Municipio opera bajo un marco coordinado que actualiza las disposiciones vigentes. Al respecto, el titular de Tránsito indicó: “La Ordenanza Local N° 13075/2026, que modifica a la anterior Ordenanza N° 11776/2012, habilita la conducción de cilindradas de hasta 110 cc dentro del ejido urbano local, exigiendo de manera ineludible la autorización expresa de padres o tutores legales”.

Finalmente, esta regulación se complementa con las pautas estipuladas a nivel federal en la materia. Sobre este punto, el funcionario indicó que “de manera armónica con la legislación local, la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 autoriza con carácter general el manejo de ciclomotores de hasta 50 cc correspondientes a la Categoría A1.1, bajo idéntico requisito de presentación del aval y la autorización tutelar expresa”.

Un equipo de especialistas del INTA Manfredi, Córdoba, evaluó un sistema de riego por goteo enterrado alimentado con paneles solares y sin conexión a la red eléctrica. La alternativa está destinada a establecimientos rurales donde el acceso a la electricidad es limitado o implica costos elevados.

La investigación permitió definir referencias de caudal, potencia de bombeo y horas de funcionamiento para proyectar instalaciones. En 2022, el equipo incorporó una bomba solar de 10 kilovatios (kW) y un parque fotovoltaico de 18 kW, con capacidad para regar inicialmente seis hectáreas.

Los ensayos mostraron que disponer de más energía no necesariamente mejora los rendimientos. Durante una primera etapa, el aumento del agua aplicada tuvo una respuesta productiva limitada. Por eso, los investigadores ajustaron el manejo y ampliaron la superficie a 12 hectáreas con la misma infraestructura, sin registrar caídas relevantes en los rendimientos.

En los resultados obtenidos, el trigo alcanzó cerca de 65 quintales por hectárea, mientras que la soja de segunda se mantuvo en torno a los 35 quintales. En maíz, el rendimiento llegó a unas 15 toneladas por hectárea.

A partir de cuatro años de ensayos, el equipo estableció como referencia un caudal de dos metros cúbicos por hora por hectárea. Para una superficie de 50 hectáreas, por ejemplo, se necesitaría un caudal aproximado de 100 metros cúbicos por hora, una bomba acorde a esa demanda y un parque solar dimensionado para extender las horas de funcionamiento.

En la zona de Manfredi, el sistema dispone de unas 1.950 horas anuales de riego, con un promedio cercano a siete horas diarias durante el período de uso. Las necesidades varían según el cultivo, con láminas de referencia de aproximadamente 300 milímetros para trigo, 250 para maíz y 200 para soja.

Los resultados aportan información técnica para que los productores puedan dimensionar las instalaciones y evaluar su viabilidad antes de invertir. La experiencia será presentada en la 9.ª Reunión Internacional de Riego y la 3.ª Exporiego, previstas para el 14 y 15 de octubre de 2026 en el INTA Manfredi.

El Día del Almacenero celebra un modo de vida: el del comerciante que conoce a cada cliente por su nombre y sostiene parte de la memoria e identidad de cada barrio. Esa cercanía se demuestra en gestos cotidianos. Rocio, al frente de una despensa en la zona noroeste, recordó cómo atravesó la emergencia sanitaria: “En época de pandemia, asistí a mucha gente llevándole mercadería a la puerta de sus casas, y me la pagaban cuando se recuperaban o salían del aislamiento. No damos fiado, pero sí salvamos a más de un vecino en situaciones personales”.

Jorge remarcó que las pequeñas acciones fortalecen el vínculo barrial: “Una anécdota que siempre recuerdo es cuando los chicos venían con la lista y, si les faltaban unos pesos, igual se llevaban todo porque ya conocíamos a la familia”. Sobre el histórico fiado, explicó: “Todavía fiamos, siempre que conozcamos al cliente. A veces una familia no llega a fin de mes, hace malabares con todo y necesita llevar algunas cosas; tratamos de dar una mano. La confianza sigue siendo fundamental”.

Esta función social fue refrendada por Héctor González Paván, presidente de la Confederación General de Almaceneros de la República Argentina (C.G.A.R.A.), entidad fundada en Buenos Aires que ya reúne a más de 60.000 representados: “El almacén es punto de encuentro del barrio, de conversación, lugar de compra y hasta de fiado cuando la billetera no alcanza. En un país que atraviesa crisis recurrentes, sigue siendo refugio y referencia”, dijo a El Argentino.

Coincidiendo con ese diagnóstico, González Paván analizó el panorama tarifario. Explicó que, si bien la estabilidad de precios evita la remarcación diaria, el verdadero ahogo pasa por los servicios fijos: “Antes teníamos un costo operativo del 17% si no tenías empleado; hoy andamos en el 22% sumando la energía eléctrica, que es lo que más nos mata”. Por ello, desde la entidad reclaman la inclusión en categorías tarifarias como la T2G o beneficios por consumo nocturno —como el 50% logrado en Santa Fe— para ganar competitividad.

En cuanto a los hábitos del consumidor, González Paván sostuvo que “la gente ha vuelto a los almacenes pero la recesión es grande y la gente compra lo justo para el día”. Frente al encarecimiento de la canasta básica en grandes cadenas, las familias regresaron al comercio de cercanía buscando fraccionamiento y marcas económicas: “Hoy van al almacén de barrio al día a día y siempre con la segunda o tercera marca. Por una gaseosa de primera línea, vendés seis de otra marca más barata. En los barrios más vulnerables se venden muchas alitas de pollo, una zanahoria o medio morrón para un guiso”.

Ante la falta de respuestas de las autoridades nacionales, el referente gremial instó a la capacitación digital —mediante cobranzas con QR o promociones en redes sociales— y concluyó con un mensaje de resistencia: “El gobierno se dedicó a la macro y se olvidó de la micro. Pero acá estamos de pie, a no bajar las persianas. Los almacenes nacimos con el país y vamos a seguir adelante”.

La organización no gubernamental Pelucas de Esperanza llevará a cabo una velada a beneficio con el objetivo de recaudar fondos para sostener su labor social orientada a pacientes en tratamiento oncológico. La cita está programada para el próximo 25 de septiembre en el complejo Wanako, donde los asistentes podrán colaborar con la continuidad de un servicio que se brinda de manera ininterrumpida desde el año 2009.

El trabajo de la institución abarca la elaboración, restauración y mantenimiento de postizos capilares que se entregan a mujeres y niñas de todo el país. Aunque el espacio de trabajo que ocupan actualmente en el Mercado Munilla fue asignado por la Municipalidad, la entidad debe afrontar mensualmente los gastos derivados de las expensas, los servicios de energía eléctrica, la folletería informativa y la adquisición de insumos específicos requeridos para la confección artesanal.

Para financiar estos costos, la ONG estableció oportunamente un sistema de comodato mensual. Sin embargo, desde la comisión directiva sostienen que la prioridad absoluta es la asistencia al paciente. En aquellos casos donde los destinatarios enfrentan dificultades económicas para cubrir el canon estipulado, la comisión dispone exenciones parciales o totales, garantizando que el factor financiero no constituya un impedimento para acceder a la peluca.

La actividad planificada para fines de septiembre busca reforzar los ingresos institucionales para absorber los casos de entrega gratuita y asegurar el stock de materiales de taller. El valor del ingreso fue fijado en $50.000 e incluye una propuesta gastronómica en formato finger food, bebidas de recepción y durante la cena, además de un número para participar en los sorteos de donaciones recibidas por parte del comercio local.

El evento contará con la colaboración del establecimiento anfitrión, que aportará la infraestructura, la ambientación sonora y la musicalización de la jornada. Asimismo, el programa contempla la presentación de diversos artistas locales que actuarán de manera desinteresada para acompañar el desarrollo de la noche.

Con esta iniciativa, la entidad busca consolidar el respaldo comunitario que le permite mantener el alcance nacional de sus prestaciones asistenciales y asegurar la sustentabilidad operacional de su taller productivo en la ciudad.

El proceso de reestructuración del sistema de salud para el personal militar y las fuerzas de seguridad ha alcanzado un punto de inflexión decisivo. Tras la oficialización de la medida que dispuso la fragmentación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Poder Ejecutivo nacional se encuentra abocado a ultimar los pasos burocráticos para la puesta en marcha definitiva de la Obra Social de las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, las autoridades del área de Defensa avanzan a ritmo acelerado para concretar la personería jurídica propia y la legitimación procesal de la nueva entidad. Asimismo, se están incorporando los recursos técnicos y la infraestructura informática indispensable para lograr la autonomía total respecto de la antigua estructura.

Mientras que el personal dependiente de las fuerzas de seguridad ya fue transferido a un esquema diferenciado con prestación a través de medicina privada, el sector militar mantendrá una lógica prestacional pública y propia. Esto implica que el personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada continuará utilizando la red de hospitales militares y centros asistenciales históricos, principalmente aquellos distribuidos en el área metropolitana y en nodos estratégicos del interior del país.

Durante este período de transición, una comisión asesora conformada por representantes de diversas carteras gubernamentales y organismos de control supervisa la migración de datos y expedientes. Para la tranquilidad de las familias afiliadas, el ente residual continúa garantizando las prestaciones médicas indispensables y los servicios de salud esenciales.

Las Fuerzas Armadas han iniciado un esquema de regularización para cancelar el porcentaje de la deuda que les corresponde, mientras que el saldo restante, vinculado a los sectores de seguridad, aún requiere una definición operativa. Desde la administración central se ha previsto que, en caso de ser necesario para garantizar el equilibrio de la nueva etapa, el propio Estado interviene para sanear las cuentas adeudadas entre organismos públicos y asegurar que el servicio de salud nazca sin condicionamientos financieros.

El Día del Niño en la Argentina, que se celebrará el próximo domingo 16 de agosto, reactiva la expectativa comercial y el debate sobre la coyuntura productiva. La celebración, acompañada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) desde sus orígenes en 1945 y respaldada por la Convención sobre los Derechos del Niño, encuentra al sector dividido entre las particularidades del comercio local y una compleja realidad industrial a nivel nacional.

En Gualeguaychú, Hernán, desde la Juguetería Suipacha, señaló que el movimiento viene pausado. “Está quieta la cosa, quieta, quieta. Los precios no se han modificado, están más o menos igual que el año pasado. Tenemos juguetes desde 10.000 para arriba”, contó.

Respecto a la oferta y los medios de pago, explicó: “En nuestro caso, hay un equilibrio entre lo nacional y lo importado. Lo que sea a pila viene de afuera; los juegos de mesa son nacionales. La gente accede a la compra a través de promociones y tarjeta de crédito. Expectativa hay, ya que siempre es la última semana y el último día cuando se genera mucha venta”.

Por su parte, Carmen, dueña de Juguetería Miguelito, coincidió en la estabilidad de valores: “Tenemos una historia de 57 años en el Día del Niño. Los precios están más o menos igual respecto al año pasado, y a veces algunas cosas hasta menos. En nuestro caso, el 90% de la oferta es importada. En nacional tenemos la línea Duravid que se vende mucho. En cuanto a precios, para mí es más barato el importado, aunque hay económico que son imitaciones y originales que son mucho más caros. Compramos lo justo y a medida que pasan los días vamos viendo. Lo más importante es tener variedad. En cuanto a la forma de pago recibimos tarjeta, transferencia y efectivo”.

“Nuestros productos son realizados totalmente artesanalmente, no utilizamos material reciclado sino madera que compramos e intervenimos manualmente. Desde el año pasado, el valor de los materiales y las herramientas (lijas, mechas, cola, acrílicos) aumentó entre un 60 y 70%, cosa que no podemos dejar de recargarlo en el producto terminado”, expusieron.

Sobre el nivel de actividad y los canales de comercialización, detallaron: “La venta ha bajado entre un 70 y 80%, eso hace que no estemos produciendo juguetes con la asiduidad que lo hacíamos. Estamos vendiendo en el Paseo Alem, en feria y en algún evento de la microrregión. Nuestras ventas son al contado, ya que no podemos darnos el lujo de dar en cuotas, y las expectativas realmente bajas porque la gente no tiene poder adquisitivo”.

“En el desglose por categorías, los juegos de mesa y didácticos pasaron de $10.000-$14.000 en 2025 a $14.000-$18.000 en 2026 (+35% a +40%). Mientras que los juguetes interactivos y licencias importadas pasaron de $80.000-$120.000 a $110.000-$150.000 (+25% a +30%). Esta contención responde al ingreso masivo de juguetes asiáticos”, indicó.

“La industria nacional atraviesa una crisis estructural de competitividad y volumen. El sector fabril reporta cerca del 60% de maquinaria parada, operando al 40% de su capacidad y recurre al financiamiento para sostener salarios y costos fijos”, detalló Furió.

En un escenario atravesado por el reacomodamiento de precios y la brecha entre la producción local y el mercado de importados, el Día del Niño vuelve a poner a prueba la resiliencia del sector comercial y fabril. Mientras las jugueterías de Gualeguaychú sostienen las expectativas apoyadas en el financiamiento en cuotas y las promociones de último momento, la industria nacional se endeuda para sostener una estructura cada vez más difícil de sustentar en las condiciones actuales.

La citricultura en Entre Ríos atraviesa un escenario crítico que pone en duda la continuidad operativa de cara al próximo ciclo productivo. Así lo advirtió Marcos Dal Mazo, presidente del Centro de la Juventud de Villa del Rosario (FAA) y secretario de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier), quien remarcó que la combinación de valores de venta deprimidos, desplome del consumo y costos al alza amenaza el sustento de miles de familias de la región.

Según detalló el dirigente, actualmente el productor percibe entre 40 y 50 pesos por kilo de naranja en quinta, un monto que resulta insuficiente para cubrir la operatividad diaria y frena cualquier posibilidad de inversión. La situación se vuelve urgente dado que entre agosto y septiembre deben iniciarse las labores de preparación del monte frutal para la campaña 2027, trabajos que hoy se encuentran en duda por la falta de liquidez.

A la rentabilidad al límite se le suma una contracción severa en la demanda interna, con niveles de venta que se ubican un 40% por debajo de los promedios habituales. En paralelo, el encarecimiento de los fletes para trasladar la fruta hacia los centros de consumo absorbe la mayor parte del margen operativo, reduciendo a mínimos los ingresos brutos del sector primario.

Desde el aspecto social, Dal Mazo enfatizó que la actividad es intensiva en mano de obra local e insustituible por procesos mecánicos, abarcando tareas de poda, cosecha y mantenimiento que generan alrededor de 20.000 puestos de trabajo directos en el macizo citrícola. De profundizarse la parálisis económica, el impacto sobre el empleo regional será inmediato.

Por otro lado, en el plano sanitario persiste la preocupación por el avance del HLB tras la detección de nuevos focos en la provincia. Aunque la Fecier mantiene tareas de monitoreo constante, la escasez de fondos amenaza la continuidad de las labores de control. Como contrapartida, las condiciones climáticas recientes brindaron un leve alivio: las heladas y granizadas registradas no produjeron daños de gravedad en la fruta, dejando a la falta de rentabilidad como el único y principal factor de riesgo para el futuro del sector.

(Fuente: El Entre Ríos / FAA Entre Ríos)

Acompañado por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, el mandatario destacó que el nuevo sistema representa un cambio estructural en la forma en que la provincia adquiere y distribuye medicamentos. "Quería conocer de primera mano cómo viene funcionando este sistema. En este caso, tal vez más que en otros, se da lo que suelo decir siempre: venimos a poner luz donde había oscuridad, gestión donde había desidia y orden donde había muchísimo desorden", afirmó.

Frigerio explicó que anteriormente cada hospital realizaba sus propias compras, lo que generaba diferencias de precios de hasta un 50 por ciento para un mismo producto, dificultaba el control del stock y hacía perder el poder de compra que tiene el Estado cuando adquiere grandes volúmenes.

"Hoy estamos gastando miles de millones de pesos menos por una mayor cantidad de medicamentos. Además, contamos con un sistema de distribución que optimiza el stock y garantiza que los insumos lleguen cuando y donde se necesitan", señaló.

El gobernador destacó que la centralización de las compras no sólo permite reducir costos, sino también mejorar el control de todo el circuito. "Ahora tenemos un sistema que brinda seguridad y trazabilidad en cada etapa, minimiza las posibilidades de irregularidades y asegura una administración mucho más eficiente de los medicamentos", sostuvo.

En ese sentido, recordó que pidió al ministro de Salud analizar las mejores experiencias del país para adoptar el modelo más adecuado para Entre Ríos. "Buscamos dónde se hacían mejor las cosas y hoy ese sistema ya está funcionando con muchísimo éxito en nuestra provincia", remarcó.

Frigerio también resaltó que la transparencia de los procesos licitatorios permitió ampliar la competencia entre proveedores. Mientras anteriormente participaban muy pocas empresas, en la licitación para la compra de medicamentos se presentaron 14 oferentes."Hoy estamos comprando todos los productos más baratos que el precio más bajo que antes pagaba cualquiera de estos hospitales. Esa es la mejor demostración de que un Estado ordenado puede brindar mejores servicios y cuidar mejor los recursos de todos los entrerrianos", concluyó.

Por su parte, el ministro Daniel Blanzaco explicó que el nuevo esquema es el resultado de un trabajo desarrollado durante el último año y medio.

"Identificamos los 360 productos de mayor consumo en las farmacias de los cinco hospitales de mayor complejidad de la provincia, elaboramos un vademécum común, realizamos las licitaciones correspondientes y diseñamos toda la logística de distribución. El ahorro no proviene solamente del mayor poder de compra, sino también de un sistema logístico mucho más eficiente", indicó.

En esta primera etapa, el sistema abastece a los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque, de Paraná; Centenario, de Gualeguaychú; Delicia Concepción Masvernat, de Concordia; y Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, que concentran más de dos tercios del consumo provincial de medicamentos. La incorporación del resto de los hospitales se realizará de manera progresiva.

El nuevo centro logístico funciona en la zona industrial de Colonia Avellaneda y opera con altos estándares de seguridad y trazabilidad. Para su puesta en marcha, los equipos técnicos de los hospitales fueron capacitados por la empresa adjudicataria del servicio logístico mediante licitación pública, que además proveyó el sistema informático y el equipamiento necesario para su implementación.

(APFDigital)

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú resolvió reducir a la mitad los honorarios profesionales fijados en un proceso de homologación de un acuerdo de alimentos, al considerar que la aplicación estricta del mínimo establecido por la ley arancelaria derivaba en una suma desproporcionada para quienes debían afrontar el pago.

El caso surgió a partir de la apelación presentada por dos abuelos, quienes habían sido obligados en forma subsidiaria a abonar una cuota alimentaria mensual de 160.000 pesos. Además de esa obligación, debían afrontar los honorarios de los abogados intervinientes, regulados inicialmente en diez juristas para cada profesional, lo que equivalía a $816.939,60 por cada uno.

Los jubilados cuestionaron esa regulación al sostener que el monto representaba el equivalente a unas catorce cuotas alimentarias y resultaba imposible de afrontar con ingresos provenientes de jubilaciones mínimas.

Al analizar el planteo, la vocal Ana Clara Pauletti consideró que no era necesario declarar la inconstitucionalidad del artículo 50 de la Ley Arancelaria Nº 7.046, tal como habían solicitado los apelantes. En cambio, entendió que correspondía aplicar el artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación, que faculta a los jueces a fijar una retribución equitativa cuando el resultado de aplicar la escala arancelaria genera una evidente e injustificada desproporción entre el trabajo realizado y los honorarios resultantes.

En su voto, la magistrada destacó que el acuerdo alimentario había sido alcanzado durante la instancia de mediación prejudicial, sin necesidad de un proceso judicial complejo. Además, señaló que tanto la persona que reclamaba los alimentos como los abuelos obligados al pago se encontraban en una situación de vulnerabilidad económica.

El fallo también advirtió que una aplicación inflexible de los mínimos arancelarios puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la Justicia, especialmente en casos donde quienes deben afrontar esos costos cuentan únicamente con haberes jubilatorios mínimos.

Con esos fundamentos, la Cámara resolvió fijar los honorarios en cinco juristas para cada abogado, reduciendo a la mitad la regulación original por considerar que ese monto guardaba una relación más razonable con la tarea profesional desarrollada y con las circunstancias particulares del caso. Con información de Diario Judicial

La crisis económica y los desequilibrios de costos volvieron a encender las alarmas en el sector agropecuario de Entre Ríos. Productores arroceros de San Salvador, considerada la "Capital Nacional del Arroz", alertaron sobre el durísimo panorama que atraviesa la actividad, signado por precios internacionales deprimidos, insumos inaccesibles y una falta total de financiamiento que amenaza con provocar una caída de entre 15.000 y 20.000 hectáreas en la superficie destinada al cultivo para la próxima campaña.

Luciano Challio, titular de la Filial San Salvador de la Federación Agraria Argentina (FAA), reflejó la preocupante reconversión forzosa del sector en la zona: “Llegamos a ser más de 700 productores en la región, trabajando tanto en chacras como en superficies más extensas. Hoy no llegamos a 140 los que seguimos produciendo”. Según explicaron desde la entidad, reina una profunda incertidumbre justo en la época en la que debe comenzar la preparación de la tierra para el nuevo ciclo productivo.

El gran desajuste en los números responde a un combo letal de costos al alza y desplome de los precios de venta. El riego artificial, clave para el cultivo, demanda unos 100 días continuos de bombeo mediante pozos profundos, lo que eleva de forma exponencial el consumo energético. A esto se sumó el impacto del combustible: una hectárea de arroz requiere entre 400 y 600 litros de gasoil. El combustible, que históricamente representaba el 32% del costo operativo, pasó a significar el 54%. En poco tiempo, el litro de gasoil saltó de 1.600 pesos a 2.400 pesos al momento de la zafra.

La distorsión de precios internacionales terminó de golpear al sector. Mientras que la campaña 2023/24 registró picos históricos de entre 400 y 420 dólares por tonelada, el valor actual ronda apenas los 220 dólares. Esta situación afectó principalmente a los pequeños y medianos productores, quienes se vieron obligados a vender su producción de forma inmediata para cubrir deudas, sin posibilidad de retener el grano para esperar la reciente y leve mejora del mercado. Ante la falta de herramientas financieras, los productores quedan sujetos a los valores que fija la industria y a un mercado exportador que estuvo prácticamente paralizado hasta el mes de junio. Desde la FAA remarcaron que el auxilio con líneas de crédito blandas del Banco Nación es vital para evitar que los suelos vertisoles de la provincia, ideales para este grano, dejen de producir el alimento.

En su última sesión ordinaria, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) sancionó un paquete de modificaciones estructurales al Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El proyecto, diseñado y remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, busca revertir lo que las autoridades calificaron como un "estancamiento inmobiliario" crónico en la ciudad. La nueva normativa introduce herramientas técnicas sustanciales orientadas a densificar las zonas consolidadas y optimizar la infraestructura de servicios básicos ya existente, los cuales venían siendo subutilizados debido a las fuertes restricciones normativas previas.

La reforma se fundamenta en un diagnóstico técnico de la planta urbana actual que expuso una clara paradoja: el área céntrica de Gualeguaychú, a pesar de contar con la mayor cobertura y equipamiento de servicios esenciales, registraba una densidad poblacional en franco retroceso. Para revertir esta tendencia, el texto final de la ordenanza integró las demandas históricas de los Colegios de Profesionales locales, nucleados en mesas de trabajo conjuntas que agruparon a los sectores de la construcción, la agrimensura, el desarrollo de loteos y la comercialización de bienes raíces.

Para complementar esta verticalización, se crearon incentivos urbanos específicos para los proyectos de usos mixtos. La normativa busca dinamizar la vida urbana promoviendo que los nuevos edificios integren locales comerciales o de servicios en sus plantas bajas, reservando los pisos superiores exclusivamente para unidades funcionales de vivienda.

Con el objetivo de abaratar los costos de acceso al lote propio, la ordenanza también readecuó las dimensiones mínimas exigidas para las nuevas parcelas y habilitó un sistema de loteos por etapas. Bajo esta modalidad, los desarrolladores privados quedarán autorizados a iniciar la preventa y comercialización de los terrenos dentro de plazos determinados, incluso antes de haber completado la totalidad de las obras de infraestructura básica exigidas para el área.

El sector de la construcción celebra estas medidas como un salvavidas para una actividad paralizada. El delicado equilibrio entre incentivar el negocio privado y proteger el patrimonio común de la comunidad será, sin dudas, el verdadero examen para este nuevo ordenamiento territorial.

Entre Ríos puso en marcha su temporada de turismo invernal con una ventana de movimiento que se prevé sostenida durante casi todo el mes de julio, gracias al descalce de los calendarios escolares del país y al feriado largo de la Independencia.

Bajo el lema "Acá jugamos de local", el Ente Mixto de Turismo apunta a captar el flujo de los propios entrerrianos y de visitantes clave provenientes de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. La oferta provincial se encuentra plenamente habilitada y descansa fundamentalmente en su consolidada red de complejos termales, con los corredores del río Uruguay y del Paraná listos para mitigar el frío.

Sin embargo, el sector también exhibe deudas pendientes y proyectos truncos. El caso más emblemático es el Hotel Casino de Federación: una ambiciosa estructura de cuatro estrellas que quedó paralizada con apenas el 30% de su ejecución edilicia y hoy busca desesperadamente inversores privados para su finalización. A esto se suman los reclamos por el estado general de la Autovía 14 —eje de conectividad del corredor—, la falta de obras nuevas por parte de Vialidad Nacional y quejas puntuales de los usuarios por deficiencias de mantenimiento en las piletas del complejo federatense.

Esta realidad tarifaria genera una paradoja frente a la vecina orilla de la República Oriental del Uruguay. Al tipo de cambio actual, cruzar el puente internacional para pasar el día en complejos municipales como las Termas del Daymán en Salto resulta hasta tres veces más barato que abonar los accesos en los complejos argentinos de Federación o Villa Elisa. Si bien Entre Ríos recupera amplia competitividad en los rubros de hotelería y gastronomía —siendo considerablemente más económica para comer que Uruguay—, la notable brecha en los ingresos termales pondrá a prueba la fidelidad del turista en unas vacaciones donde cada peso cuenta.

El consumo de carne vacuna por habitante en la Argentina tocó su nivel más bajo en por lo menos las últimas dos décadas. De acuerdo con los datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el promedio de los últimos doce meses marcó una caída interanual del 6,1%, ubicándose en apenas 47,5 kilos anuales por persona.

El deterioro responde principalmente a factores vinculados de manera directa con la contracción de la demanda interna y el atraso de los salarios. Desde los organismos técnicos atribuyeron esta drástica baja a la pérdida del poder de compra que experimentaron las familias argentinas, producto de la sostenida suba del precio relativo de la carne vacuna frente a los ingresos fijos, una tendencia que se consolidó en las últimas cuatro semanas con un nuevo incremento del 3,5% según mediciones privadas.

En forma simultánea al desplome del consumo local, las importaciones de carne alcanzaron un techo histórico. Durante el último mes ingresaron al país casi 5.600 toneladas de carne porcina, cerca de 4.700 toneladas de carne aviar y más de 3.400 toneladas de carne vacuna. Según los registros oficiales del Indec, el 95,6% del volumen total importado provino de Brasil, un mercado caracterizado por una calidad sensiblemente menor a la de la producción ganadera tradicional de la Argentina.

Los analistas económicos advierten que la combinación de ambos fenómenos refleja una dinámica alarmante: la carne vacuna argentina de mayor calidad se orienta casi con exclusividad a la exportación, lo que presiona sobre los precios de las góndolas locales. Lejos de abaratar los costos en el mostrador, la apertura de importaciones expone un empeoramiento en la dieta de los hogares argentinos, donde este alimento central continúa perdiendo terreno frente a otras opciones.

El 21 de junio fue la hora de Colombia. En una elección de vértigo, Abelardo de la Espriella —autodenominado “el tigre”, admirador de Milei, sin experiencia política y sin un partido estructurado— se impuso a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien podría haber tenido un mejor desempeño si el presidente Gustavo Petro no hubiera insistido en convertir el comicio en un plebiscito sobre su propia figura. En cualquier caso, el resultado fue estrecho y dejó un país dividido territorialmente, pero sobre todo en términos afectivos. Las consecuencias de este escenario son múltiples y no se limitan a Colombia. Un patrón similar pudo observarse en Perú poco antes.

La polarización afectiva y el creciente malestar con la política están cambiando de forma silenciosa pero profunda quién entra, quién se queda y quién se va de la política profesional. No es solo una cuestión de estilos o de discursos duros, de agresiones, ofensas y mentiras (lo que ya es mucho decir). También está en juego algo menos visible: la composición misma de quienes deciden hacer de la política una carrera. En este nuevo contexto, la política deja de ser un espacio más o menos regulado y previsible para convertirse en un entorno incierto, de alta exposición, baja protección institucional y costos personales crecientes. El resultado es una selección adversa: tienden a quedarse o a entrar quienes toleran mejor el conflicto, la exposición permanente y la personalización extrema, mientras que otros perfiles se autoexcluyen o abandonan.

Este cambio se entiende mejor si se observa el ecosistema en el que hoy se hace política profesional. La comunicación política se ha desplazado hacia una economía de la atención donde lo que cuenta no es tanto la complejidad de las ideas como su capacidad de generar impacto inmediato. Las redes sociales, la fragmentación mediática y la lógica de la viralidad han intensificado la personalización y han debilitado a los partidos como intermediarios. Competir políticamente implica competir por visibilidad constante, muchas veces a costa de las mínimas reglas de la educación y la convivencia. La polarización afectiva actúa como un amplificador: si el que modera no llama la atención, la confrontación se vuelve rentable.

A esto se suma la transformación de los sistemas de partidos, que han perdido capacidad de filtro y de protección. Allí donde antes los partidos ordenaban carreras, seleccionaban perfiles y amortiguaban los costos de la exposición pública, hoy predominan estructuras más débiles, más volátiles o directamente personalistas (como ocurrió con de la Espriella en Colombia y antes con Milei en Argentina, que se lanzaron a la política sin partidos). Esto abre la puerta a outsiders y liderazgos no convencionales que tienden a ser hiperpersonalistas y toman sus decisiones solos.

Si el prestigio de hacer política es bajo, la hostilidad alta y la frontera entre lo público y lo privado cada vez más difusa, ¿quién querrá involucrarse? No sorprende que muchos perfiles potenciales decidan no entrar o salir antes de consolidarse. La política se convierte en un filtro duro que no solo selecciona capacidades, sino también disposiciones psicológicas y emocionales específicas.

El caso francés ilustra bien la combinación de fenómenos descritos en el artículo. En las elecciones locales de marzo de 2026, más de dos tercios de los municipios presentaron una única lista de candidatos, y en decenas de ellos no hubo ni siquiera postulaciones. Las dimisiones de alcaldes y autoridades locales, muchas de ellas asociadas a episodios de violencia simbólica, acoso digital y desgaste personal, refuerzan esta tendencia. Mientras tanto, en las grandes ciudades como París, Marsella o Lyon, donde la competencia es más intensa y mediatizada, se observa el efecto inverso: mayor polarización y una creciente presencia de perfiles más confrontativos y visibles. Francia muestra así, en distintos niveles territoriales, la lógica de selección adversa que describimos aquí: la política se vacía en algunos espacios y se radicaliza en otros, configurando un entorno que favorece la entrada o permanencia de perfiles con mayor tolerancia al conflicto y menor aversión a la exposición, a costa de una creciente erosión de la diversidad representativa.

A esta dinámica se suma una consecuencia menos visible pero igualmente relevante: quienes permanecen en la política tienden a desarrollar lo que aquí propongo llamar hubrispia, una combinación de arrogancia y miopía. Arrogancia, porque la exposición constante, la lógica del liderazgo personalizado y la validación selectiva de los entornos políticos alimentan una sobreconfianza en las propias capacidades y diagnósticos. Y miopía, porque el ritmo acelerado de la competencia política, la presión comunicacional permanente y la lógica del corto plazo reducen la capacidad de percibir efectos no inmediatos, costos difusos o señales de desgaste institucional.

¿Será la inexplicable permanencia de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete uno de sus efectos más visibles en Argentina? La continuidad de Adorni, pese a semanas de exposición pública por inconsistencias patrimoniales, dejó expuestas contradicciones e inconsistencias que ponen en cuestión la veracidad de sus dichos y erosionan su credibilidad política. Pese al rechazo generalizado, el Presidente lo sigue sosteniendo.

La hubrispia no es un rasgo individual aislado, sino un efecto sistémico. Surge cuando la política deja de ofrecer mecanismos de corrección, reflexión y desaceleración propios de la deliberación democrática. Cuando la política deja de corregir a quienes la ejercen, empieza a deformarlos.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) anunció una actualización en el sistema de reintegros para prestaciones de salud mental, elevando de 8.000 a 20.000 pesos el monto que reconoce por cada sesión de psicología realizada por sus afiliados.

La medida fue aprobada por el Directorio de la entidad y responde al aumento sostenido de la demanda de atención en salud mental registrado en los últimos años. Con esta modificación, la obra social busca mejorar el acceso a los tratamientos y acompañar a los afiliados frente al incremento de los costos de las prestaciones.

Según se informó, el nuevo esquema contempla el reintegro de hasta dos sesiones mensuales por afiliado, con un reconocimiento de 20.000 pesos por cada consulta. De esta manera, la cobertura alcanza aproximadamente el 54% del valor de referencia fijado actualmente por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, que estableció un arancel de 37.000 pesos por sesión.

La iniciativa fue impulsada por la Vocalía por los Trabajadores Docentes y recibió el acompañamiento de la totalidad de los integrantes del Directorio de la obra social.

Desde la entidad señalaron que la actualización tiene como objetivo reducir el impacto económico que enfrentan los afiliados que requieren atención psicológica, además de favorecer la continuidad de los tratamientos y fortalecer las políticas de prevención y cuidado integral de la salud.

“La salud mental es una dimensión central del cuidado de nuestros afiliados. Esta actualización representa un paso importante para mejorar la accesibilidad, acompañar los tratamientos y seguir construyendo una obra social más simple, más cercana y más sensible a las necesidades reales de sus afiliados”, expresó.

Por su parte, el vocal Eduardo Weiss sostuvo que la decisión surge de planteos recurrentes realizados por trabajadores docentes y afiliados de distintos puntos de la provincia.

Según indicó, la propuesta fue elaborada a partir de las inquietudes recogidas en reuniones con seccionales y durante recorridas realizadas por los diferentes departamentos entrerrianos.

“Esta iniciativa surge de una demanda constante y muy sentida por los trabajadores docentes y por los afiliados en general. Es resultado del trabajo cotidiano junto a las seccionales, del diálogo en cada recorrida por los departamentos y de la escucha activa en el territorio”, señaló Weiss.

La actualización del reintegro se suma a otras medidas orientadas a fortalecer la cobertura de prestaciones vinculadas a la salud mental, un área que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido al aumento de consultas y tratamientos relacionados con el bienestar emocional y psicológico.

Fuente: APFDigital

La producción de cítricos dulces en Entre Ríos atraviesa uno de sus momentos más críticos. Con ventas prácticamente paralizadas y valores que no alcanzan a cubrir los costos mínimos, los productores advierten sobre el riesgo de perder la cosecha y comprometer la continuidad de la actividad en 2027.

La presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, Melania Zorzi, describió la situación en declaraciones periodísticas: “Aquí en Entre Ríos somos productores de mandarinas y naranjas. Un 60% de naranjas y un 40% de mandarinas. Hay variedades que se les pasó el momento de cosecha y lo más triste es que a esa fruta hay que tirarla abajo. Si la planta sigue cargada no se recupera para la próxima primavera”.

El sector venía registrando una merma paulatina tras el repunte de demanda durante la pandemia, pero la velocidad de la caída actual sorprendió a toda la cadena productiva. “La crisis no es de este año. Nadie esperaba que llegáramos a estos límites. Lo que se está viendo es un freno total del consumo”, agregó Zorzi.

La parálisis comercial repercute directamente en los precios: lo que se ofrece hoy equivale al 50% del costo de producción. “Tal vez peor, hoy diría que estamos sin precio. Estamos en el pico de la recesión”, señaló la dirigente.

La imposibilidad de vender la fruta descapitaliza a los productores y afecta el empleo rural. Zorzi expresó su preocupación por los cosecheros y trabajadores fijos: “La gente está buscando otros trabajos. Creemos que será un año donde el manejo cultural del cultivo se verá afectado: fertilizar, podar, curar… se van a desatender las labores”.

La alternativa de exportar resulta limitada para la mayoría de los citricultores locales. “En nuestra zona la posibilidad de exportación siempre fue baja. Había expectativas de enviar a Estados Unidos pero hasta ahora no ocurrió. La industria juguera fue una salida hace dos años, pero el precio internacional del jugo cayó y hoy toda la cadena está complicada”, explicó.

El impacto es más fuerte en el departamento Federación, donde se concentra la mayor cantidad de quintas. Allí, además, los productores ya venían golpeados por granizo y heladas. “Esta situación actual es como la gota que derrama el vaso”, resumió Zorzi.

Finalmente, la representante del sector trazó un paralelismo con otras economías regionales en crisis: “Con los yerbateros también tenemos contacto y sabemos que la situación es muy complicada. Vemos que tienen una problemática muy parecida a la nuestra”.

La citricultura entrerriana, que supo ser motor económico del noreste provincial, enfrenta hoy un escenario de incertidumbre que amenaza con dejar fruta en las plantas y comprometer el futuro de miles de familias vinculadas a la actividad.

Fuente: Diario El Territorio de Misiones

El mercado inmobiliario de Gualeguaychú atraviesa un momento de fuerte dinamismo, con un aumento visible en la cantidad de casas en venta. Los portales especializados muestran un panorama que sorprende, con datos que varían día a día: en lo que va del año, plataformas como Properati y Zonaprop registran entre 245 y 436 propiedades disponibles en la ciudad, un número que refleja un incremento respecto a años anteriores y que marca una tendencia sostenida.

La oferta es variada y abarca desde viviendas pequeñas y económicas hasta casas de lujo que superan los USD 2.300.000. Entre ambos extremos aparecen las propiedades familiares estándar y las opciones premium. Este abanico de valores muestra la amplitud del mercado y la diversidad de perfiles de propietarios que hoy deciden vender.

El fenómeno del incremento en la cantidad de casas en venta despierta interrogantes sobre sus causas y consecuencias. La referente inmobiliaria Liliana Schultis analizó esta situación y aportó su mirada sobre un escenario que, según ella, combina factores económicos, sociales y culturales.

Para Schultis, el crecimiento de la oferta de viviendas responde a una serie de elementos que se fueron acumulando en los últimos años. “Creo que la situación económica hace a que aquellos propietarios que tienen varias propiedades decidan deshacerse de algunas como para solventar otros gastos”, comentó Schultis. Además, “se han activado varios sucesorios en los últimos tres años”, explicó, sobre este ingreso adicional de propiedades al mercado.

Las familias también enfrentan dificultades para sostener los costos de mantenimiento de sus viviendas. “Una de las razones es la mantención de las viviendas, eso conlleva a impuestos provinciales, municipales y mantención en sí de la propiedad”, señaló la netrevistada. En su visión, los gastos fijos se convierten en un peso que lleva a muchos a optar por vender, especialmente cuando se trata de casas grandes o con servicios costosos.

Respecto a la distribución geográfica de la oferta, Schultis fue clara: “Gualeguaychú hoy tiene propiedades a la venta en todos los puntos”. El fenómeno no se concentra en un barrio específico, sino que se extiende por toda la ciudad, desde el centro hasta las zonas residenciales más alejadas.

En cuanto a los valores, Schultis prefirió hablar de una reacomodación: “Hay una aceptación a la reacomodación de valores, ya que muchas casas estaban sobrevaluadas y por eso no se podían vender”, explicó. El sinceramiento de precios se convirtió en una condición necesaria para que las operaciones puedan concretarse, ya que los compradores se muestran cada vez más cautelosos y exigentes.

El mercado de alquileres también presenta cambios. “Hay en alquileres casas más amplias que hace un tiempo, pero no está habiendo una rotación tan fluida como hace dos años atrás”, comentó Schultis, y dijo que los inquilinos tienden a permanecer en las viviendas que ya ocupan, evitando los gastos adicionales que implica mudarse a una nueva propiedad.

De cara al futuro, la entrevistada se mostró cauta, pero expectante. “Tenemos una gran expectativa que a un futuro no muy lejano esto se encamine”, expresó. En su opinión, el mercado inmobiliario de Gualeguaychú conserva un atractivo que, más allá de las dificultades coyunturales, seguirá generando demanda. La calidad de vida, los servicios y el entorno natural siguen siendo factores que sostienen el interés de quienes buscan radicarse en la ciudad.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que el índice del costo de la construcción (ICC) correspondiente al Gran Buenos Aires registró en abril una suba del 3,1% respecto a marzo. Con este resultado, el acumulado interanual alcanzó el 30,2%.

El informe detalla que el capítulo mano de obra reflejó el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), homologado el 7 de abril de 2026. El incremento impactó también en el capítulo “Gastos generales”, ya que incluye el ítem “Sereno”, enmarcado dentro de la resolución. En abril, la mano de obra registró una suba del 3,1% mensual, producto de un aumento del 2,6% en “Mano de obra asalariada” y del 6,0% en “Subcontratos de mano de obra”.

En cuanto a gastos generales, el informe incorpora los nuevos valores tarifarios aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para Edenor y Edesur, además de actualizaciones en los consumos y conexiones de agua y cloaca autorizadas por la Secretaría de Obras Públicas, y ajustes en los valores de conexión de gas dispuestos por Enargas.

Respecto a los materiales, se seleccionaron insumos por su incidencia en el costo total de la obra, manteniendo una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem. El cálculo supone que tareas como albañilería y hormigón armado son ejecutadas por empresas constructoras con personal propio, mientras que se subcontratan trabajos de yesería, pintura e instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.

El análisis por ítem de obra muestra que los mayores aumentos se dieron en:

Con este resultado, el sector de la construcción continúa mostrando incrementos en sus costos, en línea con la evolución de precios mayoristas, que en abril registraron una suba del 5,2% y acumularon un 30,8% en los últimos doce meses.

A partir de esa evolución, Entre Ríos recuperó participación en el mercado nacional. Desde ATER remarcaron que la baja impositiva mejoró las condiciones de actividad y favoreció la inscripción de vehículos en Entre Ríos. La mayor radicación de unidades, además, fortalece la base tributaria del Impuesto Automotor hacia los próximos años.

Los datos se conocieron en el encuentro de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, Convenciones Regionales 2026, realizado días atrás en Rosario, y en el que participó la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, valoró la articulación con el sector privado y presentó los avances de la provincia en materia de alivio fiscal, simplificación tributaria y formalización del sector automotor. La evolución de los patentamientos fue uno de los datos incorporados al análisis sectorial.

Durante la actividad, se destacó que Entre Ríos superó en 2025 los 14.000 patentamientos de vehículos cero kilómetro, alcanzando su mayor registro desde 2018. Ese desempeño se dio en un contexto de medidas orientadas a reducir costos de inscripción y favorecer la radicación de vehículos en la provincia, entre ellas la reducción del Impuesto de Sellos. A partir de esa evolución, Entre Ríos recuperó participación en el mercado nacional.

"El camino no es aumentar impuestos. Es recaudar mejor, ampliar la base tributaria, facilitar el cumplimiento y controlar la informalidad", sostuvo Korell. El funcionario señaló que el objetivo de la provincia es construir un sistema tributario más simple, justo y eficiente. En esa línea, remarcó la importancia de aliviar la carga donde sea posible, promover el cumplimiento voluntario y fortalecer los controles sobre las situaciones de informalidad.

Korell integró el panel "Escenario 2026: el impacto en el ambiente de negocios", junto al presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, Sebastián Beato; el presidente de la Regional Entre Ríos de la Asociación, Facundo Valvo; el presidente de la Regional Santa Fe de la Asociación, Jorge Pesado Castro;el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez; y el politólogo y economista Gustavo Marangoni.

Fuente: APFDigital

El arroz, uno de los pilares de la economía regional entrerriana, atraviesa un momento delicado. La Filial San Salvador de Federación Agraria Argentina expresó su preocupación por la “extrema vulnerabilidad” que afecta a los productores, quienes enfrentan una combinación de factores que los deja sin margen de rentabilidad.

La entidad describió un marcado “efecto pinza” que compromete la sostenibilidad de las explotaciones:

En el plano provincial, se concretaron reuniones con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, para coordinar una agenda de trabajo que priorice el sostenimiento de la cuenca arrocera, considerada un pilar clave de la economía regional.

La Filial reafirmó su compromiso con la defensa de los pequeños y medianos productores y adelantó que continuará trabajando para que se reconozca el valor estratégico del arroz dentro de la matriz productiva nacional.

Fuente: APFDigital