Afrontar los desafíos del mercado, consolidar un proyecto propio y lograr la independencia financiera siguen siendo objetivos centrales para miles de mujeres que emprenden en la provincia.

Con el propósito de brindar herramientas concretas frente a estas barreras, la ciudad de Concordia fue sede de una jornada de trabajo orientada a impulsar el desarrollo productivo y el acceso a financiamiento directo para proyectos liderados por mujeres.

Durante la actividad se concretó la entrega de aportes crediticios y certificados de asistencia a emprendedoras y empresarias locales que forman parte del Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres. La iniciativa busca romper con las dificultades habituales de acceso al crédito bancario tradicional, ofreciendo tasas accesibles, capacitaciones en gestión de negocios y espacios de formación enfocados en la soberanía financiera.

El gobernador Rogelio Frigerio participó del encuentro junto a autoridades locales y representantes del Consejo Federal de Inversiones, ocasión en la que remarcó la importancia de convertir las ideas en emprendimientos sostenibles.

En ese marco, se destacó que la provincia ya registra más de 50 proyectos gestionados a través de esta línea específica para mujeres, representando una inversión que supera los 5.000 millones de pesos destinados a fortalecer el tejido PyME femenino.

El programa busca que cada emprendimiento no solo sirva como sostén económico familiar, sino que se transforme en un motor de generación de empleo y desarrollo regional. A través de capacitaciones continuas en administración, comercialización y acceso a herramientas financieras, la propuesta apunta a consolidar el rol de las mujeres como protagonistas del esquema productivo entrerriano.

El deterioro del crédito corporativo se consolidó como una de las principales señales de alerta dentro del mapa económico nacional.

Según reveló un informe de la consultora Fidelitas, durante el mes de septiembre unas 1.937 nuevas empresas ingresaron en situación de mora dentro del sistema bancario, lo que representó un incremento del 3,5 por ciento respecto a los registros del mes anterior y evidenció las crecientes dificultades que afronta el sector privado.

La tendencia cobra mayor gravedad al evaluar la evolución de mediano plazo del entramado productivo. En la actualidad, la cantidad total de firmas que presentan una situación irregular con sus obligaciones financieras escaló a 58.982 entidades, cifra que implica un preocupante salto interanual del 53 por ciento.

Esta acumulación de morosidad e insolvencia impactó de forma directa en los índices de riesgo privado, manteniendo la calificación general de la actividad dentro de la categoría de riesgo elevado.

Especialistas del sector explicaron que el panorama actual expone un escenario de marcada heterogeneidad, donde leves alivios financieros en rubros vinculados al comercio exterior o la minería conviven con la persistente debilidad del consumo interno, la industria manufacturera y la construcción.

Si bien las tasas de interés reales positivas cumplen un rol clave para la estabilidad monetaria y la contención cambiaria, su permanencia en niveles elevados encarece de forma considerable el acceso al financiamiento, restringe la inversión productiva y posterga la reactivación general.

La presión sobre los ingresos de los hogares se refleja en la capacidad de las familias para afrontar sus obligaciones. En este sentido, el 54% de los argentinos asegura haberse atrasado o haber dejado de pagar algún compromiso por motivos económicos durante los últimos meses.

Así surge de un informe de la Fundación Pensar junto con la consultora Casa Tres dado a conocer este martes. Dicho atraso se da en un contexto en el que casi seis de cada diez argentinos tomaron un préstamo, utilizaron crédito o financiaron gastos recientemente, una proporción que aumenta entre las mujeres y los sectores de menores ingresos.

Pero el financiamiento no está siendo utilizado solamente para compras de bienes durables o consumos que pueden postergarse. Entre quienes recurrieron al crédito, el 26% lo destinó principalmente a comprar alimentos, el 21% a cubrir gastos cotidianos del hogar, el 15% a pagar servicios, impuestos u otras obligaciones y el 14% a cancelar deudas anteriores.

El informe, publicado por Infobae, resume el fenómeno como una transformación en el uso del financiamiento: el crédito deja de ser únicamente una herramienta para comprar en cuotas y, para una parte de los hogares, se convierte en un mecanismo para llegar a fin de mes.

La provincia de Entre Ríos sostiene la ejecución de una cartera de proyectos que alcanza los 492,5 millones de dólares, gestionados mediante operaciones de crédito con entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Los fondos, administrados por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, están orientados a intervenir en infraestructura vial, saneamiento ambiental, conectividad física y fortalecimiento productivo.

Adicionalmente, el Fondo Multisectorial otorgó Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos privados de los sectores turístico e industrial en Concordia, Colón y Federación, incluyendo una línea destinada a la adopción de energías renovables.

En el área de saneamiento ambiental, el Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay contempla una inversión del BID de 80 millones de dólares para la optimización de la planta depuradora de efluentes en Gualeguaychú, la reestructuración del sistema cloacal en Concepción del Uruguay y la edificación de una planta de tratamiento de aguas residuales en Colón.

Respecto de la red vial y la logística productiva, mediante el programa Caminos para el Desarrollo Productivo (CAF, 40 millones de dólares) avanza la reconstrucción de 64,7 kilómetros del tramo Viale-Arroyo El Durazno. Por su parte, el Programa de Infraestructura Vial Sostenible representa el mayor volumen prestable con 280 millones de dólares aportados por el BID; su trazado contempla la intervención en las rutas provinciales 1 y 2, la construcción de la Circunvalación de Nogoyá, la reconstrucción del puente sobre el arroyo Sauce y la readecuación del Canal Mihura en Gualeguay.

Finalmente, el programa Condver, respaldado por el BCIE con 27,5 millones de dólares, abarca trabajos sobre la ruta provincial A08 en Islas del Ibicuy y la construcción de nuevos puentes sobre el arroyo Desmochado (departamento Tala) y el arroyo El Sauce (departamento Gualeguaychú). Complementariamente, el programa PROSAF (FIDA, 15 millones de dólares) destina recursos a infraestructura vial y equipamiento técnico para el sector apícola provincial.

A dos meses del último incremento, Autovía del Mercosur anunció que este sábado comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario en todas sus categorías en los peajes de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas.

De acuerdo a lo informado, desde las 00 los montos a pagar serán los siguientes para los que abonen con el sistema Telepase:

(Fuente: APFDigital)

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas para impulsar el crédito hipotecario en la Argentina. El mecanismo consiste en licitar dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a plazo fijo entre bancos, para generar fondos prestables que permitan ampliar el sector.

Los anuncios se realizaron este miércoles a las 10 de la mañana durante la conferencia de prensa en el quinto piso del Palacio de Hacienda. El ministro estuvo acompañado por el director general del FGS, Juan Cruz Micele; el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning; el director del BCRA, Martín Vauthier; y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núnez.

La iniciativa presentada consiste en un programa de licitación de plazos fijos con el objetivo de reactivar el crédito hipotecario en Argentina. El esquema consiste en la colocación de depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un spread, destinados a generar fondos que amplíen la capacidad de los bancos para otorgar créditos hipotecarios a personas para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

Fondeo para bancos

El monto total del programa asciende a $2 billones, que se irán adjudicando a través de licitaciones por $200.000 millones cada una. Los plazos y tasas mínimas contemplan dos tramos: uno a un año, con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%. Cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total por licitación y contará con 90 días corridos para aplicar los fondos desde la constitución del depósito.

En cuanto a los créditos hipotecarios que se otorgarán con estos fondos, la tasa máxima permitida será de UVA + 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada crédito. La primera licitación se llevará a cabo la semana que viene con un monto inicial de $200.000 millones para evaluar cuál es la reacción de los bancos respecto a la iniciativa.

La necesidad de reactivar la construcción fue uno de los puntos que marcó la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante su visita al país. Y también era un pedido del sector al Gobierno a quienes se le acercó diferentes propuestas que contemplaban el FGS, pero para compra de hipotecas directo.

“El stock de créditos hipotecarios en Argentina apenas representa dos puntos de producto. Para darles una idea, en Chile representa aproximadamente el 27%. En países más desarrollados como Estados Unidos, llegó a representar el 75%. Entonces, hay un margen de crecimiento realmente muy, muy grande”, sostuvo Caputo en la conferencia de prensa.

Lo que es consecuencia, en la visión de Caputo, de las dificultades históricas para el desarrollo del crédito hipotecario en el país. “Todos los que somos un poco más grandes hemos visto desde un plan Bonex hasta corralito, hasta expropiaciones, defaults y todo. Todo eso siempre generó, gatilló una crisis en el corto plazo, pero además generó un efecto muy negativo en el mediano y largo plazo, que es que la gente desconfíe de nuestras instituciones, desconfíe de nuestra moneda, desconfíe de nuestros políticos. Entonces, nunca se llegó a generar en Argentina un desarrollo de ahorro de largo plazo ni de mercado de capitales”, sostuvo.

Según Caputo, cuando el presidente Javier Milei llegó al Gobierno en diciembre de 2023 había aproximadamente $7.500 millones en créditos hipotecarios en pesos y hoy estamos $16.800 millones, lo que ajustado en términos de UVA da un crecimiento de 57 por ciento.

Ahora, a través de los $2 billones del FGS, Caputo busca llevar a cabo licitaciones transparentes con los bancos para extender los plazos de estos plazos fijos entre un año y cinco años y que esto le va a permitir a los bancos poder acelerar mucho más fuertemente el nivel de créditos hipotecarios. El programa busca, así, atacar el principal obstáculo que enfrentan los bancos: el descalce de plazos entre la duración de sus depósitos y la de los créditos hipotecarios, facilitando el fondeo de largo plazo y promoviendo un mercado inmobiliario más dinámico.

Canal 9 Litoral recorrió locales del barrio San Agustín, uno de los más populares de Paraná. Allí los comerciantes contaron cómo viven el presente, entre la falta de ventas y la poca capacidad de compra por parte de los clientes, que recurren al endeudamiento con tarjetas para poder comer.

“Es poco lo que se vende, es mucho lo que bajó. Siempre esperamos que el mes arranque, pero no arranca nunca”, indicó una comerciante. Y agregó: “En un finde veníamos siete cajones de pollo, en este salieron dos”. Dijo además que muchos compran con tarjeta de crédito y otros con libreta: “Hay veces que se van, se retiran y me pagan cuando pueden”.

El dueño de una verdulería, por su lado, apuntó: “La gente se queja mucho, algunos compran por kilo y otros por unidad. Hay gente que compra papa con tarjeta de crédito”.

“La gente busca ofertas de pollo y cerdo. Pero además hay clientes que quieren comprar 30 mil pesos en cuotas. Y como son conocidos, hasta en seis cuotas podemos”, resaltó a su turno, el titular de una carnicería.

El sector de la construcción atraviesa uno de los ciclos más complejos de las últimas décadas en la economía argentina, caracterizado por una profunda contracción en los niveles de actividad y en los indicadores de empleo registrado.

De acuerdo con los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y relevamientos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), desde noviembre de 2023 la industria perdió entre 62.300 y 65.000 puestos asalariados formales. Este número representa una caída de entre el 14% y el 15% de su masa laboral directa, explicando por sí solo casi un tercio de la destrucción total del empleo privado registrado en todo el país durante dicho período.

La parálisis de la obra pública financiada por la Nación, sumada al encarecimiento del financiamiento y a la postergación de desarrollos inmobiliarios privados, consolidó a la construcción como la actividad con mayor deterioro relativo dentro de la estructura económica. A diferencia de rubros extractivos o primarios que mostraron repuntes parciales durante los últimos dos años —tales como la minería, el petróleo y el complejo agropecuario—, los indicadores del INDEC marcan que el sector aún no logra consolidar un piso firme.

En ese contexto, la cadena de valor de la edificación apuesta sus expectativas de recuperación a mediano plazo a un esquema basado en tres variables principales: las concesiones viales, la reaparición del crédito hipotecario y las grandes inversiones en infraestructura vinculadas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Dentro del escenario proyectado por el equipo económico nacional, una de las principales herramientas para reactivar la mano de obra intensiva radica en los nuevos procesos licitatorios para la red de Concesiones Viales. Si bien los trámites administrativos han registrado avances normativos, el sector empresarial señala que estos proyectos aún no han comenzado a volcarse de manera masiva en el territorio, por lo que su impacto real sobre la demanda de insumos clave como el cemento, el acero y la contratación de personal especializado demandará mayor tiempo de maduración.

Finalmente, las perspectivas a mediano plazo se apoyan en las obras de infraestructura logística que requerirá el desarrollo energético de Vaca Muerta, la minería y los proyectos aprobados mediante el marco normativo del RIGI. Aunque por el momento estas iniciativas se encuentran mayoritariamente en fases de anuncio y planificación técnica, la proyección de trazados ferroviarios, gasoductos, rutas y tendidos eléctricos aparece como la principal vía de tracción para la ingeniería civil en los próximos años, en un proceso de recuperación que la industria anticipa paulatino y gradual.

El Día del Niño en la Argentina, que se celebrará el próximo domingo 16 de agosto, reactiva la expectativa comercial y el debate sobre la coyuntura productiva. La celebración, acompañada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) desde sus orígenes en 1945 y respaldada por la Convención sobre los Derechos del Niño, encuentra al sector dividido entre las particularidades del comercio local y una compleja realidad industrial a nivel nacional.

En Gualeguaychú, Hernán, desde la Juguetería Suipacha, señaló que el movimiento viene pausado. “Está quieta la cosa, quieta, quieta. Los precios no se han modificado, están más o menos igual que el año pasado. Tenemos juguetes desde 10.000 para arriba”, contó.

Respecto a la oferta y los medios de pago, explicó: “En nuestro caso, hay un equilibrio entre lo nacional y lo importado. Lo que sea a pila viene de afuera; los juegos de mesa son nacionales. La gente accede a la compra a través de promociones y tarjeta de crédito. Expectativa hay, ya que siempre es la última semana y el último día cuando se genera mucha venta”.

Por su parte, Carmen, dueña de Juguetería Miguelito, coincidió en la estabilidad de valores: “Tenemos una historia de 57 años en el Día del Niño. Los precios están más o menos igual respecto al año pasado, y a veces algunas cosas hasta menos. En nuestro caso, el 90% de la oferta es importada. En nacional tenemos la línea Duravid que se vende mucho. En cuanto a precios, para mí es más barato el importado, aunque hay económico que son imitaciones y originales que son mucho más caros. Compramos lo justo y a medida que pasan los días vamos viendo. Lo más importante es tener variedad. En cuanto a la forma de pago recibimos tarjeta, transferencia y efectivo”.

“Nuestros productos son realizados totalmente artesanalmente, no utilizamos material reciclado sino madera que compramos e intervenimos manualmente. Desde el año pasado, el valor de los materiales y las herramientas (lijas, mechas, cola, acrílicos) aumentó entre un 60 y 70%, cosa que no podemos dejar de recargarlo en el producto terminado”, expusieron.

Sobre el nivel de actividad y los canales de comercialización, detallaron: “La venta ha bajado entre un 70 y 80%, eso hace que no estemos produciendo juguetes con la asiduidad que lo hacíamos. Estamos vendiendo en el Paseo Alem, en feria y en algún evento de la microrregión. Nuestras ventas son al contado, ya que no podemos darnos el lujo de dar en cuotas, y las expectativas realmente bajas porque la gente no tiene poder adquisitivo”.

“En el desglose por categorías, los juegos de mesa y didácticos pasaron de $10.000-$14.000 en 2025 a $14.000-$18.000 en 2026 (+35% a +40%). Mientras que los juguetes interactivos y licencias importadas pasaron de $80.000-$120.000 a $110.000-$150.000 (+25% a +30%). Esta contención responde al ingreso masivo de juguetes asiáticos”, indicó.

“La industria nacional atraviesa una crisis estructural de competitividad y volumen. El sector fabril reporta cerca del 60% de maquinaria parada, operando al 40% de su capacidad y recurre al financiamiento para sostener salarios y costos fijos”, detalló Furió.

En un escenario atravesado por el reacomodamiento de precios y la brecha entre la producción local y el mercado de importados, el Día del Niño vuelve a poner a prueba la resiliencia del sector comercial y fabril. Mientras las jugueterías de Gualeguaychú sostienen las expectativas apoyadas en el financiamiento en cuotas y las promociones de último momento, la industria nacional se endeuda para sostener una estructura cada vez más difícil de sustentar en las condiciones actuales.

El Banco Central habilitó una nueva herramienta para intentar frenar los niveles récord de morosidad que se registran en el sistema financiero. Se trata de un reclamo de las empresas del sector fintech, que en los últimos meses se encontraron con la imposibilidad de cobrar los préstamos ofrecidos.

Si bien el crecimiento de morosos creció de manera más leve en el último mes (pasó del 11% al 11,5%), mientras que en los meses previos venía aumentando en un ritmo más acelerado, las cifras indican que la morosidad sigue incrementándose.

El nuevo instrumento, Cobro con Transferencia (CCT), permitirá que las billeteras virtuales como Mercado Pago puedan debitar automáticamente de la cuenta bancaria de los clientes la cuota pendiente de un préstamo.

La medida entrará en vigencia el 31 agosto. El sistema funcionará de manera similar a la opción que hoy existe para el pago de la tarjeta de crédito o un servicio mensual.

Si bien los bancos tradicionales ya contaban con esta facultad para cobrar las cuotas de los préstamos personales que otorgan, la novedad es que ahora se extiende esta potestad a las billeteras virtuales.

De esta manera, si un usuario saca un crédito a través de la aplicación de Mercado Pago y tiene cuenta sueldo en el Banco Nación, la billetera virtual podrá debitar directamente el monto de la cuota desde la cuenta bancaria.

"El CCT es una nueva modalidad de transferencias inmediatas que busca ofrecer una solución moderna y superadora, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude", informaron las autoridades. Para el diseño de esta nueva herramienta se usaron modelos de otros países como Brasil, India y Australia.

Las entidades que provean del crédito deberán notificar a sus clientes un día antes de debitar el monto de la cuenta donde se realizará la operación.

Los prestamistas están autorizados a hacer hasta tres movimientos para cobrar de esta manera: un intento inicial y hasta dos reintentos (a las 48 y 96 horas), evitando prácticas abusivas. Los clientes pueden dar de baja el consentimiento inicial en cualquier momento y ésta se hará efectiva de forma inmediata.

Según datos oficiales, la falta de pago en los créditos otorgados por billeteras virtuales y financistas trepó al 25%. Más del doble de los usuarios que se financian por estas vías tienen problemas para cumplir con sus obligaciones, en comparación con el 12% de morosidad que registran los bancos tradicionales (cifra que también es récord desde el año 2010).

Fuente: ElOnce

En el contexto económico actual, aumentaron las consultas vinculadas a deudas de tarjetas de crédito, especialmente en relación a los plazos de prescripción y sus alcances legales.

Desde la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor explicaron que las deudas pueden prescribir, es decir, que pasado un determinado tiempo sin que el acreedor inicie acciones judiciales, pierde la posibilidad de reclamarlas en tribunales. Sin embargo, esto no implica que la deuda desaparezca, sino que deja de ser exigible por esa vía.

En el caso de las tarjetas de crédito, la normativa vigente establece que el plazo general para iniciar un reclamo judicial ordinario es de tres años, contados desde la mora, es decir, desde el momento en que el usuario deja de cumplir con el pago. Este punto suele generar confusión, ya que no se calcula desde la contratación del servicio ni desde cualquier resumen, sino desde el incumplimiento concreto.

Otro aspecto clave es que la prescripción no se aplica automáticamente. Para que tenga efecto, debe ser invocada por el consumidor ante un reclamo judicial. Además, existen situaciones que pueden interrumpir ese plazo y reiniciar el conteo, como reclamos formales del acreedor o acciones del propio deudor que impliquen reconocer la deuda, por ejemplo, un pago parcial o la firma de un acuerdo.

También se advierte que, aun cuando una deuda esté prescripta, puede seguir impactando en el historial crediticio. Registros como el Veraz pueden mantener esa información durante varios años, lo que puede dificultar el acceso a créditos u otros servicios financieros.

Por este motivo, se recomienda a los vecinos no tomar decisiones apresuradas y analizar cada caso en detalle, verificando fechas, posibles interrupciones del plazo y antecedentes de la deuda. Ante dudas, es aconsejable consultar con un profesional para evitar conflictos mayores.

Contacto Área Defensa del Consumidor

Teléfonos: 420450 / 420451

WhatsApp: 3446-332763

Email: omic@gualeguaychu.gov.ar

Durante las cuatro jornadas de la edición aniversario de Expoagro 2026, el Banco Nación alcanzó un desempeño histórico en materia de financiamiento al sector agroindustrial. Se registraron más de 28.000 solicitudes de préstamos por un monto superior a los $30 billones, destinados tanto a capital de trabajo como a inversión productiva.

La oferta crediticia incluyó líneas altamente competitivas: tasas del 0% en dólares y del 19% nominal anual en pesos para la adquisición de maquinaria nueva, plazos de hasta 60 meses y beneficios adicionales que impulsaron la demanda. El resultado fue un salto significativo respecto de la edición anterior, cuando se habían contabilizado unas 10.000 operaciones.

Con este desempeño, el Banco Nación reafirmó su liderazgo en el sistema financiero argentino al alcanzar una participación del 19,51% en el mercado de crédito, el registro más alto de su historia. En términos prácticos, uno de cada cinco pesos otorgados en préstamos en el país proviene de la entidad, consolidando su rol estratégico como motor del financiamiento productivo.

Además de la oferta crediticia, la presencia del Banco Nación en Expoagro incluyó charlas técnicas, asesoramiento personalizado y espacios de encuentro con clientes y empresarios, fortaleciendo el vínculo con el sector agropecuario.

La edición 2026 de Expoagro dejó en claro que el dinamismo del agro y la política crediticia expansiva del Banco Nación se retroalimentan, generando un escenario de crecimiento que impacta en toda la cadena productiva.

El cambio de un electrodoméstico, una reparación en la casa, la organización de una fiesta o un viaje aparecen de golpe en el presupuesto y terminan financiándose con tarjeta de crédito o con algún tipo de préstamo. Sin embargo, la mayoría de esos consumos no son imprevistos: son proyectos que sabemos que, tarde o temprano, van a llegar.

La diferencia entre endeudarse o financiarlos con tranquilidad muchas veces no está en el ingreso, sino en la anticipación. Cuando un gasto se planifica con tiempo, deja de ser una presión de último momento y puede organizarse de otra manera. Lo que parecía un monto difícil de afrontar de una sola vez pasa a convertirse en pequeños aportes mensuales que se integran de forma natural al presupuesto familiar.

Hablar de planificación financiera suele asociarse a conceptos como ahorro o inversión, pero también implica algo más simple: anticipar los gastos importantes de la vida. Cuando eso ocurre, el tiempo deja de jugar en contra y se convierte en el principal aliado para financiarlos de manera ordenada.

Muchas veces se habla de “imprevistos” cuando en realidad se trata de situaciones perfectamente previsibles. Los cumpleaños importantes, los viajes que se desean realizar o los arreglos que una casa necesita tarde o temprano no son emergencias: son proyectos. La diferencia es importante, porque los imprevistos se enfrentan cuando ocurren, mientras que los proyectos pueden organizarse con anticipación.

En ese punto, el tiempo vuelve a ser el principal aliado financiero. Cuando un gasto importante se planifica con anticipación, deja de ser un monto que aparece de golpe y pasa a convertirse en pequeños aportes periódicos. Un proyecto que parece difícil de afrontar cuando se piensa como un único pago cambia completamente cuando se lo distribuye a lo largo de varios meses o incluso años.

Tomemos un ejemplo concreto. Supongamos una fiesta de quince cuyo costo estimado ronda los seis millones de pesos. Si ese monto debe resolverse en pocos meses, el impacto sobre el presupuesto familiar es muy alto y probablemente obligue a recurrir al crédito. Pero si se planifica con tres años de anticipación, ese mismo gasto puede transformarse en un ahorro mensual cercano a los ciento sesenta mil pesos. La cifra sigue siendo significativa, pero mucho más manejable dentro de la economía del hogar.

Ese simple ejercicio de dividir el costo total por la cantidad de meses disponibles cambia la forma en que se percibe el gasto. Lo que parecía inalcanzable pasa a ser una decisión financiera concreta que puede incorporarse al presupuesto. Además, permite ajustar el proyecto a la realidad económica de cada familia: si el ahorro mensual necesario resulta demasiado alto, todavía hay tiempo para redefinir el alcance del gasto o extender el plazo.

Otro aspecto importante es separar ese dinero del resto del presupuesto cotidiano. Cuando el ahorro para un proyecto queda mezclado con los fondos que se utilizan para los gastos diarios, es fácil que termine utilizándose para otras cosas. Destinarlo a una cuenta específica, a una billetera virtual o incluso a una inversión conservadora ayuda a mantener claro el objetivo y evita que el dinero pierda su propósito original.

Si el horizonte del proyecto es de varios años, incluso existe la posibilidad de que ese ahorro genere algún rendimiento. No se trata de asumir grandes riesgos, sino de utilizar instrumentos financieros sencillos que permitan acompañar la inflación o mejorar levemente el resultado final. En ese caso, parte del esfuerzo no proviene solo del ahorro mensual, sino también del tiempo y del rendimiento del capital acumulado.

En economía personal solemos hablar de ahorrar para invertir y de invertir para hacer crecer el patrimonio. Si a eso le sumamos la planificación de cómo vamos a financiar nuestros proyectos, ganamos paz mental y tranquilidad financiera. De esta forma, el tiempo deja de ser una presión y pasa a convertirse en una herramienta clave para mantener en orden nuestras finanzas.

*Economista - Especialista en finanzas personales

No es un dato menor: en el contexto macroeconómico actual, apenas cuatro provincias argentinas han logrado hasta ahora financiarse en los mercados internacionales. Entre Ríos es una de ellas.

Este resultado es consecuencia directa del ordenamiento fiscal iniciado en 2024. Ordenar las cuentas públicas no es un fin en sí mismo: es la condición para recuperar la confianza y volver a generar oportunidades de desarrollo. La administración prudente de los recursos, el cumplimiento de las obligaciones asumidas y la previsibilidad institucional permitieron avanzar en ese camino.

También es importante recordar el punto de partida. Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar nos encontramos prácticamente sin ahorros y con una reputación financiera deteriorada tras la reestructuración concretada en 2021. Además, la estructura de ese bono concentró los pagos de amortización en nuestra gestión de gobierno. De hecho, a poco menos de dos meses de iniciar la nueva administración enfrentamos el mayor vencimiento de toda la vida del bono —USD 66 millones— para el cual las autoridades salientes habían dejado un fondo de reserva que no alcanzaba a cubrir el 40% del pago.

Ese escenario inicial explica buena parte del esfuerzo que debió realizar Entre Ríos para ordenar sus cuentas y reconstruir su credibilidad. Los resultados empiezan a verse: la provincia pasó del puesto 24 en 2023 al 15 en 2025 en los indicadores comparativos de desempeño fiscal y financiero.

La reciente vuelta al mercado de crédito es una consecuencia directa de ese proceso.

También es importante explicar para qué se utiliza este financiamiento. El objetivo principal es mejorar el perfil de la deuda existente, particularmente los vencimientos del bono reestructurado en 2021, que concentraba los pagos de amortización e intereses a partir de 2024.

La nueva emisión, con una vida promedio cercana a los seis años, incorpora además una opción de recompra del bono anterior. Esto permite distribuir mejor los vencimientos a lo largo del tiempo y hacer más previsible y sustentable el esquema de pagos.

Al mismo tiempo, la operación permite cancelar pasivos en pesos con tasas significativamente más altas, reduciendo el costo financiero efectivo y disminuyendo la presión de vencimientos en el corto plazo. En definitiva, se trata de administrar responsablemente el perfil de la deuda para garantizar solvencia y previsibilidad, una práctica habitual en gobiernos y organizaciones que planifican con una mirada de largo plazo.

En cuanto al costo de la emisión, las condiciones obtenidas resultan competitivas en el contexto actual. Si se compara con la colocación realizada en 2017, la prima de riesgo pagada en esta oportunidad fue 48 puntos básicos menor. Este dato resulta especialmente relevante si se considera que desde entonces aumentó el costo internacional del dinero y también el riesgo soberano argentino.

Aún frente a otras jurisdicciones que accedieron recientemente al mercado, Entre Ríos consiguió condiciones razonables. La diferencia de tasa con Córdoba —una provincia con una economía considerablemente mayor y una situación fiscal mucho más holgada— no superó los 90 puntos básicos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, la comparación no es estrictamente válida, ya que se trata de jurisdicciones que no reestructuraron su deuda en los últimos años.

Las tasas reflejan el riesgo relativo, el tamaño de la economía, la estructura fiscal y el historial de cumplimiento. No todas las jurisdicciones parten del mismo punto ni enfrentan las mismas condiciones. Por eso es particularmente significativo que Entre Ríos haya podido volver al mercado internacional de crédito en estas circunstancias.

Por último, es importante precisar algunos números sobre el flujo real del bono. Considerando la tasa efectiva, la vida promedio cercana a seis años y el esquema de amortización previsto entre 2031 y 2033, en términos de flujo anual el costo de intereses del instrumento equivale a aproximadamente USD 28 millones en promedio por año. Algunas estimaciones difundidas recientemente no contemplan correctamente el cronograma de pagos ni la estructura de amortización.

En síntesis, esta emisión no es un punto de llegada sino un paso más en el proceso de ordenamiento financiero de Entre Ríos. Un camino basado en responsabilidad fiscal, cumplimiento de los compromisos y recuperación de la confianza.

*Ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos

La morosidad en el sistema bancario argentino ha alcanzado niveles que no se registraban en más de una década y media, reflejando el creciente deterioro de la capacidad de pago de las familias. En septiembre, la cartera irregular de los bancos privados trepó al 4,2%, el ratio más alto desde febrero de 2022. El dato confirma una tendencia que se ha prolongado por diez meses consecutivos y que amenaza con tener repercusiones directas en los balances de las entidades financieras y, por extensión, en sus cotizaciones bursátiles.

El segmento más golpeado es el de los hogares. La morosidad de las familias escaló al 7,3%, lo que equivale a unos $4,07 billones. Se trata del registro más elevado de la serie histórica que abarca más de 15 años. El deterioro no es homogéneo: mientras los créditos hipotecarios se mantienen relativamente estables con una morosidad de apenas 0,9%, todas las demás líneas han mostrado incrementos significativos en la cantidad de préstamos impagos.

Los préstamos personales concentran el mayor nivel de incumplimiento. Con una morosidad del 9,1%, equivalente a $1,69 billones, se han convertido en el principal foco de preocupación para los bancos. Las tarjetas de crédito, por su parte, registran un 7,4% de morosidad, lo que representa $1,46 billones. Estos dos segmentos, que suelen ser los más utilizados por las familias para financiar consumo corriente, muestran un deterioro acelerado y explican buena parte del incremento general.

El fenómeno no es aislado ni coyuntural. La morosidad prácticamente se ha triplicado en comparación con el mismo período del año anterior. La persistencia de esta tendencia sugiere que no se trata de un shock puntual, sino de un desajuste estructural entre las condiciones de financiamiento y la capacidad de repago de los hogares.

Uno de los factores determinantes detrás del incremento de la morosidad es el nivel de las tasas de interés. Incluso antes del endurecimiento monetario aplicado por el Banco Central en la previa de las elecciones para contener la presión cambiaria, los bancos de primera línea ofrecían créditos personales con un costo financiero total (CFT) promedio del 140%. Esa cifra contrasta con una inflación proyectada en torno al 25%-30% anual. La brecha entre el costo del dinero y la evolución de los precios genera un desajuste que vuelve prácticamente impagables las cuotas para buena parte de los prestatarios.

La situación se agrava al considerar la evolución de los ingresos. Según datos oficiales del INDEC, los salarios registrados tuvieron en septiembre un incremento interanual del 33,6%. Aunque la mejora nominal puede parecer significativa, queda muy por debajo del nivel de las tasas de interés. El resultado es un ensanchamiento del “gap” entre ingresos y costos financieros, que erosiona la capacidad de pago de las familias y las empuja hacia la morosidad.

El incremento de la morosidad no solo afecta a los hogares. Las entidades financieras deben realizar previsiones contables para cubrir el riesgo de incobrabilidad, lo que impactará en los balances que se presentarán la próxima semana en la Bolsa de Valores. Las provisiones por créditos incobrables podrían absorber una parte significativa de los ingresos financieros, reduciendo la rentabilidad del sector.

Este escenario se produce en un contexto en el que las acciones bancarias, pese al rebote general del mercado tras las elecciones, siguen siendo uno de los segmentos más castigados. La expectativa de mayores provisiones y un deterioro en la calidad de los activos podría limitar cualquier recuperación sostenida en las cotizaciones.

La morosidad creciente en los créditos familiares tiene implicancias que van más allá del sistema bancario. Por un lado, limita la capacidad de consumo de los hogares, que deben destinar una proporción creciente de sus ingresos al pago de deudas. Por otro, restringe la capacidad de los bancos de expandir el crédito, dado que deben ser más cautelosos en la concesión de nuevos préstamos. El resultado es un círculo vicioso: menos crédito disponible, menor consumo y mayor presión sobre la actividad económica.

El panorama monetario suma un matiz adicional. Si bien el Banco Central ha iniciado un proceso de reducción de las tasas de referencia, el efecto aún no se traslada a las líneas de crédito destinadas a las familias. Los préstamos personales y las tarjetas de crédito continúan con costos financieros que superan ampliamente la capacidad de repago de los hogares, lo que evidencia una desconexión entre la política monetaria y la realidad del mercado minorista. En consecuencia, la baja de tasas todavía no logra aliviar la presión sobre los deudores y el riesgo de morosidad permanece elevado.

Los analistas coinciden en que la tendencia de la morosidad difícilmente se revierta en el corto plazo. La combinación de tasas de interés elevadas, salarios que crecen por debajo del costo financiero y un contexto macroeconómico incierto conforman un escenario adverso para los hogares. La única excepción parcial podría ser el segmento hipotecario, donde la morosidad se mantiene en niveles bajos. Sin embargo, este mercado representa una proporción relativamente pequeña del total de créditos y no alcanza a compensar el deterioro en préstamos personales y tarjetas.

La evolución de la morosidad será un indicador clave para los inversores en los próximos meses. No solo porque afecta directamente la rentabilidad de los bancos, sino porque constituye una señal temprana del estado de la economía doméstica. Un incremento sostenido en los incumplimientos puede anticipar una contracción en el consumo y, eventualmente, en la actividad económica general.

El récord de morosidad alcanzado en septiembre expone la vulnerabilidad financiera de las familias argentinas y plantea un desafío significativo para el sistema bancario. La desalineación entre tasas de interés e inflación, sumada al rezago en los salarios, ha generado un desajuste estructural que se refleja en el deterioro de la cartera crediticia. Los próximos balances bancarios y la reacción del mercado bursátil ofrecerán una primera medida del impacto de esta tendencia. Para el mercado, el seguimiento de la morosidad se convierte en una variable crítica para evaluar la salud del sistema financiero y las perspectivas de la economía en su conjunto. (fuente Ámbito)

La morosidad de las familias alcanzó en septiembre un nuevo récord histórico y consolidó once meses consecutivos de aumentos. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA), el ratio de irregularidad de los créditos para hogares pasó del 6,6% al 7,3%, el nivel más elevado desde enero de 2010.

El deterioro volvió a concentrarse en dos líneas clave: los préstamos personales, cuya morosidad escaló del 8,2% al 9,1%, y las tarjetas de crédito, que subieron del 6,7% al 7,4%. En los créditos prendarios se verificó una leve suba y los hipotecarios mantuvieron una estabilidad significativa en torno al 0,9%, reflejo de un segmento históricamente de bajo incumplimiento.

Las tasas de interés elevadas continúan golpeando al crédito al consumo. En septiembre, los préstamos personales promediaron casi un 82% anual, frente al 74% de agosto, ampliando de manera contundente la brecha con la inflación esperada para los próximos 12 meses, estimada cerca del 20%. Esta dinámica profundizó las dificultades de pago y ralentizó la demanda.

Aunque tras las elecciones comenzó un descenso de tasas, el impacto se vio con rezago. El propio BCRA informó que en octubre los préstamos personales registraron su primera caída mensual real (-0,3%) desde marzo de 2024. El financiamiento con tarjetas retrocedió 1%, afectado por la falta de cuotas y la ausencia de actualización en los límites de compra.

Para el sector privado, el alivio deberá consolidarse. “Para ver un resurgimiento de las carteras no sólo es clave que las tasas sigan bajando, sino también que se extiendan los plazos de financiación”, advirtió Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

En el segmento de empresas también se verificó un incremento de la morosidad, aunque bastante más moderado: pasó del 1,4% al 1,7%, con un deterioro más visible en los créditos prendarios. Al considerar familias y firmas, el ratio global de irregularidad avanzó del 3,7% al 4,2%, un nivel que no se observaba desde comienzos de 2022.

El escenario deja en evidencia las tensiones que atraviesa el financiamiento interno en un contexto de consumo debilitado, inflación todavía elevada y un sistema bancario que ajusta su oferta mientras aguarda señales más firmes de estabilización económica.

El Gobierno Nacional oficializó el procedimiento para la venta de los inmuebles remanentes del disuelto Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar). La medida se instrumentará a través de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y marca un paso más en la liquidación definitiva del fondo.

El programa, creado en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue disuelto en noviembre de 2024 mediante un decreto, pero la formalización de la medida llegó en junio de 2025 con la Resolución 764/2025, que estableció los procedimientos para la liquidación del fondo y el traspaso de los créditos vigentes al Banco Hipotecario S.A. El Gobierno argumentó que Procrear era una “pesada carga” para las finanzas públicas y que la financiación de viviendas debe ser una tarea del sector bancario comercial. Pero un tema central era saber que iba a pasar con las viviendas que no se llegaron a entregar o que todavía estaban en construcción.

Ahora, se conoció a través de una medida, plasmada en la Resolución 396/2025 emitida el 24 de septiembre de 2025 y publicada el este lunes en el Boletín Oficial, que marca un paso decisivo en la liquidación del Procrear: se establece la enajenación de las propiedades del programa mediante subastas públicas electrónicas a través del sistema “Subat.ar”.

La resolución establece que la venta de estos bienes inmuebles se realizará obligatoriamente a través del sistema electrónico “SUBAST.AR”. Este sistema de Gestión Electrónica fue aprobado por el Decreto N° 29/18 para las subastas públicas del Sector Público Nacional.

La Secretaría de Obras Públicas considera que el uso de “SUBAST.AR” garantiza la eficiencia, la transparencia y la promoción de la concurrencia de interesados y oferentes, cumpliendo así con los principios generales que rigen la gestión de las contrataciones estatales.

¿Qué bienes se venderán?

La subasta se centrará específicamente en aquellos bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional que hayan estado sujetos a contratos de locación de obra ejecutados total o parcialmente durante la vigencia del fondo.

Es importante destacar que el Decreto N° 1018/24 (que disolvió el programa) establece una diferenciación en el destino de los inmuebles: aquellos bienes que no estaban afectados a obras con contratos de locación de obra vigentes fueron destinados para ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

De esta manera, la Resolución 396/2025 se concentra únicamente en las unidades con avance de obra, que serán enajenadas con el objetivo de obtener recursos para afrontar las deudas pendientes del fondo.

El precio base de los inmuebles será determinado mediante tasación que al efecto practique el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

¿Qué pasará con los créditos vigentes?

Los créditos vigentes seguirán siendo administrados por el Banco Hipotecario, bajo las mismas condiciones de retribución que estaban vigentes. Mientras que, las viviendas en construcción serán transferidas a provincias, municipios o al sector privado para finalizar las obras.

De esta forma, la resolución habilita al Ejecutivo a disponer, transferir o vender los activos que integraban el Procrear, en cumplimiento de las facultades otorgadas al momento de su disolución.

Los interesados deberán cumplir con los requisitos que se fijen en los pliegos y se presentarán a través de los formularios electrónicos disponibles en la plataforma SUBAST.AR. Deberán además constituir domicilio legal y electrónico en el territorio nacional y presentar la documentación exigida en los pliegos.

El acto de subasta se llevará a cabo en la fecha y hora indicadas en cada convocatoria y se desarrollará íntegramente en forma virtual. En los pliegos se establecerá también el monto mínimo de incremento entre las ofertas. (fuente La Nación)

Un reciente informe del Centro de Estudio de Desarrollo Macroeconómico (Cedma) reveló que el 84% de los hogares entrerrianos se encuentra actualmente endeudado, principalmente para afrontar gastos esenciales. El estudio, elaborado por el equipo que dirige Álvaro Gabás, ex secretario de Producción de Entre Ríos, advierte que el crédito se ha transformado en una herramienta de supervivencia para gran parte de la población.

De acuerdo con los datos, casi nueve de cada diez hogares en la provincia poseen algún tipo de deuda, y la mitad de ellos destina en promedio el 31% de sus ingresos mensuales al pago de compromisos financieros. Además, el 65% de las familias mantiene más de dos créditos activos, lo que refleja un nivel de sobreendeudamiento que compromete su estabilidad económica.

En cuanto al destino de los fondos, el 58% de las deudas corresponde a la compra de alimentos, el 15% a vestimenta y el 11% a combustible. Según el Cedma, esto demuestra que el endeudamiento dejó de estar vinculado al consumo de bienes durables para concentrarse en la cobertura de necesidades básicas.

El informe también señala un marcado deterioro en el cumplimiento de las obligaciones crediticias. A julio, el 28% de los créditos se encuentra en instancia judicial, es decir, tres de cada diez deudores enfrentan procesos por falta de pago. El 48% está en mora sin judicialización, mientras que solo el 24% mantiene una situación regular o normalizada.

Otro de los puntos destacados es la proporción de ingresos destinada al servicio de deuda: el 50% de los hogares utiliza cerca de un tercio de sus ingresos mensuales para cumplir con sus compromisos financieros, reduciendo su capacidad de consumo y ahorro.

En cuanto a las vías de financiamiento, el 67% de las deudas por consumo se canaliza mediante tarjetas de crédito, billeteras virtuales y créditos digitales, modalidades caracterizadas por altas tasas de interés que agravan la fragilidad financiera de las familias.

“El endeudamiento se ha transformado en una herramienta de supervivencia más que en un instrumento de desarrollo”, advierte el documento del Cedma, que concluye: “Esta situación requiere acciones urgentes de política pública, orientadas a mejorar los ingresos reales, promover el acceso al crédito responsable y evitar que la deuda se convierta en un círculo vicioso de exclusión financiera”. (Publicado en APF)

La Justicia ordenó a al Ministerio de Economía a entregar en el término de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, que aprobó un crédito de u$s20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La orden judicial fue dictada por el juez federal de Dolores Martín Bava en el marco de un amparo presentado por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible”, advirtió el juez en la resolución.

El 27 de junio de 2025 se presentó el abogado en causa propia e integrante de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), Francisco Verbic, conjuntamente con el patrocinio letrado de los integrantes del CELS Leonel Bazán y Diego Morales.

Interpusieron acción de amparo contra el Estado Nacional -Ministerio de Economía de la Nación con el objeto de que se declare la ilegalidad de la conducta desplegada por la demandada en sede administrativa y se le ordene a brindar la información pública sobre todo el expediente completo relacionado al decreto que aprobó las operaciones con el Fondo.

“Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por Francisco Verbic, ordenando al Ministerio de Economía de la Nación a que, conjuntamente con la Agencia de Acceso a la Información Pública procedan, en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, a garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo “EX-2025-24205368- -APN-DGDA#MEC, donde tramitó el dictado del DNU 179/2025 (crédito FMI), con todos sus archivos embebidos, anexos y cualquier documentación obrante en dicho expediente, así como de toda otra actuación conexa al mismo”, dice la resolución.

Para los organismos, el Ministerio de Economía a cargo Luis Caputo violó la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero además, buscó ocultar la información con maniobras para eludir entregarla al juzgado.

El Ministerio le dio trámite al pedido a través de la Ley 27.275, incluso pidió prórroga para entregar el expediente del préstamo, pero decidió desconocer su aplicación y derivar el pedido a un procedimiento administrativo.

Ante eso, el juez sostuvo que el Estado debe acatar la ley que garantiza el acceso a la información pública, sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre la normativa que regula el proceso administrativo, dictada en un gobierno de facto.

La decisión del juzgado reafirma que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales.

Y que su cumplimiento es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI.

“En nuestro sistema jurídico, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, ni que acredite poseer un derecho subjetivo o un interés legítimo (art. 4 de la Ley 27.275)”, aclaró el juez en su resolución.

El fallo remarcó que la Ley 27.275, sancionada en democracia y con amplio consenso, es una norma especial y posterior y, por lo tanto, prevalece sobre el régimen general de procedimientos administrativos.

Consideró que la conducta del Ministerio va en contra del derecho a conocer información que va a repercutir en la vida de la sociedad. De hecho, el DNU tampoco contiene información sobre las razones y condiciones del empréstito.

La propia Corte Suprema de Justicia estableció que “el derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”.

El fallo incorpora argumentos centrales de la Corte Suprema. La información pública es de la sociedad.

Según la CSJN, “se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la Nación Argentina y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud”.

Ese derecho “corresponde a toda persona”. Es decir, para acceder a la información generada por el Estado no es necesario acreditar un interés especial y mucho menos enfrentar trabas burocráticas: es un derecho humano fundamental y como tal, protegido. (Fuente: Ámbito)

La mora en el crédito para el consumo tuvo un firme crecimiento en junio y llegó a duplicarse en el último año en algunas líneas, según datos oficiales publicados en el Informe sobre Bancos del BCRA.

El incumplimiento global del sector privado llegó al 2,9% del total, por encima del 2,6% de mayo y mucho más alto que el 1,8% de junio de 2024. Se trata del registro más alto desde el 3,5% de enero de 2024, tras la devaluación del peso y el salto inflacionario en el comienzo de la gestión de Javier Milei.

Pero los datos más llamativos del reporte del Central son los referidos al crédito para el consumo, sobre todo en la comparación interanual, que aplica sobre el momento de peor actividad económica. Tal es el caso de tarjetas de crédito, con una morosidad del 4,4% que más que duplicó el 1,9% de junio de 2024, o de los préstamos personales, cuya irregularidad saltó del 4,1% al 6,4% en el mismo plazo.

El aumento de la mora fue mucho más moderado en los préstamos con garantía real, confirmando que las familias suelen priorizar el pago del crédito para comprar una vivienda o un auto. Los créditos hipotecarios tienen un nivel de mora del 1,4%, mientras que un año atrás era de 1,7%. En el caso particular de los hipotecarios UVA, ajustados por inflación, la mora es aún menor y se ubica en 1 por ciento. Por el lado de los créditos prendarios, la irregularidad se ubicó en 2,6%, casi sin cambios con el dato de un año atrás (2,4%).

El informe del BCRA señaló que el aumento en el ratio de irregularidad del crédito al sector privado “resultó generalizado entre los grupos de entidades financieras”, tanto públicas como privadas. Y que la mora del crédito a las familias “alcanzó 5,2% en el mes, por encima del mes pasado, principalmente por las líneas destinadas al consumo”. “El ratio de irregularidad de las financiaciones a las empresas totalizó 1,1%, manteniéndose si cambios significativos en comparación con el registro de mayo”, agregó el reporte.

Al mismo tiempo, los datos del BCRA dan cuenta del avance del crédito en junio, producto del inicio del desarme de las LEFI que llevó a los bancos a colocar su liquidez excedente. La finalización de ese instrumento, a partir del 10 de julio, desató una fuerte volatilidad de tasas y un estancamiento en el crédito que no se reflejan en este informe.

“La actividad de intermediación financiera con el sector privado continuó creciendo en junio. El saldo real de crédito a empresas y familias en pesos se incrementó 4,2% en el mes, principalmente por las líneas comerciales y por los préstamos con garantía real”, señaló el BCRA. Esa suba representa un crecimiento del 78% interanual en términos reales, es decir, excluyendo el efecto de la inflación.

El saldo del financiamiento al sector privado en dólares aumentó 3,8%, lo que representa un 139% interanual. El Central destacó que en el mes crecieron los depósitos del sector privado en moneda extranjera y el fondeo mediante la emisión de obligaciones negociables, que ayudaron a la expansión de los préstamos en esa moneda.

“La actividad de intermediación financiera con el sector privado continuó creciendo en junio. Teniendo en cuenta los principales movimientos del balance del conjunto de entidades financieras para el segmento en pesos, el aumento del saldo de los depósitos (del sector privado y público) y la caída de las LEFIs fueron los principales orígenes de fondos en el mes”, concluyó el informe del BCRA. Estos recursos, explicó la autoridad monetaria, ayudaron a incrementar el saldo real de crédito al sector privado. (Fuente: Infobae)