Un hombre de 41 años fue asesinado tras recibir un ataque con un arma blanca en Concepción del Uruguay. El presunto autor del homicidio fue detenido, confirmó Esteban Allegrini, jefe de la Departamental Uruguay de la Policía.

“Fue producto de una pelea con otro masculino”, indicó el funcionario policial, quien destacó el trabajo de la Policía junto con Emergencias Médicas. “Había signos de violencia en el domicilio. Se encontraba sola cuando llegamos y presentaba diversos cortes en rostro, cuello y antebrazo”, afirmó.

Por otro lado, reveló un dato clave de un testigo que precisó quiénes se pelearon: “En el momento en que sucede la pelea, se encontraba un hijo de 11 años que sale corriendo de la casa. Estas dos personas quedaron discutiendo y peleando”, expresó Allegrini.

Destacó que se avanzan con las respectivas tareas investigativas junto a las disposiciones de la fiscal María José Labalta. Por ello, se dispuso la detención de un hombre este viernes de mañana. “Se conocían estas dos personas. El motivo de la discusión y el producto del deceso se está investigando. Se puede descartar el robo”, añadió.

La víctima es Cristhian Miguel Geist, de 41 años. Fue encontrado en una vivienda ubicada en calle Entre Ríos al 56. Ahora

Tras abstenerse de declarar, la Justicia dictó la medida cautelar para el único acusado por el disparo que terminó con la vida de Nilo Benjamín Auzqui. Permanecerá en la Jefatura Departamental hasta ser trasladado a la Unidad Penal N° 9.

La Justicia de Garantías de Gualeguaychú resolvió dictar 60 días de prisión preventiva para Cristian Nahuel León, el joven de 23 años imputado por el homicidio agravado de Nilo Benjamín Auzqui, ocurrido en la madrugada del pasado lunes en el barrio Yapeyú.

Durante la audiencia, la Fiscalía fundamentó el pedido basándose en la gravedad del hecho y los riesgos procesales. Tras haberse abstenido de declarar en su indagatoria ante la fiscal Martina Cedrés, León continuará alojado provisoriamente en la Jefatura Departamental. Según informaron fuentes judiciales a El Argentino, una vez que se libere un cupo en el sistema penitenciario, será trasladado formalmente a la Unidad Penal N° 9 (UP9) de Gualeguaychú.

Mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP) a la espera de los resultados definitivos del dermotest enviado a Paraná y los detalles concluyentes de la autopsia —que determinó que la víctima falleció a causa de una hemorragia interna masiva provocada por un disparo en la zona de la axila izquierda—, los investigadores confirmaron que cuentan con registros fílmicos claves que apuntan directamente a su autoría, descartando por el momento la participación de terceros

Por Sara Kesselman*

El calendario nos vuelve a situar frente a una fecha que se siente como una herida abierta en el cuerpo y en el alma de nuestra nación: el 18 de julio. Han transcurrido ya 32 años desde aquel fatídico lunes de 1994 en el que la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires fue destruida por un brutal ataque de un coche bomba. Tres décadas y dos años de un silencio judicial ensordecedor, de preguntas sin respuestas definitivas y de una impunidad que, lejos de diluirse con el tiempo, se consolida como una de las deudas más dolorosas y flagrantes de la democracia.

Desde la Asociación Unión Israelita de Gualeguaychú, participamos una vez más con el más hondo pesar de este doloroso aniversario. Pero este pesar no es un ejercicio de melancolía pasiva; es un grito activo, una demanda innegociable de justicia que se renueva con cada amanecer del mes de julio.

A menudo se tiende a centralizar las tragedias nacionales, como si el horror vivido en la calle Pasteur de la Capital Federal no nos incumbiera de manera directa a quienes habitamos el interior de la patria. Nada más alejado de la realidad. El terrorismo no atacó únicamente a un edificio o a una comunidad específica: atacó la soberanía, la paz y la convivencia de toda la ciudadanía argentina.

Por eso, como vecina y como parte activa de nuestra comunidad, convoco de corazón a todos mis copoblanos a reflexionar, a detener la marcha cotidiana y a recordar junto a nosotros.

Quienes formamos parte de la comunidad judía local nos sentimos víctimas directas de esta barbarie y nos reconocemos en la obligación ineludible de custodiar la memoria colectiva. Pero esta no es una tarea solitaria. La memoria es un ejercicio comunitario, un lazo social que nos une a todos los ciudadanos que aspiramos a vivir en un país donde la vida sea sagrada y el crimen no quede impune.

¿Cómo se construye el futuro de una nación cuando sus cimientos toleran más de tres décadas de injusticia? Una democracia real, fuerte y saludable no se mide únicamente por la periodicidad de sus elecciones o el correcto funcionamiento de sus mercados. Se mide, fundamentalmente, por la solidez de sus instituciones y su capacidad para garantizar la verdad.

La impunidad persistente en el caso AMIA es un mensaje peligroso: es la dolorosa admisión de que el Estado ha fallado en su deber más básico de proteger a sus ciudadanos y de castigar a los culpables. Para edificar una República verdaderamente robusta, debemos entender que las instituciones no pueden permitirse el lujo del olvido. Cuando una sociedad olvida, o cuando decide mirar hacia otro lado para evitar la incomodidad del reclamo, se debilita colectivamente y queda expuesta a que la historia más oscura vuelva a repetirse.

Como bien ha manifestado recientemente Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA: “La memoria necesita instituciones y personas dispuestas a sostenerla en el tiempo. Cada aniversario del atentado nos vuelve a poner frente al paso de los días, la impunidad que persiste, la ausencia que no se llena. 85 víctimas fatales y 300 heridos son la marca de ese 18 de julio de 1994 y también la razón por la que seguimos año tras año exigiendo justicia”.

Estas palabras resuenan con fuerza en cada rincón del país y cobran especial relevancia en comunidades como la nuestra. Sostener la memoria en el tiempo requiere un esfuerzo deliberado. Implica:

A 32 años del brutal atentado a la AMIA, desde Gualeguaychú alzamos nuestra voz. Por las ochenta y cinco vidas truncadas, por los cientos de heridos cuyas secuelas físicas y emocionales perduran, por nuestro derecho a vivir en paz y por la salud de nuestra democracia: hoy más que nunca, prohibido olvidar y no dejar de perseguir justicia.

*Asociación Unión Israelita de Gualeguaychú

La decisión judicial se conoció luego de que la fiscalía señalara una contradicción entre los alegatos de incapacidad de la defensa y las recientes presentaciones musicales masivas del imputado.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 fijó el inicio del debate para esa fecha, apenas dos días después del recital que el músico tiene programado brindar en la provincia de Tucumán. El proceso continuará con diversas audiencias fijadas durante los meses de agosto y septiembre, donde se analizará la responsabilidad del artista en el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El hecho investigado ocurrió en la madrugada del 12 de julio de 2018. Según la acusación, Álvarez Congiu mantuvo una discusión con Díaz, a quien le recriminó haber difundido que le había sustraído pertenencias de una mochila. Testigos del caso afirmaron que la víctima intentó agredir al músico, momento en el cual este extrajo una pistola calibre .25 y efectuó cuatro disparos que le causaron la muerte de forma inmediata en un pasillo del complejo habitacional.

Durante el periodo de suspensión, Álvarez Congiu recibió atención en el sector psiquiátrico del penal de Ezeiza y luego fue trasladado a un centro terapéutico en Tortuguitas, hasta obtener el alta para un tratamiento ambulatorio en libertad. Sin embargo, en noviembre de 2025 anunció su regreso oficial a los escenarios, concretando un show en Córdoba el 20 de diciembre de ese año ante más de 40.000 personas, seguido por otra presentación en Rosario el 9 de mayo de 2026.

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Sandro Abraldes basó su pedido de reanudación en este comportamiento público. Para la fiscalía, la coordinación cognitiva, el manejo del estrés y la memoria operativa demostradas en conciertos de tres horas de duración evidencian que el imputado posee los recursos necesarios para comprender los actos del proceso y administrar sus derechos, superando el trastorno cognitivo leve diagnosticado.

El cronograma establecido por el tribunal fija audiencias para los días 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, extendiendo las jornadas de debate hacia el mes de septiembre. Las autoridades judiciales evaluaron que la intensa actividad pública del procesado resulta incompatible con los argumentos de incapacidad procesal presentados originalmente por sus representantes legales.

Inminente pedido de captura de "Pity" Álvarez por el crimen de un amigo

La investigación por el presunto femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, sumó un testimonio que puede resultar crucial para desentramar el contexto que rodeaba al crimen. Una testigo clave identificada como "Carla" brindó declaraciones exclusivas en las que confirmó la dinámica interna del bar "Wachitas", ubicado en la calle Ituzaingó 521 del barrio Nueva Córdoba, el cual ya fue clausurado definitivamente por el municipio debido a graves faltas de seguridad e higiene.

Carla, quien tiene 31 años y se desempeñó como trabajadora sexual en ese establecimiento entre los años 2020 y 2023, complicó la situación procesal de dos de las mujeres implicadas en la causa. Por un lado, apuntó contra Soledad Andreani —actualmente imputada por encubrimiento agravado—, a quien definió directamente como la proxeneta del lugar. Por el otro, desmitificó el rol de Mariana Palmero —pareja del principal acusado del crimen—, asegurando que no se trataba de una víctima engañada, sino de alguien que cumplía tareas operativas dentro del local.

"Me ofreció trabajar con ella, me contó cómo era la modalidad, que los tipos eran gente de plata, de poder, se podía ganar bien depende el servicio que uno hiciera", remarcó la testigo. Añadió que Andreani les advertía de antemano que se acostarían con "gente de filo" (personas de alto poder adquisitivo) y no con el público habitual de los recitales.

Uno de los puntos más contundentes del testimonio de Carla estuvo dirigido a la figura de Mariana Palmero. "Yo salgo a hablar porque la conozco, Palmero es un monstruo, se hace la víctima, no es que ella fue engañada", sentenció con dureza. Explicó que la mujer se encargaba de limpiar las mesas, mantener los baños y servir las bebidas a los clientes, estando al tanto de los movimientos del bar.

Finalmente, la testigo reveló una llamativa situación administrativa que descubrió cuando fue citada a declarar ante la Jefatura de Policía de Córdoba en el marco del caso Agostina. Según relató, las autoridades la notificaron de un hecho que ella desconocía por completo: "Me dan un papel que dice que yo desde 2019 salgo como desaparecida y eso no lo sabía". Carla explicó que en aquel año se encontraba en situación de calle y ejerciendo el trabajo sexual, lo que añade un nuevo elemento de debate sobre el control y el seguimiento de las personas en situación de vulnerabilidad en la provincia.

Nahir Galarza volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras conceder una entrevista exclusiva desde la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, donde cumple prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo. A casi un año de su última aparición pública, la joven volvió a hablar sobre el crimen ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú y dejó una serie de definiciones sobre su presente y su responsabilidad en el hecho.

La entrevista fue realizada por el periodista especialista en policiales Paulo Kablan y la influencer Nati Jota para el canal de streaming OLGA, que viajó a Paraná para concretar el encuentro.

También realizó una autocrítica sobre su comportamiento en aquella etapa de su vida. “Creo que era muy inmadura”, manifestó, al tiempo que aseguró que todavía le cuesta reconocerse en algunas actitudes del pasado.

“No puedo creer que haya sido tan mala persona, porque yo no soy así”, reflexionó durante el reportaje.

En aquella oportunidad, descartó las versiones que intentaban responsabilizar a su padre y ratificó que ella fue la única autora del homicidio de Fernando.

Además, reiteró que durante la relación sufrió situaciones de violencia de género y cuestionó la forma en que su figura fue retratada públicamente durante el proceso judicial.

Aunque aseguró sentirse “re condenada” socialmente, explicó que ya no busca nuevas apelaciones judiciales y que su objetivo actual es obtener una reducción de la pena mediante los mecanismos legales vigentes.

Asimismo, afirmó que, si tuviera la posibilidad, le pediría perdón “de corazón” a la familia de Fernando Pastorizzo.

La entrevista completa será difundida este martes a las 19 y genera expectativa por las nuevas declaraciones que pueda brindar la condenada sobre uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años en Argentina.

Fuente: ElOnce

Un crimen en Colonia San Lorenzo conmocionó al departamento Federal, luego de que un hombre de 58 años muriera tras recibir un disparo en medio de una violenta discusión familiar, ocurrida en el ingreso a un establecimiento rural ubicado, a mil metros de la Ruta Nacional 127. Por el hecho, quedó detenido su sobrino, de 32 años, quien se presentó voluntariamente ante la Justicia acompañado de un abogado defensor.

De acuerdo a la información conocida de manera extraoficial, el episodio ocurrió cuando el joven se encontró con su tío, frente a la tranquera de ingreso a un campo, ya que ambos, involucrados residen en las inmediaciones. Tras un intercambio de palabras, la víctima habría atacado al sobrino con un cuchillo, provocándole heridas "contuso-cortante".

Siempre según la reconstrucción preliminar, el hombre de 32 años extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en su tío, causándole la muerte en el lugar. El cuerpo del hombre de 58 años fue identificado como José Oscar Cassette, una persona con un antecedente muy particular.

Investigación y operativo policial

Los investigadores trabajaron durante varias horas en la recolección de pruebas y testimonios para determinar cómo se produjo la secuencia fatal. El cuerpo de Cassette fue trasladado a la morgue de Federal, donde se realizará la autopsia para establecer las heridas que causaron la muerte.

Según confirmó a ElOnce el jefe Departamental de la Policía de Federal, comisario Marcelo Della Giustina, los efectivos secuestraron dos armas de fuego (de puño) en el lugar, sobre las cuales, se realizarán peritajes. Uno de los puntos centrales será establecer si el disparo ocurrió en un contexto de legítima defensa y otros detalles de cómo se desencadenó el crimen.

Un apellido ligado a un antecedente criminal

El caso volvió a poner en escena el apellido Cassette, recordado por un violento crimen ocurrido en Paraná en 2012. El 13 de junio de 2016, José Oscar Cassette fue condenado en juicio abreviado a ocho años de prisión por el homicidio del agente penitenciario Juan Francisco Lazaga.

El hecho había ocurrido el 9 de marzo de 2012 sobre avenida Almafuerte, a pocos metros de Cinco Esquinas. Según la investigación judicial, Lazaga circulaba en motocicleta junto a su esposa cuando protagonizó una discusión de tránsito con los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo al expediente, tras varios intercambios de insultos y maniobras agresivas, los hombres descendieron del vehículo armados con cuchillos de importantes dimensiones. Lazaga sufrió heridas mortales en el pecho, abdomen y tórax. Los atacantes escaparon del lugar en medio del tránsito vehicular hasta ser posteriormente identificados y detenidos.

En aquella causa, José Oscar Cassette recibió una condena de ocho años de prisión por homicidio simple y fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú. En tanto, Miguel Ángel Medina fue sentenciado a un año de prisión condicional por encubrimiento agravado en grado de tentativa.

El crimen del agente penitenciario generó una fuerte repercusión pública en Paraná debido a la violencia del ataque y a las circunstancias en las que ocurrió el asesinato. La viuda de Lazaga había declarado durante la investigación que la agresión se desencadenó luego de una discusión por maniobras de tránsito.

La Justicia de Santa Fe sobreseyó este martes a uno de los menores implicados en el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que murió tras recibir 23 puñaladas en Santo Tomé el 18 de diciembre de 2025.

El caso está caratulado como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y concurso premeditado de dos o más personas, delitos cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua.

Milagros A., de 16 años, permanece alojada en un reformatorio de Rosario y es la única menor imputada. También está acusada como partícipe secundaria del asesinato su madre, Nadia Juárez, quien continúa detenida en una cárcel de mujeres de la misma ciudad.

El crimen de Monzón generó gran conmoción en la provincia de Santa Fe, no solo por la brutalidad del ataque —la víctima recibió más de 20 puñaladas— sino porque fue perpetrado por menores y quedó registrado en video.

A una década del femicidio de Gisela López, ocurrido en 2016 en la ciudad de Santa Elena, familiares, amigos y organizaciones sociales volvieron a reclamar justicia y a denunciar la impunidad que rodea al caso. En redes sociales, Gabriel López expresó: “Una década de impunidad es eternidad para la familia que espera justicia, y sensación que algunas vidas tienen casi y nada de valor. Un decenio que permite a mi memoria convertirse en un acto de resistencia”.

El mensaje, acompañado de una fotografía en homenaje a la joven, subraya que recordar no solo implica mantener viva la memoria de la víctima, sino también señalar el “cerco de silencio” que persiste alrededor del expediente. “Diez años sin justicia también es volver a revictimizar a la víctima”, remarcó López.

El caso de Gisela López, ocurrido en 2016, se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia de género en Entre Ríos. Diversas organizaciones feministas sostienen que la falta de respuestas judiciales refleja un problema estructural en el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

Sin culpables

Gisela López desapareció el 22 de abril de 2016 a los 19 años, cuando regresaba de su escuela nocturna (Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 5) en Santa Elena. Su cuerpo fue encontrado 18 días después, el 10 de mayo de 2016, en una zona descampada conocida como “El Bajo”, a pocos metros de su casa.

Según los médicos que realizaron la autopsia el cuerpo siempre estuvo en el mismo lugar. Sin embargo, nadie lo vio. Gisela fue golpeada, abusada sexualmente y estrangulada.

En 2019, el fiscal Santigo Alfieri llevó a juicio a tres hombres y una mujer. El tribunal absolvió a los acusados (Mario Andrés Saucedo (falleció en 2022), su hijo Elvio Andrés Saucedo y Matías Alejandro Vega.

En la actualidad el caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su revisión debido a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) que entiende que los absueltos son los culpables.

Lo peor de todo es que el MPF no tiene un plan alternativo en caso que la Corte deje firme la absolución porque no se siguió investigando. El caso es un gran enigma.

La investigación por el confuso episodio ocurrido en la habitación 10 del Motel Torremolinos de Paraná sumó en las últimas horas un giro clave: Florencia Pisano fue formalmente imputada por el delito de homicidio simple, que prevé una pena de entre ocho y veinticinco años de prisión.

La audiencia se realizó en el domicilio de la mujer, quien aún se recupera tras haber recibido dos disparos en la zona bucal. Pisano, acompañada por su abogado defensor Milton Urrutia, se abstuvo de declarar.

La fiscal Patricia Yedro dispuso medidas de coerción que incluyen la prohibición de salir de su vivienda y la obligación de informar cualquier movimiento. Además, Pisano entregó el patrón de desbloqueo de su celular para que la justicia pueda avanzar en el análisis de sus últimas comunicaciones.

La mujer había recibido el alta médica el jueves 16 de abril, tras permanecer internada en terapia intensiva del Hospital San Martín desde el 9 de marzo. Su delicado estado de salud obliga a que las diligencias judiciales se realicen en su domicilio.

Hipótesis y dudas en la causa

La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que Pisano habría disparado contra Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años, hallado muerto con un tiro en la nuca, y luego intentado quitarse la vida. Sin embargo, los dermotest practicados dieron resultado negativo tanto en ella como en la víctima, lo que abre la posibilidad de que una tercera persona haya estado presente en la escena.

Fuentes de la investigación revelaron que Lussa había recibido amenazas meses antes del hecho y que la mañana del 9 de marzo un desconocido preguntó por él en su casa. También trascendió que Pisano había sido pareja de un hombre vinculado a una familia bajo investigación por narcotráfico.

Próximas medidas

La fiscal Yedro ordenó pericias sobre el arma calibre .32 encontrada junto al cuerpo y sobre los celulares secuestrados de ambos protagonistas. Los testimonios de empleados del motel, las visitas previas de la pareja y el vehículo Fiat Strada Adventure blanca en el que solían llegar al lugar son piezas que aún no encajan en el rompecabezas.

El expediente, lejos de cerrarse, se abre a nuevas líneas de investigación que podrían vincular el caso con amenazas previas y entramados delictivos más amplios. La sociedad espera respuestas sobre un episodio que, por ahora, sigue rodeado de incógnitas. Ahora

El 20 de marzo de 2024, el peluquero Abel Guzmán sacó un arma de su mochila y apuntó a sus compañeros de la peluquería “Verdini”, en el barrio porteño de Recoleta. Tras pronunciar unas palabras por una discusión previa con el equipo, le disparó en la cabeza a Germán Medina para luego darse a la fuga, hasta que luego fue atrapado 70 días después.

Ahora, a más de dos años del crimen, comenzará a ser juzgado este miércoles 15 de abril. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°24 de la Ciudad de Buenos Aires y está previsto que se realice hasta el 29 de abril. Inicialmente las autoridades habían fijado tres audiencias para tratar el caso, pero luego lo modificaron y se llevará a cabo en dos jornadas donde se debatirá el asesinato del colorista de 33 años, que quedó captado por las cámaras de seguridad del interior del local.

Se confirmó esta tarde, la captura de Nicolás Alexander Acosta -alias "Nino", quien es sospechado de ser el presunto autor del homicidio del sereno en Colón. Así lo indicaron a Elonce fuentes policiales y avanza la investigación del crimen ocurrido en una obra en construcción, donde el cuerpo de la víctima fue hallado oculto en el subsuelo, envuelto en frazadas, cubierto con cal y detrás de una pared.

El fiscal Alejandro Perroud confirmó a Elonce que la detención se concretó pasado el mediodía en la misma ciudad, tras un rápido avance de las tareas investigativas. El hecho conmocionó a la comunidad luego del macabro hallazgo registrado en un edificio en construcción.

Según explicó el fiscal, la intervención judicial comenzó tras detectarse indicios sospechosos en el lugar, como manchas de sangre y olores nauseabundos que alertaron a trabajadores de la obra.

“Hace aproximadamente una hora, se procedió a la detención de una persona que está sospechada de tener alguna vinculación con este hecho”, sostuvo Perroud, quien detalló que la captura se logró en la ciudad de Colón, luego de haber librado pedidos de detención y comunicaciones a nivel nacional e internacional.

Hallazgo del cuerpo y primeras hipótesis

De acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, el cuerpo fue encontrado en un sector del subsuelo del edificio, oculto de manera deliberada. Estaba envuelto en frazadas, cubierto con cal y escondido detrás de una pared recientemente levantada, lo que evidenció una clara intención de ocultar el crimen.

El fiscal relató que los primeros indicios surgieron cuando personal de la constructora acudió al lugar para continuar tareas y notó “algunas manchas de sangre en lo que sería la escena primaria del crimen” y posteriormente un fuerte olor que provenía de la zona inferior.

“Fue lo que indicaba que claramente podía llegar a haber un cuerpo en estado de descomposición, como finalmente ocurrió”, explicó el funcionario judicial a Elonce, quien remarcó la complejidad del escenario con el que se encontraron los peritos.

Identidad de la víctima y contexto

“Si bien la víctima aún no fue identificada formalmente, por el estado del cuerpo, todos los elementos recolectados permiten presumir que se trata del sereno de la obra, un hombre de nacionalidad paraguaya de 52 años”, dijo Perroud a Elonce y agregó que autoridades de la constructora señalaron que hacía varios días no concurría a trabajar. Según se indicó, hacía varios días que no se tenía contacto con él.

Perroud aclaró que no existía una denuncia previa por su desaparición debido a que el hombre no tenía familiares en Argentina. “Tiene una hermana en Uruguay y algún otro familiar en Paraguay, pero aquí en el país no tenía familiares y por eso, no se detectó antes su ausencia”, señaló y aclaró que “la gente que tenía a cargo la construcción del edificio, no tenía contacto con el sereno desde hacía varios días”.

Esta situación habría contribuido a que su ausencia pasara desapercibida durante varios días, hasta que el avance del olor “muy fuerte” y los rastros de sangre en la obra pusieron en evidencia que algo anormal había ocurrido.

Data de muerte y pericias forenses

Respecto al momento en que se produjo el crimen, el fiscal indicó que aún no se cuenta con una fecha precisa porque todavía no se hizo la autopsia, aunque estimó que habría ocurrido a fines de marzo. “El 31 de marzo había sido la última noticia que se tuvo de este hombre”, precisó a Elonce.

La confirmación llegará con la autopsia, que fue programada para realizarse en Paraná. “No tenemos todavía una data de muerte, eso lo vamos a tener con la autopsia que se concretará el día jueves”, explicó Perroud.

No obstante, un examen preliminar realizado por el médico forense permitió detectar lesiones significativas. “A simple vista se nota un fuerte traumatismo en el cráneo que podría haber ocasionado la muerte”, adelantó el fiscal al dialogar con este medio, sobre la presunta causa de la muerte del sereno.

El detenido y su vínculo con la víctima

En las primeras horas de la investigación, se logró identificar a un sospechoso que fue finalmente detenido en Colón. Según se pudo reconstruir, el hombre frecuentaba la obra y mantenía contacto con la víctima.

“El sospechoso frecuentaba esa obra, que el sereno solía darle algún trabajo para que realice tareas menores, pero no era empleado”, explicó Perroud, quien subrayó que este dato fue clave para orientar la investigación.

Además, testimonios y registros de cámaras de seguridad ubicaron al detenido en el lugar y permitieron reconstruir una relación conflictiva entre ambos. “Era una relación un poco violenta o que podrían haber tenido algún altercado previo”, señaló el fiscal sobre la relación entre el detenido y el sereno.

Al respecto, agregó que dicha situación, “refuerza nuestra hipótesis de que esta persona, tendría una vinculación directa con el hecho”, dijo Perroud.

Avances de la investigación y próximos pasos

Con la detención concretada, la causa avanzará en las próximas horas hacia la instancia de imputación. El fiscal anticipó que el sospechoso será indagado en un plazo de 48 horas.

“En el término de 48 horas le vamos a recibir declaración de imputado a esta persona y luego la prisión preventiva”, indicó el funcionario judicial a Elonce.

En paralelo, continuarán las tareas investigativas con el análisis de cámaras de seguridad, la recolección de testimonios y el estudio de los movimientos del teléfono del detenido, con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia del crimen.

Un caso que conmociona

El homicidio del sereno generó fuerte impacto en la comunidad de Colón, tanto por la violencia del hecho como por las condiciones en las que fue ocultado el cuerpo. La modalidad empleada evidenció un intento de encubrimiento que ahora es materia de análisis judicial.

Mientras se aguardan los resultados de la autopsia y nuevas pericias, los investigadores buscan determinar con exactitud cómo se produjo el ataque y si hubo participación de otras personas.

Por el momento, el detenido no brindó declaraciones. “Esto es muy reciente”, concluyó el fiscal, dejando en claro que la investigación continúa en pleno desarrollo.

La violencia en espacios de recreación nocturna vuelve a estar en el centro del debate público. La madrugada del sábado, un episodio en San Miguel terminó con la muerte de un hombre de 51 años en la puerta de un boliche, lo que derivó en la detención de cuatro patovicas y en la clausura preventiva del local.

Alexis Oscar Rogers murió en la vereda de un local bailable de San Miguel tras una pelea con personal de seguridad. Según la investigación, el hombre habría sido ahorcado durante el enfrentamiento. El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del sábado en la esquina de R. Peña y Paunero, donde policías de la Comisaría 2ª hallaron el cuerpo de la víctima y el boliche con las puertas cerradas.

Las imágenes de videovigilancia muestran a Rogers, vestido con bermudas y canguro oscuros, junto a otras personas intentando ingresar al local. El personal de seguridad les negó el acceso y, cuando Rogers se disponía a retirarse, intercambió palabras con uno de los empleados. La respuesta fue una cachetada y la discusión derivó en un enfrentamiento físico que culminó con la muerte del hombre en la vereda.

La fiscalía de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, a cargo de Lorena Carpovich, dispuso la aprehensión de los cuatro empleados del boliche señalados como responsables: Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50). La hipótesis inicial indica que la causa de muerte podría ser una asfixia mecánica, aunque la confirmación definitiva depende de la autopsia ordenada por la fiscalía.

Las autoridades secuestraron el sistema DVR del local y los teléfonos celulares de los involucrados, que serán sometidos a peritajes para reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho. En paralelo, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del boliche y puso a disposición de la Justicia las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona.

El caso reabre la discusión sobre la violencia en la noche y el rol de los patovicas en los locales bailables, mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Rogers.

Video fuente Infobae

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El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Otto Larocca Rees, impuso este miércoles la pena de prisión perpetua a Jorge Alberto Miño, a quien el 26 de febrero un jurado popular declaró culpable por el homicidio de su propio hijo Joel Alexander Emanuel, cometido en diciembre de 2023 en el barrio Las Colinas de la ciudad.

El jurado había considerado a Miño padre autor material y penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo.

El Ministerio Público Fiscal había pedido la pena de prisión perpetua, en tanto que el defensor oficial Eduardo Garay pidió una condena de 26 años de prisión. El juez hizo caso a la Fiscalía.

El hecho ocurrió por el que juzgaron a Jorge Miño sucedió el domingo 10 de diciembre de 2023 cuando el joven de 18 años, identificado como Joel Alexander Emanuel Miño, falleció tras recibir un disparo de arma de fuego en el rostro.

El crimen ocurrió en inmediaciones de calles Vera Peñaloza y Cortada 61, en el barrio Las Colinas, donde el joven habría mantenido un altercado con su padre.

Según la acusación, tras esa discusión recibió el disparo efectuado por su progenitor, que le provocó la muerte de manera inmediata en la vía pública.

La víctima tenía 82 años cuando fue asesinado a golpes el 23 de abril de 2024, y se presume que el crimen fue para tapar un robo. El imputado es Norberto Miguel Rosales, de 68 años, un jubilado que hacía trabajos de construcción, nacido en Lincoln, Buenos Aires, pero domiciliado en Bovril, donde alquilaba una casa calle Alberdi.

A Rosales se le imputa haber ingresado por el patio de la vivienda habitada por Cura y su esposa, con la intención de sustraer elementos de valor, pero fue sorprendido por la víctima y en su afán de no ser reconocido, lo atacó a golpes de puño y patadas en distintas partes de su cuerpo, causándole “traumatismo craneoencefálico grave, lesiones contusas de distinta complejidad en cabeza y rostro, y extensa hemorragia sub-aracnoidea, lo cual determinó su muerte”.

Durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) hubo una intensa actividad de la querella y la defensa, que tuvieron varios contrapuntos durante el proceso. Uno de los más destacados fue que la defensora pidió la exclusión de una evidencia de cargo que la Policía halló en una hendija en la pared de la casa que alquilaba Rosales. Se trató de un papelito con datos del auto de la víctima. El pedido no prosperó.

Tampoco prosperó el pedido para que el juicio se realice en otra jurisdicción por el estado de conmoción social que generó en Bovril el violento crimen. El juez entendió que el debate no se realizaría en la localidad sino en La Paz, que es la ciudad cabecera del Departamento homónimo. No obstante, ante el razonamiento de la defensora, el juez dispuso excluir del jurado popular a los nativos de Bovril.

Cura fue hallado atado de pies y manos en el baño del quincho de su vivienda. Fue su esposa quien descubrió el cuerpo y avisó a la Policía.

En las primeras horas posteriores al homicidio fueron detenidos dos hombres que luego resultaron sobreseídos. La pesquisa avanzó y derivó en la detención de Norberto Rosales el 2 de mayo de 2024, en una vivienda de la zona de Bajada Grande, en Paraná.

De acuerdo a fuentes policiales, la captura se logró tras testimonios que indicaron que Rosales había solicitado ser trasladado a Paraná pocas horas después del crimen. La investigación determinó que el acusado se desplazó posteriormente por Rosario y la provincia de Buenos Aires, antes de regresar a Paraná, donde finalmente fue localizado en la zona costera de la Toma Vieja.

Rosales fue detenido el 2 de mayo en una vivienda en Bajada Grande, en Paraná. Hasta allí llegó la División Homicidios de la policía gracias al testimonio de dos personas que señalaron que el hombre pidió ser trasladado a Paraná. El viaje ocurrió horas después del crimen de Cura.

Tras la detención, la policía informó que "se pudo determinar que Rosales habría estado en Paraná y habría viajado a la ciudad de Rosario y luego a la Provincia de Buenos Aires, para luego regresar a la ciudad de Paraná, donde se pudo establecer el lugar donde se estaría resguardando, en el complejo de la Toma Vieja, zona costera".

La Justicia dispuso 90 días de prisión preventiva para Ernesto Fabián Caamaño, el hombre acusado de cometer el femicidio de Vanesa López en la ciudad de Gualeguay. Deberá cumplir con la medida judicial en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, por disposición del juez de Garantías, Sebastián Elal, tras el pedido del Ministerio Público Fiscal.

En paralelo, una de las hermanas de la víctima se constituyó como querellante. Los abogados Marcelo Sánchez, Mariano Velasco y Héctor Darío López Benítez fueron aceptados el jueves como parte en la Instrucción Penal Preparatoria.

La Fiscalía, a cargo de Molina y Beherán, imputaron a Caamaño por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y femicidio. Una vez practicado ese acto, el imputado es representado por la defensora pública, Agustina Quattrochi, eligió abstenerse de declarar. Cabe recordar que Caamaño puede hacer uso de su derecho hablar en cualquier momento del proceso.

Caamaño, que permanecía internado bajo custodia policial en el Hospital San Antonio tras intentar quitarse la vida luego del crimen, fue dado de alta este jueves y quedó a disposición de la Justicia. Ahora, se avanzará en su traslado hacia Gualeguaychú. Ahora

Pasadas las 8:30 de este jueves 12 de febrero se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva contra Pablo Rodríguez Laurta, ciudadano uruguayo imputado en la Justicia de Entre Ríos por el homicidio del remisero Martín Palacio y en la Justicia de Córdoba por el doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, y de Mariel Zamudio, madre de la joven.

Según informó el sitio Concordia Policiales, el primero en tomar la palabra fue el fiscal Tomás Tscherning, quien solicitó la extensión de la prisión preventiva del acusado. El representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que aún restan medidas probatorias por producir y que la Investigación Penal Preparatoria no se encuentra concluida, por lo que consideró necesario mantener la medida de coerción.

Extensión de preventiva

A su turno, el defensor del imputado, José Legarreta, manifestó que no se oponía al pedido formulado por la fiscalía en relación con la continuidad de la prisión preventiva.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías, Gabriela Seró, resolvió hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso la extensión de la prisión preventiva de Rodríguez Laurta por el plazo de 90 días, mientras avanza la investigación en su contra por los graves hechos que se le imputan.

Vale recordar que en la tarde del miércoles, Pablo Daniel Rodríguez Laurta llegó a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia desde la Provincia de Córdoba, dónde cumple el plazo de 120 días de prisión preventiva que pesaba sobre él por ser el supuesto autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género.

Declaraciones al llegar

Al llegar a la Jefatura Departamental de Concordia, brindó declaraciones ante una gran presencia policial. Un cronista de Diario Río Uruguay -presente en el lugar- captó el momento. Laurta dijo: “La Justicia no investigó los secuestros y abusos a mi hijo”, expresó y continuó: “Quiero que se sepa la verdad” cerró.

De acuerdo a la investigación, Rodríguez Laurta y Martín Palacio se conocían y no habría sido la primera vez que se encontraban el 7 de octubre de 2025. Registros fílmicos dan cuenta de que ese día, alrededor de las 19 horas, ambos se reunieron frente a la terminal de Concordia. Luego de ese encuentro no se supo más nada de Palacio, quien se desempeñaba como chofer de automóvil.

Con el correr de los días y tras la detención de Rodríguez Laurta, en un procedimiento realizado en la zona de Estación Yuquerí y Rosario del Tala, se hallaron restos humanos que posteriormente fueron identificados como pertenecientes a Martín Palacio.

La causa que investiga el crimen de Luciano Emerí, el joven hallado calcinado dentro de un automóvil incendiado en un camino rural de Cerrito, tuvo avances significativos en las últimas horas con la detención de una segunda persona y el secuestro de un arma de fuego que sería clave para la pesquisa.

Los procedimientos se concretaron durante la madrugada de este martes, en el marco de dos allanamientos realizados en distintos puntos de la localidad. Como resultado, quedó detenido un joven de 21 años, identificado con las iniciales L.S.M.L., oriundo de Cerrito, quien fue trasladado a la ciudad de Paraná y alojado en la alcaidía, a disposición de la fiscalía interviniente.

En tanto, el primer detenido —también de 21 años— permanece con prisión preventiva en una unidad penal de Paraná, mientras continúa el proceso judicial.

Detalles de los allanamientos

El jefe de la División Homicidios, Miguel Delavalle, confirmó a Elonce que durante los procedimientos “se encontraron indicios muy importantes” para la causa. Según explicó, además de nuevas entrevistas en sede de Fiscalía, se logró el secuestro de un arma de fuego.

“Se secuestró un arma cuyo calibre es coincidente con la evidencia balística recolectada en la investigación y que va a ser sometida a las pericias pertinentes para determinar si se corresponde o no con esos elementos”, detalló el funcionario policial.

A partir de estos resultados, el fiscal solicitó a la jueza de Garantías la detención de un segundo sospechoso, medida que fue concretada y puso al joven a disposición de la Justicia.

Vínculo entre los detenidos

Delavalle confirmó que ambos imputados “son vecinos de la cuadra, en la localidad de Cerrito, y se conocen entre sí”. Además, indicó que investigan si existía un vínculo previo con la víctima, aunque aclaró que algunos aspectos continúan bajo análisis judicial.

Respecto al procedimiento de detención del segundo sospechoso, señaló que el joven se encontraba en su domicilio y que el operativo se desarrolló con normalidad. “Esta persona puso resistencia, estaba en su domicilio, luego llegaron los padres, se desarrolló el procedimiento con total normalidad y posteriormente la familia rompió en llanto, pero el joven siempre se puso a disposición”, relató.

La hipótesis del hecho

Consultado sobre el rol de cada uno de los detenidos, Delavalle fue contundente: “De la investigación surge que las dos personas estuvieron juntas en el momento preciso del hecho y en el lugar donde se cometió”. No obstante, aclaró que la causa sigue en plena etapa investigativa. “Seguimos investigando y, hasta ahora, los elementos objetivos que hemos logrado recolectar nos llevaron a estas dos personas. Si surge la sospecha de una tercera participación, se va a profundizar en esa línea”, afirmó.

En relación al arma secuestrada, confirmó que fue hallada durante uno de los allanamientos y que estaba en poder de uno de los detenidos. Las pericias de la Dirección General de Policía Científica determinarán si se trata del arma homicida.

Finalmente, Delavalle sostuvo que la investigación se encuentra avanzada para el tiempo transcurrido desde el crimen. “Fue un gran avance en estos seis días. Las primeras horas y los primeros días son fundamentales para que no se escape ningún tipo de información, y eso nos permitió llegar a este resultado”, concluyó, al tiempo que indicó que los motivos y el modus operandi se mantendrán en reserva hasta que la causa esté debidamente consolidada en el expediente judicial.

Avanza la causa por el crimen de Luciano Émery, cuyo cuerpo fue hallado calcinado dentro de un auto incendiado en un camino rural de Cerrito (departamento Paraná) y por el hecho fue detenido un sospechoso que, según indicaron fuentes del caso, habría sido el último contacto conocido de la víctima. "Se trataría de un joven de 21 años y de apellido Sotelo que sería estudiante universitario y recientemente habría iniciado a cursar sus estudios en UTN Paraná", indicó el periodista Javier Aragón en Radio La Voz.

Al respecto, el jefe de la División Homicidios, Miguel Delavalle, explicó a Elonce que, tras las primeras diligencias realizadas en la escena del hecho y el análisis de evidencias recolectadas en las horas iniciales, se trabajó sobre la hipótesis de una “muerte violenta” y se desplegaron distintas medidas para reconstruir los movimientos previos al crimen.

La investigación incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y el seguimiento de un vehículo que los investigadores consideraban clave desde el inicio. En ese marco, durante la noche del jueves se desarrollaron procedimientos en una vivienda de Cerrito, donde fue secuestrada una camioneta Toyota Hilux que fue sometida a pericias externas y luego trasladada a Paraná para un examen más profundo en su interior.

El perro sería un indicio clave

Durante el operativo también se secuestró evidencia balística en la vivienda, la cual será cotejada con otros elementos encontrados en el auto incendiado y con material levantado en cercanías de donde apareció el perro de la víctima, que fue hallado muerto con una herida de arma de fuego.

“El perro habría estado en todo momento con Émery, dentro del vehículo. Salió de la casa junto a él y luego el animal apareció (muerto) en un lugar determinado, que entendemos podría ser el sitio donde ocurrió el hecho, y no donde finalmente se encontró el vehículo”, explicó el comisario.

En relación al vehículo incendiado, el comisario confirmó la existencia de “dos orificios compatibles con disparos de arma de fuego” que, de acuerdo a los primeros indicios, se habrían producido “de adentro hacia afuera”. No obstante, remarcó que la mecánica de lo ocurrido aún debe establecerse con precisión.

Identificación por ADN y rol del padre

El caso continúa bajo secreto parcial debido a la complejidad de la investigación. La víctima todavía no fue identificada oficialmente de manera científica, ya que el estado del cuerpo impidió el reconocimiento por huellas dactilares. Por ese motivo, se inició el proceso de identificación mediante ADN, lo que demandará varios días.

Delavalle señaló además que el padre del joven, un policía retirado, mantuvo contacto desde el inicio con los investigadores y colaboró con información vinculada a la búsqueda del perro, que según se cree acompañó a la víctima hasta momentos previos al desenlace.

“El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie le da derecho a quitarle la vida a otro”, había publicado el padre de la víctima en redes sociales, según pudo saber Elonce.

Detención e hipótesis en análisis

Sobre el detenido, el comisario indicó que se trata de un joven de 21 años, oriundo de Cerrito, localizado en Paraná, donde se encontraba para estudios médicos. En base a distintos elementos obtenidos en las primeras etapas de la pesquisa, la Fiscalía dispuso su detención. “Es la persona que nosotros creemos que estuvo junto con el chico al momento que sucedió el hecho”, afirmó, sin brindar detalles para no comprometer la causa.

Los investigadores trabajan con múltiples hipótesis sobre el móvil, aunque evitaron confirmar versiones que circulan en la ciudad y que vinculan a la víctima con la venta de estupefacientes al menudeo. “Son dichos, pero no queremos ventilar elementos porque la investigación recién arranca y entendemos que puede haber más personas involucradas”, sostuvo el comisario.

No obstante, trascendió que, hace aproximadamente dos años, Émery había estado bajo sospecha en una investigación policial vinculada a una posible venta de estupefacientes al menudeo, aunque aquella causa no reunió pruebas en su contra, según había publicado Análisis.

La causa está a cargo del fiscal Laureano Dato, titular de la Unidad de Delitos Complejos, quien definirá la calificación legal e imputación en las próximas horas, a medida que se incorporen resultados periciales y forenses.

La Justicia investiga como presunto homicidio el hallazgo del cuerpo calcinado en el interior de un automóvil incendiado durante la madrugada del miércoles en un camino rural cercano a la localidad de Cerrito, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Paraná.

La víctima sería de apellido Emeri, de 25 años, hijo de un policía retirado y domiciliado en el casco urbano de Cerrito. El cadáver fue hallado dentro de un Ford Fiesta que apareció totalmente quemado en un camino vecinal ubicado en inmediaciones del cruce de las rutas nacionales 12 y provincial 8, en dirección hacia Curtiembre.

Según confirmaron fuentes policiales a Elonce, la identificación del cuerpo será de carácter científico debido al avanzado estado de deterioro. El reconocimiento fehaciente se realizará a través de la dentadura o mediante análisis de ADN, un procedimiento que demandará varios días. En el lugar del hallazgo, los peritos constataron que el cadáver se encontraba “irreconocible” a causa de la acción del fuego.

Indicios de un crimen

De acuerdo a los primeros resultados de las pericias, se detectaron impactos de bala en el vehículo incendiado. “Los impactos de bala son del interior hacia el exterior y quedaron estampados en la puerta, por lo tanto, el hecho se produjo desde adentro hacia afuera”, señaló el periodista Javier Aragón en declaraciones radiales a La Voz.

Los investigadores manejan la hipótesis de que una o dos personas habrían reducido a Emeri dentro del automóvil, lo asesinaron a tiros y luego incendiaron el vehículo. Según indicó Aragón, el fuego podría haber tenido como objetivo eliminar pruebas o dejar un mensaje.

Líneas de investigación

En el marco de las averiguaciones iniciales, no se conocieron conflictos personales recientes ni una actividad laboral formal del joven, según manifestaron personas de su entorno. No obstante, trascendió que, hace aproximadamente dos años, Emeri había estado bajo sospecha en una investigación policial vinculada a una posible venta de estupefacientes al menudeo, aunque aquella causa no reunió pruebas en su contra, según publicó Análisis.

“En Cerrito, a Emeri lo tienen vinculado al submundo de la venta de estupefacientes y en Pueblo Brugo trascendieron comentarios relacionados a la búsqueda de algunas personas hacia Emeri por una deuda o un faltante”, indicó Aragón al referirse a los primeros indicios que analiza el personal de Investigaciones y Homicidios.

Como dato que refuerza la gravedad del caso, el perro de Emeri fue hallado muerto, con una herida de bala, en inmediaciones del ingreso a un basural ubicado entre Cerrito y la ruta 8. La causa continúa en plena etapa investigativa, con estricta reserva de información, mientras se aguardan los resultados de las pericias forenses que permitan confirmar la identidad de la víctima y avanzar en el esclarecimiento del crimen.