El documento incluirá conclusiones, detalles técnicos y propuestas judiciales que serán elevadas a la Cámara de Diputados antes del 20 de noviembre. La reunión está prevista para las 16 horas, en la Sala 1 del Anexo A del Congreso.

La comisión logró formalizar su funcionamiento recién el 28 de agosto, cuando el pleno de la Cámara designó autoridades. Desde entonces se realizaron nueve reuniones, a las que se suma la de este martes, donde se presentará el informe final.

El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, anticipó en redes sociales que el trabajo reunió “documentos, testimonios e información técnica” y que el informe buscará ofrecer “una respuesta seria y fundada” sobre lo actuado. El expediente final cuenta con diez cuerpos que incluyen actas, informes técnicos, documentación aportada por plataformas de intercambio y testimonios de especialistas.

En esa misma instancia, el especialista en criptomonedas Iñaki Apezteguia sostuvo que no hubo estafa, lo que generó posiciones contrapuestas dentro de la comisión.

En junio, antes de la designación formal de autoridades, también participaron periodistas, especialistas en sistemas y analistas financieros, quienes aportaron información sobre el funcionamiento de la plataforma asociada a $LIBRA y los movimientos de billeteras virtuales.

El jefe de Gabinete negó cualquier vinculación del Estado con el denominado proyecto “Viva La Libertad” y remarcó que “no existió coordinación, intervención ni beneficio económico por parte de funcionarios nacionales”. También subrayó que las comisiones investigadoras no pueden “arrogarse funciones que corresponden exclusivamente al Poder Judicial”.

La comisión señaló que hubo restricciones para acceder a información clave relacionada con el caso. Funcionarios citados —entre ellos Karina Milei, el titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik y la exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA, Florencia Zicavo— no se presentaron a declarar.

Además, la disolución de la Unidad de Investigación (UTI), dispuesta por el decreto 332/2025, fue interpretada como una señal de desinterés por parte del oficialismo.

A su vez, la diputada Sabrina Selva (UxP) señaló que el análisis técnico permitió identificar 36 billeteras con ganancias superiores al millón de dólares y mencionó un eventual uso político de la imagen presidencial. Entre los elementos relevados figura una billetera vinculada al empresario Mauricio Novelli, que recibió USD 300.000 en noviembre de 2024 y USD 250.000 en enero de 2025, según información aportada por la plataforma Binance.

El vínculo con el juzgado federal a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi se mantuvo tensionado. El magistrado negó a la comisión el acceso completo al expediente, con el argumento de que la causa se encuentra bajo secreto, postura que fue respaldada por el fiscal Eduardo Taiano.

Ambos también rechazaron pedidos de indagatoria y detención contra empresarios investigados. Desde la comisión se consideró que las resoluciones “obstaculizan el control institucional”. Ante esto, los diputados aprobaron solicitar un jury de enjuiciamiento contra Martínez de Giorgi y Taiano.

El escándalo por la presunta megaestafa de la criptomoneda $Libra volvió a salpicar al entorno presidencial tras revelarse que Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, mantuvo una reunión en Casa Rosada con los hermanos Mauricio y María Novelli el 29 de enero de 2025. El encuentro, hasta ahora desconocido, se produjo apenas 24 horas antes de las operaciones financieras que la fiscalía considera posibles pagos indirectos a funcionarios públicos.

La información fue difundida por la diputada Sabrina Selva, quien publicó en redes los registros oficiales de audiencias con la frase: “$LIBRA: ¿Y Karina???”. Según el informe de la Fiscalía Federal, ese mismo 30 de enero Hayden Davis, creador de la criptomoneda, realizó junto a los Novelli transferencias millonarias a una “cueva cripto” utilizada para liquidar activos y distribuir fondos del sistema de referidos que terminó defraudando a miles de ahorristas.

La periodista Irina Hauser amplió los datos en el programa QR, donde explicó que los registros de ingreso al edificio presidencial figuran bajo la órbita de la Secretaría General, dependencia a cargo de Karina Milei. Hauser señaló que varias reuniones con empresarios involucrados en el caso se repiten bajo el mismo patrón: visitas a Casa Rosada seguidas de movimientos financieros de grandes sumas, lo que la fiscalía interpreta como parte de una planificación previa a la estafa.

El hermano de María Novelli, Mauricio, figura como principal articulador financiero del entramado $Libra, y fue grabado en febrero vaciando cajas de seguridad tras el estallido público del fraude.

La Comisión Investigadora de Diputados, que analiza el grado de participación de funcionarios en el caso, evalúa incorporar este nuevo registro a su informe final del 18 de noviembre, junto a los antecedentes de las reuniones y transferencias detectadas.

Desde el oficialismo, ningún vocero se pronunció sobre la revelación. Pero el nuevo dato reavivó las sospechas sobre el grado de conocimiento o intervención del círculo presidencial en las operaciones bajo investigación judicial.

El proyecto $Libra, que comenzó como una plataforma de inversión en blockchain con promesas de altos rendimientos, dejó miles de víctimas y pérdidas millonarias cuando el token se desplomó. La Justicia ya ordenó congelar bienes y activos de sus principales promotores, entre ellos Davis y los Novelli, y sigue sumando evidencias documentales que vinculan a empresarios, políticos y operadores financieros en una trama donde el dinero digital se cruzó con el poder real.

La Comisión del Congreso que investiga la estafa con la criptomoneda $LIBRA reveló este martes que el presidente Javier Milei habría participado previamente en una operatoria idéntica con otro token, denominado $KIP. Según el informe presentado por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, la maniobra se concretó el 9 de diciembre de 2024, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación que luego derivó en el caso que sacudió al mercado en febrero.

Ferraro aseguró que en aquella oportunidad Milei actuó junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos también investigados por la causa principal. La operatoria fue impulsada por la empresa Kip Protocol, propiedad de Julian Peh, señalada como responsable del desarrollo de ambos tokens.

“Pudimos confirmar y demostrar que dos meses antes de $LIBRA, el Presidente ya había participado de una operatoria idéntica, con los mismos actores y el mismo mecanismo de manipulación del valor de mercado”, expresó Ferraro durante la reunión de la comisión investigadora.

De acuerdo con la denuncia, los implicados habrían comprado el token $KIP cuando cotizaba en su punto más bajo, promoviendo luego su valor mediante la difusión pública del proyecto y retirándose con ganancias millonarias. “Obtuvieron más de 600 mil dólares en beneficios en apenas semanas”, detalló el legislador.

La comisión, que sesionó este martes en el Congreso, aprobó nuevas medidas de prueba. Se enviarán oficios a tres plataformas de intercambio de criptoactivos y se renovaron las citaciones a familiares de Novelli por presuntos movimientos de fondos en cajas de seguridad. Además, toda la documentación será remitida al juzgado que instruye la causa principal, donde se investiga una posible estafa financiera y la participación directa del Presidente.

“La operatoria de $LIBRA no fue casualidad ni sorpresa: Milei ya sabía cómo funcionaba el esquema y fue parte de él”, sostuvo Ferraro, quien anticipó que las indagaciones seguirán ampliándose.

El diputado concluyó su exposición con un mensaje político: “Vamos a llegar hasta el final. Ni las presiones, ni el poder corporativo, ni los intentos de encubrimiento van a impedir que se conozca la verdad”.

La investigación parlamentaria sobre $LIBRA, iniciada tras la denuncia de miles de damnificados, se transformó en uno de los frentes más delicados para el oficialismo. Con esta nueva revelación, el foco se amplía sobre los antecedentes del propio Presidente en el mundo de las criptomonedas y sus vínculos con los empresarios que hoy están bajo la lupa judicial.

La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA sesionará esta tarde en el Congreso para escuchar a cuatro invitados, en lo que constituye la primera ronda de testimonios desde que el cuerpo quedó formalmente conformado con sus autoridades. La reunión está prevista para las 16, en la Sala 1 del anexo “A”.

Los citados son Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA); María Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA; Luis Francisco Villanueva, subsecretario de Integración y Transparencia de la OA; y José Massoni, exjefe de la Oficina Anticorrupción en los inicios de la gestión de la Alianza.

El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, puso el foco en la presencia de Melik y Zicavo, cuya asistencia todavía genera dudas. En redes sociales, Ferraro recordó las palabras de Javier Milei tras reconocer la derrota electoral del domingo, cuando prometió autocrítica y corrección de errores. “Lo primero que debería corregir su gobierno es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a las sospechas de violar la Ley de Ética Pública”, sostuvo.

El diputado subrayó que la cooperación del Ejecutivo es indispensable para despejar dudas sobre la operatoria de $LIBRA. “Si el Gobierno quiere dar una buena señal, debe colaborar con la investigación. Y eso empieza por lo más simple: que Melik y Zicavo concurran a la Comisión como corresponde”, remarcó.

La investigación parlamentaria busca determinar responsabilidades políticas y administrativas en torno al funcionamiento de $LIBRA, cuya creación y despliegue despertó sospechas de irregularidades y potenciales conflictos de intereses. Massoni, uno de los citados, fue el primer titular de la OA y denunció durante su gestión una matriz estructural de corrupción en la obra pública, lo que genera expectativa sobre su testimonio.

La sesión de esta tarde marcará un punto de inflexión en el avance de la causa. Desde la oposición anticipan que insistirán con el pedido de mayor apertura por parte del Ejecutivo, en un clima político marcado por el desgaste de Milei tras el resultado electoral adverso.

El oficialismo, en tanto, se enfrenta a la disyuntiva de facilitar la presencia de los funcionarios o mantener la estrategia de silencio, lo que podría profundizar el conflicto con el Congreso.

La pulseada por $LIBRA se inserta así en un escenario político cada vez más tenso, donde el rol del Parlamento como órgano de control aparece fortalecido y la figura presidencial, bajo presión.

Después de meses de inactividad, la comisión del Congreso que investiga la presunta criptoestafa $Libra retomará sus funciones este jueves, con la elección de sus autoridades bajo un nuevo reglamento que favorece a la oposición. La medida pone en marcha un frente más para el Gobierno, ya tensionado por las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Hasta ahora, la comisión solo había sesionado tres veces desde su conformación en abril. La parálisis se debía a un empate entre miembros oficialistas y opositores, lo que impedía designar la presidencia y, por lo tanto, iniciar las investigaciones. El nuevo reglamento permite la elección de autoridades por votación simple y establece criterios de desempate, lo que podría dejar la presidencia en manos de Unión por la Patria, con Sabrina Selva como posible titular.

Una vez constituidas las autoridades, la comisión tendrá plazo hasta el 10 de noviembre de 2025 para investigar. Sus tareas incluyen analizar la sucesión de hechos vinculados a la promoción de $Libra, que derivó en pérdidas millonarias, y determinar la responsabilidad política de Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo y otros funcionarios involucrados.

El reglamento prevé que las decisiones se tomarán por mayoría simple, con la presidencia resolviendo los empates, y que dentro de los 10 días corridos posteriores al cierre de la investigación se deberá presentar un informe final a la Cámara de Diputados detallando los hechos y conclusiones.

Con esta reactivación, la comisión buscará aportar claridad sobre las pérdidas asociadas a $Libra y establecer responsabilidades, sumándose a otros frentes que afectan al Gobierno libertario, mientras los audios de coimas y denuncias de corrupción siguen generando tensión política y económica en el país.

La querella que investiga la presunta estafa cripto reveló que el supuesto empresario “Julián Peh” no figura en los registros de Singapur, según confirmó Interpol al fiscal Eduardo Taiano. En cambio, su verdadera identidad sería Qihao Bao, un joven vinculado a una universidad estadounidense.

Los denunciantes afirman haber obtenido documentación que vincula a Bao con el presidente Javier Milei, señalando que habría participado de un encuentro en la residencia de Olivos el día del lanzamiento de Libra, la fallida criptomoneda respaldada públicamente por el mandatario en redes sociales. “Vamos a pedir formalmente los registros de Migraciones para verificar si ingresó al país en esa fecha”, anticiparon.

El avance de la querella contrasta con el aparente letargo del fiscal Taiano, quien mantiene la causa prácticamente paralizada. Una fuente cercana a los denunciantes aseguró que incluso lograron rastrear el legajo escolar del implicado, lo que refuerza la hipótesis de su verdadera identidad.

El episodio representa un fuerte revés para el oficialismo, que inicialmente había vinculado el escándalo con Kit Protocol, una supuesta empresa dirigida por Peh. No obstante, Interpol aseguró que en Singapur no existe ningún registro de una persona con ese nombre, ni de la empresa en cuestión.

Este nuevo capítulo reaviva las sospechas sobre el rol del Gobierno en el caso Libra, una iniciativa que fue promocionada por el propio presidente Milei en sus redes sociales. La oposición y algunas querellas ya pidieron la citación a indagatoria del mandatario y de su hermana Karina Milei.

Contexto

El caso Libra explota en medio de denuncias por estafa y vaciamiento de fondos vinculados al uso de criptomonedas. Desde sectores críticos aseguran que hubo una campaña de legitimación política desde el Ejecutivo, mientras que el oficialismo insiste en que se trató de un respaldo informal y que no hubo intervención institucional.

El posteo de Javier Milei en redes sociales, en el que publicitaba el token $LIBRA y lo vinculaba con un supuesto proyecto de inversión en el país, se convirtió en el epicentro de una ampliación en la demanda colectiva presentada en Nueva York por dos estudios de abogados. La misma es impulsada por inversores que perdieron miles de dólares al confiar en $LIBRA y acusa a los responsables del token de operar un fraude multimillonario en el mercado de criptomonedas.

La presentación judicial, que abarca 110 páginas, menciona en 19 de ellas al Presidente argentino, así como también a su hermana y secretaria presidencial, Karina Milei, quien es señalada como la persona que autorizó el acceso del creador de $LIBRA, Hayden Davis, a la Casa Rosada.

A pesar de las menciones al mandatario y su entorno, la causa no está dirigida contra ellos, al menos mientras Milei continúe en su cargo. Los demandantes, que han sido asesorados por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, acusan a Davis y a Benjamin Chow, exCEO de la plataforma Meteora, de violaciones graves a la Ley RICO, una normativa de Estados Unidos diseñada originalmente para combatir el crimen organizado. A los acusados se les imputa conspiración, enriquecimiento ilícito, fraude, publicidad engañosa, manipulación de mercados financieros y apropiación indebida de fondos. Los demandantes exigen un juicio por jurados.

En su presentación, los abogados defienden que el lanzamiento de $LIBRA, anunciado el 14 de febrero de 2025, fue un "fraude público extraordinario". El texto destaca que el proyecto "Viva La Libertad", promovido en el posteo de Milei, "no existía en realidad". A pesar de esto, el Presidente vinculó el token a un supuesto proyecto de inversión legítimo, que supuestamente tenía como fin incentivar el crecimiento de la economía argentina.

Este anuncio, que incluía enlaces a la página web de $LIBRA y al contrato para comprar los tokens, fue una de las principales razones que impulsaron a decenas de miles de inversores a adquirir $LIBRA, creyendo que el proyecto estaba avalado por el gobierno de Milei.

De acuerdo con el escrito, la publicación de Milei fue el factor clave para que el proyecto ganara notoriedad y atrajera a los inversores. Sin ese tuit, el escándalo nunca habría sucedido, afirman los abogados. También se señala que Karina Milei fue quien facilitó el primer encuentro entre Hayden Davis y el Presidente, el 16 de julio de 2024, en la Casa Rosada. Desde ese momento, Davis realizó varias visitas al país, participando incluso en eventos organizados por criptoemprendedores cercanos a Milei, como el Tech Forum de octubre de 2024.

El fraude perpetrado con el token $LIBRA afectó más de 40.000 inversores, quienes perdieron más de 280 millones de dólares. Según la demanda, Davis y Chow coordinaron un plan para manipular los mercados financieros descentralizados (DeFi) y crear un entorno de fraude masivo en la blockchain de Solana. Se describe cómo $LIBRA fue promovido como un token con el respaldo de un gobierno, lo que generó una capitalización inicial de 4 mil millones de dólares. Sin embargo, según los demandantes, no existió ningún tipo de aporte o donación a emprendimientos argentinos, como se había prometido.

El esquema de manipulación operó de la siguiente manera: Davis y Chow congelaron el comercio de $LIBRA en su lanzamiento, lo que permitió a las billeteras de información privilegiada apropiarse de más del 95% de los tokens a precios artificialmente bajos. Luego, inflaron el precio mediante volúmenes artificiales de transacciones y comenzaron a vender los tokens a precios inflados, lo que provocó el colapso del valor de $LIBRA en pocas horas, dejando a los inversores con pérdidas millonarias.

La demanda también señala que $LIBRA fue diseñado de manera similar a un token previo, $M3M3, pero con mayor audacia, ya que se invocó el respaldo político de Milei para generar confianza en los inversores. "El interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron drásticamente en respuesta al anuncio del presidente Milei", sostiene el texto.

Aunque en esta demanda no incluyen a Milei ni a otros funcionarios del gobierno como acusados directos, el abogado especializado en litigios internacionales Sebastián Soler explicó que, aunque Milei goza de inmunidad presidencial, su participación indirecta en la promoción del fraude es innegable.

La presencia de su nombre en los documentos judiciales refuerza la acusación de que sin su intervención, el proyecto no habría alcanzado la magnitud de fraude que generó.

Este caso no solo afecta a los responsables directos del fraude, sino que también podría tener consecuencias diplomáticas para el gobierno argentino. En este contexto, el diputado nacional Oscar Agost Carreño advirtió que la invocación de la Ley RICO podría abrir la puerta a reclamos por daños punitivos y fraude internacional en el futuro, y que la demanda podría extenderse más allá de los responsables del fraude hacia el Estado argentino.

El próximo capítulo de esta saga judicial se definirá el 19 de agosto, cuando la jueza Jennifer L. Rochon examine las pruebas y determine el futuro de los más de 70 millones de dólares en criptoactivos que aún controla Hayden Davis. A medida que la causa avanza en Estados Unidos, en Argentina el gobierno guarda silencio, mientras se sigue especulando sobre las implicaciones políticas y judiciales del caso $LIBRA.

Por primera vez, el nombre de Karina Milei aparece mencionado en el expediente de la demanda colectiva (class action) sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA en los Estados Unidos. Aunque no es acusada ni demandada, los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin sostienen que fue ella quien autorizó el primer ingreso del desarrollador financiero Hayden Davis a la Casa Rosada.

En la presentación, se solicita que Davis y otros involucrados sean enviados a juicio oral y público por jurado, bajo cargos de crimen organizado, estafa y enriquecimiento ilícito. El apellido Milei aparece mencionado más de 50 veces, ya que, según los letrados, “el interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron en respuesta al anuncio (por el posteo en X) del presidente Milei”.

Esta semana también se conoció una presentación firmada por los mismos abogados Burwick y Hoppin en el marco de la acción de clase. En el escrito, solicitaron que se prorrogue el congelamiento temporario de más de u$s57 millones depositados en billeteras virtuales de Davis. Como parte de los argumentos, los letrados hacen referencia al impacto que tuvo en el mercado un posteo del presidente Javier Milei en la red social X.

El desarrollador de $LIBRA cambió su declaración original ante la justicia estadounidense. Admitió que se trataba de una memecoin —es decir, un activo puramente especulativo— y no de un proyecto con inversión para pequeñas empresas o educación, como dijo inicialmente. La contradicción implica que Davis ahora intenta levantar el embargo sobre unos u$s280 millones congelados en EE.UU., declarando ser “custodio” de unos u$s100 millones con vinculación argentina.

En junio, había declarado que $LIBRA se destinaría a proyectos económicos y educativos, pero en la presentación del 17 de julio su defensa reconoce la falta de planes, detalles o infraestructura para esos fines, y aclara que el token no tenía valor intrínseco ni garantía, y que su mercado era extremadamente volátil.

En ese marco, en Argentina, la oposición en Diputados presiona por reactivar la investigación parlamentaria sobre la causa Libra. quieren que la Oficina Anticorrupción (OA) reabra su investigación tras las nuevas revelaciones, y avanzar en citaciones a funcionarios clave, entre ellos Javier y Karina Milei.

Se analiza además identificar la cuenta receptora de una transferencia de u$s507.000 realizada por Davis justo antes de una reunión en Casa Rosada, y rastrear vínculos financieros que podrían incluir maniobras de dilación judicial. Diputados esperan demandar acceso a registros de blockchain y movimientos bancarios vinculados con Mauricio Novelli, trader que habría conectado a Milei y Davis, así como a familiares vinculados con operaciones sospechosas.

Entre afectados, el inversor Martín Romeo (con patrocinio de Fernando Burlando) afirmó que “el 86% de los inversores perdieron todo el dinero en las cinco horas siguientes a la difusión del token $LIBRA”, y que se drenaron u$s280 millones, perjudicando a unos 75.000 inversores.

El caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo explosivo con las revelaciones del especialista en informática Fernando Molina, quien aseguró haber detectado transferencias por más de cinco millones de dólares realizadas por Hayden Davis, el empresario detrás de la polémica criptomoneda promocionada por Javier Milei. Los movimientos ocurrieron, según su rastreo, en las horas y días posteriores a una reunión entre Davis y el presidente argentino en la Casa Rosada.

Molina, quien había expuesto sobre el caso en la Cámara de Diputados, afirmó que el 13 de febrero, un día antes del lanzamiento oficial de $LIBRA, Davis transfirió más de 1.275 millones de dólares al exchange Gate.io, una plataforma que —según el analista— no figuraba entre las utilizadas habitualmente por el empresario.

El 30 de enero, día en que visitó Balcarce 50 junto a los operadores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, también movió 507.500 dólares a través de Bitget, apenas 42 minutos después de que Milei publicara en su cuenta de X una selfie con Davis.

Otro giro llamativo se registró el 3 de febrero: Davis habría enviado casi dos millones de dólares a una billetera digital que, a su vez, realizó tres transferencias en cadena. El 4 de febrero, Novelli abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia, la misma que, días más tarde, fue vaciada por

La Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Ministerio de Justicia, desligó del escándalo del Criptogate al presidente Javier Milei, que quedó envuelto en el escándalo por haber promocionado la criptomoneda $LIBRA.

Según la resolución de la OA, firmada este viernes, el jefe de Estado "no tuvo responsabilidad en la pérdida que sufrieron los afectados", a pesar de su mensaje sobre la memecoin publicado en sus redes sociales.

La utilización de redes sociales por parte de funcionarios públicos, incluidos los de más alta jerarquía, "no implica en todos los supuestos el ejercicio de una función pública en los términos establecidos por la Ley de Ética Pública", sostuvo.

La causa que investiga el rol del jefe de Estado continúa en la Justicia Federal. El 30 de mayo pasado, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió informes sobre líneas telefónicas que estén o hayan estado a nombre de Milei y otros tres investigados en la causa $LIBRA: Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.

En el marco de las demandas colectivas por el caso $LIBRA, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de la ciudad de Buenos Aires solicitó el congelamiento de casi 45 millones USDC (criptomoneda vinculada al dólar estadounidense) identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana.

Días atrás, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rochon, que también avanza con la investigación de la presunta estafa, ordenó a Circle Internet Group congelar aproximadamente $58 millones en criptomonedas USDC, de Solana, almacenados en billeteras virtuales directamente vinculadas al supuesto fraude.

El pedido estuvo a cargo del fiscal Taiano, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin; la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli; y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), María del Carmen Chena, y quedó en manos del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1, María Servini, que accedió a la solicitud.

El Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, eliminó oficialmente la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había sido creada para investigar las denuncias relacionadas con el criptoactivo $LIBRA, una memecoin que fue promocionada por el propio mandatario y cuyo desplome generó pérdidas millonarias.

La decisión fue formalizada en la madrugada de este martes mediante el Decreto 332/2025, firmado por Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y publicada este martes en el Boletín Oficial.

“El gobierno considera que la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal y que la Unidad ha dado cumplimiento a la tarea encomendada por el Decreto N°114/25”, señala el documento oficial.

El escándalo estalló el pasado 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó públicamente $LIBRA desde sus redes sociales oficiales, generando un interés masivo en el token digital. En cuestión de horas, el valor de la criptomoneda pasó de casi cero a superar los u$s5, alimentado por la fiebre especulativa y el respaldo del mandatario.

Sin embargo, pocos días después, el proyecto se desplomó abruptamente. Sus desarrolladores se retiraron sin previo aviso, y la memecoin perdió casi todo su valor. El episodio provocó un fuerte revuelo entre inversores damnificados, que lo calificaron como un posible caso de “rug pull” —una estafa común en el mundo cripto, donde los creadores abandonan un proyecto tras captar fondos—.

La Unidad de Tareas de Investigación sobre $LIBRA fue creada a través del Decreto 114/2025. Estaba conformada por representantes de organismos especializados en activos virtuales, delitos financieros y lavado de dinero. Su misión era determinar si existieron maniobras fraudulentas o conductas irregulares en la promoción y posterior caída del valor de la criptomoneda.

El caso también trascendió fronteras: una demanda colectiva fue presentada en Estados Unidos contra Milei, acusándolo de promoción engañosa y negligencia. Los denunciantes aseguran que el respaldo público del Presidente fue clave para legitimar una inversión que terminó en pérdidas.

Pese al cierre de la UTI, fuentes judiciales aseguran que la investigación penal continuará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, donde se evalúa si existieron delitos económicos o conflictos de interés vinculados a funcionarios del entorno presidencial.

Por ahora, no se publicaron informes oficiales sobre las conclusiones de la unidad disuelta. Tampoco se conoce la identidad de los desarrolladores originales de $LIBRA a ni si existieron vínculos directos con funcionarios del actual gobierno. (Con información de Ámbito Financiero).

Vacían cajas tras la estafa: Novelli bajo la lupa por $Libra. La causa judicial por la criptoestafa $Libra sumó en las últimas horas un giro clave: la jueza federal María Servini ordenó congelar los bienes y cuentas bancarias de Mauricio Novelli, empresario señalado como una de las piezas centrales en el lanzamiento del cuestionado token que dejó pérdidas millonarias. La medida también alcanza a su madre, María Alicia Rafele; a su hermana, María Pía Novelli; al exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales; y al empresario Manuel Terrones Godoy.

El dato detonante fue un informe policial basado en imágenes de las cámaras de seguridad de la sucursal Martínez del banco Galicia. En las grabaciones, obtenidas por el programa “QR” de Bravo TV y difundidas por la periodista Irina Hauser, se observa a las familiares de Novelli retirando elementos de dos cajas de seguridad contratadas días antes del estallido del escándalo. El operativo ocurrió apenas tres días después de la publicación en redes del presidente Javier Milei, quien compartió el enlace del proyecto cripto aunque luego negó haberlo promocionado.

En las imágenes, según la División Lavado de Activos de la Policía Federal, se ve a Rafele con un bolso aparentemente vacío al entrar y con mayor volumen al salir. La mochila que cargaba su hija también parece haberse llenado durante la visita al banco. La jueza había ordenado allanar ambas cajas, pero para entonces ya estaban vacías.

La resolución de Servini impone una “prohibición de innovar” por 90 días: los imputados no podrán transferir bienes, vehículos ni activos. La jueza dispuso además comunicar la medida a organismos clave como el Banco Central, la CNV, la UIF, la IGJ, el Registro de Propiedad y otras entidades de control.

El accionar de Novelli despierta más sospechas al analizarse la cronología de los hechos. El 4 de febrero, apenas diez días antes del tuit de Milei sobre $Libra, Novelli había contratado las cajas de seguridad. Luego viajó a Estados Unidos, y volvió al país el 16. El día siguiente, su madre y su hermana vaciaron las cajas, en coincidencia con el desplome del valor del token, que arrastró a más de 40.000 inversores a cuantiosas pérdidas.

El fiscal Eduardo Taiano ya tiene en su poder las imágenes de la bóveda bancaria. En paralelo, en el Congreso, la interpelación a los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo volvió a suspenderse, en medio del creciente escándalo por el rug pull de $Libra. La maniobra, típica de estafas cripto, consiste en inflar el valor de un activo y luego retirar los fondos en masa, dejándolo sin respaldo.

Novelli aparece como nexo entre el entorno presidencial, la figura del inversor Hayden Davis y el lanzamiento de la criptomoneda. La Justicia busca determinar si hubo coordinación para desviar fondos antes del colapso del activo digital. El vaciamiento de las cajas podría ser una de las piezas clave para probar esa hipótesis.

La Cámara de Diputados le dio un nuevo revés al gobierno nacional al aprobar la creación de una comisión investigadora por el escándalo $LIBRA, la token que promocionó el presidente Javier Milei hace casi dos meses. Además, la oposición logró aprobar la citación al recinto a dar explicaciones a los ministros de Justicia y Economía, Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo. También al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.

128 afirmativos, 93 negativos y 7 abstenciones fue la definición de la creación de la comisión investigadora que no había podido prosperar en el Senado. Luego, fueron 131 votos a favor, 96 en contra y ninguna abstención para aprobar la interpelación de los funcionarios del gobierno. Por último, también aprobaron el pedido de informes al Poder Ejecutivo por la criptoestafa, con 135 votos a favor, 84 en contra y 7 abstenciones.

El gobierno intentó tirar abajo la sesión, pero hubo cambios a último momento en la postura de algunos legisladores que responden a gobernadores, lo que posibilitó que hubiera quórum, cuando minutos antes no daban los números.

La fuerza principal que se sentó en la cámara baja, como era de esperarse, fue UxP. A ellos se sumaron los radicales díscolos de Democracia para Siempre de Pablo Juliano, Encuentro Federal de Miguel Pichetto, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y los diputados de la izquierda. Con 130 legisladores, se logró el quórum necesario (129) para que hubiera sesión.

Inesperadamente, se sentaron en sus bancas los diputados de EF que responden al mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, así como los catamarqueños que siguen las órdenes del gobernador Raúl Jalil.

En cambio, el PRO y la UCR (con las excepciones de Julio Cobos y Fabio Quetglas) colaboraron con la estrategia fallida de vaciar el quórum junto al oficialismo de La Libertad Avanza e Innovación Federal.

El gobierno, a través del presidente de la cámara, Martín Menem, ya había intentado disuadir a los opositores más "dialoguistas" anticipando la visita de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, para presentar su informe de gestión ante el Congreso el próximo 16 de abril. La idea es que allí pudiera responder por el escándalo de la criptomoneda también.

Precisamente, los proyectos que fueron aprobados proponían crear una comisión investigadora del caso, la interpelación de Francos, Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia), Lusi Caputo (ministro de Economía) y Roberto Silva (titular de la Comisión Nacional de Valores).

Se acordó entre los bloques que pidieron la sesión eliminar los pedidos para interpelar también a Karina Milei (secretaria de Presidencia), Luis Caputo (ministro de Economía) y al presidente Javier Milei.

Otros temas

En esta jornada, además el temario incluía tratar la emergencia nacional en Discapacidad y diversos proyectos sobre la moratoria previsional que se venció en marzo. Estos temas no cuentan con dictamen a diferencia de $LIBRA, por lo que se descarta que se consigan los dos tercios necesarios para tratarse "sobre tablas". De esta manera, buscarán emplazar estos temas a la Comisión de Presupuesto que preside el oficialista José Luis Espert, que por el momento viene dilatándolos.

El jefe del bloque de EF, Miguel Pichetto, afirmó que "no está exento el gobierno de un escándalo. La Justicia argentina y norteamericana será lo que decida esto, hay una investigación y un montón de damnificados”.

"La Justicia hará su tarea, pero el Congreso tiene que analizar. Vamos a pedir que no venga ahora a hacer el informe el jefe de Gabinete, tiene que venir antes a responder sobre el tema $LIBRA. No vamos a pedir con temas sensibles que venga la secretaria de presidencia. No sabemos si el Presidente fue engañado, tiene que haber responsabilidades si así lo fue. Queremos el pedido de interpelación del jefe de Gabinete para el martes 15", agregó.

Esteban Paulón, de EF, justificó su posición a favor de las medidas por $LIBRA porque "hay muchos temas que aclarar" para preservar la importancia de la investidura presidencial. "Es la posibilidad de defenderse y explicar para el Presidente". "Es una estafa que nos genera muchísima vergüenza".

El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, manifestó: "Por más que quieran vaciar esta sesión, es nuestra obligación discutir un patrón de conducta que atraviesa muchas decisiones de este gobierno".

La diputada de la izquierda, Vanina Biasi, afirmó que en lugar de votarse por la creación de una comisión investigadora, "lo que se tendría que estar tratando es el juicio político. Escuché decir cosas como que se hizo pocas veces. Si no hubo cuando tenía que haber, háganse cargo, pero ahora tiene que haber. Es una estafa multimillonaria y acá no podemos ni interpelar a los funcionarios que la hicieron. La Justicia de este país avanza menos que la de Estados Unidos".

La diputada de la UCR, Karina Banfi, expresó la postura del bloque respecto de que no votarán a favor de crear una comisión investigadora de $LIBRA porque quieren "esperar" a que actúe la Justicia.

Y concluyó: "Presentamos un pedido de acceso a la información pública. Podemos sospechar que se incurrió en algún delito. El 9 de abril es el plazo que tiene el gobierno para responderme".

El diputado libertario Mayoraz pidió que "a pesar de las frases armadas o hablar de la 'República' y 'la verdad', es un circo armar una comisión investigadora. Si tanto respetan la República, respeten la división de poderes. Es la justicia la que tiene que investigar y no ha imputado a nadie y ya dicen que es una 'estafa'. Esto excede los límites del poder legislativo y además es un caso que involucra a privados, no al Estado". (Fuente: Perfil)

Diputados debatirá el escándalo cripto y la moratoria jubilatoria . La iniciativa fue formalizada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, con respaldo parcial de la UCR y bloques provinciales.

El principal objetivo será la creación de una Comisión Investigadora sobre la presunta estafa con la cripto $LIBRA, en la que está involucrado el presidente Javier Milei. Además, se buscará aprobar un pedido de informes al Poder Ejecutivo y la citación de funcionarios para que den explicaciones en el recinto.

La sesión también abordará el vencimiento de la Ley 27.705 de moratoria previsional, que dejó sin cobertura a millones de personas. La oposición propone prorrogarla por dos años más, ante la falta de una alternativa por parte del oficialismo.

En paralelo, crece la presión internacional sobre Milei. En Estados Unidos, el exfiscal federal Timothy Treanor presentará una demanda colectiva ante la Corte Federal de Nueva York, acusando al Presidente de fraude. Según la denuncia, un tuit publicado el 14 de febrero, en el que Milei promovía la criptomoneda $LIBRA, fue determinante para que miles de inversores confiaran en el proyecto y terminaran perdiendo sus ahorros.

Treanor argumenta que el mandatario abusó de su posición pública para influir en decisiones financieras privadas, incurriendo en un “engaño de buena fe”. La acción legal se suma a otra demanda colectiva iniciada previamente por el estudio Burwick Law, pero esta vez apunta directamente al Presidente.

La sesión del martes podría convertirse en un momento político de alto voltaje. El oficialismo, con minoría en Diputados, intentará bloquear la conformación de la Comisión Investigadora y resistir la prórroga de la moratoria. La oposición, en cambio, buscará visibilizar lo que considera un escándalo de dimensiones institucionales, que trasciende las fronteras del país y compromete la figura presidencial.

El resultado dependerá de la asistencia al recinto y de las alianzas circunstanciales que logre articular la oposición. Mientras tanto, el caso $LIBRA sigue escalando y amenaza con convertirse en el mayor escándalo político del gobierno de La Libertad Avanza.

La Cámara Federal porteña habilitó que el dirigente social Juan Grabois y otros dos letrados se conviertan en abogados querellantes de tres presuntas víctimas en la causa por $LIBRA, la moneda virtual promocionada por el presidente Javier Milei que dejó pérdidas millonarias luego de que su cotización se desplomara.

La Cámara tomó esta decisión al revocar el fallo con el que la jueza María Servini rechazó el pedido para convertirse en querellantes de tres presuntas víctimas de la estafa. Con el patrocinio de Grabois, Nicolás Rechanik y Camila Palacin Roitbarg, apelaron la decisión de Servini y hoy el tribunal les dio la razón.

“La decisión debe ser revocada, haciendo lugar al pedido de los recurrentes de ser tenidos por querellantes y encomendado proceder con arreglo a todo lo apuntado”, señaló la Sala II del tribunal, conformada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

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Ahora, el dirigente social, desde su rol de querellante, no solo podrá tener acceso a la causa, sino también proponer medidas de prueba.

Servini sostuvo su decisión afirmando que no estaba claro si la pérdida de los tres implicados al apostar por la moneda virtual era producto de una estafa o el resultado natural de una actividad riesgosa.

Contra esto, la Cámara afirmó que para aceptar una querella no debe tenerse en cuenta la prueba de los hechos en investigación sino la hipótesis de los acusadores.

“El derecho a adquirir legitimación activa no puede depender ni de la demostración de la existencia de ciertos acontecimientos, ni de su probabilidad más o menos próxima. Debe partirse de la hipótesis de los acusadores, sea que a la postre resulte corroborada o no”, dice el escrito.

En su escrito de apelación, los ahora querellantes afirmaron: “No se requiere ser experto en materia de cripto activos para poder concluir inicialmente que los hechos ocurridos en torno a la cripto moneda $LIBRA son una verdadera estafa”.

La causa está en manos del fiscal Eduardo Taiano, que ya ordenó allanamientos y cruces de llamadas.

La Cámara resolvió aceptar a los damnificados como querellantes luego de escuchar los argumentos volcados por Grabois en una audiencia celebrada el martes, en la que se exhibieron como prueba capturas de pantallas, links y videos en los que los implicados explicaban cómo habían adquirido el activo digital antes de que se derrumbara.

Frente a los jueces, el dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular sostuvo: “Sería absolutamente ridículo que para tener este derecho [ser querellantes] tenga que estar demostrada la estafa porque sino no habría juicio, no habría querella, no habría defensa, no habría fiscales ni jueces. Tiene que ser un hecho plausible de ser un delito. Y lo que hizo Milei con sus cómplices es una estafa a cielo abierto”.

Aseguró que el fiscal Taiano mantiene un conflicto de intereses con la causa y que no estaba impulsando la investigación. “A gente experta en tecnología secuestrarle el celular [y] la computadora quince días después de que reciba el expediente es decirles: ‘muchachos borren las pruebas’”, justificó, en alusión al tiempo que se tomó el fiscal para ordenar las primeras medidas.

Además de la participación del presidente Milei, en la causa se investiga el rol de Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy, la pata local de la presunta estafa, y a Hayden Mark Davis y Julian Peh, los responsables detrás del lanzamiento de $LIBRA. (fuente: La Nación /autor: Federico González del Solar)

La Cámara Federal porteña habilitó que el dirigente social Juan Grabois y otros dos letrados se conviertan en abogados querellantes de tres presuntas víctimas en la causa por $LIBRA, la moneda virtual promocionada por el presidente Javier Milei que dejó pérdidas millonarias luego de que su cotización se desplomara.

La Cámara tomó esta decisión al revocar el fallo con el que la jueza María Servini rechazó el pedido para convertirse en querellantes de tres presuntas víctimas de la estafa. Con el patrocinio de Grabois, Nicolás Rechanik y Camila Palacin Roitbarg, apelaron la decisión de Servini y hoy el tribunal les dio la razón.

“La decisión debe ser revocada, haciendo lugar al pedido de los recurrentes de ser tenidos por querellantes y encomendado proceder con arreglo a todo lo apuntado”, señaló la Sala II del tribunal, conformada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

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Ahora, el dirigente social, desde su rol de querellante, no solo podrá tener acceso a la causa, sino también proponer medidas de prueba.

Servini sostuvo su decisión afirmando que no estaba claro si la pérdida de los tres implicados al apostar por la moneda virtual era producto de una estafa o el resultado natural de una actividad riesgosa.

Contra esto, la Cámara afirmó que para aceptar una querella no debe tenerse en cuenta la prueba de los hechos en investigación sino la hipótesis de los acusadores.

“El derecho a adquirir legitimación activa no puede depender ni de la demostración de la existencia de ciertos acontecimientos, ni de su probabilidad más o menos próxima. Debe partirse de la hipótesis de los acusadores, sea que a la postre resulte corroborada o no”, dice el escrito.

En su escrito de apelación, los ahora querellantes afirmaron: “No se requiere ser experto en materia de cripto activos para poder concluir inicialmente que los hechos ocurridos en torno a la cripto moneda $LIBRA son una verdadera estafa”.

La causa está en manos del fiscal Eduardo Taiano, que ya ordenó allanamientos y cruces de llamadas.

La Cámara resolvió aceptar a los damnificados como querellantes luego de escuchar los argumentos volcados por Grabois en una audiencia celebrada el martes, en la que se exhibieron como prueba capturas de pantallas, links y videos en los que los implicados explicaban cómo habían adquirido el activo digital antes de que se derrumbara.

Frente a los jueces, el dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular sostuvo: “Sería absolutamente ridículo que para tener este derecho [ser querellantes] tenga que estar demostrada la estafa porque sino no habría juicio, no habría querella, no habría defensa, no habría fiscales ni jueces. Tiene que ser un hecho plausible de ser un delito. Y lo que hizo Milei con sus cómplices es una estafa a cielo abierto”.

Aseguró que el fiscal Taiano mantiene un conflicto de intereses con la causa y que no estaba impulsando la investigación. “A gente experta en tecnología secuestrarle el celular [y] la computadora quince días después de que reciba el expediente es decirles: ‘muchachos borren las pruebas’”, justificó, en alusión al tiempo que se tomó el fiscal para ordenar las primeras medidas.

Además de la participación del presidente Milei, en la causa se investiga el rol de Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy, la pata local de la presunta estafa, y a Hayden Mark Davis y Julian Peh, los responsables detrás del lanzamiento de $LIBRA. (fuente: La Nación /autor: Federico González del Solar)

La cuenta del diputado nacional José Luis Espert en la red social X (ex Twitter) publicó durante la noche del miércoles la misma promoción de la criptomoneda $LIBRA que había difundido el presidente Javier Milei hace un mes.

Rápidamente desde el entorno del legislador libertario salieron a avisar que había sido hackeado, aunque en las redes sociales varios usuarios dudaron de esa versión porque Espert tiene una cuenta verificada como miembro del Gobierno, que requiere doble factor de autenticación para el ingreso.

"¡La revolución liberal avanza en Argentina! Estamos lanzando $LIBRA V2, un proyecto dedicado a impulsar la economía argentina, apoyando emprendedores y pymes con financiamiento privado transparente y descentralizado", decía el mensaje publicado en la cuenta de Espert, que, al igual que con el escándalo de Javier Milei, compartía el código del contrato para adquirir el token. Una hora duró la publicación.

Según el sitio bscscan, el nuevo token de $LIBRA fue creado menos de un minuto antes del tuit del diputado libertario. La publicación provocó media hora después que $LIBRA V2 llegara a alcanzar una capitalización de mercado de más de US$128.000 para luego perder más del 96% de su valor en menos de 5 minutos.

El hackeo

Jimena Aristizábal, asesora de Espert, fue la primera en salir a aclarar que el legislador de La Libertad Avanza fue víctima de un ataque que vulneró la seguridad de su cuenta en X. Lo curioso fue que para informar eso, retuiteó la publicación con la información sobre $LIBRA V2.

Luego, el propio Espert escribió: "Lamento profundamente informarles que mi cuenta fue hackeada. Los mensajes y publicaciones recientes no son de mi autoría, y pido disculpas a todos los que pudieron haberse confundido o malinterpretado por estas acciones malintencionadas".

Lamento profundamente informarles que mi cuenta fue hackeada. Los mensajes y publicaciones recientes no son de mi autoría, y pido disculpas a todos los que pudieron haberse confundido o malinterpretado por estas acciones malintencionadas.

Estoy tomando todas las medidas…

— José Luis Espert (@jlespert) March 20, 2025

En X muchos usuarios pusieron en duda el hackeo tanto por los factores de seguridad que conlleva la cuenta de Espert como por la rapidez en la que recuperó el acceso a la misma.

Además, recordaron una reciente denuncia del rapero Kanye West, quien contó que le habían ofrecido promocionar una memecoin a cambio de un pago millonario. Entre las condiciones contó que estaba que la publicación permanezca activa por varias horas para luego denunciar que su cuenta había sido vulnerada.

En medio del escándalo en la Cámara de Diputados, el legislador Oscar Zago (MID) afirmó que dentro de La Libertad Avanza (LLA) "hay quienes deben estar involucrados en la estafa" de la criptomoneda $LIBRA y que por eso intentaron boicotear la sesión.

"La Libertad Avanza está preocupada, muy preocupada, porque hay muchos que deben tener una responsabilidad de los hechos que vienen haciendo y la verdad que están comprometiendo mucho al presidente de la Nación", sostuvo Zago en una entrevista con A24.

En ese marco, el diputado aseguró que "el oficialismo quería hacer fracasar la sesión" para evitar el avance de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA. También apuntó contra el presidente de la Cámara, Martín Menem: "Su objetivo era que la casa de la democracia no funcione".

Zago se mostró arrepentido por el episodio de violencia con Lisandro Almirón, pero reiteró que la pelea comenzó por los intentos del oficialismo de hacer que él se levante de su banca y así dejar sin quórum la sesión.

La justicia recibió un pedido para detener al empresario cripto Hayden Davis que reside en Estados Unidos. El pedido lo hizo el abogado denunciante Gregorio Dalbon ante el fiscal Eduardo Taiano que tiene delegada la investigación a cargo de la jueza María Servini en la que también está denunciado el presidente Javier Milei.

El escrito sostiene que “las acciones de Davis, desde la creación de $LIBRA hasta su colapso y las ganancias obtenidas por las cuentas fundadoras, indican un posible patrón de conducta orientado a defraudar a inversores utilizando para ello su vínculo con los más altos funcionarios del gobierno argentino: Javier Milei y Karina Milei”.

Davis emitió un comunicado a través de su compañía Kelsier Venturas, desmintiendo las declaraciones de Milei en las que se desligaba del proyecto y reafirmó su compromiso con $LIBRA, recuerda Dalbon.

“Dada la magnitud del escándalo y las cuantiosas pérdidas ocasionadas a los inversores, resulta evidente el riesgo procesal que implica la permanencia en libertad de Hayden Mark Davis. Su rol central en la creación y promoción de la criptomoneda $LIBRA,sumado a la repercusión internacional del caso, incrementa las probabilidades de que adopte medidas para sustraerse de la acción de la justicia”.

Davis, que se presentó ante la justicia de Estados Unidos, cambió de abogados. Ya no es más Yanina Nicoletti. Contrató los servicios de Waymaker Law, una firma con sede en Los Ángeles, California, especializado en casos complejos. También contrató al abogado especialista en cibercrimen Marcos Salt para actuar ante la Argentina

El denunciante Dalbon alude a la “Asimismo, la posibilidad de que Davis abandone su país de residencia o se oculte para evitar responder penalmente por los hechos investigados se ve agravada por los recursos económicos que posee, los cuales podrían facilitarle movilizarse o permanecer en la clandestinidad, frustrando así el avance de la investigación (art. 221 del Código Procesal Penal Federal).”

Solicitó que se “ordene la detención internacional de Hayden Mark Davis y se proceda a la notificación roja de interpol a los efectos de lograr su localización y detención, en miras a su extradición”.

El informe también señala una disminución del núcleo duro de apoyo al gobierno, que pasó del 24% en enero al 20,5% en febrero. Este deterioro se refleja en la caída de la imagen positiva de Milei, que descendió tres puntos hasta el 49,7%, con una pérdida acumulada de ocho puntos desde enero.

El caso Libra impactó negativamente en la percepción del gobierno: el 61% de los encuestados considera que se trata de un caso de corrupción y el 54,6% cree que Milei participó en la estafa. Además, el 48,7% afirma que hay “mucha” o “bastante” corrupción en su administración.

Otro dato relevante es la visión sobre el estilo de gobierno del presidente. Un 55,6% lo califica de “autoritario” y el 36,2% directamente lo considera “fascista”.

En el plano económico, las expectativas generales sufrieron un fuerte deterioro. En enero, la brecha entre optimismo y pesimismo era de 13 puntos a favor del primero, pero en febrero se redujo a solo 1,5 puntos. A nivel personal, el optimismo cayó siete puntos, reflejando un creciente escepticismo sobre la capacidad del gobierno para mejorar las condiciones de vida.

La encuesta concluye que esta tendencia negativa, aunque influenciada por coyunturas específicas, empieza a consolidarse como una percepción estructural sobre el rumbo del país.