Las instituciones y organizaciones sociales de la ciudad dieron a conocer el cronograma de actividades que se llevará a cabo durante la última semana de octubre con el propósito de visibilizar la importancia de la salud mental y promover el acceso universal a la atención sanitaria.

El programa de propuestas, según supo El Argentino, se extenderá entre el martes 27 y el viernes 30 de octubre, contempla intervenciones pedagógicas, expresiones artísticas, espacios de debate y una movilización comunitaria en el centro de la localidad.

La apertura del itinerario está programada para el martes 27 de octubre en la Plaza Urquiza, donde se instalará la Escuela Itinerante Entrerriana en el horario de 9:00 a 15:00. Esta jornada abordará temáticas vinculadas al derecho a la salud, la prevención y la erradicación de estigmas sociales, mediante dinámicas informativas orientadas a la participación de delegaciones escolares, profesionales y vecinos en general.

Posteriormente, las acciones continuarán el jueves 29 de octubre en el espacio cultural Sinergia, ubicado en la calle Alem 367. A partir de las 19:30 se proyectará la producción audiovisual El temblor, propuesta que estará acompañada por un servicio de cantina. Hacia las 21:00, la jornada se complementará con una intervención teatral a cargo de los actores Melina Guigou y Mauricio Viviane, orientada a generar un ámbito de reflexión colectiva sobre los condicionantes sociales del bienestar emocional.

El cierre de la agenda semanal tendrá lugar la misma noche del viernes, a las 21:00, en el Centro Cultural Musicante, donde se presentará una obra teatral centrada en el eje de la identidad y la contención comunitaria.

Desde la organización destacaron que el abordaje de la salud mental requiere un enfoque integral, ligado a las condiciones de vida, la equidad socioeconómica y el fortalecimiento de los dispositivos públicos de atención. El cronograma busca consolidar la participación ciudadana y concientizar sobre el derecho al acompañamiento profesional en entornos comunitarios.

El parque de motovehículos en la ciudad ha registrado un crecimiento masivo y sostenido en los últimos años. Esta expansión, de acuerdo al testimonio de Marcelo Hail, director de Tránsito de la Municipalidad, “responde a múltiples factores socioeconómicos y urbanos, entre los que se destacan la búsqueda de movilidad personal ágil, el uso intensivo como herramienta de trabajo, por ejemplo, para los servicios de mensajería y cadetería; la practicidad para el desplazamiento cotidiano frente a las congestiones del tránsito tradicional y su adopción con fines recreativos”.

A nivel nacional, el mercado de motos en la Argentina vive un auge sin precedentes. Según datos recientes de la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom), en junio de este año se vendieron más de 68 mil unidades a nivel nacional —exactamente 68.508 patentamientos—, lo que representa un incremento interanual del 42% respecto al mismo mes del año anterior.

En este sentido, el economista, docente y miembro de Fundación Innovación con Inclusión, Gastón Alonso, destacó que “las ventas vuelan” y señaló un crecimiento mensual desestacionalizado del 10%. Alonso identificó dos factores clave detrás de este fenómeno: “El menor costo de acceso y mantenimiento de una moto en comparación con un auto y el crecimiento del trabajo mediante plataformas de reparto”.

“Esto último no es un dato menor. En un país donde el ajuste económico impulsado por las grandes corporaciones y los especuladores financieros erosiona el poder adquisitivo de los sectores populares la moto se convierte en el único medio posible para generar ingresos”, explicó el referente sectorial. Al tiempo que se preguntó: “¿A qué precio? Los repartidores de aplicaciones como Rappi, PedidosYa o Glovo trabajan sin contrato formal, sin obra social, sin aportes jubilatorios y bajo la amenaza constante de accidentes de tránsito. La moto, lejos de ser un símbolo de progreso, es el reflejo de una economía que empuja a los trabajadores a la informalidad y al riesgo”.

Según datos recientes de la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom), que acumuló 2.281 patentamientos en el mes (alcanzando el 3,3% del total nacional), en la provincia de Entre Ríos la adquisición de estos vehículos supera ampliamente a la de los automóviles por razones estrictamente vinculadas al presupuesto familiar y la crisis.

Desde el Municipio, Hail dijo que el aumento exponencial del parque de motovehículos los enfrenta a un desafío: “Este incremento en el flujo de unidades exige un fortalecimiento correlativo de los controles de fiscalización urbana para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento normativo”.

Respecto a la razón de las contravenciones, el funcionario indicó que el faltante de documentación y de medidas de seguridad encabezan las estadísticas locales. “La falta de seguro obligatorio constituye la infracción mayoritaria con un 49,4% de los casos, seguida de cerca por la ausencia de licencia de conducir con un 45,7% y la circulación sin el casco reglamentario, que representa un factor de riesgo directo, con el 28,0% sobre el total de faltas en motovehículos”, precisó.

Asimismo, las actuaciones operativas permitieron constatar contravenciones vinculadas al equipamiento y la dominialidad de las unidades en circulación. En este sentido, Hail dijo que “la falta de cédula identificatoria abarca un 27,1%, la ausencia de espejos retrovisores alcanza el 26,3%, la falta de chapa patente representa el 22,5% y las infracciones por luces reglamentarias registran un 2,9%”.

Por último, advirtió sobre situaciones de máxima gravedad que atentan contra la seguridad colectiva: “Se labraron actas por alcoholemia positiva que marcan un riesgo crítico del 12,2%, mientras que las infracciones por el uso de caños de escape no homologados concentran un 8,8% de las contravenciones vinculadas a la contaminación sonora”.

En el plano de la seguridad vial, los indicadores muestran cifras críticas. “Durante el período 2026 se registró un total general de 906 siniestros viales en la ciudad, de los cuales 343 incidentes involucraron de manera directa a motovehículos (representando un 38% del total general)”, comentó Hail, quien también examinó la distribución demográfica de los conductores involucrados en colisiones.

“Se advierte una alta concentración en sectores juveniles: se contabilizaron 347 conductores con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, y 73 conductores menores de 18 años, lo que ratifica la extrema vulnerabilidad de este segmento etario en la trama urbana y justifica la necesidad de profundizar las políticas activas de prevención”.

“Durante la Campaña de Verano se desplegaron puntos de concientización directa y se dictaron clínicas de conducción segura destinadas específicamente a repartidores y trabajadores de delivery”, aportó el funcionario consultado.

Para lograr la habilitación formal de motovehículos, la Municipalidad exige el cumplimiento estricto de un proceso estructurado en etapas sucesivas. El procedimiento evaluativo comprende cuatro instancias independientes y eliminatorias, las cuales inician con un examen psicofísico enfocado en la evaluación médica y la aptitud visual y auditiva del postulante.

Dicho itinerario de habilitación continúa con instancias de capacitación y comprobación de saberes en la vía pública. En este sentido, se detalló que el esquema contempla un curso teórico obligatorio de capacitación integral en normas de tránsito y convivencia vial; un examen teórico de conocimientos enfocado en contenidos normativos y señales y una prueba práctica de destreza conductiva destinada a evaluar maniobras y el control efectivo del vehículo en una pista autorizada.

Por otra parte, respecto a la normativa aplicable para regular el acceso de conductores menores de edad al sistema de tránsito local, el Municipio opera bajo un marco coordinado que actualiza las disposiciones vigentes. Al respecto, el titular de Tránsito indicó: “La Ordenanza Local N° 13075/2026, que modifica a la anterior Ordenanza N° 11776/2012, habilita la conducción de cilindradas de hasta 110 cc dentro del ejido urbano local, exigiendo de manera ineludible la autorización expresa de padres o tutores legales”.

Finalmente, esta regulación se complementa con las pautas estipuladas a nivel federal en la materia. Sobre este punto, el funcionario indicó que “de manera armónica con la legislación local, la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 autoriza con carácter general el manejo de ciclomotores de hasta 50 cc correspondientes a la Categoría A1.1, bajo idéntico requisito de presentación del aval y la autorización tutelar expresa”.

Los títulos soberanos de la Argentina encadenaron una racha de siete jornadas consecutivas en terreno negativo, provocando un incremento en el índice de riesgo país que elabora la entidad financiera JP Morgan. El indicador, que mide la brecha entre el rendimiento de la deuda pública nacional y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, se posicionó en los 678 puntos básicos tras registrar un ascenso diario de 30 unidades, alcanzando de esta manera su valor más elevado en los últimos doce meses.

La cotización de los bonos hard dollar —tanto Globales como Bonares— sostiene una trayectoria descendente iniciada dos meses atrás, en un escenario de volatilidad en los mercados internacionales y demandas operativas de la plaza local.

En el orden local, los analistas de mercado señalan la atención sobre la estrategia de financiamiento para atender los compromisos de deuda en moneda extranjera proyectados para el próximo año, que superan los 21.000 millones de dólares entre acreedores privados y organismos internacionales. Paralelamente, la exclusión de ciertos títulos públicos en dólares de las licitaciones del Tesoro por el costo de las tasas de interés demandadas por el mercado refleja las condiciones vigentes para el acceso al crédito voluntario.

A este panorama se suma el comportamiento de las reservas internacionales del Banco Central y el ritmo de la actividad económica y el consumo doméstico. La evolución de los indicadores de recaudación fiscal y el escenario previo al ciclo electoral del próximo año forman parte de las variables bajo análisis técnico que explican la brecha del 5 por ciento acumulada desde el mes de julio entre los activos locales y el comportamiento general del resto de los mercados emergentes.

El ajuste presupuestario que el Gobierno nacional aplica sobre el sistema universitario tiene claro impacto en todo el país, y Gualeguaychú no es la excepción. Tras la movilización del jueves, el docente de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y referente de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), Diego Zanetti, aportó datos que muestran el deterioro salarial, la licuación de becas y la paralización de obras clave como el Hospital Veterinario.

El sistema universitario está en alerta hace tiempo. En la actualidad, el primer punto de alarma es el Presupuesto Nacional 2027 que se discute en el Congreso de la Nación, ya que lo asignado a las Universidades Nacionales se encuentra un tercio por debajo de las necesidades operativas mínimas que estas tienen para funcionar normalmente.

A ese recorte se suma otro hecho político central: la falta de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) por parte del gobierno de Javier Milei. “No se trata de un hecho puntual, sino de un recorte estructural que opera al margen del mandato legislativo y que vulnera la seguridad jurídica de las instituciones educativas”, expresó Zanetti.

“Con el esquema actual de congelamiento presupuestario y la inflación acumulada, el poder adquisitivo real de ese monto se desintegró”, apuntó Zanetti y advirtió: “El riesgo es que los estudiantes de menores recursos tengan que abandonar o ralentizar su trayectoria universitaria”.

“Estimando una pérdida de poder adquisitivo del 35% y una recomposición del 50% frente a la inflación no compensada del último año, el Estado le estaría reteniendo unos $151.666 por mes a ese docente. En 12 meses, la deuda con cada docente en esa categoría asciende a $1.819.999”, ejemplificó el referente de la AGDU.

El otro caso emblemático para Gualeguaychú es el del Hospital Veterinario. La obra fue financiada con un crédito internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (ex Corporación Andina de Fomento - CAF), pero el Estado Nacional retuvo y reasignó esos fondos a otras carteras, según denunciaron en su momento desde la universidad.

“La obra quedó paralizada durante un año. Fue neutralizada en febrero de 2024 por falta de pago y recién pudo reiniciarse en febrero de 2025, con la propia UNER asumiendo con fondos propios los intereses acumulados durante la interrupción para evitar el deterioro de lo ya construido e intentar terminarlo”, recordó Zanetti y concluyó: “El recorte en salarios, becas e infraestructura muestran que el ajuste en la UNER no es un ahorro fiscal, sino un freno al desarrollo regional que la universidad genera en Gualeguaychú”.

Las facultades de la UNER radicadas en la costa del Uruguay advirtieron que el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno Nacional prevé un recorte real de un tercio (33%) en los fondos respecto a 2023, acumulando cuatro años consecutivos de desfinanciamiento.

En este contexto, el decano de la Facultad de Bromatología, José Dorati, remarcó la importancia de la institución en el ámbito provincial: “Somos la universidad de la provincia. Junto y de forma muy respetuosa con la Tecnológica y con la Uader, que son universidades hermanas, la UNER representa un alto porcentaje en el peso del desarrollo de la producción científica y tecnológica, e incluso de la matrícula provincial, por lo que necesitamos, en función de ello, ser escuchados”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Daniel Capodoglio, hizo un llamado al respaldo político e institucional: “Lo que estamos pidiendo es acompañamiento, que los legisladores nos apoyen en la discusión presupuestaria y, por supuesto, también al Gobierno de Entre Ríos para que haga propia esta lucha. En definitiva, es una lucha que favorece el desarrollo estratégico provincial con una de las organizaciones que mayor capacidad científica y tecnológica aporta a la provincia de Entre Ríos”.

A su vez, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gregorio Etcheverry, manifestó la gravedad que implica el incumplimiento de una normativa aprobada por el Poder Legislativo: “Las universidades han tomado todos los caminos institucionales y legales reclamando la aplicación de la ley que fue aprobada por el Congreso de la Nación. Vivimos en una república, con división de poderes, y el Congreso está integrado por legisladores que el pueblo elige. El Presidente debe cumplir con las leyes que aprueban las cámaras y eso no está sucediendo”. Y resaltó: “La universidad no solo genera el conocimiento para formar un profesional de calidad, sino que también un impacto económico y social en una región que es incalculable”.

En el marco de la 14º Sesión Ordinaria, el Senado de la Provincia de Entre Ríos aprobó el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un esquema de medidas tributarias para aliviar la carga fiscal del sector comercial, con especial énfasis en los pequeños contribuyentes y comercios de cercanía. La iniciativa se convirtió en ley pese al rechazo del Bloque Más por Entre Ríos, que cuestionó el alcance limitado del texto.

Durante la sesión, el senador Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos) defendió la propuesta oficial argumentando que, si bien las medidas "seguramente no son las que todos deseamos", responden de forma responsable a las posibilidades financieras de la provincia en el marco de la búsqueda del equilibrio fiscal. El proyecto beneficia de manera directa a los contribuyentes del Régimen Simplificado en sus categorías A, B y C con la exención en Ingresos Brutos, e incluye la exención del pago del anticipo 12 para quienes hayan cumplido en tiempo y forma con las 11 cuotas anteriores. Asimismo, faculta al Ejecutivo a implementar exenciones transitorias ante emergencias sectoriales.

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro argumentó la negativa de la bancada del Partido Justicialista sosteniendo que la norma resulta insuficiente frente a la crisis. La oposición propuso sin éxito incorporar a los prestadores de servicios —como plomeros, gasistas o peluqueras— y extender los beneficios a las categorías D, E, F y G en casos de sobreendeudamiento. Además, objetaron la exigencia de no registrar deudas con la ATER para acceder a los beneficios, proponiendo en su lugar moratorias con quita de intereses y la suspensión de embargos.

Por un lado, se aprobó la equiparación de la actividad del matarife con la actividad industrial. La medida busca evitar el desbalance fiscal con provincias vecinas como Santa Fe y garantizar que el procesamiento de hacienda se mantenga dentro de Entre Ríos. Por otro lado, se dio respaldo a la iniciativa que reencuadra la incubación de huevos para producción avícola, pasando de ser considerada actividad primaria a un proceso estrictamente industrial. Ambos proyectos fueron girados a la Cámara de Diputados para su revisión.

Por Fabián Pascal*

Históricamente hemos aceptado con resignación que la matemática actúe como el gran filtro de ingreso a la Universidad. Ante las aulas de las facultades que se vacían tras los primeros parciales, el diagnóstico que solemos repetir es lineal y exculpatorio: la escuela secundaria no prepara a los jóvenes. Hablamos de una enseñanza infantilizada, de alumnos que no toleran la frustración y de métodos mecánicos. Sin embargo, detenernos en esta única perspectiva es evitar una reflexión mucho más incómoda: ¿estamos ante una falla exclusiva de la escuela media, o somos testigos de un sistema educativo que dinamitó sus propios puentes?

Es innegable que la secundaria, en su dinámica actual, suele priorizar la mecanización sobre la indagación. El estudiante rara vez encuentra el espacio para las preguntas fundamentales: ¿Por qué hago esto? ¿A dónde quiero llegar? ¿Existe un camino alternativo? Se busca el resultado rápido, anestesiando el pensamiento crítico. Pero juzgar esta realidad sin observar el ecosistema —aulas superpobladas, tiempos fragmentados y docentes que a menudo deben priorizar la contención social sobre la profundidad académica— resulta injusto. El "facilismo" del que la sociedad se queja suele ser, en la práctica, un mero mecanismo de supervivencia de un sistema agotado.

Por su parte, la Universidad también necesita mirarse al espejo. Es cómodo recibir a los egresados del nivel medio y dictaminar desde el estrado que "no saben pensar" cuando fracasan en los exámenes. ¿Pero hasta qué punto las instituciones de educación superior están dispuestas a revisar sus metodologías? Muchas veces, los ciclos de ingreso y los primeros años operan como herramientas de exclusión deliberada, aferrados a una rigidez pedagógica que se niega a dialogar con los perfiles cognitivos de las nuevas generaciones. Si el salto entre la secundaria y la universidad resulta traumático, la responsabilidad de construir una transición viable pertenece a ambos lados del abismo.

En medio de estas tensiones irrumpe la Inteligencia Artificial para interpelarnos sobre qué significa verdaderamente "saber" en el siglo XXI. La tecnología actual es capaz de resolver en segundos aquello que a un estudiante le toma horas de práctica repetitiva. ¿Significa esto el fin del aprendizaje? Al contrario. La IA nos obliga a devolverle a la matemática su sentido original: el arte de formular las preguntas correctas y diseñar estrategias. La máquina calcula a una velocidad insuperable, pero carece de lo esencial: no duda, no se frustra, no escucha y no se emociona. En este escenario, el rol del docente no se devalúa, sino que se resignifica. El vínculo humano pasa a ser el único espacio donde el conocimiento cobra sentido real.

Cada vez que se publican los resultados de las pruebas PISA, la sociedad recibe una foto alarmante. Nos indignamos frente al número, debatimos un par de días y luego archivamos el tema, perpetuando esa extraña locura de aplicar siempre las mismas recetas esperando que, por arte de magia, los resultados cambien.

El desafío no radica en forzar a los jóvenes a encajar en moldes del siglo pasado mediante un esfuerzo carente de sentido, sino en reconstruir el deseo de aprender. A los docentes, que a pesar de las carencias del sistema siguen eligiendo pararse frente al aula para ayudar a los jóvenes a escribir la historia de sus vidas: sepan que hoy, más que nunca, la docencia es un acto de resistencia y profunda humanidad.

Lo digo desde la gratitud y la nostalgia de quien conoció esa realidad de primera mano. Agradezco profundamente haber transitado ese camino, porque durante los años en los que ejercí la profesión, habitando el desafío cotidiano y maravilloso de enseñar, fui inmensamente feliz en el aula.

*Por Fabián Pascal

Docente de Matemática

El malhumor social vinculado al rumbo de la economía alcanzó su nivel más elevado en lo que va de la gestión. Según el Informe de Expectativas Económicas de Opina Argentina, el 60% de los encuestados considera que su situación personal empeorará en los próximos meses, lo que representa un incremento de 7 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

El estudio, elaborado sobre una muestra de 1.507 casos en todo el país, refleja que la estabilización macroeconómica no ha logrado impactar positivamente en la economía cotidiana de los hogares. En ese contexto, el 48% de los consultados afirmó que no llega a fin de mes, mientras que un 32% logra cubrir sus gastos básicos pero sin margen de ahorro, y apenas un 18% manifestó contar con capacidad para ahorrar.

Esta retracción del consumo se observa de manera transversal en la sociedad, alcanzando incluso a la base electoral del oficialismo: el 62% de la población señala que no es un momento oportuno para adquirir electrodomésticos y un 75% no realizó gastos en salidas o esparcimiento durante el último mes, indicador que abarca a 6 de cada 10 votantes del espacio gobernante en las elecciones de 2023.

En cuanto a las principales inquietudes de la ciudadanía, la desocupación se afianzó en el primer lugar con el 36% de las menciones, seguida por la corrupción con el 32%, la inflación con el 11% y la inseguridad con el 9%. Asimismo, según relevó el portal de noticias Infobae, un 64% de los participantes expresó temor a que algún integrante de su grupo familiar pierda el empleo en el corto plazo.

Finalmente, la atribución de responsabilidades políticas sobre el escenario actual sufrió una modificación gradual desde el inicio de la gestión: el 63% de los encuestados señala al actual Poder Ejecutivo como el principal responsable de la crisis, frente a un 35% que atribuye la situación a la administración anterior.

Detrás de los carteles de "Alquila" que van ganando terreno en las vidrieras de la ciudad se ocultan variables económicas que ofrecen un diagnóstico que no deja de alarmar: la caída sostenida del consumo —que entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ya miden en desplomes interanuales constantes—, el valor de los alquileres, los costos fijos, y un cambio de época en el que las plataformas digitales disputan cada venta frente al comercio de mostrador.

Ante este panorama, algunos comerciantes logran reinventarse reduciendo metros cuadrados, mutando hacia modelos híbridos o apostando a showrooms y canales online para mantenerse a flote; otros enfrentan el inevitable “bajo la persiana” definitivo.

¿Qué sucede realmente cuando un comerciante decide que “no va más”? Salir del circuito comercial implica atravesar una maraña de trámites fiscales, liquidaciones y contratos, pero también enfrentar un duelo emocional. Sin la red de contención de un seguro de desempleo, el autónomo debe decidir no solo cómo reorientar su vida laboral, sino de qué manera despedirse del proyecto que construyó durante años, de sus clientes y, en algunos casos, de sus trabajadores.

“Te decís a vos mismo: ¿Qué hago?”, afirmó Sandra Núñez, propietaria del local de indumentaria femenina Estilo Shilá. “Yo soy comerciante hace 11 años y ya estoy mayor como para volver a buscar qué hacer para vivir. He tenido alguna charla con proveedores para ver si sigo, estoy mirando si puedo conseguir a alguien para compartir local o alguna manera de bajar considerablemente los costos fijos, pero no lo sé”, reflexionó.

Para Sandra, el comercio no es solo un balance contable, sino un proyecto personal cargado de horas de trabajo y el cese de actividades supone un quiebre emocional: “El momento es lamentable y es muy doloroso. Uno le pone mucha ilusión, amor y dedicación a su propio proyecto, durante mucho tiempo”.

Por su parte, Federico Laderach, secretario del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú (CDCI), explicó que el cierre del local físico no siempre implica la extinción de la marca. “La actividad muchas veces continúa, depende del rubro. Puede continuar con otra modalidad de venta de e-commerce, hay que ver cuál es la reconversión, no siempre que cierra una persiana significa que desaparece el comercio”.

El contador público subrayó que esta parálisis no obedece únicamente al contexto macroeconómico. “Estamos frente a un fuerte cambio cultural, las familias están priorizando el consumo de primera necesidad y, por otro lado, se consume de manera virtual a través de las redes y del comercio electrónico. Entonces, hay varios factores que hacen que el comercio de mostrador esté realmente en una situación crítica”.

Frente a las ventas bajas, los costos fijos y la presión impositiva terminan por ahogar la rentabilidad. Según advirtió Laderach, “la carga tributaria que tenemos en este país desde hace muchos años es muy pesada, lamentablemente se observa que hay un corrimiento hacia la informalidad, también hay un traslado a otros barrios para abaratar costos”. En este sentido, “el centro comercial de la ciudad ha quedado caro en relación a los alquileres y los comerciantes buscan otras zonas para reubicar su local”.

Sin embargo, el devenir de la economía diaria terminó desgastando la viabilidad de su negocio de mostrador: “Nunca estuvo fácil, porque siempre, por un gobierno o por el otro, estaba bravo. Creo que el único momento realmente bueno para los comerciantes fue cuando vinieron los uruguayos. Pero de un tiempo a esta parte cuesta mucho vender. A veces no anda ni gente en la calle; salimos nosotros los comerciantes y bromeamos sobre qué pasa que no anda nadie”.

La comerciante hizo referencia a sus gastos. “Vendés muy poco y eso lo tenés que distribuir en un montón de cosas: en el alquiler y en los servicios básicamente, como internet, luz y gas. No alcanza. Lo peor es que no podés volver a invertir en ropa. Yo hago videos de la ropa para que la gente se enganche; o sea, hay todo un trabajito atrás y es muy doloroso decir bueno, hasta acá llegué”.

El anuncio de la bajada de persiana que realizó días atrás en sus redes sociales desencadenó una respuesta inesperada de la comunidad: “La gente empezó a venir, tengo un buen caudal de gente todos los días desde que hice ese video, todos con comentarios muy lindos. En Instagram me ponían: Fijate si podés seguir vendiendo desde tu casa o seguir vendiendo online. Recibí mucho cariño de la gente, me decían que no abandone, que siga luchando”.

“También —continuó la comerciante— tuve una sorpresa: me llamaron algunos proveedores y me dijeron que no cerrara, que aguantara un poco más, que ellos me podían dar alguna línea de crédito o algo para que yo pueda seguir trabajando. La verdad que, de un momento muy triste, todo se transformó en algo muy lindo por lo que estoy recibiendo”.

“Hace muchos años que mi sector, que es el de fábricas y revendedores de uniformes, venimos sufriendo pérdidas. Esto no tiene nada que ver con lo económico: pasa porque los directivos de los colegios han decidido cambiar o hacer ellos mismos el diseño de los uniformes y eso nos ha provocado pérdidas a todos los comerciantes de mi rubro”, contaron desde la firma.

Por tal motivo, el comercio realizó uno de sus principales giros estratégicos: “Esa es la razón por la cual el año pasado tomamos la decisión de empezar a no hacer los uniformes de todos los colegios. Nos quedamos sólo con algunos pocos que se han mantenido constantes en sus diseños y los padres ya nos reconocen”.

Esta estrategia de intervención sobre la propia oferta le ha permitido a la empresa mutar y diversificarse en los momentos más oscuros, como ocurrió durante el congelamiento de actividades por la pandemia: “Empezamos vendiendo prendas en general, después fuimos cambiando hacia fábrica exclusiva para uniformes de colegio, y después de la pandemia, que fue tremenda porque estuvimos dos años sin colegios, nos reinventamos y pasamos a hacer también uniformes para empresas”.

“Nosotros nos fuimos adaptando a todas las épocas, cada una representó un desafío. No puedo ni siquiera decir que hubo una época mejor que otra porque todas tuvieron sus variantes. Por ejemplo, en estos últimos meses, y desde el año pasado hasta acá, en lo colegial notamos una baja de ventas bastante importante. Es esa la razón, también, por la cual queremos enfocarnos más en empresas, porque evidentemente la situación económica sí está afectando a los papás”, explicaron. Y concluyeron: “Antes se compraba mucho más, al comenzar las clases un papá compraba la temporada de verano y te encargaba la de invierno. Este año no fue así, se compró lo justo y necesario, solamente lo de verano para arrancar y nada más. Se nota muchísimo que los padres no están renovando prendas y que está costando mucho más”.

Pese al escenario adverso, la mirada de Susy Confecciones conserva un tono profundamente positivo y esperanzador: “Se nota que la crisis está afectando a todos, pero me veo en el futuro adaptándonos. Nosotros tenemos la capacidad de rearmarnos; no nos quedamos fijos en un lugar, sino que vamos adaptándonos a la demanda de nuestro público”.

La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a marcar un matiz con la narrativa económica del presidente Javier Milei, al reconocer públicamente que existen franjas de la sociedad que sufren el impacto del programa actual. Tras la presentación del Presidente en el Council of the Americas, donde defendió el rumbo económico y negó un aumento del desempleo o caídas salariales, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta planteó una lectura más cercana a la realidad productiva y cotidiana.

En el marco de una disertación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el contenido de su mensaje apuntó a sostener el programa macroeconómico sin perder la empatía con la ciudadanía. Si bien destacó la regla del superávit fiscal y el combate contra la inflación como pilares estructurales indispensables, remarcó la urgencia de acelerar la dinámica de los resultados para dinamizar la actividad de las pymes, la industria y las familias.

A través de sus redes sociales, reforzó esa postura al señalar que, aunque los indicadores generales muestren signos positivos frente al escenario previo del kirchnerismo, el foco prioritario de la gestión pública debe concentrarse en acompañar a los sectores productivos que enfrentan mayores complicaciones. La diferenciación del discurso expone dos aproximaciones dentro del espacio: la defensa estricta del marco teórico presidencial y la preocupación parlamentaria por acelerar la percepción del cambio en el consumo.

El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) emitió un comunicado tras la apertura del período de conciliación obligatoria dispuesta por la departamental de trabajo provincial en la ciudad de Paraná, a raíz de los despidos masivos y la paralización de actividades en la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay. Durante la audiencia, que se extendió por más de dos horas y contó con la participación de representantes de la empresa, el gremio de Molineros y el propio STIA, se buscó retrotraer la situación al estado previo a las desvinculaciones para negociar bajo un marco legal regulado.

Uno de los puntos de mayor fricción durante el encuentro fue la intención de la empresa de aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, con el cual pretende abonar solo la mitad de las indemnizaciones alegando causas de fuerza mayor o falta de trabajo. Este planteo fue rotundamente rechazado por la representación sindical.

Al respecto, argumentaron: “La crisis no es generalizada dentro del sector avícola, sino una situación particular de GTA S.A. derivada de decisiones empresariales desafortunadas cuyas consecuencias no deben ser trasladadas a los trabajadores“.

Frente a este escenario, el STIA presentó un escrito formal para exigir que se evalúe la responsabilidad individual, subsidiaria e ilimitada de los socios gerentes y accionistas mayoritarios de Granja Tres Arroyos. El objetivo de esta medida es que los directivos respondan “con sus propios bienes”, basando el reclamo en las normativas vigentes de la Ley de Sociedades, el Código Civil y Comercial de la Nación y el Pacto Federal del Trabajo.

Asimismo, los gremios manifestaron su extrema preocupación por la situación de los trabajadores que continúan formalmente vinculados a la compañía pero se encuentran sin tareas asignadas, sin cobrar sus salarios y sin ninguna certeza sobre su futuro laboral. Advirtieron que “la empresa no está colaborando plenamente en la reactivación” y que las demoras atentan contra el reinicio de las actividades.

Por su parte, la compañía sostuvo que se encuentra evaluando alternativas y manteniendo diálogos con acreedores e inversores, aunque lamentaron que “no han presentado aún un plan específico para normalizar el funcionamiento de sus plantas”.

Ante la falta de acuerdos definitivos, la autoridad laboral dispuso un cuarto intermedio y fijó una segunda audiencia para el próximo viernes 28 de agosto a las 12:00 horas. Las entidades sindicales adelantaron que en dicho encuentro exigirán definiciones claras, precisiones operativas y un esquema concreto de pagos, poniendo especial énfasis en el grave impacto humanitario que están provocando los incumplimientos económicos y salariales acumulados. Ahora

En un escenario de tensión inédito para el sistema de salud privado del sur del país, clínicas y sanatorios de cuatro provincias patagónicas anunciaron el corte total de la atención a los afiliados de PAMI a partir del próximo 24 de agosto. La medida extrema responde al severo atraso en la actualización de las prestaciones, cuyos incrementos —según denuncian los prestadores— representan apenas la mitad de la inflación acumulada desde el inicio de la gestión nacional.

Las instituciones afectadas atienden a un universo cercano a los 300 mil jubilados en la región, para quienes la obra social estatal representa entre el 25% y el 55% de la operatoria prestacional de los sanatorios. La crisis no es repentina: desde junio pasado, los centros médicos venían aplicando restricciones graduales en las guardias, en la recepción de derivaciones y en la reprogramación de cirugías. Sin embargo, la falta de respuestas oficiales desembocó en una suspensión completa de servicios por primera vez en la historia del organismo.

El detonante principal es el estrangulamiento económico que atraviesan los módulos prestacionales. Frente a una inflación del 19,3% registrada en los primeros ocho meses del año, la propuesta oficial se limitó a acordar un 6% de aumento a liquidarse en octubre, sumado a una promesa no concretada de un 1,9% adicional atribuida al Ministerio de Salud. De esta manera, existen procedimientos médicos donde el monto transferido por PAMI no alcanza para cubrir siquiera el costo de los materiales descartables básicos, dejando fuera de presupuesto los honorarios de médicos, enfermeros, el uso de quirófano, camas e insumos.

Desde el sector privado califican la situación como "inédita y dogmática", asegurando que el desfasaje supera incluso los picos críticos de la crisis de 2001. A este panorama se le suma la renuncia masiva de profesionales y el éxodo de médicos que dejaron de atender por la cartilla oficial, sobrecargando las guardias de urgencia y dejando a miles de adultos mayores sin cobertura médica preventiva ni tratamientos programados.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de las y los Trabajadores anunció formalmente su adhesión a la Jornada Nacional en defensa del PAMI, los derechos previsionales y la restitución integral de las prestaciones para todos los jubilados y pensionados del país. Bajo la premisa de frenar el deterioro en las condiciones de atención y las políticas de ajuste que afectan al sector, la organización sindical hizo un llamado abierto a toda la comunidad a sumarse activamente a las acciones de protesta programadas.

En la ciudad de Gualeguaychú, la medida se materializará a través de una convocatoria presencial organizada por la Asamblea de Adultos Mayores. La cita fue fijada para este miércoles 19 de agosto a las 10:30 horas en la intersección de Rocamora y Andrade, lugar donde se ubica la delegación local del PAMI.

Respecto a la modalidad que tendrá la manifestación en la ciudad, Ana Gómez, referente de la Asamblea de Adultos Mayores de Gualeguaychú, explicó a El Argentino: "En el contexto de la jornada nacional, nosotros hacemos esta movida frente al PAMI acá. Va a ser en Rocamora y Andrade. Vamos a utilizar las cuatro esquinas, no vamos a cortar la calle, vamos a estar repartiendo volantes. Se trata de una volanteada, una presencia y una forma de llamar la atención para estar en el contexto nacional del reclamo por todas las cosas que ya todo el mundo sabe".

Asimismo, la referente remarcó la gravedad del cuadro de situación asistencial y las trabas que enfrentan los afiliados en las localidades del interior: "La prestación del PAMI no es acorde a las necesidades que tiene la gente. Muchísimas agencias que estaban en localidades chicas las han cerrado y ahora han quedado cabeceras donde la gente no tiene plata para viajar. Todo es más costoso, los remedios ya no cubren como antes, los turnos médicos son muy lejanos y las prótesis no llegan en tiempo y forma. Hay gente que se muere esperando los insumos para operarse; todo es muy lento y burocrático".

Gómez alertó además sobre las drásticas consecuencias que tiene la crisis económica en la vida cotidiana y la salud mental de las personas mayores: "Si bien el PAMI tuvo siempre problemas de funcionamiento, esta vez es muy grave. No alcanza para comer, no alcanza para pagar los alquileres ni para comprar los remedios; tenés que elegir entre comprar el remedio o comer. La gente deja los tratamientos y se muere. Tenemos compañeros que se han muerto por no tomar la medicación que tenían que tomar, por ejemplo para la presión".

Por su parte, desde la conducción de la CTA ratificaron el acompañamiento a las demandas del sector pasivo: "Nos sumamos y convocamos a ser parte de la Jornada Nacional en defensa del PAMI, los derechos previsionales y la defensa de los derechos de todas y todos los jubilados y jubiladas. ¡Basta de maltrato a nuestros adultos mayores!", expresaron para convocar a la comunidad a respaldar el reclamo.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, reconoció que existe un riesgo para la salud pública en Ceuta debido al hacinamiento de migrantes, aunque descartó que la ciudad atraviese un “colapso sanitario”.

“¿Hay una crisis humanitaria? Sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí”, afirmó tras reunirse con autoridades locales y sanitarias.

Según detalló García, en los últimos 15 días fueron atendidos 5.800 migrantes, de los cuales 3.500 recibieron atención primaria y 2.300 fueron asistidos en hospitales. Actualmente hay 101 personas internadas en el hospital de Ceuta, entre ellas 28 migrantes.

La funcionaria sostuvo que el principal riesgo está relacionado con las condiciones de salubridad y el hacinamiento, que pueden favorecer la aparición o propagación de enfermedades infecciosas.

En ese sentido, reclamó al Gobierno de Ceuta la cesión de más espacios para garantizar agua, higiene, alimentación y alojamiento adecuado. “Albergar y darles techo a los migrantes, esa es la actuación sanitaria más urgente”, remarcó.

Sin embargo, rechazó asociar la inmigración con la enfermedad y calificó esa relación de “injusta” y “xenófoba”. El Ministerio, además, trasladará parte de su equipo del CAES a Ceuta para reforzar el control epidemiológico y trabajar junto a las autoridades locales.

(Fuente: Agencia NA)

La Fundación ACNUR Argentina alertó en el Día de la Niñez que, según las últimas estimaciones del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), más de uno de cada cinco menores vive actualmente en zonas de conflicto.

Para visibilizar esta problemática, Fundación ACNUR Argentina impulsó la iniciativa La Guerra NO es un Juego, de acuerdo con el material que hizo llegar a la Agencia Noticias Argentinas.

Actualmente, alrededor del 65% de la población infantil mundial vive en países afectados por conflictos.

En muchos de estos contextos, la violencia y la persecución obligan a familias enteras a desplazarse.

Son 45 millones los niños y niñas que debieron huir de sus hogares para salvar sus vidas.

Desde Sudán hasta Gaza, Afganistán o Ucrania, las crisis dejan en evidencia una dolorosa realidad: los niños y las niñas siempre están entre los más afectados durante los conflictos y las guerras, alerta el documento de la Fundación ACNUR.

Además de la violencia directa, enfrentan graves consecuencias indirectas, como el difícil acceso al agua potable, el riesgo de mortalidad debido a enfermedades y desnutrición, la falta de vacunas y atención médica o las altas probabilidades de interrumpir su educación.

El impacto de los conflictos sobre la infancia se agrava aún más ante la destrucción de escuelas y hospitales, el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de los grupos armados y el desplazamiento forzado.

Miles de niños y niñas se ven obligados a cruzar fronteras solos y, en la huida, muchos son reclutados para luchar como soldados o son víctimas de redes de trata y esclavitud sexual.

Junto a autoridades nacionales, organizaciones internacionales y socios locales, trabaja para acompañar a la infancia desplazada y buscar soluciones duraderas.

Entre sus principales acciones, procura que los niños y niñas no acompañados o separados de sus familias reciban atención y accedan a servicios de búsqueda y reunificación familiar; que los recién nacidos sean registrados al nacer; y que la infancia con discapacidad reciba el apoyo que necesita.

Además, impulsa espacios seguros, actividades de apoyo psicosocial y oportunidades educativas para que los niños y niñas forzados a huir puedan reconstruir sus vidas y recuperar cierta estabilidad.

En este contexto, Fundación ACNUR Argentina llamó a colaborar económicamente a través de FUNDACIONACNUR.ORG/DONA

A lo largo de estos años, numerosas celebridades se han sumado a esta campaña, entre ellas Osvaldo Laport, embajador de Buena Voluntad de ACNUR, Georgina Barbarossa, Claudia Villafañe, Marcela Kloosterboer, Eleonora Wexler, Benjamín Vicuña, Isabel Macedo, Juan Carlos Baglietto, Eugenia Tobal, Josefina “La China” Ansa y Flavia Palmiero, entre otras.

“Ningún niño o niña debería acostumbrarse a oír alarmas antiaéreas, jugar entre escombros o saber que en cualquier momento puede verse obligado a huir para salvar su vida. En el Día de la Niñez es fundamental recordar que millones de chicos y chicas viven una infancia atravesada por el conflicto y el desplazamiento forzado. Cuando la guerra obliga a huir, la protección se vuelve urgente”, afirmó Paula Martínez Álvarez, directora de Comunicaciones de Fundación ACNUR Argentina.

(Fuente: Agencia NA)

El sector de la construcción atraviesa uno de los ciclos más complejos de las últimas décadas en la economía argentina, caracterizado por una profunda contracción en los niveles de actividad y en los indicadores de empleo registrado.

De acuerdo con los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y relevamientos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), desde noviembre de 2023 la industria perdió entre 62.300 y 65.000 puestos asalariados formales. Este número representa una caída de entre el 14% y el 15% de su masa laboral directa, explicando por sí solo casi un tercio de la destrucción total del empleo privado registrado en todo el país durante dicho período.

La parálisis de la obra pública financiada por la Nación, sumada al encarecimiento del financiamiento y a la postergación de desarrollos inmobiliarios privados, consolidó a la construcción como la actividad con mayor deterioro relativo dentro de la estructura económica. A diferencia de rubros extractivos o primarios que mostraron repuntes parciales durante los últimos dos años —tales como la minería, el petróleo y el complejo agropecuario—, los indicadores del INDEC marcan que el sector aún no logra consolidar un piso firme.

En ese contexto, la cadena de valor de la edificación apuesta sus expectativas de recuperación a mediano plazo a un esquema basado en tres variables principales: las concesiones viales, la reaparición del crédito hipotecario y las grandes inversiones en infraestructura vinculadas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Dentro del escenario proyectado por el equipo económico nacional, una de las principales herramientas para reactivar la mano de obra intensiva radica en los nuevos procesos licitatorios para la red de Concesiones Viales. Si bien los trámites administrativos han registrado avances normativos, el sector empresarial señala que estos proyectos aún no han comenzado a volcarse de manera masiva en el territorio, por lo que su impacto real sobre la demanda de insumos clave como el cemento, el acero y la contratación de personal especializado demandará mayor tiempo de maduración.

Finalmente, las perspectivas a mediano plazo se apoyan en las obras de infraestructura logística que requerirá el desarrollo energético de Vaca Muerta, la minería y los proyectos aprobados mediante el marco normativo del RIGI. Aunque por el momento estas iniciativas se encuentran mayoritariamente en fases de anuncio y planificación técnica, la proyección de trazados ferroviarios, gasoductos, rutas y tendidos eléctricos aparece como la principal vía de tracción para la ingeniería civil en los próximos años, en un proceso de recuperación que la industria anticipa paulatino y gradual.

Si bien la actividad manufacturera muestra una desaceleración general, el empleo formal dentro de la cadena forestoindustrial se está retrayendo a un ritmo mucho mayor que la producción, una situación que, según la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), pone en riesgo uno de los principales activos del sector: su capital humano.

El último Informe de Empleo y Actividad elaborado por la entidad reveló que el empleo registrado en la industria maderera cayó un 8,57% interanual, una contracción que supera ampliamente el retroceso observado en la actividad productiva.

Para FAIMA, no se trata solamente de un ajuste coyuntural, sino de un proceso que podría afectar la capacidad de recuperación de la cadena cuando la economía vuelva a crecer.

“La caída del empleo supera con holgura el retroceso productivo, lo que sugiere que las empresas no están ajustando por horas o por stock, sino desprendiéndose de plantel, con la consecuente pérdida de capacidades técnicas difíciles de recomponer”, señala el informe.

Entre los segmentos más afectados aparecen las tornerías, la fabricación de viviendas prefabricadas, tableros, enchapados y aberturas, eslabones que agregan mayor valor al recurso forestal y demandan mano de obra especializada.

“Cada puesto de trabajo que se pierde en estas actividades representa mucho más que una estadística. Detrás de esos números hay conocimientos técnicos, experiencia productiva y capacidades industriales que constituyen uno de los principales activos de la cadena forestoindustrial y que luego requieren años para reconstruirse”, advirtieron desde FAIMA.

La entidad remarca que este fenómeno implica un deterioro cualitativo de la cadena productiva, ya que afecta precisamente a los sectores con mayor contenido tecnológico y capacidad de innovación.

Según el relevamiento de FAIMA, las PyMEs fabricantes de muebles registraron una caída promedio del 14% en las ventas durante el primer trimestre del año, un dato que evidencia el impacto diferencial que atraviesan las empresas del sector.

Para la entidad, esta diferencia confirma la heterogeneidad de la industria y demuestra que muchas de las firmas que sostienen el empleo en el interior del país enfrentan dificultades mucho mayores que las que reflejan las estadísticas nacionales.

Además, el informe identifica a la construcción como uno de los principales canales de transmisión de la crisis. Los rubros vinculados a viviendas prefabricadas, estructuras, aberturas y también la comercialización mayorista de muebles son los que más sufren la caída de la obra pública, la inversión privada y el consumo de bienes durables.

Frente a este panorama, FAIMA sostiene que la preservación del capital humano debe convertirse en un eje estratégico para garantizar la competitividad futura de la cadena forestoindustrial.

“La federación recuerda que, cuando mejora la demanda, las empresas pueden volver a incrementar la producción relativamente rápido, pero reconstruir equipos especializados, recuperar oficios y volver a formar trabajadores calificados demanda varios años”, admitieron los industriales.

Al mismo tiempo, destaca que la actividad cuenta con fortalezas estructurales importantes, como la disponibilidad de recursos forestales, una amplia capacidad industrial instalada, una extensa red de PyMEs distribuidas en todo el país y décadas de conocimiento acumulado.

Sin embargo, advierte que esa ventaja puede erosionarse si continúan desapareciendo empresas y empleos especializados.

En un clima de marcada tensión política y legislativa, el Senado de la Nación dio inicio a la sesión ordinaria para tratar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La jornada arrancó con intensos cruces verbales entre el bloque oficialista de La Libertad Avanza y las bancadas opositoras, que centraron sus primeras intervenciones en la reciente crisis diplomática desatada con la República Federativa de Brasil a raíz de los dichos del presidente Javier Milei.

Antes del tratamiento formal del articulado, los senadores de la oposición alineados al peronismo —entre ellos Martín Soria y José Mayans— plantearon cuestiones de privilegio contra el Poder Ejecutivo. Criticaron con dureza la conducción de la política exterior y advirtieron sobre el impacto económico e institucional del distanciamiento con el principal socio comercial de la región.

La respuesta oficialista no tardó en llegar a través de la jefa de bancada, Patricia Bullrich, quien cruzó a sus pares al señalar que no miden con la misma vara los posicionamientos políticos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante los procesos electorales argentinos. En su alocución, Bullrich solicitó formalmente el regreso de Julio Bitelli, embajador de Brasil en Argentina, y pidió desvincular las disputas partidarias de las relaciones estratégicas entre ambas naciones.

Paralelamente al debate diplomático, el proyecto llegó al recinto con profundas modificaciones en su redacción original. Para evitar una derrota parlamentaria o la postergación del debate, el oficialismo resolvió retirar de manera completa el capítulo que pretendía modificar la actual Ley de Tierras y liberalizar o ampliar los topes para la compra de terrenos rurales por parte de capitales extranjeros. La decisión se precipito tras la falta de consensos con bloques aliados e independientes, quienes manifestaron serias dudas sobre los cambios planteados en materia de soberanía territorial.

Con la eliminación del aspecto más controvertido de la norma, la iniciativa quedó enfocada en la protección patrimonial y el régimen aplicable a inmuebles afectados por siniestros. En ese sentido, el senador Agustín Coto (La Libertad Avanza), en su rol de miembro informante, defendió la propuesta centrando sus argumentos en la libertad de disposición de las tierras incendiadas, una regulación que actualmente restringe la venta o cambio de uso de suelo para evitar presuntas especulaciones inmobiliarias.

Durante el inicio del tratamiento, la bancada del Justicialismo sumó un gesto político al colocar en sus bancas insignias con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas", recreando la bandera desplegada recientemente por los futbolistas del seleccionado nacional. Por su parte, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch utilizó una cuestión de privilegio para responder a los pedidos de impugnación formulados por la oposición sobre un presunto conflicto de intereses en el debate por su actividad privada en el sector inmobiliario rural, requerimiento que rechazó al argumentar una total invalidez legal.

Con una extensa lista de oradores anotados, la Cámara Alta prevé un prolongado debate antes de someter la iniciativa a votación.

Mirá el debate:

La citricultura en Entre Ríos atraviesa un escenario crítico que pone en duda la continuidad operativa de cara al próximo ciclo productivo. Así lo advirtió Marcos Dal Mazo, presidente del Centro de la Juventud de Villa del Rosario (FAA) y secretario de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier), quien remarcó que la combinación de valores de venta deprimidos, desplome del consumo y costos al alza amenaza el sustento de miles de familias de la región.

Según detalló el dirigente, actualmente el productor percibe entre 40 y 50 pesos por kilo de naranja en quinta, un monto que resulta insuficiente para cubrir la operatividad diaria y frena cualquier posibilidad de inversión. La situación se vuelve urgente dado que entre agosto y septiembre deben iniciarse las labores de preparación del monte frutal para la campaña 2027, trabajos que hoy se encuentran en duda por la falta de liquidez.

A la rentabilidad al límite se le suma una contracción severa en la demanda interna, con niveles de venta que se ubican un 40% por debajo de los promedios habituales. En paralelo, el encarecimiento de los fletes para trasladar la fruta hacia los centros de consumo absorbe la mayor parte del margen operativo, reduciendo a mínimos los ingresos brutos del sector primario.

Desde el aspecto social, Dal Mazo enfatizó que la actividad es intensiva en mano de obra local e insustituible por procesos mecánicos, abarcando tareas de poda, cosecha y mantenimiento que generan alrededor de 20.000 puestos de trabajo directos en el macizo citrícola. De profundizarse la parálisis económica, el impacto sobre el empleo regional será inmediato.

Por otro lado, en el plano sanitario persiste la preocupación por el avance del HLB tras la detección de nuevos focos en la provincia. Aunque la Fecier mantiene tareas de monitoreo constante, la escasez de fondos amenaza la continuidad de las labores de control. Como contrapartida, las condiciones climáticas recientes brindaron un leve alivio: las heladas y granizadas registradas no produjeron daños de gravedad en la fruta, dejando a la falta de rentabilidad como el único y principal factor de riesgo para el futuro del sector.

(Fuente: El Entre Ríos / FAA Entre Ríos)

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) encendió las alarmas sobre el impacto directo que tendrá la crisis energética global en la economía doméstica. Según el último relevamiento del organismo dependiente de la ONU, el encarecimiento de los combustibles —derivado de la guerra en Medio Oriente— sumará una presión adicional de entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales a la inflación total de Argentina para este año.

Para trazar estas proyecciones, la CEPAL evaluó tres escenarios posibles basados en la evolución del precio del crudo internacional y el grado de traslado de esos valores a los surtidores locales:

En el plano local, el Gobierno nacional e YPF vienen aplicando una estrategia de contención mediante el congelamiento temporal de los precios de las naftas y la postergación de los aumentos pendientes en los impuestos que gravan al gasoil y las naftas (virgen y sin plomo). Sin embargo, advierten que estas medidas actúan como un dique de contención provisorio, por lo que el golpe definitivo en el bolsillo se sentirá cuando se actualicen dichos esquemas.

La brecha regional es amplia: en el extremo más vulnerable se ubica República Dominicana, donde el impacto inflacionario podría alcanzar los 4,6 puntos en el escenario más pesimista. Por el contrario, Ecuador aparece como el país más protegido frente a la crisis global, con una afectación máxima estimada de apenas 0,9 puntos.

El mapa alimentario argentino está experimentando una profunda transformación motorizada por la economía de bolsillo. Frente a los incrementos de precios de carne vacuna, cerdo o pollo, el huevo se consolidó como el gran aliado de la mesa familiar. Según datos estadísticos de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), el producto se convirtió en la proteína animal más barata por kilogramo en el mercado nacional.

Argentina se transformó en el país con mayor consumo de huevos per cápita del mundo. Durante el 2025, cada ciudadano consumió un promedio de 398 unidades, lo que representó un salto de 100 huevos más por habitante respecto a los registros obtenidos en 2021. Las proyecciones anticipan que el indicador ascenderá este año a un promedio de 430 huevos por persona, consolidando un volumen equivalente a 28 kilos anuales por habitante.

Esta saturación comercial obligó a los establecimientos a “rematar los excedentes” para evitar la pérdida del alimento. Al respecto, el titular de la cámara empresaria detalló: "El año pasado en la granja vendíamos el maple de huevo en $5.300 promedio, hoy lo estamos vendiendo en $3.200, con un 50% de inflación en el medio".

"Esto hace que lamentablemente el productor venda todo lo que produce a precios muy bajos, lo que implica que va perdiendo rentabilidad semana a semana. Los números que son amigables desde la cantidad de venta se vuelven hostiles por la calidad del precio. Hoy muchos productores están perdiendo dinero", apuntó.

Para descomprimir este escenario de sobreoferta interna, la industria visualiza los mercados extranjeros como una válvula de escape. "Entendemos que la exportación es una salida que hay que profundizar. Hoy los mercados exportadores están sobreofertados, pero entendemos que nosotros no deberíamos dejar pasar la oportunidad de instalar el huevo argentino en los mercados", planteó el directivo avícola.

No obstante, al momento de evaluar los motivos por los cuales el país disminuyó su protagonismo en el comercio internacional, Prida apuntó directamente contra los vaivenes regulatorios locales de los últimos diez años: "El huevo argentino es de muy buena calidad, es un huevo buscado, reconocido. El problema que tenemos es que no hemos sido unos proveedores confiables, unos productores creíbles, porque hemos tenido retenciones, nos han sacado las retenciones, teníamos reintegro, no nos pagaban reintegro, no nos devuelven el IVA, nos obligan a liquidar divisas cuando la mercadería está todavía en tránsito. Han pasado un montón de cosas complejas en la Argentina que nos han generado una prácticamente expulsión de los mercados externos".

En diálogo con El Argentino, el gerente de una de las principales sucursales supermercadistas de la ciudad confirmó que las tendencias observadas a nivel nacional tienen un correlato directo en el consumo local. “La venta de doble maple surgió este año. Esto se debe a que en una familia tipo, si cada integrante come dos huevos por día, están consumiendo ocho huevos diarios, por lo que un maple de 30 se termina en cuatro días. Un maple no alcanza, entonces ese maple doble cubre mejor las necesidades”, fundamentó el responsable del establecimiento respecto a la gran aceptación de este nuevo empaque de 60 unidades.

El recambio generacional también juega un papel preponderante en la aceleración de las ventas. Desde el comercio de la ciudad identificaron: “Lo que veo es que la franja etaria de los menores de 35 años es una gran consumidora de huevos, con un promedio superior a dos unidades diarias. En cambio, entre los mayores de 50 años hay una franja que no llega a consumir un huevo por día, tienen un consumo más moderado porque crecieron con la idea de que el huevo era malo o de que no se podían comer más de tres o cuatro por semana”.

A su vez, el encargado del mayorista diferenció el tipo de consumo y las decisiones que toman los clientes frente al bolsillo: "Lo que más lleva la gente son los maples de huevos más económicos, pero muchas familias llevan un número más grande para consumir un huevo por día. Otros siguen consumiendo dos huevos, sobre todo si son un poco más pequeños. Después, para consumo de locales para reventa llevan lo que es un tamaño intermedio y para negocios gastronómicos y hoteleros les rinde mejor llevar los huevos más grandes".

No obstante, las cantidades adquiridas varían según la composición del hogar o los hábitos individuales: "Generalmente hay gente que está viniendo dos veces en la semana y está llevando dos maples. Depende también si es una persona sola que hace ejercicio o si es integrante de una familia. En cambio, la gente mayor lleva un solo maple y habitualmente compran cada dos semanas".

Para responder a las distintas necesidades, el comercio organizó diferentes promociones: “La base de la oferta la constituye el Huevo N° 3, la variante de menores dimensiones y menor precio del menú. Este es el más pequeño que tenemos, el más económico. Sale $3.500 o tres por “10.000, está en promoción ahora y está saliendo bastante", detalló el vendedor.

“El Huevo N° 2, de escala intermedia y alta rotación en comercios minoristas está fijado en $4.200. En el sector mediano-grande se posiciona el Huevo N° 1, comercializado a un valor de $5.500 o dos por $10.000. En la franja superior se ubica el tamaño ‘S’ a $6.500 por 30 unidades, mientras que la categoría ‘Jumbo’ cierra el listado. Es el huevo más grande que tenemos, puede llegar a traer doble yema, pero trae menos cantidad: son 20 huevos por maple y está a $4.500", puntualizó Franco.

El comerciante también, se refirió al rol que cumple este producto en la alimentación a lo largo de todo el año, derribando mitos sobre la estacionalidad: "El huevo es un alimento que se consume tanto en verano como en invierno. El tema económico está medio complicado y por ahí eso baja un poco la venta, pero es un producto que se vende siempre todo el año".

"También tengo clara en polvo. Esto lo lleva mucho la gente que va al gimnasio o que hace deporte como proteína", expuso el comerciante consultado, especificando que comercializan presentaciones de 250 gramos —equivalentes a 60 claras—, de medio kilo —equivalentes a 120 claras— y opciones de huevo en polvo integral, donde cada unidad "equivale a 50 huevos completos".

Esta incorporación de valor agregado y tecnificación en los procesos marca la frontera de supervivencia para las empresas del sector en el actual contexto de rentabilidad negativa. En este sentido, Javier Prida sostuvo que la crisis afecta transversalmente a la actividad, pero establece una distinción respecto a las capacidades de resistencia de cada establecimiento: "Yo veo más complicado a los productores o granjas que no están tecnificadas, la verdad que el que esté tecnificado va a salir más rápido de esta situación de crisis".

Con una matriz productiva concentrada principalmente en la provincia de Buenos Aires, con un 42% de las aves en postura, y Entre Ríos, con un 26%, el futuro de la actividad dependerá de la eficiencia operativa y de la responsabilidad colectiva de sus actores. "Estamos todos en el mismo barco, así que pediría a todos los productores que seamos serios, responsables y tratemos de remar todos para el mismo lado", concluyó el titular de Capia, sintetizando los desafíos de una economía que consolidó al huevo en la cima del consumo popular, pero mantiene complicados a quienes lo producen día a día.