Javier Milei participó este lunes de la Argentina Oil & Gas Expo 2026 en Neuquén, y volvió a apuntar contra los medios que, según él, solo difunden mentiras, a pesar de que los datos lo contrarrestan. En su discurso, el Presidente negó que una parte de los argentinos no llegue a fin de mes, como revelan las encuestas, y hasta se animó a mofarse de quienes viven esa realidad. “Es una pelotudez del tamaño de una casa”, aseguró.

Ante los principales empresarios y referentes del sector energético, Milei defendió la marcha del programa económico, ratificó el superávit fiscal y arremetió contra “los medios corruptos”, que exponen la realidad de la caída en el poder adquisitivo de millones de argentinos.

En uno de los pasajes más polémicos de su disertación, el jefe de Estado expresó: “La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo. La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”.

“No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país”, agregó e invitó a los argentinos a “reflexionar”.

No es la primera vez que Milei hace declaraciones de este estilo. Hace un tiempo, había asegurado que si la gente no llegaba a fin de mes “las calles tendrían que estar llenas de cadáveres”.

Sin embargo, pese a la negativa del Presidente, los datos hablan por sí solos, tal como lo reflejó la nota de tapa de este diario. Según datos recogidos por un estudio del Monitor de Opinión Pública, dos de cada tres argentinos no llegan al 20 de cada mes.

Ese porcentaje sube entre los jóvenes, un 72%, y en la clase baja, el 83,3%. Esto explica la crisis de endeudamiento: el 56,2% de la población tomó crédito en los últimos 6 meses, sobre todo para adquirir alimentos o pagar servicios.

La crisis económica generalizada y sostenida por varios años afecta considerablemente a los sectores más empobrecidos de la sociedad argentina, y dentro de los mismos a quienes padecen problemas crónicos de salud y a los adultos mayores.

El acceso a medicamentos es primero de los derechos afectados entre usuarios del sistema, profundizado por la falta de cobertura de gran parte de las obras sociales. Esta situación tiene varias aristas. La más dramática, sin lugar a dudas, son las miles de personas que deben hacer tratamientos a medias o directamente abandonarlos por no contar con los recursos económicos para sostenerlos. Otra de las discusiones que se propone es el precio los medicamentos en el país y el rol que cumple el Gobierno Nacional en este sentido.

En este sentido, días pasados se dio a conocer un informe reservado que circuló entre funcionarios nacionales, el cual sostiene que los medicamentos de uso frecuente en la Argentina son sensiblemente más caros que en el exterior en el 90% de las comparaciones y alcanzan un sobreprecio mediano de 3,1 a 1 frente a mercados internacionales.

El trabajo analizó una canasta de 17 principios activos esenciales y comparó los valores de venta al público en farmacias con los de Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India.

Para evitar distorsiones por el tamaño de los envases o las concentraciones, la medición se estandarizó bajo la Dosis Diaria Definida (DDD), la unidad de medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el relevamiento oficial, las mayores diferencias se dan frente a la India, donde los remedios en Argentina resultan 6,7 veces más caros, seguidos por España, con 5,3 veces, y Francia, con 3,4 veces. Frente a Estados Unidos, la brecha es de 1,8 veces y respecto de Brasil de 1,6 veces, según el informe.

Según trascendió, en el caso de la levotiroxina, utilizada para el hipotiroidismo, la dosis diaria cuesta US$ 0,644 en la Argentina frente a una mediana internacional de US$ 0,103. El valor local supera en 8,2 veces al de España, de US$ 0,08; 4,6 veces al de Estados Unidos, de US$ 0,14; y 26,2 veces al de India, de US$ 0,02.

Para la atorvastatina, en tanto, indicada para el colesterol, el costo por dosis diaria en el país se ubica en US$ 1,437, más de cinco veces por encima de la mediana internacional de US$ 0,267. Los valores de referencia son de US$ 0,37 en Brasil, US$ 0,29 en Estados Unidos, US$ 0,12 en España y US$ 0,10 en India.

Asimismo, en el caso de la metformina, usada para diabetes tipo 2, la dosis diaria en farmacias argentinas cotiza a US$ 0,871 frente a los US$ 0,175 de la mediana de los otros cinco países. La referencia internacional marca US$ 0,55 en Brasil, US$ 0,28 en Estados Unidos, US$ 0,08 en España y US$ 0,07 en India.

El diagnóstico de este informe sirve de sustento para la estrategia del Gobierno Nacional, orientada a desregular el mercado farmacéutico, promover la importación directa por parte de provincias e impulsar la prescripción por nombre genérico para abaratar los tratamientos de bolsillo.

Por otro lado, sobre las variaciones de precios en este año, informó que las mismas se han movido entre un 1,9% y un 2,9% mensual en lo que va del 2026, por lo que, en promedio “no han superado la inflación”. Igualmente, más allá de estos índices, la situación muy compleja.

“Los adultos mayores se ven afectados para cumplir con los tratamientos, eligen llevar por tabletas, según la disponibilidad económica, o se ven obligados a elegir que medicación llevar, según la necesidad y dependiendo de si la cobertura las obras sociales es total o parcial”, contó Etchemendy, en este sentido. Al tiempo que se refirió a los perjuicios sufridos por el sector del que es parte: “al sector farmacéutico le afecta de sobremanera el no pago de las obras sociales, ya que nunca se deja de atender y se nos generan deudas que al momento de ser saldadas ya hemos quedado desfinanciados totalmente”.

Gómez también habló de otra situación que es resultado de la crisis, muchos argentinos toman los remedios de manera salteada: “Tenemos pacientes que recortan la medicación y el impacto en la salud que trae saltear los medicamentos es gravísimo, eso trae aparejado otros problemas que terminan implicando más gasto”.

Asimismo, el farmacéutico aseguró que la dura situación económica es trasversal a todas las generaciones y remarcó que “los medicamentos ocupan el primer lugar entre las cosas de primera necesidad, la gente sabe que tiene que comprarlos sí o sí por e so hoy vemos la lamentable moda de endeudarse con as billeteras virtuales para poder pagar los remedios. La gente está empujada por la situación, no tiene otra opción”.

La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a marcar un matiz con la narrativa económica del presidente Javier Milei, al reconocer públicamente que existen franjas de la sociedad que sufren el impacto del programa actual. Tras la presentación del Presidente en el Council of the Americas, donde defendió el rumbo económico y negó un aumento del desempleo o caídas salariales, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta planteó una lectura más cercana a la realidad productiva y cotidiana.

En el marco de una disertación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el contenido de su mensaje apuntó a sostener el programa macroeconómico sin perder la empatía con la ciudadanía. Si bien destacó la regla del superávit fiscal y el combate contra la inflación como pilares estructurales indispensables, remarcó la urgencia de acelerar la dinámica de los resultados para dinamizar la actividad de las pymes, la industria y las familias.

A través de sus redes sociales, reforzó esa postura al señalar que, aunque los indicadores generales muestren signos positivos frente al escenario previo del kirchnerismo, el foco prioritario de la gestión pública debe concentrarse en acompañar a los sectores productivos que enfrentan mayores complicaciones. La diferenciación del discurso expone dos aproximaciones dentro del espacio: la defensa estricta del marco teórico presidencial y la preocupación parlamentaria por acelerar la percepción del cambio en el consumo.

El consumo problemático (de sustancias y de cualquier otra cosa) es un drama que difícilmente logremos dimensionar si no estamos en contacto con casos puntuales o con comunidades que traten la problemática. Lamentablemente, cada vez son más las personas que atraviesan cualquiera de estas dos situaciones. Es que hay una realidad que se impone: la crisis es económica, pero también es de salud mental y de valores. La demanda de ayuda se multiplica cada día y las respuestas no dan abasto. De ello hablamos con cuatro instituciones de la ciudad que trabajan con personas en situación de consumo problemático, tanto públicas como privadas y comunitarias.

“Somos una comunidad grande y en constante movimiento. Entre familias y chicos, somos más de 60 personas. A veces más, a veces menos, pero siempre sostenidos por el encuentro semanal. Es un espacio abierto, nadie queda afuera”, contó Susana, quienes parte Jonás.

“Nuestro trabajo es acompañar desde la fe, la escucha y el encuentro a personas que atraviesan un consumo problemático y a sus familias. Es importante aclarar: no somos un centro terapéutico, somos una comunidad cristiana que acompaña con amor, respeto y esperanza”, diferenció.

La Comunidad Jonás tiene en funcionamiento diversos espacios. A saber: el grupo de acompañamiento para hombres (lunes, miércoles y viernes a las 20 horas); el grupo de familias (miércoles y viernes a las 20 horas); el Jericó de Alabanza (del 1 al 7 de cada mes, abierto a toda la comunidad) y la Misa de la Comunidad (el tercer domingo de cada mes, en la parroquia Cristo Rey). Además, se realizan retiros espirituales, encuentros de convivencia, participación en la vida parroquial y acciones solidarias.

“Un punto fundamental de nuestro trabajo es el puente que hacemos cuando un chico decide cambiar de vida y hacer un proceso profundo de sanación. Hacemos la conexión con diferentes comunidades religiosas de recuperación que trabajan en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Hoy tenemos varios chicos de nuestra comunidad que están haciendo su proceso en esos lugares. Nosotros los acompañamos antes, durante y después, y a sus familias acá”, contó Susana.

Consultada por el aumento de personas en situación de consumo problemático, aportó: “Durante este 2026 la demanda creció muchísimo. Cada semana se acerca una familia nueva, una madre desesperada que no sabe más qué hacer. Es una realidad que se ve en Gualeguaychú y en todo el país”.

“Por eso mismo, hoy estamos dando un paso muy importante: estamos trabajando en conjunto con Desarrollo Humano de la Municipalidad para la apertura de una Casa de Pre-Internación. Va a ser un espacio de primera asistencia, de apoyo y preparación para esos casos puntuales en los que el chico necesita ser contenido, ordenado y preparado para poder ingresar a su proceso de recuperación

en otra comunidad. Es un eslabón que faltaba y que nos va a permitir acompañar mejor”, indicó la referente.

Por último, la mujer ofreció un mensaje de esperanza: “decirles a las familias que están sufriendo en silencio que no están solas, que siempre hay un lugar para volver a empezar. La adicción no es solo la droga, todas las heridas llevan a esa adicción. Detrás hay dolor, soledad y muchas veces falta de esperanza. Nosotros no juzgamos a la persona, acompañamos la herida”.

Contactos: Tel: 3446 - 350730 / 3483 - 415105 / 3446 – 585373. Facebook: Comunidad Jonás

En la actualidad a esta propuesta privada concurren 14 pacientes todos los días y 28 familiares dos veces por semana. En total, si se suma el equipo de trabajo, por la institución transitan alrededor de 60 personas todas las semanas.

El equipo terapéutico de la institución lo completan Leandro Herlax (coordinador general), Yamila Horane (directora médica) y Diana Goycochea (directora terapéutica), que son quienes llevan la institución adelante y, a la vez, son parte del equipo interdisciplinario junto a profesionales de la psicología, terapistas ocupacionales y operadores y acompañantes terapéuticos. Además, están los talleristas de distintas disciplinas y las personas del sector administrativo y de cobranzas.

“Proyecto Unir se fundó a fines de 2019 y año a año hemos visto un aumento en la demanda de tratamiento. Particularmente, el 2026 ha sido el año que mayor demanda hemos recibido hasta ahora. Cabe mencionar que este pedido de ayuda muchas veces se ve atravesado por una situación económica difícil y la institución acompaña a la familia en ese aspecto también”, resaltó Massaferro.

“Las adicciones son una enfermedad, lo sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS), no es una opinión. La sociedad debe tomarse el trabajo de entenderlo e intentar mirar con otros ojos a los que la sufren. Muchas veces a las personas que la padecen también les cae el peso del prejuicio y la estigmatización, y eso no ayuda en nada, al contrario, hunde más, margina y afecta a la accesibilidad al tratamiento”, puntualizó el referente de Unir.

Uno de los dispositivos más importantes y dotado con más recursos es el Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) “La Esquina”, dependiente de la Sedronar y el gobierno local, en el marco del Plan de Adicciones del Municipio, que es quien suministra insumos, mercaderías y personal profesional. Ezequiel Aguilar es operador psicosocial y responsable del lugar.

“El último mes concurrieron un promedio de 165 personas al lugar, incluyendo 30 nuevas consultas, tanto de personas en situación de consumo como de familiares. El rango etario de quienes asisten se ubica entre los 25 y los 50 años, y el 90% son hombres. Aunque, generalmente, quienes consultan por un amigo o un familiar suelen ser mujeres”, contó Aguilar para esta nota.

“Acompañamos de manera ambulatoria a personas en situación de consumo problemático, brindando un espacio de escucha individual con abordaje interdisciplinario. El equipo está conformado por profesionales en Psicología, Terapia Ocupacional, Acompañantes Terapéuticos, Operador Psicosocial y Trabajadores Sociales, entre otros. El mismo se encuentra en formación y capacitación continua”, destacó.

Entre las actividades grupales ofrecidas por La Esquina están el taller de huerta “La Tierra Sana”, que funciona dos veces a la semana; el espacio semanal para familias y referentes afectivos “Tejiendo Redes”; el taller de teatro (lunes de 15 a 17 horas.) a cargo del profesor Mauricio Viviani y próximamente se abrirá un espacio de música.

“Este año se sumaron los talleres sobre prevención en escuelas secundarias de la ciudad, tanto para alumnos como para docentes. Y ya se ha visitado los colegios del Club Pescadores, del Sirio Libanes y el Manuel Belgrano, entre otros”, contó el operador psicosocial.

Asimismo, desde La Esquina se gestionan becas para internaciones en comunidades terapéuticas, siendo cinco las personas que fueron internadas el último mes. En este sentido, la demanda de acompañamiento ha sido creciendo durante el 2026: “Ha aumentado la demanda este año, pasamos de 70 a 165 asistencias mensuales en junio y julio. Además, se acercan personas en situación de calle que demandan un espacio, una taza de té y una conversación”.

“Es parte fundamental de nuestro trabajo la articulación con otros actores de la ciudad. Recibimos derivaciones de casi todas las instituciones y trabajamos articuladamente con Salud, el área de Género, Justicia y Educación”, remarcó el responsable del dispositivo público.

Contacto: La Esquina funciona en Alem 161, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, y martes y jueves de 14 a 18 horas. Tel: 3446- 568389. Instagram: @dtcsedronar.

En la actualidad esa situación prácticamente se ha normalizado. “Si bien se adeuda el mes de julio, comenzaron a pagar en tiempo y forma. Eso nos permite estar un poco más tranquilos y poder seguir proyectando”, contó Sofía Bordoli, quien es parte de la institución. Y, respecto a la demanda de acompañamiento, dijo que “ha aumentado”, que hay “muchos chicos en situación de calle y muchos pedidos de internación, razón por la cual nuestros dispositivos convivenciales no dan abasto”.

Por su parte, Noelia Peruzzo, referente del Hogar de Cristo Asunción de María, ubicado en el oeste de la ciudad, aportó: “La gente que se sumó a las campañas sigue aportando y eso nos ayuda a sostenernos, porque hay cosas que no podemos rendir por ese subsidio, como los viáticos y gastos de transporte que demanda acompañar a los chicos al hospital o al Juzgado”.

“Respecto a la situación del consumo en la ciudad, la realidad es que está creciendo. El problema es que empiezan cada vez más chicos, con el alcohol, la marihuana y después se va complicando la cosa. Eso hace que en los barrios más vulnerables terminen delinquiendo y con conflictos con sus vínculos, con sus familias”, puntualizó.

“Muchas veces, esos guríses quedan en situación de calle, que actualmente ha crecido mucho en la ciudad, sobre todo de la mano del consumo. Porque las familias se cansan y encuentran ese límite para para frenar el robo por goteo que sucede puertas adentro de las casas o las situaciones de violencia que genera el propio consumo”, explicó la referente comunitaria.

Esta realidad golpea aún más fuerte en los centros barriales cuando regresan las caras conocidas. “Han ido volviendo chicos que, por ahí, pensábamos que estaban mejor y que recayeron”, lamentó, en este sentido, Peruzzo. Al tiempo que destacó la articulación lograda con el DTC La Esquina y el CAPS de la zona, además del acompañamiento municipal en la gestión de los pasajes decolectivos que demandan las internaciones fuera de la ciudad.

“Se trata de trabajar en red para abordar una problemática que es creciente, porque el contexto no acompaña tampoco, pero seguimos poniéndole el pecho”, concluyó.

Granja Tres Arroyos inició el proceso de reestructuración financiera más importante de sus más de 50 años de historia. La empresa, líder de la industria avícola argentina, elaboró un plan para evitar la quiebra que incluye la incorporación de nuevos socios, la venta de activos por al menos US$30 millones (entre ellos tres establecimientos ubicados en Entre Ríos) y la renegociación de una deuda que supera los US$350 millones.

El objetivo inmediato consiste en obtener más de US$115 millones para garantizar la continuidad operativa y recuperar la confianza de acreedores, proveedores e inversores.

La propuesta fue diseñada por Valo Columbus, la división de banca de inversión del Banco de Valores, y comprende a las compañías Granja Tres Arroyos, Wade y Avex. El documento reconoce que la estructura financiera del grupo llegó a un punto crítico y que resulta indispensable rediseñar completamente el esquema de financiamiento para asegurar la continuidad de la empresa.

La decisión representa un punto de inflexión para una compañía que durante décadas fue considerada uno de los grandes casos de éxito de la agroindustria nacional, dio a conocer IProfesional. La misma organización que logró consolidarse como la mayor productora y exportadora avícola del país hoy reconoce que necesita una transformación profunda para sostener su actividad.

Ese crecimiento también estuvo impulsado por la adquisición de nuevas empresas y establecimientos industriales, entre ellos Avex, lo que fortaleció su presencia en distintas provincias y amplió considerablemente su capacidad de producción. Gracias a esa estrategia, la compañía llegó a posicionarse como la principal empresa avícola del país y una de las mayores exportadoras del sector alimenticio argentino.

Sin embargo, la estructura industrial que durante años representó una ventaja competitiva terminó convirtiéndose en uno de sus mayores desafíos. En los últimos meses comenzaron a hacerse visibles conflictos laborales, atrasos con proveedores, dificultades para cumplir compromisos financieros y crecientes obligaciones fiscales, un escenario que finalmente derivó en la elaboración de un plan integral de rescate.

Para alcanzar ese objetivo, Granja Tres Arroyos diseñó una estrategia basada en cuatro pilares.

El primero consiste en obtener nuevas líneas de financiamiento destinadas al capital de trabajo. El segundo apunta a desprenderse de parte de su patrimonio mediante la venta de activos considerados no estratégicos.

El tercer eje prevé negociar anticipos comerciales con grandes clientes para acelerar el ingreso de fondos, mientras que el cuarto (considerado el más relevante por la propia empresa) propone incorporar uno o más inversores capaces de aportar alrededor de US$45 millones entre capital y deuda. En conjunto, estas herramientas permitirían reunir los recursos necesarios para estabilizar la operación y afrontar el proceso de reorganización financiera.

Para una empresa que históricamente permaneció bajo el control de la familia De Grazia, la decisión representa un cambio profundo en su estrategia empresarial. Hasta ahora, el crecimiento siempre había sido financiado manteniendo el control familiar, pero la magnitud de la crisis llevó a reconsiderar esa política.

En paralelo, el grupo busca mejorar la utilización de su infraestructura industrial mediante la modalidad de fazón, un esquema ampliamente utilizado en la industria alimenticia por el cual una empresa produce para terceros utilizando instalaciones ya existentes. La intención es incrementar la actividad de plantas que actualmente no operarían a plena capacidad y generar ingresos adicionales sin realizar nuevas inversiones.

Entre ellos aparecen entidades financieras como Rabobank, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Banco Nación, BICE, BBVA, Santander, Banco Provincia, Supervielle, Credicoop, Galicia y Bibank, además de fideicomisos financieros, pagarés bursátiles y otros instrumentos utilizados para financiar distintas etapas del crecimiento del grupo.

La deuda también involucra a proveedores de granos, laboratorios, empresas veterinarias, transportistas, productores integrados, vacunadores, compañías energéticas y numerosos prestadores que participan de la operatoria diaria. A ello se suman importantes compromisos tributarios con ARCA y organismos fiscales provinciales. Esa diversidad explica por qué la empresa optó por una reestructuración integral y no únicamente por refinanciar créditos bancarios.

La tercera opción elimina cualquier reducción del capital, aunque extiende los pagos durante siete años, mientras que la cuarta está dirigida a proveedores estratégicos mediante una facilidad sindicada respaldada por garantías reales. A cambio, la empresa les solicita continuar abasteciendo de materias primas e insumos durante el período más complejo de la reestructuración, una condición que busca evitar interrupciones en la producción.

De ese modo, Entre Ríos concentra tres de las cinco unidades incluidas en el plan: el tambo de Santa Elena, el establecimiento porcino de Bella Vista y la planta Becar de Concepción del Uruguay. El documento aclara que no necesariamente todas serán vendidas, sino que integran el conjunto de activos susceptibles de ser negociados para fortalecer la posición financiera del grupo.

Los fondos generados por esos negocios serían administrados por un fiduciario independiente y destinados prioritariamente al pago de quienes adhieran al plan de reestructuración.

Además, algunos tramos de la deuda podrían contar con hipotecas de primer grado sobre activos del grupo. Incluso se contempla utilizar exportaciones futuras hacia mercados como China, la Unión Europea y Chile como respaldo adicional, siempre que esas operaciones puedan concretarse en los próximos años.

Además, será indispensable conseguir el financiamiento previsto y cumplir una serie de condiciones económicas antes del cierre definitivo de la operación. La empresa admite que ese respaldo externo será determinante para sostener el negocio durante los próximos meses, publicó IProfesional.

Como alternativa, el documento contempla avanzar con un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) si las negociaciones no alcanzan el consenso esperado. Ese escenario refleja que la empresa busca contar con una vía adicional para evitar la paralización del proceso y mantener abierta la posibilidad de reorganizar financieramente a una de las compañías más emblemáticas de la industria alimenticia argentina.

El resultado dependerá ahora de la respuesta de bancos, proveedores, organismos fiscales y potenciales inversores, cuyo acompañamiento será decisivo para el futuro de Granja Tres Arroyos.

La crisis económica y los desequilibrios de costos volvieron a encender las alarmas en el sector agropecuario de Entre Ríos. Productores arroceros de San Salvador, considerada la "Capital Nacional del Arroz", alertaron sobre el durísimo panorama que atraviesa la actividad, signado por precios internacionales deprimidos, insumos inaccesibles y una falta total de financiamiento que amenaza con provocar una caída de entre 15.000 y 20.000 hectáreas en la superficie destinada al cultivo para la próxima campaña.

Luciano Challio, titular de la Filial San Salvador de la Federación Agraria Argentina (FAA), reflejó la preocupante reconversión forzosa del sector en la zona: “Llegamos a ser más de 700 productores en la región, trabajando tanto en chacras como en superficies más extensas. Hoy no llegamos a 140 los que seguimos produciendo”. Según explicaron desde la entidad, reina una profunda incertidumbre justo en la época en la que debe comenzar la preparación de la tierra para el nuevo ciclo productivo.

El gran desajuste en los números responde a un combo letal de costos al alza y desplome de los precios de venta. El riego artificial, clave para el cultivo, demanda unos 100 días continuos de bombeo mediante pozos profundos, lo que eleva de forma exponencial el consumo energético. A esto se sumó el impacto del combustible: una hectárea de arroz requiere entre 400 y 600 litros de gasoil. El combustible, que históricamente representaba el 32% del costo operativo, pasó a significar el 54%. En poco tiempo, el litro de gasoil saltó de 1.600 pesos a 2.400 pesos al momento de la zafra.

La distorsión de precios internacionales terminó de golpear al sector. Mientras que la campaña 2023/24 registró picos históricos de entre 400 y 420 dólares por tonelada, el valor actual ronda apenas los 220 dólares. Esta situación afectó principalmente a los pequeños y medianos productores, quienes se vieron obligados a vender su producción de forma inmediata para cubrir deudas, sin posibilidad de retener el grano para esperar la reciente y leve mejora del mercado. Ante la falta de herramientas financieras, los productores quedan sujetos a los valores que fija la industria y a un mercado exportador que estuvo prácticamente paralizado hasta el mes de junio. Desde la FAA remarcaron que el auxilio con líneas de crédito blandas del Banco Nación es vital para evitar que los suelos vertisoles de la provincia, ideales para este grano, dejen de producir el alimento.

En los manuales de las economías modernas, la "economía circular" se suele presentar como una sofisticada tendencia de consumo responsable, un eslabón clave en la lucha contra la huella de carbono y el desperdicio textil.

En el contexto actual, el concepto adquiere un sentido de urgencia, se ha transformado en una herramienta de la economía de subsistencia. Ante la caída del poder adquisitivo, el circuito de la ropa usada dejó de ser una alternativa de moda sustentable para transformarse en el andamiaje financiero que sostiene a muchas instituciones.

Para el proyecto de La Cigarra, perteneciente a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la feria nació hace más de una década. La licenciada Norma Hermann, parte del equipo de coordinación, recordó el punto de partida: "La feria surgió como una propuesta de los talleristas, más o menos en el 2012. Con el paso del tiempo, se fue sumando más gente de la propia comunidad. Actualmente, somos una feria que tiene diez años y desde hace tres se realiza en la segunda semana de cada mes par, la hacemos aproximadamente seis veces al año".

Con otros objetivos, pero con la misma urgencia financiera, se encuentra la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (Lalcec), una institución que suma 62 años de trayectoria en la ciudad. Allí, la feria americana fue una visión pionera. Elsa Villar, miembro de la comisión directiva, recordó: "Alrededor del año 2000, quien presidía Lalcec era la señora Marta MacDougall, que fundó la feria hace alrededor de 25 años con el objetivo de ayudar a los pacientes oncológicos, a quienes se les compraba mercadería para que tuvieran una buena alimentación y muchas veces también se ayudaba a comprar remedios".

Por su parte, el refugio para perros La Casita encontró en las ferias una respuesta a los problemas que trae el envejecimiento de su población rescatada. Carmen Colombo, coordinadora del espacio, relató cómo las herramientas tradicionales de recaudación quedaron obsoletas ante la inflación: "El origen de la feria se dio porque necesitábamos cubrir todos los gastos del refugio. En principio, cuando teníamos los perros un poquito más jóvenes, no teníamos tanta demanda de gastos y de estudios veterinarios. Con el pasar de los años se nos fue complicando la compra de alimentos y medicación. El aporte de los padrinos no daba abasto, y con las ventas de pasteles y de cosas dulces que hacíamos tampoco llegábamos a cubrir todo. Entonces surgió lo de la feria".

"En lo personal pienso que el boom de las ferias es una respuesta a la crisis que se está viviendo", analizó Elsa Villar, desde Lalcec. "Hoy, hasta los jubilados hacen feria en sus propias puertas para afrontar la crisis. Antes éramos poquitas organizaciones, pero en la actualidad hay ferias por todos los barrios". Sin embargo, “en los últimos años registramos un aumento notable en la convocatoria, están llegando compradores de otras zonas, lo que nos obligó a abrir tres veces por semana".

En el proyecto La Cigarra, la percepción es similar. La demanda creció, el público se diversificó y los precios debieron mantenerse al mínimo absoluto. "En comparación con los últimos años, viene mucha más gente, pero se vende mucho más barato", explicó Norma Hermann. Y agregó: "viene gente de otros barrios a comprar, nosotros aprovechamos a intercambiar y, a su vez, compartimos experiencias".

Para el refugio de animales el termómetro económico muestra una faceta aún más compleja. "La situación económica impactó mucho en la diaria, porque a nivel comunidad está difícil. A veces se vende muy bien, otras no. Tratamos de hacer una o dos ferias por mes, pero en las últimas que hemos hecho las ventas bajaron y se juntó menos efectivo. Los precios son muy accesibles, pero la gente no tiene plata”, explicó Carmen Colombo.

Lejos de ser un mero intercambio comercial, las coordinadoras defendieron el sistema que sostienen. La circularidad textil genera un triple beneficio, dividiéndose entre quienes descartan, quienes gestionan y quienes consumen.

Hermann lo conceptualizó: "La feria no es solo un espacio para recaudar fondos. Nosotros entendemos que es parte de la economía circular, somos parte de un circuito económico en el que también se recicla. La feria ayuda al que dona porque, a veces, tienen los placares llenos de ropa, no saben qué hacer y acá tienen un lugar seguro donde llevarla. Nos ayuda a nosotros que somos los organizadores, pero también ayuda al que compra porque adquiere un producto de buena calidad a muy bajo costo". Además, remarcó el factor ambiental: "La industria textil es una de las industrias más contaminantes del planeta. Al volver a utilizar la ropa implica reutilizar, no tirar".

Por otro lado, las entrevistadas aseguraron que las ferias de las organizaciones sociales no compiten con el comercio tradicional de Gualeguaychú, atienden a una franja de la población que quedó completamente segregada del mercado formal de indumentaria nueva.

"No nos podemos comparar con los negocios tradicionales bajo ningún punto de vista, porque el comerciante compra la mercadería y paga impuestos, alquiler, personal, y te vende ropa nueva. Lo nuestro es usado o ropa nueva que nos donan tiendas que cierran o gente que no la puede vender y la manda de regalo. El que va a Lalcec no va a los comercios del centro”, indicó Villar.

Hermann describió la trastienda de La Cigarra como un verdadero espacio de encuentro: "Las ferias son economía circular y también un lugar de encuentro para quienes las preparan. Mientras se clasifica la ropa, se da una linda ronda entre mates y risas". A su vez, este entorno funciona como un refugio contra la soledad en momentos difíciles. “Una vecina nos dijo que venía porque necesitaba estar con gente, y eso no es poca cosa, somos un espacio de contención", resaltó la referente del lugar.

En el proyecto La Cigarra la recaudación sostiene una estructura comunitaria de siete talleres semanales para más de 70 niños, niñas y adolescentes en el Salón Esperanza. "La Iglesia Evangélica del Río de la Plata tiene como una de las misiones básicas el alimento. Es decir, la ganancia de la feria se transforma en forma directa en platos de comida saludable”, contó Herman. “También se destina para pagar la luz, el gas, todo lo que son insumos de talleres y se comparte con la catequesis", agregó.

En Lalcec la feria cubre los costos operativos básicos que el Estado o las obras sociales no financian, garantizando que la institución pueda seguir detectando el cáncer a tiempo en la comunidad.

"La feria nos ayuda a sostener los gastos de la institución. Tenemos muchos gastos fijos: personal, artículos de limpieza, insumos ginecológicos, pago de cable, teléfono, las personas que limpian”, enumeró Villar. Sin ese ingreso la atención preventiva de la ONG se vería severamente afectada.

Finalmente, en La Casita cada prenda vendida se traduce en una consulta veterinaria o en una bolsa de alimento balanceado para los perros que superan los diez años de edad. "Con lo de la feria se cubre tanto lo que es medicación, alimentación y algún gasto veterinario que surja de análisis o estudios. No cubrimos todo, pero nos ayuda a ir entregando dinero cuando debemos en las distribuidoras o a los veterinarios”, contó Colombo.

En medio de la recesión, las ferias de ropa se consolidan como un engranaje estable y productivo dentro de la economía del usado. Más allá del gesto solidario, el circuito de la ropa usada se afirma como un modelo de sostenibilidad y gestión comunitaria que, por ahora, parece ser el único capaz de resistir la crisis.

Sin novedades respecto a la deuda que mantiene el gobierno nacional con las empresas del transporte público, la crisis económica se agudiza en todo el país, sobre todo por fuera del AMBA, y Gualeguaychú no es la excepción.

El retiro de los subsidios cambió de plano la relación entre los transportistas y el gobierno nacional, pero ahora, hace cuatro meses y por una serie de factores, tanto internos como externos, la realidad del sector se volvió insostenible.

“El gobierno nacional nos debe cuatro meses de los atributos sociales de la tarjeta SUBE, que no son subsidios, es plata de las empresas. Es la plata de los boletos con descuentos a los jubilados y los beneficiarios de Anses en cada viaje (lo perciben 4 de 10 pasajeros), que el Estado nacional debería pagar, pero no paga desde diciembre”, cuestionó uno de los empresarios del transporte de la ciudad, que pidió mantener resguardada su identidad, porque “después no me atienden el teléfono”.

La situación es compleja en toda la provincia, donde sólo cuatro ciudades mantienen en la actualidad el servicio de transporte público: además de Gualeguaychú, Paraná, Concordia y La Paz. El caso de Concepción del Uruguay refleja como ninguno la crisis sectorial: se licitó el servicio, nadie se presentó y ahora no existe el transporte público en esa localidad.

Ante esta situación, se han hecho pequeños recortes en las frecuencias de los servicios. Por ejemplo, en la Línea 4, entre las 9.30 y las 11.30 horas, en vez del colectivo pasar cada media hora, lo hace cada una hora. Pero las alarmas se volvieron a encender días pasados, cuando Buses Gualeguaychú pagó sólo el 50% de los sueldos a su personal. “Nosotros entendemos la situación, hace mucho que no sucedía algo así. Pero se hace imposible asumir cuentas, alquileres y gastos fijos en estas condiciones”, indicó uno de los trabajadores de la empresa.

En tanto, los empresarios del sector ponen sus expectativas en la semana que viene, cuando el Municipio debería pagar, según indicaron, las partidas correspondientes al boleto gratuito de primaria, secundaria, terciario y universitario (determinados así por ordenanza). Y, sobre todo, en la reunión que las autoridades de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) mantendrán con Fernando Augusto Herrmann, secretario de Transporte de la Nación.

Asimismo, demandan una actualización del valor del boleto, que en la actualidad tiene un costo de $1.968 y, más temprano que tarde, probablemente, pasará la barrera de los $2.200.

“La crisis actual no solo se explica por la inflación general, sino por una distribución de recursos que vulnera el federalismo y castiga a los usuarios del interior. En este sentido, elevamos los siguientes puntos de extrema gravedad para su urgente consideración”, sostiene el documento. Y apunta a la “fuga de recursos del Impuesto al Combustible”.

“Los ciudadanos del interior aportan a través del impuesto a los combustibles, montos que no retornan a sus jurisdicciones. Solo por citar un caso, la provincia de Santa Fe ha aportado más de $706.761 millones desde el corte de subsidios (enero 2024), de los cuales solo retornó una fracción mínima, financiando de hecho el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires con recursos provinciales”, cuestionaron.

“Mientras en el AMBA se debaten ajustes marginales, en el interior los cuadros tarifarios ya alcanzan valores alarmantes para el bolsillo del trabajador, como los $1.600 en Puerto Madryn (vigentes desde el 27/04) o pedidos que superan los $2.500 en Mar del Plata, cifras que aun así resultan insuficientes frente a la ausencia de los fondos nacionales reclamados”, diferenciaron desde la Fatap.

Por otro lado, respecto al impacto en la estructura de costos de las empresas, apuntaron al aumento del gasoil (aumentó $500 el litro en marzo) y la suba de salarios del personal. “Esto genera un desfasaje haciendo que el combustible sea hoy el rubro de mayor peso, incluso por encima del costo salarial”, indicaron. “Esta situación no solo pone en riesgo la prestación del servicio, sino que genera un escenario de alta conflictividad laboral que amenaza la paz social en las provincias”, indica el documento que lleva la firma de José Cano, presidente de la entidad.

“Señor Secretario, la sostenibilidad del servicio público está agotada. Los gobiernos provinciales y municipales han intervenido con fondos propios, pero advierten que los recursos son limitados”, expusieron. Y, por último, cerraron: “no existe margen de optimización posible cuando el sistema opera con un déficit mensual aproximado de $950 millones por jurisdicción y un precio de gasoil que duplica los valores reconocidos por las estructuras de costos actuales”.

“Por todo lo expuesto, solicitamos la transferencia inmediata de las partidas adeudadas (Atributos Sociales y Comisiones SUBE) y la apertura de una mesa de diálogo que garantice un reparto equitativo de los recursos nacionales. El transporte del interior no puede seguir financiando la tarifa de la Capital Federal mientras sus propias comunidades pierden el derecho esencial a la movilidad”, cierra el documento.

La crisis sectorial es un tema nacional, no sólo afecta al servicio en Gualeguaychú. Por lo que la semana próxima será crucial para saber si, finalmente, los servicios serán afectados de manera más contundente, como lo están siendo los salarios, o si se llegará a un principio de solución.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes un encuentro con la Liga de Intendentes Justicialistas, en el que se abordó la situación económica y financiera que atraviesan la provincia y los gobiernos locales, en un contexto de fuerte caída de recursos. Durante la reunión, el mandatario expuso el escenario actual y señaló que “los números definitivos muestran que la caída de los recursos provinciales ha sido incluso superior a la de los municipios”, remarcando que se trata de “un dato objetivo que refleja la realidad”.

Frigerio subrayó que la situación de los gobiernos locales es heterogénea y que “no existe una única realidad”, ya que conviven municipios con distintos niveles de endeudamiento y capacidades financieras. “Hay jurisdicciones con recursos disponibles y otras con fuertes limitaciones, en un contexto que es, sin dudas, muy complejo”, explicó.

En relación a la discusión sobre los recursos, sostuvo que “si se plantea avanzar en la incorporación de determinados fondos al esquema de coparticipación, no voy a oponerme”, reafirmando su disposición al diálogo para encontrar alternativas que contemplen las distintas realidades.

Asimismo, valoró el esfuerzo de los intendentes y afirmó: “Sé que muchos están haciendo un gran esfuerzo para sostener sus municipios en este contexto, y eso es algo que valoro”.

Finalmente, destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado y señaló que “quienes tenemos responsabilidades de gestión sabemos lo que implica cumplir todos los meses con obligaciones como el pago de salarios”.

“Voy a estar siempre del lado de quienes hacen el esfuerzo de gestionar en un contexto de recursos cada vez más escasos. Tenemos que trabajar en conjunto para mejorar la calidad del gasto público y evitar que recursos que son de todos se destinen a sostener desequilibrios estructurales, en lugar de invertirse en obras y servicios que mejoren la vida de la gente”, concluyó.

La crisis económica comienza a mostrar su impacto estructural en sectores que hasta hace poco celebraban las políticas del gobierno de Javier Milei. Granja Tres Arroyos, la mayor procesadora de pollos de Argentina, atraviesa una situación límite por la apertura comercial y la creciente presencia de pollo brasileño en el mercado local, a precios que resultan imposibles de igualar con costos internos dolarizados y energía cara.

El empresario Joaquín de Grazia, dueño de la compañía, había defendido públicamente la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Sin embargo, su firma enfrenta ahora un escenario de quiebra. A fines de 2025, la empresa tuvo dificultades para pagar salarios, aunque logró normalizar los pagos en enero. El alivio fue breve: la avalancha de importaciones y el cierre de exportaciones a Europa por el rebrote de gripe aviar agravaron el cuadro financiero.

En Concepción del Uruguay, donde Tres Arroyos posee el frigorífico más grande del país, el impacto es devastador. La planta llegó a emplear 1.500 trabajadores, pero hoy apenas quedan unos 700. En los últimos meses se registraron 160 despidos y 300 retiros voluntarios, aunque la empresa aún no abonó las indemnizaciones pactadas. La pérdida de empleo formal golpea a una ciudad de 80 mil habitantes, donde la industria aviar era uno de los principales motores económicos.

El panorama se complica además por la situación de Cresta Roja, otra empresa del sector que desde hace más de una década arrastra conflictos. Absorbida primero por Tres Arroyos y luego por la familia Peña de La Anónima, nunca logró estabilizarse. En 2024 hubo nuevos despidos en su planta de Esteban Echeverría y ahora se habla de un cierre definitivo. Según un informe de la consultora String-Agro, en marzo podrían desafectar a más de 450 trabajadores entre Cresta Roja y Tres Arroyos, y si las exportaciones no se reabren en abril, el riesgo de quiebra es inminente.

La crisis aviar se suma a otros golpes industriales en Concepción del Uruguay. Meses atrás cerró una planta de YPF que abastecía de combustible a la ciudad y ocupaba a 47 trabajadores. También hubo despidos en el sector maderero, profundizando el deterioro del empleo formal. Frente a ello, proliferan pequeños comercios y rotiserías como válvula de escape, aunque sin capacidad de reemplazar la estabilidad que ofrecía la industria.

El sector avícola admite que competir contra el pollo brasileño es inviable en las condiciones actuales. Con costos internos dolarizados, tarifas en alza y un tipo de cambio que no acompaña, la apertura comercial amenaza con desmantelar un entramado productivo que durante décadas sostuvo miles de empleos. La catástrofe social y económica que implicaría el cierre de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay encendió todas las alarmas: el futuro inmediato depende de la reactivación de exportaciones y de un cambio en la política comercial que hoy parece lejano.

La Asociación Promover-Conin Gualeguaychú (Cooperadora para la Nutrición Infantil), que funciona en La Cuchilla, en la zona norte de la ciudad, atraviesa una de las etapas más difíciles desde su creación. Luego de 17 años de funcionamiento, el centro se vio obligado a reducir sus días de atención el año pasado debido a una crisis económica y organizacional que amenazó con el cierre.

La red Conín se replica en todo el país. Tiene su epicentro en Mendoza, pero se encuentra en varias provincias y en Entre Ríos tiene centros en las ciudades de Paraná, Concordia, Villaguay, Gualeguay, y Gualeguaychú.

“La decisión, aunque necesaria para sostener la continuidad mínima del trabajo, tuvo consecuencias profundas en el equipo de profesionales y en las familias que dependen de este espacio para garantizar el desarrollo integral de sus hijos”, afirmaron desde la ONG, sin fines de lucro que se sostiene con aportes privados, ubicada en Belgrano y Juan B. Justo, detrás de la guardería Nazaret.

En diálogo con EL ARGENTINO, René Torres, referente de la institución, explicó cómo esta reducción de fondos impactó en la vida cotidiana del centro, qué estrategias de financiamiento se están implementando y cuál es el mensaje que buscan transmitir a las autoridades locales y provinciales. La situación de Conín en Gualeguaychú es la misma que reflejan sus otros centros en la Argentina por la misma problemática: el efecto de la crisis económica sobre las políticas de cuidado y las instituciones que trabajan con la primera infancia.

“Reducir los días de atención fue una decisión difícil que tuvo un impacto significativo tanto en el equipo profesional como en las familias acompañadas”, señaló René Torres, recordando que el establecimiento cuenta con catorce especialistas que completan el equipo interdisciplinario. “Para los trabajadores, la medida implicó reorganizar tareas, asumir mayor carga en menos tiempo y enfrentar un contexto de incertidumbre económica y laboral, sosteniendo el compromiso con la calidad de la atención” sostuvo la profesional.

Para las familias, la reducción significó menos espacios de acompañamiento, seguimiento nutricional y contención integral. Esto es especialmente sensible tratándose de niños pequeños y mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. “En un contexto socioeconómico cada vez más complejo, esta reducción profundiza desigualdades y limita el acceso a apoyos fundamentales para garantizar el desarrollo infantil y la protección de derechos”, fundamentó Torres.

Actualmente, el centro acompaña a 35 niños y 5 embarazadas, brindando atención integral bajo la metodología Conín, que incluye seguimiento nutricional, pediátrico, social y del desarrollo infantil. “El abordaje busca trabajar no solo sobre la situación alimentaria, sino también sobre las condiciones familiares y sociales que inciden en el crecimiento de los niños”, describió la referente de la ONG.

El presupuesto mínimo para sostener el funcionamiento básico del centro ronda los 4 millones de pesos mensuales, lo que permite abrir dos días por semana. Este monto incluye honorarios profesionales, insumos, servicios, mantenimiento del espacio y actividades de prevención y promoción.

Ante la falta de apoyo, la institución implementa diversas acciones de recaudación: “Venta solidaria de pollo una vez por mes, bonos contribución con sorteos, campañas de padrinazgo y búsqueda activa de donaciones son actividades que estamos organizando. En este contexto económico adverso, el esfuerzo de la comunidad y de los equipos de trabajo resulta fundamental para sostener los programas destinados a la primera infancia”, explicó Torres.

Además, reciben la tarjeta Igualar de Desarrollo Humano Municipal para la compra de alimentos y trabajan en el fortalecimiento de redes de padrinos y donantes sostenidos, buscando ingresos más estables que permitan planificar a mediano y largo plazo.

A pesar de las dificultades, la comunidad de Gualeguaychú ha mostrado un fuerte acompañamiento. “Hemos recibido numerosos mensajes de apoyo, preocupación y acompañamiento por parte de la comunidad de Gualeguaychú. Muchas familias, instituciones y vecinos valoran profundamente el trabajo que realiza Conín y reconocen el impacto positivo que tiene en la vida de los niños y sus familias”, destacó Torres. “Este respaldo comunitario refleja que Conín no es solo una organización, sino un actor social clave en la promoción de derechos, la prevención de la malnutrición infantil y el fortalecimiento de las trayectorias familiares. En un contexto socioeconómico cada vez más complejo, este acompañamiento reafirma la importancia de sostener y fortalecer espacios que cuidan, previenen y construyen futuro para la infancia”, manifestó la Licenciada.

Por otro lado, la referente fue clara en su mensaje a las autoridades: “Queremos transmitir la importancia de que el Estado acompañe y fortalezca a instituciones como Conín. Invertir en la primera infancia es invertir en el presente y el futuro de nuestra comunidad. La malnutrición infantil y la pobreza no son problemas individuales, sino responsabilidades colectivas que demandan inversión pública sostenida”. También, desacato la necesidad del respaldo a largo plazo: “Necesitamos el apoyo sostenido durante el tiempo para garantizar la continuidad de este trabajo que impacta directamente en la salud, el desarrollo y la dignidad de nuestros niños y niñas”.

Torres subrayó que la Red-Conín cumple una función estratégica dentro de las políticas sociales y sanitarias, y que su continuidad es fundamental para garantizar derechos, prevenir daños irreversibles y construir igualdad de oportunidades desde la primera infancia. “A pesar de las dificultades, continuamos sosteniendo el trabajo diario con esfuerzo, compromiso y creatividad. Pero garantizar el derecho a una alimentación adecuada y a una infancia digna requiere decisiones estructurales y un mayor respaldo del Estado”, aseguró.

La crisis de Conín Gualeguaychú expone la fragilidad de las políticas de cuidado en un contexto económico adverso. “Por último quiero agregar que la situación que atraviesa Conín refleja una problemática más amplia: el impacto de la crisis económica en las políticas de cuidado y en las instituciones que trabajan con la primera infancia”, concluyó Rene Torres.

La discusión trasciende los números y los presupuestos: lo que está en juego es el compromiso del Estado con la infancia. Se trata de decidir si se seguirá relegando la protección de los niños y niñas a la buena voluntad comunitaria, o si se asumirá de manera firme y duradera la responsabilidad de garantizar derechos, prevenir daños y construir igualdad desde los primeros años de vida.

Para colaborar con la tarea de Conin Gualeguaychú, se puede contactar al 3446-583128 o realizar aportes a través del alias bancario “promover.conin.gchu”. Cada aporte ayuda a sostener la atención de niños y embarazadas en situación de vulnerabilidad

La realidad en los barrios de Gualeguaychú refleja con crudeza el impacto de la crisis económica nacional. El aumento de la pobreza, la caída del salario real frente a la inflación y el encarecimiento de los servicios básicos han profundizado las dificultades cotidianas de miles de familias. La falta de empleo estable y la precarización laboral dejan a muchos hogares sin ingresos suficientes para garantizar un plato de comida en la mesa.

En este escenario, la demanda de asistencia alimentaria creció de manera alarmante. Cada vez más personas recurren a espacios comunitarios en busca de viandas, meriendas o un apoyo mínimo para sobrellevar la situación. El incremento sostenido de quienes necesitan ayuda no solo expone la fragilidad del tejido social, sino también la ausencia de políticas públicas que acompañen a los sectores más vulnerables.

Emilce y Silvia, referentes de dos espacios barriales, relatan a EL ARGENTINO la realidad que enfrentan y la esperanza que mantienen para el 2026.

Desde 2019, Emilce coordina actividades semanales en su espacio comunitario Los Troperitos en el Pueblo Nuevo, la referente relató con dolor la presión que sienten quienes sostienen los comedores barriales. “Es una realidad triste que estoy viviendo, porque los padres me vienen a suplicar por favor por una vianda. Hasta vienen de otros barrios más lejos, no solo de Pueblo Nuevo, sino que llegan de otros lugares pidiendo la entrega de alimentos. Pero a todos les repito lo mismo: no puedo recibir más gente, ya tengo un número fijo. Si tuviera recursos y la ayuda que se necesita, encantadísima seguiría sumando y sumando familias y chicos”, dijo a EL ARGENTINO.

La referente explicó que actualmente solo puede asistir a un número determinado de chicos, con seguimiento de problemáticas familiares y control de vacunas. Ya van a ser cinco meses, que les cortaron el pack de leche y la ayuda para la comida que enviaban desde la Municipalidad. “A nosotros no nos mandaban ni las verduras ni la carne. Lamentablemente, solamente podemos asistir a los 84 gurises de siempre. Es una realidad tristísima. En los talleres que les damos la merienda hay más chicos que quieren participar y más familias que necesitan comida, pero no tenemos cómo cubrirlo”, señaló a EL ARGENTINO.

“Tenemos siete actividades semanales, con talleres para adultos jóvenes y adultos mayores, clases de apoyo escolar y clases de inglés”, contó a EL ARGENTINO.

Sin embargo, explicó que debieron suspender las prácticas de fútbol por falta de seguros y que hace dos años el municipio les cortó la tarjeta Igualar y la asistencia alimentaria. “Las explicaciones que me dan en Recursos Humanos es que supuestamente no hacemos actividades, pero seguimos siendo uno de los merenderos registrados que estamos activos”, señaló.

La comida sigue siendo los fines de semana cuando puede juntar para un menú. A pesar de la falta de stock y de la ayuda oficial, continúan con talleres de verano: jugoteca los viernes para chicos y reciclaje los miércoles para adultos mayores. Los fines de semana, cuando logran reunir donaciones, ofrecen comida. “No pierdo la esperanza de que se nos reconozca la ayuda que realmente necesitamos, porque siguen sin ayudarnos y no nos fallan a nosotros, les fallan a los gurises negándoles la leche y un plato de comida”, dijo con firmeza.

Emilce proyecta para 2026 sumar talleres de electricidad y otros oficios, aunque reconoce que deben hacerse cargo de materiales, luz y maquinarias. “Gracias a Dios, la gente nos responde con las máquinas, nos han donado las de coser, las hemos hecho arreglar y están funcionando”, destacó.

Su mensaje es claro: “Siempre pensando en positivo, no decaemos. Al contrario, esto nos da más fuerza para seguir adelante con el apoyo de la gente”, manifestó a EL ARGENTINO.

Silvia Benedetti coordina el comedor y merendero Tres Hermanas, donde la demanda aumentó notablemente. “De 55 familias que tenía el año pasado ahora tengo 85”, relató a EL ARGENTINO. El dato refleja un aumento del 55% en la cantidad de familias que buscan viandas, un indicador de la situación crítica que atraviesan los barrios.

Con tristeza, agregó: “Estaría bueno no tener a nadie y que cada familia tenga su comida en su mesa como corresponde, pero no creo que pase eso. Está terrible la situación. Uno que está acá en los barrios lo ve diariamente, pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos”.

En medio del calor, Silvia prepara viandas y organiza la tradicional Caravana de Reyes. “Es una caravana por y para los niños y niñas”, explicó. La salida será desde la placita del merendero en barrio Trinidad, a las 19 horas, y convocan a sumarse con bici, moto o auto. Para la actividad aún necesitan bolsitas de golosinas y globos.

Silvia agradeció la solidaridad de la comunidad: “Yo agradezco la colaboración de mucha gente que nos dona y no quiere ser mencionada. Gualeguaychú es muy solidario. Lo único que no me gusta es recibir dinero, nos han querido pasar plata o transferir y no de esa manera nos manejamos. Prefiero que me donen un paquete de fideos y no agarrar dinero. Después, todo es bienvenido”, dijo a EL ARGENTINO.

Los testimonios de Emilce y Silvia reflejan la situación de muchos espacios comunitarios que sostienen la alimentación y la contención de niños y familias en Gualeguaychú. Sin apoyo municipal, funcionan “a pulmón” y con la ayuda de vecinos solidarios. La falta de recursos no detiene su compromiso: talleres, meriendas, juegotecas y celebraciones siguen siendo posibles gracias a la organización barrial.

Ambas referentes coinciden en que la esperanza está en la comunidad. Mientras Emilce proyecta nuevos talleres para 2026, Silvia prepara la Caravana de Reyes con la convicción de que cada gesto suma. En sus palabras se resume la fuerza de los barrios: la solidaridad no se detiene, aunque las dificultades sean muchas. El dato del 55% de aumento en la demanda de viandas es un llamado de atención sobre la crisis social actual y la necesidad de políticas públicas que acompañen a quienes sostienen la alimentación de cientos de gurises.

El miércoles 10 de diciembre se concretó la orden de desalojo y toma de posesión dispuesta por el Juzgado Comercial N° 10, Secretaría N° 20 de Capital Federal. Entre las 7:30 y las 11 de la mañana, autoridades judiciales, con apoyo de la fuerza pública y un cerrajero, ejecutaron el procedimiento, aunque la cooperativa que ocupaba la planta entregó voluntariamente las instalaciones. Durante la jornada se realizó un inventario completo de bienes y se restituyó la planta a los representantes de Martín Nelio y Javier Domingo Veronesi.

FEERSA fue durante años una referencia nacional en la exportación de carne equina. Llegó a faenar hasta 4.000 caballos mensuales para mercados como Rusia y distintos países europeos. El frigorífico era gestionado por los hermanos Martín, José y Javier Veronesi, quienes sostuvieron la actividad durante 16 años.

Pero en 2015, un conflicto familiar detonó su caída. A partir del divorcio contencioso de Javier Domingo Veronesi, el Juzgado de Familia de Gualeguaychú dispuso una medida cautelar que le retiró la administración de sus acciones, designando un administrador judicial impulsado por su ex cónyuge. Esto alteró el régimen de mayorías dentro de la empresa.

José María Veronesi —en conflicto con sus hermanos— se alineó con el administrador de las acciones de Javier, con quien compartía abogado, y juntos lograron la mayoría en la Asamblea de Accionistas. Ante este escenario, Martín y Javier renunciaron a la administración. Sin su respaldo, clave para obtener prefinanciación bancaria, José María tomó el control y designó como presidente al contador Rafael Gómez.

El derrumbe de la empresa y el cierre

La nueva administración chocó rápidamente con un obstáculo central: el banco dejó de otorgar prefinanciación sin garantías. La falta de recursos generó incumplimientos con trabajadores, bancos y clientes internacionales. La producción cayó de 4.000 a apenas 400 o 500 caballos mensuales.

En 2016, sin financiamiento y con una deuda creciente, Gómez cerró la planta y renunció, dejando sin empleo a 130 trabajadores de Gualeguay.

En 2017 se produjo otro cambio: la ex cónyuge de Javier Domingo Veronesi removió al administrador anterior y colocó en su lugar a su hijo, Juan Cruz Veronesi. Con la nueva mayoría, se designó a Santiago Zapata como presidente. La nueva conducción encontró una planta devastada y sin la documentación necesaria para dimensionar la deuda.

La quiebra y la determinación de responsabilidades

Para establecer el pasivo, se inició un proceso de quiebra en Capital Federal. El Juzgado Comercial N° 10 determinó que la etapa de “impotencia patrimonial” ocurrió durante la gestión del contador Gómez. La decisión fue apelada por José María Veronesi, pero tanto la Cámara Nacional Comercial como la Corte Suprema confirmaron la sentencia, estableciendo responsabilidades sobre la caída del frigorífico.

El intento cooperativo y el camino hacia la recuperación

Luego de casi cinco años de inactividad, FEERSA reabrió en 2021 bajo gestión cooperativa. Cerca de 100 familias conformaron una cooperativa de trabajo con la expectativa de reactivar la producción. En 2022, la jueza subrogante Marta Graciela Cirulli autorizó un proceso de compensación laboral para los cooperativistas.

Sin embargo, mientras la cooperativa buscaba quedarse con la planta, las familias de Martín y Javier Veronesi realizaron fuertes depósitos para cancelar el pasivo del frigorífico. Hacia finales de 2022 ya se había cubierto la totalidad de la deuda.

El levantamiento definitivo de la quiebra

En 2023, la jueza del Juzgado Comercial N° 10 concluyó la quiebra al verificar que los depósitos superaban el pasivo, por lo que consideró innecesario liquidar la planta. Los cooperativistas apelaron ante la Cámara, pero en marzo de 2025 la decisión fue confirmada. Luego, el recurso extraordinario presentado también fue rechazado, quedando firme la sentencia.

Posteriormente, la representación legal de Martín y Javier Veronesi pidió la restitución de los bienes incautados, incluidos la planta y los libros comerciales. Aunque hubo oposición de los herederos de José María Veronesi, la Justicia ordenó la entrega.

Una nueva etapa para FEERSA

Con el frigorífico nuevamente en manos de sus dueños originales y la documentación contable recuperada, se abre un nuevo capítulo para FEERSA. La expectativa es que el establecimiento pueda retomar su actividad, volver a posicionarse en el mercado internacional y recuperar el rol protagónico que supo desempeñar en la exportación de carne equina.

La Biblioteca Popular “Primer Presidente Bernardino Rivadavia” de Villaguay, con más de medio siglo de historia en la vida cultural y educativa de la ciudad, atraviesa una situación crítica que pone en riesgo su continuidad. Reconocida por su rol social, pedagógico y comunitario, la institución lanzó un llamado urgente a la población para evitar el cierre de sus puertas y sostener sus actividades.

Ubicada en Moreno 650, la biblioteca ha sido durante décadas un espacio de encuentro intergeneracional, de formación libre y de acceso democrático al conocimiento. En sus salas se desarrollan talleres de ajedrez, lectura y escritura, metodologías de estudio, danzas folclóricas e inglés, entre otras propuestas que articulan con escuelas, organizaciones barriales y espacios culturales locales.

“Desde hace décadas nuestra biblioteca ha estado presente en la vida cultural, educativa y social de nuestro pueblo”, expresó la Comisión Directiva en un comunicado difundido esta semana. El texto destaca el trabajo ad honorem de sus integrantes y el compromiso sostenido con la comunidad, aún en contextos adversos.

La institución está reconocida por la Ley Nacional N° 23.351 y forma parte de la red de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP). Su financiamiento depende de subsidios nacionales, provinciales y municipales, además de las cuotas societarias. Sin embargo, los años posteriores a la pandemia agravaron los problemas económicos: los subsidios comenzaron a llegar con demoras y la crisis redujo el aporte de socios.

Actualmente, la biblioteca no puede cubrir los costos laborales ni renovar su patrimonio bibliográfico, una de sus prioridades. “Nos encontramos ante una situación económica muy grave, a la que se le agregan problemas que trascienden la falta de subsidios y de cualquier otro tipo de colaboración que podamos requerir a la población”, señalaron.

Ante este panorama, convocan a empresas, comercios, instituciones y vecinos de Villaguay a colaborar con aportes voluntarios. “Por mínima que sea, la ayuda resultará de inconmensurable auxilio para afrontar esta situación”, expresaron. También recordaron que la biblioteca no solo ofrece servicios, sino que construye vínculos, memoria y ciudadanía.

El comunicado concluye con un llamado a cuidar colectivamente este espacio público de acceso a la información, la cultura y la formación. “Cuidar la biblioteca de Villaguay es cuidar un bien cultural por y para los villaguayenses”, afirman, agradeciendo a quienes ya han colaborado y convocando a nuevos gestos solidarios que permitan sostener este faro comunitario.