La mesa chica ampliada de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), ubicada sobre la avenida Belgrano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de evaluar la coyuntura socioeconómica y definir los pasos a seguir dentro de su plan de acción gremial.

Durante el encuentro, que contó con la participación de aproximadamente treinta dirigentes del ámbito sindical y la presencia de representantes de movimientos sociales en calidad de invitados, se resolvió por consenso llevar adelante una marcha hacia la Secretaría de Industria de la Nación, con domicilio en la avenida Julio Roca 651. La fecha estipulada para esta manifestación es el próximo 8 de octubre. De este modo, la conducción cegetista desestimó la implementación de un nuevo paro nacional en lo inmediato, argumentando la necesidad de encauzar los reclamos a través de acciones específicas centradas en la defensa del sector productivo.

Asimismo, la cúpula de la organización sindical acordó brindar un esquema de acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre, sumándose a la visibilización de las demandas del sector educativo de nivel superior.

La decisión adoptada por la CGT marca un distanciamiento respecto de la estrategia fijada por otras entidades sindicales, como la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Ambas centrales obreras han ratificado un calendario de protestas que incluye movilizaciones progresivas y contempla el desarrollo de un paro general hacia finales de octubre.

Hasta este momento, las tres agrupaciones sindicales venían coordinando un esquema conjunto de reclamos que se inició el 22 de julio a través de diversas manifestaciones públicas. Sin embargo, en el análisis sobre la oportunidad y oportunidad de una paralización total de actividades, la CGT concluyó que no se registran las condiciones operativas necesarias para garantizar el acatamiento de una medida de esas características a escala nacional.

Entre los dirigentes que participaron de la deliberación se encontraron referentes de gremios representativos como Sanidad, Camioneros, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Obras Sanitarias, Alimentación, Judiciales y Gastronómicos, entre otros. La resolución final ratificó el camino de la movilización sectorial frente a las dependencias gubernamentales específicas vinculadas a la actividad industrial.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de las y los Trabajadores anunció formalmente su adhesión a la Jornada Nacional en defensa del PAMI, los derechos previsionales y la restitución integral de las prestaciones para todos los jubilados y pensionados del país. Bajo la premisa de frenar el deterioro en las condiciones de atención y las políticas de ajuste que afectan al sector, la organización sindical hizo un llamado abierto a toda la comunidad a sumarse activamente a las acciones de protesta programadas.

En la ciudad de Gualeguaychú, la medida se materializará a través de una convocatoria presencial organizada por la Asamblea de Adultos Mayores. La cita fue fijada para este miércoles 19 de agosto a las 10:30 horas en la intersección de Rocamora y Andrade, lugar donde se ubica la delegación local del PAMI.

Respecto a la modalidad que tendrá la manifestación en la ciudad, Ana Gómez, referente de la Asamblea de Adultos Mayores de Gualeguaychú, explicó a El Argentino: "En el contexto de la jornada nacional, nosotros hacemos esta movida frente al PAMI acá. Va a ser en Rocamora y Andrade. Vamos a utilizar las cuatro esquinas, no vamos a cortar la calle, vamos a estar repartiendo volantes. Se trata de una volanteada, una presencia y una forma de llamar la atención para estar en el contexto nacional del reclamo por todas las cosas que ya todo el mundo sabe".

Asimismo, la referente remarcó la gravedad del cuadro de situación asistencial y las trabas que enfrentan los afiliados en las localidades del interior: "La prestación del PAMI no es acorde a las necesidades que tiene la gente. Muchísimas agencias que estaban en localidades chicas las han cerrado y ahora han quedado cabeceras donde la gente no tiene plata para viajar. Todo es más costoso, los remedios ya no cubren como antes, los turnos médicos son muy lejanos y las prótesis no llegan en tiempo y forma. Hay gente que se muere esperando los insumos para operarse; todo es muy lento y burocrático".

Gómez alertó además sobre las drásticas consecuencias que tiene la crisis económica en la vida cotidiana y la salud mental de las personas mayores: "Si bien el PAMI tuvo siempre problemas de funcionamiento, esta vez es muy grave. No alcanza para comer, no alcanza para pagar los alquileres ni para comprar los remedios; tenés que elegir entre comprar el remedio o comer. La gente deja los tratamientos y se muere. Tenemos compañeros que se han muerto por no tomar la medicación que tenían que tomar, por ejemplo para la presión".

Por su parte, desde la conducción de la CTA ratificaron el acompañamiento a las demandas del sector pasivo: "Nos sumamos y convocamos a ser parte de la Jornada Nacional en defensa del PAMI, los derechos previsionales y la defensa de los derechos de todas y todos los jubilados y jubiladas. ¡Basta de maltrato a nuestros adultos mayores!", expresaron para convocar a la comunidad a respaldar el reclamo.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil se fijó en $367.800 para junio de 2026, consolidando una pérdida del 40% en su capacidad adquisitiva desde finales de 2023. De acuerdo con un informe técnico elaborado por el centro de investigación CIFRA de la CTA, el ingreso mínimo equivale a un 60% menos que en 2015 y resulta un 20% inferior a los promedios observados durante los años noventa, perdiendo su función como piso garantizado de ingresos.

En relación con los indicadores del INDEC, el SMVM cubre apenas el 53,3% de la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo (ubicada en $690.000), requiriéndose más de cuatro ingresos mínimos para superar la línea de pobreza ($1,5 millones). Asimismo, la pauta laboral perdió representatividad en el mercado formal: mientras que en 2016 equivalía al 37,2% del sueldo promedio privado registrado, hoy apenas representa el 16,6%.

El documento también tradujo el impacto en horas de trabajo. Para comprar un kilo de carne picada, un empleado con haber mínimo debe destinar hoy 5 horas y 46 minutos de jornada laboral (frente a 1 hora y 51 minutos en 2016), mientras que para abonar un pasaje ida y vuelta en subte requiere 1 hora y 41 minutos de labor.

La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó el llamado a ganar las calles el próximo miércoles 22 de julio, en lo que constituirá el inicio de un nuevo esquema de protestas coordinadas contra el rumbo económico y social de la administración que encabeza el presidente Javier Milei. La manifestación se estructurará bajo una consigna central que pone el foco en el sistema previsional: “La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados”.

La concentración principal fue pautada para las 15 horas en la intersección porteña de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña. Desde ese punto estratégico, las columnas de trabajadores exigirán una recomposición urgente de los haberes jubilatorios, la protección integral de los ingresos frente a la escalada inflacionaria y el acceso a condiciones de vida dignas para los adultos mayores.

El diseño de este plan no responde a una reacción aislada, sino a un tejido estratégico madurado en las últimas semanas. El entendimiento terminó de consolidarse luego de sucesivas reuniones de mesa chica entre la cúpula cegetista, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Todas las terminales gremiales coincidieron en la necesidad de articular un frente de resistencia unificado para confrontar de manera escalonada los despidos, el deterioro de los puestos laborales y el impacto de las reformas estructurales del Ejecutivo.

Esta unificación de agendas aceleró los consensos y devolvió a los sectores populares al centro de la estrategia callejera del movimiento obrero organizado. El mediano plazo asoma con un endurecimiento de las medidas.

Pasadas las 11 de la mañana de este viernes 1° de mayo, el mausoleo del Cementerio Norte de Gualeguaychú volvió a ser escenario de la tradicional ceremonia con la que el movimiento obrero local conmemora el Día Internacional del Trabajador.

La fecha, que evoca la lucha universal por los derechos laborales, tiene en la ciudad un significado especial: recuerda también los enfrentamientos y muertes ocurridos en la jornada sangrienta de la Plaza San Martín.

Referentes de la CGT Regional, las dos CTA, ATE y otros gremios se congregaron en el acto, cuyo momento central fue la lectura del documento oficial por parte de Claudio de Los Santos, titular de la CGT Gualeguaychú. Bajo el título “El trabajo es con derecho o es esclavo”, el texto repasó la situación actual de la clase trabajadora y ratificó el compromiso gremial con la defensa de los derechos laborales, la justicia social y la unidad del movimiento obrero.

El acto incluyó además un homenaje a los trabajadores desaparecidos durante la última dictadura, en coincidencia con los 49 años de la primera marcha de Madres de Plaza de Mayo. En ese marco, la ofrenda floral fue colocada conjuntamente por una representante de Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú y un trabajador, gesto que unió la memoria obrera con la de los derechos humanos.

La ceremonia culminó con la exhibición de la histórica bandera roja de la Federación Obrera Departamental, símbolo de las luchas sindicales en la región, que se desplegó como legado vivo de generaciones de militancia.

El documento gremial fue contundente: “Atravesamos un contexto crítico, con políticas económicas que benefician a unos pocos y desmantelan nuestras industrias. No nos resignamos. Estamos convencidos de que un trabajo digno para todas y todos es posible y es el único camino para la reconstrucción de la Patria”.

Con esa consigna, los gremios locales cerraron la jornada reafirmando que el Día del Trabajador es, más que nunca, una fecha de lucha, memoria y unidad.

El sindicalismo argentino atraviesa un momento de reacomodamiento tras el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La decisión fue celebrada por la CGT, que considera haber ganado un round contra el Gobierno, aunque sabe que la batalla será larga en los Tribunales. El oficialismo apelará y la Cámara de Apelaciones tendrá la última palabra.

El equipo de abogados de la central, encabezado por Marta Pujadas, Hugo Moyano, Federico West Ocampo y Pablo Topet, prepara distintas opciones jurídicas para neutralizar la contraofensiva oficial. Mientras tanto, el triunvirato de conducción —Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros)— busca definir una estrategia que combine la defensa judicial con respuestas a la crisis socioeconómica. “Tenemos que evitar de alguna forma el impacto en las empresas de las medidas que toma el Gobierno y por eso no podemos encerrarnos en un plan de lucha; también tenemos que dialogar para hallar soluciones”, señaló un referente dialoguista de la CGT.

En paralelo, la central obrera firmará un convenio con la UBA para crear un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales, una suerte de “INDEC propio” que permita elaborar índices de inflación, empleo y canasta familiar para confrontar con las cifras oficiales.

Sin embargo, el sindicalismo no es homogéneo. El ala dura, agrupada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) —donde confluyen la UOM, Aceiteros, pilotos, ATE y las dos CTA— prepara un plenario de delegados para el 1° de mayo con el objetivo de consolidarse como espacio opositor y elaborar un programa propio del movimiento obrero.

Por debajo de estas tensiones, algunos gremios avanzan en acuerdos sectoriales inéditos. El Sindicato de Alimentación (STIA) firmó con la multinacional Mondelez un convenio que garantiza puestos de trabajo por un año, recategorizaciones para 230 empleados, el pago de una suma fija de $920.000 en dos cuotas y mejoras en condiciones laborales, incluyendo espacios de esparcimiento y tiempos de descanso. “Alcanzamos este convenio con mucha organización, compromiso y diálogo”, destacó el líder Sergio Escalante.

En la misma línea, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, conducido por Jorge “Loma” Ávila, rubricó un acuerdo sectorial con cámaras empresarias para asegurar la continuidad del sector hidrocarburífero y adaptar el convenio colectivo a los cambios tecnológicos de la industria. “El principal desafío es proteger los ingresos de los trabajadores en un contexto de transformación productiva”, afirmó Ávila.

El sindicalismo argentino se debate así entre la confrontación judicial contra la reforma laboral, la protesta callejera impulsada por el ala dura y los acuerdos pragmáticos que buscan sostener el empleo en sectores críticos. La CGT celebra un triunfo parcial, pero sabe que la verdadera batalla recién comienza.

Fuente: Infobae

En el encuentro participaron los legisladores nacionales por Entre Ríos, Guillermo Michel, Marianela Marclay, Adán Bahl y Blanca Osuna junto a la conducción de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) representados por sus secretarios generales, Abel Antivero y Sergio Elizar, además de otros integrantes de las conducciones provinciales del sindicato docente.

Según se informó en un parte de prensa, durante la reunión, los representantes sindicales expresaron “su preocupación y rechazo ante las iniciativas que significan un rotundo retroceso en cuanto a condiciones laborales de los trabajadores en general y respecto a la educación pública, ya que la Ley de Libertad Educativa pretende derogar la Ley 26.206 que constituyó una conquista del sistema educativo y que consagra las bases de la educación pública en el país luego del intento de desmantelamiento del sistema en los 90’”.

Los legisladores nacionales coincidieron con los dirigentes sindicales en cuanto a la gravedad de las consecuencias que traerán aparejadas estas reformas y manifestaron su “compromiso de rechazarlas y de trabajar en el Congreso para construir las mayorías necesarias para que la ofensiva del gobierno nacional sobre los trabajadores y sobre el sistema educativo no sea sancionada en la legislatura”, se indicó.

Por parte de los trabajadores se evaluó la reunión como “muy positiva” y se valoró “la predisposición de los diputados y senadores de trabajar en conjunto y acompañar la lucha de los trabajadores”. A su vez, desde los sindicatos se esperan varias acciones de visibilización y reclamo en distintos puntos de la provincia y el país.

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) emitió un comunicado en el que “rechaza la intromisión de Estados Unidos en América Latina. Repudiamos al ataque imperialista a Caracas y el secuestro del presidente de Venezuela”

Se sostuvo que “ante los graves sucesos, la Comisión Directiva Central de AGMER declara: La implementación de la nueva –y vieja- Doctrina Monroe contra América Latina tiene en estas horas su momento más agudo y dramático, dejando de ser una región de paz”.

Asimismo se consideró que aquel “enfoque que conocemos y que ha hecho que tantas veces América Latina haya sido agredida, invadida y finalmente saqueada por quienes nos consideran su ‘patio trasero’”.

También se manifestó que “el vil ataque de Estados Unidos no tiene como objetivo ni defender la democracia ni atacar al terrorismo: es la pretensión de saquear al país que detenta la principal reserva petrolera del mundo y otros minerales, así como una posición estratégica para el Cono Sur y el Caribe”.

El mayor sindicato docente de Entre Ríos aseveró que “no se trata solamente de Venezuela. La agresión es contra toda América Latina, y es una continuidad de la ocupación imperialista como ocurre con nuestras Malvinas”.

Así, se señaló que “frente a todas estas acciones criminales solamente cabe una posición: el repudio absoluto y la exigencia de paz frente a las agresiones extranjeras. Como lo expresa la CTA Autónoma y la CTA de las y los trabajadores, nos pronunciamos sin ningún titubeo en solidaridad con el pueblo venezolano, por la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional y la independencia de toda América Latina”. Finalmente se alertó que “hoy es Venezuela, mañana puede ser nuestro territorio”. (APFDigital)

Tras finalizar el acto en Plaza Mayo contra la reforma laboral, presentada por el Gobierno, la CGT amenazó con un paro nacional si se aprueba el proyecto en el Senado. Sindicales, organizaciones sociales y políticas se concentraron frente a la Casa Rosada, en rechazo a la propuesta de “modernización laboral” del oficialismo.

Con la presencia de dirigentes de peso de diferentes gremios sobre el escenario, el acto de la Central Gremial comenzó pasadas las 15hrs en la Plaza de Mayo. En el discurso, el referente de Camioneros, Octavio Arguello, criticó la reforma laboral y aseguró: “Nos vamos a oponer rotundamente”​.

Asimismo, una serie de incidentes se registraron en la tarde de este jueves tras la finalización del acto. Los manifestantes y los efectivos policiales se enfrentaron a empujones, lo que generó corridas en la vía pública a partir de la intención de las fuerzas de seguridad de garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.

En línea con el reclamo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional y acompañará a la CGT en la movilización. Desde el gremio de estatales reclaman la reapertura de paritarias "para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años".

En el escenario montado frente a la Casa Rosada estuvieron presentes los secretarios generales y miembros del Consejo Directivo de la CGT, entre ellos los extriunviros Héctor Daer y Carlos Acuña, además de dirigentes gremiales como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), entre otros.

La movilización de esta tarde marcó la primera convocatoria lanzada por la nueva conducción, integrada por Sola (gremio del seguro), Jerónimo (sindicato del vidrio) y Argüello (camioneros). Para consolidar la convocatoria, el triunvirato se reunió en los últimos días con intendentes del peronismo cercanos a La Cámpora, como Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús) y Federico de Achával (Pilar). También se acercaron a la sede de la central obrera diputados de Unión por la Patria.

La confederación sindical lanzó la convocatoria de este jueves bajo la consigna “Marchamos contra la reforma laboral, en defensa del trabajo de las argentinas y los argentinos”.

Desde la CGT señalan que la reforma impulsada por el oficialismo nacional intenta "avanzar sobre los derechos laborales" y " golpear al movimiento obrero organizado”. Además, reclaman que representa “ajuste y precarización” para los trabajadores.

Algunos de los puntos centrales del proyecto enviado al Congreso el pasado viernes son la reducción del cálculo indemnizatorio; el pago de salarios en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos; la creación de un banco de horas para distribuir la jornada laboral; el fraccionamiento de las vacaciones; la ampliación de las actividades esenciales y la creación de la figura del “repartidor independiente” para el trabajo de plataforma.

De tal forma, El secretario general de UPCN y adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, criticó este jueves la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y aseguró que "no crea empleo genuino”. El dirigente gremial subrayó que “lo que crea empleo genuino es cuando hay inversiones”, tanto del exterior como locales, que “apuestan” a la producción y que “generan” polos de desarrollo.

"Esta reforma laboral es ideológica y busca atacar a las organizaciones sindicales y disminuir derechos tanto individuales como colectivos de los trabajadores”, concluyó.

Al igual que en otros puntos del país, se sumaron a la manifestación encabezada por la central obrera las dos líneas CTA (Central de Trabajadores de la Argentina). Se reunieron en Diagonal Norte y San Martín a las 13, junto a SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) y la agrupación Unidad Popular.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se concentró desde las 12 en Avenida de Mayo y 9 de Julio, mientras que los gremios del transporte se agruparon en la sede la Dirección Nacional de Vialidad, en Julio Argentino Roca 738, desde las 13.30.

Por su parte, los gremios universitarios se reunieron en Avenida Belgrano y Piedras desde las 13.30. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APYT) comenzó a movilizarse desde las 15 desde Carlos Pellegrini y Perón.

El Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Axel Kicillof, se concentró en Avenida de Mayo y Tacuarí a las 14. En cambio, La Cámpora convocó a la Plaza de Mayo a las 15. Patria Grande, del referente Juan Grabois como principal referente, se movilizó desde la 9 de Julio y Avenida de Mayo, a partir de las 12. La columna del Frente de Izquierda (FIT) y los grupos piqueteros partió desde Carlos Pellegrini y Perón a desde las 15. (Fuente: Perfil)

A través de un comunicado, el PJ entrerriano expresó que “esta reforma es la institucionalización de la precarización laboral. Flexibiliza contratos, suprime indemnizaciones, elimina horas extras pagas, debilita la negociación colectiva y avanza sobre el derecho a la huelga y las asambleas de trabajadores, pasando por encima de conquistas históricas del movimiento obrero argentino”.

El documento advirtió que “su aprobación significaría un retroceso inadmisible en materia de derechos y protección social”.

“Entre Ríos y el país atraviesan una profunda crisis económica con caída del poder adquisitivo, cierre de comercios, y pérdida de empleos” señaló el Partido y subrayó que “en este escenario, impulsar una reforma que transfiere más costos a los trabajadores es castigar nuevamente a los más débiles”.

Sobre el proceso de elaboración de la reforma, el PJ cuestionó que “en nombre de una supuesta libertad, se busca dejar indefensas a las personas frente a la patronal, desconociendo a las organizaciones sindicales y violando la tradición argentina de concertación social”, agregó: “Esta reforma se escribió entre cuatro paredes, a espaldas de los que trabajan”.

Más adelante, el documento criticó: “El mismo gobierno que despide trabajadores estatales, desfinancia la ciencia y la tecnología, abre indiscriminadamente las importaciones y festeja dejar personas en la calle, ahora pretende convencernos de que esta reforma va a crear trabajo. Pero los hechos destruyen cualquier discurso”.

Desde el justicialismo entrerriano ratificaron que “las y los trabajadores son la columna vertebral del movimiento peronista, la defensa de sus derechos y conquistas no es una opción política, es nuestra causa principal”. En ese sentido, convocaron “a legisladores nacionales y gobernadores a rechazar cualquier intento de avasallar derechos laborales o socavar al movimiento obrero organizado”.

El PJ entrerriano también hizo un llamado a “las y los entrerrianos —más allá de su pertenencia partidaria— a defender el trabajo de calidad, la producción nacional y la dignidad de nuestra provincia”.

Finalmente, celebró y adhirió “a la movilización del jueves 18 de diciembre, convocada por la CGT junto a las dos CTA y todo el movimiento obrero en su conjunto”.

La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) presentó dos documentos técnicos para fijar posición ante la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Lejos de acompañar la flexibilización planteada por el oficialismo, la central elaboró un contraproyecto que apunta a ampliar derechos, fortalecer la protección social y disputar la distribución del ingreso a favor de los trabajadores.

Los informes del Instituto de Estudios y Formación, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el Departamento Jurídico sostienen que las medidas del Ejecutivo, lejos de generar empleo formal, profundizaron el crecimiento del trabajo por cuenta propia y del empleo no registrado. En ese marco, la CTA-A propone un enfoque integral que articule las reformas laboral, tributaria y previsional.

El documento principal, titulado “Diez propuestas de políticas públicas para un nuevo esquema de relaciones laborales con ampliación de derechos”, plantea un conjunto de medidas que buscan contrarrestar el abaratamiento del trabajo y la reducción de derechos que atribuyen al proyecto oficial. Entre los ejes centrales se destacan la implementación de una Renta Básica Universal equivalente a una canasta alimentaria para quienes no tienen ingresos registrados y la creación de un área de economía pública y social que coordine inversiones en salud, vivienda, cuidados y educación para impulsar empleo.

La agenda incluye además la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial, un seguro de empleo y formación que combine capacitación continua con estabilidad de ingresos, y mesas multisectoriales para transparentar estructuras de costos y redistribuir excedentes. También se propone regular las relaciones de dependencia encubiertas en plataformas digitales, garantizar condiciones igualitarias para trabajadores subcontratados, y crear un seguro colectivo autogestionado para quienes se desempeñan sin patrón.

Un capítulo central del documento lo ocupa la política integral de cuidados, con licencias igualitarias, guarderías y mecanismos para repartir responsabilidades entre familias, empresas y Estado. Asimismo, exige que el Salario Mínimo Vital y Móvil equivalga al costo real de una canasta individual.

El financiamiento de este programa se basa en medidas progresivas: una sobrealícuota para patrimonios superiores al millón de dólares dentro del Impuesto a los Bienes Personales, un anticipo de Ganancias para las 500 empresas más grandes y la eliminación de exenciones a rendimientos financieros y servicios digitales extranjeros. Según las estimaciones de la central, estas medidas permitirían obtener más de 10 mil millones de dólares anuales para inversión social.

El segundo documento, “Aportes de cara a la construcción de una propuesta alternativa de reforma laboral”, se centra en defender garantías de la Ley de Contrato de Trabajo. Propone reforzar la responsabilidad de empresas principales ante tercerizaciones, fortalecer el derecho de huelga, limitar el uso del despido con causa ante medidas gremiales y garantizar la reinstalación en casos de discriminación. También impulsa la derogación de figuras flexibilizadoras y la restitución de multas por empleo no registrado.