El empresario entrerriano Daniel Pitón dijo este jueves ante la Justicia que se vio obligado a mentir durante la investigación del caso Cuadernos para no ir preso y que nunca le pagó nada a nadie, Lo hizo al declarar de manera breve y sin responder preguntas en el juicio oral a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 acusados por supuesto pago de sobornos.

Daniel Pitón, de 60 años, integrante de José Eleuterio Pitón SA, está acusado como coautor de cohecho activo, y habló sin responder preguntas para desmentir sus dichos en la etapa de investigación a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio.

“Lo que no queríamos era quedar presos”, dijo sobre el día de su indagatoria en el juzgado a la que fue con su hermano, quien era presidente de la empresa. Presentaron un escrito “sin mentir” pero luego su abogado les advirtió que no alcanzaba. Entonces para no quedar presos, declaró en un sentido que “no refleja la verdad”, dijo ahora. “Lo que dije fue para no quedarme ahí preso”, aseguró.

En otro tramo de la exposición se refirió al arrepentido y también juzgado financista Ernesto Clarens, quien entregó durante la investigación un listado de supuestos empresarios pagadores de sobornos. Recordó que se lo nombraron cuando trataba de cobrar pagos atrasados. “Me decían por qué no hablás con un señor Clarens”, publicó Infobae.

Consiguió el teléfono y fue a su oficina. “Sorpresivamente me ofreció que tenían una financiera que podía comprar los certificados de obra”. También dijo que le ofreció seguros de caución. Además “nos salió ofreciendo alquilar equipos de una empresa del sur que necesitaba una mano”. Según relató, tiempo después lo volvió a contactar por si había alguna novedad con los pagos y Clarens le respondió que “estaba complicada la situación y que los pagos estaban atrasados”. El empresario le hizo saber que no necesitaba ninguno de sus servicios y no se volvió a contactar, declaró ahora. “A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie”, remarcó.

Fue el único en esta jornada que habló ante los jueces, en una audiencia que otra vez fue breve porque los restantes convocados se negaron a declarar.

Esto derivó en una reiteración del planteo por la vulneración del derecho a defensa de los acusados que no pueden defenderse de los dichos de los arrepentidos. Ocurrió luego de la negativa a ser indagado de Francisco Valenti.

Como ocurrió en audiencias anteriores, las defensas de algunos procesados entre ellos la del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido hicieron reserva de acudir a la Cámara Federal de Casación con este planteo.

“Se vulnera específicamente el derecho de defensa de De Vido teniendo en cuenta el tenor de las referencias hechas por Valenti en ocasión de prestar declaracion como arrepentido o delator premiado”, advirtió de manera puntual la defensa del ex funcionario.

Desde el inicio de la audiencia se negaron a declarar otros empresarios como Roberto Juan Orazi, de 72, presidente de Hidraco S.A., y Julio José Paolini, de 63, presidente de Paolini Hnos. S.A., señalado como autor y coautor —según el caso— de ocho hechos de pago de sobornos. Tampoco hablaron Carlos Román y Carlos Arroyo.

“Quisiera manifestar que soy inocente, que no he cometido ningún delito y esperaremos la mejor oportunidad para declarar con mis abogados”, se limitó a decir Paolini a los jueces.

Antes de finalizar la audiencia la defensa del ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, pidió al Tribunal que lo releve de su obligación de guardar secreto para que pueda defenderse. Lo hizo porque se comprobó que al momento de los hechos por los cuales está acusado era agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que no aceptó todavía una petición al respecto.

Fuente: Ahora

Juan Francisco Morrogh Bernard fue una figura clave del conservadurismo en la primera mitad del siglo XX. Un hombre polémico, cuestionado, e incluso reivindicado por otros, pero sobre todo beneficiado por la injusticia o la Justicia que lo sobreseyó de su participación en la masacre del 1 de mayo de 1921 en la actual plaza San Martín.

Argentina no era un país muy diferente al actual. Los grupos concentrados de poder eran quienes manejaban los destinos del país y como ha ocurrido siempre, no querían perder sus privilegios ante la demanda del sector obrero. Por ello, no hubo ningún empacho en reprimir a balazos a ese grupo que reclamaba por sus derechos y matar al menos a una docena de ellos.

Una de las figuras principales de ese día fue Juan Francisco Morrogh Bernard, que por ese entonces tenía 27 años recién cumplidos y comandaba la brigada de la Liga Patriótica de Estación Gilbert. Abdón Hermenegildo Peruchena, un herido de bala ese domingo de 1921, lo describió como un patrón “déspota, tirano y arbitrario”, con antecedentes de persecución laboral y uso de la policía contra trabajadores.

Es que Juan Francisco Morrogh Bernard procedía de una familia que había cosechado un gran poder gracias a la actividad rural. Su reconocida cabaña “La Estrella”, ubicada en Gilbert, fue reconocida a nivel nacional e internacional por ser el lugar donde nació el primer ejemplar bovino de la raza Polled Hereford del país y la primera en incorporar un laboratorio de inseminación artificial, además de ser pionera en la exportación directa de sus productos.

Su bisabuelo había llegado a la Argentina procedente de Irlanda, donde junto a su padre criaban rodeos de la raza Hereford. Hacia 1872, Beltrán Morrogh Bernard eligió tierras entrerrianas, en la zona de Gilbert, y rápidamente hizo punta en la pujante Argentina del siglo XIX.

Juan Francisco fue uno de los primeros ingenieros agrónomos recibidos en la Universidad de La Plata y miembro fundador de la Asociación Argentina Criadores de Hereford, y al frente de la Cabaña La Estrella volcó esa modernidad que distinguió a la empresa familiar.

Su participación en el 21

Ocurrida la masacre de mayo de 1921, Bernard y otros más fueron detenidos brevemente y liberados gracias al pedido que realizó su defensor Ricardo Irigoyen. Recién para 1927 se concluyó la prescripción de la causa y sobreseimiento definitivo, tras casi seis años de tramitación sin individualizar responsables concretos.

En esa ocasión, se concluyó que los hechos ocurridos en la plaza Independencia (actual San Martín) se encuadraban en una riña multitudinaria prevista por el artículo 95 del Código Penal de la época y que no había sido posible identificar con certeza a autores de las muertes o disparos.

De esta forma, Juan Francisco Morrogh Bernard fue sobreseído y dejó a salvo – por una buena cantidad de años - su buen nombre y fama. Era la Argentina agroexportadora, ganadera por excelencia, donde el campo era el motor del país y si se tiene en cuenta que uno de los involucrados pertenecía a uno de los sectores más poderosos, nada hace pensar que el final podía haber sido otro.

Una familia paqueta

El protagonista de esta historia nació el 29 de marzo de 1894, en el seno de una familia conservadora, dedicada a la actividad rural, en una casa ubicada en calle Rivadavia 918, pero también vivió en otro domicilio de calle Urquiza 881, pleno centro de la ciudad, donde hoy funciona la Sociedad Rural.

Según los que lo conocieron, el ingeniero Morrogh Bernard fue de una personalidad muy fuerte y a pesar de ese contraste con lo sucedido en 1921, también era una persona muy sociable e interesante para entablar una conversación. Quizá ese fue uno de los puntos que lo llevó hacia la política y por lo cual estas líneas se adentran en la figura de un hombre que dejó su legado en Gualeguaychú con obras que fueron y son emblemáticas.

Una vez que fue sobreseído por la masacre en la plaza, logró la construcción del camino que unió Gualeguaychú con Gilbert, a través del sistema de consorcio de vecinos. Fue la primera obra en su tipo, con terreno abovedado, alcantarillas y guardaganados.

En 1919 contrajo matrimonio con Eugenia Grave de Peralta y tuvo siete hijos, pero de forma muy temprana debió tomar las riendas de la estancia por la muerte de su padre. Pero no fue hasta 1926 que se metió de lleno en la política, obteniendo el cargo de Senador Departamental por un partido vecinal que había conformado con otros nombres de la época. Seis años después, en 1932, llegó a ser Diputado Nacional por el partido Demócrata.

El padre de la Costanera

Para el 90 aniversario del diario El Argentino, en febrero de 2001, se transcribió el argumento que presentó Morrogh Bernard en su proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, sobre la necesidad y beneficios de contar con una obra para contener el río.

“Resulta difícil imaginar que esa banda de cemento, con sus barandas, veredones y obeliscos, y una magnífica vista al río, cual si fuera un amplio balcón, que es hoy la avenida costanera, hasta 1933 no era más que un camino de tropas que bordeaba la baja y arenosa playa del Gualeguaychú”, escribieron los profesores Alejandro Guimera y Delia Reynoso en su libro “Gualeguaychú y el río”.

No se trataba de un proyecto con fines turísticos. Muy por el contrario, era una necesidad para frenar las crecidas y los embates contra la población asentada en la cuenca. “El proyecto de ley que se acaba de leer y que someto a consideración de la Honorable Cámara está destinado a satisfacer una sentida necesidad y un justificado anhelo de una rica zona de la provincia de Entre Ríos, que tendrá con él expedita una vía cómoda y fácil para sus productos, que encontrarán mejor acceso al importante puerto de Gualeguaychú, constituirá una muralla defensiva”, fueron las palabras de Morrogh Bernard.

Y agregó: “El camino proyectado servirá a la par de muralla defensiva, que colocará fuera de peligro a más de setenta manzanas de la ciudad de Gualeguaychú, hechos que por si justifican la inversión de fondos públicos”. Fue así que en junio de 1935 comenzaron las obras de la primera etapa.

Se llevó a cabo el paquete de obras más grande en la historia del puerto. Se construyó la Avenida Costanera como obra de contención. Esto implicó el dragado del río Gualeguaychú para refulado de tierra y arena, elevando el nivel del terreno. Se construyeron el nuevo muelle, la extensión del murallón costero hasta cerca del arroyo Munilla, y ocho galpones de la Aduana.

El ensanche de Luis N. Palma

Ese año fue clave en la vida política de Morrogh Bernard, porque sus gestiones en el Congreso de la Nación permitieron ubicar el destino de fondos para obras públicas en Gualeguaychú y otros puntos de Entre Ríos, dentro del presupuesto de 1936. Es que era un año de elecciones, y no muy distinto a lo que ocurre en la actualidad, con las obras conseguidas en su cartera, compitió por la gobernación de Entre Ríos, pero perdió ante el radical Eduardo Tibiletti.

En 1935 consiguió el ensanche de la avenida Luis N. Palma. Decía el artículo 1 de la aprobación del proyecto: “Autorizase al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de 400 mil pesos moneda nacional en el ensanche y pavimentación de la calle Luis N. Palma de la ciudad de Gualeguaychú, en el tramo comprendido entre las calles San José y puente 6 de setiembre (actual Méndez Casariego), de acuerdo al estudio realizado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación”.

También, y como lo refleja el diario El Censor de ese año, “El Palacio San José ha sido declarado de propiedad de la Nación. Se aprobó el proyecto del diputado Morrogh Bernard por el cual se declara monumento nacional al Palacio San José en Concepción del Uruguay. El gobierno adquirirá las indivisas en una suma elevada”.

Dentro del presupuesto presentado para 1936, se encontraban otras obras que fueron muy relevantes: “la pavimentación de la calle Del Valle hasta el puente El Cura; la expropiación de la manzana propiedad del señor Borro en el puerto para levantar el edificio de la Subprefectura; cambio del tapial por verja en la manzana de la Aduana, partida para el dispensario antituberculoso, pabellón de pensionistas en el Hospital Centenario, una división más de primer año en el Colegio Nacional, la creación de la Escuela de Comercio”.

Pero también, y según se retrata en El Censor de aquella época, con la llegada de las obras surgieron nuevos problemas, principalmente con aquellos vecinos sobre la avenida Luis N. Palma: “la pavimentación y ensanche constituirá sin duda alguna un aporte ponderable al progreso edilicio de la ciudad. Sobre todo si puede llevarse a cabo en toda la extensión que abarca el proyecto, es decir desde el puente hasta la plaza Independencia. Y decimos así, en toda su extensión, porque aunque parezca inverosímil, lo cierto es que han circulado rumores que atribuyen a determinados vecinos el propósito de obstaculizar la realización del trazado completo de la importante obra exigiendo por sus propiedades sumas fabulosas”.

El diario jugaba un rol preponderante en el control social de aquellos años y desde esas páginas hoy amarillas por el tiempo, ejercía una especie mandamientos sobre cómo debía proceder una persona que tenía en juego su propiedad. “Como decimos, estas no son mas que versiones que serán o no confirmadas una vez que la Comisión de Valuación designada al efecto por la Municipalidad se entreviste con los propietarios de terrenos y casas que habrá que adquirir para la ampliación y rectificación de la calle. Pero, por lo pronto, el diputado nacional Morrogh Bernard, como autor del proyecto, ya ha consultado el caso con la dirección de navegación y puertos, que es la que construirá la obra, habiéndose resuelto ya que, de existir algún inconveniente en el sentido indicado y debido a la falta de comprensión de algunos vecinos en cuanto a los beneficios que reportará a sus propiedades la pavimentación y ensanche de la calle Luis N. Palma, se desvíe la ruta de la obra la que comprendería el siguiente trazado: desde el puente hasta calle Misiones, desviando por esta y San Lorenzo hasta dar con la Avenida Costanera”.

“Se ha acordado un plazo de 30 días para ultimar este detalle, transcurridos los cuales se resolverá definitivamente cual será el recorrido del pavimento a construirse. La comisión designada por la municipalidad visitará en estos días a aquellos propietarios para convenir la avaluación de sus fincas y comunicar inmediatamente a quien corresponda. Debe ser un rumor nomás. Es imposible creer que haya alguien que se oponga a una obra de progreso como la que nos ocupa, exigiendo por su propiedad una suma exagerada como si quisiera aprovechar en beneficio propio el esfuerzo ajeno. Gualeguaychú no puede, no debe tener vecinos ene3migos de su progreso. Cada habitante debe convertirse en un colaborador desinteresado y patriótico de sus hombres públicos”, deslizaba el diario.

La llegada del Presidente

El 29 de mayo de 1937, Gualeguaychú recibió la visita del presidente de la Nación, Agustín P. Justo. El mandatario venía a inaugurar todo ese paquete de obras proyectado por Morrogh Bernard. El pueblo entero en el puerto. Llegó en el yate presidencial Tecuara, escoltado por dos barcos de la marina argentina. Vino con toda su comitiva, el Ministro Alvarado, estaba también presente el gobernador Eduardo Tibiletti. Hubo un banquete en el mismo puerto. Después recorrieron las obras: se inauguró la pavimentación de la Avenida Del Valle. Los vecinos hicieron un gran baile. Cerraron una cuadra para festejar que les habían pavimentado la calle. Ese mismo día se puso la piedra fundamental de lo que iba a ser el Asilo de Ancianos, actual Instituto Agrotécnico. También la pavimentación con hormigón de la calle Urquiza al Oeste, hecha como obra de acceso al puerto (conexión con la ruta a Buenos Aires). Desde allí la comitiva se dirigió hasta lo que es actualmente el Instituto Magnasco, para colocar la piedra fundamental del este edificio, que también fue una gestión del ingeniero Morrogh Bernard.

También fue el autor de un proyecto que en parte se reflejó en un hecho que perdura hasta nuestros días, la rectificación del río Gualeguaychú. Ocurrida la gran depresión, para 1936 presentó la rectificación y mayor profundización del acceso al puerto de Gualeguaychú, con la mera intención de crear fuentes de trabajo en una Argentina afectada por la crisis económica.

Esa rectificación llegó a cumplir una de las dos etapas que tenía previstas y fue el famoso “corte” del río Gualeguaychú realizado a pala, que tenía un segundo corte río abajo que no llegó nunca a hacerse realidad.

Por último y sólo para mencionar las obras más fundamentales entre las que participó, en 1936 consiguió el servicio de balsas para definitivamente unir el trayecto a Buenos Aires que había logrado David Della Chiesa.

Morrogh Bernard falleció a los 73 años en un accidente automovilístico el 24 de agosto de 1967, viajando en un Ford Falcon hacia Curuzú Cuatiá, chocando contra la cabecera del puente sobre el arroyo Ocanto; y quizás esas cataratas de obras que consiguió para Gualeguaychú, que perdurarán por muchos años más y fueron claves para el desarrollo de la ciudad, sirvieron para lavar esa imagen de lo sucedido en 1921, pero fue la misma historia y el paso del tiempo el que se encargó de volver a sacar a la luz esos hechos y que este hombre tenga hoy sus claros y oscuros.

Fuentes: Cuadernos de Gualeguaychú, Gualepedia, El Censor, El Argentino, Instituto Magnasco

Ya lo decía el recordado Roberto Fontanarrosa a través del gran Inodoro Pereyra: “La historia lo juzgará. Pero tiene el mejor de los abogados: el olvido”. Y por eso siempre es bueno traer a la memoria hechos que marcaron un momento de la historia, aunque pareciera que en la Argentina no existiera el pasado.

Muchas veces los nombres de las calles parecieran ser sólo eso: nombres de calles que nada tienen que ver con nosotros, pero detrás de esas nomenclaturas hay algo más, se trata de personas de carne y hueso que la historia quizá no los premió con avenidas importantes, sino con arterias periféricas para minimizar lo que sus figuras representaron.

Pero para hablar de un hecho particular de la historia hay que primero trazar un marco de lo que sucedía no sólo en el país, sino en el mundo. Analizar lo general para comprender lo particular, que en este caso se trata del crimen del senador electo por Santa Fe, Enzo Bordabehere, muerto balazos en una sesión en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, durante la exposición del senador Lisandro De La Torre, cuando ventilaba la corrupción tras el pacto el vicepresidente Julio Argentino Roca (H) y el representante del imperio británico Walter Runciman, y la complicidad de los funcionarios del gobierno de facto del general Agustín Pedro Justo.

La crisis del 30

El 24 de octubre de 1929 Estados Unidos amaneció con el derrumbe del mercado de valores, que arrastró a miles de inversores. Muchos perdieron sus grandes fortunas y los dólares que los capitalistas tenían, se evaporaron. Esto no sólo afectó a Estados Unidos, sino que trajo réplicas en todo el mundo.

Por aquellos años, Inglaterra era el principal socio comercial de la Argentina, y como ocurre siempre, los países centrales hacen sus negocios y los que la terminan pagando son los países periféricos.

Inglaterra era el principal comprador de carnes de la Argentina y a causa de esta crisis bajó de golpe un 40 por ciento el valor de nuestras exportaciones. Esto llevó a que gran parte de los productores del campo, medianos y pequeños, se fundieran. Por lo tanto, hubo una crisis tremenda en el campo y el país se quedó divisas para importar.

En ese momento, Argentina era un país que producía muy poco, que tenía una industria muy endeble y a consecuencia de lo que sucedía en el campo, se originó una expulsión de la mano de obra rural a las ciudades. Pero esto trajo aparejado la aparición de nuevas fuentes de trabajo en una industria que se abría para sustituir las importaciones. Se empezaba a fabricar localmente lo que antes se importaba.

Lo que ocurrió es que esos nuevos puestos de trabajo no alcanzaban para satisfacer los números de desocupación. La crisis era muy grande y el hambre de la gente también, y las clases dominantes tuvieron la excusa perfecta para volcar esa animosidad social en la figura del presidente Hipólito Yrigoyen. Fue así que el 6 de septiembre de 1930, los generales José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo lideraron el golpe de Estado que interrumpió por primera vez en nuestra historia el orden democrático y dio inicio a la llamada "Década Infame".

Uriburu, premiado con una importante calle de Buenos Aires y otras tantas en distintos puntos del país, no hizo nada diferente a lo que sus predecesores iban a hacer a lo largo de los reiterados golpes de Estado que sufrirá la Argentina más adelante. Prohibió partidos políticos, suspendió elecciones e implementó ley marcial y censura. Buscaba un orden corporativista y autoritario, influenciado por el fascismo creciente en Italia y Alemania. Intentó reformar la Constitución con la intención de quedarse en el poder, pero fracasa ante un descontento popular y como figura de recambio aparece Agustín P. Justo, su coequiper en el golpe, que gana en unas elecciones completamente fraudulentas en 1932, que la historia lo conoció como “fraude patriótico” porque se proscribió a la Unión Cívica Radical. Uriburu abandonó el país, se exilió en Europa y murió poco después.

La visita a Gualeguaychú

Agustín P. Justo asumió la presidencia en 1932 y se mantuvo en el poder hasta 1938. Nacido en Concepción del Uruguay en 1876, este militar e ingeniero tuvo un vínculo muy especial con Gualeguaychú. Visitó la ciudad el 29 de mayo de 1937 y se convirtió en el tercer presidente en hacerlo, detrás de Urquiza y Avellaneda. Lo hizo en el yate presidencial "Tecuara", llegando al renovado puerto de Gualeguaychú y fue en el marco de la inauguración de importantes obras, entre las que se destacaba la flamante costanera, la Avenida Del Valle, y el Asilo de Ancianos en lo que actualmente es el Instituto Agrotécnico; entre otras obras que había traído el diputado nacional Juan Francisco Morrogh Bernard.

“Nadie olvidaría por ejemplo, el vuelo de la escuadrilla de dieciocho aviones en el momento en que el Presidente pisaba Gualeguaychú”, escribió el periodista Fabián Magnotta el 5 de noviembre de 1995 en Cuadernos de Gualeguaychú de diario EL ARGENTINO.

Justo, Roca y la Commonwealth

Al flamante presidente Justo lo acompañó en la fórmula Julio Argentino Roca, el hijo del conquistador del desierto; y fue en ese contexto de crisis mundial que Gran Bretaña decide comprarles exclusivamente a sus colonias, conocidas como la Commonwealth, la comunidad británica de naciones.

Esta decisión dejaba afuera a la Argentina como proveedor de carne y demás derivados del sector agrícola ganadero, y originó que los terratenientes argentinos entraran en pánico. Enviaron a Londres una misión encabezada por el vicepresidente Roca, que fiel a su estirpe familiar, brindó un discurso en la Cámara de Comercio Argentino-Británica, donde dijo sin temor a cipayismo, que la Argentina merecía ser parte del imperio británico.

Roca trata por todos los medios que la Argentina se incorpore a la Commonwealth, pero a Inglaterra no le interesaba y se aprovechó de la desesperación criolla. En todo caso, le dicen a Roca que están dispuestos a hacer un pacto comercial, y así se firma el 1 de mayo de 1933 el Pacto Roca-Runciman. El vicepresidente argentino y el ministro de Comercio británico, Sir Walter Runciman, firman un acuerdo verdaderamente vergonzoso que Arturo Jauretche lo define como “el acta del coloniaje”.

Inglaterra solamente se compromete a comprar carne argentina en la medida que sea más barata que la de Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Incluso, decía el propio pacto, que si salido del puerto el embarque de carne argentina, Gran Bretaña se enteraba que había una carne más barata en otro lado, podía suspender la compra. Hasta ese punto de humillación llegaba el acuerdo.

A cambio, Argentina se compromete a dejar entrar a las empresas británicas sin pagar ningún derecho, y nuestro país acepta la imposición anglosajona que solo podrá establecer frigoríficos nacionales si no tenían fines de lucro. Parece un chiste, pero no lo era. Inglaterra le imponía al país que no podía instalar frigoríficos propios y fue así que creció enormemente el poder de los frigoríficos británicos, como por ejemplo, el famoso Anglo en la Isla Maciel, en Avellaneda, que había sido inaugurado en 1927, que tenía su similar en Fray Bentos, del otro lado del río Uruguay.

Asesinato en el Senado

En 1984, el director Juan José Jusid estrenó su película “Asesinato en el Senado de la Nación”, con la actuación de grandes actores como Pepe Soriano, Miguel Ángel Solá, Oscar Martínez, entre un largo elenco. No era una ficción, sino que estaba basado en los hechos que sucedieron 23 de julio de 1935. Esa tarde, mataron de tres balazos al senador nacional Enzo Bordabehere.

Pero esos disparos de arma de fuego no estaban dirigidos a este legislador electo que todavía no había asumido, sino que tenían como blanco a otro senador, que la historia poco rescata y que fue conocido como “el fiscal de la República”.

Lisandro De La Torre era Senador Nacional por Santa Fe del Partido Demócrata Progresista. Había llegado a un Congreso Nacional que se caracterizaba por la corrupción. Justo había llegado al poder de forma fraudulenta y de ahí para abajo todo estaba teñido de corrupción.

El Pacto Roca-Runciman fue el principio de una serie de entrega de soberanía a los británicos que De La Torre se encargó de denunciar dentro del recinto de la Cámara Alta. Durante cinco sesiones hizo público, de forma muy solitaria, los escandalosos negociados y la implicancia directa del Presidente Justo y dos de sus ministros, el de Agricultura y el de Hacienda, Luis Duhau y Federico Pinedo, respectivamente. Este último es el abuelo del Federico Pinedo del Pro, que casualmente ejerció el cargo de Presidente provisional del Senado de la Nación desde el 3 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019.

De La Torre presentó pruebas contundentes. Descubrió la facturación real que se enviaba a tierras británicas, escondida en cajas bajo el rótulo de corned beef, en un barco británico. Se llevaban las pruebas de la evasión fiscal y fraude, al calor del Pacto Roca-Runciman.

Esa tarde del 23 de julio de 1935, De la Torre va a denunciar esto en el Senado de la Nación, pero a medida que revela todo el entramado de corrupción, la situación comienza a calentarse y Duhau y Pinedo lo amenazan de muerte, pero este político socialista de 66 años, lejos de amedrentarse continuó.

Duhau, impunemente, contesta a la audiencia: “ya pagará todo este señor Senador, punto por punto, ya pagará bien caro todas las afirmaciones que ha hecho”. De la Torre estaba completamente solo en el Senado y esperaba por la asunción de Enzo Bordabehere, otro santafesino que quería como a un hijo, que había sido electo Senador pero que Roca, como presidente de la Cámara, no aprobaba los pliegos para que asumiera y acompañara a De La Torre en la bancada demócrata progresista.

Bordabehere estaba esa tarde con la esperanza de que al terminar los temas de la sesión se pudiera tratar su pliego para finalmente asumir el cargo y acompañar a su mentor y maestro. Las discusiones eran cada vez más encendidas y las amenazas más impunes. Duhau era un estanciero bonaerense, vinculado a la Sociedad Rural. De la Torre reveló que Duhau se beneficiaba vendiendo ganado de su propiedad a los frigoríficos investigados.

A Pinedo le achacaba su papel como responsable técnico del tratado Roca-Runciman. Pero fue durante una discusión con este Ministro que todo sucedió. Fue insultado por Pinedo y De La Torre se paró de su banca y se dirigió hacia donde estaba Pinedo, pero al llegar, Duhau se interpuso y le dio un empujón. De la Torre cayó al piso.

“Bordabehere corrió en su auxilio, pero fue en ese instante que resonaron tres estampidos y, luego, otro. Pocos se dieron cuenta de que era Valdez Cora quien disparaba. Y que Bordabehere, al cubrir a De la Torre, se desplomaba en medio de un estallido de sangre. Tenía dos tiros en la espalda y, al girar el cuerpo hacia el hombre que gatillaba, recibió otro en el tórax. El cuarto disparo lo hirió a Duhau en la mano izquierda”, escribió el periodista Ricardo Ragendorfer en una nota publicada en Télam años atrás.

El comisario Valdez Cora

El sicario se había equivocado de blanco. El muerto debía ser De La Torre. Había sido otra “cagada” que se mandaba el ex comisario Ramón Valdez Cora. Este hombre de 42 años era el encargado del trabajo sucio del Partido Conservador y por haber apoyado el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, lo premiaron con el cargo de comisario de la Policía de Buenos Aires.

Pero no duró mucho. Se mandó varias macanas que imposibilitaron a sus padrinos a poder mantenerlo a la luz pública. Su carrera policíaca estuvo signada por apremios ilegales, abuso de poder y cobro de coimas, entre otras cositas.

Ese 23 de julio, Valdez Cora se encontraba en el Senado y no dudó en sacar su arma y disparar. Luego, salió corriendo del recinto, pero no alcanzó a abandonar el Congreso que fue detenido. Fue condenado a 20 años de prisión, y recuperó la libertad en 1953. Su muerte se produjo al año y medio, sin que nunca fueran identificados sus cómplices e instigadores.

Bordabehere fue despedido en Santa Fe ante miles y miles de personas. De La Torre quedó destruido y nunca se pudo recuperar. El General Justo ni siquiera decretó duelo por el asesinato de Bordabehere y esa misma noche del crimen asistió a una gala en el Teatro Colón. De La Torre declararía horas después del crimen: “Se conoce el nombre del matador, falta conocer el nombre del asesino”.

El duelo y la muerte

Pinedo, sin esperar que pasara un tiempo prudencial, retó a duelo a De La Torre ese mismo día del homicidio, “con motivo de las expresiones lujuriosas vertidas por el senador Lisandro de La Torre”, argumentó el diario El Censor de Gualeguaychú en aquella edición del 25 de Julio. “El lance se realizó esta mañana en Campo de Mayo, cambiándose los duelistas un disparo de pistola de acuerdo a los establecido por los respectivos padrinos, sin resultado”, se informó.

En el duelo, De La Torre disparó al aire, mientras que Pinedo tiró a matar, pero gracias a la mala puntería, la vida del Senador siguió unos años más, pero ya no era el mismo. Poco a poco se fue retirando de la vida política. Escribió sus memorias. El 5 de enero de 1937 renunció a su banca, cansado y abrumado por el silencio de la mayoría de la clase política, y dos años después se pegó un tiro en el corazón en su domicilio de Esmeralda 22, en la ciudad de Buenos Aires.

Un dato anecdótico: uno de los padrinos de Pinedo en el duelo fue Robustiano Patrón Costa, un político conservador salteño, que trascendió en la historia argentina por una frase que diría años más tarde con la llegada del peronismo. "Lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno, el negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos. ¡Ya no pedía. Discutía!".

Fuentes: Educ.ar - El pacto Roca Runciman y el comercio de carnes

Felipe Pigna – El Historiador

Adrián Pignatelli – Infobae

Crisis económica del 29 – La Izquierda Diario

Gualepedia – Cuadernos de Gualeguaychú

Hemeroteca Instituto Magnasco – Diario El Censor

Ricardo Ragendorfer – Télam – Prensa Red

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi indagarán este lunes a Roger Grant, quien era Coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, y está señalado como uno de acusados clave en las maniobras investigadas.

Según describió el fiscal, en el período investigado, Grant “fungió como el ejecutor directo de los mandatos de Daniel María Garbellini”, mano derecha en su momento del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo.

Para la fiscalía, “Roger Grant le consultaba -y procedía de conformidad- en todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos PACBI. Esto es, sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema”. Era quien se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar.

Roger Grant, además de concretar los direccionamientos ordenados por Garbellini, figuraba en cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete.

Calvete es un imputado clave, señalado como uno de los “jefes paraestatales”, y está preso en otra causa penal. En el domicilio de Calvete se secuestraron una serie de cuadernos con diversas anotaciones de interés para la causa.

En uno de dichos cuadernos, el número 5, se halló una anotación correspondiente al día 4 de septiembre de 2025, en la que se lee “llamar” y entre otras personas se encuentra “Roger por precios”.

Esa circunstancia se analizó además con lo que surgió de las intervenciones telefónicas que el juez dispuso a las líneas pertenecientes a Miguel Ángel Calvete.

En una llamada que éste le realiza a Lorena Di Giorno, otra de las imputadas, le pregunta por personas de su círculo de confianza y puntualmente le consulta por Roger.

En la conversación, Calvete se interesa por saber qué era lo que le habían secuestrado en el procedimiento de allanamiento y requisa a Roger Grant.

“Dichas circunstancias, dan cuenta de que Roger Grant además de ser el ejecutor de las órdenes de Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian, tenía algún tipo de vínculo directo con Miguel Ángel Calvete”, señaló el fiscal al imputar a Grant. (Ámbito)

A partir de las 9:30 de este jueves 6 de noviembre se inicia el juicio oral por los denominados “Cuadernos de las Coimas”, considerado el expediente más voluminoso de la historia judicial argentina en materia de corrupción. La causa, que acumula 86 imputados —60 de ellos empresarios—, apunta a una presunta red de recaudación ilegal que habría funcionado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La audiencia inaugural, a cargo del Tribunal Oral Federal 7, se desarrollará hasta las 14:30. Luego de la verificación de las partes, comenzará la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Cristina Fernández de Kirchner participará de manera remota, a través de la plataforma Zoom.

La fiscal general Fabiana León calificó el caso como “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se haya realizado en la historia judicial argentina y comparable con muy pocas en el mundo”. La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a contratistas del Estado, con epicentro en el Ministerio de Planificación Federal.

El fiscal Carlos Stornelli, al elevar la causa, detalló un mecanismo sostenido por funcionarios y empresarios que garantizaban la adjudicación de contratos públicos a cambio de retornos millonarios. Entre los principales acusados figuran Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Ernesto Clarens, Carlos Wagner y Ricardo Jaime, además de exdirectivos de la Dirección Nacional de Vialidad.

Según el dictamen, Cristina Kirchner habría tenido el rol de jefa de la organización, al igual que su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner. Ambos habrían permitido el funcionamiento de un sistema de recaudación paralelo al Estado, mediante el cual empresarios de la construcción y el transporte pagaban sobornos para obtener beneficios en la obra pública.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que la red funcionaba con dos vertientes: una integrada por funcionarios encargados de retirar el dinero y otra por intermediarios que facilitaban los pagos. Los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, que registraban entregas de dinero y fechas precisas, constituyen la principal prueba documental del expediente.

Se prevé que la lectura de las acusaciones se extienda entre cuatro y cinco audiencias. Luego, el tribunal definirá el cronograma de declaraciones y la modalidad de intervención de los acusados.

El proceso judicial se anticipa extenso y con fuerte impacto político, al involucrar a una expresidenta, exministros y a gran parte del empresariado de la obra pública durante más de una década.