El término "nueva pobreza" se utiliza en sociología y economía para describir el fenómeno por el cual sectores de la clase media caen por debajo de la línea de pobreza debido a crisis económicas, inflación, o precarización laboral. Es aquella que no solo afecta a los sectores históricamente postergados, sino que devora los ingresos de las familias de clase media, las acorrala en situaciones de hacinamiento y las empuja al límite del sistema de salud.

Un informe de la Fundación Tejido Urbano reveló que de uno de cada cuatro personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la Argentina vive en hogares con algún grado de hacinamiento (27%), mientras que un 7,8% sufre de hacinamiento crítico, compartiendo ambiente con más de tres personas.

La precariedad no se detiene en las paredes: el 6,9% habita casas sin agua, luz o gas; el 33,7% vive sobre calles de tierra o mejoradas —imposibilitando la movilidad básica— y, aunque el 26,5% de los hogares necesita reformas de adaptabilidad, solo la mitad ha logrado concretarlas.

¿Estas cifras encontraran espejo en Gualeguaychú? Efectivamente hay realidades locales que aún no se han cuantificado, pero que se asemejan a los datos nacionales.

Las historias de mamás solas que deben dejar de trabajar para dedicarse exclusivamente al cuidado y la burocracia de las terapias; los jóvenes profesionales con discapacidad precarizados o sin empleo formal, y las viviendas multifamiliares saturadas se repiten a diario.

"Históricamente la discapacidad y la pobreza han estado asociadas. Pero hoy la situación se ha complicado mucho más, porque quienes nos creíamos pertenecientes a una clase media nos estamos cayendo del mapa. Vivimos diariamente para estirar el sueldo como sea y poder tener las prestaciones básicas. Las obras sociales se están convirtiendo en un negocio; si no es negocio, no sirve. ¿Quién puede acceder a las prestaciones con este tipo de derechos que se van quitando sistemáticamente?", reflexionó Recchia.

Asimismo, dijo que los datos de la Fundación Tejido Urbano reflejan con precisión la cotidianeidad de Gualeguaychú. En la realidad de los hogares de la ciudad conviven abuelos, hijos y nietos sin sistemas de apoyo adecuados.

"El primer sistema de apoyo que necesita una persona con discapacidad es la familia. Pero hoy ese sistema está colapsado porque a la mayoría les falta plata y muchas se quedaron sin trabajo. Luego le siguen la escuela y la salud. Si una persona sin discapacidad ya arranca en desventaja cuando no hay nutrientes o contención, con una persona con discapacidad arrancás de cero para abajo. Es una situación complejísima", aseguró. Al tiempo que cuestionó la quita de presupuesto, la burocratización de las actualizaciones del CUD y el desmantelamiento de políticas públicas históricas: "Se está violando sistemáticamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378). La persona dejó de ser tratada como sujeto de derecho para pasar a ser una variable de ajuste".

A pesar de las dificultades socioeconómicas, Valentín cursa sus estudios secundarios en el turno nocturno del E.S.J.A. Luis N. Palma y compite en natación y atletismo representando a Gualeguaychú en deporte inclusivo, gracias al acompañamiento de su familia, la institución y el profesor Gustavo Taboada. Sin embargo, detrás del esfuerzo y los logros, la vida diaria exige un nivel de organización, recursos y fortaleza constante para atravesar un sistema que muchas veces no está preparado.

"Ser mamá de un hijo con discapacidad es una experiencia que te enseña todos los días. Hay momentos muy lindos, pero también hay muchas situaciones que requieren más atención. Una de las principales complicaciones es poder combinar todo: el trabajo, la familia, los turnos médicos, los traslados y los gastos que implica. Los viajes y los estudios representan un esfuerzo económico importante. Ser mamá y trabajar al mismo tiempo no es fácil, y cuando, además tenés un hijo con discapacidad, la organización y las responsabilidades son todavía mayores", expresó.

Carolina agradece tener una vivienda donde pueden vivir cómodamente, sin embargo, comento que "las condiciones habitacionales son importante para todos, pero en el caso de las personas con discapacidad debería poder adaptarse a las necesidades de cada persona. En la actualidad esos gastos de modificaciones o adaptaciones no siempre son posibles de hacer, por cuestiones económicas. Muchas veces tenemos que arreglarnos con lo que tenemos”.

La mujer también se refirió a redes de contención: “El apoyo de los organismos e instituciones existe, pero no alcanza y muchas veces es difícil acceder. Hay que hacer trámites, conseguir turnos, presentar documentación e insistir. Una termina aprendiendo a moverse dentro de un sistema que es muy complicado. Desde nuestra experiencia, creemos que todavía falta mucho para que las personas con discapacidad puedan acceder realmente a todos sus derechos de una manera sencilla y sin tantas trabas".

La pérdida de empleo implica ausencia de ingreso y la caída del sistema médico. "Al quedarse sin trabajo, son excluidos en un lapso de tres meses de la cobertura de salud, lo que deriva en la interrupción de los tratamientos", advirtió la referente local.

A este panorama, sumó ejemplos de jóvenes y adultos dentro del espectro autista que intentan abrirse paso en el mercado laboral local: “Una masajista, madre de tres hijas, que pelea día a día por desempeñar su labor; un periodista al que le cuesta conseguir trabajo estable; un joven que trabajó en un supermercado que cerró sus puertas y actualmente continúa estudiando y sigue dejando curriculums, con la ilusión de ser convocado”.

Leonardi también se refirió a la reciente Resolución 1115/2026 que propone un nuevo Plan Nacional de Autismo: “No crea nuevos servicios, ni prestaciones específicas. No hay nada que celebrar cuando se firman resoluciones abstractas que aclaran que no se destinarán fondos a tal fin. ¿Qué se puede cambiar sin presupuesto? Sin dinero no hay formación, actualización profesional, no hay capacitación docente obligatoria, no hay detección temprana con pediatras especializados en neurodesarrollo, ni respuesta y acompañamiento a cuidadores. En una provincia en la que ya se declaró la urgencia sanitaria en salud mental, presentar una resolución nacional sin presupuesto es al menos irónico”.

"Comenzamos a desarrollar un proyecto cruzando los datos estadísticos del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) con la información que vamos obteniendo a partir de la emisión de los CUD para volcarlos directamente en el Sistema de Información Geográfica (GIS)", señaló.

Peruzzo enfatizó en la importancia de ser rigurosos con los números antes de emitir cifras definitivas, debido a las distorsiones que suelen generarse entre los certificados emitidos e históricos y las personas que actualmente residen en la ciudad con diagnóstico actualizado.

"La complejidad se presenta porque algunos certificados se otorgan sin vencimiento y otros requieren renovación periódica. Estamos haciendo un registro por semestre para no contabilizar varias veces lo mismo y evitar confusiones. Es complicado dar números absolutos cuando la estadística de CUD emitidos es ampliamente mayor a la población activa registrada. Queremos dar información real y certificada desde el área para planificar soluciones concretas", dijo la funcionaria.

Según la propia experiencia de los protagonistas, Gualeguaychú enfrenta el desafío urgente de interpelar sus prioridades. Detrás de cada número representativo de la “nueva pobreza” hay familias exhaustas, madres que sostienen solas el cuidado de sus hijos y personas con discapacidad a las que se les exige autonomía mientras se les quitan los apoyos.

"Necesitamos más accesibilidad, más empatía y, sobre todo, que se deje de ver a la discapacidad como una limitación de la persona y se empiece a pensar en todo lo que la sociedad puede hacer para eliminar las barreras que existen. Mi deseo, como mamá, es que Valentín pueda desarrollarse, estudiar, trabajar, hacer sus actividades y vivir su vida con independencia y con las mismas oportunidades que los demás", sintetizó, en este sentido, Carolina Sayas.

A partir del 19 de junio, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder al beneficio del 100% de descuento en colectivos de jurisdicción nacional y trenes utilizando únicamente una tarjeta SUBE registrada a su nombre, sin necesidad de exhibir el certificado físico al momento de viajar.

La medida fue anunciada por el Gobierno nacional y apunta a simplificar el acceso al beneficio mediante la integración del CUD con el sistema SUBE. Según se informó, el nuevo mecanismo busca agilizar el proceso de validación, proteger los datos personales de los usuarios y reducir el uso de documentación física, además de minimizar posibles fraudes.

La implementación será gradual y comenzará en los colectivos de jurisdicción nacional y en los servicios ferroviarios, con la intención de extender el sistema progresivamente al resto del país.

Para utilizar esta modalidad, los beneficiarios deberán registrar una tarjeta SUBE a su nombre y vincularla con el número de su Certificado Único de Discapacidad a través del sitio oficial de SUBE. La función para realizar esta asociación estará habilitada desde el 16 de junio.

Una vez completado el trámite, será necesario activar el beneficio mediante una Terminal Automática SUBE, la aplicación SUBE compatible con dispositivos Android con tecnología NFC o directamente en las validadoras instaladas en los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

El esquema convivirá con el sistema vigente, por lo que quienes lo prefieran podrán seguir accediendo al beneficio presentando el CUD en formato físico.

En los colectivos nacionales, el procedimiento será similar al actual: el pasajero deberá indicar su destino y apoyar la tarjeta SUBE en la validadora hasta confirmar la operación.

En los trenes, en cambio, será obligatorio registrar tanto el ingreso como la salida del viaje, apoyando la tarjeta en los molinetes al inicio (check-in) y al finalizar el recorrido (check-out).

Cuando el beneficio contemple un acompañante, ambos pasajes quedarán asociados a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad, por lo que será necesario validar los dos viajes.

La incorporación de la tarjeta SUBE como medio para acreditar este beneficio forma parte de la estrategia oficial de modernización del transporte público. La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el sistema SUBE.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es avanzar hacia una gestión más eficiente, reducir los trámites administrativos para los usuarios y facilitar el acceso a los beneficios mediante herramientas digitales integradas, manteniendo al mismo tiempo el mecanismo tradicional durante el período de transición.

Cada 15 de marzo se celebra el Día Nacional de la Accesibilidad, en recuerdo de la sanción de la Ley 23.314 de 1994, que garantiza la eliminación de barreras físicas, urbanas y de transporte para personas con movilidad reducida. En este marco, la Municipalidad de Gualeguaychú resaltó el trabajo sostenido del Área de Accesibilidad e Inclusión durante el año pasado y presentó los compromisos para el nuevo período, con el objetivo de consolidar políticas públicas que promuevan la equidad y la autonomía.

Uno de los ejes centrales fue la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), con atención personalizada, asesoramiento y acompañamiento en cada instancia del trámite. Se incrementaron las atenciones vinculadas al CUD y a Pensiones No Contributivas, en el marco de auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad. Además, se realizaron salidas territoriales para garantizar el acceso de quienes no podían trasladarse.

El área impulsó el Espacio ATIM (Abordaje Terapéutico Interdisciplinario Municipal), que trabaja con escuelas integrales y acompaña el desarrollo de niños y adolescentes con discapacidad. Se sumaron profesionales y materiales terapéuticos, fortaleciendo la atención temprana y preventiva. En el plano deportivo, se consolidó el Programa de Fútbol en Silla de Ruedas con el equipo “Los Toros” y se desarrollaron talleres de estimulación para niños con TEA y actividades físicas para personas mayores.

El Banco de Ayudas Técnicas avanzó con nueva incorporación de equipamiento y personal especializado, mientras que la Colonia Municipal Inclusiva integró a personas con discapacidad en todas sus actividades recreativas. En el plano laboral, el Programa Empleo con Apoyo logró nuevas inserciones en empresas locales, y el Programa Promover amplió oportunidades de acceso al empleo en áreas municipales y privadas, extendiendo su alcance a localidades vecinas.

La planificación para este año busca consolidar políticas existentes y ampliar dispositivos estratégicos. Se continuará con el acompañamiento integral en la tramitación del CUD, la asistencia en la aplicación Mi Argentina y la gestión de beneficios como SUBE y el Símbolo Internacional de Acceso. El espacio Abordaje Terapéutico Interdisciplinario Municipal (ATIM) será reubicado en un espacio exclusivo con nuevas especialidades y ampliación de cupos.

En materia laboral, se ampliará la red de empleadores comprometidos con la inclusión y se desarrollarán alternativas de empleo autogestionado o protegido. Se pondrá en marcha un Programa Municipal de Accesibilidad a la Vivienda para responder a la demanda de rampas y adecuaciones domiciliarias. En el plano cultural, el programa Acceder continuará garantizando la participación en eventos masivos como el Carnaval del País, con espacios adaptados y transporte accesible.

La Municipalidad de Gualeguaychú reafirma así su compromiso con la accesibilidad y la inclusión, fortaleciendo una política pública con mayor alcance territorial y social, que busca dar respuesta al aumento sostenido de la demanda y garantizar el acceso pleno a derechos.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es, desde hace años, la llave de acceso a derechos fundamentales para millones de personas en Argentina. Sin embargo, a comienzos de 2025 se anunciaron modificaciones que generaron confusión: ¿hay cambios reales o todo sigue igual? Mientras el Gobierno asegura que se trata de una simplificación administrativa, especialistas y beneficiarios advierten que la brecha entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la práctica sigue siendo profunda.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud, dispuso mediante la Resolución 2520/2024 una prórroga automática de un año para los CUD que vencían entre enero y diciembre de 2025. Es decir, esos certificados se mantuvieron vigentes durante todo 2025 y continúan teniendo validez hasta su nueva fecha de caducidad en 2026, sin necesidad de que sus titulares hayan iniciado un trámite de renovación inmediata.

El objetivo declarado es evitar que las personas pierdan beneficios por demoras burocráticas y aliviar la presión sobre las juntas interdisciplinarias que evalúan cada caso. En términos legales, los derechos que habilita el CUD no cambiaron: acceso a pensiones, transporte público gratuito, cobertura integral de salud y rehabilitación, beneficios educativos y laborales.

Aquí surge la polémica. Para algunos especialistas en derecho social, la prórroga automática no constituye un cambio sustancial, sino una medida transitoria que ya estaba prevista en la normativa vigente. “La ley siempre contempló la posibilidad de extender plazos en casos excepcionales. Lo que se hizo ahora fue aplicarlo de manera masiva, pero no se modificó la esencia del certificado”, explicó una abogada especializada en derecho social consultada por EL ARGENTINO.

Otros, en cambio, consideran que la medida sí representa un avance, aunque limitado. “Es un alivio para miles de familias que no tendrán que peregrinar por turnos imposibles. Pero no resuelve el problema de fondo: la falta de cumplimiento efectivo de los derechos que el CUD garantiza”, señalaron desde REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad).

El CUD promete derechos que, en la práctica, muchas veces no se cumplen. Desde Fededis (Federación Argentina de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad), que agrupa a más de 1900 instituciones y familias en todo el país, denuncian que miles de personas ven vulnerados sus derechos diariamente.

A pesar de que la ley garantiza la gratuidad en el transporte público para las personas con discapacidad, en la práctica el acceso suele estar lleno de obstáculos. “Muchos usuarios denuncian que los choferes desconocen la normativa o directamente ponen trabas al momento de validar el beneficio. Lo que debería ser un derecho automático se convierte en una discusión cotidiana, generando incomodidad y vulnerando la dignidad de quienes dependen del CUD para moverse por la ciudad”, mencionaron desde Fededis.

En concordancia con el organismo la abogada comentó a EL ARGENTINO: “La situación no es muy distinta en el ámbito de la salud. Obras sociales y empresas de medicina prepaga limitan prestaciones, obligando a las familias a iniciar reclamos administrativos o incluso judiciales para acceder a tratamientos y rehabilitaciones que deberían estar garantizados”. El certificado, que en teoría abre la puerta a una cobertura integral, se enfrenta a la resistencia de sistemas que priorizan la burocracia por encima de las necesidades urgentes.

“En educación, la promesa de inclusión también tropieza con la falta de recursos. Muchas escuelas carecen de personal especializado o de infraestructura adecuada para garantizar la integración plena de estudiantes con discapacidad", afirmaron desde Fededis.

Los especialistas coinciden en que el verdadero problema no está en el certificado en sí, sino en la manera desigual en que se implementa. La medida, señalan, funciona como un “parche” que evita la caducidad masiva de documentos, pero no ataca las fallas estructurales que siguen afectando a miles de personas.

A su vez, organizaciones de discapacidad insisten en que la falta de campañas de información claras mantiene a gran parte de la población en la incertidumbre: muchos desconocen los cambios y continúan atrapados en trámites engorrosos. Así, la distancia entre lo que promete la normativa y lo que ocurre en la vida cotidiana se hace cada vez más evidente.

El debate sobre el CUD revela una tensión clásica en la política social argentina: los derechos reconocidos en la ley no siempre se traducen en derechos ejercidos en la vida cotidiana. La prórroga automática del CUD no resuelve los problemas estructurales de acceso y cumplimiento de la Ley.