Un grupo de diputados del bloque de Unión por la Patria, encabezados por el santafecino Eduardo Toniolli, presentaron un pedido de interpelación al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que rinda cuentas ante la Cámara baja sobre el vaciamiento y degradación de las políticas de derechos humanos, y en relación a la denuncia judicial de actividades de inteligencia ilegal realizadas en la ex ESMA el pasado 27 de diciembre de 2024.

El texto extiende la citación al secretario de Derechos humanos, Alberto Julio Baños, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación a fin de que “brinden información detallada y explicaciones verbales respecto de los despidos de trabajadores realizados en la Secretaria de Derechos humanos del Ministerio de Justicia, sobre el vaciamiento y degradación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y en relación a la denuncia hecha por la Comisión Provincial por la Memoria de actividades de inteligencia ilegal durante el abrazo a la Ex ESMA realizado el viernes 27 de diciembre de 2024”.

La iniciativa contó con el respaldo de la justicia tras el fallo del juez federal Ariel Lijo para preservar los espacios de la memoria y mantener el personal que se desempeña en estas áreas. El candidato del oficialismo para ocupar un lugar en la Corte Suprema podría garantizarse así el apoyo del kirchnerismo a la hora de votar su pliego en el recinto del Senado.

En esta línea, el magistrado ordenó a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación que “arbitre los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de memoria que funcionan en los ex Centros de Detención y Tortura Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos permanezcan en funcionamiento”.

Esta resolución se debió a la presentación de una denuncia penal contra el ministro de Justicia de la Nación, y el secretario de Derechos Humanos realizada por la legisladora porteña Victoria Montenegro, “por el desmantelamiento de la secretaría de Derechos Humanos”, según fundamentó la diputada porteña.

“La justicia le ordenó a la secretaría de Derechos Humanos que garantice el funcionamiento de los sitios de la memoria. Muchas de las tareas estaban afectadas por los cientos de despidos que decidieron Alberto Baños y Mariano Cúneo Libarona. Frente a la avanzada de este Gobierno, que desmantela las políticas de derechos humanos y ataca a los organismos, conseguimos un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, posteó en las redes Montenegro.

Además, el juez Lijo ordenó “preservar los acervos y los archivos generados hasta la fecha”, y pidió que continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas” en los espacios.

Entre los fundamentos, el diputado Toniolli señaló que “las políticas públicas de garantía de la vigencia de los Derechos Humanos están siendo reducidas a su mínima expresión, a través de su parálisis y falta de presupuesto. En particular, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar, están siendo vaciadas y degradadas. No cabe otra interpretación cuando se analizan los datos referidos a la situación del personal en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Al inicio de la gestión total había un total de 1050 trabajadores, mientras que al 8 de enero de 2025 solo quedan 540 trabajadores”.

Y agregó que “ninguna de las personas despedidas fue reemplazada, por ende, las tareas se dejaron de hacer o tuvieron que ser asumidas por otros trabajadores. Dentro del conjunto de trabajadores despedidos encontramos personas con hasta 30 años de antigüedad, con diversas experiencias y niveles de formación importantes: administrativos, abogados, sociólogos, psicólogos y psiquiatras, comunicadores, educadores y conservadores”.

El diputado de UP sostuvo que la política de derechos humanos atravesó los años de recuperación democrática en nuestro país. “Entre los mojones más altos en materia institucional cabe mencionar el trabajo de la CONADEP y el Informe Nunca Más (1984), el Juicio a las Juntas militares (1985), la jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos incorporada en la reforma de la Constitución Nacional (1994), la anulación de la ley 23492 de Punto final y de la ley 23521 de Obediencia debida (2003), la inconstitucionalidad de los Indultos declarada por la Corte Suprema de Justicia (2010) y el desarrollo de los juicios por los crímenes de lesa humanidad en tribunales de todo el país”. (Fuente: Parlamentario)