UNICEF Argentina dio a conocer que la pobreza en hogares con niños y adolescentes experimentó un descenso significativo: el porcentaje de familias cuyos ingresos no alcanzan para los gastos corrientes pasó del 48% al 31% en el último año. Este dato proviene de la 9na Encuesta Rápida, que analiza las condiciones económicas y sociales de la infancia y adolescencia en el país.

El informe señala que la recuperación resulta más visible en los sectores más vulnerables, donde el alivio en los ingresos permitió una mejor capacidad para afrontar gastos esenciales vinculados a la crianza, como útiles escolares, vestimenta y salidas. Paralelamente, mejoró el acceso a servicios básicos: la proporción de hogares que no puede asistir al médico o dentista por falta de recursos bajó en ocho puntos porcentuales, y la cantidad de familias que necesitan restringir comidas por falta de dinero se redujo del 52% al 30%.

No obstante, el endeudamiento de los hogares se mantiene como un desafío de magnitud creciente, especialmente entre los sectores medios. El porcentaje de familias con deudas—ya sea a través de tarjetas de crédito, bancos, prestamistas o ANSES—pasó de 23% a 31% en el último año. Si se consideran también los créditos tomados mediante billeteras virtuales, aplicaciones o mecanismos informales, la proporción asciende al 45%. Según la encuesta, cuatro de cada diez hogares se vieron forzados a dejar de pagar algún servicio, y un 16% enfrenta dificultades específicas para afrontar los pagos de tarjetas de crédito. Uno de cada diez debió interrumpir cobertura de medicina prepaga o cambiar a sus hijos de escuela por dificultades económicas.

Rafael Ramírez Mesec, Representante de UNICEF en Argentina, subrayó la importancia de monitorear estos fenómenos: “La Encuesta Rápida a hogares con niñas, niños y adolescentes, que UNICEF realiza desde 2020, constituye una herramienta clave para comprender la evolución de las condiciones de vida de la infancia y adolescencia en el país. Los resultados de esta nueva ola ponen de manifiesto frágiles avances a partir de la reducción de la pobreza, pero también desafíos que deben abordarse con prioridad en la agenda pública para consolidar y acelerar esa tendencia”.

El informe también remarca que, pese a las mejoras económicas, las desigualdades persisten y el endeudamiento creciente afecta principalmente a los hogares de ingresos medios. En este contexto, la pobreza infantil sigue siendo alta: el 46,1% de los chicos y chicas vive en situación de pobreza, aunque la cifra representa una reducción de 21 puntos en relación al primer semestre de 2024. La pobreza extrema afecta al 10,2%, tras un descenso de 17 puntos según datos oficiales (EPH-INDEC).

Por otra parte, el incumplimiento de la cuota alimentaria persiste como problemática estructural y afecta a más de la mitad de las madres (52%) que debieran recibirla, sin variaciones significativas pese a los cambios en los ingresos familiares. Esta situación impacta de manera directa sobre el bienestar de niñas y niños, de acuerdo al relevamiento de UNICEF.

Consultado sobre los factores que explican estos cambios, Sebastián Waisgrais, Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, sostuvo: “Estos datos reflejan el impacto que tuvo la desaceleración inflacionaria junto a la priorización de las políticas de protección de ingresos para los hogares de menores recursos, a través de la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar. El desafío, en un marco de consolidación fiscal, radica en sostener estos esfuerzos”.

La encuesta, que se realiza de forma continua desde 2020, continúa aportando información clave sobre los mecanismos de adaptación de las familias, las brechas que quedan por cerrar y la necesidad de sostener políticas específicas para consolidar la reducción de la pobreza y controlar el endeudamiento familiar.

Waigrais, en diálogo con Infobae, destacó la mejora en los indicadores sociales y agregó: “En 2024 la cifra de chicos en situación de pobreza llegó casi a ocho millones, pero hoy estamos en cinco millones y medio. Incluso si se compara con 2023, también hay una mejora significativa”, señaló.

“En 2023, el 50% de los hogares no contaba con ingresos suficientes para comprar libros escolares; hoy ese porcentaje bajó al 28%”, destacó Waigrais. Además, según el especialista, hay una mayor disponibilidad de ingresos para la compra de bienes esenciales. “En 2023, el 40% de los hogares debió dejar de comprar algún alimento por falta de dinero; ese porcentaje aumentó al 42% en 2024, pero en la última medición descendió al 29%”.

El informe también advierte que, pese a esta tendencia positiva, aún hay cerca del 30% de hogares con restricciones para la compra de alimentos. No obstante, Waigrais subraya que “los indicadores vinculados a la capacidad de consumo, la compra de bienes y la inseguridad alimentaria mejoran en términos generales”.

En cuanto a los desafíos pendientes, el especialista de UNICEF remarcó la situación de los sectores medios. “Aparece una nueva tendencia: la mejora de ingresos en los sectores más vulnerables no está impactando de la misma forma en los sectores medios. Allí observamos un incremento significativo del endeudamiento para afrontar gastos corrientes”, afirmó.

Para Waigrais, “que los indicadores mejoren no significa que la vida sea fácil, sino que los factores que la hacían más difícil empiezan a retroceder. La protección de ingresos, fundamentalmente la AUH, es clave, pero todavía hay desafíos que atender, especialmente en los sectores medios”. (Fuente: Infobae)

El padre de una menor de edad se quedará sin su línea telefónica debido a su deuda en la cuota alimentaria. Así lo dispuso la Justicia de Familia de San Lorenzo, que también exigió que no se le otorgue otra línea, no le permite salir del país y lo inhabilitó para asistir a competencias de automovilismos en Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.

La Justicia de San Lorenzo hizo lugar a la denuncia de la madre por el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte del padre. En su momento, los progenitores habían acordado que la manutención correspondería al 100% de la canasta de crianza que establece el INDEC para la categoría de niños de 6 a 12 años, lo que corresponde a casi 550.000 pesos, según la última actualización de septiembre de 2025.

Además de la imposibilidad de contar con línea de celular, salir del país y asistir a las tribunas de las competencias organizadas por la Federación de Automovilismo de las Provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, el tribunal bloqueó la cuenta bancaria que existiere a nombre del demandado hasta tanto cumpla con su obligación de alimentos, la suspensión del carnet de conducir y que sea inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La defensora general sostuvo que "probado el incumplimiento se estaría comprometiendo directamente el bienestar de la persona menor de edad beneficiaria de la cuota alimentaria y no resulta indispensable que se haya efectivizado previamente la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos".

El juez de Familia de San Lorenzo, Marcelo Escola, puntualizó en la resolución que "se considere la tutela judicial efectiva cuando estamos en presencia de un derecho humano fundamental, con raigambre constitucional, como lo es el derecho al alimento, que hace ni más ni menos que a la propia vida, a la salud y al desarrollo integral, en este caso de la hija de las partes". (fuente: La Capital)

La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú rechazó el recurso interpuesto por una firma entrerriana y confirmó que debe responder solidariamente por no haber retenido el porcentaje correspondiente a la cuota alimentaria sobre la indemnización por despido de un empleado.

En el caso, el Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Gualeguay condenó a abonar a la actora “en concepto de cuota alimentaria, el equivalente al 30% de la indemnización por despido abonada” al trabajador. La apelante sostuvo que se le impuso “una responsabilidad que no le compete”, ya que —según alegó— la madre del menor “sabía de la desvinculación (…) y nada hizo”, y que el oficio judicial “no hacía ninguna referencia sobre el eventual crédito indemnizatorio del alimentante”.

La firma agregó que “no tiene obligación de informar al juzgado sobre el despido del alimentante y que el argumento de proteger los intereses del menor pasa por alto que además de contar con representante legal, su madre contaba con asistencia letrada”.

Sin embargo, la Cámara remarcó que “la percepción de alimentos es un derecho humano básico, principalmente en relación a los hijos bajo la responsabilidad parental, por lo cual su incumplimiento conlleva a la violación de los derechos a la salud, al desarrollo y a la vida".

En este sentido, destacó que “la responsabilidad solidaria del empleador legislada en el artículo 551 CCC ha sido introducida como una de las medidas para hacer viables y efectivos los derechos alimentarios, buscando evitar que un derecho humano esencial, como es el de percibir alimentos, no sea frustrado ante los incumplimientos de quienes se encuentran obligados a hacerlo; y los empleadores tienen una esencial función social, que es la de colaborar activamente con el efectivo ejercicio de este derecho esencial”.

El voto del juez Mariano Morahan sostuvo que la “retención abarca y comprende no solo el salario mensual sino, incluso, la indemnización por antigüedad correspondiente en caso de despido porque el empleador no puede ignorar que la situación de desvinculación y su consecuente cese de retenciones perjudica al menor alimentado y que difícilmente el niño pueda adelantarse a las contingencias de desvinculación laboral”. Marcelo Arnolfi adhirió a la postura de su colega, y la magistrada Ana Clara Pauletti se abstuvo.

Y agregó que “la conducta despreocupada de la empleadora, máxime cuando se trata de una empresa, como en el caso, que cuenta con organización económica y estructura al no depositar el porcentaje de la indemnización de un empleado ante su desvinculación a quien retenía alimentos, ni dar aviso al juzgado, ni presentar justificación de su conducta, la hace responsable en los términos de la norma del artículo 551 CCC sin perjuicio de la acción de reintegro que pueda ejercer contra el deudor alimentario". Diario judicial

En un fallo considerado inédito, la titular del Juzgado de Familia N°4 de Paraná, María Victoria Andrián, resolvió fijar el 100% del Índice de Crianza como monto base de la cuota alimentaria para una niña de 10 años. La sentencia sienta un precedente clave en Entre Ríos, al reemplazar el tradicional cálculo basado en el salario mínimo, vital y móvil, y al incorporar perspectiva de género en toda su fundamentación.

La decisión judicial responde a una demanda iniciada por Diana Deharbe, doctora en Comunicación, docente y activista de Monomarentales Argentina, quien desde hace ocho años cría sola a su hija tras separarse de una relación atravesada por violencia de género. La magistrada consideró que el caso debía analizarse con una mirada integral del derecho de familia, atendiendo a la vulnerabilidad social y a los antecedentes de violencia contra la madre.

“El derecho alimentario no puede verse de manera aislada ni meramente patrimonial”, sostuvo Andrián, quien además dispuso que, en caso de incumplimiento del progenitor, los abuelos paternos sean responsables subsidiarios del pago, en función de un principio de solidaridad familiar intergeneracional.

El Índice de Crianza, creado por el Ministerio de Economía en 2023, mide el costo mínimo mensual de crianza de niñas y niños, incluyendo bienes, servicios y horas de cuidado, para evitar que las madres deban probar los gastos con comprobantes. Hasta ahora, la mayoría de las sentencias del país tomaban como referencia el salario mínimo, que no reflejaba los costos reales de crianza ni las desigualdades del trabajo doméstico no remunerado.

En diálogo con Monomarentales Argentina, Deharbe valoró el fallo como “una pizca de justicia” luego de siete años de reclamos. “Conseguí el 100% del valor de la canasta de crianza, algo inédito en Entre Ríos. Pasamos de un piso de 322.000 a 548.636 pesos mensuales, pero el problema sigue: los padres deudores no pagan y el Estado no garantiza el cumplimiento”, expresó.

La docente remarcó las dificultades que enfrentan las madres para sostener solas la crianza y llevar adelante procesos judiciales costosos. “Es un contrasentido que una mujer que pide alimentos tenga que endeudarse para notificar al deudor”, señaló.

El fallo de Andrián, fechado el 19 de septiembre, no solo inaugura una nueva forma de calcular la cuota alimentaria en Entre Ríos, sino que también interpela al Poder Judicial y a los Estados provinciales sobre la necesidad de aplicar herramientas con enfoque de derechos, equidad económica y perspectiva de género en los procesos de familia

“Yo fui a rescatar a mi hijo”, dijo el lunes Pablo Laurta en su llegada a Córdoba. Repite esa frase en cada una de las oportunidades que tiene ante la prensa, durante sus traslados. Repite que buscaba proteger a su hijo de un supuesto delito que la Justicia de Córdoba investigó y descartó en abril pasado por ser falsa.

Seis meses antes de asesinar a Luna Giardina y a su madre Mariel Zamudio, Laurta había denunciado a su exsuegra por supuesta “explotación sexual” contra su hija (Luna) y también dijo que esa situación estaría perjudicando al niño, ya que sería testigo de los hechos.

La causa, iniciada el 24 de abril de 2025, recayó en la Fiscalía de Distrito contra la Integridad Sexual de 1° Turno, a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique, quien realizó los peritajes pertinentes, según indicaron a La Voz desde el Ministerio Público Fiscal.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la denuncia fue radicada vía e-mail y que de inmediato se tomaron las medidas de rigor. Un día después, el 25 de abril, se citó a Giardina y al niño para que declaren.

Luna negó rotundamente ser víctima de esos hechos acusatorios contra su madre y se mostró avergonzada por el tenor de la denuncia de Laurta. Allí, expresó que había denunciado a Laurta por violencia de género en dos oportunidades y que contaba con botón antipánico.

Asimismo, la entrevista con abordaje interdisciplinario que se realizó al niño no arrojó ningún elemento que permitiera sostener la denuncia del padre del pequeño.

Un tercer peritaje confirmaría la falsedad de la denuncia: la encuesta socioambiental. En la investigación se realizó un estudio sobre allegados al lugar y a las supuestas víctimas. Ninguno de los resultados se condecía con la denuncia, por lo que la investigación no prosperó y quedó a la espera de los tiempos procesales para ser archivada.

Un detalle no menor fue la actitud de Laurta, quien tres semanas después de radicar la denuncia comenzó a llamar compulsivamente a Tribunales para conocer los avances en la causa. Como esa información no se transmite por vía telefónica, desde la Fiscalía le sugirieron que lo haga en forma presencial.

Sin embargo, Laurta decía que no podía ir porque vivía en Uruguay (en realidad, él sabía que a su llegada al país le colocarían una tobillera dual). También le dijeron que podía apoderar a un abogado para recibir esa información, a lo que Laurta se negó. “Un día llegó a llamar 15 veces”, dijo una fuente cercana a la causa.

La situación era clara: estaban ante una denuncia falsa de una persona acusada de violencia que buscaba alguna forma de hacer daño a su expareja y madre de su hijo.

Un largo historial de violencia

La denuncia de Laurta no fue aislada, sino parte de un intento por acorralar a Luna, contra quien venía ejerciendo violencia psicológica, física, sexual y económica.

Lo que sigue es el detalle de los intentos de Laurta y las respuestas judiciales que obtuvo por parte de la justicia cordobesa y el trágico desenlace:

Finales de 2018. Pablo Laurta y Luna Giardina se conocen a través de redes sociales. El 14 de octubre de 2019 nace P., el hijo de ambos.

17 de octubre de 2023. Luna radica una denuncia en la Unidad Judicial 19 de barrio Argüello relatando agresiones físicas, psicológicas, restricciones y control del padre del niño. Tras la denuncia se dispone la restricción de acercamiento de Laurta y el botón antipánico para Luna. También fijan una cuota alimentaria que Laurta nunca cumplió.

27 de octubre de 2023. Laurta ingresa al país con armas a la Argentina, proveniente de Uruguay. Le incautaron una pistola calibre 9 mm y una 38, además de cargadores y municiones. Estuvo demorado y luego recuperó la libertad.

8 de enero de 2024. Laurta se instala en el techo de una vivienda contigua a la de Luna, violando la orden judicial. Es detenido durante un mes. Durante su detención, es sometido a una pericia psicológica. Los informes declaran que comprende su criminalidad, no presenta factor psicopatológico grave ni antecedentes penales. Fue liberado el 8 de febrero de 2024 bajo condiciones.

Fines de 2024. Desde Uruguay Laurta presenta una demanda de restitución internacional de su hijo. El juez Gabriel Tavip rechaza el pedido al considerar que la residencia habitual del niño estaba en Córdoba. El fallo es confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en julio de 2025.

Noviembre de 2024. Un Juzgado de Familia dictamina una medida cautelar de “no innovar” solicitada por Giardina sobre la casa en la que vivía con su hijo para impedir que Laurta la venda o la deje sin vivienda. La Justicia la concedió.

Abril de 2025. Laurta denuncia a su exsuegra, Mariel Zamudio ante la Fiscalía de Distritos contra la Integridad Sexual. Después de hacer las pericias la Fiscalía descarta la versión de Laurta. La denuncia era falsa.

Julio de 2025. El TSJ confirma el rechazo al pedido de extradición del niño a Uruguay.

Agosto de 2025. Luna obtiene en el Juzgado de Familia el cuidado unilateral provisorio del niño, al demostrar el riesgo que implicaba vincularlo con Laurta. El progenitor no pidió a la Justicia vinculación con su hijo en ningún momento.

11 de octubre de 2025. Luna Giardina y Mariel Zamudio son asesinadas. Laurta se da a la fuga con el niño. El 12 de octubre es capturado en Entre Ríos e imputado por el doble femicidio.

14 de octubre de 2025. Encuentran el cuerpo del chofer Palacios que iba a trasladar a Laurta. Lo imputan por homicidio agravado.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos confirmó la sentencia que obliga a un padre a mantener la cuota alimentaria a favor de su hijo, estudiante de Ingeniería Civil, al considerar acreditado que la carrera universitaria demanda una dedicación que le impide desarrollar una actividad laboral estable. El fallo reafirma el alcance excepcional del artículo 663 del Código Civil y Comercial de la Nación, que permite extender la obligación alimentaria hasta los 25 años cuando los hijos estudian y no pueden mantenerse por sus propios medios.

La resolución fue adoptada por la Sala Civil y Comercial del STJ, que declaró inadmisible el recurso presentado por el demandado, J.A.S., contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones de Concordia. Esa instancia había revocado el fallo de primera instancia y fijado una cuota alimentaria equivalente a medio Salario Mínimo, Vital y Móvil, entendiendo que el joven no contaba con ingresos suficientes debido a la carga académica de su carrera.

El padre había recurrido al máximo tribunal provincial alegando que su hijo podía compatibilizar los estudios con un empleo y que no se había probado su imposibilidad de trabajar. Sin embargo, la mayoría del STJ rechazó el planteo y ratificó la decisión de la Cámara.

La vocal Gisela Schumacher, cuyo voto fue acompañado por su par Leonardo Portela, sostuvo que el recurso no cumplía con los requisitos procesales y que la Cámara valoró correctamente la prueba reunida en el expediente. Destacó que el joven aprobó 14 materias con calificaciones satisfactorias y que la carrera de Ingeniería Civil implica una carga horaria presencial de entre 27 y 32 horas semanales, además de prácticas y estudios complementarios.

“El fallo de alzada fue coherente con el principio de realidad y con la finalidad protectoria del artículo 663, que busca acompañar a los jóvenes en su proceso de formación profesional cuando ello les impide autosostenerse”, indicó la magistrada.

En disidencia, el vocal Carlos Tepsich consideró que debía hacerse lugar al recurso, al entender que la extensión del deber alimentario no es automática y que no se probó de modo concluyente la imposibilidad del hijo de trabajar.

Con la mayoría de votos, el STJ confirmó así la obligación del padre de continuar abonando la cuota alimentaria mientras su hijo curse la carrera universitaria y hasta que cumpla 25 años, siempre que mantenga la condición de estudiante regular. El fallo reafirma la vigencia del criterio judicial que prioriza el derecho a la educación y el desarrollo profesional de los jóvenes en formación.