El Ministerio Público Fiscal solicitó la revocación de la prisión domiciliaria otorgada al médico dermatólogo Jorge Luis Daichman, condenado a diez años de prisión por abuso sexual, al considerar que la medida fue dispuesta de manera irregular y sin cumplir los requisitos legales establecidos.

La decisión cuestionada fue adoptada por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Gervasio Pablo Labriola, quien concedió el arresto domiciliario luego de que la defensa alegara la edad avanzada y problemas de salud del condenado. La condena ya había quedado firme tras el rechazo de los recursos por parte de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que había ordenado su traslado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

La fiscal Valeria Vilchez interpuso un recurso de revocatoria y un recurso de casación contra lo resuelto por el magistrado. En su planteo, sostuvo que la resolución fue dictada sin dar intervención al Ministerio Público Fiscal y sin que esta parte tuviera conocimiento previo del pedido de la defensa, lo que consideró una vulneración al debido proceso.

Además, la fiscal señaló que el juez se extralimitó en sus funciones al adoptar una decisión que corresponde a la jueza de Ejecución Penal, lo que, a su entender, torna nula la resolución. En ese sentido, remarcó que no se cumplieron las exigencias previstas en la Ley 24.660 para conceder la prisión domiciliaria en casos de delitos contra la integridad sexual.

Vilchez advirtió que no se produjeron ni se requirieron los informes interdisciplinarios obligatorios para evaluar el impacto de la medida, ni se analizó la necesidad de un dispositivo electrónico de control. Tampoco se fundamentó su eventual dispensa, ni se solicitó la intervención de los órganos de control correspondientes.

Otro de los puntos señalados por la Fiscalía fue la falta de consulta a las víctimas antes de otorgar el beneficio, lo que consideró una afectación al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de las personas damnificadas a ser oídas en el proceso.

El caso Daichman se remonta a febrero de 2024, cuando fue condenado por hechos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal cometidos en el consultorio donde atendía, en el marco de una situación de violencia de género. Además de la pena de prisión, se le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.

Pese a que la condena quedó firme y se ordenó su detención, la defensa solicitó la suspensión de la ejecución de la pena y el arresto domiciliario, medida que ahora es cuestionada por la Fiscalía y deberá ser revisada por las instancias judiciales correspondientes.